Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Julio-Diciembre Volumen XXIII-2 2017

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ARTICULOS La estrategia empresarial frente a la emergencia de los gobiernos bonapartistas. Los casos de Argentina y Venezuela (2003-2008). Nicolás Grimaldi. Las generaciones políticas, el socialismo a la “venezolana” y el capital social. Herbert Koeneke y Daniel Varnagy. Consideraciones sobre las misiones bolivarianas. Luis Fuenmayor Toro. La inversión social en la Revolución Bolivariana: palanca para la inclusión a la educación universitaria. Miguel Alfonzo, Robert Cruz, María Raddatz, Carolina Villegas y Marjorie Cadenas. Apuntes acerca de la autonomía universitaria y su pertinencia histórica en el momento actual. Carlos Hermoso. Gestión de la innovación tecnológica en la relación UniversidadEmpresa en Venezuela. Gloria Aponte. Ética y gerencia aduanera en el mundo global de hoy. Ina González Salinas. Proyectos sociales: metodología e implicaciones para la gerencia social. Carmen Matteo y Esmelin Graterol. Emigración y criminalidad en Venezuela (siglo XXI). Análisis desde el enfoque de las capacidades e institucionalidad. Wilmer Téllez y Carlos Mesa.


Revista Venezolana de

ANÁLISIS DE COYUNTURA Volumen XXIII, Nº 2, julio–diciembre 2017

Depósito Legal pp. 199502DF22 ISSN: 1315-3617 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Residencias 1-A, Piso 1, Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos Caracas 1051A. Apdo. 54057. Telf.: 58-212-605-24-38 Correo electrónico: analisisdecoyuntura@gmail.com http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac/index http://www.faces.ucv.ve/instituto/ranalisis.htm http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=364


UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA RECTORA Cecilia García A. VICERRECTOR ACADÉMICO Nicolás Bianco VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Bernardo Méndez SECRETARIO Amalio Belmonte

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales DECANA (E) Adelaida Struck COORDINADOR ACADÉMICO Francisco Javier Fernández COORDINADOR ADMINISTRATIVO Naike Moya COORDINADORA DE EXTENSIÓN Sandra Pinto

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero» DIRECTOR Carlos Peña COORDINADOR DE LA PUBLICACIÓN Pedro García A. CONSEJO TÉCNICO Alicia Ortega de M., Elia Lagrange, Carlos Peña, Javier Seoane, Alba Carosio, Bibiano Figueroa, Nelson Guzmán, José V. Machado


REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA Volumen XXIII, No. 1, enero–junio 2017 DIRECTOR Pedro García A. COMITÉ EDITORIAL Carlos Peña • Javier Seoane • Rafael Ramírez Camilo María Teresa Salomón • Alba Carosio COMISIÓN ASESORA Absalón Méndez • Alberto Camardiel • Alejandro Puente Manuel F. Garaicoechea • Betty Pérez • Luis Mata • Edgardo Lander Guillermo Ramírez • Guillermo Rebolledo • Maritza Landaeta-Jiménez Isbelia Lugo • Jorge Rivadeneyra • Humberto García • Maura Vásquez • Seny Hernández • Oscar Viloria H. • Trino Márquez • José R. Zanoni RESPONSABLE DE EDICIÓN Zhandra Flores PORTADA Andrés García CORRECCIÓN DE ESTILO Zhandra Flores

La REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA es una publicación semestral del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES «DR. RODOLFO QUINTERO», arbitrada e indizada en las siguientes Bases de Datos: LATINDEX, CLASE, RedALyC, REVENCYT, Scielo, DOAJ Fundada en 1981 como Boletín de Indicadores Socioeconómicos, el actual nombre se adoptó en 1995

Es una publicación auspiciada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela



Contenido Editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ARTÍCULOS La estrategia empresarial frente a la emergencia de los gobiernos bonapartistas. Los casos de Argentina y Venezuela (2003-2008) The business strategy against the emergency of bonapartist governments. The cases of Argentina and Venezuela (2003-2008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Nicolás Grimaldi Las generaciones políticas, el socialismo a la “venezolana” y el capital social Political generations, “venezuelan” socialism and social capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Herbert Koeneke y Daniel Varnagy Consideraciones sobre las misiones bolivarianas Considerations about bolivarian missions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Luis Fuenmayor Toro La inversión social en la Revolución Bolivariana: palanca para la inclusión a la educación universitaria Social investment in the Bolivarian Revolution: support from the inclusion in university education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Miguel Alfonzo, Robert Cruz, María Raddatz, Carolina Villegas y Marjorie Cadenas Apuntes acerca de la autonomía universitaria y su pertinencia histórica en el momento actual Notes on the university autonomy and its historical relevance at the current time . . . . . . .

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Carlos Hermoso Gestión de la innovación tecnológica en la relación UniversidadEmpresa en Venezuela Technology innovation management and the University-Enterprise relationship in Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gloria Aponte (Cont.)

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Contenido (Viene) Ética y gerencia aduanera en el mundo global de hoy Ethics and management customs in today’s global world. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Ina González Salinas Proyectos sociales: metodología e implicaciones para la gerencia social Social projects: Methodology and implications for social management . . . . . . . . . . . . . . .

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Carmen Matteo y Esmelin Graterol Emigración y criminalidad en Venezuela (siglo XXI). Análisis desde el enfoque de las capacidades e institucionalidad Emigration and criminality in Venezuela (21st century). Analysis from the approach of capacities and institutional framework. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilmer Téllez y Carlos Mesa.

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EDITORIAL Complacido por comenzar un año más con nuestra Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. No ha sido fácil en estos tiempos de crisis y zozobras, mantener nuestra publicación al día y, sobre todo, la excelencia en sus contenidos, contando, además, con tantos colegas dispuestos a colaborar (como árbitros o articulistas) con nuestra RVAC. Agradecido con todos ellos por su oportuna respuesta, que nos permitió continuar visibilizando esfuerzos de investigación con alta calidad y pertinencia social, elaborados por profesores de nuestra facultad, nuestra universidad y otras casas de estudio. Dentro de ese ámbito de la calidad y excelencia universitaria mencionadas anteriormente, fuimos invitados por el coordinador del CDCH-UCV, Dr. Félix Tapia y un selecto grupo de conferencistas, en el mes de diciembre del recién concluido 2017, a un taller sobre la visibilidad y calidad de la producción científica. A este evento asistimos los directores de todas las revistas científicas editadas por la Universidad Central de Venezuela, así como los profesores coordinadores de investigación de las once facultades que integran nuestra Alma Mater. En el programa se contemplaron e impartieron lineamientos relativos a vínculos con los postgrados, la política de acceso abierto, la visibilidad, la indización, el impacto y la dinamización. También se discutió en torno a los criterios de aceptación, arbitrajes, tiempos requeridos para cada una de las fases del proceso editorial, puntualidad y periodicidad, así, como la necesidad de alianzas con otras dependencias e instituciones En definitiva, se trató de abrir el debate en torno a las preguntas: Qué queremos con las revistas científicas, hasta dónde queremos llegar y cómo garantizar productos de excelente calidad. Dentro de los planes y proyectos para esta nueva etapa de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, estamos revisando y discutiendo la posibilidad ampliar y actualizar la comisión asesora con algunos docentes e investigadores de otras universidades nacionales e internacionales, trabajar en conjunto con los diversos postgrados adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ampliar nuestra acreditación e indización, cambiar el formato digital de la revista de acuerdo a las nuevas exigencias internacionales, así como el establecer alianzas orientadas a realizar jornadas, foros y talleres, y publicar los resultados de investigación más relevantes. Estamos convencidos que, tanto esta nueva edición de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, como los próximos números, seguirán contribuyendo a la comprensión y el debate de los diversos problemas que nuestra sociedad atraviesa en estos tiempos de crisis.


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A continuación haremos una breve introducción a los trabajos incluidos en esta edición Volumen XXIII, No. 2, julio–diciembre 2017, por nuestros apreciados profesores y profesoras de reconocidas instituciones académicas nacionales e internacionales. Los temas tratados abarcan aspectos tan diversos como la estrategia empresarial de los gobiernos, la inversión social en educación superior, las generaciones políticas, las misiones bolivarianas, la autonomía universitaria, la relación universidad-empresa, ética y el vínculo entre la emigración y la criminalidad. Esta variedad da cuenta de la amplitud teórica y metodológica que caracteriza a nuestra publicación, razón por la cual es elegida los por investigadores para la difusión de sus reflexiones, resultados y propuestas, sin menoscabo del necesario debate, característico de las Ciencias Sociales desde un enfoque crítico. El profesor Nicolás Grimaldi propone realizar un abordaje, en clave comparativa, de la estrategia de las principales organizaciones empresariales durante los primeros años de los gobiernos de Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. En el siguiente ensayo, los colegas Herbert Koeneke y Daniel Varnagy hacen un recuento de la evolución de las más destacadas generaciones políticas tanto en sus acciones movilizadoras, como en sus visiones políticas, sociales y económicas. Seguidamente, el investigador Luis Fuenmayor Toro, analiza las misiones bolivarianas desde sus inicios, según las informaciones oficiales existentes, contrastando esas fuentes con las provenientes de diversos estudios de especialistas, así como de opiniones y afirmaciones de dirigentes políticos y de seguidores críticos del sector oficial. Por su parte los profesores Miguel Alfonzo, Robert Cruz, María Raddatz, Carolina Villegas y Marjorie Cadenas, abordan el tema educativo de las misiones bolivarianas desde sus inicios, según las informaciones oficiales existentes y diversos estudios de especialistas, así como de opiniones y afirmaciones de dirigentes políticos y de seguidores críticos del sector oficial. Siguiendo en las reflexiones sobre la Universidad, el colega Carlos Hermoso estudia el origen histórico de la autonomía universitaria, asociado a la patrística cristiana, y su posterior desarrollo en el seno de las contradicciones del capitalismo. El siguiente bloque de artículos está vinculado con aspectos gerenciales. En primer término, la profesora Gloria Aponte propone desarrollar un constructo teórico, teniendo como base la gestión de la innovación tecnológica en la relación universidad-empresa en Venezuela; la investigadora Ina González analiza filosóficamente el comportamiento ético en las acciones gerenciales ejecutadas en las aduanas venezolanas de hoy, a la luz de los parámetros de la era de la información global y la visión organizacional; mientras que los profesores Carmen Matteo y Esmelin Graterol proponen un acercamiento a la construcción de una metodología que permita el abordaje de lo social desde la gerencia organizacional, de una manera más práctica y cercana a la gente.


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Cierra el número, el artículo elaborado por los sociólogos Wilmer José Téllez Acosta y Carlos Javier Mesa Brizuela, quienes investigan la relación entre emigración-crimen desde dos enfoques: el de las capacidades, centrado en la tesis de Amartya Sen y Martha Nussbaum, y el enfoque de la institucionalidad. Por otro lado, es preciso informar a nuestra lectoría que, lamentablemente, nos hemos visto forzados a prescindir de la tradicional sección “Indicadores de la coyuntura”. Como advertimos en el número pasado, la imposibilidad de acceder a indicadores oficiales actualizados, así como las dificultades para triangular metodológicamente las estimaciones provenientes de fuentes no oficiales, comprometían su publicación. La agudización de las condiciones antes descritas, nos empujó a tomar esta decisión. Asimismo, les participamos que el próximo número de la revista estará dedicado a difundir investigaciones de los programas doctorales en Ciencias Sociales y Gerencia. Los coordinadores de la edición serán los profesores Dr. Rafael Ramírez y Dr. Esmelin Graterol respectivamente, ello en consonancia con los lineamientos expuestos por la universidad para la publicación de revistas científicas. Aprovechamos la ocasión para retribuir de nuevo a nuestras autoridades de FaCES por la confianza depositada en nosotros y por sus esfuerzos para mantener la continuidad editorial, pese a las duras condiciones presupuestarias por las que atraviesa nuestra casa de estudios y las innegables precariedades materiales que hacen de cualquier labor universitaria, una proeza. Terminamos esta presentación ratificando el carácter plural de nuestra Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura e invitando a los miembros de la comunidad universitaria a enviar sus colaboraciones.

Pedro García Avendaño DIRECTOR


Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº 2 (jul-dic), pp. 11-34

LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL FRENTE A LA EMERGENCIA DE GOBIERNOS BONAPARTISTAS. LOS CASOS DE ARGENTINA Y VENEZUELA (2003-2008) Nicolás Grimaldi1 IDIHCS/CONICET Fecha de recepción: 13-09-16

Fecha de aceptación: 10-11-17

Resumen: El siguiente artículo se propone realizar un abordaje, en clave comparativa, de la estrategia de las principales organizaciones empresariales durante los primeros años de los gobiernos de Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. El objetivo del artículo, es realizar un acercamiento a la relación que existió entre estos gobiernos y las fracciones más importantes del empresariado, así como también conocer las estrategias que se dieron en cada uno de los países. En ese sentido, es un primer paso en el estudio del posicionamiento y del accionar de la burguesía argentina y venezolana, durante los primeros años de ambos regímenes. Palabras clave: Burguesías, CARBAP, FEDEINDUSTRIA, FEDECAMARAS, FAA, Bonapartismo.

THE BUSINESS STRATEGY AGAINST THE EMERGENCE OF BONAPARTIST GOVERNMENTS. THE CASES OF ARGENTINA AND VENEZUELA (2003-2008) Abstract: The following article proposes an approach, in a comparative key, of the strategy of business organizations during the first years of the governments of Néstor Kirchner in Argentina and Hugo Chávez in Venezuela. The objective of the article is to make an approach to the relationship between these governments and the most important factions of the business community. We also want to knowknow the bourgeoisie strategies that were given in each of the countries. Thus, is a first step in the study on positions and actions of the Argentine and Venezuelan bourgeoisie, during the first years of both regimes. Keywords: Bourgeoisie, CARBAP, FEDEINDUSTRIA, FEDECAMARAS, FAA, Bonapartism.

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Licenciado y Profesor de Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, llevando adelante su investigación referida las relaciones y disputas políticas entre los gobiernos y las corporaciones empresariales en América Latina. Actualmente, posee una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con la cual realiza sus estudios de posgrado en Historia. Dirección para correspondencia: grimaldi.nicolasesteban@gmail.com.


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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los procesos sociales acontecidos en los primeros años de la década pasada, han derivado en el surgimiento de gobiernos que, por las rispideces y alianzas que han entablado con otros gobernantes y organizaciones, dieron origen a diferentes análisis. La Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, y la Venezuela de Hugo Chávez, son dos de los gobiernos que han surgido en ese contexto, y que han sido objeto de estudio con el fin de poder establecer una categoría que permita explicarlos. Con principal énfasis en Venezuela, muchos análisis han hablado de gobiernos neopopulistas, al considerar a este gobierno como menos radical que los tradicionales “populismos” (Patiño, 2009; Parker, 2001), aunque también ha sido abordado desde el tradicional concepto de populista (Corrales, 2007; Hawkins, 2003; McCoy y Myers, 2004), como sucedió con el caso argentino (Biglieri y Perelló, 2007; Abraham, 2014). Vale aclarar, que la definición clásica del populismo, consiste en la articulación de elementos democráticos, conformando “el pueblo”, que se enfrentarían al bloque dominante (Laclau, 2004). Como contrapunto, existen trabajos interesantes que han realizado una crítica a esta perspectiva, señalando las limitaciones de la categoría pueblo y las dificultades para enumerar elementos estructurales que lo conformen, con una fuerte impronta de la función del líder (Kabat, 2014). Desde el campo del marxismo tradicional, se ha retomado el concepto de bonapartismo, para caracterizar a los gobiernos surgidos en América Latina, durante la primera década del siglo XXI (Coggiola, 2007; Sartelli, 2008). Este concepto, principalmente, hace referencia a una situación de equilibrio entre las clases sociales, donde la hegemonía aparece en crisis, dando origen a una suerte de empate entre las mismas (Marx y Engels, 1851/1955; Trotsky, 1932). Es un enfoque, entonces, que permite ahondar en el contenido de las alianzas sociales del gobierno y de sus adversarios, así como también sus respectivas direcciones (Wood, 1998). Un de las características de este tipo de gobierno, es el fuerte peso del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo (Sartelli, 2004). La definición de “gobierno progresista” se ha utilizado para referirse al caso argentino, (Masseti, 2010), así como también la categoría de gobiernos posneoliberales, incluyendo a otros gobiernos como los de Ecuador, Bolivia o Brasil (Belloni y Peinado, 2013), aunque ciertos trabajos se encargan de mostrar las continuidades entre los gobiernos de ambas décadas (Petras y Veltmeyer, 2009; Varesi 2012). A la hora de definir los aspectos a estudiar, una de las variantes ha sido observar la diplomacia entre los diferentes países, y la conformación de bloques o espacios políticos y económicos de integración (Katz, 2006; Guerrero, 2013; Kan y Pascual, 2013; Kan y Pascual, 2011, Kan 2010). En términos comparativos, aparecen trabajos que analizan la compra-venta de la fuerza de trabajo en Argentina, Brasil y Venezuela (Rodríguez Cybulski, 2014), así como también la evolución de gasto social en Argentina y Venezuela (De Luca, Seiffer, Kornblihtt, 2012).


La estrategia empresarial…

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Respecto al empresariado, en el caso argentino se ha hecho hincapié en la existencia de cierta heterogeneidad en su conformación, que permite explicar la existencia de varias entidades empresariales con intereses particulares (Lissin, 2008; Dossi y Lissin, 2011), que explicaría la heterogeneidad en su accionar (Beltrán, 2012; Viguera, 1998; Sidicaro 2001). Por otra parte, se ha analizado la influencia que la UIA y la SRA han tenido para definir la política internacional del kirchnerismo (Kan, 2013; Katz, 2006), mientras que también existen trabajos que se han dedicado a analizar los conflictos interburgueses (Bonnet, 2012; Bonnet y Piva, 2009). También se ha analizado la estrategia de la FAA durante el menemismo y su acercamiento al kirchnerismo (Pérez Trento, 2014). Varios estudios utilizaron el conflicto agrario del 2008 como eje de análisis de los posicionamientos de las diferentes fracciones de la burguesía con respecto a las políticas económicas. En esta disputa se dirimió el destino de una parte de la renta agraria. Para varios investigadores, las transformaciones en las últimas décadas en el agro (Girbal-Blacha, 2013) provocaron cierta homogenización de actores sociales y, por consiguiente, alianzas inéditas (Basualdo, 2008; Balsa y López Castro, 2011; Teubal y Palmisano, 2011). Se coincide, asimismo, en que la protesta agraria se trasladó a la arena política, articulándose con los partidos políticos (Gras, 2010; Giarraca, Teubal y Palmisano, 2008; Barsky y Dávila, 2008; Aroskind y Vommaro, 2009). Se remarca especialmente la capacidad de los grupos movilizados de trascender las diferencias que enfrentaban a distintos sectores del empresariado agrario y de encontrar eco en vastos sectores de la población (Hora, 2010) y una perspectiva de largo plazo que permita comprender las transformaciones en las últimas décadas que dan lugar a nuevos actores sociales (Arceo, Basualdo y Arceo, 2009). En la dinámica del conflicto, se analiza asimismo el vínculo entre demandas corporativas y concepciones políticas más generales (Brenes, 2009). No obstante, se señala que este movimiento no logró conformar una organización política propia. Debe tenerse en cuenta, también, la participación en el conflicto de otras fracciones burguesas y sus corporaciones (Nardacchione y Taraborelli, 2010), lo que lleva a un análisis más general de las disputas en el interior de la clase dominante. Por el lado de las corporaciones venezolanas, se ha estudiado la relación entre los empresarios, el Estado y los sindicatos –en algunos casos- utilizando como observable las discusiones salariales (Chirinos Portillo y Villasmil Espinoza, 2010; Lucena, 2003), marcando la prioridad que da el Estado a empresas particulares por sobre las entidades empresariales (Arenas, 2004). Sobre FEDECAMARAS, muchos trabajos se centraron en analizar su accionar bajo el gobierno chavista, haciendo hincapié en hechos puntuales, como es el caso del paro realizado por la CTV y FEDECAMARAS de diciembre del 2001, donde se produjo la construcción de una alianza opositora al chavismo (Lander, 2004; Lander y Navarrete, 2009). Otra hipótesis recurrente es que Chávez, ante la ruptura con FEDECAMARAS post golpe de Estado, se habría inclinado por pe-


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queños y medianos empresarios a partir de la puesta en práctica de Empresas de Producción Social (EPS) y, finalmente, del conjunto denominado “Empresas Socialistas” (Hintze, 2010; Azzellini, 2010), lo que explicaría la creación de corporaciones como EMPREVEN o Confagán, con el fin de asegurar la lealtad al oficialismo (Arenas, 2009). Sin embargo, algunos autores plantean que lo que fracasó en realidad fue el intento, por parte de FEDECAMARAS y corporaciones empresariales, de cooptar al Gobierno (Cáceres, Valladares y Cáceres, 2007). Como ha sucedido con algunos estudios sobre las entidades empresariales argentinas y la política internacional del Gobierno, para Venezuela también se han entablado diferencias desde su posición respecto al ingreso al MERCOSUR (Romero, 2009). De esta manera, encontramos que no hay un análisis en clave comparativa que estudie el desarrollo de la estrategia y del posicionamiento político de las corporaciones empresariales de Argentina y Venezuela. En ese sentido, en el siguiente trabajo abordaremos esta temática mediante el análisis de la corporación empresarial opositora más importante de Venezuela, FEDECAMARAS, y de una de las corporaciones oficialistas, FEDEINDUSTRIA. Para el caso argentino, observaremos el accionar de las corporaciones agrarias, que mantendría cierto apoyo al gobierno, aunque el mismo comenzaría a entrar en tensión conforme avance el período. Para este caso, pondremos principal atención en los elementos más activos del conjunto de las corporaciones agrarias, es decir la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Federación Agraria Argentina. Para este análisis, hemos realizado un relevamiento de periódicos, comunicados y documentos oficiales de las entidades, con el fin de observar cuáles han sido los reclamos y posicionamientos políticos en cada caso. Finalmente, esbozaremos algunas conclusiones parciales con base en los datos obtenidos. VENEZUELA: DEL GOLPE AL DIÁLOGO

Examinaremos aquí el caso de Venezuela. Para comprender la estrategia del empresariado de ese país, se hace imprescindible un relevamiento de sus acciones durante el golpe de Estado de abril del 2002, y el lockout petrolero de finales del 2002 y principios del 2003. En el primer caso, la entidad era presidida por Pedro Carmona Estanga, quien expresaba el descontento de la entidad para con el gobierno, derivando en el golpe de Estado de abril del 2002, orquestado y dirigido por FEDECAMARAS (Coronil, 2005). La acción golpista, expresaba una alianza de la central sindical CTV con FEDECAMARAS (Bonilla García, 2011), que habían firmado el “Acuerdo Democrático”, con 10 puntos, buscando conformar un nuevo pacto social considerando que el “El incremento de la actividad empresarial a través de un plan de desarrollo productivo y su creciente competitividad en un mundo globali-


La estrategia empresarial…

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zado requieren de una concertación entre el capital y el trabajo”. 2 Sin embargo, FEDECAMARAS y la CTV, ya habían comenzado a conformar una alianza social opositora a partir del paro patronal del 10 de diciembre del 2001, convocado por FEDECAMARAS, contra una serie de medidas sancionadas por el gobierno, como la Ley de Hidrocarburos que ampliaba el control estatal sobre PDVSA. Otro momento que encontró unidad de acción por parte de la central sindical y el empresariado fue la manifestación del 23 de enero del 2002 desde la Plaza Morelos hasta la Plaza O´Leary pidiendo la salida de Chávez. El antecedente inmediato al golpe de abril, fue la movilización a la Asamblea Nacional del 27 de febrero del 2002, convocado por la CTV con apoyo de FEDECAMARAS, pidiendo un referéndum y la eliminación del estatuto de la Función Pública. En ese momento, el golpe de Estado logró efectivizarse. Pero el gobierno de Carmon solo duró dos días, un breve instante en el que no hubo miembros de la CTV en la lista de gobierno, lo que debilitó la alianza opositora establecida (López Maya, 2004). Durante su mandato, Carmona eliminó 48 leyes habilitantes, modificó la Constitución, convocó a elecciones generales para dentro de un año, 3 disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, se atribuyó el poder de destituirá a gobernadores, alcaldes y concejales, al removió al Fiscal General, al Contralor, y a la Defensora del Pueblo, así como también embajadores, cónsules y vicecónsules. Carmona terminó siendo apresado, aunque conseguiría exiliarse en Colombia. Su reemplazante al frente de la entidad sería su Vicepresidente, Carlos Fernández, quien convoco a un paro el 2 de diciembre, que se extendería hasta febrero del 2003, al que se sumarían la CTV y PDVSA, con el objetivo de convocar a elecciones. Finalmente, el 2 de febrero se convoca a la recolección de firmas para realizar un referéndum consultivo para destituir al presidente, y el 3 de febrero se convoca a una “flexibilización del paro”, que tendría como resultado el despido de 20 mil de los 30 mil trabajadores que tenía la empresa (Álvarez, 2008). Esto se da en el contexto de una paulatina recuperación por parte de las FF.AA. del control de PDVSA y de la apertura de ciertos comercios por parte de sus dueños. Finalmente, el 18 de febrero se ordena la detención para Carlos Ortega, de la CTV, y Carlos Fernández, aunque ambos consiguieron exiliarse. 4 Durante la gestión de Fernández, se celebró la LVIII° Asamblea Anual de FEDECAMARAS en Barquisimeto, donde se emitió el documento titulado “La Carta de Barquisimeto. Com2Bases

para una acuerdo democrático. (05/03/2002). Analítica. Recuperado de http://www.analitica.com/opinion/opinion-nacional/bases-para-un-acuerdo-democratico/ 3Análisis y recuento de los hechos ocurridos el 11 de abril del 2002. (11/04/2012). Noticias24. Recuperado de http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/date/2012/04/11/page/10/ 4El cuento de Carlos Ortega. (20/04/2016). El Nacional. Recuperado de http://www.elnacional.com/noticias/historico/cuento-carlos-ortega_31925


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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

promiso de Solidaridad Productiva”.5 En el mismo, se iba señalar lo que era su programa económico planteando como principal problema la supuesta disminución de la inversión privada, a partir de la merma en la disponibilidad de créditos para los sectores empresariales.6 En el documento publicado, a la hora de mencionar y proponer los ajustes económicos más importantes, iba a mencionar tres planos: cambiario, monetario, y fiscal. Principalmente haría hincapié en la necesidad inmediata de reorientar la renta petrolera por parte del Estado, destinándola básicamente a la creación de infraestructura física, formación de capital humano, subsidios y transferencias focalizadas a los grupos más pobres, y funciones de seguridad y de supervisión del cumplimiento de la normativa social. En este sentido se requiere redefinir las funciones del Estado, los bienes y servicios que serían provistos públicamente y posiblemente reducir su personal.7

Al mismo tiempo, en el documento se plantea la necesidad de avanzar en un plan de privatizaciones, sobre todo en aquellas actividades que requieran una mayor cantidad de recursos financieros.8 Esta posición, es similar a los planteos realizados por la entidad en los años de la crisis que originó la protesta conocida como el Caracazo.9 Luego de estos sucesos, Albis Muñoz fue elegida presidenta de la entidad, donde comenzamos a ver la aparición de una estrategia con elementos más orientados hacia los mecanismos democráticos e institucionales, en lugar de la estrategia abiertamente confrontativa que venía teniendo. Si bien inició su mandato saliendo al cruce denunciando una merma en la entrega de dólares, agresiones contra las empresas privadas y “dificultades para invertir”, se manifestó a favor de convocar a un referendo revocatorio, al que FEDECAMARAS apoyaría mediante donaciones monetarias para garantizar la recolección de firmas. Como parte de esta estrategia, la entidad apoyaría el plan “Consenso País”, ideado por la Coordinara Democrática.10 Este plan, buscaba implementar un Pacto Social y 5FEDECAMARAS,

(05/10/2002), La carta de Barquisimeto. Recuperado de http://goo.gl/CkYGkW 6FEDECAMARAS, (05/10/2002). La carta de Barquisimeto, p. 9. Recuperado de http://goo.gl/CkYGkW 7FEDECAMARAS, (05/10/2002). La carta de Barquisimeto, p.44. Recuperado de http://goo.gl/CkYGkW 8FEDECAMARAS, (05/10/2002). La carta de Barquisimeto, p.45. Recuperado de http://goo.gl/CkYGkW 9FEDECAMARAS, (1989). Análisis de la instrumentación del Plan Económico, p.5. Recuperado de http://www.fedecamaras.org.ve/wp-content/uploads/2016/05/ANALISIS-DE-LAInstrumentacion-edl-Plan-de-Ajuste-economico.pdf ; FEDECAMARAS (23/01/1989). Documento empresarial, p.13. Recuperado en http://www.fedecamaras.org.ve/wpcontent/uploads/2016/05/Documento-Empresarial.pdf 10 Coordinadora Democrática, (04/03/2004). Plan Consenso País


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por “mayor seguridad y claridad jurídica”. 11 También proponía aumentar los volúmenes de producción por sobre los precios, lo que implicaba desentenderse de la estrategia de la OPEP (López Maya, 2006). A la par, proponía aumentar la declaración de impuesto por fuera del petróleo, para ampliar la base tributaria y declarar la autonomía del Banco Central de Venezuela, para conseguir un descenso del control y “manipulación” del cambio. A esto, debía sumársele una política de financiamiento, ya sea para el capital nacional o para el capital internacional. Su estrategia fue derrotada, ya que el referendo dio ganador a Chávez con un 59% y, aunque fue desconocido por la Coordinadora Democrática a la que adhería FEDECAMARAS .Un 83% de los miembros de la entidad se expresó a favor de concurrir al diálogo con el gobierno para entregarle sus propuestas.12 Ya en el año 2005, asumirá la presidencia el dirigente ganadero, José Luis Betancourt, quien proponía una relación más dialoguista con el Gobierno. Esta posición, se materializó en una reunión realizada con el ejecutivo en febrero del 2006. Además del dirigente, participaron Noel Álvarez (Consecomercio), Lorenzo Mendoza (Empresas Polar), y Alberto Vollmer (presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa).13 Luego se concretó otra reunión con el Vicepresidente, José Vicente Rangel. En ambas se discutieron temas relacionados con la inseguridad y el mejoramiento de la articulación entre el sector privado y el sector estatal. Sin embargo, seguían cuestionando el abultado gasto público y la falta de desarrollo la empresa privada. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno la disminución de las importaciones públicas que, según su parecer, beneficiaban a otras economías y no a Venezuela. En la misma sintonía se iba a expresar su siguiente presidente, José Manuel González, quien consideraba que el gobierno utilizaba las divisas de manera “populista”, generando una escasez de las mismas para el sector empresarial.14 El propio González solicitaría al presidente una reunión para poder discutir el plan de reforma constitucional que Chávez buscaba implementar mediante un referéndum y que, según el propio González, la entidad se veía preocupada por temas como la autonomía del Banco Central, el respeto por la propiedad privada y el régimen económico. La entidad finalmente rechazaría la reforma, y llamaba a oponerse “por todos los medios legales posibles a su

11Ver,

por ejemplo, FEDECAMARAS, El empresariado frente a la crisis, 1989. acepta diálogo con Chávez. (08/09/2004).ABC. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/fedecamaras-acepta-dialogo-conchavez-784463.html 13El Universal, 18/02/2006 14FEDECAMARAS advierte que para 2009 “puede agravarse el déficits fiscal”. (07/10/2008). Noticias24. Recuperado de http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/18477/fedecamaras-advierte-que-para-2009puede-agravarse-el-deficit-fiscal/ 12FEDECAMARAS


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aprobación”.15 Como podemos observar, luego del golpe y el paro petrolero, FEDECAMARAS comienza a abandonar la estrategia golpista y comienza a aparecer una estrategia democrática donde se apoya el referéndum y se acepta el resultado, a pesar de que la Coordinadora lo rechazaba, y luego se concurre al diálogo con el gobierno (López Maya, 2004). Este cambio en la estrategia adoptada por la corporación coincide con el despegue de la renta petrolera que habría a partir de los años 2003 y 2004 (De Luca, Seiffer, Kornblihtt, 2013). Por el lado de FEDEINDUSTRIA, su principal dirigente es, desde hace 15 años es Miguel Pérez Abad, quien, en referencia al golpe de Estado, sostuvo que Carmona “era un títere de las trasnacionales”. A su entender, Chávez se presentaba como un personaje más ligado a la pequeña empresa nacional, a partir de la creación del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria y de leyes que fijaban y regulaban las actividades bancarias, otorgando opciones financiamiento al emprendimiento de los capitales nacionales. 16 Sin embargo, en la coyuntura crítica de 2003, Pérez Abad consideraba que debía llamarse a elecciones para que se dé una relegitimación de los poderes, así como también denunciaba que había habido inoperancia del gobierno a la hora de evitar el golpe. En relación al paro petrolero, a pesar de la participación de Chávez en la 31° Asamblea de FEDEINDUSTRIA, donde propuso una alianza estratégica con el gobierno, la entidad dio vía libre a sus asociados para apoyar o no el paro, debido a que existía cierto descontento entre los empresarios ante a la falta de resultados de los planes implementados. Sin embargo, el grueso de las empresas afiliadas terminó decidiendo no participar en el paro, debido a que se trataba de una época festiva, donde las ventas aumentaban y les resultaría difícil soportar las pérdidas. Al año siguiente del paro petrolero, los representantes de la entidad viajaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como representante del empresariado venezolano, lugar que históricamente había sido de FEDECAMARAS, y comenzaría a impulsar un armado político llamado Movimiento Socialismo Productivo, que realizaba foros, charlas, programas de asistencia técnica, elaboración de proyectos, talleres de formación y acompañamiento de los consejos comunales, cooperativas y Empresas de Producción Social (EPS), en el Estado de Anzoátegui. A nivel nacional, FEDEINDUSTRIA formó parte del Frente Productores por la Patria junto a organizaciones empresariales de menor rango alineadas con el gobierno como la Federación Panamericana de la Leche (Fepale) Pequeña y Mediana Industria Avícola (Pymi Avícola), la Cámara Bolivariana de la Construcción, la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fegaven), la Cámara Venezolano-Brasileña y la 15Creará

100 leyes luego de reformas. (15/11/2007). El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/2007/11/15/0001/14/70885207A6D643508778678DA9981395. html 16Ídem.


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Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina). 17 La entidad conseguiría tener diversas fuentes financiamiento recibido por parte del gobierno durante el período chavista, a través del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), PDVSA a través del Acuerdo Marco de Cooperación para el desarrollo de la Faja del Orinoco, participación en las Zonas Económicas Especiales, con financiamiento en moneda extranjera e incentivos fiscales. 18 En marzo del 2007, la entidad elaboró una publicación llamada “Documento final para el Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías”. 19 Allí, señalaron una serie de medidas que debería tomar el gobierno chavista para un correcto y exitoso desarrollo de la actividad empresarial, como mejorar la seguridad jurídica, la transparencia, afianzar el respeto a la propiedad privada en todas sus formas, agilizar las medidas del Estado a partir de la reducción de la burocracia y el respeto por las libertades individuales. Como propuestas, sostienen que se debe “expandir la propiedad privada de productores dueños de medios de producción para que se desarrollen nuevas y más altas formas de producción social”, que consideran como una “democratización del capital” con créditos baratos, y una “democratización del conocimiento” a partir del acceso a la información, tecnología y asesoría financiera oportuna. Pérez Abad, también fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Aristóbulo Asturiz, del PSUV, a la gobernación de Anzoátegui ganada en el 2010, luego de haberse postulado él mismo, aunque sin éxito. También fue uno de los miembros designados para la comisión que redactó la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que contó con el apoyo de otra entidad empresarial, como es EMPREVEN, dirigida por el empresario bancario Alejandro Uzcátegui. Podemos observar entonces, una aceleración en el acercamiento entre la corporación y el gobierno que alcanzó uno de sus hitos más importantes, con la llegada de Pérez Abad a cargos gubernamentales desde el 2015 (Álvarez, 2008). Como podemos observar, los lineamientos generales de la orientación política de FEDEINDUSTRIA no se distancian de los planteos de cualquier empresario, aunque su estrategia ha sido, a diferencia de lo que observábamos en FEDECAMARAS, tener un mayor acercamiento con el gobierno desde un comienzo, principalmente debido a su dependencia de ciertas transferencias estatales. 17Pérez

Abad, M. (08/04/2013). Lo bueno pal pueblo es bueno para todos. El tiempo. Recuperado de http://eltiempo.com.ve/opinion/columnistas/lo-bueno-pal-pueblo-es-buenopara-todos/86039 18Banco Industrial de Venezuela (BIV). Recuperado de http://goo.gl/QLbPZY; 19 empresas mixtas desarrollarán industrialización de la Faja Petrolífera del Orinoco. (05/03/2013). Agencia Venezolana de Noticias. Recuperado de http://avn.info.ve/contenido/19empresas-mixtas-desarrollar%C3%A1n-industrializaci%C3%B3n-faja-petrol%C3%ADferadel-orinoco; FEDEINDUSTRIA Anzoátegui, http://goo.gl/7Guayu. 19FEDEINDUSTRIA. (22/03/2007). Documento final para el SR. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías


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ARGENTINA: EL CAMINO HACIA LA 125

A continuación, observaremos cuales han sido las principales posiciones de las corporaciones agrarias argentinas durante los años analizados. Observaremos como, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela con FEDECAMARAS, en un principio el empresariado agrario argentino ha tenido una posición de poca confrontación con el gobierno, ya que si bien tuvo fuertes reclamos hacia el gobierno, como las retenciones, y mayores puntos de conflicto, como el caso de la exportación de la carne, aunque no tuvo una apelación a la acción directa hasta el año 2005 donde aparece una radicalización del accionar del sector. Durante este período, la corporación más activa fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) que forma parte de la Confederación Rural Argentina. El año 2003 comenzó con riesgos de remates para varios campos, aunque se alcanzó un acuerdo entre los banqueros y el gobierno para prorrogar las ejecuciones, prorrogando los vencimientos, con nuevos mecanismos para recrear los plazos de pago y las tasas de interés de los compromisos hipotecarios. Uno de los mayores promotores de estos cambios fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), a través de su economista, Alfredo Rodes. En este contexto, se realizaron asambleas principalmente en Entre Ríos, donde coincidían distintas entidades agrarias, aunque todas consideraban que no podían ir contra el sistema jurídico, confiando en que el aumento de la productividad del campo permitiría hacer frente a las obligaciones. CARBAP parecía tener una posición más firme y cuestionaba que el presidente Duhalde haya decidido modificar el artículo 5 de la Ley 25.713, que buscaba aminorar los efectos del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) lo que perjudicaba el pago de los deudores. 20 Sin embargo, a partir de febrero de ese año, iba comenzar la problemática en torno a las retenciones, exigiendo la reducción de las mismas. Paralelamente a esta problemática, la entidad veía con malos ojos la modificación en el IVA que reducía el impuesto en la venta, pero lo mantenía igual en la compra, por lo que amenazó con “medidas más drásticas” en el plazo inmediato. 21Esta situación derivaría en que, para mediados de febrero del 2003, algunas bases de CARBAP ubicadas en el norte de Gran Buenos Aires exigieran el llamado a un paro y movilización. 22 El reclamo tenía que ver con el pedido al gobierno de modificar el régimen fiscal que, según las entidades 20CARBAP

lamenta que el presidente ceda ante la presión del sector financiero. (10/01/2003). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=234 21El campo espera rectificación de los impuestos confiscatorios. (18/02/2003). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=236 22Se agudiza el malestar en el malestar en el interior y no se descartan protestas. (22/02/2003). La Nación. Recuperado dehttp://www.lanacion.com.ar/475455-se-agudizael-malestar-en-el-interior-y-no-se-descartan-protestas


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agrarias, “descapitalizaba al campo” y la dirigencia amenazaba con convocar a un paro. Tanto CARBAP, a través de su entidad madre, Confederación Rural Argentina(CRA), como CONIAGRO y la Sociedad Rural Argentina, emitieron un comunicado en conjunto donde sostenían que la tremenda voracidad fiscal puesta de manifiesto por el Gobierno atenta contra la recuperación de la economía, el empleo y la inversión y el Ministerio de Economía, lejos de solucionar los diversos, justos y reiterados reclamos contra la elevada carga impositiva que padece el agro, se empecina en agravarla sólo con el afán ilimitado de recaudación y cumplir con las exigencias de los organismos internacionales.

Fue así que se produjo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se reunieron diferentes organizaciones ligadas al campo. En aquella reunión, se barajó la posibilidad de ir a un paro, posición impulsada principalmente por CRA y los exportadores reunidos en CIARA (la cámara aceitera) y el Centro de Exportadores. CONINAGRO no apoyaba ninguna acción que implique juntarse con los exportadores, por la deuda del 10% de las liquidaciones finales, unos 300 millones de pesos, que estos tenían con el sector productivo. Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA), se oponía a la realización de alguna medida de fuerza.23 Sin embargo, por este motivo iba a producirse la única medida importante por parte del sector contra el gobierno hasta el año 2006, con un paro de 5 días del que participaron varias entidades, pero no CONINAGRO, por ejemplo. El reclamo consistía en exigir el reintegro del IVA que contabilizaba una deuda de 800 millones de dólares. Mario Llambías, presidente de CARBAP, participó en una asamblea con productores de la zona pampeana y sostuvo que El campo ha tenido que subsidiar a otros sectores y la situación y consecuencia ha sido de un atraso considerable, con una disminución de 7 millones de cabezas desde 1995 y la pérdida, en toda la década del 90 de 160 mil productores”, y que el gobierno no había llevado a cabo los ajustes necesarios.24

En relación al mencionado tema de las retenciones, la entidad se mostraba en contra de que la reducción se produzca de manera diferenciada en ciertos granos. Otro momento de tensión que se produjo se debió al descenso del precio que las usinas lácteas iban a pagarle los productores. Sin embargo, en el comienzo de este conflicto en el año 2003, los productores resolvieron no realizar acciones de protestas y se limitaron a realizar asambleas en las puertas de

23Pérez

Trento, N. (2014). Transformaciones en la estructura social agraria pampeana y organizaciones rurales. El caso de Federación Agraria Argentina. Ponencia presentada en XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario, julio de 2014. 24CARBAP espera una reunión con el gobierno. (05/07/2003). La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/508785-carbap-espera-una-reunion-con-el-gobierno


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las fábricas, aunque no impedían el funcionamiento de las mismas ni el tránsito.25 Por estos años, también se puede encontrar el pedido por parte de CARBAP junto a otras entidades empresariales y agrarias, como la Unión Industrial Argentina UIA y CRA, por pacificar el país a partir de los piquetes, pidiendo la necesidad de institucionalizar los reclamos.26 A partir de entonces, se pueden detectar presentaciones judiciales exitosas en Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Canals, en la provincia de Córdoba. Además de reuniones por estas cuestiones, se estaban realizando encuentros para resolver el tema de las deudas que los productores tenían con el Banco Nación. Podemos observar como el accionar de CARBAP, y del resto de las corporaciones agrarias, se caracterizó por las denuncias vías comunicados, asambleas, conferencias y acciones judiciales, más allá de los diferentes reclamos que tenía contra el gobierno. Encontramos aquí que esta entidad privilegio las vías institucionales antes que las vías de acciones directas, ya que solo contabilizamos una sola acción entre el 2003 y el 2004. Además, encontramos que hubo por parte de CARBAP, así como también por parte de otros sectores empresariales, un pedido por la “pacificación del país” en torno a los conflictos del gobierno piquetero, y la necesidad de institucionalizar los reclamos. Efectivamente, con el 2001 aún fresco, las entidades privilegiaron mantenerse dentro de la institucionalidad y no amenazar la alianza social dominante que emergió luego del 2001, primero con Duhalde y luego con Kirchner. A partir del 2005 comienza a darse un proceso de mayor radicalización por parte de CARBAP, que arrastraría a otras fracciones del capital agrario. CARBAP convocó “a un Consejo Extraordinario para el jueves 24 de febrero con motivo de iniciar la acción de lucha frente a la permanencia de las retenciones y la falta de rentabilidad del sector agropecuario”. 27 El 9 de marzo se realizó la primer Asamblea de Productores y Dirigentes en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, teniendo como eje principal debatir el plan de lucha respecto al tema de las retenciones.28 También anunciaba que comenzaría una campaña de recolección de firmas para acompañar la presentación de un proyecto de ley que elimine las retenciones. En la asamblea celebrada, participaron más de 800 pro25CARBAP

espera una reunión con el gobierno. (05/07/2003). La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/508785-carbap-espera-una-reunion-con-el-gobierno 26Las empresas piden una pacificación. (27/06/2004). La Nación. Recuperado dehttp://www.lanacion.com.ar/613695-las-empresas-piden-una-pacificacion 27CARBAP se moviliza e inicia la acción de lucha frente a las retenciones. (08/02/2005). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=283 28CARBAP realizará mañana miércoles la primera Asamblea General. (08/03/2005). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=288


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ductores, además de intendentes municipales de la zona, exintendentes y exrepresentantes de entidades agropecuarias, emitiendo un comunicado llamado “Manifiesto de Coronel Pringles”, donde se anunciaba una próxima asamblea en la Sociedad Rural de Macachín. En abril, salió el documento conocido como “Declaración de Macachín”, donde llamaba a la unión de todas las entidades para eliminar las retenciones además de exigir apoyo político (municipal, provincial y nacional), para conseguir una audiencia con Néstor Kirchner. Finalizaba aquél comunicado señalando que no se descartaba el llamado a movilizaciones.29 A las retenciones al sector agrario, se sumaba el aumento a las retenciones del sector lácteo. Otro conflicto entre el campo y el gobierno se iba a dar por la búsqueda de este último por limitar el precio y la producción de la carne, a lo que luego se sumarían la aplicación de retenciones. Todas medidas que se daban en el marco del surgimiento de la aftosa en Brasil y las dificultades del sector para exportar carne. CARBAP había convocado a una movilización y paro para el 19 de diciembre, aunque se terminó levantando debido a la cercanía de la época festiva, pero mantenía el estado de alerta y movilización, y convocaba la realización de asambleas en el mes de enero. En ese marco, se dio una conferencia de prensa conjunta entre CONINAGRO, CARBAP y SRA para repudiar el incremento del impuesto inmobiliario en Buenos Aires. Luego, estas entidades, a las que se sumaría FAA, concurrirían a la Cámara de Diputados, donde se reunieron con los bloques de Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el PAUFE, el PRO y el ARI, para expresar su malestar por el impuesto inmobiliario. Como puede verse encontramos que CARBAP comenzó a tener una posición de mayor confrontación contra el gobierno, comenzando a plantearse la necesidad de definir planes de lucha. Esta situación seguiría el año siguiente cuando la entidad convocó a siete reuniones zonales en Trenque Lauquen, Salto, 25 de Mayo, Olavarría, Brandsen, Mar del Plata y Saavedra, para discutir la situación de las retenciones a la carne, la leche y los granos así como también el impuesto inmobiliario. En relación al plan de lucha, existió una discusión hacia el interior de CRA donde CARBAP sostenía que una movilización nacional era mejor que un paro, como sostenía Cámara de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), ya que una movilización demostraba fortaleza y mantenía las posibilidades de diálogo con el gobierno.30 El 8 de abril del 2006, CARBAP convocó a una movilización y asamblea en Pehuajó contra las medidas de suspender por 180 días la exportación de carne vacuna y la implementación de 300 kilogramos como mínimo para la faena del 29Declaración

de Macachín. (07/04/2005). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=295 30Marcha de productores en la capital pampeana. (23/05/2006). La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/808262-marcha-de-productores-en-la-capital-pampeana


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animal. En la misma participaron: la mesa directiva de la Sociedad Rural de Pehuajó encabezada por su presidente Ignacio Azcueta, la mesa directiva de CARBAP encabezada por su presidente Javier Jayo Ordoqui, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, así como también distintas Sociedades Rurales Bonaerenses e intendentes de la zona. 31 En ese contexto de avance en la movilización, CARBAP puso a consideración de su Consejo Directivo la posibilidad de realizar un paro agropecuario nacional junto a varias delegaciones bonaerenses de la SRA. La radicalización de la entidad comenzaba a notarse y para el mes de julio encontraremos el segundo paro realizado. El antecedente de esta medida fue la declaración de Coronel Suárez, donde más de 1.200 productores reclamaron la realización de un paro contra las medidas “anticampo” del gobierno. Otro antecedente es la movilización que se produjo en Santa Rosa, La Pampa, como reclamo al conflicto por la carne y la decisión del gobierno de prohibir la exportación, poner un peso mínimo a la faena y la restricción a la exportación de trigo principalmente. A raíz de todo esto, CARBAP elevó la posibilidad de realizar un paro a su entidad madre, CRA. Esta medida se llevaría a cabo el 22 de julio, y CARBAP agrego movilizaciones importantes hacia Santa Rosa y La Plata. El paro criticaba especialmente las restricciones a las exportaciones de los lácteos, el maíz y el trigo, así como también cuestionaba el cierre de exportaciones de la carne. La medida consistió en no comprar ni vender hacienda, aunque mantuvieron la producción. En el marco de la protesta, se realizaron más de 60 actos y movilizaciones en varias provincias, siendo los más fuertes los realizados en Buenos Aires y La Pampa, zona de influencia de CARBAP. A este paro se plegaron organizaciones y confederaciones de diferentes lugares como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sin embargo encontramos diferencias hacia el interior del sector, ya que el gobierno anunció un plan ganadero de 857 millones de pesos que fue apoyado por CONINAGRO. La FAA mantuvo una posición contradictoria, ya que señalaba las diferencias profundas que tenía con el proyecto del gobierno, pero no se adhirió a la protesta. Esto no pudo evitar que una parte de sus bases sí lo hiciese, como fue el caso de los más de 500 productores que cortaron rutas en Entre Ríos. SRA, por su parte, no se adhirió a la acción directa, aunque tuvo un discurso claramente opositor al gobierno en su 120° Exposición Rural. Lo que arrojaría esta jornada de 4 días de paro, fue una menor adhesión que la medida anterior, aunque encontramos mayor convocato-

31CARBAP

convoca a movilización y asamblea en Pehuajo. (05/04/2006). CARBAP. Recuperado en http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=3130


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ria, radicalidad, así como también disenso entre la dirigencia de FAA y sus bases.32 Luego del conflicto, CARBAP señalaría que movilizó a más de 10.000 productores y saludó a las empresas que decidieron comprar en el Mercado de Liniers el día anterior al paro, resistiendo el pedido del gobierno de no comprar. Para este fin, el gobierno contaba con el apoyo de los frigoríficos agremiados en CADIF y CICCRA, pero no pudo evitar que Agroflex, Areco Consignatarias, Cabañas del Sur, El Virrey, Finexcor, Frigorífico Lincoln, Mataderos Río de la Plata, Frigorífico Paladini, Pueblo Alto y Frigorífico Rioplatense, comprasen hacienda el 21 de julio. En este sentido, podemos observar como CARBAP significó un agente verdaderamente activo en el paro, siendo uno de los principales impulsores del mismo. En octubre, CARBAP volvía a declararse en estado de alerta y movilización debido al manejo del sistema cerealero, la sequía que se estaba produciendo, las retenciones a los lácteos y la apertura a la importación aceitera que perjudicaría a los productores locales. A raíz de esta situación, la organización comenzaría a solicitarle a CRA la necesidad de tomar medidas concretas. A fines de noviembre, CARBAP aceptaba una última negociación con el gobierno por parte de CRA antes de ir al paro. Los reclamos eran contra las intervenciones gubernamentales en los mercados de la carne, leche, el trigo, las frutas, verduras y el maíz. De todas formas, el primer día de paro se realizaría el 3 de diciembre y CARBAP saludaba a las Cámaras de Comercio e Industria de las distintas ciudades del interior bonaerense y pampeano, a la Asociación de Productores de Leche, que acompañaron la medida. El cuarto día de protesta se realizaron acciones en acciones en Trenque Lauquen, San Pedro, Benito Juárez, Pellegrini, Sur Pampeano (La Adela), Cnel. Dorrego, Chivilcoy, Tres Lomas, Pehuajo y Bahía Blanca. Los nueve días de paro se cerraron con un acto en Lobos del que participaron CARBAP, CRA y FAA. Estas organizaciones fueron las impulsoras del paro desde un principio, SRA se sumaría recién en el segundo día del paro, mientras que CONINAGRO dio libertad de acción a sus afiliados. CRA, obviamente CARBAP también, y SRA pedían un mercado más desregularizado, mientras que la crítica de FAA se centraba en la extranjerización del campo. El acatamiento del paro fue casi total, e incluso el gobierno tuvo que sostener el mercado recurriendo al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, la Armada Argentina, y la empresa CRESUD, vinculada al grupo IRSA, y algunos empresarios ligados al gobierno que tuviesen alguna producción agraria. Se registraron acciones en Lobos, Pringles, Junín, 9 de julio, San Pedro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

32Para

una mayor precisión sobre este conflicto ver Sartelli, Eduardo (comp.). (2008). Patrones en la Ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008, Buenos Aires, Argentina: Ediciones RyR,


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Para abril del 2007, CARBAP impulsaría otro paro. El mismo reclamaba que se debía eliminar el mínimo en la faena de la carne, permitir su exportación, así como también la cancelación de las inversiones públicas en La Pampa. El paro comenzaría el 30 de abril y se extendería hasta el 13 de mayo, y consistía en no comercializar ni movilizar productos en Buenos Aires y La Pampa. Esta protesta tuvo una movilización inferior, ya que existieron diferencias hacia el interior de la propia CRA, como es caso de CARTEZ que agrupa a ganaderos de San Luis y Córdoba, y el propia Llambías, que querían limitar el paro a 5 días. El motivo de esta división, se dio por que la protesta comenzó un día antes de que comenzara el diálogo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. CRA no participó en el diálogo, pero tampoco apoyó la medida de CARBAP. Solo algunas delegaciones de FAA del interior bonaerense apoyaron la medida, que ocasionó una caída del 57% de las cabezas de ganado en el mercado de Liniers. El pliego de reivindicaciones consistía en liberar el precio de la hacienda en pie; liberalización y relocalización del mercado de Liniers; ratificación de los precios para los 12 cortes populares; liberar la exportación de carne; eliminación de los pesos mínimos de faena; estímulos impositivos para la promoción de la producción de terneros.33 Durante la protesta, surgió el rumor que ante la firma de un preacuerdo de precios con el sector de ganados y carnes finalizaría el paro. Sin embargo, la entidad se encargó de decir que no aceptaba ningún establecimiento de precios en ningún preacuerdo, y que llegado el caso, el mismo sería sometido a discusión en las asambleas de productores. Cuando el preacuerdo fue firmado, CARBAP sostuvo que ni ellos ni CRA lo avalaban ya que solo se trata de una expresión de buenos deseos, y que solo actualiza los precios sugeridos. Por su parte, la Federación Agraria Argentina también fue una de las entidades agrarias que más se movilizó de cara al conflicto del 2008. En marzo del 2005, en Córdoba 300 productores, movilizados en 70 tractores y unas 100 camionetas realizaron un corte de cuatro horas en la ruta provincial 36 y la ruta nacional 6. La protesta se originó por la baja en la rentabilidad del sector agropecuario. Unos días después, FAA participó en la asamblea de CARBAP en Coronel Pringles, donde proponía un parom en caso de que el gobierno no diera marcha atrás con las retenciones, ya que sus bases le comenzaban a reclamar que la aplicación de diferentes medidas. De aquella asamblea, también participó la SRA local.34 En mayo del 2006, ante el conflicto por la carne, tanto CONINAGRO, como FAA, y SRA no estuvieron de acuerdo con un paro, medida que, como vimos, 33Tercer

día de protesta (Segunda día hábil de protesta). (02/05/2007). CARBAP. Recuperado de http://www.carbap.org/Sitio/Prensa/Comunicados.asp?IdDoc=3092 34Productores proponen un plan de lucha. (10/03/2005). La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/686205-productores-proponen-un-plan-de-lucha


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caía mejor en CRA, sobre todo en CARBAP y CARTEZ. Durante este momento, era amplio el descontento que estaba comenzando a surgir en Córdoba, Santa Fe y zona norte de Buenos Aires hacia el interior de FAA, debido la relación cercana que la entidad mantenía con el gobierno. Esta relación comenzaría pendular ya que sostendría que no había razones para prohibir la exportación de carne, pero también criticaba CRA y SRA por retirar sus firmas del acuerdo de precios.35 Sin embargo cuando CRA anunció el paro de julio del 2006, la dirección de FAA consideró que se trataba de una medida muy extrema, aunque como vimos un parte de las bases sociales se movilizaron junto con CARBAP. 36 Tal fue el caso de la filial cordobesa que se expresó a favor de “endurecer la postura” contra el gobierno de Kirchner ya que el diálogo no había generado respuestas. En ese marco, las delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos realizarían movilizaciones desde agosto de ese año en la puerta de las sucursales del Banco Nación pidiendo la implementación de una política agropecuaria. Para octubre del 2006, FAA realizó un tractorazo con asambleas y cortes de ruta reclamando, solución al endeudamiento de los productores agropecuarios con el Banco Nación, apoyo financiero para la siembra de algodón, normalización del suministro de gasoil, una ayuda de 100 millones de pesos por la sequía, la instrumentación del Plan Ganadero propuesto por la FAA, la apertura de las exportaciones de carne vacuna y el aporte de dinero fresco para poner en funcionamiento el Plan Estratégico de Desarrollo Rural.37 La protesta se extendió por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esta línea un poco más confrontativa, coincidió con CRA en una movilización contra el aumento del 4% de las retenciones a la soja, que incluyó un corte de la ruta Rosario-Buenos Aires.38 CONCLUSIONES

Para el caso venezolano, podemos encontrar que una parte del empresariado, aquél que aparece nucleado en FEDEINDUSTRIA, principalmente identificada con capitales pequeños capitales ligados al Estado, tuvo un acercamiento con el gobierno a partir del 2002, que le permitió acceder a fuentes de financiamiento estatal, así como también su llegada a cargos del gobierno con el ascen35Marcha

de productores en la capital pampeana. (23/05/2006). La Nación. Recuperado en http://www.lanacion.com.ar/808262-marcha-de-productores-en-la-capital-pampeana 36Intentan frenar el paro agropecuario. (13/07/2006). La Nación. Recuperado en http://www.lanacion.com.ar/823241-intentan-frenar-el-paro-agropecuario 37Se moviliza hoy la Federación Agraria. (11/10/2006). La Nación. Recuperado en http://www.lanacion.com.ar/848426-se-movilizara-hoy-la-federacion-agraria 38Protesta el campo y habla de paro. (23/01/2007). La Nación. Recuperado http://www.lanacion.com.ar/877575-protesta-el-campo-y-habla-de-paro


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so de Maduro. Por su parte, FEDECAMARAS pasó de una estrategia abiertamente radical y golpista, a una estrategia de confrontación y presión para adelantar las elecciones, mediante el paro petrolero, a apoyar una alianza política republicana y convocar a un referéndum aceptando su resultado a pesar de que la Coordinadora Democrática, principal alianza opositora de entonces, lo desconoció. En ese sentido, encontramos que FEDECAMARAS realizó un pasaje de la acción directa golpista, a la acción institucional democrática, incluso realizando instancias de diálogo con el gobierno, más allá de continuar ejerciendo el rol opositor como en el caso del referéndum presidencial del 2004 y el referéndum constitucional del 2007. En el caso de las corporaciones agrarias de Argentina, encontramos que el conflicto del 2008 representa el punto de llegada de un proceso que venía gestándose en los años anteriores. Hasta el 2006 solo se había producido un solo paro, mientras que entre el 2006 y el 2007, se produjeron 3 paros en los que participaron una buena cantidad de entidades agrarias. CARBAP fue el elemento más activo de este sector, junto a CARTEZ y CRA, siendo una de las entidades que más tempranamente comenzó a cuestionar al gobierno al mismo tiempo que impulsaban convocar a acciones directas. FAA por su parte, se mostró menos dispuesta a participar en las movilizaciones, aunque podemos observar como una parte de sus bases comienza a movilizarse de manera independiente. Así, puede sostenerse que FAA, que había realizado varias movilizaciones durante la década del 90, tiene un acercamiento con el gobierno kirchnerista, como quedó manifestado en el 91° Congreso de la FAA en septiembre del 2003, cuando la entidad coincidió con el discurso del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Agricultura, Miguel Campos, respecto a recuperar el mercado interno y la producción nacional (Pérez Trento, 2014). Por su parte, la SRA, apoyó las medidas y en algunos casos se incorporaba sobre el final de la medida, lo que demuestra su escaza intención a llevar a cabo medidas de acción directa, mientras que CONINAGRO se mantuvo cercana al gobierno y su política durante la mayor parte del período. En tal sentido, se puede concluir que hubo cierto convencimiento por parte de las corporaciones agrarias respecto a la política llevada adelante por el gobierno, que comienza a entrar en crisis entre el 2006 y el 2007 con el aumento de las protestas y reclamos del sector. En términos comparativos, podemos observar cómo, en ciertos momentos, tanto la fracción más concentrada del capital venezolano así como también la fracción agraria de argentina, optaron por la acción directa para imponer sus intereses. La fracción agraria elevó sus niveles de conflictividad alcanzando su pico en el año 2008 en torno al conflicto de las retenciones, mediante una protesta con gran adhesión y que puso en jaque al gobierno. En el caso de Venezuela, FEDECAMARAS fue más allá y derrocó al gobierno, aunque luego sería derrotada y adoptaría una estrategia democrática apelando al personal civil y a


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instrumentos propios de la democracia, como es el caso del referéndum. Por su parte, el capital más pequeño nucleado en FEDEINDUSTRIA adoptó por un acercamiento mayor con el gobierno que se tradujo en un alineamiento político. REFERENCIAS

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LAS GENERACIONES POLÍTICAS, EL SOCIALISMO A LA “VENEZOLANA” Y EL CAPITAL SOCIAL Herbert Koeneke R1 y Daniel Varnagy2 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (USB) Fecha de recepción: 17-11-2016

Fecha de aceptación: 10-11-2017

Resumen: Las generaciones políticas venezolanas del Siglo XX tendieron a identificarse mayoritariamente, durante las primeras fases de su activismo, con el llamado “socialismo científico” o marxismo; tendencia que sería luego reemplazada por otras orientaciones doctrinarias o ideológicas. Desde finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, una vez ocurrido el colapso del “socialismo real” iniciado en Europa en 1989, las generaciones emergentes han inclinado en forma mayoritaria por el modelo de economía mixta o “tercera vía”, acompañado de la meritocracia como el sistema ideal de gobierno, a pesar de que otras unidades generacionales lo han hecho por el “socialismo del Siglo XXI”. En este trabajo se hace un recuento de la evolución de las más destacadas generaciones políticas tanto en sus acciones movilizadoras, como en sus visiones políticas, sociales y económicas. Palabras clave: Generación política, Unidad generacional, Capital social, Socialismo, Capitalismo. POLITICAL GENERATIONS, “VENZUELAN” SOCIALISM AND SOCIAL CAPITAL Abstract: The Venezuelan political generations of twentieth century tended to identify themselves, during the first phases of their activism with the called “scientific socialism” or Marxism; a tendency that would later be replaced by others doctrinal or ideological orientations. Since the end of the 20th century and the beginning of 21st century, once the collapse happened of “real socialism” started in Europe in 1989, the emerging generations they have more inclined in favor of mixed economy or "third way" model, accompanied by the meritocracy as the ideal system of government, despite the fact that other generational units have done so for the "socialism of the 21st Century". In this paper, an account of the evolution is made of the most outstanding political generations, both in their mobilizing actions and in their political, social and economic visions. Keywords: Political generation, Generational unit, Social capital, Socialism, Capitalism.

