Jueves
OpiniĂłn
La restituciĂłn de la AlcaldĂa, un espaldarazo para la CIDH
El borrador de la Ley de Uso de Suelos dice que la SĂşper sĂ podrĂĄ sancionar a los alcaldes. ÂżEstĂĄ de acuerdo?
PREGUNTA DE AYER El CNE descartĂł unas 56 mil firmas a los Yasunidos. ÂżCree que cuando acabe el proceso darĂĄ paso a la consulta?
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Paul McCartney enamorĂł a Chile. Sus prĂłximas paradas serĂĄn PerĂş y Ecuador. ÂťP-7B
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Manta: una nueva fuga de amonĂaco deja 4 muertos
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El Puerto se paralizĂł dos horas. Hay 37 heridos, 5 de ellos graves. EstĂĄn en tres hospitales. FOTO: GALO MERO
SEGĂšN EL BORRADOR DE LA LEY ÂťP-3
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Municipios: la SĂşper sĂ podrĂĄ sancionar ÂťP-2
A
l otorgar una medida de amparo judicial, el Tribunal Superior de BogotĂĄ obligĂł a que el presidente Juan Manuel Santos acate las medidas cautelares que concediĂł la ComisiĂłn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 19 de marzo a favor del alcalde de BogotĂĄ Gustavo Petro. El presidente dictĂł el decreto de restituciĂłn a Petro en su cargo, del que habĂa sido destituido por resoluciĂłn de la ProcuradurĂa del Estado en diciembre de 2013. Acoger la orden judicial es una muestra de la madurez institucional en Colombia. El presidente admitiĂł ayer que, en este caso, la ley le ordena restituir al alcalde Petro y “que es su obligaciĂłn acatar la ley y lo que los jueces disponganâ€?. Se conociĂł ya ayer mismo que este dĂa el procurador Alejandro Ordóùez impugnarĂĄ esa resoluciĂłn ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y el mĂĄximo tribunal actuarĂĄ con la independencia y la seriedad jurĂdica que caracterizan a las instituciones de la Justicia en el paĂs vecino. En realidad, resulta difĂcil de entender que un alcalde elegido por el voto popular pueda ser destituido e inhabilitado por 15 aĂąos para ejercer funciones publicas, como sanciĂłn disciplinaria impuesta por el procurador del Estado. La Ăşltima resoluciĂłn judicial representa un honroso espaldarazo a la obligatoriedad de las medidas cautelares de la CIDH. No tiene sentido argumentar que estas obligan solo en casos en los que se halle en riesgo la vida o la integridad de las personas y no en casos en los que se hallen amenazados sus derechos polĂticos. Un precedente importante se fortalece con el fallo de Tribunal Superior de BogotĂĄ: el reconocimiento de que los derechos polĂticos son objeto de tutela por parte del sistema interamericano de derechos humanos como cualquier otro derecho bĂĄsico. Pero sobre todo se fortalece la imagen de una actuaciĂłn independiente de la Justicia colombiana y de acatamiento e Imperio de la Ley, lejos de injerencias y manipulaciones del poder polĂtico de turno.
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24 de abril de 2014
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R. MADRID
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