OpiniĂłn
Martes
Retrocesos en cinco aĂąos con la ConstituciĂłn de Montecristi Miembro de la AEDEP: aedep.org.ec y de la SIP: www.sipiapa.org
L
a ConstituciĂłn cumpliĂł el 20 de este mes cinco aĂąos de vigencia. El abultado texto constitucional, que consagrĂł algunos avances en la parte dogmĂĄtica, con una tendencia garantista y la declaraciĂłn de un Estado de derechos, entre los cuales reconociĂł los de la naturaleza, creĂł en la parte orgĂĄnica una institucionalidad ad hoc para el actual Gobierno, bajo el sello del hiperpresidencialismo. Las funciones del Estado han perdido independencia y no cumplen su funciĂłn de equilibrio y contrapeso de los poderes, que ahora se concentran en el Ejecutivo. La primera reforma de la ConstituciĂłn entrĂł vigencia en junio de 2011, tras la consulta popular, que permitiĂł al Gobierno reestructurar la justicia con una Consejo de la Judicatura de tres integrantes cercanos a ĂŠl. El primer mandatario ha criticado el excesivo garantismo de la ConstituciĂłn. Aquellos enunciados constitucionales contrastan con su respeto y aplicaciĂłn en estos cinco aĂąos, cuando se ha mostrado mĂĄs bien una tendencia restrictiva de los derechos y garantĂas, tendencia que se va concretando en las leyes aprobadas para acoplarlas a la institucionalidad creada por la nueva ConstituciĂłn. Pese a los enunciados de una democracia participativa, hasta ideĂłlogos de la ConstituciĂłn de Montecristi, como Alberto Acosta, que presidiĂł en la primera y mĂĄs larga etapa la Constituyente, han criticado el dĂŠficit de participaciĂłn ciudadana. La creaciĂłn del llamado Quinto Poder, de participaciĂłn y control social, ha debilitado esa participaciĂłn y control cooptados por el Estado e instrumentos de los intereses del rĂŠgimen. Tras cinco aĂąos de vigencia de la nueva ConstituciĂłn, hay que preguntarse si ha avanzado o retrocedido el paĂs en cuanto a la vigencia y el respeto a la Carta Fundamental del Estado. Y el balance general, por desgracia, resulta negativo, mĂĄs aĂşn si no se cuenta con una Corte Constitucional como mĂĄxima instancia confiable e independiente del control constitucional.
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22 de octubre de 2013
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