INTRODUCCIÓN

Una de las acepciones del término “generación” contenidas en el Diccionario Esencial de la Lengua Española es la siguiente: “Conjunto de personas que, por

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Doctor en Ciencia Política, Dirección para correspondencia: hkoeneke@usb.ve.

Doctor en Ciencia Política, Profesor Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, USB. Dirección para correspondencia: dvarnagy@usb.ve.


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haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, reaccionan ante algún estímulo común de manera comparable” (RAE, 2006, p. 720). Esta definición, que combina la dimensión biológica (nacimiento) con la dimensión sociológica (cronología), se aproxima a la propuesta por Karl Mannheim en 1923. Específicamente, para él, la generación no es un grupo concreto en el sentido de una comunidad, sino un fenómeno social en el cual grupos etarios contemporáneos, por haber estado expuestos de manera simultánea a procesos de cambio históricosociales, asumen posturas semejantes ante un destino común. Dentro de esa pléyade, no obstante, pueden existir diferencias tanto en sus acciones como en sus ideas o representaciones sociales, lo que implica la presencia de subconjuntos de actores, denominados “unidades generacionales diferentes” (Mannheim, 1998, pp. 186-187); unidades dentro de las cuales se hallan presentes, aspectos como lazos de adhesión e identidad, confianza interpersonal y relaciones de reciprocidad, características del capital social. Al agregar el adjetivo “política” al sustantivo “generación” se está haciendo referencia a la visión y a la acción de actores contemporáneos en el ámbito de las relaciones de poder, con la finalidad de arribar o construir un destino común con respecto a dichas relaciones; pero no se hace referencia a su eficiencia, o a la capacidad propia de tal generación de logro político o económico concreto. Para reconocidos historiadores venezolanos, la evolución política del país puede ser interpretada como la sucesión de generaciones en la búsqueda y el ejercicio del poder, luego de que hiciera su aparición la llamada “Generación de la Independencia”, cuyos integrantes habían nacido entre 1760 y 1790. A partir de entonces se habrían iniciado ciclos recurrentes de reemplazo en el liderazgo político nacional, protagonizados por los nacidos en lapsos sucesivos de entre 30 y 40 años (Giacopini, 1993; Polanco, 2001). Desde la perspectiva politológica, se considera que una generación política surge como producto de algún cambio sustancial en la sociedad, que tiene repercusiones o incidencia en el ámbito de las relaciones de poder, lo que afecta o marca en forma distintiva a individuos jóvenes, cuyas inclinaciones se deslindan de las de sus predecesores. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la crisis económica de finales de los años veinte y principio de los treinta del siglo anterior, provocó un desalineamiento partidista que afectó negativamente al partido oficialista y entonces mayoritario, el Republicano, y favoreció al Demócrata, cuyo candidato presidencial, Franklin D. Roosevelt, derrotó al aspirante a la reelección, Herbert Hoover, en 1932. La llamada “Generación de la Gran Depresión”, atraída por la propuesta de un “nuevo trato” (new deal), jugó un papel central en ese fenómeno, que además se traduciría en la reelección de Roosevelt en 1936, 1940 y 1944 y en un realineamiento en el sistema de partidos (Cf. Rogler, 2002).


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LAS GENERACIONES POLÍTICAS EN VENEZUELA

La generación de 1928 Una de las generaciones políticas venezolanas más influenciadas por las doctrinas socialistas y el marxismo fue la de 1928, aunque dicho impacto no se produjo desde el momento mismo de su aparición en el escenario político en febrero de ese año. Al respecto, varios de sus líderes admitieron esa extemporaneidad al señalar que inicialmente el propósito de la movilización de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) había sido el de protestar contra el despotismo y clamar por la sustitución del gobierno de Juan Vicente Gómez, sin haber asumido una orientación ideológica definida. Algunos adoptarían posteriormente esas orientaciones doctrinarias de izquierda, como producto de los eventos que siguieron a la celebración de la semana del estudiante (6-12 de febrero de 1928). Con anterioridad, sectores estudiantiles habían puesto en marcha iniciativas de protesta contra el gobierno de Cipriano Castro ante el cierre de la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo en 1904. En 1906, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela constituyeron el Liceo de Ciencias Políticas con el objetivo de defender los intereses de los estudiantes de Derecho de esa casa de estudios. Y aunque hubo represión oficialista, los estudiantes mantendrían su postura crítica hasta finales de 1908, cuando Juan Vicente Gómez desplazó a Castro del poder (Ortega, 2009, pp. 11-15). En marzo de 1909 fue inaugurada la Asociación General de Estudiantes de Venezuela (AGEV), que subsistiría hasta 1918. La finalidad de la institución, cuyos directivos eran electos directamente por sus miembros, fue la de promover la cooperación, la interacción pacífica entre ellos mismos y con las autoridades, así como el desarrollo académico de sus integrantes. Desde una perspectiva doctrinaria, la misma estuvo guiada por el positivismo y el unionismo latinoamericano, además del modernismo literario (Ídem, p. 20, pp. 32-33). Un ejemplo concreto de la citada inclinación estudiantil a cooperar o ayudar desinteresadamente a la comunidad fue su decisión de auxiliar a numerosas personas afectadas por la “gripe española” en 1918, cuando esa pandemia se expandió en el país y provocó más de 20.000 fallecidos (Ídem, pp. 111-115). Tal acción humanitaria puede ser interpretada como un indicador del capital social que los inspiraba en ese momento. Desde la perspectiva doctrinaria, entre los que asumirían abiertamente su adhesión al marxismo, luego del triunfo de la revolución bolchevique, se hallaban los hermanos Gustavo y Eduardo Machado y Salvador de la Plaza, quienes en 1919, luego de un intento por derrocar a Juan Vicente Gómez, se exilian en París, La Habana y México. Fue en ese último destino, donde el mayor de los Ma-


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chado, Gustavo, residió entre 1926 y 1929, decidió fundar en 1927, junto con Carlos León, Salvador de la Plaza y Miguel Zúñiga Cisneros, el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) de explícita orientación marxista y considerado el núcleo inicial de lo que sería el Partido Comunista de Venezuela (PCV) 3 (Morán, Velásquez y Meleán, 2005). Con respecto a los líderes de la FEV que asumieron el protagonismo a partir de febrero de 1928, dos de ellos, Rómulo Betancourt y Miguel Otero Silva (2007), rechazaron el “comunismo” que les endilgó el ministro Pedro Manuel Arcaya y aseveraron en su ensayo En las huellas de la pezuña, publicado en 1929, que la propaganda comunista no había penetrado ni en la universidad ni en las masas. Años después, sin embargo, Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, política y petróleo expresó lo siguiente: Nos llegaban, por los intersticios de la especie de muralla china tendida en torno al país, ráfagas de los vientos de fronda que sacudían al mundo, reflejos del conmocional [SIC] episodio histórico que fue la Revolución Rusa de 1917 y de los cambios sociales que hubo en el occidente europeo al concluir la Primera Guerra Mundial. (Betancourt, 2001, p. 63).

Betancourt, además de haber admitido la llegada a Venezuela de mensajes simples y esporádicos sobre la revolución bolchevique, fundó en Colombia en 1931, la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) y redactó el Plan de Barranquilla, como un instrumento de análisis de la situación venezolana basado en el materialismo dialéctico. Fue también militante activo del Partido Comunista de Costa Rica entre 1932 y 1935 (Velásquez, 1997, pp. 428-431). A la muerte de Gómez, Betancourt retorna a Venezuela y se incorpora al Movimiento de Organización Venezolana (ORVE) presidido por Alberto Adriani y con Mariano Picón Salas como secretario general, mientras él asumía la secretaría de organización. Esa decisión, como lo ha señalado Manuel Caballero, implicó que Betancourt se alejaba del “revolucionarismo [SIC] marxista” para encaminarse hacia el reformismo socialdemócrata (Caballero, 1997, p. 18). Dicha orientación, como se sabe, constituiría la base doctrinaria del partido Acción Democrática (AD), fundado en 1941 y al cual se adhirieron otras figuras que habían participado activamente en los eventos propulsores de la Generación del 28, como Raúl Leoni, Andrés Eloy Blanco y Ricardo Montilla, al igual que otros no involucrados en forma directa en tales eventos, pero que desempeñarían un destacado papel político en la Venezuela democrática: Rómulo Gallegos, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa. 3

Rómulo Betancourt se adhirió por muy breve tiempo al PRV. Renunciaría por considerar que sus integrantes eran un pot-pourri o “arroz con mango” ideológico, incluyendo la inclinación comunista y estalinista de los hermanos Machado y de Salvador de la Plaza (Betancourt, 1982, p.18).


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A manera de síntesis cabe señalar, como lo indican María de Lourdes Acedo y Carmen Margarita Nones, que luego de los primeros sucesos políticos de 1928, en los que hubo coincidencia en la protesta contra la dictadura gomecista, se produjo un deslinde entre sus protagonistas, que quedó evidenciado en la conformación de unidades generacionales con orientaciones divergentes (conservadores, comunistas, indiferentes políticos, exiliados con inclinaciones encontradas) (Acedo y Nones, 1994, pp. 128-132). El alejamiento definitivo del “socialismo científico”, como se indicó, se concretaría claramente en la conformación de organizaciones socialdemócratas como AD y como la liberaldemocrática Unión Republicana Democrática (URD), fundada por Isaac J. Pardo y Elías Toro en 1946, en la que Jóvito Villalba, considerado el mejor orador de la Generación del 28, llegaría a ser su dirigente más destacado (Ramírez, 2007, pp. 56-58). La generación de 1958 Treinta años después de las protestas estudiantiles contra el régimen autocrático de Juan Vicente Gómez se producirían diversas movilizaciones políticas, con la participación de estudiantes y de profesionales jóvenes, entre otros grupos sociales, para ponerle fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En la clandestina Junta Patriótica, creada en junio de 1957, se incorporaron inicialmente dirigentes de URD y del PCV, a los que se unirían luego miembros de AD y del partido socialcristiano COPEI, para promover la transición hacia la democracia. Con esa integración multipartidista se constataba que las diferencias ideológicas quedaban temporalmente de lado para lograr ponerle fin a la dictadura. Esos dirigentes, entre los que cabe mencionar a Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, Silvestre Ortiz Bucarán y Enrique Aristeguieta Gramcko, nacidos entre 1925 y 1935, no solo asumieron el liderazgo de sus organizaciones partidistas, cuyos fundadores se hallaban en el exilio, sino que además contribuyeron decisivamente a hacer realidad la extendida aspiración democratizadora que imperaba en Venezuela en la década de los años cincuenta. La huida de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, el lapso transicional hasta diciembre de ese año y las elecciones nacionales en las que triunfaría Rómulo Betancourt con el 49,18% de la votación, abrieron las puertas para la instalación de un gobierno de coalición, que había sido acordado en octubre, en el llamado “Pacto de Puntofijo”, para garantizar la gobernabilidad en el país4. 4

Los presidentes electos en 1958 y 1963, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, habían sido actores protagónicos dentro de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) y en el surgimiento de la Generación de 1928. Rafael Caldera, electo en 1968 y de menor edad


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El PCV, por su vinculación con el internacionalismo comunista, no sería incluido en el gabinete coaligado, pero sí postuló, junto con URD, la candidatura presidencial de Wolfgang Larrazábal y logró obtener dos curules en el senado y siete en la cámara de diputados del Congreso Nacional. Tres de esos parlamentarios, como es sabido, serían corredactores de la Constitución Nacional de 1961: el senador Jesús Faría y los diputados Gustavo Machado y Guillermo García Ponce. La no incorporación del PCV al gabinete ejecutivo sería una de las excusas utilizadas por sus voceros y por militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización creada por la división de AD en abril de 1960, para asumir y justificar la lucha guerrillera, cuando en realidad el principal motivo era el de imitar y ejecutar una revolución como la cubana en Venezuela. Como estrategias propagandísticas y desestabilizadoras, ambas organizaciones se dedicaron a promover tanto el desconocimiento de la legitimidad del gobierno, como una insurrección acompañada de acciones terroristas. En varios de los alzamientos, además de los dirigentes marxistas, se involucraron oficiales activos de las fuerzas armadas: “El Guairazo” (28-02-1962), “El Carupanazo” (04-05-62) y “El Porteñazo” (02-06-62). El fracaso de esos golpes de Estado sirvió para alentar las acciones de terrorismo como instrumentos de desestabilización política y social. El asalto al tren turístico de El Encanto, que cubría la ruta Los TequesParque El Encanto, el domingo 29 de septiembre de 1963, fue uno de esos actos de gran conmoción social por el trágico saldo de cinco guardias nacionales acribillados y dos mujeres y dos niños heridos (Castillo, 1999, pp. 36-37). Rómulo Betancourt debió enfrentar con temple esas conspiraciones aupadas por el régimen de Fidel Castro, lo que lo llevó a promover un acuerdo mediante el cual se excluyera a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) por sus obvias vinculaciones con el terrorismo y la guerrilla en Venezuela. El acuerdo sería aprobado el 31 de enero de 1962. La gestión de Raúl Leoni (1964-1969) estuvo igualmente amenazada por acciones de conspiradores, terroristas y guerrilleros de las fuerzas armadas de liberación nacional (FALN), aunadas a desembarcos de guerrilleros acompañados de militares cubanos en Tucacas (24-07-1966) y en Machurucuto (08-051967). que Betancourt y Leoni, no formó parte de dicha generación, aunque sí se integró a la FEV a la muerte de Gómez. Posteriormente, Caldera sería actor central en la ruptura de dicha Federación, en mayo de 1936, por razones fundamentalmente ideológicas: la orientación marxista de sus principales líderes, el anticlericalismo y la promoción del Estado docente (Cf. Carnevali, 1992; Luque, 1986; Rivera, 1969; Rodríguez Iturbe, 1972; Suárez, 1973).


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La elección de Rafael Caldera en los comicios del 1 de diciembre de 1968 significó no solo una alternancia partidista en la presidencia de la república, sino que dio pie además a la concreción de un proceso de pacificación guerrillera y de estabilización democrática.5 Entre los principales líderes que se acogieron a la pacificación y abandonaron la visión y el accionar del marxismo-leninismo, que conduciría a la concreción de una unidad generacional 6, figuraron Pompeyo Márquez (PCV), Américo Martín (MIR), Freddy Muñoz (PCV), Teodoro Petkoff (PCV), Víctor Hugo D´Paola (PCV), Gumersindo Rodríguez (MIR), Héctor Rodríguez Bauza (PCV) 7. La generación de 1988 Aunque las generaciones de 1928 y 1958 son las que mayor atención e interés han suscitado desde las perspectivas de la sociología y de la ciencia política, la de 1988 ha estado sujeta asimismo al escrutinio comunicacional y académico en virtud de las repercusiones que para la Venezuela de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI tuvieron las actuaciones y la orientación doctrinaria de sus unidades generacionales. Al respecto es preciso recordar que para 1988, último año de la gestión gubernamental de Jaime Lusinchi, el país enfrentaba una grave crisis económica con obvias repercusiones políticas y sociales. Específicamente, mientras las reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela (BCV) habían caído de 13.750 millones de US$ en 1985 a 6.671 millones en 1988, las reservas operativas se habían reducido de 5.386 millones de US$ en 1983 a 3.518 millones en 1988. Por otra parte, el saldo comercial (exportaciones-importaciones FOB) pasó de 6.790 millones de US$ en 1985 a -1.347 millones en 1988. El nivel de inflación en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), por su parte, ascendió del

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El proceso de pacificación no erradicó totalmente la conspiración guerrillera, pues persistieron algunos entes radicales, como la Liga Socialista, que aspiraban a instaurar un gobierno revolucionario. El secuestro del directivo de la empresa Owens Illinois, William Niehous, que se prolongaría por más de tres años (1976-1979), constituyó un ejemplo de ello. 6

En la unidad generacional no marxista que luchó contra la dictadura perezjimenista figuraron, entre otros, Enrique Aristeguieta Gramcko, quien formó parte de la Junta Patriótica en representación de COPEI, y José de la Cruz Fuentes, integrante del Frente Universitario constituido en abril de 1957. 7Otras

figuras destacadas de orientación marxista se sintieron frustradas por el error y el fracaso de la lucha armada y, como lo indicó el escritor Carlos Noguera, de esa frustración “se nutrió todo el enjambre de creadores venezolanos desde Jacobo Borges en la pintura, hasta César Rengifo, en el teatro” (Roche, 2013, p. 194).


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12% en 1985 a 29,5% en 1988, en tanto que el nivel de pobreza en el país escalaba del 35% en 1984 al 40% en 1988 (Cf. Ross, 2008; Toro, 1993). Esas, entre otras cifras negativas, tenderían en principio, como se podría esperar con base en la historia electoral del país, a incentivar mayoritariamente el sufragio por un candidato de oposición, fenómeno conocido como el “voto castigo”, que pudo ser observado en los comicios de 1968, 1973, 1978 y 1983. No obstante, en 1988 se llegaría al final de esa tendencia con la victoria de Carlos Andrés Pérez, candidato del partido de gobierno (AD), con el 52,9% de la votación, frente al candidato de COPEI, Eduardo Fernández, quien debió conformarse con el 40,4 por ciento. Esa amplia ventaja (12,5%) de Pérez sobre Fernández ha sido atribuida a las aspiraciones populares de elegir a quien en su primera gestión presidencial (1974-1979), gracias al drástico incremento del precio del petróleo, había puesto en marcha un plan de desarrollo y unos programas sociales que condujeron al llamado período de la “Gran Venezuela” o la “Venezuela Saudita”. Tales expectativas o aspiraciones mesiánicas estaban, sin embargo, condenadas al fracaso por varias razones. En primer lugar, por las limitaciones económicas que le tocaría enfrentar a partir del momento de iniciar su gestión de gobierno; y en segundo lugar, por la decisión de adoptar un programa de ajuste económico, en cuya elaboración estuvieron involucrados jóvenes tecnócratas que luego lo acompañarían como miembros del gabinete presidencial. Estos profesionales, que constituirían la principal unidad generacional de 1988, habían en su mayoría realizado estudios de postgrado en prestigiosas universidades estadounidenses, especialmente en las áreas de economía, administración y políticas públicas. A ellos se refirió Pérez en una entrevista realizada en 1986 como la “Generación Ayacucho”, necesaria “para modernizar a Venezuela” (Rivero, 2010, p. 39). Posteriormente, en su discurso inaugural del 2 de febrero de 1989, expresó lo siguiente: “Cuando inicié aquel período presidencial en 1974 no habían nacido varios millones de venezolanos y hoy una nueva generación ha tomado desde entonces posiciones clave en nuestro sistema económico o político” (Silva, 2007, p. 235). Entre los integrantes del equipo de gobierno vinculados con la mencionada unidad generacional se puede mencionar a Miguel Rodríguez, Moisés Naím, Fanny Bello, Fernando Martínez Móttola, Roberto Smith, Beatrice Rangel, Carlos Blanco, Eduardo Quintero, Gabriela Febres Cordero y Gustavo Roosen, entre otros. Aunque el “Gran Viraje”, como se denominó su programa de gobierno, arrojaría resultados positivos en el mediano plazo, durante el primer mes de su gestión incentivó el estallido social conocido como el “Caracazo”, generado por la frustración de expectativas sociales y que tendría repercusiones muy negativas para su administración. Evento trágico que, por lo demás, sería utilizado por la


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conspirativa logia militar MBR-200 para justificar su fracasado golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. La otra unidad generacional de 1988 que produjo cambios políticos significativos en Venezuela estuvo vinculada con la selección del candidato presidencial de COPEI para los comicios presidenciales de ese año. En dicho proceso participaron como precandidatos el fundador del partido, Rafael Caldera, además de Pedro Pablo Aguilar y Eduardo Fernández, líder este último de la Juventud Revolucionaria Copeyana e integrante destacado de dicha generación. Fernández resultaría elegido en el III Congreso Presidencial Socialcristiano, celebrado en Caracas entre el 10 y el 20 de noviembre de 1987. En relación con esa victoria del sector llamado “eduardismo”, una de sus seguidoras, la profesora Maruja Tarre de Lara, manifestó en un artículo de opinión lo siguiente: “La generación que llega al poder es el grupo de venezolanos que ha tenido la más extraordinaria y completa oportunidad de formarse técnica e intelectualmente” (Tarre, 1987). Ese triunfo, aunado a la derrota experimentada por el líder fundador, Rafael Caldera, conduciría a que éste declarara públicamente que pasaría a la reserva, lo que implicaba que no participaría en la campaña presidencial de Eduardo Fernández en diciembre del año siguiente (Carnevali, 2014, p. 67). Ante esta postura, sumada a la derrota de Fernández por Carlos Andrés Pérez y a la decisión que Caldera adoptaría de no medirse en las elecciones primarias de COPEI para la escogencia del candidato presidencial para los comicios de 1993, la generación de relevo socialcristiana perdía el apoyo del líder fundador y el partido caería en franco declive después de haber sido una de las más importantes organizaciones partidistas venezolanas del siglo XX8. Con respecto a la elevada formación académica y de las orientaciones tecnocráticas de los jóvenes profesionales que ejercerían un rol protagónico en el diseño y ejecución del “Gran Viraje” conviene destacar que, independientemente de esas credenciales, para finales del quinquenio del presidente Pérez, la llamada “antipolítica” se había extendido como nunca antes en el país. Así, en octubre de 1993, habiendo sido éste removido ya de su cargo, el 90,2% de una muestra representativa de la población nacional expresó su acuerdo con la frase “Los partidos políticos sólo se ocupan de ganar elecciones y nada más”, en tanto que el 89,7% de los entrevistados coincidía con la afirmación de que “Los gobiernos de los últimos años malgastaron el dinero” (Villarroel, 2001, pp. 339-341).

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Rafael Caldera fue el candidato presidencial de COPEI en los comicios de 1947, 1958, 1963, 1968 (cuando resultó electo) y 1983. En los de 1993, el postulado por esa organización fue Oswaldo Álvarez Paz, integrante de la generación de 1988, en tanto que Caldera resultaría el vencedor como candidato de su nuevo partido, Convergencia.


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La generación del 2007 La denominada “generación de 2007”, activada por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007, debe ser vista en realidad como la aparición de al menos dos unidades generacionales frente a una difícil situación económica, política y social que vivía el país, la cual se consideraba amenazada de un empeoramiento en virtud de ciertas acciones del gobierno, tal como lo percibía un importante sector estudiantil. Como lo revela un detallado análisis de la profesora Sol Castro, ya el día 24 de mayo se habían producido algunas protestas, al emitir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una sentencia condenatoria de RCTV, que declaraba improcedente la solicitud de amparo cautelar. Protestas que se intensificarían el 28 en Caracas y en el resto del país, a pesar de que el presidente Hugo Chávez, en cadena de radio y televisión, realizaba anuncios con fines de distracción del conglomerado estudiantil: la asignación presupuestaria al sector universitario, la eliminación de la prueba de aptitud académica para ser admitidos en las instituciones de educación superior y la creación de nuevas universidades. Adicionalmente a esos inocuos mensajes, el presidente hizo un anuncio que sí promovió un profundo rechazo: la modificación de la Ley de Universidades “para que el socialismo llegue a ellas…y que la autonomía no podía ser un pretexto para no caminar con el país” (Castro, 2007, pp. 1-2). Esta amenaza, aunada al cierre de RCTV y a la eventual reforma de la Constitución, activaron una unidad generacional volcada a frenar el creciente deterioro de la democracia venezolana. Entre los dirigentes estudiantiles que lideraron la protesta figuraron Stalin González (UCV), Freddy Guevara (UCAB), Yon Goicoechea (UCAB), Alfredo Contreras (ULA), Alexis Rodríguez (USB), Douglas Barrios (UNIMET), Manuela Bolívar (UCAB), José Manuel Olivares (UCV), Rodrigo Diamanti (UCAB). Otros fueron Geraldine Álvarez, Boris Elneser, Juan Andrés Mejía, Juan Requesens, Juan Guaido, Miguel Pizarro y David Smolansky. Varios de ellos son actualmente destacados líderes de partidos de oposición y han ocupado cargos de elección popular (Cf. Tovar, 2007; Lovera, 2012). Frente a esta unidad generacional defensora de la libertad y de la democracia, surgió otra de orientación izquierdista y con estrechos vínculos con el aparato gubernamental9. Vínculos, por cierto, no solamente doctrinarios, sino también de carácter burocrático; materializados, específicamente, en el ejercicio de cargos públicos, sin que, en algunos casos, hubiesen culminado sus estudios universitarios (Fontiveros, Martínez y Sandoval, 2009, pp. 132-133). Esto último podría haberle restado credibilidad a ese grupo, al contrastarlo con la credibili9

Entre otros, se hallaban: Héctor Rodríguez Castro, Robert Serra, Andreina Tarazón, Manuel Dun, Eder Dugarte, Yahir Muñoz, César Trómpiz, Janlisbeth Velasco y Osly Hernández.


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dad adquirida por los integrantes de generaciones anteriores (1928, 1958, 1988), especialmente si se toma en cuenta, como lo señala Jorge Rivadeneyra, que “después de la caída del comunismo, los remanentes de una sedicente izquierda han reinventado el populismo pero ahora con el apodo de socialismo del siglo XXI” (Rivadeneyra, 2007, p. 7). LAS GENERACIONES POLÍTICAS Y EL IMPACTO DEL CAPITAL SOCIAL

El uso del término “Capital Social” se remonta a 1916 (Hanifan), pero ha tenido un sensible impacto en la sociología política durante los últimos años. Dicho concepto hace referencia a las redes de relaciones interpersonales de radios, bien sea cortos o extendidos, que se desarrollan dentro de una sociedad, y que la pueden llevar tanto a mejores como a peores estadios sociales generales, con una influencia decisiva en la construcción de su cultura política (Fukuyama, 1996; Varnagy, 2007, 2008). Los elementos fundamentales que describen el Capital Social son: la confianza interpersonal y en las instituciones, la satisfacción general con las condiciones de vida, la reciprocidad y el apoyo a la democracia (Inglehart, 1988, pp. 215). Este autor señala que “la satisfacción personal, la satisfacción política, la confianza interpersonal y el apoyo hacia el existente orden social tienden, todos, a ir juntos. Ellos constituyen un síndrome de actitudes positivas hacia el mundo en el cual se vive”. Asimismo, tanto Putnam (1995), como Fukuyama (2000) y Coleman (1988) consideran al Capital Social como un elemento clave en la transformación de las sociedades. En un estudio sobre el tema, realizado hace una década, se revelaron los componentes positivos y negativos del capital social del venezolano (Koeneke y Varnagy, 2007). Desde esa perspectiva, se puede observar que las generaciones políticas venezolanas, tal como han sido presentadas, constituyen hitos específicos en esa construcción de capital social a través de procesos que, si bien son inicialmente disruptivos, luego generaron un retorno puntual a la confianza en las instituciones. Las generaciones del 28 y del 58 fueron generaciones de posturas ideológicas no radicales ya en su etapa de madurez, y que lograron transformaciones sociopolíticas relevantes mediante el impulso al cambio del sistema por la vía “restitutiva” de la política tradicional y de la refundación de la democracia y de la confianza (siempre baja) en sus instituciones 10. No obstante, y teniendo en cuenta la gran proporción de capital social negativo que encontraron esos autores en los estudios de opinión pública que se han llevado a cabo desde 1973, se logra explicar la tendencia creciente a la antipolítica que se observó desde la década de los años 80 del siglo pasado; y más

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Para los valores entre 1973 y 2000, ver Varnagy (2003).


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recientemente, su acentuación luego de la reelección de Hugo Chávez en 2006 y 2012 y la elección de Nicolás Maduro en 2013 (Cf. Koeneke y Varnagy, 2012). La unidad generacional antichavista del 2007, sin embargo, no ha logrado consolidar sus aspiraciones de corrección de los elementos antidemocráticos del presente sistema político, a pesar de exhibir un sólido capital social positivo dentro de su constitución, la cual calificamos de sólida y cohesionada; y de una estrategia de manifestación o movilización que logró conquistar a parte de las masas, pero no así a las élites gobernantes. Empero, cabe señalar que en la derrota del oficialismo en el referéndum por la reforma constitucional propuesto por el presidente Chávez y celebrado el 2 de diciembre de 2007, el activismo de los miembros de esa unidad generacional en contra del intento por formalizar un Estado socialista tuvo un impacto innegable, a pesar de la aplastante victoria reeleccionista que había obtenido el presidente el año anterior (Cf. Cavet y De Bastos, 2008). Los cambios profundos y a largo plazo, por su parte, enfrentan obstáculos sustentados, en términos de Fukuyama (1996), en la confianza de “radios cortos” y en una cultura política particularmente peticionista, dentro de un Estado de inclinación populista, familista y amoral, que ha venido imponiéndose frente a una alternativa de instituciones democráticas independientes y de actuación ideologicopolítica no sesgada hacia el gobierno de turno. En otras palabras, mientras la confianza de radios largos y la reciprocidad extensa generarían círculos virtuosos en el ámbito político, en la Venezuela de los últimos años, esas carencias han promovido círculos viciosos de clientelismo y de corrupción (Cf. Jennings y Stoker, 2002). Estas “generaciones” políticas han buscado restituir los círculos de confianza largos, y el encauzamiento del estado de derecho (y la restauración de las democracias interrumpidas, en los distintos momentos del tiempo) a través de su accionar político, no siempre eficiente. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN

La mirada retrospectiva a las generaciones políticas del siglo XX revela una clara tendencia al abandono de orientaciones y acciones revolucionarias o de izquierda, para situarse mayoritariamente en el centro del espectro ideológico, es decir, la socialdemocracia o el socialcristianismo; fenómeno constatable no solo en Venezuela, sino en distintas partes del mundo. Por ejemplo, José Ingenieros (1877-1925), fundador del Partido Socialista argentino y figura influyente en el movimiento de la reforma universitaria de Córdoba en 1918, pasó de ser, como lo señala José Gabriel Vazeilles, un “niño terrible” del socialismo a un profesional positivista, es decir, que dejó atrás el “sarampión juvenil izquierdista” (Vazeilles, 2003, p. 26). Ese tránsito político ya había sido planteado en la famosa frase atribuida a Winston Churchill: “El que no es revolucionario a los 20 años no tiene corazón,


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pero el que a los 40 lo sigue siendo no tiene cerebro”. Investigaciones realizadas en distintos países confirman esa tendencia evolutiva hacia el conservadurismo, que ha sido atribuida, entre otros factores, a la procreación de hijos y a la consiguiente búsqueda de seguridad para ellos (Cf. Tuschman, 2013). Con el fracaso del comunismo mundial, los contestatarios estudiantes universitarios han tendido abrumadoramente a abandonar el “sarampión juvenil” de tratar de imponer una igualdad por debajo, para promover una auténtica igualdad de oportunidades, que prevalezca en medio de la libertad, la meritocracia, la confianza y la reciprocidad, es decir, del capital social. Ello quedaría evidenciado, como se señaló, en la unidad generacional mayoritaria de 2007 en Venezuela. La fuerza cohesionadora y aglutinadora del capital social positivo de las generaciones políticas venezolanas, y en especial la que aquí hemos denominado la “Generación del 2007”, encierra en sí las expectativas de disrupción del sistema actual y un eventual retorno al sistema político tradicional republicano, con poderes independientes, con partidos políticos y con instituciones públicas al servicio de la nación y no de la ambición del poder per se, que ha caracterizado a los decadentes regímenes neopopulistas inspirados en el “socialismo del siglo XXI”. Los tiempos difíciles que corren tienen el potencial, una vez más, de forzar al péndulo libertario desde los “radios cortos” de la baja confianza en el gobierno, en los actores políticos (en general) y en las instituciones, hacia la regeneración de la confianza en aquéllos, y en la capacidad de cambio político que ha caracterizado a Venezuela en buena parte de su historia republicana 11. REFERENCIAS

Acedo, M.de L. y Nones, C.M. (1994). La generación venezolana de 1928. 2ª edición. Caracas: Fundación Carlos Eduardo Frías. Betancourt, R. y Otero Silva, M. (2007). En las huellas de la pezuña. Caracas: Los libros de El Nacional.

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Desde 2014, el Índice de Miseria (tasa de inflación+ tasa de desempleo) ha superado la barrera del 100% en el país: 214,9% en 2015 y 573,4% en 2016 (Hanke, 2016). Ante esta situación, distintos estudios de opinión pública han evidenciado reiteradamente la creciente evaluación negativa del modelo económico y político del país, así como la gestión de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en el 4° trimestre de 2016, la encuesta de Keller y Asociados encontró que mientras el 22% de una muestra nacional expresaba estar de acuerdo con la frase “Sólo en socialismo se resuelven los problemas del pueblo”, el 75% manifestaba su desacuerdo. Con respecto a la gestión presidencial, Datanálisis encontró que en febrero de 2016 el 63,4% de los encuestados la evaluaban negativamente (muy mala, mala, regular hacia mala), cifra que ascendería al 79,2% en diciembre del mismo año.


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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 51-71

CONSIDERACIONES SOBRE LAS MISIONES BOLIVARIANAS Luis Fuenmayor Toro1 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Fecha de recepción: 23/11/2017

Fecha de aceptación: 27/11/2017

Resumen: Se analizó las misiones bolivarianas desde sus inicios, según las informaciones oficiales existentes y diversos estudios de especialistas, así como de opiniones y afirmaciones de dirigentes políticos y de seguidores críticos del sector oficial. La creación de las misiones obedeció a la necesidad del entonces presidente Chávez de no ser destituido en el referéndum revocatorio de 2004. Su objetivo era volver a sintonizar a la mayoría de los votantes con Hugo Chávez, mediante programas sociales de atención a los más necesitados soportados por el ingreso petrolero y los subsidios indirectos. En sus inicios, esta política social resultó exitosa, pues atendió a un 50 por ciento de la población venezolana y mejoró su situación de pobreza, de ignorancia y de salud. Más adelante, al tratarse de una política remedial, que no se ocupa de los causas de la miseria y el atraso de la gente, y como resultado de los errores en su conducción, la improvisación en su administración, el clientelismo partidista y la corrupción, se inició un proceso de decadencia indetenible hasta ahora, que se profundizó con la crisis económica del país y la posterior caída de los precios del petróleo. Palabras clave: Pobreza, subsidios, misiones, programas sociales.

CONSIDERATIONS ABOUT BOLIVARIAN MISSIONS Abstract: This paper studied the Bolivarian Missions since their beginnings, according to the existent official information and specialized studies and the opinions of political leaders and followers of Bolivarian government who criticize some of its programs. Missions born due to the necessity of former president Chávez not to be revoked in the referendum of 2004. Its purpose was to carry out social assistant programs to solve needs of the very poor people, in order to guarantee their vote for the President. Missions would be sustained by the Venezuelan oil income and indirect subsidies. At the beginning, missions were successful, they helped 50 percent of the Venezuelan population and improved their conditions of poverty, ignorance and health; but later on, as they only were remedial programs, which did not resolve the basis of the poorness, and they were conducted improperly, missions started a decline that has not stopped until nowadays. This deterioration was increased by the country economic disaster and the posterior decay of the international oil prices. Keywords: Poverty, subsidies, missions, social programs.

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Médico Cirujano, Universidad Central de Venezuela Ph.D., Universidad de Cambridge, Inglaterra. Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela. Ex-Rector de la Universidad Central de Venezuela. Ex-Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Dirección para correspondencia: lft3003@yahoo.com.


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INTRODUCCIÓN

En 2003, ante la casi segura revocación de su mandato, Hugo Chávez Frías, aconsejado por Fidel Castro según algunos, crea las primeras “misiones bolivarianas” (D´Elía y Cabezas, 2008). Se trataba de acciones sociales diseñadas, supuestamente, para luchar contra la pobreza general y la pobreza extrema de la población venezolana y para enfrentar el grave retraso educativo del país, incluyendo el analfabetismo, y las muy limitadas condiciones de atención de salud de la gente pobre (MPP para la Comunicación e Información, 2007). Aunque el término posiblemente fue escogido del argot militar y tiene una connotación de transitoriedad, hasta el cumplimiento de una meta determinada en forma precisa, con el transcurrir del tiempo devinieron en programas políticosociales permanentes, que permitieron ejecutar la acción gubernamental al margen de la institucionalidad existente, considerada por el Gobierno como muy burocrática, costosa, ineficaz, con mayores controles y sobre todo no confiable desde el punto de vista “revolucionario”. Ya desde el año 1999, primero del gobierno de Hugo Chávez, comenzaron a generarse los primeros planes dirigidos a la atención de las serias insuficiencias sociales existentes, todas ellas provenientes o heredadas del pasado inmediato, mediato y remoto venezolanos. Hay que recordar que luego del llamado viernes negro, el 18 de febrero de 1983, se inició en el país un deterioro acelerado de las condiciones económicas y sociales alcanzadas hasta ese momento, que habían sido producto de la elevación continua de los precios petroleros en el mercado internacional, ocurrida desde mediados del primer gobierno de Rafael Caldera hasta mediados del gobierno de Luis Herrera Campíns, y que tuvieron su máxima expresión en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue una década de abundantes ingresos que también permitieron evidentes avances sociales, ante la utilización de una porción de la renta petrolera en programas asistenciales dirigidos a la población más vulnerable. En efecto, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo cayó para octubre de 1978, primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, a 4,3% (Huerta, s/f), la cifra más baja desde 1959 y no igualada hasta ahora. Pero ésta no fue una reducción fruto de un aumento en la actividad productiva interna del país, ya que, de hecho, la producción interna cayó a raíz del gran incremento habido de las importaciones, dada la existencia de divisas abundantes que permitieron la llamada “política de puertos”. La reducción del desempleo fue originada por decisiones políticas que obligaron a la creación de puestos de empleo precario. Recordemos las medidas que forzaban a la contratación de personal para el manejo de ascensores que no lo requerían, bedeles en todos los sanitarios de los comercios e instituciones de atención al público, aseadores de locales, calles y avenidas; porteros, mensajeros, cargadores y caleteros, ayudantes de jardinería y obreros rasos de la construcción.


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Hubo otros efectos importantes de esta política de asistencia a la población de menores ingresos. El más impactante fue la reducción de la pobreza extrema a cifras entre 2 y 3 por ciento, desde el primer semestre de 1977 hasta el primer semestre de 1983, incluso con valores tan bajos como 2,21 por ciento en el primer semestre de 1979 (Silva y Schliesser, 1998). El gobierno chavecista ha tratado de pasar por alto esta realidad, pues contradice el discurso de que antes de 1999 no existían programas sociales que impactaran la situación de los más necesitados, ni gobiernos preocupados por ellos. En todo caso, fueron resultados efímeros, como lo fueron los obtenidos por los gobiernos de Chávez, ya que una vez entrado el país en una crisis económica seria, agravada luego en ambos casos por la caída de los precios petroleros, se perdieron rápidamente y se volvieron a alcanzar los niveles de deterioro previamente existentes. Para 1998, cuando Chávez fue electo, la miseria extrema estaba por encima de 27 por ciento (Riutort, 2001) y el desempleo en 11 por ciento (Guerra, 2005). Uno de los primeros programas sociales instrumentado por Chávez fue el “Plan Bolívar 2000”, ya finalizado, y que podríamos considerar como la primera misión, llevado adelante en 1999 por militares de alto grado, con lo cual se dejó claro desde el principio la presencia importante que tendría la Fuerza Armada Nacional en las ejecutorias gubernamentales. Comenzaba lo que luego se llamó la unión cívico-militar, que ha sido fundamental en el sostenimiento en el poder del régimen supuestamente revolucionario, a pesar del desastre generado en los órdenes económico, social, político y moral, y de su más que evidente improvisación, negligencia e ignorancia. El Plan Bolívar 2000 fue también el primero en revelar el desarrollo de un elevadísimo nivel de corrupción en su más alto nivel de mando (Boon, 2016), con el caso del general Cruz Weffer y su huida al exterior. Los programas sociales en Venezuela no son creación de la “genialidad” del líder de la revolución bolivariana, como creen algunos fanáticos cuasi religiosos. Los hubo en el breve gobierno provisional del contraalmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto en 1958, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, cuando se decretó el llamado “Plan de Emergencia”, dirigido a combatir el desempleo que se disparó a partir de ese momento, mediante un programa de acciones gubernamentales (Delgado, 2010). Los hubo en los gobiernos del período adecocopeyano luego de la crisis de 1983, así como en el segundo gobierno de Rafael Caldera, después de derrotado el bipartidismo del siglo XX. Recordemos la “Beca Alimentaria” del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (Méndez, 1991), programa de subsidio directo instaurado en 1989, para reducir el impacto del programa de ajustes económico instrumentado por su gobierno, así como las transferencias alimentarias que vinieron luego a mujeres embarazadas y lactantes (Ídem).


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Estos programas sociales continuaron en el segundo gobierno de Rafael Caldera, aunque su nombre fue cambiado por el de “Subsidio Familiar” a partir de 1996. La remesa se asignaba mensualmente en forma directa a las familias con hijos que asistieran a las escuelas ubicadas en zonas populares, lo que además de compensar económicamente a los sectores pobres combatía también la deserción escolar. A la llegada del gobierno de Hugo Chávez, el programa fue eliminado a pesar de sus 10 años de existencia, sin que se conociera ninguna evaluación al respecto, de manera tal que el gobierno revolucionario amigo de los pobres se mantuvo durante 5 años, cuando nacieron las primeras misiones, sin crear ningún programa social que atendiera directamente a los sectores vulnerables (España, 2012). MISIÓN ROBINSON Y OTRAS MISIONES EDUCATIVAS

Las primeras misiones propiamente dichas del presidente Chávez estuvieron dirigidas a la eliminación del analfabetismo, a través de la Misión Robinson; a la prestación de atención médica en los barrios marginales de las ciudades, con la Misión Barrio Adentro, y a la accesibilidad de alimentos por la población más pobre, mediante la Misión Mercal, todas iniciada en 2003 (MPP para Comunicación e Información, 2007). En ellas, la presencia cubana ha sido siempre determinante, en sus inicios como fórmula de arranque rápido a bajo costo para el Gobierno Nacional, pero luego como ayuda al gobierno de la Isla a un costo mucho mayor. Esta presencia es también causante de muchas de las distorsiones ocurridas con el pasar del tiempo. El programa de alfabetización cubano, denominado “Yo sí puedo”, fue el utilizado por la Misión Robinson en sus actividades docentes que, luego de supuestamente alfabetizar a un millón 500 mil analfabetos, permitió al gobierno chavecista declarar en acto público, con bombos y platillos, a Venezuela como país libre de analfabetismo (Ministerio de Comunicación e Información, 2005; Ortega y Rodríguez, 2006), lo cual hacen ante funcionarios de la UNESCO, para crear la falsa idea de que el organismo internacional validaba la declaración gubernamental, lo cual realmente nunca ocurrió más allá del anuncio oficial. Lo primero a señalar es que no se entiende por qué se mantiene aún la misión alfabetizadora, si alcanzó su cometido hace más de una década. A partir de 2005, año de la supuesta eliminación del analfabetismo, ha debido ser el Ministerio de Educación quien garantizara la cobertura educativa de todos los niños en edad escolar, de manera de no repetir el fenómeno de niños excluidos del sistema educativo, devenidos luego en adultos analfabetas. Pareciera entonces que se da como un hecho que la escuela venezolana, en manos del gobierno, es incapaz de garantizar la escolaridad de todos los niños en edad para ello, lo que significaría un fracaso rotundo del sistema escolar y la necesidad de un sistema remedial permanente que corrija este fracaso. Es una situación por demás ab-


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surda, pues si el Gobierno puede resolver el problema con una misión, es incomprensible que no pueda asumirlo desde el ministerio respectivo. Las razones son otras, como veremos más adelante. Un segundo problema que surge son las discrepancias entre las cifras oficiales de analfabetos existentes en Venezuela, según el censo de 2001, y los supuestos alfabetizados por la Misión Robinson en un año y cuatro meses (Ortega y Rodríguez, 2006; Cunto, 2016). La cifra de analfabetos en 2001 era de 1,08 millones, cifra que es 32,7 por ciento más baja que el número de alfabetizados señalados en 2005, que fue de 1,5 millones de personas. De hecho, en ningún censo venezolano desde 1936 se ha señalado una cifra de analfabetas como la supuestamente alfabetizada por la Misión Robinson. ¿De dónde salieron estos analfabetos? La respuesta gubernamental ha sido acomodaticia y por tanto nada creíble. Pero si incluso aceptáramos la cifra de 1,5 millones de alfabetizados, el analfabetismo en el país habría caído por debajo del uno por ciento, situación que no recoge el censo de 2011 (INE, 2012), que señala un índice de analfabetismo de 4,9 por ciento, lo que significaría la existencia de más de un millón 100 mil analfabetos. Investigaciones serias han señalado que fue muy poco el número total de alfabetizados reales de la Misión Robinson, pese al discurso propagandístico gubernamental. Ortega y Rodríguez (2006), utilizando la encuesta de hogares venezolanos del Instituto Nacional de Estadística, que incluye reportes sobre la alfabetización del grupo familiar, concluyeron que en el escenario más favorable para la Misión Robinson, el número de alfabetizados fue apenas de poco más de 48 mil personas. El costo sin embargo de la inversión gubernamental fue de 50 millones de dólares, lo que significa que cada alfabetizado tuvo un costo de 1.035 dólares, cifra mucho más alta que los 151 dólares que se requieren para alfabetizar un adulto mayor de 45 años con un método distinto, que ha sido comprobado como exitoso en Brasil, Uganda y Burkina Faso (Cunto, 2016). La Misión Robinson, paradigmática de las misiones bolivarianas, lleva en su seno desde el mismo momento de su creación todas las aberraciones del resto de las misiones, hoy agrupadas en el Sistema Nacional de Misiones. Dejando de lado el carácter remedial que universalmente tiene este tipo de programas, y que en el caso de la Misión Robinson ni siquiera se alcanzó, es claro para el lector imparcial que su función no radicó en la solución de problemas o deficiencias existentes, sino en la demagogia y manipulación de la opinión pública realizada alrededor del problema supuestamente abordado y mentirosamente corregido. Su utilidad estuvo también en la contratación de activistas y mercenarios afectos al gobierno, en el clientelismo alrededor del otorgamiento del beneficio, en la corrupción que se genera en la administración de los recursos y, sobre todo, en los beneficios recibidos por el gobierno cubano, que encontró en el gobierno de Chávez un sustituto inmejorable de la desaparecida Unión Soviética.


