operandi” cada vez más expuesto

Desarrollo Humano y Hábitat porteño no sólo conocían de larga a data a De Roque, sino que además fueron notificados a principios de septiembre por el Juzgado Civil Federal 93 de que se venía el desalojo. El juzgado solicitó un informe al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) sobre la cantidad de menores que vivían allí, pero nunca lo hicieron. Tampoco hubo una intervención a tiempo de la Asesoría Tutelar, ni de los organismos públicos de defensa de derechos, que siempre actúan una vez que el operativo policial está desplegado.

Cerca de la ministra María Migliore se lavan las manos. “No es algo 100% nuestro. Nosotros estamos ahí para dar contención a las familias y, en el caso de que sea necesario, solución habitacional temporal. Pero no es un hotel ni nada que tenga convenio con nosotros. Es una propiedad donde se alquilaban habitaciones pero el problema es judicial, del propietario del inmueble con el inquilino (que subarrienda a otros)”, dijeron a El Grito del Sur. Esa forma de intervención sobre la hora esconde una intención de dejar vacío el inmueble. “El Gobierno de la Ciudad estaba avisado, pero especuló hasta último momento para entregar únicamente una cuota de emergencia, que las familias suelen agarrar desesperadamente. Aprovechan eso en lugar de hacer una evaluación de la circunstancia, si hay violencia familiar, menores, personas con discapacidad. Se aprovechan de la desesperación de las fami- lias”, relató a este medio un funcionario judicial con centenares de intervenciones en este tipo de procedimientos.

Ese “modus operandi”, incluye, claro está, el negocio judicial. Desde hace años opera en la justicia penal una especie de cláusula, llamada “seguro de caución”, por la cual un supuesto dueño puede acreditar su propiedad y forzar un desalojo pagando por adelantado, sin que se compruebe efectivamente el papeleo, lo que resulta útil para agilizar trámites complejos, como las sucesiones. Las familias, que suelen sub-alquilar y casi siempre firman contratos en negro, quedan en el medio de los procesos, sin ningún tipo de asesoramiento, salvo el de las organizaciones sociales.

El juzgado solicitó un informe al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) sobre la cantidad de menores que vivían allí, pero nunca lo hicieron. Tampoco hubo una intervención a tiempo de la Asesoría Tutelar.

El caso de Solís funciona como parámetro: la causa civil por desalojo estuvo cajoneada entre 2007 y 2019, año en que el expediente volvió a moverse por arte de magia. El DNU presidencial que suspendió los desalojos por la pandemia retrasó el procedimiento judicial, que podría haber llegado mucho antes. Las 70 familias inquilinas nunca supieron nada hasta el día que pasó. Su primer contacto con el Estado fue a través de la

Policía.

Gracias al accionar de las organizaciones, el desalojo se postergó hasta nuevo aviso.. El Gobierno porteño ofrece un subsidio habitacional, de 20 mil pesos, a cambio de que lo entreguen. “No nos sirve. ¿qué hacemos con 20 mil pesos? Acá a la vuelta piden 27 mil por una pieza, y casi ninguno te acepta con chicos”, dice Sol, que este sábado cocinó y atendió a los chicos del hotel en una actividad a puertas abiertas para que el barrio conozca la situación.

Según datos oficiales de la Cámara Civil Federal, se inician más de tres mil causas de desalojo por año en la Ciudad, un número que sólo bajó durante la pandemia. La mayoría son por vencimiento de contrato o por falta de pago. Pero no hay estadísticas sobre cuántos se llegan a concretar.

La Defensoría del Pueblo, desde el año pasado hasta la fecha, “inició 691 trámites para abordar emergencias habitacionales”, según información que hicieron circular a distintos medios.

“De dicho total, 221 corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos, con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria. Otros 280 atañen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que viven en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares de la Ciudad”, dicen.

El promedio da un desalojo por día, número que coincide con el que extraoficialmente comunicaron el año pasado desde el Ministerio de Desarrollo porteño a este medio. La organización Consejería de Vivienda, que acompaña a las familias de Solís, reportó vía un pedido de acceso a la información pública que a través del Ministerio de Desarrollo porteño «se emitieron 137 cheques de emergencias con motivo de desalojo» en lo que va de este año, lo que da también una familia por día desalojada.

Ya en abril de este año hubo un desalojo que mereció un fuerte operativo policial en Leopoldo Marechal 950, Caballito, que terminó con 18 familias en la calle, y otro en Olavarría 1107, La Boca, el barrio más afectado.

“En La Boca solamente tenemos 275 juicios por desalojo abierto. Y entre dos y cinco por venir de acá a fin de mes. A eso hay que sumarle la emergencia permanente del barrio, por ejemplo amenazas de clausuras administrativas, que en realidad es el objetivo de cerrar los programas de vivienda transitoria del Gobierno de la Ciudad”, relató a este medio Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone.

«Es un problema del Estado en su conjunto, no sólo de la Ciudad», apuntó por su parte Gigi Krein, de la Consejería de Viviendas. «Estamos disputando el modelo de Ciudad, que utiliza sus fuerzas represivas para llevar adelante los desalojos. Pero el Gobierno nacional también debería suspenderlos como lo hizo durante la pandemia en esta situación de crisis habitacional», concluyó.