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Si esta es la realidad para la Misión Robinson, no tendríamos por qué pensar que el desempeño de las misiones directamente relacionadas, como la Robinson II, la Rivas y la Sucre, haya sido diferente. En todas, la improvisación es la regla de su funcionamiento, seguida de la ausencia de supervisión por parte de organismos técnicos independientes y la inexistencia de reales rendiciones de cuenta de las actividades realizadas. La Misión Sucre, por ejemplo, no le reporta sus actividades a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que como su nombre lo indica es el organismo técnico del Consejo Nacional de Universidades y del Ministerio de Educación Universitaria, para la planificación educativa superior (Fuenmayor, 2005). La OPSU no tiene conocimiento del número de cursantes de esta Misión, ni mucho menos de la naturaleza de los programas existentes ni del número y calidad de sus egresados. La selección no está supervisada por nadie y los seleccionados no forman parte de la población nacional de aspirantes administrada por la OPSU, ni deben cumplir sus mismos requisitos. La creación de estas misiones y la determinación de sus posibles beneficiarios se efectuaron mediante un método nada técnico para conocer la cuantía de los problemas a resolver. La Misión Sucre, por ejemplo, fue creada a raíz de un censo efectuado en la Plaza Bolívar de las distintas capitales de los estados, luego de hacer un llamado a inscribirse a todos quienes se consideraran excluidos de la educación universitaria. La información obtenida nunca fue validada y el Gobierno creó e impuso la cifra de 400 mil jóvenes excluidos del sistema educativo universitario. Esto le permitió hacer una campaña contra las universidades, acusándolas de discriminar y excluir a los estudiantes pobres que aspiraban a ingresar en ellas. Fue simplemente una patraña ejecutada por funcionarios ministeriales situados inmediatamente por debajo del ministro y viceministros de educación superior de entonces. Investigaciones posteriores demostraron que el número real de aspirantes excluidos era sólo el 27,8% de quienes se censaron, 131.427 jóvenes exactamente, los cuales podían perfectamente ser incorporados en las universidades oficiales sin requerir de la creación de ninguna misión (Fuenmayor, Marín y Jaimes, 2004). Las misiones educativas en general se caracterizan por la anarquía de su funcionamiento, la discrecionalidad de sus administradores y la ausencia total de controles, ni de sus actividades esenciales, las de docencia-aprendizaje, ni de la administración de los importantes recursos financieros recibidos. Son programas para eliminar la exclusión educativa ocurrida en el pasado mal llamado cuarto republicano, que de hecho la hubo y de magnitud importante, aunque nunca como la señalada por el gobierno bolivariano, que siempre exageró en alto grado en esta materia. Tampoco se produjo por las causas esgrimidas por sus dirigentes. No se trató de una acción maquiavélica de las universidades en contra de los pobres, para que estos no accedieran a los estudios universitarios y bloquear de esa manera su movilidad social. La exclusión educativa universitaria tuvo


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causas socio económicas generales atinentes a la pobreza generalizada del país (Fuenmayor, 2002). Si estas misiones hubieran sido exitosas, no habría en este momento una población de excluidos que justificara la continuidad de dichas misiones tres lustros luego de su creación. O fracasaron o su objeto nunca fue el señalado. Han sido utilizadas para intervenir al sector universitario, primero a través de la creación de un sistema paralelo de baja calidad académica, y luego mediante el desconocimiento de los egresados universitarios del sistema tradicional, por llamarlo de alguna forma, dificultándoles las posibilidades de contratación en los organismos del Estado. La mayor paradoja, sin embargo, reside en que la exclusión se da incluso en las misiones bolivarianas educativas, es decir, los programas diseñados para enfrentar y acabar con la exclusión también son excluyentes, lo cual ha sido claramente demostrado en el caso de la Misión Sucre (Fuenmayor, Marín, Silvera y Jaimes, 2009). MISIÓN BARRIO ADENTRO

La idea de hacer énfasis en la atención primaria de salud y de situar los centros de prestación de servicios médicos en las comunidades a ser atendidas es completamente adecuada. De allí que la Misión Barrio Adentro en principio responda a una necesidad sentida del sistema de salud venezolano, que venía experimentando un deterioro de sus instalaciones y de la prestación de servicios en todos sus niveles. Adicionalmente, también expresaba un derecho y anhelo de la población de menores recursos, que vive en conglomerados periurbanos sin servicios adecuados, con una carencia particular de centros de atención médica en las cercanías de sus viviendas que les dieran facilidades de atención inmediata de sus dolencias cotidianas. Los problemas surgen por la forma de instrumentación del programa, que responde a consideraciones ajenas a las profesionales, que terminan distorsionándolo desde sus inicios, aparte que, como el resto de las misiones, tenía propósitos distintos de los enunciados. Una primera cuestión fue la decisión de trabajar con médicos cubanos (Romero, 2009), rechazando la posibilidad de incorporar a los médicos venezolanos en el programa, con el argumento falaz de que estos se negaban a trabajar en los barrios pobres, pues tenían una formación para la “medicina privada y no para la salud pública”. Sin lugar a dudas que una de las características del Gobierno “revolucionario” es su capacidad de tratar de explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable. Detrás de esta decisión estaba el compromiso adquirido con el gobierno de Cuba, para contratarle la prestación de los servicios médicos y de salud en general de la Misión Barrio Adentro, lo que posibilitaría un inicio rápido de las actividades sin costos inmediatos importantes para el país. Más adelante, Cuba recibiría pagos en petróleo (Romero, 2009) que le permitirían cubrir su demanda energética interna e incluso vender parte de lo recibido a


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precios internacionales, con lo que además mejoraría el manejo de divisas requerido para sus necesidades. Esta distorsión condujo inmediatamente a otra aún más perversa: Barrio Adentro y, por lo tanto, la atención primaria de salud de Venezuela, estaría bajo la supervisión del gobierno cubano, completamente al margen del resto del sistema de salud venezolano y sin ninguna injerencia de nuestro Ministerio rector en la materia (Walter, 2011). Los informes de las actividades realizadas viajaban a Cuba primero, para ser revisados por Fidel Castro y éste los enviaba luego al presidente Chávez. Esta situación absurda generó la existencia en Venezuela de dos sistemas oficiales de salud, el cubano de Barrio Adentro y el venezolano del resto de las instituciones: ministerio, programas sanitarios, ambulatorios y hospitales, sin conexiones reales entre sí, que permitieran la sinergia necesaria y sin que se diera la imprescindible supervisión nacional de Barrio Adentro. El fracaso estaba más que anunciado, aunque no se comprendiera. Y así fue. Los médicos cubanos de Barrio Adentro no sólo atienden las consultas médicas sino que entregan a los pacientes atendidos las medicinas prescritas, las cuales son compradas en Cuba por el Gobierno venezolano e ingresan al país sin necesidad de registro sanitario, sin conocimiento del Ministerio de Salud y sin que incluso los propios pacientes se enteren del medicamento que reciben (Walter, 2013). La prescripción médica está restringida al vademécum cubano para la Misión. Se da en este caso una situación de conflicto de intereses similar a la que en Venezuela impide a una persona ejercer simultáneamente las profesiones de médico y farmacéutico. En el caso de Barrio Adentro, se entiende que mientras más medicamentos prescriban los médicos cubanos mayor será el beneficio para su país, pues éste vendería mayor cantidad de fármacos al Gobierno venezolano. Esto compromete gravemente el tratamiento farmacológico de los pacientes. Ninguna de estas observaciones ha hecho, sin embargo, cambiar en nada el funcionamiento de la Misión Barrio Adentro. No se tiene claro el nivel profesional de los médicos de la Misión, ni su preparación académica, ni la calidad de sus servicios. El Jefe de la Misión Médica Cubana es una suerte de ministro paralelo, con mayor poder incluso que el ministro venezolano, ya que dispone del respaldo total del gobierno cubano y por lo tanto del Presidente venezolano; así lo fue con Chávez y así funciona con Maduro. Chávez, en más de una ocasión, rechazó las opiniones y sugerencias de su ministro de salud, para atender decisiones en contrario de la Misión Médica cubana (Walter, 2011). El grado de intervención cubana en esta materia es repugnante. Nunca se llegó a crear un sistema de referencia y contra referencia entre Barrio Adentro y la red hospitalaria, por lo que los pacientes, con el tiempo, continuaron su práctica de solicitar atención en los hospitales, pues a pesar de la lejanía y del deterioro de los mismos sienten que están más cerca de la solución de sus problemas. Para 2011, sólo el 20,3 por ciento de quienes requirieron


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atención médica acudieron a Barrio Adentro, mientras un mayor porcentaje acudía a la red hospitalaria tradicional (INE, 2011). La muy baja cobertura de Barrio Adentro obedece a que la mayoría de sus módulos fueron cerrados y funcionan sólo el 20 por ciento de los mismos. Y no lo hacen durante las 24 horas del día, sino sólo por algunas horas (León Natera, 2014), dándose casos en que nada más trabajan unas dos horas en las mañanas. Todo ello es consecuencia del abandono de la salud por parte del Gobierno Nacional, que ha afectado incluso a sus programas paradigmáticos. Otras causas son la partida de médicos cubanos, que no han sido reemplazados y el hecho cierto de que la capacidad resolutiva de los problemas de salud de los pacientes siempre fue muy baja. En la actualidad, los módulos están desocupados y se deterioran o están siendo invadidos por indigentes y por delincuentes. Lo que otrora fue una misión muy importante en el rescate del apoyo político al régimen, hoy es una demostración de la desidia gubernamental en materia de salud. La Misión nunca pretendió realmente mejorar las condiciones de salud de la población, sino que obedecía a las mismas razones señaladas para la Misión Robinson. En la evaluación de las misiones, el Gobierno siempre ha recurrido a presentar estadísticas de las actividades realizadas en lugar de indicadores de cobertura o de impacto; Barrio Adentro no ha sido una excepción. Se presenta la construcción de más de 6 mil consultorios, la ejecución de 373 millones 600 mil consultas, de 20 millones de electrocardiogramas en dos años, el trabajo de más de 13 mil médicos y de casi 5 mil odontólogos (Chávez, 2009). Pero todo ello, aunque fuera cierto, no nos dice nada de la efectividad del programa en relación con la salud de la población, es decir no podemos saber si ha mejorado después de toda esa cantidad de consultas, que paradójicamente pudieran significar que nuestra gente está muy enferma y el objetivo debería ser que no se enferme. Deberían utilizarse indicadores del estado de salud de la población y de su cobertura: mortalidad infantil, neonatal, en menores de 5 años, materna; peso bajo al nacer, población vacunada y otros similares. En su afán propagandístico, el Gobierno comenzó a utilizar irresponsablemente el indicador “Número de Vidas Salvadas”, para presentarse como muy exitoso en las acciones de salud de la Misión Barrio Adentro. Nunca precisó las tasas de mortalidad de las distintas afecciones, que fueron comparadas para poder llegar a la estimación del número de vidas salvadas, que presenta en sus informes. Tampoco ha dicho en qué forma midió la gravedad de los pacientes en el momento de su ingreso, para poder efectuar las comparaciones con pacientes anteriores similarmente afectados. Presentado así, en abstracto, sin referencias para comparar, es una subjetividad sin valor práctico ninguno y sin conexión con la realidad (Seuc, Fernández y Gallardo, 2005), impulsada posiblemente por


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deseos electorales y más nada; es un simple producto de la audacia del ignorante que caracteriza al chavecismo. MISIÓN MERCAL

Este programa social nació en abril de 2003 con el propósito de garantizarle a la población más pobre alimentos y productos básicos a bajos precios, hasta de un 45 por ciento por debajo del precio de mercado, lo cual se lograba mediante subsidios a la producción y la eliminación de la intermediación comercial (MPP para la Comunicación e Información, 2007). Se efectuó, además, la creación de supermercados y mercados que se añadieron a la red comercial existente. MERCAL incorporó también tiendas más pequeñas, llamadas mercalitos, que fueron ubicados en zonas del país de acceso difícil; los mercalitos comunales, hipermercales, supermercales, red de carnicerías, centros de beneficio de animales, centros de acopio, camiones que venden directamente en las calles y los llamados megamercales, ventas grandes de productos que se improvisan en la vía pública a cielo abierto, en los que se añade la prestación de algunos servicios generales de salud como tomas de presión arterial, exámenes simples de la vista y despistaje odontológico (MPP para la Comunicación e Información, 2007; MPP para la Alimentación, 2013). La Misión Mercal está dentro de lo que se llamó luego Misión Alimentación, que dispone además de llamada Red Social, que incluye las casas de alimentación, cocinas comunitarias y comedores populares; la red PDVAL y de Abastos Bicentenarios, la Red Venezuela conformada por panaderías, abastos y areperas, para la venta de alimentos ya preparados; la red FARMAPATRIA de farmacias populares y los Sistemas Integrales de Control Agroalimentario y de Control de Medicamentos (MPP para la Alimentación, 2013). La presencia de farmacias y del régimen de control de medicamentos en esta misión es un absurdo desde todo punto de vista. Los medicamentos no son alimentos, no pueden ser distribuidos ni vendidos con los mismos criterios que se aplican para estos, tienen requisitos especiales para permitir su distribución y venta y deben estar bajo el estricto control del Ministerio de Salud, no sólo por pertenecer conceptualmente a este sector, sino por ser la institución preparada para ello. Es un atentado a la salud pública proceder de esta manera. La rimbombancia de las calificaciones para designar actividades idénticas, agrega una complejidad innecesaria y dificulta el control de los recursos asignados, de su funcionamiento y de su impacto real en la población. Como el resto de las misiones iniciales, Mercal vivió su mejor momento durante sus tres primeros años de existencia, cuando sirvió para incrementar el apoyo electoral al presidente Chávez, pues, junto con el resto de las misiones, ayudó en forma importante a renovar los vínculos del Presidente con los sectores populares más humildes. En aquel momento su cobertura se extendió al 53


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por ciento de la población, unos 12 millones de habitantes (D´Elía y Quiroz, 2010). Los programas sociales anteriores a 2003, como el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social y las escuelas bolivarianas, tuvieron poco impacto en este sentido (Marcano, 2015). Entre 2007 y 2010, Mercal sufre un estancamiento, al igual que ocurre con el resto de las misiones, invadido por el clientelismo y la corrupción, ambos muy fáciles de generarse en un programa que pretende llevar alimentos a precios por debajo de los existentes en el mercado a un sector social particular. El Gobierno, sin embargo, no ha aprendido la lección de que el otorgamiento de subsidios indirectos es mucho menos eficaz, es muy costoso y trae graves problemas de corrupción. El caso más evidente de esta preferencia por los subsidios indirectos lo constituye el mantenimiento del cambio múltiple, con un dólar barato que se ha prestado para la ocurrencia de la mayor transferencia de capitales al exterior históricamente habida en Venezuela, el enriquecimiento grosero del sector financiero nacional y extranjero y la corrupción extendida alrededor del otorgamiento de los dólares baratos, y todo ello con el mentiroso argumento de la necesaria protección de los sectores más vulnerables. Sectores a quienes no les llega nada proveniente de esos dólares y que actualmente se encuentran hurgando en la basura dejada por mercados, restaurantes y casas de familia, para poder comer. De más está decir que nada de la Red Social funciona actualmente y otro tanto ocurre con la Red Venezuela. LAS OTRAS MISIONES

El resto de las misiones adolecen de las mismas distorsiones estructurales ya señaladas, pues no han sido diseñadas ni puestas en acción para resolver problemas o compensar insuficiencias existentes, sino para tratar de garantizar la eternización en el poder de los actuales gobernantes. Son fundadas, relanzadas y modificadas periódicamente, para dar la idea de que se trabaja duramente en la solución de los problemas de la gente y de que se las adapta permanentemente a los nuevos retos y situaciones. Son presentadas como un esfuerzo original, adicional al realizado por los ministerios, y con personas jóvenes, entusiastas, dinámicas y muy comprometidas con los altos intereses del pueblo y de la revolución, leales a su Comandante Eterno y al Presidente Obrero, y dispuestas a dar todo sin exigir nada a cambio, excepto la paga, por supuesto (Fuenmayor, 2016a). Sus éxitos nunca trascienden a reducir la necesidad popular que motivo su creación. Sus pomposos nombres se cambian frecuentemente para hacerlos sentir más solemnes, grandiosos y más creíbles. De la Misión Vivienda en 2004 surge la Misión Villanueva en 2007 y luego la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2010, sin que ello signifique nada desde el punto de vista de su eficiencia ni del cumplimiento de sus metas. Tiempo después, aparece otro supuesto gran es-


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fuerzo en el mismo sector: la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, mientras los barrios marginales siguen presentes con toda su inmensa miseria, sin los servicios básicos de toda ciudad, sin vías de comunicación, con transporte precario que no se resuelve con teleféricos, funiculares ni metrocables, y ahora controlados por el hampa y sometidos a las masacres de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), programa de carácter represivo policial adscrito curiosamente a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (MPP para Relaciones Interiores, Justicia y la Paz, 2017) y que ha hecho del asesinato cometido por funcionarios policiales una acción cotidiana y deseable contra reales o supuestos hampones. La Gran Misión Agro Venezuela, que sustituyó a la Misión Zamora, no ha podido estimular la producción de alimentos; su absurda propuesta de agricultura urbana es imposible que pueda reemplazar los millones de hectáreas dejados de cultivar como resultado de las políticas negligentes del Gobierno (Fuenmayor, 2016b). En el pasado reciente producíamos suficiente arroz, café, maíz y azúcar para abastecer el mercado interno y en algunos casos, incluso para exportar; hoy somos importadores de estos rubros. La Misión Revolución Energética, cuya única acción fue el cambio de los bombillos tradicionales por unos bombillos ahorradores adquiridos en Cuba, no ha podido acabar con los múltiples apagones que ocurren cada vez más frecuentemente en todo el territorio nacional. La Gran Misión Saber y Trabajo seguramente se ocupa de preparar a quienes se incorporan en el único sitio de crecimiento laboral de la Venezuela de hoy: las calles de las grandes ciudades, donde florece el empleo precario. Buhoneros, parqueros viales, bachaqueros, cuidadores y lavadores de vehículos, recogelatas, hurgadores en las basuras y saltimbanquis, constituyen el ejército laboral revolucionario, el nuevo hombre trabajador, que derrotará al capitalismo depredador y construirá el socialismo del siglo XXI. Este modo de actuar del gobierno chavecista se extiende a todas sus demás actividades, con excepción quizás de las acciones políticas represivas y de la corrupción, en las que aparentemente han sido muy eficaces hasta ahora. Sus planes de seguridad personal y urbana, sin embargo, han sido un total fracaso, mientras sus acciones de seguridad política están muy bien aceitadas y funcionan a la perfección. Lo curioso es que, prácticamente los mismos organismos de seguridad están involucrados en ambos. Una diferencia fundamental, sin embargo, es que los planes de seguridad ciudadana y urbana son tratados exactamente en la misma forma que las misiones bolivarianas; es más, algunos de ellos están íntimamente relacionados o incluso forman parte de algunas misiones, sobre todo de aquéllas que tienen que ver con el hábitat. Esto explica claramente su permanente y estruendoso fracaso. Para 1998, el recién electo presidente Chávez señaló que existía un déficit de 1,5 millones de viviendas en el país, el cual sería resuelto por su gobierno, al menos en un 50 por ciento, para finales del año 2003 (Abadi, 2013). No pode-


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mos saber los cálculos que efectuó el Primer Mandatario o que efectuaron sus inmediatos colaboradores, si es que hizo la promesa basado en algún tipo de estudios sobre la materia, pero la misma significaba construir 750 mil viviendas en 5 años, es decir 142 mil viviendas por año, sin contar que cada año, con el crecimiento poblacional, se necesitarían nuevas viviendas que se sumarían al déficit existente. Un cálculo aproximado de estas nuevas necesidades sería de unas 100 mil unidades por año, lo que significaría medio millón de viviendas adicionales a las señaladas, para realmente reducir el déficit en un 50 por ciento. Quienes conocimos de cerca al presidente Chávez, sabemos que en absoluto había pensado en la magnitud del esfuerzo ni el costo de la promesa efectuada. Así actuaba siempre, llevado más por su instinto político que por el conocimiento. Lo rigurosamente cierto es que, para el año 2013, el déficit de viviendas se había duplicado y su crecimiento vegetativo alcanzado las 130 mil viviendas por año (Abadi, 2013), lo que significa que hoy, luego de 18 años de revolución, el déficit de viviendas es de unos 3,5 millones de unidades, mayor que el encontrado, y sigue aumentando, pese a toda la costosa propaganda oficial y la perorata demagógica del presidente Maduro, en sus ya cientos de apariciones televisivas en cadena nacional, en las que supuestamente va haciendo entregas de viviendas rumbo a la vivienda dos millones, cuando cuentas muy simples demuestran el engaño (Colmenares, 2017). Y todo esto luego que PDVSA invirtiera en estas misiones del hábitat, entre 2003 y 2012, más de 8 mil millones de dólares, que equivalen solamente a la mitad de lo invertido por el Gobierno en ese mismo período (Abadi, 2013), una clara muestra de cómo se ha dilapidado el ingreso de divisas de todos estos años y una demostración de que la crisis es producto de este despilfarro de recursos, por parte del gobierno autodenominado revolucionario. El fracaso estrepitoso y muy costoso para Venezuela de las misiones del hábitat (Vivienda, Villanueva y Gran Misión Vivienda) no sólo no ha sido reconocido, sino que las promesas continúan como si el éxito hubiera sido total. Al crear la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno prometió la construcción, entre 2011 y 2017, de 2 millones de viviendas, lo que significaría construir 286 mil unidades por año, cifra que decuplicaba el promedio de construcción anual en sus primeros 11 años de gestión. Si a lo anterior le agregamos que este período corresponde a una de las peores crisis económicas de la historia venezolana, se podía predecir, como en efecto se hizo, que el compromiso realizado era materialmente irrealizable. Sin embargo, el desenfreno gubernamental hará todo lo imaginablemente posible, como en efecto lo ha hecho, para hacer aparecer de la nada 2 millones de viviendas nuevas, aunque aun así el déficit de viviendas sería el mismo encontrado en 1998.


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ÚLTIMA GENERACIÓN DE MISIONES

En 2006 y 2007 se crea la última generación de misiones: Misión Negra Hipólita, para atender a los venezolanos en situación de calle, algo inentendible luego de 8 años de acción “revolucionaria”; Misión Madres del Barrio, para la atención de los hogares de jefatura femenina en pobreza extrema, situación también incomprensible si se señalaba como un logro revolucionario la reducción importante de este tipo de miseria; Misión José Gregorio Hernández para personas con discapacidad, Misión Che Guevara para la capacitación ideológica de los trabajadores y la Misión 13 de abril para la creación de las comunas socialistas. Aparece la Misión Alma Mater para la creación de los complejos universitarios socialistas, que incluyen las universidades territoriales y la transformación de los institutos universitarios de tecnología y de los colegios universitarios, en universidades experimentales politécnicas (MPP para la Educación Universitaria, 2014); cambios de nombre, principalmente. La Misión Alma Mater habla de complejos universitarios socialistas, categoría difícil de comprender en una estructura académica cuyo fin primordial debe ser la creación de conocimientos. Varias de las creaciones universitarias de la Misión Alma Mater constituyen verdaderos disparates desde el punto de vista conceptual, académico universal. Su existencia sólo puede ser explicada por una ideologización manifiesta de los conductores educativos gubernamentales, sumada a una ignorancia crasa de los mismos. Entre los desvaríos más notables están la Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”, la Universidad de los Pueblos del Sur, que parece estar dedicada sólo a la internacionalización. Todas con objetivos muy distantes y completamente ajenos de los propios de instituciones educativas superiores. El Gobierno no tiene claro lo que debe ser una universidad, ni cuáles son sus funciones esenciales, ni la importancia de la generación de conocimientos en el mundo tecnológico actual; confunde, equipara e incluso contrapone los saberes populares y ancestrales con el conocimiento científico, privilegiando en el discurso los primeros. Se crearon en total 49 misiones, 42 por Chávez y 7 por Maduro, y hasta hace tres años estaban activas treinta y cinco (Marcano, 2015). Hoy, el número es mucho menor, aunque el Gobierno lo niegue, y las activas lo están en medio de limitaciones gigantescas. PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO

Resulta más que difícil proponer soluciones a los problemas y dificultades enfrentadas por los programas sociales llamados misiones bolivarianas, pues como hemos afirmado no persiguen realmente terminar con los sufrimientos de los venezolanos pobres, ni mejorar sustentablemente sus condiciones de vida. Los efectos beneficiosos que puedan generarse, que los hay, son efectos colaterales en relación con su verdadero objetivo: lograr una actitud de la población


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que le permita al grupo gobernante mantenerse indefinidamente en el poder, bien porque logre el apoyo suficiente para triunfar en las contiendas electorales fundamentales, o bien porque la intranquilidad social y política no alcance grados, que obliguen a acciones represivas difíciles de aceptar por la gente y la comunidad internacional. Enderezar el entuerto de estos últimos 19 años requeriría, en primer lugar, salir del gobierno actual, aunque no cualquier reemplazo será necesariamente exitoso en este sentido. La necesidad de recurrir a la instrumentación de programas sociales especiales, lo primero que demuestra es el fracaso de un modelo económico, social y político, que no ha sido capaz de construir y mantener unas condiciones de vida adecuadas para todos sus ciudadanos, sin que esto se interprete como la homologación de las mismas, pues justicia social no significa reparto por igual de la riqueza. Es claro que países como Venezuela, potencialmente ricos, dados sus recursos naturales, tienen posibilidades ciertas de despegar del subdesarrollo, si logran explotar convenientemente dichos recursos sin limitarse a la venta de materia prima, sino impulsar la producción industrial de mercancías de mucho mayor valor agregado. La industrialización del petróleo, nuestro recurso fundamental, y su diversificación aguas abajo y aguas arriba, de manera de dejar de vender nada más combustible fósil y pasar a exportar productos petroquímicos y químicos orgánicos, es una condición primordial para despegar hacia el desarrollo (Arcaya, 1993). Para ello se hace necesario también el crecimiento concomitante de las ciencias y tecnologías nacionales (Arcaya, 1993), en tanto es imperativo dominar el conocimiento requerido por el país para su transformación, que necesariamente debe incluir el conocimiento de punta del mundo contemporáneo y el conocimiento básico, que sirve de cimiento a toda la investigación científica y tecnológica mundial. El financiamiento de esta titánica labor, que implica la formación de decenas de miles de investigadores y profesionales de la ingeniería, corresponde asumirlo a la principal y casi única empresa del país: PDVSA, la cual es además la principal consumidora de ciencia y tecnología en Venezuela, que es comprada toda en el mundo desarrollado. Adicionalmente, se requiere crear una población calificada capaz de desempeñar empleo formal calificado, permanente y bien remunerado. Sólo así iniciaríamos un nuevo camino, no explorado nunca en el pasado y entonces sí podríamos decir que “hay un camino”. La necesidad de campañas, operativos o misiones, como decíamos, son una confesión del fracaso de las políticas públicas instrumentadas. Así, las campañas de vacunación significan que el sistema de salud ha fracasado en garantizar la cobertura de la población, contra enfermedades prevenibles por vacunas. Si el sistema sanitario hubiera vacunado a todos los infantes en el momento debido, no se requeriría de campaña ninguna. Lo mismo podemos afirmar de una campaña de alfabetización o de construcción de viviendas o de limpieza de maleza


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en parques y plazas públicas. Los operativos de seguridad demuestran el fracaso de las políticas cotidianas de seguridad. Cuando todas las instituciones estén en capacidad de cumplir con las funciones que les son propias, existan además adecuadas políticas públicas en todos los sectores sociales y se asuma la responsabilidad de su cumplimiento efectivo, no harán falta las campañas, operativos ni las misiones sociales. Para ello, por supuesto, la sociedad tendría que haber alcanzado un estado de suficiencia material, de conocimientos y de experiencia, que le habrían permitido resolver todos los problemas y taras actuales. En esta situación, sería un absurdo la existencia de las enfermedades prevenibles por vacunas o de personas sin lentes o de analfabetas. No habría niños no escolarizados, ni jóvenes obligados por alguna razón a abandonar sus estudios secundarios, ni un déficit de docentes en ninguna disciplina, y quienes por distintas razones fueran minusválidos, estarían en estudios especiales o empleos productivos de distinto tipo, acordes con las limitaciones que tuviesen. Habría pleno empleo, la producción alimentaria nacional garantizaría las proteínas y calorías requeridas por los venezolanos y no existiría la desnutrición. Importaríamos sólo para darle variedad a la mesa. Habría desaparecido la miseria y no habría un déficit de viviendas, pese a que la necesidad de construcción de las mismas nunca desaparecería, pero sería cubierta en forma ordinaria y en función del crecimiento poblacional. Pero mientras se alcanza esta meta, lo que puede significar muchas décadas, se tendrían que mantener programas sociales muy bien escogidos, diseñados e instrumentados, para garantizar la reducción de las necesidades básicas de los sectores sociales menos favorecidos o simplemente marginados del desarrollo de la sociedad en su conjunto, y esto se haría no sólo por cuestiones de justicia social, que ya es un estímulo importante, sino porque de esa manera se podrían incorporar plenamente al esfuerzo nacional de desarrollo, lo que se sabe hoy lo facilita enormemente. Pero estos programas deberían ser asumidos por la institucionalidad existente, bajo el control riguroso de los distintos órganos competentes del Estado e instrumentados principalmente en la forma de subsidios directos. No se crearían organismos especiales, improvisados, incontrolables y con personal no capacitado, como es el caso de las misiones bolivarianas. Las necesidades sociales determinantes de la creación de estos programas y la selección de sus beneficiarios no se establecerían con la modalidad de los censos de necesitados, sino a través de investigaciones sociales muy bien diseñadas de los diferentes ministerios, de manera de evitar la distorsión que supone que sea la gente misma la que se auto asigne las ayudas o subsidios. Desaparecida la necesidad, los programas se extinguirían. Las misiones, a pesar de ser programas distintos de los programas de los años noventa, adolecen de los viejos problemas de la política social venezolana e incluso los refuerzan (Gómez, 2006). Ineficiencia del gasto, falta de articulación entre la política económica y la social, así como entre los nuevos programas


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sociales y los tradicionales; ausencia de racionalidad técnica, profesional y de uso de los recursos. La cultura que impulsan las misiones es la de la dádiva, la del Estado asistencialista, la del líder mesiánico que parece otorgar beneficios provenientes de su riqueza personal, lo que debe ser agradecido, y no de la administración de un patrimonio de todos. No se estimula la superación personal y colectiva, ni la cultura del trabajo productivo, ni la importancia del estudio y formación para el trabajo. No se llega a comprender que lo principal es la producción de la riqueza y que sólo luego se procede a su reparto, pues no se puede repartir lo que no se tiene. Es meridianamente claro que los programas más recientes del Gobierno, como el de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuya actividad consiste en el reparto de bolsas de comida y otros artículos (ahora son cajas), constituyen un instrumento político (Bernal, 2017a) y no social del Gobierno, al igual que ha ocurrido con las misiones bolivarianas. Los CLAP están integrados por un miembro de la Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, organizaciones de naturaleza partidista electoral del partido de gobierno; un consejo comunal, todos ellos en manos gubernamentales; un miembro del Frente Francisco de Miranda, organización política de apoyo al Gobierno fundada en Cuba por Hugo Chávez y Fidel Castro; una mujer y una persona de la comunidad. Esta integración es una demostración muy clara de lo que el gobierno considera participación protagónica del pueblo en la solución de sus asuntos. Además de vender bolsas de comida a domicilio a precios “solidarios”, a familias que devenguen hasta dos salarios mínimos, con lo cual piensan se reestablece el apoyo al proceso “revolucionario” por parte de los sectores pobres, buscan también constituirse en una amenaza permanente para quienes no apoyan al gobierno socialista del siglo XXI, pues cabría la posibilidad de no obtener comida en el futuro cercano, a menos que se inscriban y acepten este tipo de reparto gubernamental. Colocar a Freddy Bernal al frente de este sistema de abastecimiento descubre la principal connotación de los CLAP: la seguridad nacional o, mejor dicho, la defensa gubernamental, la protección del régimen camuflada detrás de la protección de la patria, pues controlarían la producción, las fuentes de suministro y abastecimiento de alimentos, el territorio; realizarían inteligencia social e iniciarían la generación de un nuevo liderazgo (Bernal, 2017b); actividades vitales ante cualquier contingencia de intervención externa pero, sobre todo, de rebelión interna, de sacudón social por desesperación, que es lo que realmente les preocupa. Los gobiernos de por lo menos los últimos 60 años han instrumentado y mantenido un diseño social basado en dos componentes esenciales: la ignorancia y la pobreza de la población venezolana. Este diseño les ha permitido ser exitosos en el sostenimiento por largos períodos del control político de los venezolanos. El proceso que se inicia a partir de 1999 no es diferente en este aspec-


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to fundamental de los gobiernos anteriores. Como no fue diferente Carlos Andrés Pérez II, pese a no gobernar sujeto a su partido Acción Democrática como en el pasado. Como no lo fue Rafael Caldera, pese a derrotar al bipartidismo del siglo XX y gobernar con los sectores de izquierda, tanto los enfrentados durante años a los gobiernos adeco copeyanos, como los procedentes y simpatizantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, grupo militar insurgente golpista en 1992. Tampoco son diferentes estos tres gobiernos, ni los anteriores, en relación al modelo económico rentista petrolero que asumieron, al modelo democrático comicial basado en la división de poderes y la ausencia de proporcionalidad electoral, ni respecto a la profunda dependencia científica y tecnológica y el mantenimiento de la ocupación laboral, a través del incremento de la burocracia gubernamental y el impulso del empleo precario. Nada los distingue en las formas antinacionales de explotación petrolera y minera, ni en el manejo de varios cambios diferenciales del dólar en momentos de crisis, ni en su apego por los subsidios indirectos. Han sido negligentes en garantizar el cuidado del ambiente y en la atención al resguardo de la integridad territorial venezolana: el caso del Esequibo es paradigmático. Son iguales en sus acciones de control de gremios, sindicatos y organizaciones estudiantiles; en el uso de la Fuerza Armada Nacional para sostenerse, en sus posiciones contrarias a la autonomía universitaria, en la creación de sistemas universitarios paralelos y en la concepción de que la inmunidad de jurisdicción del Estado venezolano debe ser relativa. Ni que hablar de la corrupción, la demagogia, el autoritarismo, la represión y el uso de grupos parapoliciales en las ciudades. Las similitudes existentes no implican que sean idénticos, sino que se trata de dos élites disputándose el poder y no precisamente para trabajar en función de la nación, sino en función de sus intereses, entre ellos el de eternizarse en el gobierno. Tampoco quiero dejar la idea de que han sido iguales en los desastres producidos, pues estos no han sido de la misma magnitud. Hay diferencias cuantitativas que son importantes, pero que no generan diferencias cualitativas. El actual gobierno ha sido, sin lugar a dudas, el peor de todos desde por lo menos 1948. Su ignorancia, su codicia y su sectarismo no tienen parangón a los que hayan existido antes en este período. CONCLUSIÓN

Salir de la ignorancia y la miseria es primordial en el proceso de desarrollo nacional, pero no transitoriamente, dependiendo de los altos precios internacionales del petróleo u otra materia prima, sino permanentemente en una acción combinada y simultánea de educación formal con la industrialización del país a partir del petróleo. He ahí el espacio de los programas sociales, misiones eficien-


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tes dirigidas a llevar al pueblo a tener las mejores condiciones físicas y mentales, pues su contribución es fundamental en el proceso de construir una Venezuela industrializada, productiva, realmente soberana y dueña de su destino; material y espiritualmente grande, independiente y libre, sin ataduras internacionales más allá de las referidas a la solidaridad humana; trabajadora, justa y honesta, libre de ideologizaciones y prejuicios, ahora sí, donde sus ciudadanos disfruten de la mayor suma de felicidad posible. REFERENCIAS

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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 73-96

LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: PALANCA PARA LA INCLUSIÓN A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Miguel Alfonzo1, Robert Cruz2, María Raddatz3, Carolina Villegas4, Marjorie Cadenas5. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) Fecha de recepción: 14-07-2017

Fecha de aceptación: 11-11-2017

Resumen: Venezuela en los últimos 18 años ha vivido una serie de significativos cambios socio-políticos-culturales, todos enmarcados en la Revolución Bolivariana, iniciada por el líder Hugo R. Chávez Frías cuando asumió la presidencia en 1999. Una de las metas fundamentales de la Revolución ha sido la inclusión a la educación universitaria de las mayorías del país, la cual, mediante la transformación del proceso del ingreso a las universidades y de una fuerte inversión financiera, gracias al cambio de la política petrolera del país se ha obtenido resultados muy favorables. En este trabajo descriptivo-cuantitativo, se muestra cómo ha sido el proceso de tal inclusión, a través del análisis comparativo de la inversión financiera del Estado a la Educación entre los últimos años de la IV República y el periodo de la Revolución Bolivariana, así como los cambios que se han aplicados en los últimos años a los procesos de ingreso a la educación universitaria, permitiendo logros significativos en la equidad y con una visión de largo plazo en el que se inscriben los cambios sociales del país. Palabras clave: Educación universitaria, Inclusión, Inversión financiera, Revolución Bolivariana, Neoliberalismo. 1

Ph.D en Inmunología (Instituto Pasteur de París). Biólogo (UCV) Profesor-Investigador Titular (jubilado). Facultad de Medicina. Representante Profesoral del Consejo Universitario (2009 – presente), Director Adjunto, OPSU (marzo 2015- noviembre 2016). Dirección para correspondencia: malfonzo@opsu.gob.ve. 2 Ingeniero Agrónomo (UCV). Coordinador del Programa Nacional de Ingreso, OPSU (2014-2017). Dirección para correspondencia: rsilva@opsu.gob.ve. 3 Farmacéutica (UCV). Docente-Investigadora Asistente de la Cátedra de Ciencias Biológicas Básicas de la Facultad de Farmacia de la UCV. Jefa del Departamento de Orientación y Exploración Vocacional del Programa Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria de la OPSU (CNU – MPPEUCT). Capacitación docente en Diseño Curricular por Competencias en la Formación de Talento Humano Profesional (2014 – presente). Dirección para correspondencia: mraddatz@opsu.gob.ve. 4 Farmacéutica (UCV). Docente-Investigadora Asistente de la Cátedra de Ciencias Biológicas Básicas de la Facultad de Farmacia de la UCV. 5 Ingeniera Electrónica (IUPFAN). Msc. Educación Superior, FHE - UCV. Profesora Asistente Jubilada, Facultad de Agronomía UCV. Presidenta de Fundacite Aragua (junio 2010 - febrero 2014). Directora de la OPSU (febrero 2014 - octubre 2016). Presidenta de Corpocentro (abril 2017– presente).


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SOCIAL INVESTMENT IN THE BOLIVARIAN REVOLUTION: SUPPORT FOR INCLUSION IN UNIVERSITY EDUCATION. Abstract: Venezuela in the last 18 years has experienced a series of significant socio-politicalcultural changes, all framed in the Bolivarian Revolution, initiated by the leader Hugo R. Chávez Frías when he assumed the presidency in 1998. One of the fundamental goals of the Revolution has been the inclusion in university education of the majorities of the country, which, through the transformation of the process of admission to universities and a strong financial investment, thanks to the change in the oil policy of the country has obtained very favorable results. In this descriptive-quantitative work, it shows how the process of this inclusion has been, through the comparative analysis of the State's financial investment in Education between the last years of the IV Republic and the period of the Bolivarian Revolution, as well as the changes that have been applied in recent years to the processes of admission to university education, allowing significant achievements in equity and with a long-term vision in which the social changes of the country are registered. Keywords: University education, Inclusion, Financial investment, Bolivarian Revolution, Neoliberalism.

INTRODUCCIÓN

La revolución bolivariana modela una sociedad humanista, basada en principios de democracia participativa y protagónica, libertad, igualdad y justicia social. Para ello presenta un proyecto nacional dirigido a permitir la inclusión social como médula de la democracia, y la construcción de un modelo productivo endógeno y centrado en el ser humano. Todo esto requiere de un cambio profundo en los valores y en la ética; requiere de una sociedad reflexiva, que se autodescubre a través de sus capacidades para construir un futuro. Estas necesidades hacen de la educación universitaria (EU) una de las más altas prioridades. La Revolución ha colocado como una de sus metas fundamentales la inclusión en el sistema educativo a los venezolanos y venezolanas, mediante el derrumbe de las dificultosas formas de ingreso, logrando la equidad, y dando una visión de largo plazo en el que se inscriben los cambios sociales del país. Con la llegada al poder, el presidente Hugo Chávez, rompe las cadenas que ataban al país con el modelo neoliberal impuesto en esos años, por lo cual le permitió establecer políticas progresistas, entre otras, en educación. Tales políticas fueron soportadas mediante una cuantiosa inversión financiera gracias a la orientación que le dio el presidente Chávez a una mejor redistribución de la renta petrolera, buscando disminuir la enorme deuda social, heredada de la denominada IV República, cuando predominaba la tesis del neoliberalismo con los gobiernos social demócratas que ejercieron en esas décadas “perdidas”, tal como las llamó el presidente Chávez y que detallaremos en los siguientes apartados. Este estudio tiene un carácter cuantitativo, el cual, mediante el análisis descriptivo y comparativo, se quiere investigar cómo han sido los cambios del ingreso a la educación universitaria y de las políticas de inversión de recursos financieros a la educación aplicadas por el Estado venezolano durante los años


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en que se ha desarrollado la Revolución Bolivariana en relación con los últimos años de la IV República. Especialmente, los cambios realizados en la política petrolera, principal área productiva y generadora de riquezas al país. Los resultados hasta la fecha demuestran avances significativos, tanto cuantitativos como cualitativos, en el campo de la educación venezolana, en particular a la inclusión de la población a la EU, logros que han sido reconocidos por la UNESCO (1998). LAS DÉCADAS PERDIDAS (80 Y 90): EL NEOLIBERALISMO EN LA EDUCACIÓN

En 1973, David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank, ponía en marcha la Trilateral, primer gobierno en la sombra de una economía ya en proceso de una clara globalización neoliberal. El norteamericano Samuel Huntigton, el japonés Juri Watanuki y el francés Michel Crozier (de ahí el nombre de Trilateral) recibían el encargo de hacer un informe sobre la salud democrática del área de influencia norteamericana, que sería publicado en 1975 con el título La crisis de las democracias. Informe sobre la gobernabilidad del mundo. El diagnóstico era contundente: la participación popular se había convertido en un exceso de democracia que recargaba al Estado (Croizier y col., 1975). No se trataba, como decían los intelectuales de izquierda, “de una crisis de legitimidad del sistema, sino de un problema de gobernabilidad del que eran responsables ciudadanos impertinentes”. Las propuestas que lanzaron se convirtieron en el programa de máximas del neoliberalismo. Había que detener la participación que, en ese momento, venía en buena medida de las universidades, especialmente las latinoamericanas, por lo que propusieron “reducir los recursos financieros puestos a disposición de las Universidades, que generan excedentes de licenciados; reducir las pretensiones de los profesionales universitarios” (Monedero, 2008). En esos años existía la urgencia de aplicar en un país determinado la tesis del neoliberalismo. Se requería de un laboratorio para experimentos de vanguardia sobre el mercado, del cual, el monetarista Milton Friedman, el teórico de la “economía del shock”, principal impulsor del neoliberalismo desde los años 50, siendo profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago (Escuela de Chicago), pudiese comprobar en la praxis lo que deseaba hacía tanto tiempo: un país en el cual poner a prueba sus teorías resumidas con los siguientes criterios: en primer lugar los gobiernos deben eliminar todas las reglamentaciones y regulaciones que dificulten la acumulación de beneficios. En segundo lugar deben vender todo activo que posean que pudiera ser operado por una empresa y dar beneficios. Y en tercer lugar deben recortar drásticamente los fondos asignados a programas sociales.


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En resumidas cuentas, era una fórmula de tres partes: desregulación, privatización y recortes (Klein, 2008). Fue precisamente en la conspiración contra el Chile de Allende y con el posterior golpe de Pinochet organizado desde los Estados Unidos (1973) cuando se probó la tesis. La gestión económica se la encargaron al mismo Friedman, para quien la nueva fase del capitalismo reclamaba la ausencia de focos de resistencia al mercado, tales como los sindicatos o las universidades protestatarias. El resultado final era el acuerdo general de que no había alternativa: el pensamiento único o el Consenso de Washington (Ídem). Es así que, en 1989, con el arribo al poder de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, su gobierno conformado principalmente por profesionales formados académicamente en la mencionada Escuela de Chicago (llamados los Chicago boys), implementó políticas neoliberales para liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos económicos, produciendo una masiva protesta de la sociedad venezolana y su consecuente represión por el gobierno nacional, ocasionando extraoficialmente miles de muertos, suceso social que fue conocido como El Caracazo (López y Hernández, 2001). Por otra parte, los organismos internacionales, en especial, aquellos con capacidad de conceder préstamos, habían puesto interés en señalar la necesidad del repliegue del Estado en relación con la orientación y el financiamiento de la EU. En el caso del Banco Mundial (BM), se habían dado a la tarea de financiar estudios e investigaciones en países de América Latina, entre ellos Venezuela, para comparar el desempeño de las instituciones educativas públicas y privadas, concluyendo dichos estudios en la necesidad de incentivar a la educación privada, dada su eficiencia y productividad mayores que las demostradas por la educación pública (Castellano, 1998). Se asumieron estas acciones como una estrategia paralela, denominada “neoliberalismo pedagógico”, consistente en establecer una vinculación directa entre los organismos destinados a las actividades financieras (FMI y BM) y los programas educacionales de América Latina. Por lo tanto, los ministerios de economía intervinieron en las áreas pedagógicas estatal y privada, y sus imposiciones económicas determinaron desde los salarios docentes hasta cambios de estructura de los sistemas y reformas de contenidos (Álavarez, 2009).


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En este sentido, en Venezuela, con la designación de Gustavo Roosen en la cartera del ministerio de Educación durante el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, se inició la aplicación de las medidas neoliberales en el sector educativo. Es importante destacar que Roosen estaba ejerciendo al momento de su nombramiento como ministro, el cargo de Coordinador General de la División de Alimentos de la Organización Polar, simultáneamente con cargos directivos dentro de varias empresas del grupo Mendoza, como Envases Venezolanos S.A. y el Banco Provincial. Es decir, era un experimentado defensor de los intereses del gran capital corporativo a expensas de las mayorías. Su gestión ministerial se destacó por la aplicación de la política neoliberal de manera ortodoxa, provocando el deterioro de la educación pública nacional para crear las condiciones de su privatización, por lo que fue recompensado con la presidencia de PDVSA en 1992. Actualmente es uno de los más furibundos generadores de matrices contra Venezuela y la Revolución Bolivariana desde diversos medios como El País, de España (Subversión, 2015). La aplicación de este modelo económico e influyendo sobre las políticas educativas de los gobiernos pro neoliberales de Venezuela, condujo a que el sistema educativo se ajustara a esta nueva realidad, mediante la neocolonización y la desnacionalización, tal como lo describe en el trabajo de Colmenares (1989): estos procesos que fueron producidos y reproducidos mediante la alienación de jóvenes y maestros/as a la noción de Venezuela como una nación sin historia, promoviendo, al mismo tiempo, una visión eurocentrista de la historia, pues se consideró que la nuestra comenzó solamente a partir de la invasión europea. En ese sentido, se eliminaron los estudios de la historia y geografía.

Asimismo, se pudo desarrollar la reproducción ampliada e institucionalizada, a través de la educación formal e informal, de: (…) una identidad social nacional negativa, originando la aceptación generalizada de los estereotipos negativos sobre lo indio, lo hispano y lo negro: indio como equivalente a flojera y pasividad, hispano como equivalente a banalidad fiestera y negro como equivalente a insolencia e indisciplina (Vargas-Arenas y Sanoja, 2004).

Esta compleja realidad fue trastocando los valores culturales de la sociedad latinoamericana, por lo que se comienza a percibir un constructo cultural diferente, que Monedero (2008) caracteriza: (…) el mundo del fragmento y la individualización ha golpeado la generosidad de los universitarios más jóvenes…el “yo, yo, yo, todo, todo, todo, ahora, ahora, ahora” se convierte, por su complementariedad con el modelo consumista, en la bandera bajo la qué organizar la vida. (pp. 20-21).

En 1996, a pesar que había prometido no acudir ante el FMI, el presidente Rafael Caldera presenta el 15 de abril la “Agenda Venezuela”, un programa de


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ayuda con esa institución financiera que sigue al pie de la letra la lógica de las “Políticas de Ajuste Estructural”, que fueron un conjunto de recetas propuestas por los organismos financieros multilaterales (BM, FMI) a los países deudores para paliar la crisis económica de la década de los ochenta. Con esta agenda se quería restablecer el equilibrio macroeconómico y combatir la inflación, sin embargo, lo que se produjo fue el deterioro de la calidad de vida de la población. El programa presentado en este documento incluía la aplicación de nuevos impuestos, suspensión del control de cambio, liberación de las tasas de interés y reducción del gasto público, entre otras medidas. Entre ellas, la reducción del gasto público significó la retoma de una serie de procesos privatizadores. En particular, en materia de educación, se contemplaba la aplicación de mecanismos de cobro para contrarrestar el recorte presupuestario en esa área y así resolver parcialmente el desfinanciamiento, contrariando con ello el principio de gratuidad del derecho a la educación garantizado en el artículo 78 de la Constitución de 1961 (PROVEA, 2008). Ante el supuesto déficit presupuestario, el gobierno comenzó en 1990 de manera velada a plantear soluciones como la “autogestión” y “cogestión”; ya en 1989 el ministro de Educación para entonces, Gustavo Roosen, había anunciado: “…sin caer en violaciones de la Constitución, se privatizará la educación superior, dejando gratuita la educación básica desde preescolar hasta el 9º grado” (Ídem). Se alzaron diversas voces a favor del cobro en universidades. Leonardo Carvajal, Presidente del Consejo Nacional de Educación expresó: Debería implementarse un triple esquema que supusiese que: unos paguen todo el costo de tal educación al mismo tiempo que la cursan (los de familias de altos ingresos); otros reciban un crédito educativo que irían cancelando progresivamente después de graduarse (los de familias de bajos ingresos); otros no la paguen y aún reciban subsidios si los necesitan, siempre y cuando demuestren que tienen un rendimiento suficiente.

Asimismo, el ministro Cárdenas, miembro del gabinete ejecutivo de Rafael Caldera expresó la intención de “Implantar un sistema de 'gratuidad discriminada' en la educación superior venezolana”. El Canciller de la República para esa fecha, a su vez manifestó, en la V Cumbre Iberoamericana: “La educación superior gratuita es un lujo que ya no se puede dar en América Latina”. Quienes promovían el cobro de matrícula en las universidades públicas argumentaban que más del 50% de los estudiantes provenían de clases media y alta y pagaron por su educación; de acuerdo con esto, estaríamos frente a una privatización de facto. Los criterios de selección afianzaban esta discriminación hacia quienes habían estudiado en condiciones menos favorables (PROVEA, 1997). En el mundo académico se habían colado promotores de la idea de la privatización de la EU venezolana. En un informe del núcleo de Secretarios de las universidades (Primera y col., 1994), del cual, entre sus miembros se encontraba el profesor Mario Bonucci, actual Rector de la Universidad de Los Andes, expre-


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saron que en esos momentos la universidad pública del país presentaba un déficit presupuestario del 50%, por lo que el Estado “difícilmente puede resolver totalmente esta situación crítica, la cual se ha venido agravando en los últimos años”. Es por ello que los autores plantean la tesis: Es necesario advertir que los costos de la educación superior son normalmente tan altos que no es posible pensar en el financiamiento total o sustancial de tales costos en una universidad pública, pero sí en la participación al alcance razonable del estudiante.

Esta afirmación, basada en estudios de la UCV y la ULA, indicaba que el 30% de los estudiantes provenían de estratos muy bajos, por lo que no podían cubrir parcialmente sus estudios mientras que un 50% de los estudiantes se ubicaban en estratos económicos medios y altos que “pueden participar en el financiamiento parcial de sus estudios. El 20% restante podría financiar cómodamente una cuota significativa de sus estudios” (PROVEA, 1997). Todo este proceso gradual de la privatización de la EU en Venezuela se materializó con la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ley de Educación Superior en enero de 1998, durante su primera discusión en el Congreso Nacional. Incluía excepciones a la gratuidad mediante la prometida creación del Fondo de Desarrollo Estudiantil (FODE) y el pago de quienes cursaran segundas carreras o posgrado (Linares, 1998). Sin embargo, Hugo Chávez Frías, tras ganar las elecciones de 1998, entre sus primeras acciones de gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución. El proceso se dio con amplias consultas a todos los sectores del país en todos aquellos temas susceptibles de cambios. Entre esos temas, el referido al derecho a la educación tuvo una extensa discusión que arrojó, entre otros principios, el mantenimiento de la gratuidad de la educación sin excepciones, como un derecho constitucional, deteniendo así la amenaza cierta de su privatización.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: CAMBIO DE POLÍTICA PETROLERA Y SUS IMPLICACIONES EN LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Como mencionamos previamente, con el gobierno de Hugo Chávez se establece la educación como un derecho humano, dándole especial énfasis a la universalización, esto con el propósito de que la EU, en especial, sea un espacio abierto a la formación permanente de todos y todas, para garantizar la participación de la sociedad en la creación, transformación y socialización de conocimientos. Sobre estas bases se han producido cambios significativos en los alcances, estructura y funcionamiento de la EU venezolana y se plantearon como líneas estratégicas: la universalización de la EU; el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la generación, transformación y socialización de conocimiento; la creación de una nueva red de instituciones y la transformación


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de las existentes; el impulso de un nuevo modelo educativo incluyente; la consolidación de la municipalización de la EU en estrecha vinculación con las comunidades del país; la articulación de la EU como sistema y su fortalecimiento como espacio privilegiado para la consolidación de la unidad de nuestra América y la cooperación solidaria con los pueblos del Sur. Estas políticas implicaban una gran inversión por parte del Estado para garantizar la inclusión mediante un mayor número de plazas, contratación de cargos de trabajadores universitarios –obreros, empleados y profesores–, nuevas instituciones y/o sedes con infraestructuras remodeladas o nuevas, entre otras. Al comparar tal inversión entre la IV y V república se podrá visualizar la dimensión real de tales aportes, tal como se observa en la Figura 1. En ella, podemos ver que en la IV República, específicamente en la década de los 90 del siglo anterior (1990-1998), los gobiernos neoliberales invirtieron en educación el 3,43% promedio del PIB, destacándose el menor valor de 2,18% en 1996, como consecuencia de la crisis bancaria ocurrida en el segundo gobierno de Rafael Caldera; mientras que los primeros 10 años del gobierno revolucionario de Hugo Chávez (1999-2008), la inversión social en educación se incrementó continuamente, promediando un un valor correspondiente al 5,03% PIB, alcanzando el mayor valor en el 2008 con un 7%, es decir, un incremento del 104% con respeto al valor promedio en la década anterior.


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Figura 1. Inversión social en Educación como Porcentaje del PIB, 1990-2008

5,0 3 3,43

Fuente: MPPF.

Estos bajos valores de inversión para la educación por parte del gobierno de Caldera fue una de las consecuencias de la aplicación de medidas neoliberales, una de las cuales implicó la privatización de la principal industria del país, PDVSA. En esos momentos, la compañía petrolera estaba jugando un papel político estelar, y el alto tren ejecutivo estaba convencido de que había llegado el momento de implementar plenamente su agenda liberal, la cual, en última instancia, habría de conducir a la privatización de las filiales de PDVSA. Esta tendencia hacia la privatización de PDVSA se vio promovida enérgicamente por Luis Giusti en su carácter de presidente de la Corporación a lo largo del periodo gubernamental de Caldera, al concebir que:


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Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a su desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo (Mendoza, 2010).

Esta empresa sufrió la modificación estructural para incorporarse en determinadas áreas de la actividad diversos intereses privados extranjeros. Por otra parte, no hay que perder de vista que se privatizaron activos adquiridos de empresas financieras en 1994, y ya para 1997, intereses financieros foráneos controlaban 41% de los bancos venezolanos. Todo esto incide para que en 1998, año electoral, la crisis venezolana se profundice, en razón del descenso casi vertical y profundo de los precios del petróleo (US$ 10,50 en promedio en comparación con U$ 16,48 el año anterior y un 37% de los valores de 1973) (Mujica, 2012), ver Figura 2. Figura 2. Evolución cesta de Exportación Venezolana Petrolera y Cesta OPEP ($/BL) Base: 1973 = 100

Chávez, al ganar la presidencia de la República, se encontró con un país económicamente deprimido, socialmente devastado y políticamente fragmentado. Para febrero de 1999, la cesta venezolana de exportación promediaba US$ 8,97 por barril. Esta situación, le obligó a enfrentar resueltamente la crisis y librar


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la batalla por detener el deterioro de los precios del petróleo, llevando incluso esta lucha mucho más allá de nuestras fronteras, hasta alcanzar un precio justo. La nueva administración política liderada por Hugo Chávez estaba consciente que tal giro en la política petrolera era un asunto impostergable y vital para nuestro país, pues, con unos precios tan deprimidos resultaría imposible llevar a cabo las nuevas transformaciones políticas y económicas en que se suspendía su programa de gobierno y que con urgencia reclamaban los sectores más desposeídos y mayoritarios de nuestra sociedad. Es por ello que Chávez centró su política petrolera en tres objetivos medulares: …en primer lugar, la recuperación de los precios y maximización de la renta revirtiendo para ello la política aperturista que privilegiaba volumen en detrimento de los precios y también mediante el incremento de la tasa de regalías, en segundo lugar, el fortalecimiento de la OPEP con el objeto de producir una mayor defensa del precio en el mercado petrolero internacional y en tercer lugar, se plantea una renacionalización de PDVSA. De hecho, se reivindicó el control del Estado sobre los recursos naturales y además se le otorgó rango constitucional a PDVSA. (Mujica, 2012).

Gracias a esta política de Chávez, sustentada en una visión clara e integral de las relaciones con los países miembros de la OPEP, logrando un incremento del precio internacional del barril de petróleo (2000) que se mantuvo in crescendo, a pesar del paro petrolero realizado por los sectores opositores al gobierno de Chávez (2002-2003), llegando incluso a un 440% promedio de incremento con respeto a los precios de 1973 durante los primeros 10 años de revolución (ver Figura 2), los resultados se comenzaron a observar en el corto plazo. Esto le permitió, entre muchas cosas, aumentar significativamente la inversión en Educación, tal como se explicó anteriormente (ver Figura 1). La inversión financiera para la EU por el Presidente Nicolás Maduro Luego de ganar por tercera vez la presidencia de la República, en diciembre de 2012, Hugo Chávez falleció varios meses después por una enfermedad cancerosa. Tal ausencia podía representar un posible retroceso político, junto con los cambios sociales alcanzados hasta la fecha. Los sectores opositores – nacionales y foráneos– estaban conscientes de tales efectos, y el papel que iban a jugar para acelerar la caída de la Revolución Bolivariana, no se hizo esperar. Sin embargo, el candidato presidencial Nicolás Maduro, logró ganar las elecciones que lo colocan como el primer presidente de la República después del fallecimiento de Hugo Chávez, garantizando la continuidad de los cambios que se habían desarrollado en estos últimos años. Así, cumpliendo con sus ofertas electorales, el presidente Maduro ha logrado seguir con la política de inclusión a la EU que comenzó el presidente Chávez,


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realizando enormes esfuerzos para continuar aumentando la matrícula estudiantil en concomitancia con una significativa inversión para el sector universitario. En la Figura 3 se muestra el Presupuesto Ley desde el año fiscal 2011 hasta el mes de junio de 2016 que han tenido las instituciones educativas universitarias (IEU): Bs 11.142.811.856 en 2011 a la cantidad de Bs 56.419.147.023 (406% de incremento) en el 2016. Además, se puede observar en el gráfico que el grupo de universidades, cuyas autoridades conforman la Asociación Venezolanas de Rectores universitarios (AVERU) recibieron la mayor parte de tales presupuestos en relación a las universidades, cuyas autoridades constituyen la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL). Es importante indicar que ambos grupos de instituciones, son universidades nacionales autónomas, tal como lo definen los Artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Universidades (1970) vigente.

56.419

60.000

2011

2012

2013

14.268 9.640

15.478 9.019 6.456

10.000

12.745 7.599 5.186

20.000

11.143 7.310 3.824

30.000

23.909

40.000

31.488 24.931

31.693

50.000

18.897 12.706

Millones

Figura 3. Presupuesto Ley (en Bs. corrientes) aprobados a las Universidades públicas del país.

0

PPTO TOTAL

PPTO AVERU

2014

2015

2016

PPTO ARBOL

Fuente: OPSU Según datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el 2015, el Estado le asignó a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) la cantidad de Bs 18.896.537.022, mientras que la Asociación de Rectores y rectoras Bolivarianos (ARBOL) percibió un presupuesto de Bs


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12.706.208.895, es decir, un 33% menos, a pesar que la AVERU está conformada por 11 universidades (10 universidades públicas UCV, UC, UNESB, UCLA, LUZ, UDO, UNEXPO, UPEL, ULA, UNET y UNA y una de gestión privada: UNIMET), mientras que la ARBOL está conformada por 45 IEU públicas. Aunado a esto, en el 2015, las universidades de la AVERU presentaron un personal compuesto por 37.971 docentes, 26.061 trabajadores administrativos y 13.268 obreros y una matrícula estudiantil de 575.504 cursantes (aproximadamente el 22% de la matricula total del país), mientras que las universidades de la ARBOL, para ese mismo año 2015, presentaron la siguiente composición de su personal: 47.574 docentes (25% más que AVERU), 15.980 trabajadores administrativos (39% menos que AVERU) y 10.083 obreros (24% menos que AVERU), atendiendo el 78% de la matrícula estudiantil nacional. Sin embargo, a partir de esta distribución desequilibrada de los Presupuestos Ley para las IEU, por la cual las universidades AVERU reciben la mayor proporción, teniendo una menor matrícula estudiantil y nómina de personal, sus autoridades rectorales han exigido todos estos años un mayor presupuesto, conduciendo a numerosos paros, protestas y comunicados públicos (Alfonzo, 2015), expresando el 08 de marzo de 2016 en la prensa nacional: ... ante la situación crítica que afecta a la Universidad venezolana debido a las políticas gubernamentales que se imponen a todas las casas de estudios superiores, frente al reiterado incumplimiento en el envío de recursos presupuestarios y a la permanente violación a la Autonomía Universitaria” (Villarreal, 2016).

Afirmación que, de acuerdo con los datos mostrados en la Figura 3, está alejada de la realidad. LA INCLUSIÓN A LA EU POR LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

En la sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) efectuada el 11 de marzo de 2008, se decide crear el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), el cual consiste en “un registro único para los aspirantes a la educación superior, la eliminación de todas las pruebas internas de admisión en las universidades públicas y continuar con el perfeccionamiento del sistema de ingreso de la educación superior” (Gaceta Oficial N° 38.896, 26 de marzo de 2008), cuyas pautas fueron aprobadas posteriormente por el CNU, denominadas “Pautas Para el Ingreso a la Educación Superior” (Gaceta Oficial N° 39.190, 01 de junio del año 2009). Su aplicación fue parcialmente realizada durante 6 años, a pesar de la resistencia que ofrecieron las autoridades rectorales de algunas universidades pertenecientes a la AVERU, tal como fue expuesta detalladamente en el trabajo de Alfonzo y col. (2016). El CNU (16 de diciembre de 2014) decide la ratificación de su decisión del 11 de marzo del 2008 y perfecciona el instrumento de ingreso a la educación universitaria que contempla cuatro variables con una determinada


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ponderación: a) Índice Académico (50%); b) Condiciones socioeconómicas (30%); c) Territorialización (15%); y d) Participación extracurricular de los aspirantes (5%), según resolución N° 491 (publicada en la Gaceta Oficial N° 40.660 del 14 de mayo de 2015). La nueva propuesta democratizaba aún más el ingreso de los aspirantes, cambiando la ponderación anterior (2008) de 97,5% para el Índice Académico y 2,5% para el resto de las consideraciones. Con esta nueva ponderación, se considera tomar en cuenta las variables, incluyendo la académica, que realmente influyen sobre el aspirante frente a las oportunidades de estudio, haciéndolas coincidir con los planes de desarrollo de las regiones, y permitiendo una mayor adherencia a su territorio local (Alfonzo y col., 2016). Cuando comparamos cómo ha sido la matrícula universitaria entre el periodo de la IV y la V República (ver Figura 4), se puede observar claramente que durante los gobiernos neoliberales de la década de los 90 se producía un ingreso a la EU muy bajo (16.552 estudiantes en 1999), en comparación con los años de Revolución Bolivariana, cuando se produjo un incremento del ingreso del 1.306,58% alcanzando un valor de 216.265 bachilleres asignados en el 2015 por el SNI. Es importante destacar que en los primeros años de revolución, la tasa de ingreso a la EU era similar a la de la década de los 90, sin embargo, con la implementación del SNI del 2008 y su perfeccionamiento en el 2014, ocurrieron saltos cuantitativos significativos en el ingreso (ver Figura 4). Esta mayor inclusión se logró gracias a una política audaz, innovadora y con fuerte inversión financiera por parte de los gobiernos revolucionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para crear nuevas sedes de IEU o nuevas IEU públicas, incrementando de 33 en 1998 a 81 en 2016 (145% de incremento), destacando 35 nuevas universidades, tal como se muestra en la Tabla 1. Evidentemente, con esta política de inclusión a la EU se aumentó la capacidad financiera del Estado para satisfacer la demanda nacional.


La inversión social en la Revolución Bolivariana…

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Figura 4. Ingreso a las IEU públicas venezolanas

Fuente: OPSU.

Tabla 1. Número de IEU existentes en 1998 y en 2016 Institución de educación universitaria

Total (1998)

Total (2016)

Colegios universitarios

5

6

Institutos universitarios de tecnología Instituto militar universitario

9 1

10 1

Instituto universitario latinoamericano

0

1

Institutos de estudios avanzados Instituto universitario de aeronáutica

1 0

10 1

17

52

33

81

Universidades TOTAL

Fuente: OPSU.


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Resultados de la asignación de cupos en la EU (2016) Para el año 2016, las IEU públicas ofrecieron el mayor número de plazas de su historia (317.683), gracias al trabajo que habían realizado las autoridades del MPPEUCT conjuntamente con autoridades rectorales de las IEU. Además, como se dijo previamente, gracias al nuevo SNI, se pudo constatar el incremento significativo de la inclusión de los bachilleres a la EU en los dos últimos años (2015 y 2016): para el año 2014 se había asignado a 150.160 estudiantes a la EU. Al aplicarse el nuevo SNI en el 2015, el número de plazas asignadas aumentó al valor de 216.265 (44% de incremento) y para el 2016, se obuvo 222.999 plazas asignadas a los aspirantes (resultado parcial), de lo cual se deduce un incremento del 49% con relación al 2014 (ver Figura 5). Figura 5. Ingreso a las IEU públicas venezolanas mediante el SNI 450000

424.697

417.047

425.734 410.227

396.307

400000 350000 300000

262.843

250000

216.757 179.754

200000 150000 100000

317.683

337.634

128.133

144.489

117.051

125.861

2011

2012

144.467

150.160

2013

2014

216.265

222.999

2015

2016

50000 0

DEMANDA

OFERTA

ASIGNACION

Fuente: OPSU. El proceso de asignación para el año 2016, cuyos resultados obtenidos el 04 de julio fueron los siguientes: 410.227 personas aspiraron al ingreso, quedando asignados 222.999 estudiantes, es decir, el 54 % de los aspirantes. En la tabla 2, se muestran los valores absolutos y en porcentaje del número de aspirantes y asignados por área de conocimiento, destacando que el área más asignada es


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la de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología (33,2%). Mientras que el área que presentó la menor demanda (0,5%) y con menor asignación (1,5%) fue el área de las Ciencias Básicas, aunque el gobierno nacional ofreció becas (Fundayacucho) para aquellos que optaran y quedaran asignados en esta área, la cual es considerada de alta prioridad para las políticas de desarrollo del alto gobierno. Tabla 2. Número de aspirantes (Demanda) y de asignados (Asignación) por área de conocimiento en el 2016 Demanda (1era opción) Área del Conocimiento

Asignación Total

%

Área del Conocimiento

Total

%

Ciencias sociales Ing. Arquitectura Tecnología

143866 114065

35 Ciencias sociales 28 Ing. Arquitectura Tecnología

70335 73964

31,5 33,2

Ciencias de la salud Ciencias del agro y del mar Cs. de la Educ. y Cs. del Deporte Humanidades, letras y artes Ciencias básicas

94443 22641

23 Ciencias de la salud 5,5 Ciencias del agro y del mar 4,5 Cs de la Educ. y Cs. del Deporte 3,5 Humanidades, letras y artes 0,5 Ciencias básicas

25160 25251

11,3 11,3

21538

9,7

3785

1,7

2966

1,3

Total

410227

100 Total

222999 100

18564 14962 1686

Fuente: OPSU. En la Figura 6 se grafican las 6 carreras más demandadas por los aspirantes a nivel nacional, destacando que Medicina ocupa el primer lugar con 35.414 aspirantes en el registro 2016, mientras que el año 2015 la demanda fue superior a 31.000 personas (Alfonzo y col., 2016). Esta es una de las causas de la cantidad de aspirantes que no son asignados al final del proceso, es decir, el cupo limitado (2.282) que ofrecen las IEU (excepto por Medicina Integral comunitaria, quien ofrece muchos más plazas) para esta carrera de Medicina no es suficiente (datos no mostrados). Esta es la razón de que existen aspirantes con altos promedios en sus trayectorias académicas en la educación media pero no quedan asignados en Medicina, dado el bajo número de plazas ofertadas. En otro orden de ideas, cuando se revisan las IEU públicas con su disponibilidad de cupos para el año 2016, se encuentra que las universidades fueron las que presentaron más plazas del total de las IEU. Las primeras 10 universidades disponían de 211.959 plazas, representando un 67% de los cupos ofrecidos por todas las IEU públicas (317.683) (ver Figura 7). Lo paradójico es que fueron las


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IEU pertenecientes a la ARBOL (7) las que presentaron mucho más plazas en relación con las de AVERU (3): 179.326 cupos (85%) vs 32.633. cupos (15%), a pesar que estas últimas en los últimos años, les han aprobado un mayor presupuesto que las primeras, tal como lo describimos en párrafos previos (Ver Figura 3).

40000

35.414

Figura 6: Los seis primeros programas de formación de pregrado más demandados en el 2016

35000

13.254

12.292

15000

13.427

20000

16.823

25000

18.619

Nª ASPIRANTES

30000

10000 5000 0

Fuente: OPSU. Cuando se analizan las calificaciones promedio desde 1° a 4° año de educación media o su equivalente en otras modalidades (Misión Rivas, Convenio Andrés Bello y otros) que presentaron los aspirantes de sus estudios secundarios, los valores obtenidos indican claramente que el mayor grupo de estudiantes (160.147) presentaron un intervalo de notas promedio mayor o igual que 12 puntos o mayor a 14 puntos, pero, a medida que aumenta el valor de la nota promedio, el número de aspirantes disminuye, resultando que aquellos que registraron una nota promedio mayor de 18 puntos, se corresponden con apenas 22.474 aspirantes (ver Figura 8).


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Figura 7. Las 10 principales IEU que ofrecieron más plazas para la asignación para el 2016

Fuente: OPSU. Sin embargo, al analizar el nivel académico de los asignados, el comportamiento fue totalmente diferente. Por una parte, el mayor grupo asignado presentó un mayor promedio de notas (77. 241): de ≥14 a >16 en relación a los aspirantes; y por otra parte, los grupos de mayor nota promedio que aspiraron al cupo, fueron asignados en un gran porcentaje. Por ejemplo: en el grupo de nota promedio de ≥16 a > 18 puntos fue asignado el 78% (57.256) de los aspirantes, mientras que el grupo con nota promedio ≥18 fue asignado en el 85,1% (19.120). Estos resultados demuestran que es falsa la matriz de opinión que han dado algunas autoridades rectorales de universidades de la AVERU después de haberse realizado la asignación de cupos en el 2015, cuando expresaron que el “Método de asignación de la OPSU desmerita el rendimiento académico” (Jorge, 2015). Además, es importante hacer notar que el cálculo de la nota es similar al que se venía realizando para la asignación desde el año 2008 que corresponde al Modelo Multivariable basado en lógica difusa para la asignación, la cual presenta un alto grado de confiabilidad en términos de su procesamiento.


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Figura 8: Notas promedio de los aspirantes y asignados por el SNI 2016

Fuente: OPSU. Un dato complementario sobre este aspecto podemos observarlo en la Figura 9, la cual indica claramente que en los últimos 6 años quedan excluidos un número significativamente alto de aspirantes a la EU, a pesar que presentaron un promedio de notas ≥ 18. Las razones son diversas, destacando, por una parte, que el número de plazas disponibles de las IEU públicas en total está por debajo del número de aspirantes y por otra parte, hay carreras cuya cantidad de plazas es muy baja en relación con el enorme número de aspirantes a ingresar a las mismas. Además, estos resultados contradicen lo expresado por el Núcleo de Secretarios del CNU en un informe del 26 de mayo de 2016: Esta situación de exclusión ha sido comprobada en estudios realizados por varias universidades. Como un ejemplo, se presentan a continuación resultados de la USB donde se observa que aspirantes de altos promedios quedaron sin asignación de cupo en ninguna institución de educación universitaria, siendo incluidos en las listas de espera, comportamiento muy diferente al registrado en el 2014, donde los estudiantes con los mayores promedios siempre eran asignados.

Ese año quedaron no asignados 2.705 bachilleres y para el año 2016, la cantidad de no asignados ascendió a 3.525 aspirantes.


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Figura 9. Número de aspirantes, asignados y no asignados a la EU por el SNI 2016 con notas promedio ≥ 18 puntos

Fuente: OPSU. Finalmente, se realizó la caracterización de la población demandada y asignada con respecto su distribución en estratos socioeconómicos determinados por el método Graffar-Méndez Castellano (Figura 10). De este análisis se desprende que los estratos socioeconómicos en los que se distribuye la población asignada y demandada por el SIN 2016 presentan el mismo comportamiento. El mayor número de aspirantes y de asignados se ubica en los estratos socioeconómicos III, IV y V, siendo 196.419 asignados, representando un 88% del total. Esta distribución es similar a la obtenida en el 2015 (Alfonzo y col., 2016). Asimismo, en los estratos IV y V están ubicados el mayor número de hogares de la población venezolana (4.770.215), representando el 63% de los hogares venezolanos (datos del INE), por lo que podemos afirmar que: a) los datos socioeconómicos con los que se realiza la base de cálculo de la variable socioeconómica dentro del Índice de Asignación de los aspirantes, reflejan un comportamiento similar al de los hogares venezolanos, lo que evidencia que la captura y el procesamiento de los datos socioeconómicos del SIN 2016 no distorsiona el perfil socioeconómico ni favorecería, en principio, a un estrato en particular; b) Que el perfil socioeconómico de la población asignada es similar al perfil de los hogares venezolanos, lo que apuntaría a garantizar un acceso equitativo de la población


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al subsistema de educación universitaria en lo relativo a su condición socioeconómica. Figura 10: Comparación del perfil socio-económico de la población demandada y asignada por el SNI 2016

Fuente: OPSU. CONCLUSIONES

Con base en todos estos resultados, podemos decir, que a pesar de que aún falta mucho por hacer, especialmente en obtener una mayor inclusión de los estudiantes a la EU y estudiar la prosecución a escala nacional, así como investigar y evaluar la calidad de los estudios universitarios impartidos en las IEU actualmente, el gobierno revolucionario está logrando que la mayoría de la población venezolana pueda ejercer su derecho a la EU con una mayor equidad, saldando así parte de la deuda social que el Estado venezolano ha tenido durante décadas. Los enormes esfuerzos financieros que ha realizado el Estado venezolano, a pesar de la guerra económica que está viviendo el país desde hace años, combinado con una política de ingreso, mediante el SNI, ha permitido que la inclusión a la EU haya aumentado significativamente en los últimos dos años. Con el uso del SNI perfeccionado en el 2014, se logra que los estratos socioeconómicos más desfavorecidos de la sociedad venezolana tengan una mayor inclusión,


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que no implica que presenta un menor rendimiento académico de los aspirantes a la EU. Todo lo contrario, están ingresando a la EU aquellos estudiantes de los estratos con menor poder adquisitivo (III, IV y V) pero con las mayores notas académicas del universo de aspirantes, y no precisamente por una manipulación del SNI, tal como se ha declarado en la opinión pública por diferentes vías, medios comunicacionales y autoridades rectorales de universidades públicas nacionales. El SNI, el cual no negamos que es perfectible y auditable, garantiza que el proceso de asignación sea transparente y cubra fielmente los objetivos y criterios establecidos por el MPPEUCT, respetando el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho al estudio para todos y todas con calidad y pertinencia. REFERENCIAS

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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 97-121

APUNTES ACERCA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y SU PERTINENCIA HISTÓRICA EN EL MOMENTO ACTUAL Carlos Hermoso1 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (FACES-UCV) Fecha de recepción: 14-07-17

Fecha de aceptación: 12-11-17

Resumen: Analizamos el origen histórico de la autonomía universitaria y su desarrollo contradictorio en el seno del cristianismo. De origen cristiano, no supone que haya sido aupada por el establecimiento religioso de manera homogénea y dócil. Vistas las demandas del capital y la articulación de la iglesia católica con formas industriosas como propietarios y base ideológica de la clase feudal, comercial y de la usura, deben hacer concesiones al saber. De allí que se brinden espacios que permitan la libertad para desarrollar el saber científico y filosófico. Los principios que rigen las asociaciones gremiales permiten sentar las bases a las universidades, siendo un producto que nace en el cristianismo, encuentra en el mundo occidental bajo el catolicismo una realización concreta. En Venezuela, la autonomía tiene un desarrollo que observa en la renovación de 1968 1969 un episodio que, aun expresando lo más avanzado de nuestra autonomía, fue silenciado, luego del allanamiento por aquella verdad de que lo dominante de la ideología de quienes someten a la sociedad es un principio que se aplica a costa cuando pone en peligro a sus intereses. La autonomía guarda pertinencia histórica y política. Los nubarrones se ciernen sobre la universidad venezolana, cuya realización sufre los embates de un régimen político que avanza en el cercenamiento de las libertades. Palabras clave: Autonomía universitaria, Cristianismo, Catolicismo, Ciencias, Industria.

1

Economista (UCV, 1982). Doctor en Ciencias Sociales (UCV). Profesor asociado (UCV). Asesor de economía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Investigador de las condiciones del desarrollo del imperialismo contemporáneo y de la vigencia de la Economía Política. Participante de la Cátedra libre sobre Autonomía Universitaria. Dirección para correspondencia: hermosocarlos@gmail.com.


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NOTES ON UNIVERSITY AUTONOMY AND ITS HISTORICAL RELEVANCE AT THE CURRENT TIME Abstract: We analyze the historical origin of universitary autonomy and its contradictory development within Christianity. Being of christian origin doesn't suppose that it has been exalted by the religious establishment in an homogenous and docile way. Given the demands of capital and the articulation of the Catholic Church with industrious ways as *owners* and being the ideological base of the feudal, commercial class and of usury, they must do concessions to knowledge. Therefore spaces are provided allowing to develop scientific and philosophical knowledge within freedom. The principles governing trade unions allow the foundations of universities to be laid down. Being a product that is born in from christianity, it finds in the western world under the catholicism a concrete realization. In Venezuela, autonomy has a development that observes in the 1968 1969 renewal an episode that even expressing the most advanced features of our autonomy, was silenced, after the search for that truth that the dominance of the ideology of those who subdued society is a principle that applies at all cost when it endangers their interests. Autonomy has historical and political relevance. The dark clouds hover over the Venezuelan university, whose realization suffers the onrush of a political regime that advances in the curtailment of freedoms. Keywords: University autonomy, Christianity, Catholicism, Science, Industry.

ORIGEN DE LA AUTONOMÍA. INDUSTRIOSIDAD Y AUTONOMÍA. LIBERTAD PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES

Asumimos el origen y desarrollo histórico de la autonomía universitaria como un requerimiento para el avance de las fuerzas productivas, expresado en el progreso de las ciencias naturales, de la astronomía, las matemáticas, entre otras. Es lógico asumir que el desarrollo de las ciencias supone perspectivas filosóficas diferentes a las implantadas por la dogmática religiosa o de cualquier índole, en tanto su realización crea condiciones que abren las perspectivas de una subjetividad proclive al desarrollo científico, así como su aplicación para la creación de medios de producción e instrumentos que han contribuido cada vez más con la productividad del trabajo. Por ende, supone un incremento de la composición de capitales, la producción y realización de la plusvalía. De este modo, su permanencia y vigencia en condiciones del capitalismo es tal, en tanto es requerimiento de este campo científico de cara al desarrollo industrial, como reacción y medio para evadir al oscurantismo de cualquier signo. Dicho de manera más general, la autonomía universitaria, ese medio que permite la libertad de pensamiento para el encuentro de la verdad, está sujeta al desarrollo de las fuerzas productivas materiales inscritas dentro de procesos industriosos, frenados en su oportunidad por el catolicismo patrístico, dominante durante siglos en los espacios cristianos. Un episodio emblemático de esta circunstancia, lo encontramos en el asesinato mediante lapidación, según historias recopiladas por Yubero (2011), de la filósofa y mártir de las ciencias, como algunos la indican, Hypatia de Alejandría, a manos de una turba orientada por quien lideraba el cristianismo de entonces:


Apuntes acerca de la autonomía universitaria…

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El historiador Hans von Campenhausen dice que Uno de los Padres de la Iglesia más polémicos fue Cirilo de Alejandría (c. 375-444). … Cuando era obispo de Alejandría, se valió del soborno, la publicación de libelos y la calumnia para deponer al obispo de Constantinopla entre otros adversarios. Sobre Hypatia y sobre toda la humanidad se abatió la irracionalidad: el creciente poder de la Iglesia católica y su pacto de sangre con un imperio romano en decadencia. La supresión del paganismo, la liquidación de las bibliotecas, del saber y de los sabios, la anulación del librepensamiento y de la investigación científica (...) La prohibición del acceso a la mujer a todo conocimiento para ser sometida, en pocos decenios consiguió llevar a cabo la casi totalidad del proyecto. Pero Ambrosio, Juan Crisóstomo, Agustín y Cirilo, los gigantes del naciente imperio de la Iglesia, toparon en su camino, cimentado de hogueras y regado de sangre, un último escollo: una mujer que dirigía la Escuela alejandrina, una sabia de rectitud moral inquebrantable que, al término de una jornada de investigación y estudio, se echaba sobre los hombros el tribon, (manto de los filósofos), y deambulaba por Alejandría para explicar a sus habitantes el significado de la libertad de pensamiento, del uso de la razón. Cirilo, obispo y nuevo patriarca de Alejandría urdió el asesinato de Hypatia, de nada sirvió la voz aislada del prefecto imperial Orestes, que intentó defender y salvar a esta mujer de ciencia. Ella hizo ver que, en realidad, no podía definirse como “pagana”, porque “cualquier religión, cualquier dogma, es un freno para la libertad de investigación y puede convertirse en una prisión que impida indagar libremente sobre el origen de la vida y el destino del hombre”. Hypatia simbolizaba el aprendizaje y la ciencia, que en ese momento de la historia occidental fueron precisamente identificados como paganismo. En declaraciones conservadas, el obispo Cirilo, la acusó, de: “Enseñar supersticiones como verdad” pensamientos tan indignos y subversivos de Cirilo, que espoleó a la multitud cristiana contra Hypatia acusándola de pagana, impía y bruja. Los asesinos eran Parabolanos, monjes fanáticos de la iglesia de San Cirilo, el ejército privado y fuerza de choque del propio obispo Cirilo. El asesinato de Hypatia está descrito en la obra de un historiador cristiano del siglo V, Sócrates el Escolástico: Como drástica solución a un problema moral, ya que al ser virgen no podía ser asesinada, fue violada, desgarrada, descuartizada y quemada por los propios Parabolanos.

Superar este ambiente, que imperó por siglos, supuso una nueva perspectiva aguijoneada por necesidades supremas del desarrollo. Hubo que esperar hasta el siglo IX cuando se desarrollan nuevas ideas que se abren camino con no pocas dificultades. De acuerdo con Iyanga Pendi (2002), su palanca inicial la encontramos en: El pensamiento escolástico. La aparición y desarrollo de las universidades se produce a lo largo del período en que se extiende la escolástica, del siglo IX al XVI. Escolástica (lat. scholasticum, del gr. Skholastios) quiere significar “perteneciente a


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las escuelas” o a los que estudian en ellas; pero en su tiempo tenía un significado restringido: lo perteneciente o relativo a las escuelas de la edad media (p. 13).

Esta demanda por establecer un espacio que garantizara la libertad del pensamiento, de las ideas, de la filosofía, de la interpretación del mundo en función de la realización de principios conducentes a innovaciones cientificotecnológicas, supone comprender el papel de la escolástica cristiana, cuando nos referimos a los orígenes universitarios en el llamado mundo occidental. La autonomía universitaria es un producto del cristianismo católico. La patrística, que encuentra en la lapidación de Hypatia de Alejandría un emblema que evidencia el oscurantismo al que sería sometida la sociedad europea, da paso a un período que permite el rearme del catolicismo hasta entrar en decadencia y desgaste. La escolástica, producto de las mayores ambiciones epistémicas, permite el rescate del pensamiento helénico y los aportes de los árabes y judíos en distintas áreas del saber, más allá de la filosofía. El Renacimiento, punto culminante de la escolástica, encuentra en Leonardo Da Vinci (1452- 1519) y su obra, una representación y realización de la libertad de pensamiento que imperó en medio de estas circunstancias. Los Médicis, mecenas del arte, que vieron en Leonardo una gran promesa, le facilitaron el camino, garantizándole las condiciones para la libertad de pensamiento y acción. Giordano Bruno (Filippo Bruno, Italia, 1548-1600), por su parte, ese mártir del pensamiento, quien no claudicó frente al oscurantismo de la reacción inquisidora, que se enfrenta a esa perversa relación entre inquisición y escolástica hasta ser quemado en la hoguera, es el emblema que representa esta confrontación. Pero es así como se presenta ese terrible binomio. La escolástica supone la fusión de la razón con la fe, sólo que la inquisición está allí para hacer valer el imperio de la fe por encima de la razón. Además, los aires propios del enfrentamiento a la reforma protestante, hacen más enconado el combate a la razón y la reivindicación de la dogmática católica. La ciencia y las artes son víctimas de este proceso, así como los avances alcanzados por Galileo, entre otros. La reacción inquisidora se hace tan creativa que conduce a tapar partes íntimas de los desnudos en el fresco de Miguel Ángel El Juicio Final en la Capilla Sixtina. El papa Pío V, le encomienda la tarea al mentado por esta “obra”, “Il braghettone”, Daniele Ricciarelli (Volterra, Italia, c. 1509 - Roma, 4 de abril de 1566), mejor conocido como Daniele da Volterra, pintor y escultor manierista. Así, las vidas de Leonardo Da Vinci y Giordano Bruno estuvieron cruzadas por circunstancias opuestas: mientras el segundo padeció la inquisición, Leonardo disfrutó del renacimiento amparado por el desarrollo de la industria, la banca y el comercio, así como de la influencia política sobre el papado. A ello sumemos la liberalización de la Iglesia en manos de una familia díscola en extremo, vinculada al comercio, las finanzas y el poder político, ambiente propio que caracterizó el surgimiento de la burguesía en Europa.


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Sin embargo, hemos de reconocer que la escolástica supone una superación positiva de la patrística. Sobre todo por aquella concepción de esta etapa del cristianismo centrada en reducir la filosofía a los asuntos de la letra de los apóstoles y del Antiguo Testamento. La verdad está en las letras de los padres de la iglesia, no más allá. Las ideas filosóficas del cristianismo patrístico sumen al llamado mundo occidental en un oscurantismo que contribuye con su rezago en relación con los mundos asiático y árabe. Empero, las demandas del lento pero terco desarrollo de las fuerzas productivas ─frenado al extremo por las relaciones enfeudadas y terrible férula patrística─ van propiciando nuevas formas de conciencia. La sola idea de fundir la razón con la fe, implica un avance sustancial como forma de conciencia inspirada por una base objetiva que se abre paso a trompicones, lo que deriva en El Renacimiento como expresión emblemática. En medio de los vientos controversiales que dieron origen al Renacimiento, la Iglesia Católica no encuentra manera de zafarse de los conflictos que derivan en la Reforma y el surgimiento del protestantismo en sus variantes principales – alemana e inglesa– y secundarias, en otros espacios europeos, el Renacimiento italiano y sus incidencias en Francia y en los nacientes Estados Nacionales, se ve ahogado en buena medida por la Contrarreforma, que encuentra entre sus manifestaciones más claras, llenas de oscurantismo, la creación del Índice de Libros Prohibidos (Índice Librorium Proibitorium). Entre los libros proscritos se encontraban las ideas de Galileo y Giordano Bruno. Autores y obras fueron prohibidas y quemadas por la llamada Santa Sede, teniendo efectos esta oscuridad, aunque muy menguados, hasta 1965. La cada vez menor influencia de la Iglesia Católica deja a un lado sus rastras en la medida en que avanzan las ciencias, el método científico y la ética burguesa, por lo que resulta ridículo encontrar en el mentado Índice, autores de una talla universal como Descartes, entre muchísimos otros genios de las ciencias, la literatura, la poesía, entre otras manifestaciones del saber y la cultura. Este oscuro ambiente, dadas las demandas del naciente capitalismo en el seno de las relaciones feudales europeas, motiva aún más la idea autonómica y universitaria. Se funden cuestiones propias de las relaciones feudales como el gremio o corporación, con la necesidad del desarrollo del conocimiento demandado por la industriosidad. Gremios e Iglesia confluyen para crear este principio de autonomía y así garantizar la libertad de pensamiento fuera de la autoridad religiosa. Siglos antes encontramos los primeros pasos en esta dirección. En primer lugar, la influencia árabe es determinante en las bases a partir de las cuales se originaron las universidades europeas. De acuerdo con Navarro (2011): Entre los siglos IV y V los sirios cristianos fundan la Escuela de medicina de Gundishapur (Persia), que se hará famosa en todo el mundo; luego, por motivos políticos y militares, la escuela se traslada a Bagdad, –Siglo VIII– denominándose


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Bayt al Hikma, “la Casa de la Sabiduría”, para traducir las obras científicas de médicos y filósofos griegos clásicos. Durante este siglo también aparecen los hospitales que se vincularán estrechamente con las escuelas de medicina, terminando por definir un modelo empirista, laico, tolerante y riguroso de universidad, que dará fama mundial a aquellos establecimientos, e impactarán en el modelo de las primeras universidades europeas. El nuevo modelo adoptado por las universidades árabes y persas se caracterizó por el rigor en el estudio, y muy especialmente por la investigación y la enseñanza de la medicina. Este modelo dio origen al college, característico del sistema de altos estudios estadounidense e inspirará el surgimiento de la universidad moderna en Europa. Algunas de las más famosas universidades árabes y persas antiguas fueron: la universidad de Bagdad, la de Córdoba (España), la de al-karaouline (Marruecos), la de Damasco (Siria), la del Cairo (Egipto), la de Salerno (Italia). En el proceso de expansión del Islam a finales de la edad media, los árabes fundan universidades en áfrica (sic).

Aun cuando los árabes designaban con el nombre de madraza o madrasa a sus instituciones educativas, se construye la sinonimia con universidad, dado que tales centros llegaron a alcanzar elevados niveles de desarrollo intelectual en varias ramas del saber. La sociedad europea, con todo y el imperio de las ideas oscuras, se vio forzada a heredar aspectos positivos de esos desarrollos árabes en el terreno educativo. Por lo que: La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia. (Algunos afirman que fue la de Salerno, también en Italia) formada a partir de escuelas municipales. La fundación de la Universidad de Bolonia en 1088, coincidió con la renovación del interés por el derecho romano sobre todo por el redescubrimiento del Código de Derecho Civil de Justiniano. En el siglo XII un gran maestro, como Irnerio (10881125) podía atraer a estudiantes de toda Europa. La mayoría de ellos eran seglares, a menudo individuos de edad que desempeñaban funciones de administradores de los reyes y príncipes, y estaban deseosos de aprender más sobre derecho para aplicar sus conocimientos en sus profesiones. Para protegerse, los estudiantes y profesores de Bolonia formaron un gremio, o universitas, que el emperador Federico Barbarroja reconoció por cédula en 1158. Aunque el cuerpo docente también se organizó como grupo, la universitas de estudiantes de Bolonia tuvo mayor influencia, obteniendo por parte de las autoridades locales, una promesa de libertad para los estudiantes, regulación en el precio de los libros y del hospedaje además de los estudios, las cuotas y el profesionalismo de los maestros. Se multaba a los profesores si faltaban a una clase o comenzaban tarde sus lecciones. La Universidad de Bolonia siguió siendo la mejor escuela de leyes de Europa durante la Edad Media. En el norte de Europa, la Universidad de París se convirtió en la primera universidad prestigiosa de iniciativa eclesiástica (…) A finales del siglo XII estos maestros de París formaron una universitas, o gremio de maestros. En 1200, el rey de Francia Felipe Augusto reconoció de manera oficial la existencia de la Universidad de París. La Universidad de Oxford, en Inglaterra, se organizó según el modelo de la de Paris, y apareció por primera vez en 1208. Una migración de académicos de Oxford, ocurrida en 1209, condujo a la fundación de la Universidad de Cambridge.


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En la Alta Edad Media los reyes, papas y príncipes rivalizaron en la fundación de nuevas universidades. A finales de la Edad Media había ochenta universidades en Europa, la mayoría de ellas localizadas en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania (Ídem).

Para Iyanga Pendi (2002) existe una clara relación entre la idea de protección a partir de la asociación gremial y la cuestión religiosa. De este modo, El modelo de la nueva organización fueron los gremios y cofradías medievales; de ellos poco a poco maestros completamente desconocidos empezaron a imitar en algunas catedrales la práctica de los gremios y a organizarse ellos mismos corporativamente, en lo que en latín medieval dieron en llamar universitates y su singular es universitas. Cuya intención era probablemente, la de regularizar la enseñanza y asegurar el mantenimiento de niveles adecuados por parte de quienes aspiraran a ser admitidos en la sociedad de maestros. En el latín clásico y de la alta edad media una universitas era un conjunto de personas, bienes y entidades abstractas. La universitas rerum era el conjunto de todo aquello que existe, el universo. En el siglo XIII, el término sufrió un interesante desarrollo, pasando a designar a grupos sociales dotados de un estatuto colectivo o a toda comunidad organizada con cualquier fin, como comunidades eclesiásticas o corporaciones profesionales.

Otro tanto aporta el colombiano Guillermo Páramo Rocha (2009), para apuntalar nuestra idea de que la universidad moderna encuentra una imbricación entre el hecho gremial y las demandas del saber, cuando señala que: La universidad en su conjunto es una institución de siglos que transfiere un poder de siglos. En nuestra cultura se aspira a que sea la institución de los sabios que reconocen y forman a los sabios. El ejercicio soberano del saber que se les reconoce es su autonomía. La autonomía universitaria nació al compás de las conquistas de los fueros por las corporaciones, gremios y guildas en la sociedad medieval. Tal cual un gremio de orfebres reclamaba de las más altas autoridades eclesiásticas y civiles fuero para regirse, determinar quién podía ser un maestro orfebre, escoger, formar e incorporar a los aprendices y velar por la calidad en el ejercicio del oficio que mejor que nadie conocía, grupos de profesores o estudiantes, que quisieron acometer sus estudios por fuera de las escuelas catedralicias, reclamaron fuero para determinar quién podía enseñar y quién no y para mantenerse en eso a salvo de la interferencia de cualquier poder local. Papas, emperadores y reyes concedieron esos fueros a los studia generlia, en especial el privilegio de determinar quién podía enseñar en cualquier parte, el ius ubique docendi, con el cual, según los historiadores, nació la universidad (Pedersen 1997: 122, ss.; Rashdall 1997: I, 1, ss.). Algo de esos fueros medievales quedó también en otra institución asociada con el control del saber en nuestra sociedad, la profesión con su colegio profesional. Sabemos que en esos días ‘universidad’ significaba apenas “comunidad y ayuntamiento de gentes y cosas”, como aún decía a comienzos del siglo XVII Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (cf.


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También Rashdall ibid) y que los privilegios que recibieron los studia generalia fueron tocantes a muchas materias y servían para muchos propósitos: para que estudiantes y profesores pagaran más bajos arriendos, fueran aprehendidos y juzgados sólo por sus colegas -salvo en caso de asesinato o mutilación- o para que tuvieran el monopolio del ale, la fuerte cerveza medieval (cf. Rashdall, ibid.).

Así, junto a las primeras universidades modernas, que surgen en los nacientes Estados Nacionales, encontramos una autonomía universitaria incipiente pero llena de principios que aún tienen vigencia. Junto a estos principios, fundamentalmente el de la libertad de pensamiento, el desarrollo y realización del conocimiento científico, se va articulando y nutriendo con el desarrollo de la industria. A su vez, las demandas de la competencia estimulan aún más el desarrollo de las ciencias. El capitalismo es competencia, composición orgánica que supone el desarrollo de innovaciones tecnológicas que demandan de la ciencia el dominio de principios del desarrollo de la naturaleza. A su vez, las ideas mercantilistas, van parejas a estos desarrollos, junto al de la libertad de pensamiento. Derruir las fronteras feudales pasaba, en primera instancia, por la ampliación del mercado exterior por encima de los mercados interiores. Comercio y desarrollo de las ciencias van parejos. El astrolabio, el sextante, entre otros instrumentos, son el resultado de ese desarrollo, que supone avances científicos en la física, matemáticas, oceanografía, astronomía, etcétera. La libertad de pensamiento, que permite enfrentar las ideas escolásticas que reprimían el desarrollo de teorías fundantes de las ciencias modernas, de las ciencias naturales, ya en su fase decadente, va derruyendo algo más sólido: las ideas oscurantistas y la dogmática religiosa. Esa era una necesidad impostergable para la pujante y naciente industria y con ello, de la burguesía que daba sus primeros pasos como clase social en sí y para sí, con el corsé que suponen las relaciones enfeudadas. Es así como las primeras corrientes autonomistas, que las encontramos en el corazón de la Europa medieval, en Bolonia, París, entre otras ciudades, se desarrollan y cristalizan al lado de las ideas económicas que amplían el horizonte del mercado hasta configurar su carácter mundial. En definitiva, el capitalismo en ciernes, más bien, el desarrollo de las formas primitivas de la industrialización, en el marco de los pininos del proceso de acumulación originaria de capitales, uno de cuyos resultados fue el cisma de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana; demanda de manera pujante e indetenible el desarrollo de la ciencia y su aplicación en tanto innovaciones cientificotécnicas. Vale indicar aquélla sentencia de Marx (1989), en su célebre prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política: En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que


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corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo (pp. 7-8).

Estos principios nos permiten sustentar el desarrollo dialéctico de toda forma superestructural y su sustento ideológico y cultural; principios o leyes cuya atención es fundamental para comprender esta institución que se abre paso, de manera muy particular, hasta convertirse en institución fundamental del desarrollo capitalista. Ello es lo que la da un carácter concreto a la autonomía, en el sentido de que junto a ella se va entronizando la idea según la cual lo natural es el orden político imperante hasta las revoluciones burguesas, a partir de las cuales esta idea es sustituida por la misma especie pero referida al orden capitalista. De tal manera que este principio permite la liberación de la conciencia científica que sienta las bases del desarrollo de las fuerzas productivas industriales en el marco de las relaciones enfeudadas y más adelante, las capitalistas. Sin embargo, desarrollos científicos en el campo de las ciencias naturales que no se correspondan con las demandas del capital en una circunstancia concreta se ven frenados por quienes hegemonizan el proceso, esto es, por el segmento del capital que lidera el proceso. LA AUTONOMÍA Y SU REALIZACIÓN CONTRADICTORIA. LA IDEOLOGÍA DOMINANTE

La articulación dialéctica entre la base material y objetiva y las relaciones imperantes, conduce a subjetividades concretas. Esto es, el resultado de la confrontación entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas: frenadas por aquellas, impulsan o crean espacios para la realización de la libertad de pensamiento, sobre todo en condiciones del


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incipiente capitalismo. Aunque es de destacar que, en cualquier circunstancia, la aplicación de principios que liberan las fuerzas productivas es una constante en el desarrollo de la humanidad, por lo que no es de extrañar que, en la medida en que el hombre va aprehendiendo los principios que rigen el movimiento de la materia, se va liberando de lo que entiende como manifestaciones mágicas. A la postre, se va imponiendo la conciencia en la aplicación de tales principios para el progreso, lo cual no supone que no se encuentren obstáculos en el camino. Las evidencias son demasiado contundentes como para negar esta afirmación, de modo tal que podemos concluir que, a pesar de las limitaciones que imponen las fuerzas reaccionarias en cada momento histórico, siempre han terminado por imponerse las formas de conciencia que apuntalan el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, expresado, en primera instancia, en la entronización en el cerebro de hombres concretos hasta convertirse en una tendencia social. Ahora bien, junto a ello se le da un carácter metafísico al orden burgués, así como antes se le dio al feudal. Eso supone una contradicción, que va pareja al grado en el cual avancen las ideas subversivas en relación con lo establecido. De allí que la autonomía se inscribe en el marco de la libertad burguesa, de sus principios y se articula con la fórmula judeocristiana del libre albedrío y por ende, con el de la libertad de elegir. Esto es, se imbrica con principios fundamentales del orden burgués. De esta manera se realiza en el marco de las libertades burguesas, así como de su naturaleza metafísica, por lo que sus alcances son inversamente proporcionales a la trascendencia alcanzada por las ideas que pudiesen subvertir el orden o que encuentren asidero en la conciencia de los oprimidos. De allí el avance impetuoso de las ciencias naturales y metodológicas y la conversión de las ciencias sociales en apologética burguesa. Por su parte, el desarrollo de las artes, de las distintas manifestaciones culturales, de igual manera, encontrarán las mismas condicionantes. Mientras se ubiquen como expresiones que afiancen la cultura dominante, mientras contribuyan con el principio según el cual en el capitalismo se producen bienes que satisfacen necesidades, por lo que se crean los sujetos en correspondencia, no sufrirán freno alguno. Mientras no subviertan lo establecido o no representen un peligro sustancial a una forma de dominación burguesa, la producción cultural y artística encontrará una relativa libertad. La complejidad de esta relación, articulación y contradicción radica en el hecho de que las fuerzas productivas son frenadas pero no detenidas. Su desarrollo es permanente. Incluso, hasta las confrontaciones bélicas han supuesto su desarrollo. Si no, veamos las innovaciones alcanzadas al calor de la confrontación armada en todos los tiempos. Es necesario ubicar que esta categoría encierra muchas determinaciones y continentes, aunque debemos identificar que el hombre, la especie, la fuerza de trabajo, es la fundamental y principal; fuerza productiva es crecimiento vegetativo, cultura, ciencia, estética, cuya derivación


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es y será cada vez más, esperanza de vida y humanización en su expresión más acabada. Cuando la ideología hegemónica de las clases dominantes no encuentra resistencia en las sociedades capitalistas y por ende, en sus centros de estudio, la autonomía ciertamente abarca de manera muy amplia todos los campos de las ciencias, el saber, la cultura y las artes. Sin embargo, en el momento en el cual las ideas subversivas, que no sólo logran determinar el curso de los acontecimientos sociales de manera científica, sino que presentan una perspectiva diferente al orden imperante, esto es, presentan como alternativa un proyecto que plantea nuevas relaciones sociales de producción, la autonomía, el libre encuentro de las distintas corrientes del pensamiento, se enfrenta a limitaciones que impiden su plena realización. Eso es lo que explica que la autonomía, con base en las demandas del capital, puede llegar a ser plena de cara al avance de las ciencias naturales, pero no para el caso de las ciencias históricas. A su vez, todas las formas del irracionalismo reaccionario se convierten en frenos para el avance de formas de conciencia que coadyuvan al progreso de la humanidad. Ahora bien, esta afirmación supone que la autonomía universitaria, o la libertad de pensamiento, para decirlo en términos más generales e históricos, siendo la institución burguesa más acabada para propiciar la conciencia científica y crítica, se ve envuelta en la contradicción antes dicha, por lo que termina convirtiéndose en un instrumento al servicio del orden imperante por aquello de que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes y que la superestructura juridicopolítica se corresponde con la estructura económica. De allí que la idea filosófica dominante en materia política e histórica sea la metafísica en sus diversas variantes. Negar la verdad y el espíritu crítico, en las ciencias sociales o apologética burguesa, tiende a ser absoluta; todo en aras de evitar la transformación social. Sólo que, en el caso del capitalismo, al demandar de un impetuoso desarrollo de los medios de producción y de la ampliación ilimitada del mercado, propicia la idea de cambio y transformación. Esto es, propicia ideas dialécticas. Recuperando a Marx y Engels (1974): Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una


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época histórica se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una época y en país en que se disputan el poder la corona, la aristocracia y la burguesía, en que, por tanto, se halla dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como “ley eterna” (pp. 50-51).

Aun así, la autonomía se convierte en un resquicio nada despreciable para la propagación de ideas científicas y de cambio en el campo de las ciencias sociales. Bajo el amparo que da la realidad concreta, es fácil la tarea. La resistencia de quienes propagan la metafísica y apologética burguesas es un escollo sencillo de superar en términos teóricos, pero muy difícil en términos ideológicos y políticos, en tanto su hegemonía se expresa de manera prepotente. La evidencia empírica permite lanzar la ofensiva, pero se encuentra, en primera instancia, con la hegemonía del irracionalismo metafísico en sus distintas expresiones. Sólo la correlación de fuerzas en favor de las ideas dialécticas permite que este resquicio sea bien aprovechado. Se convierte, para quienes propiciamos la transformación revolucionaria de la sociedad, en una libertad democrática que permite incidir en la conciencia nacional, partiendo de los principios de búsqueda de la verdad y espíritu crítico. Eso supone una conciencia avanzada, sobre todo en los estudiantes. Así, articulada con el necesario desarrollo de las ciencias naturales, surge una superestructura ideológica que busca legitimar el orden imperante. Se presenta una articulación, nada homogénea ni lineal, entre las condiciones objetivas y las subjetivas, en sus aspectos jurídicos y culturales, que permiten una realización concreta, pero no ilimitada, de las ciencias naturales y metodológicas. Con todo, la autonomía es esencial en la condición de toda universidad burguesa inscrita dentro de la investigación y la creación artística y cultural. Por ello, no podemos concebir el concepto de universidad desligado de ella. Si la autonomía no es realizada, más que universidad, ese centro educativo que no cuente con ella, es apenas reproductora de una fuerza de trabajo de relativa calificación para satisfacer la demanda del aparato productivo. Sólo eso. En palabras de Tecla Jiménez, en su libro Universidad, burguesía y proletariado (1976), se convierte en apenas una universidad fábrica de fuerza de trabajo calificada. Por todo lo anterior, más que una ingenuidad, resulta una inconsecuencia el planteamiento según el cual la autonomía encuentra en la autogestión, en la cogestión o, en general, la independencia financiera, la condición para ser realmente plena y efectiva. Inconsecuencia que trasiega el tufo liberal detrás de una postura (¿o impostura?), supuestamente de progreso y autonomista. Es como el remedio que consiguieron los profesores universitarios al privatizarse el servicio


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de salud y descargarlo en sus propias espaldas, con el ánimo de independizarse del Estado. La autonomía está sujeta, como hemos tratado de plasmar, a las demandas objetivas y subjetivas del orden burgués. Si nos ubicamos en el carácter relativo de la autonomía, así como también en las condiciones que le dan vigencia, nos percataremos de que esta institución prevalece y es auspiciada por el Estado burgués como una de sus instituciones fundamentales, en aras del saber que demandan la industria y la cultura burguesa. LA UBICACIÓN HISTÓRICA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y SU PERTINENCIA EN EL MUNDO MODERNO

La autonomía nace, se realiza y desarrolla, en sus orígenes, de manera muy controversial dado que los procesos industriosos aparecen en el marco de las relaciones feudales. Aunque, de igual manera, en condiciones de mayor desarrollo capitalista sigue imperante la contradicción. El feudalismo demanda de un relativo desarrollo de la industria –expresada en esta etapa en la artesanía– para satisfacer tanto las demandas de medios de producción, como de bienes de consumo de las clases dominantes, de la nobleza y aristocracia feudal, en el marco de la camisa de fuerza que representa el orden servil. Ello explica estos episodios históricos llenos de confrontación. A su vez, el desarrollo de la industria supone el dominio de principios del movimiento y estos, su descubrimiento e identificación, entrando en contradicción con la escolástica reaccionaria del momento y su instrumento represivo, la Santa Inquisición. Las ideas de Copérnico (1473-1543), quien vivió en el período del Renacimiento –y además, estudió en Bolonia y París–, y las de Kepler (1571-1630), en el marco del protestantismo, encuentran resistencia en la escolástica cristiana. Logran estar ilesos, el primero por el ambiente autonomista y el segundo, superado el período oscurantista, lo ampara aún más el protestantismo. Allí podemos encontrar la raíz de las diferencia entre las universidades del mundo católico romano y el protestante o sajón. La patrística, dominante en la Iglesia Católica durante el tenebroso período, vistos sus efectos perversos en el desarrollo de las fuerzas productivas –que dejaron a Europa en las tinieblas mientras los árabes, persas y asiáticos alcanzaban niveles elevados en las ciencias y las matemáticas, la medicina y las artes–, fue superada por la propia Iglesia. Ello le permitió traer algo de Prometeo, sólo algo, creando la institución universitaria y con ella, la autonomía, para así brindar un espacio que permitiera el desarrollo de algunas ciencias y la legitimidad de la Iglesia cobijada, en lo sucesivo, en la razón. De allí que rescataran a los griegos luego de siglos de imperio de la idea según la cual, la verdad está en el Evangelio.


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Es por ello que la universidad, que nace crítica buscando la verdad, no debe arrodillarse ante una corriente filosófica que parece llevarnos a ese espíritu sojuzgado que sólo espera el paraíso. Mientras, acá en la tierra, hay que aprender a vivir, aunque sea en las peores condiciones. Aprender a quedarse quieto y apenas hablar para que otros sujetos igual a él lo oigan, lo estudien, lo contemplen. Peor aún, lo adocenen. Como toda categoría histórica, la autonomía universitaria tiene una ubicación concreta. Es la demanda del desarrollo de las fuerzas productivas materiales lo que marca su origen y desarrollo subsiguiente. Más específicamente, el desarrollo industrial en condiciones feudales, empuja a la creación de espacios para la búsqueda de la verdad, lo que a su vez conduce a la confrontación con la escolástica religiosa del momento. En lo sucesivo, esta determinación va a estar a momentos en confrontación con lo establecido. Ubiquemos que se trata de una institución que, aparte de ser propia del llamado mundo occidental cristiano, su desarrollo está sujeto a circunstancias que obedecen a condiciones objetivas del proceso de acumulación de capitales. Indiscutiblemente que, en última instancia, es la composición orgánica de capitales la que determina las ramas de la industria que más impulso van a recibir. El estímulo que cada una recibe, es fruto de la competencia capitalista, así como también lo es el comportamiento de la cuota de la ganancia, dado su desarrollo desigual y su tendencia a la nivelación. Esas son tendencias absolutas del desarrollo del orden burgués. De allí el estímulo y por ende, el condicionamiento de las líneas de investigación en las grandes universidades de los países imperialistas o de gran desarrollo industrial. Así, siempre la autonomía está sujeta a estos intereses. Los mayores desarrollos de las ciencias naturales, de las innovaciones cientificotecnológicas, a escala planetaria, hoy día, se encuentran estrechamente vinculadas a la industria armamentista, a la industria bélica. Más aún, buena parte de los grandes avances en la industria civil son el resultado de aplicaciones que se desprenden de la industria de la guerra. En estos tiempos, la orientación de la oligarquía financiera en los países imperialistas juega un papel principal, es determinación absoluta. La autonomía, en aquellas naciones imperialistas en las cuales impera, guarda bastante distancia a la que prevalece en los países de América Latina. Las universidades en Estados Unidos sufrieron una ofensiva de la cual no se recuperan. Esto las convirtió en espacios privados al servicio del capital, por lo que el control de los desarrollos científicos está sujeto a las demandas de los inversores y financistas. De ello no escapan las diversas áreas del saber y la cultura. La autonomía apenas es una vaga idea sin efecto alguno. No existe esta tradición en esta potencia imperialista, por lo que la realización del saber universitario está más condicionado a los intereses del capital que en otros lugares.


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Asimismo, la realización de esta institución está sujeta a los vaivenes políticos del Estado burgués. Si la autonomía se convierte en un medio para el desarrollo del pensamiento subversivo, que atenta contra el estado de cosas imperante, se limita su realización o se anula. El proceso de renovación universitaria de 1968-1969 en las universidades autónomas de Venezuela es un vivo ejemplo, aunque olvidado, de esta afirmación. Consideramos que la Renovación es el más grande intento por convertir la universidad venezolana en espacio al servicio del desarrollo y la independencia nacional, con base en el espíritu crítico. Sin embargo, repetimos, este proceso fue silenciado al punto de que su olvido es muy ruidoso. Al respecto vale lo anotado por Nelson Méndez en su artículo La Renovación en la Universidad Central de Venezuela (1968-1969): Érase una vez el futuro: Cuando uno se propone reconstruir y analizar cualquier aspecto de la experiencia de la Renovación en la Universidad Central de Venezuela –UCV– entre 1968 y 1969, se sorprende con el contraste entre el enorme interés que ese proceso generó en su momento y el silencio que luego cae sobre el tema. Esta afirmación cabe porque tras escudriñar en los bancos de datos computarizados y los ficheros de la Biblioteca Nacional y de las Bibliotecas Central, de Humanidades, de Economía, de Educación y de Ingeniería de la UCV, encontramos que de 21 títulos allí localizables referidos exclusiva o principalmente a las experiencias históricas de la Renovación universitaria en Venezuela en 1968-1969 o al debate teórico que la acompañó, apenas uno fue escrito fecha posterior a 1975, como podrá constatarse en la Bibliografía comentada que incluimos al final de este trabajo.

La renovación adquirió tal empuje en su oportunidad, que el rector Bianco afirmó, según cita que reseña la doctora María Elena González Deluca en La UCV y la autonomía, entre la toma estudiantil y la toma militar (2008), afirmó: Los problemas de la UCV eran… producto de los desajustes de una experiencia revolucionaria que chocaba con las viejas estructuras. La renovación, afirmaba, superaría las fallas y vicios, y sus resultados serían los más extraordinarios en la historia de la educación, superiores incluso a los obtenidos por la Reforma de Córdoba.

Este movimiento, debe ser rescatado en momentos en los cuales la universidad autónoma sufre la mayor ofensiva de toda su historia, toda vez que sirve de ejemplo para elevar las luchas en ciernes. Tal fue el grado de participación que en la Facultad de Arquitectura, la toma de las instalaciones por estudiantes y algunos profesores, y la reunión de una asamblea paritaria, señaló allí el comienzo de la renovación desde abajo, que se declaró solidaria con los estudiantes de ingeniería. La toma impidió la elección de nuevos miembros del Consejo de Facultad y la Asamblea declaró el carácter experimental de la facultad, el desconocimiento de las autoridades y el establecimiento de una Comisión Pari-


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taria, que incluía entre sus miembros al arquitecto de la Ciudad Universitaria, Carlos Raúl Villanueva. Con 70 años a cuestas, Villanueva tuvo una destacada participación en el proceso de renovación. Ese gran arquitecto, cuya principal obra fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en el año 2000, nutrió la vanguardia universitaria en el proceso de renovación. Su idea de que “la arquitectura es un acto social por excelencia”, inspiró no solamente a su facultad sino en todos los espacios del movimiento renovador. Ciertamente la renovación universitaria de 1968-1969, representa el movimiento más inspirador de América Latina. Los debates realizados fueron de lo más avanzado del momento y de la historia universitaria venezolana, al punto de que se ventilaron ideas programáticas para el país, su desarrollo y perspectivas; de cómo colocar la ciencia, el conocimiento y la cultura universitaria a su servicio. Sin embargo, por aquello de que las relaciones capitalistas de producción van a determinar que la autonomía forme parte de la superestructura juridicopolítica dominante del orden burgués, el movimiento renovador fue asumido como un peligro que debía ser cercenado. Más que eso, se silenció. La universidad, nuevamente, se encaminó, luego de la acción militar, a servir de base de la democracia burguesa representativa, en la cual imperó una relativa alternancia política como forma de legitimación de la explotación del trabajo, hasta entrar en una crisis terminal que encuentra en los eventos del 27 de febrero de 1989 su expresión más emblemática. En el entendido de que toda superestructura encuentra su razón de ser en tanto permite afianzar el carácter dominante de la ideología de la clase dominante, la autonomía universitaria encuentra limitaciones en su realización en el marco del orden capitalista. Valga el caso, principal y fundamentalmente, del desarrollo de las ciencias naturales enfrentado a la apologética burguesa y las manifestaciones culturales –entendidas como la contracultura– enfrentadas a las expresiones dominantes de su expresión burguesa. Aunque, como hemos indicado, no toda la producción científica en los otros campos de las ciencias naturales encuentra posibilidades de desarrollo, en tanto está limitada por las orientaciones del capital. Las instituciones burguesas, como las de cualquier Estado, están al servicio de las relaciones de producción imperantes, a la estructura económica que emana de ellas. Por supuesto, a ello no escapan ni la universidad burguesa ni la autonomía universitaria. No obstante, ellas resumen una condición controversial, contradictoria, similar a la que encierran otros principios de la democracia burguesa en tanto formas de dominación por excelencia del orden capitalista.


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Los comunistas, perspectiva del autor de estas letras, defendemos el principio de libertad de prensa ubicado en su carácter contradictorio. A saber, sirve para legitimar el orden de explotación del hombre por el hombre bajo el principio de la igualdad entre hombres desiguales. Pero, de igual forma, cuando la realizamos desde la perspectiva revolucionaria, sirve para desenmascarar la naturaleza de lo establecido, así como para educar a los trabajadores y a los oprimidos. Así también levantamos la bandera de la defensa de la autonomía bajo esta misma perspectiva. La búsqueda de la verdad en cualquier campo, fuerza a la elevación de la conciencia, al dominio de las leyes que rigen la materia, una de cuyas formas de expresión es la sociedad. El dominio de esas leyes, tanto de la naturaleza como de la sociedad, conduce al camino de la transformación. Ese principio es revolucionario. LA AUTONOMÍA EN VENEZUELA, LAS IDEAS DOMINANTES Y PERSPECTIVAS

Como hemos indicado, la autonomía universitaria supone un principio que se desprende de cuestiones objetivas y subjetivas; de la estructura y de la superestructura. Está ligada al desarrollo de las fuerzas productivas pero, a su vez, deriva en un principio de la democracia burguesa, específicamente de la democracia burguesa de los países bajo la influencia de ese cristianismo apostólico y romano, resultado, en nuestro caso –de Latinoamérica– de la colonización española y portuguesa. La escolástica cristiana echa bases que fundan esta institución para liberar, en términos relativos, tendencias que, de no ser atendidas positivamente, podrían convertirse en un freno mayor al alcanzado durante el oscurantismo. Por ello, en Venezuela, más en general, en América Latina, la autonomía ha tenido una realización desde esa perspectiva. Cierto que impera el principio de la libertad de pensamiento, junto a las ideas de la democracia burguesa. Lo que no supone que su realización haya contado ni con una dimensión plena, ni que haya servido para una liberación de las fuerzas productivas en correspondencia con las potencialidades. Pesa la condición dependiente y semicolonial de los países latinoamericanos, que se encuentran bajo el dominio de la oligarquía financiera. Es de suponerse que es en los países en los cuales las posibilidades de desarrollo industrial han sido más claras, donde esto se ha expresado de mejor manera. No es gratuito que el Manifiesto de Córdoba, Argentina, haya tenido como epicentro la economía de mayores perspectivas industriales en toda Latinoamérica para ese entonces. Llegó a ser Argentina la octava potencia económica mundial durante ese período. Mientras, la autonomía y la institución universitaria en Venezuela han estado circunscritas, históricamente hablando, principalmente a las libertades políticas y a la reproducción de fuerza de trabajo con la calificación que demanda un aparato productivo cuyo desarrollo está determinado por la división internacional del


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trabajo y las necesidades de la oligarquía financiera. Así, profesiones diversas al servicio de la acumulación capitalista en condiciones de semicoloniaje, se reproducen en la universidad venezolana con las limitaciones que ello supone. Abogados, economistas, administradores, médicos, entre otras, son las profesiones que van a nutrir el aparato del Estado. La empresa capitalista, la red de salubridad y educativa que permiten la reproducción de fuerza de trabajo barata y de determinada calificación, son los demandantes básicos de esta mano de obra calificada que egresa de las universidades nacionales. De este modo, nuestra condición de país dependiente y semicolonial, con gobiernos que nada o muy poco han contribuido con la liberación de las fuerzas productivas en el marco del proyecto antinacional que propician, ha limitado la universidad a estos aspectos. La autonomía no se ha convertido en un medio que permita desarrollos importantes en materia científico tecnológica. Por su parte, el desarrollo del pensamiento en el campo de las ciencias sociales en las últimas décadas, desde la renovación hacia acá, ha sido incapaz de plasmar una crítica lo suficientemente rigurosa de nuestro desarrollo histórico y de brindar una alternativa nacional y popular, lo cual no significa que no se hayan producido realizaciones importantes en estos aspectos desde una perspectiva revolucionaria y popular, sólo que su eco apenas ha servido a un pequeño sector de la academia. Tal el caso de aportes como en su oportunidad dejaron Salvador de La Plaza, Rodolfo Quintero, Raúl Domínguez, Carlos Raúl Villanueva, entre otros. De igual manera, en otros campos de la ciencia y la cultura, siempre han destacado valiosos intelectuales que se han abierto paso a la limitación que encierra lo afirmado líneas atrás. Estas consideraciones se articulan y heredan los efectos de la represión contra el movimiento estudiantil y universitario durante la década de los sesenta, cuyo punto más emblemático lo constituyó el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades autónomas del país. La violación de la autonomía y su cercenamiento transitorio, condujo a una nueva Ley que limitó aspectos formales de cierta significación. Por su parte, el elemento esencial de la autonomía como medio que garantiza el libérrimo encuentro de las distintas corrientes del pensamiento, en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas materiales, siempre ha estado limitada por la naturaleza política del Estado venezolano. Ese continuo ha estado presente desde que se establece el régimen autonómico con las leyes de universidades del período bipartidista y del régimen chavista. De resto, sobre todo en estas tres últimas décadas, esta institución ha servido, fundamental y principalmente, para defender una libertad para el pensamiento crítico, para su libre expresión. Hay libertad de cátedra y democracia universitaria. Eso es una cosa muy buena.


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Sin embargo, es justo señalar que ello se ha dado en el marco de la hegemonía de las ideas dominantes de la oligarquía financiera. Si no, veamos cómo se han propagado y afianzado tesis que, aparte de servir de soporte de la política del gran capital, han sido usadas como base para que el revisionismo chavista encuentre argumentos para denunciar el carácter reaccionario de las universidades autónomas, desde la perspectiva del “socialismo” que impulsa el régimen, lo que facilita el engaño, toda vez que sí es cierta la presencia y hegemonía de las ideas reaccionarias en las universidades autónomas. De ello han derivado cambios de contenidos programáticos en los cuales se eleva a dogma las tesis del posmodernismo, la globalización y el neoliberalismo. Los nuevos tiempos pudiesen permitir al menos bajar del altar de los dogmas estas teorías, ya que desde Inglaterra y Estados Unidos, principalmente, comienzan a soplar vientos de recreación de las supuestas antítesis del liberalismo. El proteccionismo parece venir para quedarse un tiempo. Derruidos los dogmas de la economía, se caerán estrepitosamente sus bases filosóficas, sociológicas y morales, buscando dejar intactas las relaciones sociales de producción. Es que la crisis capitalista bien puede alcanzar tal profundidad que puede poner en peligro a toda la humanidad. La apologética prooligárquica ha aprovechado esta circunstancia imperante durante décadas, para colocar al marxismo como una teoría absolutamente folklórica e irrealizable, por decir lo menos, mientras, avanzó la metafísica de marras. La universidad perdió el espíritu crítico. En las circunstancias chavistas se comporta en forma similar a como lo hace la sumatoria de factores políticos que adversan al régimen dictatorial. Luchan por su derrocamiento, pero sin propuesta alguna para reconstruir el país desde una perspectiva progresista y de desarrollo. Se trata de un fenómeno similar al que se presentó con los medios de comunicación, al menos de los que en su oportunidad fueron los más emblemáticos a favor de la oposición venezolana, que terminaron formando parte constitutiva de la estrategia chavista aun sin saberlo, antes que el chavismo les echara mano. Para el chavismo, en particular para Chávez, los medios le facilitaron la estafa cuando, al ser acusado de revolucionario, socialista o comunista, se entronizó en la conciencia de amplios sectores buena parte del discurso que sirve para la impostura. Ello es el producto de la naturaleza de clase y del imperio de las posiciones más reaccionarias del momento histórico cuyo fundamento es la apologética que afianza la estrategia del capital hegemónico. Así, esta circunstancia, el afianzamiento de las ideas liberales y reaccionarias dentro de las universidades, se ha convertido en un flanco que ha sido relativamente aprovechado por el chavismo contra las universidades. Han logrado combinar el discurso “progresista y revolucionario” con la postura represiva, “jus-


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tificada” por el argumento según el cual las universidades son centros de la reacción. Ahora bien, atender el problema de la autonomía universitaria en condiciones del chavismo supone ubicar, en primera instancia, el papel del revisionismo como sustento principal del régimen para legitimar una forma de dominación a favor de la oligarquía financiera. Aun cuando ya se presentan claros rasgos de agotamiento del revisionismo chavista, socialismo sólo de palabra, podemos afirmar que ya comienza a caducar. Fue muy eficaz para afianzar al régimen en vida de Chávez. Buena parte de la sociedad lo apoyó. En un momento dado, podemos afirmar que la mayoría de los venezolanos apoyó a Chávez. Aunque ese porcentaje ha ido mermando al punto de que ya es clara minoría. Pero, en su oportunidad, un grueso sector de los pobres, trabajadores y campesinos apoyó a Chávez. E incluso, buena parte de la sociedad se identificó y se identifica aún con el discurso socialista. Es más, una de las cuestiones que viene afianzándose es que la mayoría de los venezolanos se identifica con el socialismo, independientemente de que no logran ubicar la conceptuación de esa categoría. Ahora bien, la excepción han sido las universidades autónomas, buena parte de las experimentales, así como las privadas, en las cuales lo que se ha reproducido es un rechazo de significación al régimen, mientras se afianzan las posiciones liberales, por decir menos. Son muchas las determinaciones de esta circunstancia, apenas queremos centrarnos en una de las fundamentales y que demanda de nuestro esfuerzo, ubicando la perspectiva progresista, democrática y revolucionaria. Nos referimos al hecho de que quienes se asumen revolucionarios, socialistas o comunistas, e incluso, se inscriben dentro de una concepción avanzada de la socialdemocracia, no hemos sido un factor de orientación en este escenario, el cual ha sido presa fácil de la ideología reaccionaria, al punto de que parece haber extirpado el espíritu crítico, al menos en el campo de las ciencias sociales. Mientras se enfrenta al régimen y su naturaleza, es de rigor reivindicar la perspectiva teórica de los comunistas, del marxismo. Siendo la universidad un espacio para la búsqueda de la verdad, es imperativo que una de las cuestiones que debe ser privilegiada en el análisis de este régimen, es la reivindicación de una óptica científica, capaz de desenmascarar su naturaleza revisionista, esto es, socialista de palabra, pero al servicio de la oligarquía financiera. Pero, a la inversa, mientras se enfrenta al régimen, lo que ha ganado espacio son las tesis de la apologética burguesa. Bajo el ropaje revisionista, el régimen chavista ha avanzado por la eficacia política de la fraseología revolucionaria, nutrida precisamente por una crítica que no guarda relación con la verdad, lo que afianza la impostura. A su vez, la apologética tradicional burguesa, para enfrentar al chavismo, dispara a dos blancos: enfrenta al chavismo como representantes de quienes aspiran a hacerse del poder para disfrutar de


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una mayor porción del pastel que representa la riqueza venezolana. Y enfrenta, a su vez, el comunismo, al que sí teme, al verdadero, aun a sabiendas de que el régimen en cuestión no es comunista. El chavismo es despotismo bajo ropaje socialista, la evidencia empírica así lo corrobora abundantemente, pero la ideología de quienes aspiran a obtener la administración del país y sus riquezas, le disparan al comunismo para frenar esa posibilidad real. Eso lo alimenta el chavismo que, en el caso de las universidades levanta las tesis del Che, a propósito del debate acerca de la autonomía en los primeros tiempos de la revolución cubana. A este propósito resulta emblemática la intervención de Guevara en la Universidad Central de Las Villas en Cuba, en diciembre de 1959, que pone en tela de juicio la autonomía universitaria y el liberalismo en condiciones de construcción del socialismo: como hemos entrado ya en este escabroso terreno de la planificación, nadie más que el Gobierno Revolucionario que planifica el desarrollo industrial del país de una punta a la otra, tiene derecho a fijar las características y la cantidad de los técnicos que necesitará en un futuro para llenar las necesidades de esta nación, y por lo menos debe oírse al Gobierno Revolucionario cuando dice que necesita nada más que determinado número de abogados o de médicos, pero que necesita cinco mil ingenieros y 15 mil técnicos industriales de todo tipo, y hay que formarlos, hay que salir a buscarlos, porque es la garantía de nuestro desarrollo futuro (1977, p. 48).

Esto no es gratuito, como sí oportunista. La autonomía universitaria se contextualiza en el capitalismo y representa un derecho para el ejercicio de la democracia. La búsqueda de la verdad y el desarrollo de las ciencias y el pensamiento positivo en todas las ciencias naturales es un asunto que se ve inducido en favor del capital. Las ciencias sociales, mientras tanto, se ven frenadas y adocenadas por la peligrosidad que supone su desarrollo crítico. De allí que, en el capitalismo, la autonomía es una condición por la que hay que luchar como emblema de la democracia. Mientras, en el socialismo, en el proceso de revolucionarización de las fuerzas de producción con base en una función de la producción distinta, pierde vigencia la autonomía universitaria burguesa. A ello se refiere el Che en este y otros discursos acerca de la autonomía y la universidad, cuando la planificación demanda de una nueva racionalidad en el uso de los recursos. Además, en el socialismo, un principio de vida, ético y por tanto, de la nueva superestructura, es la búsqueda de la verdad en todos los campos, incluyendo las ciencias sociales. Además, la planificación rompe con la anarquía de la producción y el desarrollo desigual sujeto a las demandas del capital privado. En el socialismo la función de la producción va pareja a la planificación centralizada. En cualquier caso, no es lo mismo este debate en una sociedad que se encamina hacia el socialismo y otra en la cual apenas es un discurso que engaña


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incautos. Se busca cercenar la autonomía en la Venezuela de hoy para limitar las libertades democráticas, no para construir el socialismo, no para planificar nada que no sea el cercenamiento de las libertades ciudadanas. Amén de que nada más lejos que la planificación en la economía venezolana destruida por las políticas liberales que nos han atado al carro de la suerte del capitalismo mundial y su división internacional del trabajo que nos condena a la monoproducción de la extracción petrolera y ahora, minera. Este revisionismo ramplón no para mientes en apelar a Guevara para ir abonando el terreno del “debate” constituyente que les permita crear condiciones para una mayor intervención. Pero la ofensiva reaccionaria en las universidades no comienza con el chavismo. Por el contrario, desde el allanamiento de 1970, en las universidades venezolanas, principalmente en las autónomas, la ideología dominante encontró el mejor de los espacios para su afianzamiento y reproducción. Los ideólogos del capital, los apologistas de toda ralea, pero principalmente quienes levantaron las ideas posmodernas, liberales y de la globalización, se convirtieron en la voz dominante; metafísica que comienza a derruirse con el renacer del mercado interno, afianzamiento de las fronteras, proteccionismo y otras tendencias que tercamente se hacen espacio para brindarle nuevos bríos al capitalismo decadente. Este proceso que afianzó la ideología prooligárquica en las universidades, este proceso de reaccionarización, fue el resultado de una condición objetiva de la sociedad venezolana. Para ser precisos, fue el resultado del afianzamiento del papel de nuestro país en la división internacional del trabajo. Mientras la especialización en la producción petrolera garantiza ingresos extraordinarios producto de la renta, la compra de productos de consumo masivo en el exterior, drena las superganancias obtenidas en el negocio petrolero, tesis que encuentra asidero en una realidad en la cual la educación superior apenas sirve para reproducir una fuerza de trabajo de relativa calificación, que muchas veces no encuentra siquiera condiciones para realizarse como trabajo cuya complejidad está dada por el proceso educativo. Así, la diversificación del aparato productivo se anula. Con ello se castran las posibilidades de diversificación del desarrollo cientificotecnológico. LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA HOY COMO AYER ES UN PRINCIPIO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

La autonomía universitaria está en peligro. Eso es indiscutible. No sólo se trata de la circunstancia política que supone un régimen autoritario con pretensiones totalitarias que desconoce las libertades democráticas, sino que también se trata de un régimen que viene destruyendo el aparato productivo. Parece no importarle la universidad y menos, su autonomía.


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Ya no se trata de la defensa de la autonomía en tanto que garantiza la libertad para expresar teorías y desarrollos políticos. El proceso de destrucción del aparato productivo es de tal grado que el conocimiento y los desarrollos cientificotecnológicos, se encuentran frenados en extremo, por lo que la autonomía no encuentra contenido. Apenas un sentido inercial mantiene líneas de investigación iniciadas con ímpetu pero, muchas veces abandonadas del apoyo financiero y el estímulo moral institucional, por lo que la autonomía no es acicate para su impulso, más cuando buena parte de la planta profesoral, además de verse afectada por las condiciones económicas, parece inclinada a migrar. Ya es importante la cantidad de docentes fuera del país, a los que debemos añadir los que han reducido su dedicación para asumir otros oficios y así obtener mayores ingresos. Aun así, en las actuales circunstancias, la defensa de la autonomía universitaria es fundamental de cara a la ofensiva antidemocrática que ha mantenido el régimen. Si no ha logrado mayores espacios, es producto de la resistencia que han mantenido las universidades venezolanas dentro de la idea de que la autonomía es defensa de la libertad de pensamiento. Es, en definitiva, una institución que forma parte de las libertades democráticas conquistadas luego de décadas de luchas contra tiranías y ese espíritu subversivo y crítico heredado del oscurantismo. La defensa de la autonomía, por tanto, forma parte de la plataforma política de los sectores democráticos y progresistas en su sentido político, y de quienes aman la cultura y el saber positivo. Además, la defensa de la autonomía es la defensa de la posibilidad de pensar por un mundo mejor. Estas consideraciones motivan, desde una perspectiva progresista, no sólo a la resistencia a la tendencia autoritaria, sino también a la lucha por una perspectiva democrática y de contenido nacional. Esto es, fuerzan a la necesidad de levantar, desde las universidades, un proyecto de país que de verdad garantice la liberación de las fuerzas productivas; de un proyecto que conduzca a la independencia nacional con base en la revolución industrial, sin que ello suponga atravesar por las calamidades que históricamente han creado estos procesos liberadores de fuerzas productivas materiales. En tal sentido resuenan las palabras del maestro Núñez Tenorio (1982) cuando afirma que: …el papel fundamental de la universidad es no solo enseñar a la joven generación venezolana los aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos aportados por otras latitudes, sino contribuir ideológicamente a forjar una conciencia crítica sobre la realidad nacional, desprovista de todo dogmatismo y abierta siempre al análisis y la discusión. La universidad tiene el compromiso de velar por la legitimación de nuestra herencia cultural y el progreso de los valores contemporáneos positivos que integran la nacionalidad. Como factor decisivo en la difusión y creación del saber, la universidad tiene que proyectar una concepción científica del mundo y del hombre, como incremento del patrimonio cultural venezolano.


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Las circunstancias políticas han estado signadas, entre otras cosas, por las falencias de una oposición que ha sido incapaz de levantar un proyecto de país alternativo frente a lo establecido. Las universidades, en este sentido, también han estado rezagadas. De allí que, antes que nada, debemos pensar un país donde se haga valer el concepto de autonomía antes descrito, pero de mayor contenido hasta poder legitimar ideas de transformación revolucionaria, si de verdad queremos hacer valer tanto la ciencia social como la perspectiva que brinda para el desarrollo histórico. Esto es, reivindicar la tesis según la cual el capitalismo no es un orden natural inmodificable, sino un régimen más de producción que dará paso indefectiblemente a un nuevo orden social basado en la solidaridad. Asimismo, la universidad venezolana debe reivindicarse como el centro principal para el afianzamiento de la cultura nacional sustentado en la ética que demanda la transformación social, esto es, la ética en la cual se colocan los intereses supremos por encima de los particulares, sin que ello suponga un freno a la realización personal. Se trata de un proyecto político, uno de cuyos componentes debe ser la autonomía universitaria en su sentido filosófico y en su sentido histórico y político. Esto es, la autonomía en términos de su realización en tanto hay producción de conocimiento científico en todas las áreas de la ciencia, así como de la creación artística, cultural y humanística, lo que debe corresponder con el afianzamiento de la identidad cultural que demanda el desarrollo nacional. Supone, por tanto, la implantación de una nueva ideología dominante, de carácter nacional y popular. Ello es lo que, a fin de cuentas, permitirá la elusión de la contradicción presente en la universidad burguesa; toda vez que, al ser dominante una ética en la cual se privilegia el desarrollo de la industria productora de bienes que satisfagan las necesidades de la gente, de la producción de máquinas para incrementar la productividad del trabajo y así poder destinar fuerzas productivas a nuevas ramas, se profundiza en la investigación en áreas del conocimiento fundamentales para la innovación y desarrollo científico tecnológico. Pero de igual manera se recreará la cultura, en aras de afianzar patrones de consumo en consonancia con nuestra condición independiente y soberana. REFERENCIAS

Guevara, E. (1977). Escritos y Discursos, tomo 4. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. González Deluca, M.E. (2008). La UCV y la autonomía, entre la toma estudiantil y la toma militar, UCV Autónoma. Caracas: Ediciones del Rectorado de Universidad Central de Venezuela. Iyanga Pendi, A. (2002). Historia de la Universidad Europea. Valencia, España: Universidad de Valencia, Martín Impresores S.L. Marx, C. (1989) Contribución a la crítica de la Economía Política. Moscú: Editorial Progre-


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so. Marx, C. y Engels, F. (1974). La Ideología Alemana. Barcelona, España: Ediciones Grijalbo. Méndez, N. (2009). La Renovación en la Universidad Central de Venezuela (1968-1969): Érase una vez el futuro. Recuperado de: http://laclase.info/content/la-renovacion-en-launiversidad-central-de-venezuela-1968-1969-erase-una-vez/. Navarro G. (06, 02, 2011). Origen de las universidades. [Entrada de blog]. Recuperado de: https://gabynavarro.wordpress.com/2011/02/06/origen-de-las-universidades/. Núñez Tenorio, J.R. (1982). Política, cultura y universidad. Nueva Sociedad, 58 (enerofebrero): 15-23. Páramo Rocha, G. (2009). Sentido cultural de la autonomía universitaria. Recuperado de: www.uned.ac.cr/academica/images/igesca/materiales/documentos/G-P-Rocha.pdf. Tecla Jiménez, A. (1976). Universidad, burguesía y proletariado. México: Ediciones de Cultura Popular. Yubero, F. (29, 12, 2009). Hipatía y Cirilo de Alejandría. [Entrada de blog]. Recuperado de: https://lanaveva.wordpress.com/2009/12/29/hipatia-y-cirilo-de-alejandria/.


Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 123-151

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN VENEZUELA Gloria Aponte1 UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”. VICERRECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS” Fecha de recepción: 13-09-17

Fecha de aceptación: 13-11-17

Resumen: Esta investigación tiene por objeto desarrollar un constructo teórico teniendo como base la gestión de la innovación tecnológica en la relación universidad-empresa en Venezuela. La investigación se enmarcó dentro de un enfoque epistemológico fenomenológicohermenéutico que permitió describir, analizar e interpretar el proceso objeto de estudio como ocurre en la realidad. El diseño fue no experimental, complementado con diseño documental y de campo. Se utilizó la técnica de entrevistas no estructuradas para obtener la información de los informantes clave, así como el análisis de la documentación relevante relacionada con el proceso analizado. Se consideraron las facultades de las principales universidades públicas del país donde se ejecutan proyectos de investigación y desarrollo en conjunto con la empresa. Se obtuvo un constructo teórico con los elementos esenciales y las bases sobre las cuales se establecen las relaciones entre los elementos y los habilitadores que ayudan a conformar la funcionalidad del constructo. Palabras clave: Gestión de Innovación Tecnológica, Relación Universidad-Empresa, Universidades públicas, Venezuela.

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Doctora en Gestión de Investigación y Desarrollo (Universidad Central de Venezuela). Especialista y Magister en Sistemas de Información (Universidad Católica Andrés Bello). Ingeniero Químico (Universidad Central de Venezuela). Profesora en el Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional Experimental Politécnica, “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías” y en el Postgrado de Gerencia de Proyectos y Sistemas de Información de la Universidad Católica Andrés Bello. Conferenciante y tutora de cursos online para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Consultora Independiente en el área de gestión de innovación tecnológica, inteligencia tecnológica competitiva y propiedad industrial. Dirección para correspondencia: gloriam.aponte@gmail.com.


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TECHNOLOGY INNOVATION MANAGEMENT AND THE UNIVERSITY-ENTERPRISE RELATIONSHIP IN VENEZUELA Abstract: This research aims at developing a theoretical construct based on the technology innovation management and the university-enterprise sector relationship in Venezuela. In the research a phenomenological-hermeneutical epistemological approach was applied, which allowed the description, analysis, comprehension and interpretation of the process under study as it actually occurs. The design was a non experimental type complemented with a documentary and field processing scheme. Unstructured interview methodology was applied to gather information from key informants, as well as the analysis of relevant documentation related to the process being studied. Faculties of the main national public universities were considered in which Research & Development projects between university and enterprise are developed. A theoretical construct characterized by the essential elements was achieved, as well as the bases upon which the relationships between the different elements and the factors enabling structuring the functionality of the construct are established. Keywords: Technology innovation management, University-business sector relationship, Public universities, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior, en particular las universidades, son elementos clave en la Sociedad del Conocimiento, pues representan los lugares donde la generación de conocimiento es uno de sus productos principales. Además, la universidad es, quizás, la única institución capaz de cubrir todas las fases del proceso de administración del conocimiento, desde su creación, su atesoramiento, su transmisión y su difusión social. Desde este contexto de participación de la universidad, en las últimas décadas, las instituciones universitarias se han visto confrontadas con la necesidad de tener que redefinir su lugar dentro de un marco de cambio tecnológico acelerado y, en virtud del auge de los procesos de innovación, han adquirido un papel destacado como productoras de conocimiento valioso que puede ser aplicado en la solución de problemas, lo que, indudablemente, representa un aporte a la economía y la vida social de cualquier país o región. Es por ello que se han desarrollado nuevas formas estructuradas y no estructuradas de vinculación de las universidades con su entorno. Esta perspectiva exige, entre otras cosas, ampliar su radio de acción de tal manera que permita vincular el quehacer científico y tecnológico de las universidades con la realidad donde se encuentran inmersas; tal como lo menciona la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2012) en su informe: Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo y la Cohesión Social: El diseño de la política científica ha de tener un sentido abierto y estimular a los centros de Investigación y Desarrollo para que el conocimiento que produzcan sea puesto al servicio de los desafíos estratégicos de cada país, en términos económicos y de interés social. También es necesario que contemple la disponibilidad de


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sistemas avanzados de información científica y tecnológica, a fin de hacer tareas de inteligencia estratégica que permitan evaluar tendencias e identificar nuevas tecnologías disponibles (Organización de Estados Iberoamericanos, 2012, p. 29).

En esta nueva realidad, la innovación juega un rol fundamental dentro del acontecer científico y tecnológico de los países y en especial de los que están en vías de desarrollo, como es el caso de Venezuela. La capacidad de asimilación y adaptación de tecnologías foráneas es un primer paso que se debe desarrollar para comenzar a buscar soluciones a los problemas de la sociedad, haciendo uso de las tecnologías existentes ya probadas. Esto implica, de alguna manera, empezar a crear conciencia y confiar en la capacidad del recurso humano de las universidades nacionales. Además, estratégicamente constituye la primera vía de aprendizaje en la ruta que nos conduce a reducir la brecha tecnológica con los países desarrollados. Es por ello elemental el establecimiento de lazos comunicacionales efectivos entre universidad y empresa, con la intención trabajar conjuntamente, aprovechar lo mejor de ambos sectores y desarrollar tecnologías que estén casadas con la realidad de los problemas del país y que al mismo tiempo, le permitan a la universidad tener una participación más directa en el desarrollo tecnológico, científico y económico de Venezuela. Tal como lo expresó Carlota Pérez en su conferencia Cambio de paradigma y rol de la tecnología en el desarrollo en el foro La ciencia y la tecnología en la construcción del futuro del país: Eso implicaría abandonar los intentos unilaterales de construir un puente universidad-industria. ¡Lo que hay que eliminar es el río que las separa! Hay que montar e impulsar la cooperación fructífera y permanente entre el aparato productivo y la universidad. La empresa, por su parte, tiene que abandonar el desperdicio de la capacidad técnica del personal y lograr el pleno reconocimiento de su potencial y emprender su uso creativo (Pérez, 2000, p.12).

Dentro de este marco se inscribe la presente investigación, que considera que el fortalecimiento de la relación universidad-empresa pasa por definir con exactitud de qué manera y bajo qué premisas se pueden reforzar estas relaciones, con miras a lograr soluciones a los problemas del colectivo nacional. Es allí donde nace la idea de iniciar una investigación para desarrollar un constructo teórico que permita establecer la comunicación universidad-empresa, en el contexto de la gestión de la innovación tecnológica como elemento clave en esta relación y como uno de los procesos más importantes que representa el hilo conductor en el proceso de innovación tecnológica, desde el momento que surge la idea, hasta llevarla a una innovación, que no es más que su puesta en el mercado objetivo; en nuestro caso, su aporte a la solución de los problemas de la sociedad venezolana.


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CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO

El gestionar adecuadamente el conocimiento es clave para que las organizaciones y los países mejoren su competitividad y se puedan mover al ritmo de la globalización de la economía. Es reconocido, entonces, que el conocimiento es la materia prima que produce innovaciones. En la medida que el conocimiento sea efectivamente direccionado, en esa medida se alcanzará un mayor desarrollo tecnológico. No en vano la mayoría de los países han asumido una postura de vanguardia en cuanto al papel que cumple la innovación dentro de la sociedad, y otros se encuentran en estado de alerta, como es el caso de muchos países de Iberoamérica, tal como apuntan Albornoz y López (2010): (…) en las últimas décadas los países y los gobiernos de Iberoamérica han ido adquiriendo mayor sensibilidad acerca del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo. La ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se han convertido en una cuestión de estado (sic) y, como tal, son objeto de políticas específicas (p.11).

En Venezuela, uno de los aspectos que presenta un gran vacío en la vinculación universidad-empresa es el cómo gestionar la generación del conocimiento que producen nuestros investigadores académicos en los distintos proyectos de investigación conjuntos o en los trabajos de pasantías realizados en colaboración con la empresa. En todos estos trabajos y proyectos que pudieran conducir a innovaciones tecnológicas, no solo existe la posibilidad de traer beneficios económicos, sino además de dar el justo reconocimiento a los derechos de autor inherentes a la investigación emprendida, ya que no se trata de una mercantilización del conocimiento, sino de reconocer el rol fundamental que juega el conocimiento como elemento impulsor de desarrollo de innovaciones tecnológicas y el del investigador como generador de ese conocimiento. En esta fase de conexión universidad y empresa se definen claramente los aspectos importantes y el objetivo común que proporcionará el valor agregado a ambos sectores. Las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en Venezuela están concentradas y son primordialmente llevadas a cabo en las principales universidades públicas del país, ya que es allí es donde se encuentra el mayor reservorio de generación de conocimientos y nuevas ideas que deberían formar parte de la fuente de innovación para apoyar a los diferentes sectores productivos del país y contribuir a mejorar su eficiencia, calidad y competitividad, así como a incrementar el potencial de la espiral de innovación que se requiere para ayudar a elevar la calidad de vida de la población. Al respecto, los indicadores que reflejan el estado de la ciencia y la tecnología en Venezuela, revelan el grado de deterioro que ha sufrido el país en materia de investigación y desarrollo. Según las estadísticas más recientes disponibles, la cantidad total de programas de postgrado que ofrecen las universidades del país, de acuerdo con la última información publicada por el Consejo Consultivo


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Nacional de Postgrado (2017), es de un total de 202 Programas de Doctorado, representando el 8,3% del total de los postgrados en Venezuela en los niveles de Especialización Técnica, Especialización, Maestría y Doctorado; muy bajo, tomando en cuenta que en este nivel académico es precisamente donde se lleva a cabo el mayor esfuerzo de investigación. Otro indicador importante se refiere a los gastos en actividades de ciencia y tecnología, cuyo promedio ha sido de 0,56% con respecto al PIB entre los años 2004-2015; siendo su valor máximo en el año 2014 con 0,76% (ONCTI, 2016); mientras que para el caso de América Latina, éste representó el 0,99% en el año 2015; y 0,41% en Venezuela (RYCIT, 2017). Ello es un reflejo de la situación de crisis que confronta el estado de la ciencia y tecnología en el país. A esto hay que sumarle el impulso que proporciona el sector privado en cuanto a los aportes financieros para las actividades de ciencia y tecnología en Venezuela mediante la creación –en el año 2005 y puesta en marcha en el año 2006– de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI), a través de la cual las empresas públicas y privadas deben aportar un porcentaje de recursos de acuerdo con sus ingresos brutos anuales a las instituciones establecidas en el país que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación, con la finalidad de apoyar el desarrollo técnico, científico e innovador del país; todo ello según lo establecido en dicha Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI, 2006). Sin embargo, esta ley fue reformulada posteriormente, modificando su filosofía originaria con lo cual la concentración de los recursos pasó a estar bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), conocido en la actualidad como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), instancia en donde se concentran los recursos y su fiscalización, dando así mayor discrecionalidad al Estado. Este hecho ha ido mermando la autonomía de las empresas para invertir o aportar según sus necesidades y requerimientos, lo que impacta negativamente en la asignación de dichos recursos a las actividades de ciencia y tecnología en el país (De la Vega y otros, 2010). Cabe señalar, sin embargo, que esa gran masa de recursos que han sido aportados para los gastos de I+D, no se refleja en un mejor desempeño de la capacidad tecnológica de Venezuela, lo cual queda evidenciado por los indicadores sobre los avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en el país. Es por ello que la productividad científica, uno de los indicadores importantes, relacionado con la cantidad de trabajos publicados por los investigadores venezolanos e indizados en el Science Citation Index (SCI, base de datos internacional que indiza las mejores fuentes de información de revistas especializadas) muestra una tendencia prácticamente constante durante el periodo 20042015.


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Con respecto a la cantidad de investigadores activos, se evidencia la misma situación. Aunque ésta ha venido en aumento, con una cifra que para el 2015 llegó a 10824 investigadores certificados (ONCTI, 2016) que representa una tasa de 0,77 investigadores por cada mil habitantes de la población venezolana económicamente activa, al compararlo con América Latina, cuya tasa es de 1,56 investigadores por cada mil habitantes pertenecientes a la población económicamente activa, se puede observar que Venezuela sigue contando con una comunidad científica y tecnológica insuficiente, que todavía se encuentra por debajo de lo que señalan los estándares internacionales, representado por un (1) investigador por cada mil personas económicamente activas (De la Vega y otros, 2010). Existen otros indicadores que igualmente dan muestra de cómo está el desarrollo de la ciencia y tecnología en Venezuela y que reflejan el precario estado de la contribución del conocimiento producido en las universidades, así como su estrecha relación con las empresas establecidas en el país. En este aspecto cabe preguntarse: ¿En qué medida contribuyen a las actividades de innovación tecnológica de Venezuela los conocimientos generados por la comunidad de investigadores que hacen vida en estas casas de estudio? La respuesta a esta pregunta se encuentra, en parte, en los indicadores de Tasa de Dependencia en Patentes (TDP), definida como la cantidad de patentes solicitadas por No residentes/cantidad de patentes solicitadas por residentes. En el caso de Venezuela, la TDP fue de 20,74 para el año 2015 (RICYT, 2017), lo que revela que cada día las actividades de I+D no llegan a concretarse en invenciones que puedan ser protegidas bajo la figura de patente de invención. La TDP para Venezuela es cada día mayor, lo que la hace cada vez más dependiente tecnológicamente de otros países; aunado a una tendencia descendente del Coeficiente de Invención (cantidad de patentes solicitadas por residentes por cada 100.000 habitantes), que fue de 0,16 en el 2015 (RICYT, 2017). En resumen, el panorama presentado mediante los indicadores de ciencia y tecnología en Venezuela, se refleja de forma directa en la competitividad global como país que, de acuerdo con el último informe del World Economic Forum (WEF, 2016), se encuentra entre los países con un nivel de desarrollo en etapa de transición, denominada etapa de desarrollo 1 y 2 (que comprende aquellos países cuyo Producto Interno Bruto se ubica en el rango entre $2000-2900/por persona). Para los países que tienen una alta dependencia de recursos minerales, éste no es el único criterio para calcular el estado de desarrollo. Este informe señala que Venezuela ocupa el puesto 130 de un total de 138 países, lo que evidencia el insuficiente desarrollo tecnológico del país. Los indicadores mostrados reflejan que la realidad tecnológica de Venezuela no solo requiere de invertir en los gastos de I+D, sino además de poner en práctica estrategias de desarrollo tecnológico llevadas a cabo en conjunto con todos los sectores que puedan aportar los mayores beneficios para el desarrollo tecno-


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lógico de la nación. En este sentido, las universidades nacionales representan el mayor recurso estratégico para la generación de nuevos conocimientos que se enfoquen, en parte, hacia el desarrollo de innovaciones tecnológicas que apuntalen a contribuir con la solución de problemas reales, utilizando el sector productivo nacional como puente natural para el desarrollo e implementación de las innovaciones tecnológicas en la sociedad venezolana. En virtud de la crítica situación planteada, en esta investigación se ha tomado como tema de análisis la gestión de la innovación tecnológica como elemento fundamental en la vinculación universidad-empresa en Venezuela. Un aspecto muy importante que no se contempla, formalmente, en las actividades de investigación en la mayoría de las universidades es la innovación tecnológica como un producto potencial en las relaciones que se establecen entre la universidad y la empresa. Consideramos que este es un aspecto esencial que, por lo demás, constituye un enlace que fortalece ambos sectores y que como lo señala Espósito (2004), “pueda resultar con beneficios equitativos y justos para los actores involucrados en el financiamiento y negociación final del resultado transferido”. De ese vacío surge la presente investigación, que apunta hacia el desarrollo de un constructo teórico que pueda dilucidar cuáles son aquellos aspectos a considerar en esa vinculación motorizada en la gestión de la innovación tecnológica como elemento fundamental para establecer el enlace entre ambos sectores, pero en el que la universidad siga siendo académica por excelencia. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta investigación se consideraron las principales universidades públicas de Venezuela, que es donde se desarrolla la mayor actividad científica del país. Las universidades consideradas fueron: Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Los Andes y la Universidad del Zulia. De estas universidades, se tomaron en cuenta las facultades de Ciencias e Ingeniería, en virtud de que en estas entidades es donde, principalmente, se llevan a cabo proyectos de I+D en conjunto con las empresas. Dentro de estas facultades se seleccionaron como informantes clave aquellos investigadores que hubieran participado en algún proyecto de investigación llevado a cabo en conjunto con alguna empresa y donde el grado de desarrollo de la investigación permitió llegar a una innovación tecnológica o, por lo menos, a un instrumento de protección industrial, ya sea patente de invención o modelo industrial para una tecnología, producto o proceso. Los informantes clave fueron académicos, en su mayoría con grado de doctor en sus áreas de especialización, así como un mínimo de experiencia de 20 años en la investigación y/o la gerencia académica. Se utilizó la entrevista no estructurada para obtener la información de parte de los investigadores participantes con la finalidad de conocer cómo se lleva a cabo la gestión de la innovación tecnológica en la relación


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universidad-empresa en Venezuela. El total de investigadores entrevistadores fue de 23 expertos. Se obtuvo la información proveniente de dos fuentes fundamentales, como son: la información de los informantes clave y la de la memoria técnica de los proyectos de investigación cuyo aporte estuvo lo más cercano posible al desarrollo de una tecnología. Esta información estuvo representada por toda la documentación generada durante el desarrollo del proyecto: papers publicados en revistas tecnicocientíficas, congresos, patentes de invención y diseño industrial, y tesis –tanto de pregrado como de postgrado–, así como toda la información localizada (impresa y digital), disponible en los últimos veinte años de las universidades seleccionadas, relacionada con el área de la investigación. Luego se procedió a la categorización de la información, con la finalidad de identificar los elementos caracterizadores del proceso en estudio. Se establecieron las relaciones entre los diferentes elementos, con el propósito de diseñar y establecer el entramado que dará sustento al constructo teórico propuesto. Finalmente, se conformó el constructo teórico que sirvió de base para establecer el proceso de gestión de innovación tecnológica en la relación universidadempresa. El enfoque epistemológico al cual se apegó la investigación fue la fenomenología, ya que permite efectuar el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre (Martínez, 2006). Mediante este enfoque, la investigadora pudo captar y apreciar las dimensiones reales del proceso estudiado a través de la experiencia de los informantes clave entrevistados. Se pudo también entender cómo se manifiestan cada una de las etapas y describir la relación sujeto-objeto en el medio donde se desarrolla el proceso. Adicionalmente, se utilizó la técnica de la hermenéutica para analizar e interpretar toda la información relevante proveniente de las diferentes fuentes impresas y digitales relacionadas con la investigación apelando al Círculo Hermenéutico, con la finalidad de interpretar la información obtenida mediante las diferentes técnicas de revisión documental, entrevistas y análisis de contenido. Para arribar al significado, que en oportunidades no se manifestaba de manera inmediata, este proceso fue revisado permanentemente. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación, los principales elementos que caracterizan a la relación universidad-empresa en Venezuela se expresan en cuatro aspectos fundamentales: a) Modalidades de relación ineficientes: caracterizadas por una relación unidireccional, ya que, en la mayoría de los casos, el flujo de información va solo desde la universidad a la empresa. Ello se debe, según los informantes clave, a


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que la mayoría de las investigaciones surgen por iniciativa propia de los investigadores y en otros casos, cuando la necesidad surge de la empresa, ésta utiliza a la universidad como una especie de consultora para solucionar problemas tecnológicos, pero no como un socio con el que deben compartir conocimientos y crecer juntos durante todo el proceso. Esto se apalanca por una escasa eficiencia de los mecanismos de relación existentes, en virtud de que estos se concentran, principalmente, en la gestión administrativa de los proyectos I+D, dejando de lado las actividades vinculadas al desarrollo tecnológico del proyecto. Por otra parte, existe un escaso interés del sector industrial en este tipo de relación debido a la poca confianza en el aporte que le pudieran ofrecer las universidades. En ese sentido, la mayoría de las empresas nacionales prefieren llegar a acuerdos con universidades internacionales de alto prestigio o las empresas transnacionales acuden a su casa matriz de donde provienen todas las directrices en materia de ciencia y tecnología. Esta situación, tal como lo mencionaron los entrevistados, ha caracterizado las relaciones que históricamente han establecido las universidades nacionales con el sector empresarial y viceversa, apartando la situación en la que se encuentra Venezuela en los últimos años. En ese caso, la relación universidad-empresa que se había establecido en Venezuela no escapa a la realidad latinoamericana, tal como lo expresan Arocena y Sutz (2005): en América Latina, en lugar de surgir una universidad empresarial o emprendedora, se está desarrollando una “universidad consultora” que lleva a cabo actividades rutinarias para las empresas para obtener recursos económicos. b) Limitadas relaciones universidad-empresa: representadas por la falta de claridad en los objetivos de la relación de parte de las universidades. Los resultados revelan que las actividades de I+D que se realizan en las universidades públicas nacionales no responden a políticas de ciencia y tecnología realmente alineadas a los planes estratégicos de cada universidad y mucho menos alineadas a políticas de ciencia y tecnología emanadas del ente rector del país en esta materia, en este caso, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. También se observan diferencias culturales entre los dos sectores en cuanto a los estilos de trabajo, sobre todo cuando se trata de la gestión del tiempo. Mientras para un investigador de la academia el tiempo es una variable que se maneja a largo plazo, para el sector industrial el tiempo es la variable más importante que se toma en cuenta para resolver los problemas del día a día; aun cuando en el caso del desarrollo de proyectos de investigación, la variable tiempo se gestiona de una forma más a largo plazo. Sin embargo, la industria pretende obtener resultados con mucha celeridad, lo que sencillamente no encaja dentro del esquema de proyectos de investigación (Muga, 1991).


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Adicionalmente, la publicación de los resultados de la investigación juega un rol muy importante. En el caso de las universidades, por lo general, se opta por la publicación inmediata de los resultados de investigación, mientras que en las empresas se procede a proteger dichos resultados, para luego publicar. Estas diferencias culturales se transforman en barreras importantes para establecer una buena relación universidad-empresa. c) Rigidez de las políticas universitarias: la información obtenida de los informantes claves con respecto a este punto, refleja que las estructuras que tienen las universidades públicas nacionales no están diseñadas para establecer relaciones con entes externos del sector industrial de forma eficiente y productiva. Toda la información obtenida nos revela que las estructuras de las universidades son muy rígidas. Existe mucha burocracia y la gestión de cualquier trámite es sumamente engorrosa, hecho que, por supuesto, a los efectos de establecer una relación con el sector industrial, trae como consecuencia la no fluidez en la toma decisiones y, por ende, una casi paralización de las acciones a emprender dentro de la relación, en tanto esta situación es contraproducente con la filosofía de trabajo que mueve a las empresas. En ese contexto, tal como lo expresan Nowotny, Scotte y Gibbons (2003), la estructura disciplinaria y especializada que aún prevalece en las universidades, y en particular, en las venezolanas, debe darle paso a modos de organización mucho más flexibles y centrados directamente en los equipos de investigación, que además deben tener un carácter multidisciplinario y establecer objetivos con horizontes de tiempo bien definidos. d) Transferencia de conocimientos limitada: al no ser la innovación uno de los objetivos principales de la misión de las universidades nacionales, esto trae como consecuencia inmediata una participación limitada de la universidad en el ciclo de desarrollo para cualquier tecnología, ya que ésta queda establecida dentro de la denominada función de investigación de la universidad. Ello limita el desarrollo y transferencia de conocimiento solo hasta la fase de experimentación, que representa la primera etapa de la curva “S” de desarrollo tecnológico (Foster, 1986) y por lo general, la universidad no participa en las fases de crecimiento y madurez que es donde se lleva a cabo el desarrollo de prototipos y de la tecnología comercial. Frente a la realidad de la Sociedad del Conocimiento, la universidad de hoy debe estar acoplada a las exigencias del momento, lo cual requiere cambios en estructura y formas de organización, sobre todo en lo que a investigación se refiere. La tendencia es que el trabajo de investigación trascienda las fronteras de un equipo cerrado de científicos y técnicos y comience a transitar el camino de las multi y transdisciplinariedad, con énfasis en la aplicabilidad del conocimiento producido en las casas de estudio de educación superior. La información que revelan las entrevistas realizadas para esta investigación, es que prácticamente todos los equipos de investigación son conformados más por afinidad y costumbre de realizar el trabajo siempre con las mismas personas, sin conside-


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rar que existen competencias distintas y valiosas a las usualmente utilizadas. Esto está íntimamente asociado con la forma en cómo se conducen las investigaciones, que son prácticamente personales desde el momento que surge la idea, hasta que se concreta el proyecto; no existiendo ente alguno que gestione todo el proceso de I+D y sus posibles resultados para la sociedad. Como explican Gibbons y col. (1994), el Modo 2 de producción de conocimiento y el carácter transdisciplinario de la investigación es imperativo en estos tiempos, debido a que a la sociedad le urge la solución de problemas y la universidad es la mejor fuente de producción de conocimiento, que al avanzar, puede aportar importantes beneficios a la sociedad. Desde el punto de vista de la gestión de la innovación tecnológica como eje principal de la relación universidad-empresa, los resultados principales obtenidos se enmarcan en tres aspectos principales: 1) Poca importancia de la innovación tecnológica en la relación universidadempresa: las universidades públicas venezolanas no contemplan dentro de sus objetivos estratégicos la innovación; solo se considera llegar a la etapa de investigación. Es por ello que la innovación tecnológica queda completamente fuera de los objetivos, en virtud de lo cual, los investigadores universitarios no tienen por qué preocuparse para que sus investigaciones traspasen las fronteras de la producción hacia la aplicación de conocimiento. La participación de la universidad venezolana en el proceso de gestión de innovación tecnológica dentro de la relación universidad-empresa, es muy escasa y tímida y apenas llega a la etapa de I+D en sus inicios, debido a que en la mayoría de los proyectos de I+D finaliza con la entrega de los resultados experimentales a la empresa que está financiando el proyecto y en muy pocas ocasiones o casi ninguna, el investigador académico continúa con el desarrollo de la innovación propiamente dicha. 2) Ausencia de la gestión de la innovación tecnológica en las políticas de I+D: no existe una formalización de la gestión de la innovación tecnológica por lo que ésta no es un objetivo primordial en las políticas de investigación y desarrollo de las universidades públicas venezolanas. Gestionar la innovación tecnológica no es un proceso sencillo y no existe una fórmula o procedimiento universal a seguir para cualquier organización, tal como se expone en el Oxford English Dictionary (2010). No existen soluciones rápidas sino que cada organización debe configurar o diseñar el proceso de gestión de innovación tecnológica que mejor se ajuste a sus condiciones. En ese sentido, diseñar el proceso de gestión de innovación tecnológica para cada organización, implica poner en práctica el concepto de innovación, en este caso, en la organización, ya que, definitivamente, esto conduce aplicar nuevas o mejores formas de organización de los equipos de investigación y de las políticas de I+D para cada universidad. Esto


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pudiese dar lugar a una innovación desde el punto de vista organizacional, tal como lo expresa el Manual de Oslo de la OECD (2005), que implica la aplicación de nuevos métodos para organizar las rutinas y procedimientos de trabajo. Las entrevistas con los informantes clave revelaron que la mayoría de los investigadores no conocen lo que significa la gestión del proceso de innovación tecnológica y menos aún el impacto que éste tiene en su desempeño. Esto evidencia que las actividades de I+D en las universidades venezolanas se llevan a cabo de manera empírica, basadas únicamente en la experiencia personal de cada investigador y no responden a un programa bien organizado, con objetivos claros y metas acordes a las exigencias de la realidad tanto de la academia como del sector industrial. La gestión de la innovación tecnológica responde a un sistema complejo que se caracteriza por la no representación de la aplicación de un modelo genérico mediante operaciones de rutina, definido por una multiplicidad de perspectivas, la no linealidad y la propiedad sistémica donde el todo es más que la suma de sus partes, y las propiedades de sus partes pueden ser entendidas solo en el contexto del todo (Cilleruelo, Carrasco, Etxebarria, Sánchez y Zamanillo, 2004). Es conocido que gestionar la innovación es un proceso largo que requiere de un trabajo colaborativo organizado, con reglas bien claras y definidas para monitorear cada uno de los subprocesos involucrados en las fases de la innovación (El Bassiti y Ajhoun, 2013). Es un proceso de fases interactivas, que constituyen un procedimiento de retroalimentación continua en cada una de ellas, de las cuales puede generarse una innovación distinta, o una mejora de la original. Involucra y va más allá de la gestión del conocimiento tácito que manejan los investigadores en sus respectivas áreas y comprende conocimiento explícito que se va generando a lo largo del proceso de gestión de la innovación, producto de las interacciones multi y transdisciplinarias de los actores. 3) Escasa cultura de innovación tecnológica en la relación universidadempresa: la estrecha visión que se tiene en las universidades públicas venezolanas con respecto a lo que significa el término innovación y en particular, la innovación tecnológica, así como sobre su impacto y beneficios, denota la obsolescencia de la gestión universitaria en este ámbito. Esta visión tan estrecha o en muchos casos, inexistente, también está presente en el sector industrial, el cual no ha crecido en términos de encontrar la mejor manera de emprender el camino hacia nuevos desarrollos o mejoras de productos, procesos o equipos partiendo, como hacen los países principiantes en desarrollo tecnológico, de la asimilación y puesta en funcionamiento de las tecnologías adquiridas externamente y, conscientes del rol de la innovación tecnológica en el desarrollo del país, apuntalar esfuerzos para tratar de introducir mejoras a las tecnologías existentes.


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Esa manera de actuar frente a la gestión de la tecnología, está estrechamente relacionada con el hecho de que Venezuela es un país importador de tecnología y solo se ha caracterizado por exportar las materias primas provenientes de los recursos no renovables que existen en el país. Este comportamiento tiene su efecto en que el sector industrial no requiere de conocimiento especializado técnicamente para desarrollo tecnológico alguno y repercute en forma automática en los lazos que pudieran existir entre la comunidad tecnicocientífica en las universidades públicas, como es el patrón en toda América Latina (Tunnermann y De Souza, 2003), ya que, al no tener la universidad un mercado cautivo para aplicar los conocimientos en soluciones de problemas específicos reales de un sector industrial demandante, en esa medida la universidad no ve la necesidad de invertir esfuerzos por un cambio sustancial para satisfacer esa demanda. ELEMENTOS DEL CONSTRUCTO

Los elementos medulares que caracterizan la gestión de la innovación tecnológica en la relación universidad-empresa están sustentados en la curva “S” de desarrollo tecnológico propuesta por Foster (1986), que consta de cuatro fases, incluyendo la fase de obsolescencia tecnológica. Sin embargo, para efectos de este trabajo solo resultan de interés las tres primeras fases: fase embrionaria o de experimentación, fase de crecimiento o de desarrollo comercial y fase de maduración de la tecnología o fase de masificación de la tecnología. El constructo teórico producto de esta investigación se presenta en la Figura 1. Fase embrionaria: caracterizada por los siguientes elementos: a) Canalización de las fuentes de generación de ideas; fuentes que pueden provenir desde diferentes partes. Sin embargo, el origen de las ideas suele venir desde fuentes enmarcadas en lineamientos estratégicos, que son “los faros que iluminan el camino” hacia donde se deben dirigir las investigaciones en función de un desarrollo tecnológico que responda a las necesidades del país. En ese sentido, todos los proyectos de I+D de nuestras universidades, por lo menos aquellos de mayor alcance, deberían estar enmarcados en unas líneas estratégicas de investigación a nivel país, de manera que éstas sean el alimento para que las universidades diseñen sus líneas de investigación con unos objetivos concretos y con sus recursos apuntando hacia los logros esperados. No obstante, no se descartan las ideas que tengan sus orígenes en las propias empresas para resolver problemas específicos o investigaciones que surjan desde las fuentes de conocimiento que maneja el investigador (ver Figura 2).


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Figura 1. Constructo teórico: elementos, bases y habilitadores para la gestión de la innovación

Fuente: diseño de la autora (2016).


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Figura 2. Fuentes de generación de ideas Líneas Estratégicas de I+D a Nivel País

Ideas

Ideas

Semillero de Ideas

Ideas

Empresas

Investigadores

Líneas Estratégicas de I+D de la Universidad

Fuente: diseño de la autora (2016). b) Generación, monitoreo y gestión de las nuevas ideas: toda innovación surge de una idea, por lo tanto, lo primero que debe gestionarse son las ideas que se van generando, ya que son la semilla a través de la cual se produce una innovación. En ese sentido, en la relación universidad-empresa las ideas pueden surgir de dos fuentes: desde la universidad y desde la empresa. En la etapa de surgimiento de la idea desde la universidad, los investigadores, por lo general, tienen varias fuentes de inspiración para llegar a la concreción de una idea con potencial innovador. La experiencia y formación como experto en un área, el dominio del estado de la técnica y el monitoreo constante del área de conocimiento, así como la búsqueda permanente de soluciones a los problemas presentes en el área de estudio y la detección de los vacíos existentes o nichos tecnológicos que dan cabida a nuevas alternativas y/o mejoras de las tecnologías existentes, son las principales fuerzas motrices que inducen al investigador a estar a la vanguardia de nuevos y/o mejoras de desarrollos tecnológicos. En virtud de que la fuente generadora de ideas no es producto de la casualidad, sino por el contrario, como lo expresan Ahmed, Shepherd, Ramos y Ramos (2012), es producto de la creatividad, la cual proviene de las regiones profundas del talento y del dominio de ciertas disciplinas que presentan los investigadores, por ello es preciso almacenar esas ideas para darle forma, utilidad y valor en el momento oportuno. Es allí donde surge lo que se denomina semillero de ideas, también llamado Think Tank, el cual tiene como función recolectar todas las


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ideas novedosas que surgen como parte de la solución a un problema técnico, para aprovechar algún recurso estratégico del país, un nuevo uso de una tecnología o producto, etc. Esta base de datos permite mantener un repositorio de ideas que pueden ser consultadas en todo momento, inclusive, para apuntar a soluciones desde diferentes perspectivas y además, ayuda a identificar el autor de la idea, para efectos de establecer derechos de autor y de propiedad industrial. Por otra parte, ayuda a gestionar parte del conocimiento tácito de los investigadores. Cuando la idea surge del sector industrial, ésta ya ha sido trabajada por la empresa, de tal manera que la ha valorado comercialmente en cierta medida y lo que requiere es el apoyo de los expertos en el área. En ese caso, acude a la universidad con el propósito de llevar a cabo un proyecto de I+D con los especialistas indicados y desde esta perspectiva, el proceso de gestión de innovación va directamente a las especificaciones del proyecto. Luego de almacenar las ideas, viene un proceso de valoración de las mismas, para filtrar las más relevantes en función de su novedad, uso y aplicabilidad industrial potencial, adelantado por el investigador o el equipo de investigadores que la están desarrollando, con base en la literatura ya revisada y que está documentada por los proponentes de la idea. Estas tres características que se evalúan en esta fase, definen, lo que se denomina en propiedad industrial, los requerimientos de patentabilidad (OMPI, 2004). No obstante, esta valoración es preliminar, pues los requisitos no se establecen de manera rigurosa utilizando las fuentes de información y la evaluación que corresponden, cuando se trata de los resultados de un proyecto de I+D. Este resultado se transfiere al selector de ideas, de donde se generan, finalmente, una, dos o tres ideas con mayor potencial para dar respuesta a la situación objeto de estudio. Una vez seleccionada la idea con más potencial, se estudian, según el mercado tentativo, los competidores tanto en términos de tecnologías, como de empresas y/o instituciones con proyectos de I+D que apunten hacia la misma área de investigación, todo ello apoyado en una vigilancia tecnológica permanente del entorno. Como resultado del selector de ideas, se obtiene lo que se denomina el Acta de Valoración de Ideas, que es un documento en el que se describen cada una de las ideas seleccionadas y de allí se elige aquella con más alto potencial de innovación respecto del objetivo planteado. Este proceso de gestionar las ideas (ver Figura 3), también denominado por Dávila, Epstein y Shelton (2006) como gestión estructurada de ideas, es muy importante llevarlo a cabo, pues permite la sistematización del conocimiento, estructurándolo alrededor del objetivo que se tiene planteado, optimizando el tiempo y el proceso requeridos para darle solución a la situación planteada.


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Figura 3. Elemento: generación, monitoreo y gestión de las nuevas ideas

Fuente: diseño de la autora (2016). c) Conformación dinámica de equipos de investigación: se requieren equipos dinámicos para contar con integrantes cuyas competencias sean las que el proyecto necesita en cada etapa de su desarrollo. Se deben incorporar, entonces, no solo profesionales de la misma disciplina, sino de otras diferentes, e inclusive, de distintas facultades, a fin de conjugar pericias y culturas de investigación diversas que permeen los equipos, enriqueciendo sus destrezas y experiencia. La Figura 4 nos ilustra esta dinámica constante de intercambio de conocimiento especializado y competencias de investigación entre los diferentes profesionales que participan en el proyecto. Quizás se puede iniciar con un equipo disciplinario, aun cuando no necesariamente tiene que ser así. Todo depende de los requerimientos técnicos del proyecto y a partir de esto se define el tipo de conocimiento y competencias técnicas requeridas.


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Figura 4. Conformación dinámica de equipos de investigación

Nivel Máximo de Rendimiento Fase Crecimiento: •Desarrollo de prototipos •Aplicaciones comerciales iniciales •Reemplazo por nuevas innovaciones Equipos Multidisciplinarios Fase embrionaria Experimentación

Equipos: Disciplinarios

Equipos Multidisciplinarios

Fase Obsolescencia: •Poca o ninguna oportunidad para avances tecnológicos •Sustitución por nuevas tecnologías (generalmente provenientes de otras industrias)

Equipos Fase Madurez: Transdisciplinarios •Aplicaciones comerciales establecidas •Mejoramiento incremental •Énfasis en reducción de costos •Diseño dominante Equipos Transdisciplinarios

Fuente: adaptado por Aponte de Foster (1986). Es aquí donde juega un rol fundamental el líder del proyecto, pues éste debe tener las competencias necesarias para conformar el equipo idóneo en las diferentes etapas que se encuentre el proyecto. En ese sentido, la organización del proyecto debe estar preparada para estructurar un equipo rotativo de especialistas que van entrando y saliendo del mismo según su avance y que pueden ser captados de diferentes escuelas, facultades e incluso, universidades, dependiendo del alcance técnico y estratégico del proyecto, así como de su procedencia, si es del sector público o privado. Una vez formalizado el inicio del proyecto, se pasa a la etapa de planificación, donde se especifican los procesos más importantes a monitorear, de tal manera que se puedan tener las comparaciones reales y tomar las acciones preventivas y correctivas, según lo ejecutado con respecto a lo planificado. En el caso de un proyecto de I+D, la primera fase del proyecto está circunscrita a la investigación y desarrollo experimental que, según el Manual de Frascati (OCDE, 2005), comprende el trabajo creativo que se lleva a cabo de forma sistemática, a fin de incrementar la cantidad de conocimientos, el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de estos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. En esta fase es muy importante una participación conjunta de los integrantes del equipo del proyecto, con el propósito de garantizar una transferencia de conocimiento bidireccional.


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Fase de crecimiento, caracterizada por: a) Transferencia de conocimientos bidireccional, enmarcada en la etapa de experimentación del proyecto de I+D y circunscrita a la unidad ejecutora que se denomina Proyecto de I+D. Es importante que el equipo del proyecto en esta etapa, no solo incluya especialistas de la universidad, sino también especialistas técnicos de la empresa participante, si el proyecto lo amerita. Otro aspecto relevante en esta etapa es el monitoreo permanente del entorno, mediante el uso de técnicas, tales como la vigilancia e inteligencia tecnológicas, así como el empleo de alertas tecnológicos, en tanto las señales emitidas por el entorno, pueden tener un impacto sobre el proyecto. Usar esta información asertivamente, implica emprender acciones estratégicas oportunas que pudieran darle un giro al proyecto. b) Políticas de difusión de los resultados de investigación: obtenidos los resultados de la investigación experimental, estos son evaluados para conocer su potencial de innovación. En ese sentido, se realiza el estudio de patentabilidad del producto obtenido, que se hace con base en los tres elementos fundamentales reconocidos internacionalmente (OMPI, 2004): novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, para determinar si estamos en presencia de una invención patentable. Si es afirmativo, se determinan los mercados potenciales para ser considerados en la comercialización futura del producto. Con estos tres elementos se diseña la estrategia de protección del producto o tecnología obtenida. El resultado mostraría los países potenciales para solicitar la protección a nivel de patente y su respectiva estrategia, dependiendo de las leyes de propiedad industrial de cada país. En la estrategia de protección tiene un desempeño determinante el equipo asesor en materia de propiedad intelectual y que en este caso puede estar dentro de la denominada Unidad de Interfaz (Fernández de Lucio, Castro, Cones y Gutiérrez, 2000). Una vez tomada la decisión en cuanto a la protección del resultado y haber procedido a dicha protección, si es el caso, se procede a la publicación de los resultados de la investigación en las fuentes de información abierta, tales como revistas especializadas y presentaciones en congresos, por lo menos en el primer país con mayor potencial de comercialización (ver Figura 5). Después de evaluado el resultado y su posibilidad de protegerlo por el mecanismo de propiedad intelectual más indicado, se pasa a la etapa de escalamiento de la tecnología, que consiste básicamente en el desarrollo de prototipos. Ésta se inicia generalmente con un prototipo a nivel de banco piloto, para luego pasar a la etapa de prototipo comercial, una vez obtenidos los resultados positivos de las pruebas. La opción de venta de tecnología se presenta cuando la universidad decide no continuar con el paso siguiente de escalar el resultado de la investigación y en ese caso, decide vender los derechos de patente a cambio de una compensación económica (Hidalgo, León y Pavón, 2002).


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Figura 5. Elemento: experimentación, desarrollo y escalamiento

Fuente: diseño de la autora (2016). Fase de Maduración, caracterizada por: a) Estrategia de transferencia tecnológica: ésta se centra en el peso técnico, que básicamente descansa en la empresa participante en el proyecto, ya que la universidad no tiene la infraestructura para llevarla a cabo y en principio, está fuera del alcance de su misión y visión. Sin embargo, en este punto es fundamental la participación permanente del equipo de propiedad intelectual de la universidad, con la finalidad de garantizar los términos de los contratos que van surgiendo en la medida que avanza el proyecto de I+D. La participación de los investigadores universitarios en esta etapa está limitada principalmente a aquellos investigadores con mayor experiencia y formación en las áreas del proyecto en cuestión. Los aspectos claves de este elemento, representado por el escalamiento comercial de la tecnología (Figura 6), están enmarcados en lo que se denomina estrategia tecnológica. Esta estrategia es diseñada por la empresa, atendiendo a las señales del entorno y la tecnología o producto que se va a comercializar (Hidalgo, León y Pavón, 2002). En este nivel de desarrollo del proyecto de I+D, lo más importante por parte de la universidad es tener muy bien definidos los términos de los contratos de transferencia de tecnología o contratos de confidencialidad, actividad que es realizada en conjunto por la unidad de interfaz de la universidad y los representantes legales de la empresa. En esta etapa, la participación de los investigadores que trabajaron en el desarrollo de la tecnología es muy puntual, ya que solo es requerida para abordar problemas específicos que se presenten en el escalamiento, en tanto, generalmente se necesita la presencia de aquellos investigadores que tienen un dominio completo de todo el proceso del desarrollo de la tecnología.


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Figura 6. Elemento: desarrollo comercial de la tecnología

Fuente: diseño de la autora (2016). b) Grado de participación de los involucrados en el proyecto de I+D: en esta instancia, la participación de la empresa en el proyecto de I+D tiene el mayor peso y prácticamente la universidad interviene mediante la Unidad de Interfaz Universitaria, puesto que en este caso corresponde a la empresa diseñar la estrategia tecnológica que mejor corresponda para ejecutar un plan de negocio adecuado al entorno competitivo de la tecnología o producto a comercializar. Los investigadores de la universidad participan en esta etapa básicamente para resolver algún problema que se presente en el escalamiento. No obstante, es importante que se mantenga la relación bilateral, con la finalidad de transferir conocimientos y experiencias; en este caso, con mayor peso, desde la empresa hacia la universidad, sobre todo en el momento de la prueba comercial de la tecnología, ya que representa una experiencia única para los investigadores universitarios. Las fases del plan de negocio y masificación de la tecnología corresponden principalmente a la empresa participante, aunque, como se mencionó anteriormente, siempre deben estar presentes representantes de la Unidad de Interfaz de la universidad. Esto garantiza todos los aspectos legales relacionados con la masificación de la tecnología. Como se observa en la Figura 7, el peso de la participación de ambas instituciones (universidad y empresa) va variando a lo largo del desarrollo del proyecto de I+D.


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Figura 7. Participación de los involucrados en el proyecto de I+D

Fuente: diseño de la autora (2016). Una vez estructurado el constructo en las tres fases indicadas, se requiere gestionar cada fase con la finalidad de mejorar el desempeño de los recursos y de los resultados de la investigación. Para ello, es necesario definir las bases sobre las cuales se sustenta el constructo. Estas bases están integradas al proceso de manera tal que aquellas que están más íntimamente relacionadas con éste, se encuentran en una primera capa de acción. En este caso corresponde a los procesos de gestión de la innovación tecnológica, representados principalmente por la creatividad, vigilancia e inteligencia tecnológica y la transferencia tecnológica. La aplicación continua y sistemática de estos tres procesos, tal como se observa en la Figura 8, nos permite alimentar el proceso con nuevas ideas y al mismo tiempo, monitorear el entorno y tomar las decisiones correspondientes, dependiendo de las señales emitidas. El fin último es optimizar el ciclo de vida del proyecto y los resultados obtenidos. El de transferencia de tecnología es aplicable, generalmente, a partir de la culminación de la segunda fase o fase de experimentación del proyecto, momento a partir del cual se comienzan a obtener resultados, que deben ser estudiados y analizados con la finalidad de decidir la mejor manera de transferirlos.


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Figura 8. Comunicación entre los Procesos de Gestión de Innovación Tecnológica y el Proyecto de I+D

Fuente: diseño de la autora (2016). La otra base sobre la que se sustenta el constructo de la investigación es la gestión de proyectos de I+D, que tiene como fin gestionar los recursos involucrados en el desarrollo del proyecto, en función de lograr el objetivo planteado en un tiempo determinado. La gestión de proyectos de I+D es un proceso paralelo que complementa el de los procesos de gestión de innovación tecnológica, ya que el primero ayuda a gestionar los recursos según el objetivo y el segundo ayuda a gestionar el desarrollo de la investigación, en función de lograr resultados satisfactorios. La gestión del conocimiento es otra de las bases fundamentales del constructo y su puesta en práctica permite recolectar, almacenar, gestionar y difundir la información y el conocimiento generado en los proyectos de I+D y disponer siempre de la memoria técnica de los proyectos ejecutados, con la finalidad de que sirva como fuente de retroalimentación para su uso efectivo en futuros proyectos. Por último, se encuentra la Unidad de Interfaz, cuyos propósitos son: a) establecer y mantener la mejor relación entre la universidad y la empresa, b) promocionar los servicios, infraestructura, asesorías y formación académica de parte de la universidad hacia la empresa, c) lograr relaciones ganar-ganar que apuntalen hacia un mejor desarrollo tecnológico del país.


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Los elementos medulares que conforman el proceso de gestión de la innovación tecnológica de la relación universidad-empresa deben, además, estar interrelacionados con las cuatro áreas que constituyen las bases sobre las cuales se sustentan el funcionamiento y la interrelación de dichos elementos. Es preciso definir el entorno en el cual ocurren estas interrelaciones, ya que éste debe presentar las características idóneas que permitan su mejor desempeño a fin de lograr establecer una gestión del proceso de innovación tecnológica eficiente y con resultados favorables para los sectores involucrados. He allí la importancia de definir lo que representan los habilitadores de dicho proceso, que son: la cultura de innovación, capacidad de innovación, valoración de la innovación y el uso de las tecnologías de información y comunicación. El primer habilitador, definido por la cultura de innovación se fundamenta, en cualquier organización, en todos los valores, comportamientos, sistemas de información, mecanismos de comunicación y métodos de trabajo que favorezcan la interacción y la cooperación entre los diferentes entes y elementos que componen la organización. En ese sentido, una universidad con cultura de innovación debe desarrollar una contribución permanente hacia la amplificación del espectro y participación de todos los miembros de la organización en función de unos objetivos comunes enmarcados en nuevas propuestas, que pueden tener un origen individual o colectivo. Sin embargo, dichas propuestas deben ser acogidas por toda la comunidad, con la finalidad de abordarlas como una obra colectiva cuyo desarrollo y éxito depende de todos los involucrados, tanto directa como indirectamente. La cultura de innovación es de alguna manera el ADN del proceso innovador de cada organización, ya que está directamente asociada a la forma como los miembros de la organización interactúan, se comunican, transfieren el conocimiento y finalmente, cómo hacen en el día a día de la I+D una actividad que los conduzca a producir innovaciones tecnológicas para contribuir con la solución de problemas que se presentan, en este caso, en el mundo industrial, y que a través de éste lleguen los mejores productos y servicios a la sociedad. Morcillo (2007) señala que la cultura de innovación. corresponde a una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y establece valores, convicciones y actitudes propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que suponen mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la organización, aun cuando ello implique una ruptura con lo convencional y lo tradicional (p. 67).

Otro de los habilitadores que contribuye con el mejor aprovechamiento de la puesta en práctica de los elementos del constructo producto de esta investigación, es la capacidad de innovación que pueden tener o desarrollar nuestras universidades. Esta capacidad para innovar está representada, por una parte, en el recurso humano, su formación, conocimientos y experiencias del personal de investigación. Además, cuenta con su capacidad para relacionarse con su pares y sus redes de investigación nacional e internacionalmente, lo que le permite


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abordar y llegar a soluciones de problemas científicos y técnicos de la forma más expedita posible, haciendo uso de métodos, prácticas, herramientas y tecnologías con el mero propósito de llegar a una solución innovadora o a una mejora del estado del arte en el área de conocimientos que le compete. Esta capacidad de innovación también está apalancada por la infraestructura tecnológica de la que se disponga para desarrollar proyectos de I+D, con el propósito de conducir a innovaciones tecnológicas. Asimismo, ejerce un impacto relevante en la capacidad de innovación, el cómo utilizar el conocimiento disponible de la forma más eficiente posible mediante equipos de investigación muti y transdisciplinarios dinámicos, a fin de utilizar eficientemente el conocimiento, experiencia y formación disponible en el momento preciso que lo requiera el proyecto. La valoración de la innovación, otro habilitador importante, debe ser entendida desde el enfoque intangible de lo que puede representar una universidad innovadora, mas no desde el enfoque del valor material de la innovación per se. En tal sentido, el valorar la innovación significa, para la autora de esta investigación, darle el peso y la importancia adecuada a la innovación como elemento característico de la Sociedad del Conocimiento y la globalización. Es la fuerza impulsora de los cambios de la sociedad y es un motor que alimenta la globalización del conocimiento. En ese sentido, las universidades venezolanas deben comenzar por considerar dentro de sus planes estratégicos la innovación como elemento central de motivación y de logro; lo que significa hacer investigación y desarrollo, sobre todo en aquellas facultades y escuelas que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Así, también deben implementar procedimientos y metodologías que apunten hacia normativas internas para acelerar y apoyar los procesos de innovación tecnológica en las diferentes instancias del recinto académico directamente relacionadas con el desarrollo de proyectos de I+D. Finalmente, las tecnologías de información y comunicación, el otro habilitador a considerar en esta investigación, juegan un rol preponderante en la interrelación y cooperación de los diferentes elementos presentes en la gestión de la innovación tecnológica en la relación universidad-empresa, ya que con su adecuada aplicación brindan el soporte tecnológico que permite la comunicación y el flujo de información, conocimiento y experiencias entre las diferentes redes que se puedan conforman en todo el ciclo de vida de un proyecto de I+D dentro de la gestión del proceso de innovación tecnológica. Éste es uno de los habilitadores por excelencia indispensable para la puesta en práctica, ya sea en forma parcial, total o de manera incremental, de cada uno de los tres aspectos que constituyen el constructo planteado en esta investigación. El constructo teórico propuesto en esta investigación mediante la aplicación de sus elementos y la existencia de relaciones con las bases que lo sustentan y tomando en consideración los habilitadores que permitirán el flujo de conoci-


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miento, información y experiencias, así como todos los intangibles representados por las relaciones, valores, formas de trabajos, procedimientos, normativas y tecnologías disponibles que apunten hacia la puesta en marcha de un proceso para gestionar adecuadamente la innovación tecnológica como fuerza motriz en la relación universidad-empresa, representaría un buen comienzo para iniciar formalmente dicha relación en Venezuela y finalmente, consolidarla en función de buscar una cooperación factible y duradera. Su objetivo fundamental deberá ser la transferencia de conocimientos y experiencias entre ambos sectores, en procura siempre de una relación ganar-ganar y al final de cuentas, contribuir con el desarrollo tecnológico del país. CONSIDERACIONES FINALES

En la Sociedad del Conocimiento y la globalización, las universidades están llamadas a ser uno de los entes con mayor participación y aporte debido a su naturaleza, ya que representan las entidades donde su esencia y razón de ser, es precisamente la generación de conocimiento. Por ende, son las primeras en formar parte activa de esta sociedad en la que su recurso estratégico ya no es la infraestructura, sino el conocimiento. En ese sentido, las universidades nacionales deben comenzar a introducir cambios que les permitan acercar mucho más el océano de conocimientos, experiencias y en última instancia, los aportes que pueden brindar a la sociedad venezolana. El trabajo de campo realizado en esta investigación demostró que los investigadores universitarios representan un vasto recurso que no está siendo utilizado efectivamente y que además, esta población está dispuesta a formar parte de la fuerza impulsora del desarrollo tecnológico del país. La unión universidadsociedad debe ser una realidad que hay que abordar pronto y en pequeñas dosis, comenzando por proyectos pilotos en aquellas áreas de gran impacto para el país y en las que se disponga de los recursos mínimos para iniciar proyectos cuyo emprendimiento conduzca a innovaciones tecnológicas que contribuyan a la solución de problemas reales. En definitiva, el constructo teórico desarrollado en esta investigación, representa un inicio importante en cuanto a cómo se debe organizar la gestión de la innovación tecnológica en la universidad venezolana para apuntalar una relación universidad-empresa con una visión de amplio alcance, diseñar una apropiada planificación para su puesta en práctica, tomando en cuenta los elementos esenciales, sus interrelaciones y su impacto, a fin de aprovechar de la mejor forma esta relación, no solo desde el punto de vista del valor material que pudieran llegar a tener las innovaciones tecnológicas que se pudieran desarrollar, sino además el potencial que ésta representa, en términos de aprendizaje, surgimiento de nuevas ideas, actualización permanente y el reto de constante de mantener adecuados estándares técnicos para responder apropiadamente a los


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diferentes problemas y situaciones que, desde el punto de vista técnico y científico, se puedan presentar. Por último, aunque no menos importante, la posibilidad cierta de mantener una exposición constante del personal de investigación y estudiantes a la realidad industrial, siendo esta una oportunidad única de mantener una formación de profesionales y estudiantes con un manejo adecuado del estado del arte de las tecnologías puestas en práctica para ayudar a solucionar los problemas técnicos del sector industrial y a su vez, contribuir con el desarrollo tecnológico del país. Más allá de la situación particular que atraviesa Venezuela en estos tiempos, los resultados de esta investigación pueden ponerse en práctica en nuestra universidades para el momento en que se normalice la situación del país, mediante un proyecto que contemple varias etapas y aun cuando debe ser adaptado a cada universidad en su contexto de relación con el sector productivo, ya que éste está estrictamente asociado a la cultura interna de cada entidad y por ende, a sus normativas internas y procedimientos, de manera que pueda ser ajustado a la realidad en la cual se desarrollará. REFERENCIAS

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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 153-160

ÉTICA Y GERENCIA ADUANERA EN EL MUNDO GLOBAL DE HOY Ina González1 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (USB) Fecha de recepción: 13-07-16

Fecha de aceptación: 06-04-17

Resumen: Para el Presidente George Washington (1790), ante el Congreso de la Unión Americana: “El Conocimiento es en todo los países la base más firme de la felicidad”. Esta afirmación en el contexto del mundo actual expone con claridad que el “Hombre Nuevo” de la sociedad moderna necesita re-encontrarse con su esencia para saber vivir y vivir mejor en plena consonancia con la satisfacción de necesidades humanas básicas que hacen desde lo material vivir con dignidad (derechos humanos) y desde lo espiritual, vivir en la senda del deber ser ético y moral. La Sociedad del Conocimiento, la Era de la Información Global, entre otros adjetivos que denotan el desarrollo y poder tecnológico, no son argumentos suficientes para el evidente divorcio con la esencia humana. Esto es un compromiso con la génesis social (lo bueno, lo justo y lo correcto). Ser ético reivindica la razón social de la organización porque acatan eficientemente lo normativo, lo pragmático y lo operativo. Las organizaciones y su cuerpo gerencial son el reflejo del bienestar social de las naciones y a su vez, deben ser garantes de la salud socioeconómica de su componente humano. Siendo así, el comportamiento ético del accionar gerencial es el reflejo de la base valorativa y normativa de la sociedad donde opera. Representa el accionar de valores, principios y normas éticas individuales, colectivas y organizacionales que dan vida y sustentabilidad a la organización dentro de la sociedad que ocupa, y en este sentido, el mundo aduanero especialmente en nuestro país, adolece con urgencia de lo anteriormente descrito. Siendo así, el presente artículo tiene como objeto analizar filosóficamente el comportamiento ético en las acciones gerenciales ejecutadas en las aduanas venezolanas de hoy, a la luz de los parámetros de la Era de la Información Global y la Visión Organizacional. Palabras clave: Comportamiento Ético, Valores organizacionales, Gerencia aduanera.

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Licenciada en Administración mención Gerencia Empresarial, Especialista en Aduanas y comercio Exterior, Magister en Ciencia Política área Relaciones Internacionales. Docente universitario desde hace 18 años en pre y postgrado. Personal de la Universidad Simón Bolívar desde el 2005 atendiendo las cátedras de las carreras TSU Administración Aduanera, Comercio Exterior y Licenciatura de Comercio Internacional. Dirección para correspondencia: inamgs@gmail.com.


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ETHICS AND GLOBAL CUSTOMS MANAGEMENT IN THE WORLD TODAY Abstract: For the President George Washington (1790), before the Congress of the Union American: "the knowledge is in all those countries the base more firm of the happiness". This statement in the context of today's world makes clear that the "new man" of modern society needs re-find your essence to learn live and live better in full accordance with the satisfaction of basic human needs that make the material from living with dignity (human rights) and from the spiritual, living in the path of duty be ethical and moral. The society of the knowledge, it was of the information Global, between others adjectives that denote the development and to technological, not are arguments enough for the apparent divorce with the essence human. This is a commitment with the genesis social (so good, it just and it correct). Be ethical claims the reason social of the organization because abide by efficiently so normative, it pragmatic and it operating. Them organizations and your body management are the reflection of the welfare social of them Nations and to his time, should be guarantor of the health socio-economic of its component human. Thus the ethical behavior of the management actions is a reflection of the evaluative and normative base of the society where it operates. Represents the actions of values, principles and individual, collective and organizational ethical standards that give life and sustainability to the organization within the society that occupies, and in this regard, the Customs world especially in our country, suffers with urgency of the above. Thus, the present study aims at analyzing philosophically the ethical behavior in the management actions carried out in Venezuelan customs today, in light of the parameters of the Global Information Age and the Organizational Vision. Keywords: Ethical behavior, organizational values and customs management.

ÉTICA Y GERENCIA ADUANERA EN EL MUNDO GLOBAL DE HOY

Las organizaciones modernas del mundo globalizado, con su sistema de valores, se debaten en la práctica entre tres responsabilidades sociales básicas (Contrato Social de la Empresa – Credibilidad y Confianza), que deben ser gestionadas por su cuerpo directivo y gerencial de forma activa, eficiente, cooperativa y ética, en tanto su impacto en el entorno social, a saber: ser rentables, respetuosas y apegadas a las normas y las leyes, y actuar bajo los lineamientos éticos de su base social. La ética es un compromiso real y congruente entre la organización y los valores que ésta promueve; su accionar es producto de una actividad humana directa impregnada de un fin social colectivo e individual que exprese la ética como consustancial al ser social, y de apertura, para mostrar su efectividad en su actuar racional, haciendo exitosa la gestión empresarial. Siendo así, los gerentes aduaneros, en general, actualmente no gravitan sobre el hecho social, ni toman las decisiones con apego a su base sociocultural. Estos deben responder activamente a los intereses de su componente humano (lo bueno, lo justo y lo correcto) que, en definitiva, son los que realmente producen lo que la empresa oferta al mercado. Lo humano implica sentimientos, valores, cultura y necesidades que dan forma a las expectativas (lo bueno, lo justo y lo correcto) y a la calidad de actuación en su quehacer cotidiano.


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Cada profesión se rige por su código ético. Gerenciar representa el saber, guiar a la organización hacia la maximización de sus fronteras, proporcionando las fortalezas en aquellos campos donde escasean las oportunidades: es tener visión para conquistar nuevos y frondosos caminos. Gerenciar es saber construir confianza, haciendo del compromiso un nexo fuerte con los valores de la institución. La Organización Mundial de Aduanas (OMA), antiguo Consejo de Cooperación Aduanera, en el año 1993 publicó la Declaración de Arusha (revisada en el año 2003) donde creó un programa global de desarrollo de ética que permita reducir los niveles de corrupción dentro de las aduanas. Para ello estableció los siguientes principios fundamentales: 

Una reducción en la seguridad nacional y en la protección de la comunidad;

Fraude fiscal y pérdida de ingresos;

Una reducción de las inversiones extranjeras;

Incremento de costos que, finalmente, son asumidos por la comunidad;

El mantenimiento de barreras al comercio internacional y al crecimiento económico;

Una reducción en la confianza del público con relación a las instituciones gubernamentales;

Una disminución del nivel de confianza y cooperación entre las administraciones aduaneras y otros organismos gubernamentales;

Una reducción del nivel de cumplimiento voluntario de las leyes y reglamentos aduaneros; y

Un debilitamiento de la moral y del esprit de corps del personal;2

Ser ético conviene a los intereses de las organizaciones del mundo aduanero y los que las gerencian, por lo que el cuerpo gerencial necesita actuar éticamente para acatar eficientemente lo normativo, lo pragmático y lo operativo, sin apego al provecho propio; lo contrario es corrupción. Si una sociedad cultiva 2

Moral y Cultura Organizacional: la corrupción es más probable que ocurra en organizaciones donde la moral o esprit de corps es baja y donde el personal de aduanas no tiene orgullo de la reputación de su administración. Los servidores de aduanas tienen más probabilidad de actuar con ética cuando la moral es alta, donde las prácticas de gestión de recursos humanos son justas y donde existen razonables oportunidades para el desarrollo y progreso en la carrera. Los empleados de todos los niveles deben estar involucrados activamente en el programa de anticorrupción y deben ser alentados a aceptar un nivel apropiado de responsabilidad con respecto a la ética en la administración.


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sistemáticamente sus valores éticos, cosecha resultados. Ante esta afirmación, el Papa Juan Pablo II exigió, en razón del divorcio entre la Ética y la Economía, un “Código Ético para la Globalización”, para solventar la grave dicotomía existente entre ambas, bajo el argumento que la ética debe orientar y regular a la economía. Pero, ¿qué ha ocurrido con esta solicitud? Contrariamente, el mundo moderno desvincula la ética y la economía a merced del “desarrollo”; la ética pertenece al espíritu y la economía al mundo material que procura el bienestar del hombre social. Este tipo de concepción margina los valores morales y genera lo que los filósofos denominan “Vacío Ético” en el que, lamentablemente, se han precipitado todos los agentes productivos desde su espectro más amplio. Sin embargo, al preguntarse la raíz de este vacío es insuficiente responder solo con la imponencia del mundo material. Por el contrario, es la consecuencia. Solo es necesario reflexionar sobre escándalos de delincuencia de lucro ilícito reflejada en las gigantescas estafas financieras de organizaciones 3, que nunca el ciudadano común hubiera pensado que estuvieran inmersas en tan graves delitos. Edwin Sutherland (Sociólogo, Escuela de Chicago, 1949) publicó un libro titulado: El delito de cuello blanco y la criminología crítica, donde afirmó que el delito refleja un proceso de etiquetamiento por quienes tienen el poder de “definición del fin del delito cometido por los poderosos” (1969), en contraposición a lo que Giuliani (2002), en relación con la criminalidad callejera, calificó como “Tolerancia Cero” durante la década de los noventa. En el siglo XXI, el libre mercado permite expandir las ganancias y los movimientos de capitales pero, sin el soporte ético, ha deshumanizado los procesos y efectos económicos, desencadenando grandes escándalos financieros y políticos cuyas consecuencias las están sufriendo y costeando los ciudadanos. Es válido evocar los casos de poca data que ejemplifican el necesario clamor del Papa Juan Pablo II: Enron Creditors Recovery Corporation y Wordcom (EUA), Parmalat (Italia), Lehman Brothers y Arthur Andersen (EUA), JPMorgan Chace (EUA), Bank of América o Citigroup –Goldman Sachs– (EUA). La criminalidad corporativa y financiera cometida desde la alta gerencia administrativa de las empresas, en connivencia con los poderes públicos, transformándose en criminales organizados, están amparadas con la impunidad desafiando los principios del Derecho Penal, donde las categorías como la prevención, resocialización y miedo al castigo, son fundamentales. Todo ello ocurrió a pesar de la Ley Sarbanes Oxley “Sarbanes-Oxley Act of 2002” (pub. L. N° 107-204, 116 Stat 745 del 30 de julio de 2002. USA), cuyo objetivo es monitorear las empresas que cotizan en la bolsa de valores, evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. 3


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Los responsables de estos hechos no son agentes sobrenaturales ni mitológicos, son seres humanos, producto tangible de la génesis de lo social en el mundo “moderno”, líderes de sus organizaciones cuyas responsabilidades y prestigio profesional los colocaron en la élite del ámbito económico y gerencial. Se mostraron como profesionales exitosos enfocados en el progreso y en el desarrollo. Pero, ¿qué faltó?: la formación ética del componente humano líder de las organizaciones, de los que orientan a su equipo para ser exitosos y productivos en procura de su bienestar, el de la organización y el su entorno. El diario norteamericano The Washington Post publicó en el año 2002 (0408-02) un artículo de Amitai Etzioni4, referido a la educación que han recibido los gerentes y líderes involucrados en los escándalos financieros de la última década. Dio cuenta de un estudio del Aspen Institute realizado a dos mil (2000) graduados de las mejores trece escuelas de negocio en los Estados Unidos de América para conocer su perfil ético de ingreso y egreso, siendo este último más negativo que al momento inicial. Afirma la fuerte resistencia de los catedráticos en la formación gerencial y de negocios para justificar el estudio ético de este sector profesional, dado que lo consideran innecesario a pesar de la clara importancia de la transversalidad de la enseñanza de la ética. De igual forma resalta la exaltación de los aprendizajes en el área tecnológica para maximizar los beneficios empresariales, y en el área estratégica, para hacer negocios atractivos y rentables, pero se deja de lado la preservación del medio ambiente (activos naturales básicos y flujos de servicios ecológicos asociados) como fuente de riquezas, la ética en el trato con el cliente – consumidor, la contribución integral del negocio a la sociedad (responsabilidad social de la empresa) y sus conciudadanos; la no explotación de la mano de obra en general (ver la noción de solidaridad propuesta por Max Weber), y la deshumanización de las relaciones productivas para lo humano (eticidad de la función pública y privada y la relación armónica entre ingreso y medio ambiente –emisión de dióxido de carbono, calidad de los suelos y cubierta forestal–). No se dan cuenta que los valores éticos son cultivados cuidadosamente en el sistema educativo en todos los niveles, reflejándose en el resultado de gestión de sus líderes. Las organizaciones y su cuerpo gerencial deben ser el reflejo del bienestar social de las naciones y a su vez, deben ser garantes de la salud socioeconómica de su componente humano. Los gerentes son gestores directos de este requerimiento, ya que no es una novedad comentar que si el recurso humano de la institución puede satisfacer sus necesidades de manera eficiente, está comprometido con el éxito de su organización y con el desarrollo de su nación.

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Ver Kliksberg, B. (2003). Ética y Gerencia de Organizaciones. Innovar, 22: 39-42.


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Actualmente, un gerente aduanero debería garantizar, desde el micro espacio organizacional, la protección de los intereses de la comunidad en general, garantizar la confiabilidad de los procesos y controles, la transparencia de la información; debe contribuir a la generación de una economía que enfrente, desde su ámbito, las exclusiones actuales: el desempleo, la pobreza, el difícil acceso de los jóvenes al mercado laboral, las discriminaciones de género, el maltrato al adulto mayor y la exclusión de las minorías y los discapacitados. Responsablemente, los gerentes aduaneros, como profesionales exitosos por la asertividad de sus gestiones y decisiones, deben reflexionar y actuar sobre las exigencias de la sociedad global, dado que de esto depende la sustentabilidad de los resultados de su administración y el impacto que sobre ésta tiene la institución para la cual labora. Los gerentes aduaneros exitosos deben saber que el desarrollo humano de los que hacen vida dentro y fuera de su institución, deben centrarse en el impacto de su gestión en las personas desfavorecidas por el sistema global. Sus decisiones y estrategias para el servicio deben nutrirse de la necesidad de expansión de las libertades y las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que van más allá de las necesidades básicas. En este punto, se suma la promoción estratégica de fomento del capital social y sus capacidades productivas en el componente humano por parte del cuerpo gerencial de la organización aduanera, en el caso que nos ocupa, generando valor agregado a nivel del bienestar socio económico de este colectivo con enfoque productivo y su consecuente compromiso efectivo con la visión y misión de la organización: “soy próspero gracias a la empresa, vivo bien gracias a mi organización”, afirmación propia de los beneficiados de esta premisa. En función de lo anterior, se puede afirmar que una gerencia ética es la que asume el compromiso de cohesionar los sentimientos morales del componente humano con el saber racional de la naturaleza del negocio, gestionando su poder para influir positivamente en la vida de otros, atendiendo a los valores y fines últimos de la organización y su entorno, y siendo capaz de cambiar el rumbo de la historia al procurar la felicidad en un clima de coexistencia pacífica en el plano social, económico, cultural y político de sus fronteras. Una gerencia aduanera ética y eficiente es aquella capaz de romper las características de la actual cultura disfuncional y puede dar respuestas desde la base de lo ético a los desafíos reales y sustanciales de las organizaciones del mundo global. Es aquella que puede dar la espalda al comportamiento antiético, principal causa de la ineficiencia operacional, la deficiencia en la calidad de producción y la corrupción. Definitivamente, el comportamiento ético del accionar gerencial aduanero es el reflejo de la base valorativa y normativa de la sociedad donde opera; es lo que


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en la filosofía contemporánea se conoce como ética aplicada. Representa el descubrimiento y la aplicación eficaz de los valores y normas del ideario social y de la recreación que ésta hace de su actualidad; es el accionar de valores, principios y normas éticas individuales, colectivas y organizacionales que dan vida y sustentabilidad a la organización dentro de la sociedad que ocupa. CONCLUSIONES

La nueva sociedad global debe constituirse en un poderoso instrumento para la integración social funcional y tangible para formar una sociedad coherente e inclusiva, que reduzca las desigualdades existentes (pobreza) y asegure el acceso eficiente a la información con sentido formativo y al disfrute de los servicios para la satisfacción de las necesidades y la mejora de la calidad de vida. La sociedad en sí misma posee un enorme potencial de oportunidades pero todos los componentes deben prepararse, integrarse y formarse para visualizarlas y desarrollarlas para el bien común; lo humano implica lo propio y lo colectivo; se trata de la sociedad participativa, responsable e informada que trasciende lo material y lo tecnocéntrico y se reencuentra con su dimensión humana, para construir la base de la verdadera cohesión social en el futuro próximo inmediato. Lo ético no es casual. Es una necesidad primaria por los severos cambios en los estilos de vida que la globalización, la tecnología, el materialismo y el poder de la información están generando en las relaciones humanas, las instituciones sociales, y los principios éticos morales y valorativos del ser social ante el mundo que lo rodea. Es importante destacar que los problemas de hoy no serán los del futuro próximo, debido a que la sociedad en general demandará nuevos espacios, instituciones y las aduanas deben responder a esto. Nuevas teorías, ideologías y una gran cantidad de bienes y servicios que propenderán al mejoramiento y desarrollo continuo de las personas y las instituciones; por lo que podemos afirmar que la sociedad futura será una sociedad del conocimiento, su recurso clave será el conocimiento y los trabajadores del conocimiento serán el grupo dominante de su población activa. El reto de los gerentes, en cualquier ámbito donde se desempeñen –y específicamente, en el área aduanera del futuro– es ampliar las vías de formación y preparación constante del talento humano de las organizaciones y la sociedad en general, con el objeto de generar conocimientos y esto, a su vez, permitirá innovar en la creación de propuestas que abrirán las vías de la integración social, para disminuir las desigualdades y maximizar las oportunidades para la sociedad en general. Rememorando y parafraseando la frase del Presidente George Washington en 1790, ante el Congreso de la Unión Americana, el conocimiento es, en todo sentido y lugar, lo que da base a la felicidad.


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Gerentes, recordad que ética son los actos que el ser humano en lo social de modo consciente y libre, es la emisión de juicios racionales para determinar si un acto ha sido bueno o malo. No es una utopía, es la clave del éxito en la gestión dentro y fuera de la organización, en las comunidades y para la sociedad; es el reconocimiento de su desarrollo como ser humano en el mundo material y profesional. ¿Quieres ser “pescador de hombres”?. ¡Entonces coloca tu corazón en el “anzuelo”! Ep.1.7. REFERENCIAS

Afuah, A. (1997). La dinámica de la innovación organizacional. Nueva York: Oxford University Press. Drucker, P F. (2008). La gerencia en la sociedad futura. Bogotá: Editorial Norma. Etzioni, A. (2007). La dimensión moral: hacia una nueva economía. Madrid: Ediciones Palabra. Giuliani, R W. (2002). Liderazgo. Barcelona, España: Plaza & Janés editores. Kliksberg, B. (2003). Ética y gerencia de organizaciones. Innovar, 22: 39-42. OMA. (2003). Declaración de Arusha. Recuperado de: https://www.ana.gob.pa/images/PDF/transparencia/OMA_declaracion_arusha.pdf. Sen, A. K. (2003). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Editorial. Sen, A. K. (1979). Sobre la desigualdad económica. México: Fondo de Cultura Económica. Sutherland, E. H. (1969). El delito de cuello blanco. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela. Wren, D.A. y Greenwood, R.G. (1998). Los innovadores de las grandes organizaciones. Nueva York: Oxford University Press.


Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017 Vol. XXIII, No. 1 (ene-jun), pp. 173-191

UNIVERSIDAD Y RETO DIGITAL Jesuardo Eneas Areyán Salazar1 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Fecha de recepción: 15-03-17

Fecha de aceptación: 10-07-17

Resumen: El presente artículo está referido a la universidad y al reto que surge en la era digital, en contraste con la labor de las universidades tradicionales. En estos tiempos hay nuevos desafíos, particularmente, por la aparición de medios audiovisuales, redes sociales, potenciados por Internet, que conectan instantáneamente a los usuarios, por lo cual se dice que desaparece la distancia que los separa e informándoles lo que sucede en cualquier lugar del planeta hasta los más remotos, sobre los eventos que ocurren sean estos de cualquier naturaleza y en este sentido, los destinatarios se forman opiniones que moldean la convivencia social, por eso se señala que la sociedad está digitalizada. La educación, particularmente la universitaria, se ha visto impactada por estos cambios tecnológicos en sus propósitos de enseñanza-aprendizaje. Esto ha producido muchos efectos y uno de ellos es la aparición de nuevas categorías de universidades: Universidades en línea (University Online) que complementan a las conocidas universidades empresariales. Esta modalidad hace uso, principalmente de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para lograr sus objetivos. Su capacidad de participantes, los horarios flexibles de clase, las carreras que ofrecen y los títulos que otorgan, son singulares. Estamos ante el reto digital con el cual debe convivir las universidades tradicionales, que se han convertido en una amenaza para su permanencia a largo plazo. Palabras clave: Universidades Tradicionales Universidad Online, Universidad Empresarial, Sociedad Digitalizada, Investigación, TIC, Internet.

1

Postdoctorado en Gerencia (Universidad Central de Venezuela-UCV), Doctor en Ciencias Sociales (UCV). Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial (UCV). Especialista en Organización de Empresas (UCV). Especialista en Gestión de la Calidad (ISIIndia). Abogado (UCV). Ingeniero. Profesor de Postgrado: del Doctorado en Gerencia y del Doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo. Profesor Titular de la cátedra Control de la Calidad EIM-FI (UCV). Ex-director: de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), de la Dirección de Normalización y Certificación de la Calidad (Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Industria y Comercio) y de la Dirección General del Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (FONDONORMA). Representó a Venezuela ante la Organización Internacional para la Normalización (ISO). Docente investigador en Globalización, Competitividad, Calidad y Nuevas Tendencias Tecnológicas Digitales (UCV). Ha publicado varios trabajos dentro de su área de investigación. Correo electrónico: jesuardoa@hotmail.com.


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UNIVERSITY AND DIGITAL CHALLENGE Abstract: This article is related to the University and the challenge that arises in the digital era, in contrast to the work of traditional universities. In these times there are new challenges, in particular, by the emergence of audiovisual media, social networks, powered by Internet, which connect instantly to users, so it is said that it disappears the distance that separates them and informing them what is happening anywhere on the planet until the most remote, about events that occur are these of any nature and in this sense recipients are formed opinions that shape social life, that is designated to that society is digitized. Education, particularly University, has been impacted by these technological changes in their teaching and learning purposes. This has produced many effects and one of them is the emergence of new categories of universities: universities online (University Online) to complement the well-known business universities. This mode makes use, mainly of the technologies of information and communication technology (ICT), to achieve their goals. Its participants, flexible class schedules, careers that offer and titles granted, are unique. We are the digital challenge, which must live the traditional universities, which have become a threat to remain in the long term. Keywords: Traditional Universities, Online University, Business University, Digital Society, Research, ICT and Internet.

INTRODUCCIÓN

El devenir actual presenta características particulares no observadas en tiempo pasado y así se sostiene que, conocimiento, cambio e incertidumbre son relevantes y predominan en el contexto donde se desenvuelve la sociedad. Precisamente, a uno de los tres elementos mencionados, dedicaremos principalmente este artículo y será al conocimiento, pero desde la perspectiva de la universidad ubicándolo en el contexto del reto digital. El tema universidad y el reto digital al que alude el título del presente escrito es básico, no sólo para entender el cambio y la incertidumbre que ocurren en el presente, sino para orientar el enfoque con proyección futura que abarca esta era digital. El conocimiento actual generado por las universidades está seriamente afectado, entre otras causas por los elevados costos de la infraestructura o planta física de éstas, así como por la enseñanza tradicional impartida mediante la interacción profesor-alumno, la cual, en estos tiempos, tiene un novedoso rasgo que está en pleno desarrollo: la aplicación de las tecnologías digitales y las nuevas generaciones tienen a su disposición instrumentos fáciles de manejar y con los cuales aprender. Hoy, el computador personal, la televisión y el teléfono celular inteligente – con sus aplicaciones–, ofrecen un amplio espectro de utilización en la generación de conocimiento, lo cual requiere dedicación para orientar hacia el mejor uso de estos recursos, es decir, estamos ante un panorama nuevo que repre-


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senta un desafío para las universidades, tal como hasta ahora han sido conocidas. Por otro lado, además de las universidades tradicionales, también objeto de análisis en este artículo; hay otras categorías de universidades que han hecho su aparición en el mundo y nos referimos específicamente a las universidades a distancia, universidades virtuales, universidades abiertas (Open University) y a las universidades en línea (University Online), donde las conocidas clases, denominadas presenciales, han desaparecido y la interacción mediante la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es el factor más notorio para facilitar el logro del conocimiento. Asimismo, es oportuno hacer referencia a otra clase de universidades, las llamadas Universidades Empresariales o Corporativas, que refuerzan la generación del conocimiento mediante la utilización de los dispositivos digitales, con el objetivo de alcanzar la educación especializada de sus participantes, empleados y relacionados con las empresas que las promueven y a las cuales están adscritas. El otro factor incluido en este escrito es el referente a la investigación como fuente reconocida de generación de conocimiento, que en la actualidad se ha visto influenciada por el gran flujo de datos e información que circula por las redes e internet y, a su vez, permite que los investigadores en cualquier región del planeta tengan acceso a otros trabajos científicos y con ello, puedan abordar la autopista del sistema de saberes que facilita su trabajo y disminuye los costos involucrados; al tiempo que la información apoya y le da solidez a la competitividad profesional y a la formación de dichos investigadores. Esto es lo que puede denominarse, en términos sencillos, la globalización del conocimiento científico, por la extensión y la interrelación incluida la praxis universitaria dedicada a estas distinguidas actividades. UNIVERSIDADES TRADICIONALES

Las universidades tradicionales son objeto de consideraciones peculiares por la sociedad, entre otras razones, por la formación de líderes y profesionales que son los futuros dirigentes de ellas y por la variedad de problemas que resuelven. Pero, en general, aun cuando su desempeño real es mencionado como favorable, en los países donde son de carácter público, también se les valora como una pesada carga para el presupuesto del Estado. En estos tiempos, es notoria la tendencia de no abrir más campus universitarios públicos y así acudir a la inversión privada para mantener y desarrollar este sector educativo.


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En América, al tratar este tema y el aspecto de la calidad de la enseñanza, la referencia común es hacia las universidades norteamericanas, en tanto a estas instituciones se les otorga un reconocido prestigio, el cual está apoyado por la alta posición que ocupan en los Rankings Internacionales Educativos. 2

Recientemente (2016), el World’s Best University con base en el estudio de 1.000 universidades en el mundo, concluyó que 7 de estas universidades de carácter privado, están ubicadas en los Estados Unidos y ocupan el segmento de las 10 mejores (Top Ten). Pero hay muchas razones para esos reconocidos logros. Veamos una relevante: el financiamiento privado, a partir del cual se amplía la visión sobre el capital que ellas tienen. En este orden de ideas, acudimos a otro reciente estu3 dio (2015) realizado por el Dr. Thomas Piketty , intelectual de origen francés, pero con estudios y alto desempeño docente universitario en los Estados Unidos, quien señala al respecto: Actualmente hay más de 800 universidades públicas y privadas en Estados Unidos que gestionan fondos de dotación…las primeras universidades de la clasificación son invariablemente Harvard (con 30.000 millones de dólares a principios de la década del 2010), seguida de Yale (cerca de 20.000 millones), después Princeton y Stanford con más de 15.000 millones. A continuación viene el MIT y Columbia con algo más de 10.000 millones, la Universidad de Chicago y Pensylvania con 7.000 millones, y un largo etc. En total las 800 universidades estadounidenses poseían a principios de la década del 2010 activos por un valor cerca de 400.000 millones de dólares (es decir, algo menos de 500 millones de media por universidad y una dotación mediana ligeramente inferior a los 100 millones… el rendimiento medio obtenido por las dotaciones universitarias americanas ha sido sumamente alto durante las últimas décadas: el 8% anual de media a lo largo del período 19802010… en particular, es importante darse cuenta de que los rendimientos lo que explica en gran medida es la prosperidad de las universidades americanas (pp. 598-599).

Estos altos presupuestos están por encima de las inversiones nacionales de algunos países centroamericanos, asiáticos y africanos en materia de educación universitaria. Esta magnitud financiera nos da una idea, no solo de su prosperidad en términos económicos, sino de las facilidades que se derivan, como el acceso a la investigación, adquisición de equipos y tecnologías sofisticadas, preparación de los docentes para una mejor enseñanza y otros factores que conforman una matriz de crecimiento que favorece esa privilegiada ubicación en 2

World University Rankings. [En línea]. Disponible https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats-. Consultado 10/11/2016. 3

Piketty, T. (2015). El capital en el siglo XXI. España, RBA Libros, C.A. pp. 598-599.

en: el


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los rankings mundiales; que miden, en última instancia, el nivel de calidad de la educación impartida. Veamos sobre este tema en Latinoamérica. La publicación de Andrés Op4 penheimer (2009) , está referida a Latinoamérica y sostiene que en: Los países latinoamericanos invierten menos en educación que los países de Europa y Asia. Noruega, Suecia, Dinamarca, e Israel, por ejemplo destinan alrededor del 7% de su producto bruto anual. Los países de ex-Europa del Este, invierten alrededor del 5, comparativamente México destina el 4,4; Chile el 4,2; Argentina el 4; Perú el 3,3; Colombia el 2,5; y Guatemala el 1,7… y no sólo gastamos menos sino, gastamos mal, según un experto como el ministro de Educación de Argentina (p.192).

Otra referencia de interés en Latinoamérica está relacionada con la planta física y la preparación de los profesores. En este sentido, el referido autor acude a un estudio del Banco Mundial, y señala que el 90% del gasto público en las universidades de Brasil es para pagar sueldos de personal actual y jubilado, mientras que en la Argentina, la cifra es del 80%. Como resultado, el sistema universitario latinoamericano padece de "baja calidad", con universidades sobrepobladas, edificios deteriorados, carencia de equipos, materiales de instrucción obsoletos e insuficiente capacitación, y dedicación de los profesores. El estudio señala que mientras en Gran Bretaña el 40% de los profesores universitarios tienen doctorados, en Brasil la cifra es del 30, en la Argentina y Chile el 12, en 5 Venezuela el 6, en México el 3 y en Colombia del 2 . Todo lo anterior conforma un panorama débil si se compara con el de las universidades norteamericanas en cuanto al nivel de la calidad de su enseñanza, ya que todos los aspectos antes citados son relevantes en la estructuración de una enseñanza con mejor calidad. Pero la tendencia es que cada día la expansión y mejora del sector universitario se hace más estrecha y está amenazada por los nuevos enfoques educativos. Pero no nos aventuremos a decir que serán reemplazadas a un mediano plazo, pues esa opinión no es sostenible a largo plazo. La realidad es otra: los singulares sistemas de estudios apoyados en medios audiovisuales, representan una oportunidad para el crecimiento y la gestión del conocimiento. 6

En este sentido, Moisés Naim (2016) manifiesta, más como amenaza que fortaleza, lo siguiente: 4

Oppenheimer, A. (2009). Cuentos Chinos. El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, p. 38. 5 6

Oppenheimer, Ob. Cit., p.192.

Naim, M (2016). Repensando el mundo. Sorpresas del siglo. Editorial Melvin, Caracas. pp. 402-403.


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Para que las empresas privadas recurran a las universidades, deben tener iniciativas para invertir en Investigación y Desarrollo. La empresa no puede pensar en I+D si están contra la pared, luchando por sobrevivir. También hay problemas del lado de la oferta. No todo profesor universitario hace cosas que interesen a la industria producir o tener incentivos para hacerlo… a nivel mundial los casos en los que hay una provechosa colaboración entre academia y empresa son más la excepción que la regla (pp. 402-403).

Estas reflexiones son pertinentes al tema que nos ocupa por varias razones. Así, puede decirse que el interés por la I y D, hoy se ha dirigido a otras fuentes, por la facilidad que ofrece el arsenal de conocimientos que se ha acumulado, particularmente en Internet, las TIC y las redes sociales. De allí nacen nuevas visiones de la sociedad, y se les llama sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad digitalizada. En ella subyace la inserción o adaptación de las TIC y los medios audiovisuales en el tejido social en cualquier región del planeta. Este reciente enfoque observado en estos tiempos en la sociedad, incluye a la educación; singularmente, al sector universitario. SOCIEDAD DIGITALIZADA

Actualmente son de dominio público los nombres de Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento, Sociedad Globalizada, Sociedad Inteligente, Sociedad Digital o Sociedad Digitalizada, cuyas definiciones tienen en común la inserción y aplicación de las Tecnologías de Ia Información y Comunicación (TIC) en el tejido social. Para situarnos en el problema que estamos abordando, es relevante hacer alusión a la sociedad en estos tiempos y es así como es identificada con la era digital y se le denomina "Sociedad Digital" o "Sociedad Digitalizada", lo cual hace referencia a la estrecha vinculación de la sociedad en un mundo globalizado, con alta penetración y praxis de las TIC y el uso de las redes sociales en todos sus tipos y manifestaciones. Los medios audiovisuales: teléfono celular inteligente, computador, televisión y esa fuerza motora internacional que es Internet, capaz de conectar e interrelacionar a miles de millones de personas en el planeta sin distingo de etnia, raza, religión, color político, país, etc., han contribuido a facilitar logros espectaculares como el que cada persona conectada a una determinada red, esté informada al instante de lo que acontece en sitios o regiones remotas o muy lejanas; sean estos eventos políticos, económicos, financieros, sociales, religiosos, jurídicos, medioambientales, catastróficos, educativos, alimentarios, salud, enfrentamientos bélicos, terrorismo, etc.; lo cual está en concordancia con lo que dice Cairn7 cross (1998) : “ha muerto la distancia entre las personas conectadas”. La 7

Cairncross, F. (1998). La muerte de la distancia. Cómo la revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa. Paidós, Buenos Aires, p.23.


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información trasmitida trasciende el imaginario colectivo y contribuye a formar opiniones de diversa índole en el público receptor. Estos acontecimientos iniciados a mediados del siglo XX y acelerados en este siglo, rebasan las fronteras de los países y originan conocimientos, tendencias, espectáculos, modas o modos inimaginables de reacción de la gente. Lo anterior es un simple ejemplo significativo del acontecer globalizado, que permite mostrar cómo el mundo se abre a lo inesperado, que incluso impacta las creencias y lo sagrado. Pareciera que no hay secretos bien guardados en la humanidad. Analizar y explicar todas estas evidencias sería muy largo, para lo cual resulta insuficiente el limitado espacio de ese escrito. Pero enfocando la atención en la Sociedad Digitalizada, vemos que esa denominación es acertada, porque las TIC han resultado unos instrumentos indispensables para posicionarse en el tejido social, ya que se ha cotidianizado la digitalización de un sinnúmero de actividades, eventos y en general, de los individuos en sus interacciones diarias, práctica que cada día expande e incorpora más destinatarios o receptores de la información que viajan por la densa red. 8 Como sostiene Don Tapscott (2009) , “el impacto de la Inmersión digital aun es desconocido”, lo cual revela una verdad: nos estamos adaptando a la era digital o mundo conectado, que cada vez nos revela evidencias innovadoras. Bien utilizadas, éstas facilitarían un mejor desarrollo en muchas áreas de la actividad humana, especialmente la educativa. TIC Y UNIVERSIDADES

La relevancia de las TIC son múltiples, particularmente las redes sociales, que están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana y no sólo en la educación. Es así como reconocidos pensadores coinciden con esta afirmación 9 y orientación. A este respecto, Moisés Naim (2014) señala: Pensamos, por ejemplo en el papel de los mensajes de texto y las redes sociales como Facebook y Twitter en las revueltas que estallan en el mundo. Se ha producido un debate encarnizado pero, a la hora de la verdad, estéril entre quienes afirman que las redes sociales han puesto en marcha nuevos movimientos y quienes aseguran que se ha exagerado su influencia…en el mundo se están produciendo cambios: del número de habitantes, acelerando todos los indicadores que tienen que ver con la condición humana, esperanza de vida, nutrición, salud, educación, entre muchos otros (pp. 88-89).

8

Tapscott, D.(2009). La era digital. Cómo la generación Net está transformando al mundo. Mc Graw Hill Interamericana México, p. 289. 9

Naim, M. (2014). El fin del poder. Random House Mondadori, España, pp. 88-89.


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Su posición refleja el amplio uso de las redes sociales en todos los ámbitos de la vida y allí está contemplada la educación, que hace un uso particular de éstas para consolidar la gestión del conocimiento. Enfocando la atención en las universidades, observamos que éstas se han visto obligadas a alinearse con la globalización y el mundo digital. El impacto de las TIC en las universidades es muy amplio y de un radio de aplicación ilimitada; donde, particularmente, por ser un factor importante, hay que hacer uso de ellas, ya que reduce los recursos económicos que hasta ahora eran un medio para su 10 desarrollo. En esa dirección, Bill Gates (1996) sostiene: Las universidades excepto aquellas universidades de élite privadas de cuatro años, deben incorporar los modos de formar más estudiantes sin gastar más dinero. Cada vez contemplan más soluciones basadas en las tecnologías. Algunas universidades ofrecen cursos de aprendizaje a distancia, generalmente grabando un curso de un campus y presentando en el siguiente pase, con el profesor disponible al teléfono para responder a las preguntas de los estudiantes. Otras escuelas pioneras están comenzando a poner en marcha campus virtuales en los que los estudiantes mediante la utilización del video, la televisión y las computadoras y, en una era en la que se ha reducido la asignación de fondos del gobierno para programas de construcción de campus y ampliación de facultades, estas tendencias podrían forzar un cambio rápido para el uso intensivo de la computadora personal en la parte esencial de la experiencia del aprendizaje mismo (p. 204).

La anterior reflexión formulada hace dos décadas, por parte de este exitoso empresario del área de informática, está hoy vigente y es un ejemplo de lo que representan las TIC y los medios audiovisuales en el proceso de aprendizaje. Hoy en día, esa visión se ha sembrado y desarrollado a lo largo del planeta; producto de las facilidades que se obtienen de los software para aprender y de la interacción entre actores nacionales y actores extranjeros producto del aceleramiento de la globalización. Los ahorros de recursos en planta física y humanos para la gestión del conocimiento son amplios e ilimitados y la transferencia de información se coloca cada día al alcance de todos. Hoy la humanidad en su desbordado crecimiento y reducida capacidad para generar los insumos y productos para su subsistencia, tiene en el aprendizaje tecnológico mediante la informática, un gran aliado políglota y con evidente disposición a cooperar en todas las regiones cercanas o lejanas. Allí, un factor importante lo representan las universidades, quizás ya no las tradicionales sino las modernas, reforzadas por el aprovechamiento de los recursos informáticos para los interrelacionados con los destinatarios, añadiendo el valor respectivo. Estamos ante un mundo de incertidumbre con perspectivas de progreso 11 complejo y así lo asienta Edgard Morín (2012) : “El nuevo sistema educativo 10

Gates, B. (1996). Camino al futuro. Mc Graw Hill Interamericana, Madrid, p. 204.

11

Morin, E. (2012). La vía para el futuro de la humanidad. Paidós, Barcelona, p. 149.


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enseñaría una concepción complejizada de los términos, aparentemente evidentes, de racionalidad, cientificidad, complejidad, modernidad y desarrollo” (p. 149). Dentro de esa complejidad que arropa a la educación superior, debe haber mentes abiertas que hagan el mejor uso de los recursos y medios disponibles para elevar el nivel educativo, particularmente, el de las universidades como centralidad para mejorar la comprensión y solucionar problemas de la humanidad, que cada día se agudizan por su crecimiento caótico en demanda de bienes para los seres vivientes, singularmente los humanos. Esa sociedad que hemos denominado digitalizada, cuyo eje central está en la praxis de las TIC y los medios audiovisuales en interacción, está llamada a darle un vuelco a los agudos problemas que causan incertidumbre en los países y el tejido social educativo tiene el desafío de elevar su calidad de vida, valiéndose de factores con nuevos enfoques, lo cual incluye el universitario. UNIVERSIDAD A DISTANCIA O EN LÍNEA

A mediados del siglo XX asistimos al nacimiento de las llamadas universidades a distancia o universidades abiertas (Open University), cuya concepción inicial fue facilitar a cualquier participante sin tomar en cuenta su edad, el acceso a la educación universitaria, sin asistir físicamente al campus universitario. Las europeas fueron las pioneras en esa área de aprendizaje, aunque posteriormente otros países, asimilaron y adoptaron la experiencia, ampliando sus objetivos. En esa evolución, nacieron otros centros de educación superior, llamándose Universidades en línea o University Online; las cuales tienen la particularidad de que fueron las TIC y los medios audiovisuales los elementos que potenciaron esta modalidad de aprendizaje. No obstante, en el fondo subyace una causa que es común con las universidades tradicionales: la gestión del conocimiento, tal 12 como lo dice Bill Gates (1999) : Más que ningún grupo de trabajadores de superior cualificación, los ordenadores personales pueden potenciar al profesorado y al alumnado…si alguien puede decir que trabaja en la "gestión del conocimiento" ese alguien son los estudiantes, puesto que no se ocupan de otra cosa, sino de adquirir conocimiento. Los docentes utilizarán la red para comunicarse entre sí y hacer posible que los estudiantes exploren los temas de nuevas maneras (p. 435).

En cuanto a la potencial consolidación de la educación a distancia es perti13 nente mencionar lo sostenido por el reconocido autor Kenichi Ohmae (2005) : 12

Gates, B. (1999). Los negocios en la era digital. Plaza & Janés, Barcelona, España, p. 435. 13

Ohmae, K. (2005). El próximo escenario global. Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras. Norma, Bogotá, p. 284.


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Siento un gran entusiasmo por el potencial que ofrece la educación a distancia. Esta proporciona una nueva forma de adquirir perspectivas e información a lo largo de la vida. Un obstáculo muy antiguo para la adquisición de destrezas, fue que a menudo la enseñanza y la capacitación se impartían de manera inflexible. Una persona tenía que dejar la casa para pasar largos períodos separada de la familia y del trabajo. Pero el advenimiento de la tecnología de banda ancha significa que gran parte de la instrucción puede proporcionarse en lugares remotos, de hecho en cualquier lugar donde se cuente con equipos y programas apropiados. Puesto que ahora tanto el hardware como el software son ampliamente accesibles, no hay razón por la cual los proveedores de educación, deban estar encerrados dentro de las aulas universitarias, salones para seminarios y laboratorios, inaccesibles para quienes están hambrientos de conocimiento (p. 284).

Las universidades online o en línea se han creado en todos los continentes y regiones, los pioneros fueron los europeos y luego los norteamericanos, pero hay un crecimiento significativo en Asia, África y América Latina. Sus dimensiones en cuanto a cursantes y graduandos ha aumentado considerablemente en el presente siglo. Actualmente, otorgan títulos de pregrado, y postgrado: especialidades, maestrías y doctorados. Las carreras ofrecidas son de diversa índole: gerenciales, administrativas, ecológicas y medioambientales, deportivas, salud, ingeniería, construcción, finanzas, transporte, hotelería, ciencias sociales, sociología, psicología, docencia, gestión de la calidad, gestión de procesos, servicios, informática, TIC, redes sociales, marketing, publicidad, mercadeo, etc. En consecuencia, la oferta de estudios es muy abundante y puede decirse que rebasa a las universidades tradicionales. El uso intensivo de las TIC y medios audiovisuales, Internet, televisión y computadores personales, ha potenciado el alcance de sus enseñanzas y la interacción con profesores o coordinadores de las sesiones que, según ellos, las hacen más efectivas y, sobre todo, más homogenizadas, pues su pretensión es cubrir el mayor número de participantes y regiones. Es simple constatar que sus aulas virtuales no tienen límite de superficie y su uso es el mismo en cualquier país, región o ciudad. Es decir, estamos ante una nueva realidad de gestión del conocimiento y desarrollo. Hay quienes sostienen que ellas presentan más ventajas que desventajas y pudieran mencionarse cinco factores de mucho peso en su proliferación y crecimiento: 1. Cubren mayor cantidad de participantes, los cuales pueden estar situados en cualquier lugar del mundo. 2. Las clases pueden ser impartidas en cualquier idioma y con flexibilidad de horario, a conveniencia del participante. 3. Los métodos y herramientas aplicados en la enseñanza, son generalmente de dominio público y los cursantes, en estos tiempos, están familiarizados con su praxis, lo cual facilita la metodología de la enseñanza-aprendizaje, al sustentarse fundamentalmente en la utilización de las TIC, televisión, computadores perso-


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nales, teléfonos y otros instrumentos similares, que hoy son comúnmente conocidos y relativamente fáciles de usar. 4. Presentan bajos costos de funcionamiento, ya que no requieren de planta física, es decir, de amplios espacios, como los ambientes de las universidades tradicionales. 5. Los programas de enseñanza son parecidos en la mayoría de estas universidades y con ello hay cuantiosos ahorros en su praxis. Hasta se puede decir que tienden a homogenizar la generación y gestión del conocimiento mundial. El desarrollo y expansión de esta singular categoría de universidades por todo el mundo, llama la atención; antes mencionamos algunas razones relevantes para su establecimiento, actualmente alineadas con la Sociedad Digitalizada. Ilustraremos con datos sobre éstas en América, particularmente en Estados 14 Unidos, pionero en ese sector educativo. Un reporte al respecto señala que : La educación a través de Internet se abre paso desafiando el aula y la enseñanza tradicional. Particularmente, la gente ocupada se decanta cada vez más por esta modalidad educativa. De hecho, millones de estudiantes optan por la Universidad Online, pues permite combinar educación y trabajo con las responsabilidades familiares…el alcance de la educación en internet es tal que 237 instituciones estadounidenses afirman a US News and World Report ofrecen licenciaturas por Internet. Allí se observa una lista de las 10 mejores encabezadas por Pace University (N.Y) y St. John’s University (N.Y).

Un ejemplo representativo de una Universidad Online, ubicada en ese país 15 facilita el analizar con detalles al respecto: University of Phoenix , fundada en 1976, tiene, en la actualidad (2016), una matrícula de cursantes alrededor del mundo que asciende 954.000 personas, está entre las 25 más importantes en el ranking (top 25). Cuenta con un promedio de 14 cursantes por aula y tiene campus localizados en 32 ciudades de ese país. Ofrece grados de Licenciatura (Bachelor’s Degrees), Maestrías (Master Degrees) y Doctorados (Doctoral Degrees), Grados Asociados (Associate Degrees), Programas Certificados (Certificate Programs) y cursos (Courses). La oferta académica incluye las de: Negocios, Educación, Salud, Enfermería, Administración de Salud, Seguridad y Justicia Criminal, Ciencias y Humanidades, Gestión y Tecnología, Estudios avanzados y estudios continuados de Educación. Fue acreditada en 1978 por la 16 Higher Learning Commision .

14

Las mejores universidades en línea de Estados Unidos. [En línea]. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/las-mejores-universidades-onlineestados-unidos-182842742.html?page=all. Consultado el12/11/2016. 15

Is University of Phoenix an accredited university? [En línea]. Disponible en: http://www.phoenix.edu.Consultado el 12/11/2016. 16

(http://hlcommission.com)


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Con la información precedente, puede decirse que estamos ante un verdadero reto y, por qué no, una amenaza para las universidades tradicionales. En este contexto, surgen varias interrogantes que son pertinentes, cuyas respuestas, quizás permitirían dilucidar la comparación con las universidades tradicionales: •

¿Cuál universidad tradicional en el mundo tiene cursando alrededor de 1.000.000 estudiantes?

¿Cuál universidad tradicional en el mundo puede aceptar cursantes de cualquier parte del planeta, ofreciendo 35 sedes nacionales y además, sin restricciones para establecerse en otros países?

¿Cuáles son los grados de seguridad y confianza de la acreditación de esas universidades online?

¿Cuál es el límite de su capacidad de expansión y cobertura de cursantes?

¿Los graduados poseen inferior o superior formación académica en comparación con los egresados de las universidades tradicionales en las mismas áreas cognoscitivas?

¿Poseer un título de Doctor, Magister o Licenciado de este tipo de universidad, tiene el mismo reconocimiento y aceptación de la sociedad que los otorgados por las universidades tradicionales?

¿Cuál es el grado de certeza y credibilidad de los ranking nacionales o internacionales que ubican a las universidades online en segmentos análogos a los de las universidades tradicionales: primeros 10 (Top Ten), primeros (Top 25), etcétera?

¿La interacción profesor-estudiante es entre humanos o entre máquinasestudiantes con tendencia comunicacional automatizada, sin réplica por parte del estudiante?

¿Cuáles son las soluciones a los problemas o necesidades de la sociedad que aporta este tipo de universidades?

¿Dónde ubicamos y cuál es la relevancia de la investigación e innovación en ese régimen de enseñanza-aprendizaje de universidades online?

No tomaremos postura en contra o a favor de este tipo de universidades, pues consideramos que es más relevante dejar abierta la discusión para que cada lector pueda fijar su posición. Con las preguntas precedentes se estima que no se han agotado las incógnitas vinculadas al tema. Quedan pendientes las respuestas que están llamadas a cubrir varias páginas, con la pretensión de lograr ampliar y profundizar la visión


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de la presencia y crecimiento de este tipo de universidades, que parecen presentar facilidad en su organización, dirección y control, por ese autocrecimiento, sin fronteras de ubicación. Incluso, resulta pertinente discutir acerca de su propia denominación de “universidad”, partiendo de los fundamentos que se aplican para la conceptualización de la universidad desde la visión, valores y objetivos tradicionales. INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

La investigación en general es importante para estudiar los fenómenos presentes en cualquier área del quehacer humano. Pero cuando ésta es organizada, sistematizada y realizada mediante metodologías de aceptación general, ocupa un lugar de primer orden en la solución de problemas. Particularmente, las universidades deben participar en esas actividades orientadas a verificar con certeza lo que ocurre en la realidad. En tal sentido, es innegable que las universidades tradicionales han realizado investigaciones y desarrollos valiosos, como contribución a elevar la calidad de vida de los seres humanos. El acelerado crecimiento de la humanidad, que hoy pasa de siete mil doscientos millones de habitantes, ha hecho de la convivencia un desafío muy complejo, caracterizado por el caos y la incertidumbre. La investigación debe jugar un rol protagónico en la solución de problemas a corto, mediano y largo plazo, independientemente de la región y ciudadanos afectados. En este sentido, la labor de las universidades tradicionales se ha visto limitada por la carencia de recursos, la preparación de los investigadores y las facilidades de los equipos, aparatos y tecnología aplicados. Pero no todos los países y regiones han sufrido estas carencias y hoy, existen unos más avanzados que otros. En este orden de ideas, cabe destacar que un indicador de la investigación en los países, lo representa la cantidad de publicaciones, particularmente la cantidad de artículos científicos tanto nacionales como internacionales, artículos (papers) arbitrados y las patentes que son desarrolladas en los países, muchos de ellas en sus universidades y centros de investigación. Quizás la manera más rigurosa de analizar la investigación en las naciones, es mediante la propiedad industrial, singularmente, por las patentes registradas cada año en las instituciones o agencias especializadas ubicadas en cada país y en los centros internacionales. 17

Un texto de Andrés Oppenheimer (2014) de reciente publicación, nos revela la situación de algunos países donde la investigación está más anclada y 17

Oppenheimer, A. (2014) ¡Crear o morir! La esperanza de América Latina y las cinco claves de la Innovación. Penguin Random House, México, p. 52.


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desarrollada. Debe advertirse que los datos obtenidos en esos países, indudablemente reflejan la participación de sus universidades en la materia. Para ilustrar su argumento, el autor sostiene que: Corea del Sur, un país que hace 50 años tenía un producto per cápita más bajo que casi todos los países latinoamericanos, registra unas 12.400 solicitudes de patentes internacionales por año ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) de las Naciones Unidas, e Israel unas 1.600. Comparativamente todos los países de América Latina y el Caribe juntos apenas llegan a 1.200 patentes (de los cuales 660 son de Brasil, 230 de México, 140 de Chile, 80 de Colombia y 26 de Argentina, 18 de Panamá y 13 de Perú, nueve de Cuba y una de Venezuela), según la OMPI. Las cifras de los países latinoamericanos son aún más preocupantes si las comparamos con las solicitudes de patentes internacionales de los países más poderosos: Estados Unidos registra unas 57.000 solicitudes de patentes internacionales por año ante OMPI, Japón. 44.000, China 22.000 y Alemania 18.000 (p. 52).

Los datos anteriores son una evidencia de la poca investigación e innova18 ción realizada en los países latinoamericanos, tal como lo afirma Oppenheimer : No hay una cultura de registrar patente en las universidades y en las empresas, y por la escasez de créditos e inversiones de riesgo para la investigación y el desarrollo de nuevos productos y… otro motivo la falta de respeto a la propiedad industrial. (p. 53).

Puede decirse que la investigación, innovación y desarrollo son un morral de supervivencia para la sociedad. Expresamos que, si este morral está disociado en la práctica o no está integrado, entonces se carece de interacción. Hoy, la investigación es transdisciplinaria. Las tradicionales materias aisladas no son suficientes para los desafíos que asoma el futuro. Se requiere ir a la proyección social, por lo que hay que reinventar las funciones de la universidad en esta materia. Viajamos por la autopista del conocimiento con pertinencia social e inclusión de todas las mentes pensantes, porque la universidad es un motor del cambio social y suma esfuerzos para construir y consolidar la sociedad, pero estando en concordancia con los nuevos tiempos. Hay que respetar la propiedad industrial motivando la investigación, innovación y desarrollo con rigurosidad en las patentes sobre bienes que sean consecuencia de esa investigación e innovación. Al ser tal la brecha que nos separa de otros países que son muy fuertes en 19 propiedad industrial, tal como sostiene Oppenheimer (2014) : “No es casualidad que al momento de escribir estas líneas, una empresa como Apple valga 20%

18

Oppenheimer, A. (2014). Ob. Cit., p. 53.

19

Idem, p. 12.


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más que todo el producto bruto de Argentina y más del doble del producto bruto de Venezuela” (p. 12). Esto llama a la reflexión. Coincido con los que afirman que estamos en la era del conocimiento, donde su solidez trae ventajas, muchas veces inconmensurables, para la sociedad. No son la materia prima, los metales, piedras preciosas ni el petróleo, lo que lleva realmente al pleno desarrollo de los países; es el conocimiento mediante la educación y el aprendizaje, el ancla fundamental para el crecimiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, lo que, en última instancia, cuenta. UNIVERSIDADES EMPRESARIALES O CORPORATIVAS

Es otro tipo de universidades surge a partir de la necesidad de las empresas o corporaciones, de contar con personal con la suficiente preparación y competencia para llevar a cabo las funciones y responsabilidades que les fueran encomendadas. Ellas vienen a suplir la falta de respuestas de las universidades tradicionales, o mas bien, a complementar la educación que en ellas se imparten, en tanto tienen la peculiaridad de que ésta debe ser especializada. Una manera simple de explicar su aparición es mencionando que fueron iniciativas de los departamentos de personal de grandes corporaciones, quienes detectaron la necesidad de una mejor capacitación de los empleados. Esto es entendible, en el sentido de que hoy los trabajadores enfrentan desafíos en su preparación, lo cual demanda adaptarse a los nuevos tiempos, caracterizados por el cambio y la gestión continua del conocimiento, perspectiva que muestra el límite de la formación obtenida en la universidad tradicional. Por tanto, el rol y desempeño de cualquier trabajador, está influido enormemente por su educación y en el caso empresarial, por la especialización de dicha educación, identificada plenamente con su labor. La actualidad requiere que las empresas compitan con otras, tanto en el plano nacional como en el internacional, por lo que deben considerar un factor relevante: la diferenciación. Por tal razón, la competitividad, tanto en la calidad de sus productos y servicios como en la especialización de todo el personal, se hace indispensable, pues no sólo se sustenta en las bondades de los productos o servicios ofrecidos, sino que implica también el poder estar a tono con el contexto donde se desenvuelven. En la actualidad, la presencia de las TIC ha revolucionado a la sociedad y a las empresas insertas en ellas. La creatividad e innovación empresarial tienen en estas herramientas un factor potenciador que facilita el desempeño en sus clientes internos (personal) y clientes externos (usuarios). Ellas son canales de


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información y comunicación importantes y deben ser estudiadas por la empresa para la capacitación de su personal, independientemente del nivel que ocupen. Los retos corporativos son variados y multidimensionales. Hoy se habla de talento humano para estar alineado con la sociedad del conocimiento. Puede decirse que en la sociedad digitalizada se tienen a disposición medios audiovisuales de interacción continua para provecho de sus integrantes. Las universidades empresariales tienen a su disposición tecnologías y herramientas muy versátiles para lograr sus propósitos. Es así como el personal destinatario del proceso de enseñanza-aprendizaje puede convertirse a su vez, en emisor de modernas ideas y planteamientos dirigidos a mejorar el nivel de la calidad de las ofertas empresariales. Existen muchos de estos centros de capacitación a nivel nacional y quizás en casi todos los países donde hay empresas y conglomerados industriales, pues tienen la necesidad de capacitar a su personal. Un ejemplo para ilustrar esta sección lo presenta la Corporación Mc Donald’s, (fundada en 1917), la cual creó en 1961, la Universidad de la Hambur20 guesa (Hamburger University Mc Donald’s) . En su portal indica : La idea era crear un centro educativo donde se tratarían todos los menesteres relacionados con el servicio que se debe proporcionar a los clientes, la calidad y presentación de sus menús o las claves para una eficiente limpieza de los restaurants…En esta peculiar universidad se forman los futuros colaboradores de la industria, un lote de 5.000 alumnos acuden cada año a las clases, con la pretensión de convertirse en un futuro próximo y dependiendo de sus cualidades en encargados, clientes, jefes de zona, directores, etc., de uno de los cientos de restaurants Mc Donald’s que se encuentra en los estados… Desde el año de su fundación se han formado unas 80.000 personas, todos para captar la atención de los consumidores con el mejor dinamismo y visión de futuro posible.

Esta universidad enseña en 28 idiomas diferentes. La empresa tiene 7 universidades en todo el mundo para cubrir más de 275.000 franquiciados. Tiene más de 30.000 locales ubicados en 100 países y más de 420.000 (2015), trabajando. Otorga títulos de licenciatura (Bachelor’s), maestría (Master) y doctorado (Doctor). Otro ejemplo, los presenta el sector automotriz donde se han creado reconocidos centros de investigación y desarrollo: Kattering University-Formely General Motors Institute (fundado en 1919); Henry Ford College (Ford Motors

20

Hamburger University. McDonald's Center of Training Excellence. [En línea]. Disponible en: http://corporate.mcdonalds.com/mcd/corporate_careers/training_and_development/hambu rger_university.html. Consultado el 10/11/2016.


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Company), otro sector importante, como es el de entretenimiento, también ha formado su universidad y ahí tenemos la Disney University. Todos estos centros educativos, hoy en día, deben interpretar la realidad que presenta el mundo empresarial, el cual se desenvuelve mediante múltiples tecnologías complejas. Así mismo, hacen uso de las TIC y las redes sociales, como parte indivisible de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En el presente hay un contraste en la enseñanza (profesión) y discípulos (estudiantes). Cada uno pertenece a una generación diferente, donde la formación recibida por quien enseña, es muy distinta a la generación destinataria de esos conocimientos. El presente siglo ha dado nacimiento a nuevos paradigmas, entre los que se destaca la creatividad y la innovación, así como la renovación constante de la sociedad. Hay temas nuevos que abordar: contaminación del medio ambiental, gestión de la calidad, competitividad, innovación, globalización, la flexibilidad del trabajo, la automatización en el desempeño laboral, nuevos enfoques de marketing donde el consumidor ya no es un actor pasivo, sino que participa activamente opinando sobre las ofertas que se le presentan, etcétera. Hay un abundante y variado conocimiento que viaja por las redes y está a disposición de las empresas y trabajadores. Ante ese panorama, a las corporaciones y las empresas les corresponde no sólo mejorar y ampliar estos centros de aprendizaje, si no crear nuevos; a ellos se le han denominado inadecuadamente Universidades Empresariales y tienen un lugar común con las tradicionales: la gestión del conocimiento; no así los otros fundamentos, que consolidaron el concepto de universidad desde tiempos medievales. CONSIDERACIONES FINALES

Esta era del conocimiento ha dado origen a términos peculiares con lo cual se quiere distinguir a la sociedad hoy. Así surgen las denominaciones: sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad inteligente, y particularmente, sociedad digital o digitalizada, con lo cual se quiere singularizar la presencia de los medios audiovisuales en una inmensa cantidad de sucesos y hechos que ocurren en la vida diaria. Esta condición permite acercar a las personas en todas las regiones del planeta a partir de la distribución de información uniforme, ofreciendo además espacios para que éstas emitan opiniones diversas. La solución a las necesidades y problemas de dicha sociedad, muchas veces viaja por el sistema de saberes contenidos en la autopista de la información (Internet), lo cual facilita la resolución de conflictos y enfrentamientos entre los seres humanos.


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Actualmente, la sociedad está inmersa en una convivencia caracterizada por el caos, el cambio y la incertidumbre. Esto abarca a la educación, particularmente a la universitaria. La aparición de las TIC, redes sociales y el motor para la interconexión que ofrece Internet, han revolucionado las formas como tradicionalmente se impartía la enseñanza. En este sentido, las universidades tradicionales están impactadas por esas técnicas y herramientas que facilitan la interacción profesor-estudiante. Esto ha dado origen a la aparición de nuevos tipos de universidades, como son la universidad a distancia, universidades online y las universidades empresariales. Pero entre estos tipos, son las universidades online las que se han desarrollado y expandido en todo el planeta de una forma inmensa, si consideramos la cantidad de estudiantes que atienden (las hay con más de 1.000.000 de cursantes a nivel mundial) y a su vez, por la gran variedad de programas ofrecidos que son ejecutados en aulas virtuales de tamaño ilimitado. Puede decirse que este tipo representa una amenaza para las universidades tradicionales, en cuanto a la preferencia de los participantes por su modalidad de aprendizaje. Es decir, hay un desafío universitario en estos tiempos que hemos denominado el reto digital. REFERENCIAS

Cairncross, F. (1998). La muerte de la distancia. Cómo la revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa. Paidós, Buenos Aires. Gates, B. (1996). Camino al futuro. Mc Graw Hill Interamericana, Madrid. Gates, B. (1999). Los negocios en la era digital. Plaza & Janés, Barcelona, España. Is University of Phoenix an accredited university? [En línea]. Disponible en: http://www.phoenix.edu.Consultado el 12/11/2016. Hamburger University. McDonald's Center of Training Excellence. [En línea]. Disponible en: http://corporate.mcdonalds.com/mcd/corporate_careers/training_and_develop ment/hamburger_university.html. Consultado el 10/11/2016. Las mejores universidades en línea de Estados Unidos. [En línea]. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/las-mejoresuniversidades-online-estados-unidos-182842742.html?page=all. Consultado el12/11/2016. Morin, E. (2012). La vía para el futuro de la humanidad. Paidós, Barcelona. Naim, M. (2014). El fin del poder. Random House Mondadori, España. Naim, M. (2016). Repensando el mundo. Sorpresas del siglo. Editorial Melvin, Caracas.


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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 161-185

PROYECTOS SOCIALES: METODOLOGÍA E IMPLICACIONES PARA LA GERENCIA SOCIAL Carmen Matteo1 y Esmelin Graterol2 DOCTORADO EN GERENCIA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Fecha de recepción: 14-06-17

Fecha de aceptación: 13-11-17

Resumen: La gerencia social es un enfoque que, a partir de procesos estratégicos de planificación y gestión, asume el compromiso con el desarrollo social y la equidad. La inversión social está revalorizando la visión de progreso y desarrollo de los países; pero requiere de instrumentos para operativizar programas y proyectos sociales. Con esta reflexión buscamos acercarnos a la construcción de una metodología que permita el abordaje de lo social desde la gerencia organizacional de una manera más práctica y cercana a la gente. Se partió de la experiencia y la asesoría como especialistas en el campo, para la consolidación, evaluación y seguimiento de proyectos sociales desde la gerencia organizacional, como una forma de ofrecer soluciones a problemas reales, promover acciones transformadoras, y en general, como una contribución de la organización/empresa a la sociedad. Los argumentos aquí expuestos, constituyen un aporte a la literatura existente para el abordaje de los proyectos sociales en general. Palabras clave: Desarrollo, inversión social, gerencia social, planificación, proyectos sociales, metodología.

1Doctora

en Gerencia de la Universidad Central de Venezuela. Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial, y Especialista en Organización de Empresas. Diplomada en Desarrollo Sustentable Internacional, Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lic. en Administración de Empresas Universidad José María Vargas. Dirección para correspondencia: auroramatteo@hotmail.com, auroramatteo@gmail.com. 2

Doctor en Ciencias Administrativas. Post-doctor en Ciencias Administrativas y Gerenciales. Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas. Especialista en Gerencia General. Licenciado en Educación. Diplomado en Andragogía. Dirección para correspondencia: esmelingg@hotmail.com, graterol.esmelin@gmail.com.


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SOCIAL PROJECTS: METHODOLOGY AND IMPLICATIONS FOR SOCIAL MANAGEMENT Abstract: Social management is an approach that, based on strategic planning and management processes, assumes a commitment to social development and equity. Social investment is reassessing the countries' vision of progress and development; but it requires instruments to operationalize social programs and projects. With this reflection, we seek to approach the construction of a methodology that allows the approach of the social from the organizational management in a more practical and close to the people. It was based on experience and advice as specialists in the field, for the consolidation, evaluation and monitoring of social projects from the organizational management, as a way to offer solutions to real problems, promote transformative actions, and in general, as a contribution from the organization/company to society. The arguments presented here constitute a contribution to the existing literature for the approach of social projects in general. Keywords: Development, social investment, social management, planning, social projects, methodology.

INTRODUCCIÓN

La gerencia social aporta un enfoque y un modelo de gestión donde es posible administrar eficaz y eficientemente los problemas sociales; orientando estos aportes desde la perspectiva de gestión, las contribuciones abarcan un mayor alcance donde el compromiso con el desarrollo social y la equidad, son concebidos a partir de procesos estratégicos de planificación y administración, y más concretamente, a partir de la gerencia. De aquí que se desprenda la necesidad de formular instrumentos operativos de planificación, que establezcan una ruta para la gestión que permita el abordaje de lo social. En este sentido, se hace énfasis en la planificación por proyectos, como una herramienta valiosa de gestión, que facilita una mirada prospectiva a la realidad, cohesionando organizativamente las acciones y esfuerzos colectivos; permite prever situaciones favorables o adversas frente a las cuales se pueden diseñar estrategias, reducir incertidumbre, entre otros aspectos que, para la gestión de los asuntos sociales, redundan en eficiencia y productividad, pero esencialmente, que logren atender, encausar y resolver los problemas sociales. En los modelos integrales de desarrollo, lo social adquiere gran significación como estrategia de avance y progreso de las sociedades. Desde una perspectiva ecosistémica, la inversión social exige procesos de planificación y gestión, eficaces y eficientes que abarquen el análisis de las dimensiones sociopolíticas, económicas y estratégicas. Incrementar sólo la inversión social no garantiza el mejoramiento de todas las condiciones necesarias, se requiere la construcción de espacios para la participación, para la reflexión, el debate y la generación de alternativas viables que permitan resolver con acierto los problemas sociales, atendiendo la diversidad de los grupos involucrados y creando compromisos para la acción.


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Desde este punto, pareciera una cuestión sencilla enfrentar los problemas sociales y sus diferentes alcances; es posible administrar eficiente y eficazmente los procesos sociales, no desde la perspectiva de una racionalidad técnicainstrumental, sino desde una dimensión ontológica, epistémica y procedimental, tal como lo señalan Molina y Morera (1998): … el análisis de lo ontológico (concepción de realidad), de lo epistemológico (concepción de la relación sujeto-objeto de intervención) y de lo metodológico (construcción de procedimientos), es un desafío de primer orden de la gerencia social, ante lo cual se asume el compromiso con el desarrollo social y la equidad a partir de procesos estratégicos de planificación y administración, –desde nuestra perspectiva, procesos de gestión–.

A partir de estos planteamientos, se hace necesario analizar los distintos enfoques para el abordaje de lo social desde la gerencia organizacional, y sistemáticamente plantear una metodología para la formulación de proyectos sociales que contribuya con los procesos de planificación de la inversión social de la gerencia. De lo antes expuesto, se pretende en este artículo mostrar una reflexión sobre la importancia de los proyectos sociales, y cómo concebir una metodología que facilite la formulación de este tipo proyectos, como instrumento de planificación y de gestión para orientar la acción o inversión social desde cualquier ente –organización pública o privada– que pretenda la atención y resolución de los problemas sociales. En el mismo sentido, considerar las implicaciones que este tipo de proyectos tienen para la gerencia social en un marco en el que la inversión social está revalorizando los procesos de progreso y desarrollo de los países. LA GERENCIA SOCIAL COMO MODELO DE GESTIÓN

El contexto de lo social está relacionado con el bienestar social y, muy específicamente, con la satisfacción de las necesidades sociales. Al interior de esta reflexión se debe considerar un conjunto de relaciones e instituciones que hacen posible su operativización; son relaciones de fuerza que se producen entre los actores involucrados (grupos, individuos e instituciones) por acceder a los recursos según sus propósitos económicos, políticos, entre otros. Una nueva visión de los impactos y beneficios del empleo eficiente de recursos en el campo social está en plena ebullición actualmente en el mundo. Para algunos autores como B. Kliksberg (1999) y A. Sen (2001), ha habido un profundo error conceptual en el plano del gasto y la inversión social, en el que se ha marginado, postergado, o sacrificado el gasto social en nombre de consideraciones cortoplacistas. Consideran que la evidencia de fines del siglo XX demuestra que ese gasto social es una palanca eje del desarrollo futuro, por lo que educa-


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ción, salud y nutrición, entre otros, no son en realidad “gastos” sino "inversiones" de muy alta rentabilidad, y los países que han asignado recursos sostenidos a estos campos, y los han manejado con eficiencia, están cobrando ahora réditos muy importantes en términos de progreso, y ventajas competitivas. En el mismo sentido, y según lo refiere el para entonces Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn –citado en Kliksberg, (1999)–: "sin desarrollo social paralelo, no habrá desarrollo económico satisfactorio". La existencia de desarrollo social, no sólo es deseable por sí misma, por sus múltiples implicancias en el perfil de la sociedad; sin ese "piso" o base social, los avances económicos carecen de sustentabilidad. Estas consideraciones son centrales tanto para comprender los retos implicados en los procesos de planificación social y económica, como para establecer con realismo los alcances de las estrategias y políticas de desarrollo. Todos estos planteamientos tienen profundas implicaciones en la gestión de los asuntos sociales. Como propuesta específica a estas consideraciones la gerencia social constituye un enfoque de gestión de políticas y programas en las áreas sociales. Da cuenta a un enfoque producto de la convergencia por un lado, de distintas disciplinas y campos temáticos y por otro, de reflexiones y aprendizajes originados desde la propia práctica de las intervenciones sociales. Para Candamil y López (2004), el tema de la gerencia social, entendida como modelo de gestión, empieza a tener acogida a partir de la década de los años noventa, cuando se hace un cuestionamiento a los modelos de desarrollo de corte economicista que, lejos de resolver los problemas que afrontaban los países en donde se aplicaban, los había agravado; sobre todo aquellos referidos a lo social, pues partían del presupuesto de que el crecimiento económico se “derrama” hacia la superación de la pobreza de los sectores más vulnerables. La crisis del modelo de desarrollo es explicada por Kliksberg (1995), como: …un agotamiento del modelo en el que el crecimiento económico producía efectos positivos en lo social, asumiendo el desarrollo social como resultado y como una forma de cubrir los déficit sociales que dejaban el modelo económico, entre ellos la distribución del ingreso y la iniquidad (p.45) .

En este contexto, se empiezan a reivindicar modelos integrales de desarrollo en los que lo social adquiere un significado importante como estrategia de desarrollo y progreso. Consecuentemente, se cuestiona el rol del Estado en la promulgación y ejecución de políticas sociales, las cuales deberían contener una alta inversión social y ser gerenciadas con eficiencia y eficacia desde una perspectiva ecosistémica, sociopolítica y estratégica, pues el solo incremento de la inversión social no garantizaba el mejoramiento de todas las condiciones. De ahí que se requiera –según lo plantean Candamil y López (2004)– de un lado, un mejoramiento en la gestión que asegure la “la rentabilidad social” de estas inversiones, y de otro, un esquema desde donde sea posible la construcción de espacios para la participación, como fuente para la reflexión, el debate y la


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generación de alternativas viables para encarar y resolver con acierto problemas sociales. Bajo este enfoque, la gestión social requiere de instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales, entendidas estas como una estrategia construida conjuntamente entre el Estado y la sociedad civil, para mejorar las condiciones de bienestar de la población y que se operativizan a través de programas y proyectos. En este sentido, la gerencia social aporta un modelo de gestión a partir del cual es posible administrar eficientemente los procesos sociales, desde una perspectiva que está relacionada con los procesos que son propios, ocurren dentro de una comunidad y que están referidos, básicamente, a las relaciones e interacciones que se dan entre los sujetos que la conforman, sistematizándose una relación que puede ser planteada como un insumo social, una acción transformadora y un resultado como nueva realidad. Según Candamil y López (2004), el carácter dinámico de estos procesos hace que evolucionen y se ubiquen dentro de un contexto social, espacial y temporal, es decir, que ocurren en circunstancias políticas, económicas y sociales específicas, dentro de una realidad local, regional y nacional y en un tiempo determinado. Al respecto, plantean un sistema que puede observarse en el siguiente gráfico: Gráfico 1. Dinámica del proceso social

Insumo

Transformación

Resultado

CONTEXTO

RETROALIMENTACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de Candamil y López (2004). A partir de este proceso, una necesidad social obrará como insumo, la satisfacción como la transformación, y el bienestar será el resultado, del que no puede desligarse la acción retroalimentadora que mantiene vivo y vigente el sistema y el contexto que le otorga características, circunstancias y dinámicas específi-


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cas. El otro aspecto a considerar es si estos procesos se dan en forma endógena, a partir de los propios sujetos, o en forma exógena, propiciado por agentes externos, ante lo cual es importante reconocer los procesos de autogestión en los que hay un liderazgo interno que moviliza y protagoniza el cambio y que no excluye los agentes externos, sino que busca su apoyo y acompañamiento mediante acuerdos y propuestas concretas. En consecuencia, la gerencia de procesos sociales será concebida como una dinámica colectiva donde confluyen las expectativas y las potencialidades de todos los actores sociales con proyección al contexto en que se originan, a partir de cuya conjugación será posible el logro de objetivos comunes, los que necesariamente deben enfocarse al desarrollo desde una perspectiva humana y social. Desde esta perspectiva, y según lo presentan Candamil y López (2004), la gerencia social es un concepto de dirección cuya misión es la de promover condiciones de desarrollo social a partir de vivir y realizar las necesidades humanas, de manera continua y renovada, cuya labor deberá apoyarse en las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales para lograr resultados, y para el mejoramiento de la calidad de vida. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1998), concibe a la gerencia social como: Un conjunto integrado de principios, prácticas y técnicas que permiten mediante su aplicación, producir cambios significativos en al menos una condición de bienestar en la población objetivo a la que es referido, mediante el uso efectivo y racional de recursos (p.12).

En el mismo sentido, el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2006), considera que la gerencia social puede ser enfocada desde tres puntos de vista: 1. Como instrumento para el diseño e implementación de políticas de la empresa hacia lo social, con el fin de dar respuestas a las necesidades reales de la población; 2. Como un campo de conocimiento que permite consolidar diversos saberes para la resolución de problemas sociales concretos; y 3. Como un movimiento profesional a partir del cual se constituyen un perfil y una identidad propios del gerente social, que le hace posible dar respuesta al desafío de los grandes déficit sociales. Para Ortiz (2012), la gerencia social denota dos elementos importantes: la “gerencia” da la estrategia, la dirección y el liderazgo, mientras que lo “social” da el campo en el cual se aplica; pero el concepto “gerencia social” denota más acerca de la dirección estratégica que hay que darle a lo económico, lo político y lo cultural. En este contexto, precisa que: La Gerencia social es el manejo de los "asuntos públicos" en una sociedad. Lo público es el campo de encuentro entre los intereses "comunes" de los diferentes actores sociales. Es la gerencia del bien común. Lo público no es monopolio del Es-


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tado, es un enfoque basado en la lógica de la equidad, la sostenibilidad y la participación. (p.53)

El enfoque del INDES (2006), hace énfasis que la gerencia social es un campo particular de conocimientos y de prácticas que se sitúa en la intersección del desarrollo social, políticas públicas y gerencia pública. En tal sentido se beneficia tanto de los conocimientos como de las prácticas en ellos inscritos: 

Por el lado del desarrollo social aporta los marcos para el análisis de las transformaciones sociales recientes, los fenómenos que las originan y sus principales efectos. Ofrece una reflexión sobre lo que se entiende por desarrollo, sobre sus desafíos y las formas de enfrentarlos. Incluye, por tanto, las propuestas de modelos o de acciones que hagan progresar los procesos de transformación social. Analiza situaciones deseables en un futuro, así como las estrategias para transitar desde la situación actual hasta la deseada. Contiene enfoques integrales y sectoriales para el análisis de las políticas sociales como los de Molina (1998), que trata la resolución de conflictos comunitarios y la plasmación en diferentes instrumentos de organización social; Anand y Sen (1996), sobre el desarrollo humano sustentable, sus conceptos y prioridades y de Sen (2000) el desarrollo como libertad.

Por el lado de las políticas públicas, se fundamenta en conceptos, modelos y enfoques que permiten entender el juego de intereses, el papel de los actores y las relaciones dinámicas entre ellos, y las instituciones características del sector público. En especial, incluye el análisis del sector público desde paradigmas diversos, para reflexionar sobre el papel y las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, y sus implicaciones sobre el interés público. Asimismo, incluye diversas perspectivas, teóricas y prácticas, de la administración pública que se sintetizan en propuestas analíticas para entender el proceso de toma de decisiones y prácticas, para mejorar la efectividad de las políticas públicas (Lane, 1995).

Y desde la gerencia pública, comprende el estudio y la generación de propuestas relativas al liderazgo ejecutivo en el sector público, la provisión de bienes y servicios en éste, el diseño y gestión de las organizaciones públicas y, finalmente, las políticas transversales de gestión del aparato público. En este campo se distinguen diversos enfoques para la organización de los servicios públicos, el cambio y aprendizaje organizacional, la definición de objetivos, el logro de resultados, el análisis de capacidades institucionales y de los actores involucrados en la provisión de los servicios, principalmente (Idem). También forman parte de este ámbito los nuevos enfoques de gestión de valor público, que centran su atención en los desafíos que representa la generación de resultados, y ahora, con mayor frecuencia, también de procesos, con el fin de que respondan al interés público.


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En el siguiente gráfico se puede observar el campo de la gerencia social, que implica una interacción entre el desarrollo social, políticas públicas, y la gerencia pública, como brazo ejecutor del desarrollo social y las políticas públicas. Gráfico 2. Campo de la Gerencia Social

Fuente: BID-INDES (2006). En el ámbito de la gerencia social son particularmente relevantes las acciones que permitan reducir las desigualdades, mejorar las condiciones de vida y favorecer la inclusión. Se promueven enfoques articuladores, donde lo económico, lo social y lo institucional estén estrechamente relacionados. Sobre este planteamiento es destacable la visión de Kliksberg (1999), en la cual las sociedades que han obtenido mejores resultados en gestión social han logrado avanzar en el camino de “articular sistemáticamente las posibilidades de aporte de los diferentes actores, y crear redes y metaredes que los integren”. Plantea que en diversas sociedades avanzadas Estado, ONG, sectores empresariales, laborales, iglesias, organizaciones de interés público no estatales, organizaciones voluntarias y comunidades asistidas, se hallan entrelazados en redes que se plantean objetivos sociales mayores. Como lo presenta Larocca (2008), el término significante de los resultados de la gerencia social es el impacto que produce para transformar una situación en la calidad de vida presente y futura. Es una gerencia por valores: solidaridad, cooperación, participación, redes, actividades compartidas, transparencia, responsabilidad por los resultados y liderazgo expandido. Su principal responsabilidad es diseñar nuevas propuestas que permitan el fortalecimiento de la sociedad civil, potenciando la gestión y consolidación de las organizaciones comunitarias existentes y el establecimiento de otras.


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PLANIFICACIÓN POR PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

La planificación constituye un proceso de toma de decisiones en el cual, teniendo en cuenta un futuro o situación deseada, se contempla la conjunción de diversos recursos –materiales, humanos, financieros, entre otros– y la consideración de diferentes factores –internos y externos del contexto– que entran en juego y que pueden influir en el logro de los objetivos para los cuales se planifica. Para Ackoff (2002), la planificación es “un proceso racional y continuo de previsión, organización y uso de los recursos disponibles de un país, una región, una empresa o una familia con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados” (p. 52). Como proceso sistémico, visualiza una totalidad compuesta por un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que determinan el sistema y subsistemas que son necesarios definir para lograr objetivos; en este contexto, la planificación es interactiva, cíclica y flexible, pues resulta de antemano una proyección a futuro, debe aceptar ajustes y correcciones, y debe permitir mediciones y evaluaciones conforme se ejecuta. Por su amplitud, la planificación puede indicar la necesidad de planes: estratégicos, tácticos, operativos y normativos. Para algunos autores como. David (1997), Ackroff (2002) y Dess y Lumpkin (2003), los planes estratégicos y normativos se realizan a largo plazo, mientras que los tácticos y los operativos deben considerar el mediano y corto plazo. Según sea el momento de la planificación y los objetivos que se persigan para llegar el estado deseado, los planes podrán ser de corto, mediano y/o a largo plazo. En el contexto de la gestión social –proceso que persigue el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas de los grupos o comunidades–, la planificación se constituye en un instrumento de gestión que involucra acciones y decisiones que consideran desde el abordaje, comprensión y análisis de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas de solución. De aquí se desprende lo que se denomina Planificación por Proyectos, que puede ser considerada como un análisis prospectivo de acciones que, mediante un proceso de racionalización de las decisiones, es capaz de materializar algún aspecto que busque un cambio de estado de una situación a otra, generalmente, para mejorarla o para resolver un problema previamente detectado. Esto implica, desde un punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio, con el empleo de una cierta técnica para obtener un determinado resultado o ventaja económica o social. Un proyecto es definido por el ILPES (1982), como: “un plan de acción que supone la indicación de los medios necesarios para su realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen” (p.37). El análisis de esos medios debe realizarse no sólo desde el punto de vista económico, sino también técnico y financiero, administrativo e institucional. En el contexto del desarrollo social, un proyecto es el enfoque de la unidad elemental en el proceso


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sistemático de racionalización de decisiones en materia de desarrollo económico y social. En este sentido, y según lo plantea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) (s.f.), “el proceso requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en el diseño de las políticas públicas”, se trata pues, de la construcción de un espacio de relación social y de vínculos de relacionamiento institucional, con la comunidad, para emprender un conjunto de acciones que favorecerán el cambio. Entendida la planificación como un proceso de toma de decisiones frente a las rutas que han de tomarse, para optimizar recursos y alcanzar metas de mejoramiento y desarrollo social, Candamil y López (2004), sugieren la necesidad de articular un sistema que integre lo estratégico con lo operativo, donde en lo estratégico –y desde una perspectiva social– se consideren los aspectos teleológicos, ideológicos, doctrinarios o éticos que inspiran el modelo de desarrollo social y se plasmen en un plan de desarrollo. Y en lo operativo, considerar, formular y definir, programas y proyectos que se requieren impulsar para generar impactos positivos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población. De las circunstancias realmente existentes en cada país, depende lo que puede esperarse de la planificación económica como orientación para las inversiones y marco de referencia para los proyectos. Para el ILPES (1982), estas circunstancias se asocian generalmente con: ausencia de mecanismos operativos en los sistemas de planificación, deficiencias en la coordinación entre planes y presupuestos del sector público, generación escasa de proyectos, deficiencias en la formulación del financiamiento de los planes, consideración insuficiente de los problemas de integración regional, institucionalización prematura e inexistencia de sistemas de información estadística adecuados a las necesidades de la planificación. Las consideraciones de la planificación global o sectorial fijan un conjunto de parámetros sobre los cuales se basará el juego de variables, cuyo análisis constituye el estudio de los proyectos. En ese estudio, la aplicación del razonamiento económico que lleva a definir la inversión, permite estimar los costos en términos de uso de los factores y el aporte del proyecto a los objetivos de los planes de desarrollo. Este aporte se materializa no sólo en los bienes y servicios que constituyen el producto del proyecto, sino también en sus efectos sobre la economía en que se inserta (Pardo, 2011). Según el ILPES (1982), y desde la perspectiva de gestión social, entre los objetivos instrumentales para alcanzar las metas finales de desarrollo de un país, una región o una localidad, se debe considerar el incremento de su tasa de inversión y el cambio de la estructura de las inversiones. Estas mejoras son el resultado del incremento de la parte del producto que se suma al capital nacional. Para lograrlo, estiman satisfacer al menos dos condiciones: 1.

Que el aumento del capital nacional, o sea la inversión que se piensa llevar a cabo, tenga consistencia interna, es decir, que guarde relación ló-


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gica con las actividades que vienen desarrollándose en términos de beneficios para la sociedad e instituciones; lo que implica un análisis previo de lo que se quiere hacer, cómo hacerlo, con quién y dónde, así como qué resultados directos arroja y que sea mesurable desde el punto de vista económico y financiero. 2.

Que la realización de esta inversión tenga efectos en la economía más allá de los bienes y servicios que contribuya a producir directamente. Esto significa que debe estar insertada racionalmente en un marco más amplio, al cual sirve de apoyo o del cual obtiene apoyo.

En este contexto, existe una aspiración de desarrollo, que se expresa conscientemente a escala nacional y que tiene manifestaciones eminentemente políticas y existen instrumentos de acción orientados a definir las estrategias que derivan del acuerdo sobre la necesidad de desarrollo económico y social, estos son los programas y los proyectos, que son a la vez políticos y técnicos: políticos, en la medida en que reflejen una razón de cambio de la sociedad y técnicos, puesto que ayudan a encontrar y recorrer caminos para ejecutar planes a través del proceso organizado de planificación. Insertados en un programa, organizado con base en un “complejo geográfico”, un “complejo técnico” o aun del desarrollo específico de un sector de la economía, los proyectos adquieren connotaciones propias que se reflejan en la solución de los problemas en su formulación, en el sentido de hacer más seguras las previsiones económicas y menor el riesgo calculado que implican las decisiones a tomar. Como eslabón entre la planificación y los proyectos, los programas de desarrollo contribuyen a mejorar la asignación de los recursos disponibles en la economía e introducen mayor racionalidad en el estudio de proyectos. Cabe destacar, según lo plantea el ILPES (1982), que dado que los programas y los proyectos se examinan en diferentes niveles de decisión, los proyectos deberán contener todos los estudios necesarios para ser juzgados, evaluados y aprobados. Conviene precisar, de acuerdo con los anteriores planteamientos, los conceptos relativos a proyectos, programas y planes de inversión, que en el marco de gestión social son instrumentos que se vinculan y que hacen referencia a mejoras en el contexto del desarrollo económico y social. En este sentido y considerando como referencia el enfoque de la Comisión Económica de las Naciones Unidas: análisis y proyecciones del desarrollo económico (1955) –citado en ILPES (1982)– se define un proyecto como una unidad de inversión menor que se considera en la programación. Por lo general, constituye un esquema coherente desde el punto de vista técnico, cuya ejecución se encomienda a un organismo público o privado y que, técnicamente, puede llevarse a cabo con independencia de otros proyectos. Un Programa es un conjunto coordinado de


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proyectos. Estos pueden estar localizados en alguna unidad geográfica, se inician en un período determinado –que puede ser de uno a cinco años– y puede considerar la coordinación de una o varias autoridades. Un Plan de Inversión considera cálculos referidos a toda la economía, o a ciertos sectores o a determinadas áreas. No se elabora combinando proyectos sino que deriva de los grandes objetivos de desarrollo establecidos. Un proyecto se presenta así como el eslabón final de una cadena de decisiones, donde los planes y programas son antecedentes, aunque el orden cronológico de sus formulaciones no siempre sea el mismo, ni coincida con el orden lógico. De este modo, el objeto de la planificación por proyectos considera la totalidad social definida como una realidad en la cual pueden identificarse fenómenos (hechos manifiestos ante nuestra conciencia) que buscan la integración de acciones, recursos y actividades mediante procesos técnicos y de toma de decisiones. Para Candamil y López (2004), las funciones de la planificación por proyectos consideran: Problematizar: que no es otra cosa que la capacidad para delimitar con claridad y precisión los campos específicos de intervención; Diseñar: que consiste en elaborar y aplicar modelos de análisis que permitan interpretar situaciones problemáticas; Proponer: alternativas que permitan modificar situaciones adversas o desfavorables para un actor o grupo de actores sociales; Elaborar: procedimientos metodológicos que permitan vincular el análisis de la realidad social con la intervención social; Desarrollar: la capacidad para persuadir nuevas ideas, prever situaciones probables, advertir riesgos, crear estrategias, negociar y concertar. Asimismo contempla como componentes escalonados los siguientes:


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Gráfico 3. Componentes escalonados de la planificación por proyectos

Contexto global, nacional y local Planteamiento y descripción del problema Marco referencial Objetivos Metas Actividades /Actores Asignación de recursos y responsabilidades Seguimiento, monitoreo y evaluación

Fuente: elaboración propia a partir de Candamil y López (2004) La planificación por proyectos según lo que presentan Candamil y López (2004), constituye una herramienta valiosa de la gestión social en tanto: i. Proporciona una mirada prospectiva a la realidad, otorgándole un futuro esperanzador; cohesiona organizativamente las acciones que permiten llegar a él, armonizando esfuerzos colectivos; permite prever situaciones adversas o favorables frente a las cuales es posible diseñar estrategias, reduciendo la incertidumbre y el azar. De esta forma, la planificación se convierte en un ejercicio democratizante, dado el carácter participativo y deliberado que encarna, y los proyectos, por su parte, en la herramienta que la concreta. ii. Aporta un marco metodológico orientado a identificar la situación problemática o indeseada, propone una alternativa de acción para solucionarla o modificarla y define el marco programático y estratégico respondiendo: qué, por qué, para qué, cuánto, con quiénes, dónde, con qué, cuándo y dónde se mide. PROYECTOS SOCIALES: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Por lo general, la referencia contextual para la formulación de un proyecto hace referencia a la existencia de situaciones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales, que son susceptibles de transformar en beneficio de grupos específicos, comunidades o para la sociedad.


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Un proyecto social hace referencia a un conjunto de actividades orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades (Crespo, 2010). Para SIEMPRO/UNESCO (1999), los proyectos sociales constituyen la planificación sistemática de actividades que permiten la satisfacción social de una realidad. Su ejecución se produce como efecto de la identificación de una problemática en una comunidad en particular, donde un grupo de personas u organismos plantean alternativas de solución. Procuran un conjunto de acciones destinadas a transformar la situación inicial de una población determinada y mejorar sus condiciones de vida. Según lo planteado por Miranda (2010), la identificación de un proyecto social puede surgir de la realización de diagnósticos sectoriales, regionales, locales o empresariales; de los estudios de consumo de productos en el país o en alguna región; de encuestas sobre establecimientos industriales y de servicios existentes; de estadísticas de bienes importados; oportunidades derivadas de inteligencia de mercados; trabajos sobre transferencia y posible apropiación de tecnologías, entre otros. Los estudios económicos suelen ser una fuente inagotable de posibilidades de proyectos. Un proyecto de desarrollo social, según lo plantean Candamil y López (2004), surge en el momento en que se identifica una situación que requiere ser modificada para solucionar un problema que afecta a un actor o conjunto de actores sociales. Para estos autores, el momento de la identificación se inicia entonces con el planteamiento o delimitación del problema y termina con la selección de una alternativa considerada como la más viable, o en todo caso, la que mejor satisface los requerimientos para la solución al problema y que, consecuentemente, se convertirá en el proyecto. Básicamente se pretende identificar la situación actual y la situación deseada y seleccionar el mejor camino para alcanzarla. La disciplina de compartir en equipo ha llevado a comprender a las organizaciones como sistemas de cooperación, como un escenario de intercambio, contribución e interacciones en donde confluyen no solo los procesos, la tecnología y lo económico, sino lo jurídico-político y lo cultural: valores claros y operativos y desarrollo de las personas en un medio social. Los sistemas de cooperación transforman el concepto de beneficio para todo lo que interviene en el proceso, sustituyendo a la absurda y tradicional lógica del beneficio que lleva a engordar a unos pocos a costa de la pobreza de muchos, configurando de esta manera un marco ético de libertad y de cumplimiento de los objetivos sociales primordiales de la sociedad, subordinando a ellos la finalidad del beneficio económico. Lo ético va de la mano de la solidaridad y la participación, y es lo que permite hacer de las organizaciones, instituciones humanas. Es necesario entender


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que debe trabajar por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos responsables de todos. La solidaridad se basa en la gratuidad, no en la lógica del beneficio o del mercado libre. La participación en la vida social tiene sus raíces en la dimensión relacional constitutiva del hombre como ser con los otros y para los otros. Esto quiere decir que somos los unos para los otros, por esencia y por naturaleza humana; por lo tanto, si la conducción organizacional implica educar en y para la participación, se convierte en uno de los grandes medios para llevar adelante la revolución de los valores. La responsabilidad social de las empresas será el reflejo de la calidad de liderazgo que poseen. La responsabilidad de dirigir y el sentido de la organización deben llevar implícitamente el mejorar la calidad de vida de las personas y toda la humanidad. La gerencia social requiere de prácticas asociadas a lo que debe hacer un buen gerente público. Estas consisten en métodos específicos que utilizan los gerentes sociales para interactuar con situaciones problemáticas relacionadas con el desarrollo social o el desempeño de las organizaciones y problemas sociales, de los cuales se esperan resultados. La gerencia social consiste en un conjunto de argumentos que apoyen y fortalezcan las prácticas de los equipos responsables de muy diversas funciones en proceso, en la gestión de desarrollo social. El gerente social debe conocer técnicamente el problema que está enfrentando; sin el conocimiento técnico, cualquier abordaje es inútil, pero estos instrumentos técnicos de la gerencia, que son prácticamente indispensables, en muchos casos son desconocidos por los gerentes sociales y allí, la primera falacia. Pero este conocimiento de instrumentos técnicos no es suficiente. La gerencia social tiene su especificidad, comprende trabajar con poblaciones afectadas y golpeadas por una realidad, en un ambiente casi siempre hostil y además, tratar con burócratas frecuentemente desinteresados por esta realidad. Se trata de incluir a la población, de lograr que participe y se integre a los proyectos y al final de cuentas, que los gestione directamente, lo cual no es el problema en la empresa privada, por lo tanto, reproducir la receta de la empresa privada no es tan pertinente en la gerencia social. Este gerente social debe manejar los conceptos y tener experiencia práctica sobre retos y proyectos sociales, concertación y negociaciones, además del manejo instrumental de la estadística, manejo de indicadores e instrumentos de gestión. Es en esencia una tarea técnicamente compleja y que requiere de una sensibilidad especial.


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Es innegable que el sector público es el gran promotor de los proyectos sociales y para esto ha creado varias figuras, se ha multiplicado el número de proyectos y también muchos empresarios entienden la necesidad de actuar en el ámbito social y realizan grandes aportes a través de diversos proyectos. Es importante en este sentido que se desarrollen e integren cada día más a las comunidades, en el caso particular del ordenamiento legal venezolano, a través de los consejos comunales, que según el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) de 2009: son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

En la actualidad, constituyen el instrumento de mayor participación del que se dispone. Se requiere por lo tanto, apoyar a las comunidades en los aspectos técnicos y financieros para la presentación eficiente de proyectos, pues hay que considerar que las comunidades no son expertas en la gestión de proyectos. Los organismos públicos y privados deben promover las acciones transformadoras que se deriven del abordaje del proyecto, y procurar el control y evaluación de los proyectos a las comunidades para el correcto y eficiente manejo de los recursos y la toma de decisiones en la solución de sus problemas. Esta no es una tarea fácil, pero debe ir implementándose y ser práctica común para una efectiva gestión de los proyectos sociales, creando una cultura de contraloría social en la que se involucre a todos los ciudadanos. En lo que se refiere a la evaluación y seguimiento, es importante destacar que los proyectos sociales deben ser monitoreados para ir valorando acciones, resultados y alcances respectivos, más aún si estos proyectos reciben aportes y financiamiento de organismos o entes internacionales a quienes se debe dar cuenta de los resultados; si por el contrario, estos proyectos son realizados desde una organización privada que busca orientar sus esfuerzos en la inversión social, o contribuir de forma voluntaria con la sociedad/comunidad. Igualmente, deben responder a una evaluación para optimizar costos y lograr los resultados esperados, tanto si los resultados consideran solo la cuestión social o hay otras implicaciones en el retorno de la inversión, como por ejemplo, imagen, reputación o credibilidad como organización socialmente responsable. En cualquier caso, para efectos de la evaluación y seguimiento se hace necesario tener en cuenta ciertos criterios y métodos a utilizar:


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Cuadro 1. Criterios y Métodos para la evaluación y seguimiento de los Proyectos Sociales

Criterios

Métodos

Coherencia: Entre objetivos, resultados-actividades y recursos

Cualitativos: que midan el impacto y efectos directos en los beneficiados, así como el alcance y beneficios colaterales del proyecto

Pertinencia: Para saber en qué medida responde a necesidades reales de los grupos involucrados

Eficiencia: para medir la optimización en el uso de los recursos

Relevancia: Conocer el grado de significación para esos grupos

Costo/Utilidad: el costo de presentar las alternativas que produzcan resultados. Costo/Beneficio: El costo de producir los resultados esperados en los involucrados.

Fuente: elaboración propia. La evaluación no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar sistemáticamente el proceso sociocultural y hacer un uso racional y adecuado de los recursos disponibles, para cambiar, si fuera necesario, el curso de la acción previamente planteada, de allí la importancia de contar con indicadores de gestión que midan el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. La evaluación como proceso debe ser continuo y e integrar sensibilidad y pensamiento racional para una adecuada toma de decisiones. Supone un constante examen de programas y acciones que contempla: 

La observación de la ejecución de las diversas actividades del proyecto

El análisis de esas actividades en el marco de los objetivos planificados

La aplicación de pruebas de diagnóstico para poner de relieve los puntos fuertes y los débiles en la ejecución del proyecto.

La evaluación de la ejecución, el desarrollo de las actividades y su correspondencia con los involucrados, juega un papel muy importante para ayudar a reflexionar y valorar el desarrollo del proyecto. Una vez concluido el proyecto, la evaluación final, es necesaria para conjugar todos los elementos proporcionados por la evaluación inicial y procesual, a través de indicadores que brinden información relevante y objetiva.


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El éxito o fracaso de un proyecto social guarda una relación directa con el nivel de satisfacción que las personas implicadas puedan experimentar, y las soluciones y resultados que éste brinde a una problemática social real. IMPLICACIONES DE LOS PROYECTOS SOCIALES EN LA GERENCIA SOCIAL Y EL DESARROLLO

El desarrollo de un país, definido como todo un conjunto de actividades destinadas a generar el mayor nivel posible de bienestar material y espiritual en la población y al aumento en la calidad y la cantidad de vida de las personas en condiciones que permitan la equidad intergeneracional, se fracciona generalmente en planes sectoriales, los cuales, a la vez, dan origen a un conjunto de programas (Candamil y López, 2004). Cuando se analizan las condiciones para una adecuada presentación de los proyectos, conviene tener muy clara la noción de cuáles son las relaciones reales del proyecto con el desarrollo o la contribución para beneficio de las comunidades o sociedad. Estas relaciones, de acuerdo con los planteamientos del ILPES (1982), se establecen a través de los resultados del proyecto, es decir, de sus productos –bienes o servicios– y de sus efectos sobre la economía y la propia sociedad. En este contexto, el desarrollo pasa a concebirse como un proceso construido a partir de las utopías de los actores, de sus anhelos y aspiraciones, y se asume como un proyecto político, ético y cultural dirigido a resolver las desigualdades, iniquidades y exclusiones; es decir, un desarrollo donde el principal capital que deba fortalecerse es el capital social. En palabras de Kliksberg (1999): Se ha instalado una potente área de análisis en vertiginoso crecimiento que gira en derredor de la idea de “capital social”. Uno de los focos de ese área, a su vez con su propia especificidad, es el reexamen de las relaciones entre cultura y desarrollo (p. 58).

Un proyecto puede tener implicaciones en el desarrollo, cuando uno de sus resultados cuantificables es el crecimiento o construcción de un bien de capital que pasa a incrementar la capacidad instalada del aparato productivo existente. Este resultado, según el enfoque del ILPES (1982), tiene carácter instrumental, pues el objeto final del proyecto es la puesta en marcha de un programa de producción de bienes –de capital, intermedios o de consumo final– o de prestación de servicios. Estos se sumarán al volumen del producto interno y las ventajas económicas resultantes incrementarán el valor del ingreso generado en el país, región o localidad. Otro de los resultados de un proyecto son sus efectos en cuanto al conjunto de relaciones, condiciones y situaciones físicas, económicas y sociales que establecen en su propia área de influencia, pudiendo tener incidencias positivas sobre el incremento del empleo, mejoras en el nivel y calidad de vida de grupos y comunidades, y otros parámetros del sistema. La magnitud de esos efectos suele estar relacionada con la importancia del proyecto y conforme esos efectos se produzcan en una dirección coincidente o no con los obje-


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tivos de planificación nacional, regional o sectorial y con sus estrategias de gestión social, se podrá clasificar el proyecto como un “proyecto de desarrollo”. En este esquema, la acción gerencial deberá orientarse a descubrir las potencialidades de la población para convertirlas en motor de desarrollo; fortalecer aquellas instancias socializadoras como la familia, la escuela, las organizaciones, los grupos, como elementos dinamizadores del cambio; incentivar la participación de los diversos actores en la gestión del desarrollo creando acuerdos, consensos y disensos que garanticen una construcción democrática; diseñar estrategias de negociación dentro de un esquema ganar-ganar donde priven los intereses de grupo por encima de las posiciones individuales; construir estrategias alternativas de gestión que permitan obtener resultados acordes con los propósitos planteados y que puedan ser medidos por la capacidad para resolver los problemas sociales hacia los cuales se orienten las acciones y los recursos. Es decir, una gerencia de lo social y para lo social (Candamil y López, 2004). La gestión social, entendida de esta manera, requiere instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales, entendidas éstas como una estrategia construida conjuntamente entre el Estado y la sociedad civil, para mejorar las condiciones de bienestar de la población y que se operativizan a través de programas y proyectos. De aquí que los proyectos sociales se constituyan en instrumentos de gestión que aportan a la gerencia social mecanismos para consolidar un modelo de gestión desde donde es posible administrar eficiente y eficazmente los procesos sociales, no desde la perspectiva de una racionalidad técnica-instrumental sino desde una dimensión ontológica, epistémica y procedimental, tal como lo señalan Molina y Morera (1998), lo ontológico (concepción de realidad), lo epistemológico (concepción de la relación sujeto-objeto de intervención) y lo metodológico (construcción de procedimientos), ante lo cual se asume el compromiso con el desarrollo social y la equidad a partir de procesos estratégicos de planificación y gestión. La gerencia social busca incrementar la efectividad en el desarrollo por medio de procesos y prácticas que permitan asumir, en forma comprometida, la responsabilidad por el desempeño de un sistema que promueva un desarrollo pertinente, eficaz, eficiente, equitativo y sostenible. En este sentido, la tarea más grande la gerencia social consiste en la creación del valor público, por medio de un conjunto de principios y medios fundamentados, entre los cuales podemos enumerar, según Mokate y Saavedra (2005):


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Cuadro 2. Principios y medios de la Gerencia Social Principios 1. Reducción de la desigualdad 2. Reducción de la pobreza 3. Fortalecimiento de la democracia 4. Fortalecimiento de la ciudadanía

Medios

1. 2. 3.

Propuesta de valor público Definición de públicos objetivo Identificar área de gestión estratégica

Fuente: Elaboración Propia a partir de Mokate y Saavedra (2005) Todo esto responde a varios desafíos que enfrenta la gerencia en los ámbitos públicos, tal como lo señalan Mokate y Saavedra (2005), entre estos desafíos tenemos: 1. El objetivo de las organizaciones que promueven el desarrollo social en los ámbitos públicos radica en crear valor público por medio de múltiples intervenciones que se realizan desde la organización. Todos los involucrados en las tareas de gerencia social deben comprometerse con y enfocarse en el valor público que se propone generar. El rol del gerente radica en nutrir y retroalimentar este enfoque, aclarando, para los diversos involucrados, la manera que la organización esté aportando a la generación de valor y los riesgos y desafíos que podrían comprometer ese logro. 2. Los recursos destinados a la creación de valor público, que son limitados y escasos frente a las necesidades y deseos públicos, son asignados por un proceso político que determina que es prioritario: el modelo explicita el entorno económico y político como la realidad en que se ejercerá la gerencia social e introduce la responsabilidad de gestión política que, en parte, se dirige a los diálogos y deliberaciones con la asignación de recursos. 3. Los ciudadanos tienen la voz determinante sobre lo que genera el valor público y lo que debe priorizar. Ésta es expresada mediante los procesos de deliberaciones y representación política y por ello, las organizaciones que proponen generar valor público responden a varios mandantes. Esto debe entenderse con un enfoque participativo en la formulación de políticas públicas, incorporando a todos los actores involucrados en el proceso. Para tal fin, esto debe insertarse explícitamente en un entorno de las funciones gerenciales que tiene que ser integral. 4. Las personas tienen múltiples roles en sus relaciones de intercambio con las relaciones públicas y éstas deben dar servicios pertinentes y de calidad, pero, a su vez, tienen la obligación de informar, responder, rendir cuentas y tratar a todos con el respeto correspondiente a su condición de ciudadanos.


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5. Los problemas sociales son complejos y muchas veces, la solución a estos problemas requiere aprendizaje por parte de todos los involucrados. Estos problemas son difíciles en su definición e implementación porque muchas veces requieren cambios de valores, creencias y comportamientos. 6. El alcance de gestión pública está compuesto por un carácter de dirección de las redes interinstitucionales, al que se le llama macro y meso gestión, y un proceso organizacional interno, denominado microgestión. 7. Los beneficios generados por medio del ejercicio de la gerencia social no deben entenderse como la entrega de productos y servicios únicamente, sino como los impactos de esos productos y la calidad de los procesos que lo producen particularmente. Los procesos de construcción colectiva, como son los proyectos sociales posibilitan la optimización de las relaciones sociales. Los proyectos sociales deben tender a ser un sistema abierto, con intercambio dinámico de información de los diferentes actores sociales, potenciando los recursos que se invierten en los proyectos, la participación de las personas debe ser protagónica en la práctica y no en la retórica solamente; esto incluye la toma de decisiones y no la delegación de estas en lideres o conductores externos, lo cual limitaría a los mismos a una labor predeterminada. Lamentablemente, en los proyectos en los que hemos participado a través de diversas organizaciones, estas instituciones forman en cada caso, parte de una red, como referente y proveedor absoluto del cual dependen quienes participan en tales proyectos, desplegando ciertos parámetros, comportamientos y enfoques, que no siempre son los más adecuados para el desarrollo de programas y acciones realmente transformadoras de la realidad que se quiere cambiar. Podríamos generalizar, a partir de nuestras experiencias, que las instituciones públicas y privadas imponen cierta metodología para el desarrollo de sus proyectos sociales. En el caso de las empresas privadas, en esencia, hay una estricta formulación de los diversos proyectos, generalmente dentro del marco lógico, esto facilita su conceptualización y ejecución, además este tipo de metodología puede ayudar a facilitar la formulación de programas y actividades dentro del mundo de la empresa, por de ser una metodología conocida y manejada en estos entes, aunque en ocasiones resulta un poco incómodo encontrar indicadores que puedan ser medidos y concretos para hacer análisis. En el caso de la administración pública hemos observado el uso de diferentes metodologías, algunas de la CEPAL (momentos metodológicos). Sin embargo, lo que al final es tan importante como la metodología utilizada, es la visión del gerente que coordina o asesora el proyecto y su claridad en el problema a resolver.


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CONSIDERACIONES FINALES

La gerencia de procesos sociales es concebida como una dinámica colectiva en donde confluyen las expectativas y las potencialidades de todos los actores sociales con proyección al contexto en que se originan, a partir de cuya conjugación será posible el logro de objetivos comunes, los que necesariamente deben enfocarse al desarrollo desde una perspectiva humana y social. Para ello será necesario reorganizar los espacios de participación de la ciudadanía, de manera que constituyan áreas de debate público con agendas que no solo contengan temas del entorno vecinal y social, sino también otros de envergadura nacional que afecten la vida de los ciudadanos y la política pública en general. El enfoque emergente requiere la descentralización como contexto, para poder devenir espacios auténticos de pluralismo social, participación diferencial y la constitución de redes de ciudadanos organizados para atender proyectos sociales que beneficien a la sociedad. Los proyectos sociales deben impulsar los procesos de participación, comunicación y concertación social que permitan comprometer a las colectividades con la gestión, operación y control de sus propios programas y proyectos de desarrollo y buscar una adecuada articulación de los componentes de la política social a través de la coordinación interinstitucional a escala local, nacional y global. La importancia de los proyectos sociales para el desarrollo de la sociedad se consolida sobre la base de la autogestión social y la participación ciudadana, favoreciendo la posibilidad de intervención del ciudadano en la dirección y control de los servicios públicos y sociales, bajo el rol de una gestión que propicie la proactividad en los procesos administrativos de la comunidad. El desafío es desarrollar las organizaciones sociales a través de los proyectos sociales para hacer posible la corresponsabilidad entre el Estado y el ciudadano en la producción de servicios sociales para la comunidad. Al mismo tiempo, incorporar a los ciudadanos a su participación para el logro del bien común de la ciudadanía. En este contexto, se hace necesario, que el gerente social conozca técnicamente el problema que está enfrentando. Sin el conocimiento técnico, cualquier abordaje es inútil. Estos instrumentos de la gerencia social, tan indispensables para la ejecución y puesta en marcha de un proyecto social, en muchos casos son desconocidos por quienes lideran este tipo de proyectos. A través de la elaboración de proyectos sociales, no sólo podemos promover acciones que revaloricen la inversión social con orientaciones socialmente responsables hacia el entorno o comunidad desde el contexto organizacional, sino que podremos generar impactos positivos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas a las que van dirigidos, contribuyendo con el progreso y desarrollo de las sociedades.


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REFERENCIAS

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Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2017, Vol. XXIII, Nº2 (jul-dic), pp. 187-209

EMIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD EN VENEZUELA (SIGLO XXI). ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES E INSTITUCIONALIDAD Wilmer José Téllez Acosta1 Carlos Javier Mesa Brizuela2 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Fecha de recepción: 11-08-17

Fecha de aceptación: 31-10-17

Resumen: En el presente artículo nos proponemos analizar la relación entre emigración-crimen desde dos enfoques: el de las capacidades, centrado en la tesis de Amartya Sen y Martha Nussbaum; y el enfoque de la institucionalidad. Con este marco referencial, analizamos datos a nivel nacional, encontrando evidencias de que la variación del crimen, específicamente del homicidio, puede ser una importante variable explicativa de la emigración en Venezuela (siglo XXI). A pesar de las riquezas e indicadores sociales positivos en este período, Venezuela no logra retener a su población económicamente activa (juventud y adultos jóvenes). La criminalidad parece haberle quitado atractivo a Venezuela como un lugar para la libertad y desarrollo. Palabras clave: Emigración internacional, Crimen, Institucionalidad, Desarrollo, Fuentes de información.

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Doctorando en Ciencias Sociales (UCV), Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales (UCV), Magister en Gerencia de Programas Sociales (UCAB), Licenciado en Comunicación Social (USM). Profesor instructor del Departamento de Métodos (Esc. Sociología) de la UCV y Coordinador-investigador del Observatorio Venezolano de Comunicación y Criminalidad (OVECC). Investigador nivel A1 del Sistema Nacional de Investigación de Venezuela (PEII). Miembro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), Asociación Investigadores Venezolanos de la Comunicación (Invecom) y Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AEIC). Líneas de trabajo: miedo y percepción de riesgo criminal, medios de comunicación y criminalidad, victimización y estadística criminal, métodos de investigación en CCSS. Dirección para correspondencia: wtellez85@gmail.com. 2

Doctorando en Ciencias Sociales (UCV), estudios en Análisis de Datos en Ciencias Sociales (UCV), Sociólogo (UCV). Investigador de la Línea Población y Sociedad del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero” de la Universidad Central de Venezuela. Dirección para correspondencia: cjmbrizuela@yahoo.es.


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EMIGRATION AND CRIMINALITY IN VENEZUELA (21ST CENTURY). ANALYSIS FROM THE APPROACH OF THE CAPACITIES AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK Abstract: In this article, we propose to analyze the relationship between emigration and crime from two approaches: capacities, center in the thesis of Amartya Sen and Martha Nussbaum; and institutional approach. With this referential framework, we analyze data at the national level, finding evidence that crime variation, specifically homicide; can be an important explanatory variable for emigration in Venezuela (21st century). Despite the riches and positive social indicators in this period, Venezuela fails to retain its economically active population (youth and young adults). Crime makes Venezuela unattractive as a place for freedom and development. Keywords: International migration, Crime, Institutional Framework, Development, Sources of information.

INTRODUCCIÓN

En su acontecer histórico, Venezuela tuvo momentos que se caracterizaron por recibir numerosos ciudadanos del mundo que huían de la violencia. Desde la Europa postguerra hasta el conflicto interno de países vecinos como Colombia, habitantes de otras latitudes vieron en ella un destino aparentemente aventajado por su ubicación geográfica y riqueza petrolera que dinamizaba la economía. Puede decirse que se trataba de un país pujante. Esa condición empezó a dar señales de agotamiento al cerrar el siglo XX, en tanto los conflictos políticos y sociales amenazaban su estabilidad en general. En el siglo XXI, la Revolución Bolivariana llega al poder con una agenda centrada en lo social. Era un proyecto que impulsaría mayor uniformidad en el desarrollo individual y por ende, colectivo. Luego de fuertes turbulencias políticas en sus inicios, en el 2004 se logra cierta estabilidad, al recibir Hugo Chávez el respaldo del voto popular para que continuara su mandato. En ese mismo período, el precio del barril petrolero aumentó considerablemente, dando oxígeno económico a la agenda política. Pero Venezuela no era atractiva para recibir inmigrante. Por el contrario, aparece con más fuerza el fenómeno de emigración en medio de un boom de riquezas que permeaba positivamente los indicadores sociales con una gran excepción: Venezuela empieza a posicionarse como uno de los países con más homicidios del continente y del mundo (UNODC, 2014). El presente artículo se propuso analizar el fenómeno de la emigración y la criminalidad en la Venezuela del siglo XXI desde dos enfoques teóricosinstrumentales: el enfoque analítico de las capacidades, centrado en la tesis de Amartya Sen y Martha Nussbaum, así como desde el enfoque teórico de la institucionalidad como mecanismo regulatorio del equilibrio social. A partir de datos provenientes de la firma Consultores 21 en el año 2015, donde se presentan opiniones sobre emigración e inseguridad, aunado a la Encuesta sobre Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística levantada en 2009, se procede a exponer una serie de evidencias que permiten relacionar el proceso migratorio por la magnitud del tema criminal en Venezuela. Dentro del análisis,


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se incluyeron factores sociopolíticos como sexo, grupo etario, estrato-clase social, región federal e inclinación política. ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES: IDEAS DESDE AMARTYA SEN Y MARTHA NUSSBAUM

El enfoque de las capacidades establece la libertad como el punto central de análisis de los problemas sociales. Persigue la mejoría de la calidad de vida personal para que sean y hagan lo que valoran. La libertad como centro de discusión tiene una connotación medular, al considerar que el hombre es capaz de resolver problemas en función de sus capacidades, además de relacionarse e interconectar sus habilidades (innatas, funcionales, emocionales y de elección), convirtiéndose en fin y medio, lo que sintetiza el desarrollo como la expansión de libertades del hombre (Sen, 1999). Cuando hablamos de libertad, la caracterizamos como el resultado del compromiso social, de connotación cultural, ética, que se posibilita por mecanismos de discusión y consensos de las instituciones sociales. Esa relación del hombre con su entorno, o mejor dicho, con sus instituciones, se define como agencia, y refiere a la acción del individuo en la búsqueda de lo racionalmente valioso dependiendo de sus capacidades y de las instituciones que lo rodea (Sen, 1999). La libertad es la capacidad que tiene el hombre de utilizar sus habilidades tanto para sus intereses personales como para el de los demás. Ahora bien, ¿cómo puede relacionarse la libertad con el enfoque de las capacidades? Sobre el primer término, Sen (1999) dirige su atención a “la expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tiene razones para valorar” (p. 34). Las capacidades tienen una dimensión funcional: por ejemplo, leer nos permite realizar otras actividades que brindan grados de libertad diferentes al de una persona que no tenga esta capacidad, sin importar el nivel diferencial de ingreso o bienes que le permitan suplir esta incapacidad. Vethencourt (2007) comenta al respecto que “la noción de capacidad pretende reflejar hasta donde un funcionamiento alcanzado es al mismo tiempo un funcionamiento valorado y escogido por el individuo en cuestión” (p. 27). Las capacidades son equiparables a logros, tanto individuales como colectivos, relacionadas con el bienestar. Son herramientas que posibilitan decisiones, potenciadas por las libertades que ofrece el entorno, como por ejemplo: desde decidir qué almorzar, hasta elegir el tipo de vida que se quiere llevar. En palabras de Sen (1999) “elegir es un acto muy valioso” (p. 95). No conforme con esto, Sen también invita a prestar atención a lo que debemos evaluar. Si sólo consideramos la utilización de indicadores de resultados para realizar diagnósticos, se pierde el valor del enfoque, referido a medir las cosas que puede alcanzar una persona en función de sus capacidades y libertades. Es por esta razón


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que el enfoque invita a reflexionar cuando se habla de desarrollo; es muy distinto medir el bienestar que el sentido de la vida. Utilizar el enfoque de las capacidades como medio para diagnosticar y resolver conflictos sociales es todo un reto. El enfoque, por no ser una teoría, presenta diferencias metodológicas en sus categorías de análisis y medición. Para Sen (1999), el enfoque se concibe como un sistema abierto, perfectible, que posibilita que cada sociedad analice sus puntos de inflexión en función de sus instituciones y sistemas de consensos. Estos mecanismos definidos como libertades instrumentales contribuyen, directa o indirectamente, al estado de libertad. Advierte igualmente que no han sido concebidos exhaustivamente, pero establecen el marco dinamizador para la expansión de libertades las cuales son: 1) libertades políticas, 2) servicios económicos, 3) oportunidades sociales, 4) garantías de transparencia y 5) seguridad protectora. Son libertades que posibilitan a las personas vivir una vida valiosa en la medida que puedan ser interconectadas, ligadas o complementadas para la consecución de otras libertades (capacidad de elegir), en palabras de Sen (1999): “La tesis de que la libertad no sólo es el objetivo primordial del desarrollo sino también su medio principal está relacionada con estas conexiones” (p. 57). Dos factores interesan destacar por su relevancia: las particularidades de cada sociedad y la libertad instrumental. En el primer caso, la cultura juega un papel fundamental en las decisiones porque la capacidad de ser y elegir está supeditada al sedimento social producto de su interacción colectiva e intercambios de saberes y significados. En relación con la libertad instrumental, la ausencia o privación de alguna de sus categorías se relaciona con limitar todo un sistema que afecta el desarrollo individual y colectivo. Sen (1999) define esta limitación o privación como pobreza, ausencia de libertades o carencia de capacidades básicas. La calidad de información es otro aspecto importante para la utilización del enfoque. Sen considera que la información es fundamental para la toma de decisiones. Si lo valioso es elegir y poder tener un marco que lo permita, la transparencia se convierte en el conector de las capacidades. Es enfático en que la opacidad informativa de regímenes autoritarios compromete propósitos de la vida pública vitales para el desarrollo social, como la hambruna. Destaca la importancia de la democracia como sistema para el equilibrio de los poderes, la producción de información pública y rendición de cuentas. Por su parte, Nussbaum (2000) presenta una lista de capacidades funcionales humanas centrales que considera como la emancipación humana, es decir, las mínimas condiciones que debe tener una persona para lograr una vida con valor. Esta lista se resume en “diez capacidades funcionales humanas centrales” que buscan dar un carácter universal al enfoque: 1) educación y capacidades, 2) la agencia humana, 3) derechos y participación, 4) seguridad, 5) actividad pro-


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ductiva, 6) salud, 7) humanidad diversa, 8) ciudadanía universal, 9) imaginación compasiva y sentimientos y 10) la sostenibilidad del medio ambiente. Del balance de estas capacidades y la no exclusión de alguna de ellas, se convierte en medio y fin para la ampliación de libertades que resultará en individuos que puedan llevar una vida sin carencias, sin sentir vergüenza y sin pobreza. Contextualizando el enfoque de las capacidades a Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Planificación de Venezuela publicó en 2015 un encartado denominado “Venezuela en cifras. Nuestra Transición al Socialismo” 3. No se trata de una redición de cuentas o anuario estadístico. Sencillamente, es un producto estratégico de las políticas comunicacionales del Ejecutivo Nacional, pero, a fin de cuentas, un recurso referencial sobre el estado actual de las políticas públicas, considerando la opacidad informativa de carácter oficial y regular sobre el saldo socioeconómico durante la Revolución Bolivariana. Allí se exponen una serie de políticas e indicadores que desde el enfoque de las capacidades podemos categorizarlas como libertades instrumentales o funcionales. El encartado refleja cifras expuestas como evidencias de “avances” en materia socioeconómica, pero omite otras como las referidas a seguridad ciudadana y procesos migratorios (sobre este último punto, la deuda es extensiva a otras administraciones de finales de los 90). El sentido de expandir las capacidades sociales a partir de estas políticas de “avance”, exige una interconexión de libertades funcionales, de lo contrario, prevalece una aguda limitación de todo el sistema de desarrollo colectivo, de acuerdo con la tesis de Sen (1999) y Nussbaum (2000). El enfoque de las capacidades invita a evaluar las libertades-capacidades de las personas en función de elecciones racionales de valor final e instrumental. Dicho de otra manera, no sólo se trata de evaluar metas alcanzadas, sino atender el desarrollo en función de los propios logros obtenidos desde una perspectiva sistemática, completa, integral, no con indicadores aislados. Durante el período de la Revolución Bolivariana se han sostenido banderas de logros sociales, cuyo denominador común es la accesibilidad/inclusión poblacional a medios para el desarrollo y libertades como la educación, deporte, salud, vivienda; se habla igualmente de un aumento del Índice de Desarrollo Humano (nivel alto). Todas estas menciones, sin duda, permeadas por el aumento del valor bruto de la cesta petrolera y la redistribución de la riqueza en el marco de justicia social. Ahora bien, la situación descrita anteriormente y a la cual, por practicidad, referiremos como “saldo positivo”, no ha representado en sí misma una expansión de capacidades y libertades. En primer lugar, porque es inherente a la fluc3

Disponible en la dirección web: http://www.mppp.gob.ve/libro/mayo_pdf/VzlaEnCifras%2005-2015.pdf.


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tuación del precio petrolero (constante histórica). Se puede incrementar el “saldo positivo” con precios altos ¿y con precios bajos? Aquí ya prevalece una libertad subsumida a un factor externo; y en segundo lugar, que es nuestro interés, aún con recursos para expandir capacidades y libertades que potencien el “saldo positivo”, la criminalidad hace que pierda impacto colectivo. La razón es que las capacidades son integrales e interconectadas. Es como tener un vehículo pero sin el tanque para la gasolina; así, ¿qué sentido tendría el vehículo? EL ENFOQUE DE LA INSTITUCIONALIDAD

El estado de bienestar colectivo, compuesto, entre otros elementos, por criterios subjetivos de satisfacción y tranquilidad, está sujeto a una serie de garantías sociales conducentes al pleno uso y disfrute del ejercicio ciudadano. Se trata de un principio de libertad porque se busca maximizar la integridad física y emocional de la vida en sí. Es un proceso sintético de confianza y respeto hacia esquemas regulatorios de interacción colectiva que se fortalecen o debilitan en la medida que una sociedad mantiene cohesión respecto de ciertas reglas preconcebidas. En general, estado de bienestar, integridad de vida y la añorada armonía social son asuntos muy coligados a la institucionalidad, es decir, claridad en las normas regulatorias, así como toda acción que las refuerce. El tema de la institucionalidad toma relevancia a la hora de pensar la emigración en razón de la criminalidad. La inseguridad ciudadana que vive Venezuela (siglo XXI) pareciese lograr un hilo explicativo en el grado en que instancias sociales refuerzan los esquemas normativos-regulatorios sobre los ciudadanos, es decir, en la medida en que se legitima el pacto social (BriceñoLeón, Camardiel y Ávila, 2012; Briceño-León, 2015). El análisis de la emigración venezolana a partir de la debilidad institucional ha tenido presencia en investigaciones científicas recientes, y por supuesto la inseguridad es un eje axiomático. Sobre la otrora seguridad de la vida a futuro del venezolano, Freitez (2011) considera que es un asunto del pasado, fundamentalmente por la conflictividad sociopolítica y violencia criminal, aunado por el clima de incertidumbre del Modelo de Desarrollo Productivo Socialista. “Esa incertidumbre respecto al futuro, no parece disiparse aun mostrándose ciertos resultados económicos durante algunos años” (Freitez, 2011, p. 8). Un ejercicio histórico permite analizar los cambios de Venezuela en materia de criminalidad como potenciador migratorio en el siglo XXI. Se puede decir que no se trataba de un país violento antes de los años 90 del siglo XX. La tasa promedio de homicidio en la década de los 80 era de 10 por cada 100 mil habitantes (Perdomo, Malpica y González, 1997), cuando la tasa promedio de homicidios de Brasil en el mismo período fue 15,78 (Waiselfisz, 2014). De hecho Venezuela registró una tasa de homicidio similar a la de Estados Unidos en 1980 (10,2) (Departamento de Justicia, 2014). Pero el comportamiento del homicidio


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entre Venezuela y Brasil varió sustancialmente en menos de 20 años. En 1990, Brasil reportó una tasa de 22,2 homicidios mientras Venezuela 13. En 1997, Brasil registró 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y Venezuela 19. En 2011, Brasil registró 25 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras Venezuela, 67 (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012). Al comparar la tasa de homicidio histórico entre Venezuela y Colombia, se tiene para 1997 que, en el primer caso, la tasa era de 19 por cada 100 mil habitantes, mientras que la del segundo de 63. En el año 2006 ambos países tenían un comportamiento similar (37 Colombia y 38 Venezuela), pero en el año 2011, la tasa de homicidios de Venezuela ascendió a 67 por cada 100 mil habitantes mientras que Colombia posicionó su tasa en 32 (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012). La icónica ciudad de Medellín (Colombia) de los años 90 registró una tasa de 400 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1991 (Franco y col., 2012), cuando en el mismo período la región capital de Venezuela –área que concentraba el grueso de la violencia en el país– era de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes (Perdomo, Malpica y González, 1997). En el año 2012, la ciudad de Medellín registró una tasa de 49,1 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que Caracas 118,9 (Cedeño, 2013). Lo interesante del caso venezolano es que este cuadro de criminalidad surge en medio de un período de gran bonanza petrolera, con una direccionalidad política hacia la inversión-atención social. La gran contradicción era que, a medida que disminuían la pobreza, el desempleo y la desigualdad, la violencia criminal cobraba cada vez más vidas humanas. El índice de pobreza en 1998 se posicionó en 48,98 mientras que en 2007 cayó a 27,46, el índice de desempleo en 1998 era de 11,01 y en 2007 se ubicó en 7,5 (Vera, 2008), en el año 2008, Venezuela era el país latinoamericano que tenía menor índice de desigualdad socioeconómica (López y Lander, 2009), pero progresivamente aumentaba el índice de homicidios en el mismo transcurrir de la primera década del siglo XXI. El comportamiento económico permeó algunos indicadores sociales, alentando un posible panorama de integridad y calidad de vida en suelo venezolano, pero, al parecer, el escenario no fue del todo atractivo. La incertidumbre es trasversal al deterioro de un sistema-estructura social. Reduce el margen de expectativa ciudadana y desfigura el curso normativo de las instituciones. Desde la perspectiva que relaciona emigración-inseguridad, Páez (2015) resalta que los ciudadanos “… más bien huyen, son expulsados, desterrados o forzados a largarse de estos espacios de violencia que niegan, obstaculizan e impiden el ejercicio de libertades y los derechos humanos básicos” (p. 23). Lo determinante en este aspecto no es la ausencia de instituciones,


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normas o reglas, sino la incapacidad de su cumplimiento e internalización (de manera formal-legal o informal) en la sociedad. Cuando se trata de cumplir reglas-normas o de calidad institucional, Venezuela evidencia un rezago alarmante en el plano latinoamericano y mundial. Al hablar de corrupción, se hace referencia a toda acción que represente vías alternas o negación de acuerdos estandarizados para el funcionamiento social, con el fin de obtener algún tipo de beneficio paralelo al sistema legal-formal o normativo-informal. De 174 países considerados en el ranking de corrupción a nivel mundial, Venezuela ocupó en el año 2014 el puesto 161/174. La escala de corrupción varía de 0-9 (altamente corrupto) a 90-100 (altamente transparente); Venezuela obtuvo una puntuación de 19, al igual que países como Yemen, Haití, Angola y Guinea-Bissau. De hecho, es el país más corrupto de América junto con Haití (Transparencia Internacional, 2014). Quizá esta situación brinda una luz explicativa a la desaprobación poblacional del trabajo de las instituciones de control social formal en Venezuela para el año 2010. Las cárceles, policías, tribunales/ministerio público reciben una calificación de “muy mala/mala” en mayor porcentaje que buena/muy buena”, evidenciando cierto nivel de desconfianza institucional (Camardiel, Briceño-León y Ávila, 2012, p. 119). El índice de Calidad Institucional (ICI) refleja, para el año 2015, que Venezuela ocupa el puesto número 184 de 193 países del mundo. La medición varía de 0-10 (pésima calidad institucional - excelente calidad institucional); Venezuela registra 0,0742, siendo el país con menos calidad institucional del continente americano. Al revisar algunos indicadores del ICI, se puede apreciar que Venezuela ocupa el último lugar en América cuando de reglas y leyes se trata (0,0142), penúltimo lugar en lo concerniente a rendición de cuentas (0,2217) – siendo superado sólo por Cuba–, y último lugar –junto a Haití– en materia de corrupción (0,0629) (Fundación Libertad y Progreso, 2015). Los resultados son verosímiles con muchos aspectos de la realidad venezolana. Por ejemplo, desde inicio del siglo XXI, el Ejecutivo Nacional restringió el acceso a cifras delictivas a nivel nacional, siendo los medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las ventanas informativas en la materia (Téllez, 2015). Este muro de contención a la transparencia institucional es un acto de corrupción, según la expresión matemática de Klitgaard: Corrupción (C)= Monopolio (M) + Discrecionalidad (D) – Transparencia (T) (De Freitas, 2010). En comparación con el año 2013, el retroceso de calidad institucional que refleja Venezuela con hace 20 años (-70) y 10 años (-30) (Fundación Libertad y Progreso, 2015), puede ser la razón del por qué, a pesar de un crecimiento económico producto de la variación del precio del petróleo, no se tenga evidencia de ingresos corrientes de migraciones como en el pasado. Al contrario, Venezuela ha experimentado en los últimos años una transferencia de riqueza a otros paí-


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ses (Freitez, 2011). De la Vega y Vargas (2014) no consideran la emigración y transferencia de riqueza intelectual como un asunto fortuito, alegando que los países desarrollados cuentan con políticas de captación de talentos en un mundo hipercompetitivo, donde el aporte generacional tiene relación con ideas, innovación y conocimiento, en función del valor del tiempo. Por lo tanto, podemos establecer que existen sistemas que expulsan a sus ciudadanos ante un mal funcionamiento, mientras que otros sistemas tienen políticas atrayentes, sobre todo para una migración selectiva4, que brindan bondades de garantías ciudadanas y calidad de vida a cambio de fuerza de trabajo para el desarrollo. Estudios sobre emigración venezolana en el siglo XXI concluyen que la inseguridad es una de las principales razones de movilización hacia el exterior (Mateo y Ledezma, 2006; Hernández y Ortiz, 2011; Freitez, 2011, De la Vega y García, 2014 y Páez, 2015). En tiempos de bonanza económica, Venezuela no logró atraer un flujo importante de extranjeros ni retener a un capital humano importante para el desarrollo. Al contrario, expulsó extranjeros y a venezolanos que buscan en otras latitudes bienestar social, calidad de vida, seguridad ciudadana. Muchos encontraron en la Venezuela antes de 1990 un lugar para la vida, y de hecho, las cifras de inseguridad reflejaban este panorama, pero el evidente deterioro de las instituciones desfiguró el pacto social y se opacaron las reglas del juego, dándole entrada a un clima de incertidumbre sobre el destino de la vida ciudadana. Lo preocupante para el caso venezolano es que, países vecinos que se caracterizaban por la alta violencia criminal, como el caso de Colombia, que vive desde hace décadas un conflicto interno armado, hoy en día son regiones atractivas para venezolanos porque, entre otros aspectos, lograron reducir la criminalidad para poder ser atractivos en materia de inversión extranjera y captación de capital humano. Aunque muchos desplazados colombianos se encontraban en Venezuela y Ecuador hasta por lo menos el año 2011, Colombia cuenta con políticas nacionales de vinculación, retorno y protección para ciudadanos en el extranjero como Plan Retorno Positivo, Colombia nos une, así como la asignación de un área específica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar el tema (OEA, 2011). Venezuela, a través de sus instituciones estatales, no ha expuesto iniciativa alguna sobre el fenómeno de emigración.

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De la Vega y Vargas (2014) denominan migración selectiva cuando personas poseen capacidades especiales (deporte, arte, investigación) y el país de acogida le otorga una visa especial. Cuando la migración no manifiesta estas condiciones se le denomina migración general.


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METODOLOGÍA

En la misma tónica de ofuscación informativa desde las instituciones del Estado sobre el proceso emigratorio venezolano, los indicadores delictivos oficiales mantienen el mismo carácter de omisión por parte de las autoridades, lo que claramente limita un diseño metodológico que trate a profundidad una relación entre la emigración internacional y la criminalidad. Para paliar esta limitación, hemos acudido a dos fuentes de reconocido prestigio, que trabajan con encuestas por muestreo a nivel nacional: la primera se trata de Consultores 21, puntualmente su “Estudio de opinión pública – perfil 21” realizado en el año 2015 con una cobertura nacional urbana-rural (n=2000), en el que se pueden encontrar resultados sobre la emigración por razones de inseguridad. La segunda fuente que hemos consultado para complementar nuestro panorama analítico, es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana realizada en el 2009 (ENVPSC-2009), con una cobertura nacional (n=20055) (INE, 2010). Se ha incorporado la información de la ONG Provea (2011), quien maneja fuentes internas del Estado en materia de homicidio histórico. A continuación se presenta un cuadro descriptivo de variables relacionadas con emigración, inseguridad y condición sociopolítica según fuentes. Esta operacionalización responde a una estrategia de estandarizar las variables, considerando que se trata de fuentes y períodos distintos.


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Tabla 1. Variables sobre emigración, inseguridad y condición sociopolítica según fuentes secundarias Variable

Perfil 21-2015 (sólo ítems sobre emigración e inseguridad)

EMVPSC-2009 (sólo ítems homicidio)

Sexo

Femenino-Masculino

Mujeres-hombres

Grupo etario (años)

18-24 / 25-44 / 45 o más

0-14 / 15-24 / 25-44 / 45-64 / 65 o más

Clase/estrato social

Popular / Media / Alta

Estrato I, II, III, IV, V

Capital / Central / Llanos / Occidente / Zulia / Los Andes / Oriente

Las 24 entidades federales que conforman Venezuela.

Región

Período en el que alguien en el hogar se fue a otro país

Inclinación política

Antes del gobierno de Chávez / Durante el gobierno de Chávez / Durante el gobierno de Maduro

Provea-2011 (sólo ítems tasa homicidio)

tasa de homicidio por entidad federal

Promedio tasa de homicidio: Antes de la Revolución (1990-1999) / Después de la Revolución (2000-2009),

Mesa de la Unidad Democrática (MUDoposición) / Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuvgobierno)

En cuanto a la estrategia de análisis, el objetivo central fue tener una perspectiva sobre la emigración frente a la inseguridad-criminalidad en Venezuela. Nos propusimos cuantificar relaciones entre opciones de respuestas dentro de un mismo ítem, incorporando un Cociente de Proporción (CP) basado en el cálculo de ventajas (odds) entre categorías de interés. Una ventaja (odd) se define como “un cociente de probabilidades, en particular la probabilidad de un evento A sobre la probabilidad del evento complementario A c, y se estima a través del correspondiente cociente de frecuencia relativa” (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2002, p. 388). Nuestro Coeficiente de Proporción (CP) es la estimación de la ventaja entre el resultado del porcentaje de mayor respuesta en una categoría (numerador) sobre el porcentaje de menor respuesta (denominador): CP= % (de mayor respuesta) / % (de menor respuesta)


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En la medida que el CP se acerque a uno (1) se entenderá que no existe diferencia probable de ocurrencia entre los eventos, mientras que si el CP es distinto de uno (1), específicamente igual o mayor que dos (2), se entenderá que existe diferencia en la probabilidad de ocurrencia de un evento sobre otro. La propuesta de análisis intenta encontrar evidencias sobre posibles relaciones entre variables de distintas fuentes, criterios de medición y tiempo, por lo tanto, las concomitancias expuestas entre emigración y criminalidad-inseguridad son insuficientes para establecer dependencia. Como se señaló al principio, las limitaciones técnicas y metodológicas para tratar a profundidad el objeto de estudio, recaen sobre la transparencia institucional-estatal venezolana. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Emigrar frente a las probabilidades de morir: un dilema juvenil en Venezuela Cuando se analiza por grupo etario la relación hipotética entre irse a otro país o quedarse en Venezuela, se tiene que 36,4% de la población entre 18-24 años opta por la primera opción, mientras que 25,5% entre 25-44 años respalda la misma decisión. No hay distinción en la probabilidad de ocurrencia entre ambos grupos (CP=1,4). Ante el mismo planteamiento, el grupo de 18-24 años (36,4%) tiene una proporción de casi 3 a 1 para irse de Venezuela en relación con los mayores de 45 años (12,8%) (CP=2,8). Si se observan los porcentajes de respuesta, se puede decir que casi 2/5 partes de la población venezolana entre 18-24 años elegiría irse del país con su familia de darse el momento, mientras 1/4 parte de la población venezolana entre 25-44 años tomaría la misma decisión. El comportamiento es similar ante el cuestionamiento si ha considerado en los últimos diez años irse de Venezuela. El grupo más joven (33,1%) supera al grupo de 25-44 años (29,3%) sin una probabilidad de ocurrencia diferente (CP= 1,1). El grupo más joven (33,1%) casi establece una proporción 2 a 1 en relación a los mayores de 45 años (17,7%) sobre considerar irse del país (CP=1,8). Al igual que en el primer planteamiento, a medida que disminuye el rango de edad, aumenta el porcentaje de respuestas relacionadas con irse del país. Consideramos que la decisión de emigrar por parte de los jóvenes venezolanos difícilmente sea por eventos inmediatos-circunstanciales, sino por contextos más dilatados que involucra la dinámica sociopolítica del siglo XXI (Osorio, 2011; Freitez, 2008, 2011). Por esta razón, cuando se observa el comportamiento de la violencia en los últimos años, puede comprenderse que el peligro que amenaza al joven venezolano no es coyuntural, sino que ha sido el producto de un proceso de agravamiento durante más de una década. Freitez (2008) señala que en los años 90, Venezuela se mantuvo en el rango latinoamericano referen-


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te a la mortalidad juvenil. En períodos sucesivos, el país ostentaba, junto con Colombia, los registros de muerte juvenil más altos del hemisferio. Es de destacar que, a diferencia de Colombia, Venezuela no atraviesa por un conflicto armado en el período de comparación. El homicidio de jóvenes, como causa relevante de mortalidad, es un fenómeno que varió sustancialmente en el siglo XXI. Desde 1997 a 2007, a través de la estimación proporcional Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), Freitez, Romero y Di Brienza (2011) determinaron el enorme crecimiento de mortalidad juvenil por homicidios, que ascendió a 267%, destacando, por ejemplo, que “en el año 2005, poco más del 70% de los AVPP por homicidios ocurren en la juventud” (p. 224). Después de 1999, los homicidios superaron notablemente a los accidentes de tránsito como principal causas de mortalidad juvenil en Venezuela, y sobre lo concerniente al hombre joven, la tasa de homicidio varió de 111 por cada 100 mil habitantes en 1990, a 180 en el 2006 (Freitez, 2008). Al ampliar el radio de victimización para todos los grupos de edades dentro de la tipología delictiva homicidio, de acuerdo con los datos de la ENVPSC20095, se observa que las personas entre 25-44 años son las más victimizadas (44,1%), seguidas por las de 15-24 años (36,6%). Aunque la probabilidad de ocurrencia de homicidio es indiferente entre ambos grupos (CP=1,2), al promediar y compararlas con las personas mayores de 45 años (14,7% para 45-64 años, y 2,8% mayor a 65 años / media=8,8), la probabilidad de muerte por homicidio de una persona entre 25-44 años es 5 veces superior que una persona mayor de 45 años (CP=5), y 4 veces más probable si se tiene entre 15 y 24 años, en comparación con ser mayor de 45 años. Parece haber una importante coincidencia entre el fenómeno de emigrar y el homicidio, indicador “duro” en materia criminal. Si bien los que más apoyan la idea de irse a otro país no son, en términos relativos, los más victimizados por el homicidio, es importante destacar que entre los grupos de edades 15/18-24 y 25-44 no hay diferencia en las probabilidades de irse del país o morir en Venezuela, respectivamente. En cuanto a las personas mayores de 45 años, son los de menores registros de fallecimiento por homicidio y en proporción, los que menos emigrarían.

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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana del año 2009 (INE, 2010).


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Tabla 2. Inclinaciones por emigrar y homicidios según grupo de edad (%)* 15/18–24 años

25-44 años

> 44 años

Se iría a otro país (%)

36,4%(CP=2,4) **

25,5%(CP=2) **

12,8%

Sí ha considerado durante los últimos diez años irse del país (%)

33,1% (CP=1,8)

29,3% (CP=1,6)

17,7%

Homicidios (%)

36,6% (CP=4)**

44,1%(CP=5)**

8,8%

*Entre paréntesis: Coeficiente de Proporción (CP) de la respectiva categoría tomando como edad base comparativa> 44 años. ** CP indica diferencia en la probabilidad de ocurrencia entre el evento-categoría (referencia base comparativa > 44 años).

Una posible relación entre emigrar y morir por homicidio según el grupo etario, pudiese conducir al planteamiento hipotético de que los jóvenes, en relación con los de mayor edad, son los que más consideran emigrar por inseguridad. Al revisar los datos, este planteamiento tendría que descartarse. El grupo etario que más se iría a otro país por inseguridad son los mayores a 44 años (19,7%), seguida por los de 25-44 años (15,9%) y finalmente, los más jóvenes, de 18-24 años (10,2%). La diferencia probabilística de irse por inseguridad es casi 2 a 1 entre los mayores de 44 años y el grupo más joven (CP=1,9). Los que parece ser una contradicción empírica, tiene todo un sustento teórico. En la literatura criminológica este fenómeno se conoce como la paradoja del miedo a la victimización, donde las mujeres y personas de mayor edad tienden a ser los menos victimizados, los que se enfrentan a menos situaciones de peligro, pero los que mayor miedo al crimen reportan (Akers, Sellers y Cochran, 1987; Sironi y Bonazzi, 2016). La tesis que respalda esta paradoja refiere a la vulnerabilidad física (Taylor y Hales, 1986), pues la concepción de desventaja en el plano corporal de la mujer en relación con el hombre, o de los adultos mayores en relación con los jóvenes para prevenir, enfrentar o huir del crimen, es lo que define su fragilidad ante el fenómeno. En nuestro caso, si se considera irse a otro país como expresión de inseguridad, es entendible que los más vulnerables se inclinen por expresar mayor temor criminal. De hecho, los datos muestran que las mujeres superan a los hombres en cuanto a aducir la inseguridad como causa para irse a otro país (16,6% y 12,1% respectivamente). También es posible añadir dos razones a la explicación de esta aparente paradoja. La primera, refiere a que las personas mayores de 44 años vivieron dos Venezuelas distintas en materia criminal. Experimentaron la Venezuela con cifras de homicidios de 10 por cada 100 mil habitantes en la década de los 80,


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casi igual a la de Estados Unidos –específicamente en 1980–, y la Venezuela que ostenta en la segunda década del siglo XXI, ser uno de los países con mayor homicidios de América Latina (UNODC, 2014). Por su parte, la población de 18-24 años nació en pleno ascenso delictivo en el último quinquenio del siglo XX y vive todo el escenario conflictivo de la Venezuela del siglo XXI, es decir, no tiene patrón de referencia. La segunda posible razón recae en que el grupo de 18-24 años está en plena etapa de formación, vivencia y adquisición de experiencias de vida. Es entendible que su principal objetivo sea explorar horizontes que le permita obtener destrezas académicas, laborales y hasta búsqueda de aventuras (recreación, deportes, amores). Este escenario hace que la inseguridad pase a otro plano en la jerarquización de motivos para irse del país. Por su parte, los de mayor edad se encuentran en una etapa de consolidación, por lo general son cabezas de hogar y la protección de la integridad física-emocional tiende a ser mayor prioridad. Por otro lado, los datos que ofrece el gobierno nacional sobre una situación de “avance” social en diversos tópicos para el desarrollo de capacidades individuales-colectivas (segunda década del siglo XXI), no parecen corresponderse con las inclinaciones poblacionales por irse del país. Si existen garantías de ampliar capacidades para el desarrollo, sobre todo de la población económicamente activa (juventud y adultos): ¿Por qué son el grupo etario con mayor tendencia a preferir irse del país? Esta inverosimilitud conduce a mirar la incapacidad de las instituciones sociales para garantizar la vida, tranquilidad física, emocional y material frente a la criminalidad, sin duda una importante hipótesis explicativa de acuerdo con los datos sobre homicidio por rangos de edad y la inclinación por emigrar manejados en este estudio. Entendemos que la acción humana puede ser analizada mediante la idea de racionalidad centrada en un fin, como lo señala Weber (2002). El capitalismo global de las grandes potencias industriales puede cumplir una función de imán para la población económicamente activa venezolana. Pero en el mismo esquema racional, así como hay polo de atracción, hay un polo de repulsión. Muchas teorías generales de las ciencias sociales han utilizado la tesis de garrote y zanahoria (stick and carrot) para explicar que la acción humana evalúa los beneficios y costos en un mismo proceso racional. La criminalidad en Venezuela puede ser la causa eficiente (Ramírez, 2005) de la inclinación por emigrar: garrote, y el capitalismo global-industrial, la zanahoria, materializado en términos de una mayor posibilidad de libertades.


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Otras miradas para analizar la emigración por inseguridad La estratificación o clase social es otro elemento interesante para analizar la inseguridad como razón para emigrar. Los porcentajes correspondientes para la clase popular (14,3%) y clase media-alta (14,9%) son muy contiguos, es decir, no hay diferencia entre la probabilidad de emigrar por inseguridad interclase (CP=1,04). La ENVPSC-2009, por su parte, revela que los estratos I y II concentran, en promedio, el 2% de víctimas de homicidios a nivel nacional (2,02% y 1,91% respectivamente), mientras que los estratos III, IV y V (12,43%, 56,52% y 24,12% respectivamente) promedian 32,02% del total homicidios en Venezuela. Si bien la probabilidad de emigrar por inseguridad interclase es indiferente, la probabilidad de muerte por homicidio de personas pertenecientes a la clase popular en relación a otras de clase media-alta es 16 a 1 (CP=16). Las redes de ayuda o información que proporciona algún vínculo familiar o amistad puede tener peso en el flujo migratorio (Osorio, 2011). Al constatar si las personas tienen algún familiar que viva fuera de Venezuela según el índice de clase social de Consultores 21, se tiene que los de clase media-alta superan a los de clase popular (25% y 12,2% respectivamente) en una relación 2 a 1 (CP=2). Una mirada completa al asunto resulta interesante: si bien no hay diferencia interclase para emigrar por inseguridad (CP=1,04), la clase popular presenta una desventaja 2 a 1 en obtener una ayuda de un familiar en el extranjero (CP=2), cuando su probabilidad de morir en relación con la clase media-alta es 16 veces mayor (CP=16). Todo parece indicar que pudiese existir una diferencia inter-clase notable en la capacidad y/o proyección de elegir nuevos destinos para el desarrollo. Tabla 3. Inclinaciones por emigrar a causa de la inseguridad según clases sociales (%)* Clase popular Emigrar por inseguridad (%)

14.3%(CP=1.04)

Homicidios (%)

32.02%(CP=16)**

Familiares que vivan fuera de Venezuela (%)

12.2% (CP=2)**

Clase media-alta 14.9% 2% 25%

*Entre paréntesis Coeficiente de Proporción (CP) de la respectiva categoría tomando como clase social base comparativa “media-alta”. ** CP indica diferencia en la probabilidad de ocurrencia entre el evento-categoría (referencia base comparativa “media-alta”).

Cuando se analizan las intenciones de emigrar por entidad nacional, se tiene que Zulia es el estado-región con más personas que elegirían irse a otro país con su familia si se da la ocasión (30%), seguida por la región central (29,3%),


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región capital (28,4%), región oriental (24,1%), región andina (22,4%), región centro-occidental (19,6%) y finalmente, la región llanera (13%). Al analizar las probabilidades de emigración entre dos entidades de tendencias extremas como Zulia y la región llanera, se tiene una proporción 2 a 1 (CP=2,3). Esta información puede revelar que las diferencias en las probabilidades de emigración por región no son tan pronunciadas. Al explorar la tasa de delitos totales por región para el año 2010, de acuerdo con Provea6 (2011), respecto de la inseguridad como causa para emigrar en 2015, encontramos que, siendo Zulia el estado-región con más personas dispuestas a emigrar (30%) es la entidad con menor tasa de delitos de Venezuela (468 delitos por cada 100 mil habitantes). Cuando exploramos la inseguridad como causa para emigrar, el Zulia ocupa el penúltimo puesto (5,1%), superado sólo por la región andina (4,3%). Es decir, todo parece indicar que los zulianos tendrían intenciones de emigrar por distintas causas a la inseguridad, siendo un resultado coherente con su realidad delictiva. Caso contrario sucede en la región capital: si bien el 28,4% de los habitantes manifiesta la posibilidad de irse a otro país, el Distrito Capital es la entidad con mayor tasa de delitos de Venezuela (1.624 delitos por cada 100 mil habitantes), y el Área Metropolitana de Caracas ostenta la mayor tasa de homicidios del país (233.13 por 100 mil habitantes) (INE, 2010). Si ampliamos el radio de análisis a estados que comparten la región capital como Miranda y Vargas, se trata de la tercera y quinta entidad con mayor tasa delictiva a nivel nacional (1.203 y 1.094 delitos por cada 100 mil habitantes, respectivamente). Por su parte, los capitalinos ocupan el primer lugar cuando de emigrar por inseguridad se trata (27,8%), siendo cinco veces más probable que un residente de la capital emigre por inseguridad que un zuliano (CP=5,4) y seis veces más que un andino (CP=6). Ahora bien, siendo la región llanera la de menor tendencia a irse a otro país (13%), el 10% de los consultados señala la inseguridad como principal causa de emigración. La probabilidad que un capitalino emigre por inseguridad respecto de un llanero es 2 a 1 (CP=2,7), un resultado verosímil si se considera que la probabilidad de un capitalino de ser víctima de algún delito respecto a un llanero es igualmente 2 a 1 (CP=2,5). Un tercer aspecto de relevancia sobre emigración e inseguridad es el periodo en el que alguien del hogar se fue a otro país. Las opciones de respuesta presentadas fueron: a) antes del gobierno de Chávez, b) durante el gobierno de Chávez y c) durante el gobierno de Maduro. Para efectos de nuestro análisis,

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Los datos expuestos y analizados a partir del informe Provea (2011) son extraídos de la Memoria del MPPRIJ de Venezuela, es decir, se trata de lo reportado por las autoridades competentes en el lapso comprendido.


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agruparemos las categorías durante gobierno de Chávez y Maduro para formar la segmentación “durante la Revolución Bolivariana”. De los hogares donde alguien se ha ido al extranjero, 23,9% emigró antes de la Revolución Bolivariana, mientras 72,9% lo hizo durante la Revolución Bolivariana. Es una relación 3 a 1 (CP=3). Los grupos de edades comprendidos se distribuyeron de la siguiente manera: entre 18-24 años, 27,8% emigró antes y 72,2% durante la Revolución (CP=2,5); entre 24-44 años, 20,7% emigró antes y 74,5% durante la Revolución (CP=3,5); mientras los mayores a 45 años, el 27,4% emigró antes y 69,8% durante la Revolución (CP=2,5). El comportamiento de emigración antes y después de la Revolución Bolivariana no parece tener mayor diferencia según el grupo etario. El denominador común es la emigración durante la Revolución. Al considerar la inclinación política, de acuerdo a los dos grandes bloques en el siglo XXI, Mesa de la Unidad Democrática (MUD-oposición) y Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv-gobierno), se tiene que de los hogares donde alguien se ha ido al exterior, 19,7% de los simpatizantes MUD emigró antes y 78,2% lo hizo durante la Revolución, casi una proporción 4 a 1 (CP=3,9). Mientras que 42,2% de los simpatizantes Psuv emigró antes de la Revolución y 51,5% durante la Revolución, sin ninguna diferencia de ventajas (CP=1,2). Lo interesante de estos datos no es tanto que los simpatizantes de la Revolución emigraron más durante la propia Revolución, sino que no hay diferencia entre las probabilidades de que un revolucionario y un opositor hayan emigrado durante la Revolución Bolivariana (CP=1,5). Como era de esperarse, la mayor proporción de personas que emigró antes (10,2%) y durante (88,1%) la Revolución fueron los que no confían ni en el chavismo (actualmente representado por Maduro) ni por la oposición (CP=8,6). Para analizar la inseguridad antes y durante la Revolución Bolivariana, se tomó como referencia el promedio de tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes (PCH) de dos períodos de tiempo: antes de la Revolución (1990-1999) y después de la Revolución (2000-2009), a partir del Informe Provea (2011). La tasa de homicidio promedio de Venezuela antes de la Revolución (1990-1999) fue de 19,2 por cada 100 mil habitantes, mientras que después de la Revolución (2000-2009) fue de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los resultados señalan, de acuerdo con este esquema analítico, lo siguiente: la probabilidad de que a un venezolano lo asesinaran “durante” la Revolución en relación a “antes” de la Revolución es 2 a 1 (CP=2,3), casi la misma proporción de hogares donde alguien ha emigrado antes y durante la Revolución (CP=3).


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Tabla 4. Periodo en el que alguien del hogar se fue a otro país según simpatía política y tasa de homicidio-por cada 100 mil habitantes (PCH)- (%)

Emigró ANTES de la Revolución

Emigró DURANTE la Revolución

Coeficiente de proporción (CP)

23,9% de hogares donde alguien emigró

72,9% de hogares donde alguien emigró

CP=3*

19,7% simpatizantes oposición,

78,2% simpatizantes oposición,

CP=3,9*

42,2% simpatizantes Revolución

51,5% simpatizantes Revolución

CP=1,2

(CP=2,5)

(CP=1,5) 88,1% ni-ni

CP=8,6*

10,2% ni-ni Morir asesinado 19,2 (PCH)

(1990-1999)

Morir asesinado 46 (PCH)

(2000-2009)

CP=2,3*

* CP indica diferencia en la probabilidad de ocurrencia entre los respectivos eventoscategorías.

De acuerdo con los datos sobre periodo en el que alguien del hogar se fue a otro país, es clara y delimitada la diferencia en cuando a emigración internacional antes-durante la Revolución (CP=3). En relación con el reto que significa seguir precisando los agentes causales de tal comportamiento poblacional, los enfoques sobre capacidades e institucionalidad permiten evaluar un modelo donde la criminalidad, específicamente el delito homicidio, es un agente clave dentro del sistema de hipótesis con que trabaja la comunidad científica el tema de emigración internacional en Venezuela (siglo XXI). La tesis que se sostiene para explicar el auge de la criminalidad en Venezuela (siglo XXI) es el debilitamiento institucional, no la pobreza o desigualdad socioeconómica (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012; Briceño-León, 2015). Esto implica que durante la Revolución ha prevalecido una ausencia de acciones que refuercen y vitalicen las reglas de juego colectivo (pacto social), perdiendo confianza y regulación normativa ciudadana, tal como lo evidencian diversas mediciones (Transparencia Internacional, 2014; Fundación Libertad y Progreso, 2015).


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Aun cuando se pueda hablar de una cuantiosa inversión social (libertades funcionales) en el período de mayor bonanza petrolera en años (primera década del siglo XXI), y que permeó todas la capas económicas del país, la emigración internacional no cesó. Si consideramos el enfoque de las capacidades de Sen (1999) y Nussbaum (2000), la función de la desinstitucionalización en el sistema social fue la de limitar el desarrollo colectivo; coartar las capacidades como un todo interconectado. La criminalidad, notable consecuencia de la desinstitucionalización, representó una alteración interna en el sistema de desarrollo: generó una disfuncionalidad aguda en el todo-sistema, aun cuando la riqueza petrolera generara ciertos signos de capacidades colectivas. En analogía con el cuerpo humano, es como tener un tumor maligno dentro de un sistema sano: el organismo se define como enfermo. Paralelamente, no debe pasarse por alto el contexto regional donde se experimenta esta disfuncionalidad del sistema, específicamente sobre la incidencia de la criminalidad en el proceso de desarrollo nacional del siglo XXI. El control delictivo, específicamente del homicidio, en países vecinos como Colombia y Brasil, aunado a la tradicional atracción de países industrializados (como Estados Unidos, España, entre otros), amplió el atractivo-beneficio de la emigración venezolana como una acción racional centrada en fines. CONCLUSIONES

El enfoque de las capacidades nos permite realizar un análisis del entorno más allá de las clásicas mediciones de bienestar. La interconexión de categorías sobre capacidades y libertades expuestas en el presente trabajo, permite entender que un país debe generar cierto equilibrio instrumental para el desarrollo, porque corre el riesgo de que un indicativo rezagado anule la libertad producida por otro(s). Este es el caso de la criminalidad, las altas probabilidades (en comparación con las de otros países del hemisferio) de morir o de restringir libertades vitales, puede restarle impacto a otros indicativos en áreas como la salud, educación o deporte. El tema de acceso a la información pública, desde el punto de vista de las capacidades, no sólo es un estamento de derecho ciudadano, sino una condición democrática que necesita todo país para generar intervenciones públicas y monitorear sus áreas de impacto social y de desarrollo. Las limitaciones metodológicas del presente artículo son un ejemplo claro de este punto. La elección de emigrar es consecuencia de pobres garantías de integridad física y emocional en Venezuela. Por lo tanto, emigrar no parece una decisión libre, sino una válvula de escape. La no atención (oficial y pública) del flujo migratorio internacional por parte de las autoridades venezolanas, así como la continua distorsión de las reglas del juego para la regularización social, constituye un cuadro de “sistema expulsivo” de ciudadanos. El deterioro progresivo de


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las instituciones es consecuente con el auge de intenciones de emigrar, y el crimen parece actuar como una variable conectora. Las altas probabilidades de morir es un asunto que coloca en jaque a los jóvenes y no tan jóvenes. A pesar de las oportunidades sociales de toda bonanza económica, el bono demográfico que goza hoy día Venezuela con su Población Económicamente Activa es, al mismo tiempo, la población que más muere por la violencia y la que más se iría del país, según el análisis empírico. De no revertir el cuadro de “sistema expulsivo”, Venezuela agudizaría su pérdida de capital humano que necesita para producir y generar estabilidad en todas las áreas de desarrollo. Hay decisiones a corto plazo que contribuirían, sin lugar a dudas, a dar pasos importantes, como divulgar cifras oficiales de manera periódica y completa sobre asuntos públicos-ciudadanos, además de posicionar el fenómeno migratorio como un problema de agenda púbica nacional, traducción de su importancia y disposición a frenarla. REFERENCIAS

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