7 minute read
Fruticultura
Perspectivas del sector frutícola
Por ROCÍO ALONSO
Advertisement
Columnista de Comercio Internacional.
rocio.alonso203@gmail.com
El sector frutícola del Alto Valle tiene una larga tradición exportadora, a pesar de los condicionamientos, obstáculos y limitaciones que genera el contexto económico del país desde hace años. ¿Cómo incrementar esa capacidad exportadora? Marcelo Loyarte, gerente general de la CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados), considera prioritario poner el foco en los siguientes aspectos del sector: Afirma que “resulta bastante complejo porque, si bien la Argentina necesita dólares, hace ya tiempo que no se ven muchos incentivos”. Comenta que un tema no resuelto es el de los reintegros a las exportaciones: debería estar en el orden del 8,5% sobre el valor F.O.B. Sin embargo, en la actualidad el reintegro es del 3,75%, mucho menor de lo que correspondería. En algún momento estuvieron en los niveles deseados, pero luego de la devaluación de septiembre del 2018, se volvieron a reducir. Cabe aclarar que los reintegros a las exportaciones no son un subsidio, sino la devolución de parte de los impuestos que los exportadores debieron tributar en el país, con el objetivo de no “exportar” impuestos.
Otro incentivo sería que volvieran los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, y que las líneas de prefinanciación de exportaciones estén a la altura de lo que haría falta. “Más allá de la voluntad negociadora con otros países, los incentivos no se ven, lo cual desalienta bastante el tema de exportación”. El referente de la CAFI recomienda que: “como mínimo, deberíamos volver a los niveles normales de reintegros de las exportaciones, ampliación de las líneas de créditos de prefinanciación de exportaciones a tasas razonables y consideró que nos debemos, como país y como actividad, un plan de promoción a nuestras exportaciones en el exterior, cosa que estamos trabajando con la Cancillería.” En cuanto a uno de los aspectos para mejorar la competitividad de la región, Loyarte considera que lo ideal sería poner el foco en los países donde ya estamos comercializando y lograr una renegociación de aranceles. Actualmente, contamos con aranceles de importación muy altos en varios países, entre ellos India, China, México, lo cual nos impide competir de la misma manera que compiten otros. Por ejemplo, una empresa europea que tenga que elegir entre fruta chilena, sudafricana o argentina, sabe que tiene que pagar un precio más alto por la carga impositiva que debe pagar la fruta argentina para ingresar a otros países. Otra forma de tener mayor competitividad seria la renegociación de las condiciones fitosanitarias. “En algunos casos hay protocolos fitosanitarios que resultan bastante engorrosos que, si se simplificaran, permitirían aumentar el volumen de exportación”. En cuanto a competitividad sistémica, Loyarte afirma que estamos muy atrás en lo referido a las reglas de juego. “Si el tipo de cambio nominal es atractivo en un escenario de estabilidad inflacionaria, ahí es donde podemos tener cierto tiempo de proyección con reglas de juego favorables. El problema es que estamos viendo un crecimiento del tipo de cambio a una velocidad muy inferior al crecimiento de inflación, lo cual va limando el tipo de cambio real y nos preocupa bastante”, afirmó el referente de CAFI. Acerca del nivel de exportaciones, además de Brasil, que es el principal destino para peras y manzanas, en el resto de Latinoamérica dicho nivel está creciendo en importancia. En el último año se registró un aumento aproximado de 300% de las exportaciones de frutas al mercado peruano; Perú es un país que tiene una economía muy pujante, se ha abierto mucho a la inversión extranjera y, actualmente, está demandando mucho. También crecieron las exportaciones de frutas a Paraguay y Bolivia. En lo que se refiere a los precios, el mercado de frutas tuvo una caída muy fuerte en el 2019, se mantienen desde ese momento. En general, los precios varían mucho en función de la variedad, calidad y tamaño de la fruta, pero se mantienen más o menos estables desde hace un par de años, concluyó Loyarte.
PYMES: víctimas de un sistema tributario pendular
Al realizar nuestra labor profesional como asesores tributarios, solemos sugerir la conveniencia de aplicar adecuadas planificaciones fiscales a fin de garantizar la viabilidad del proyecto a ejecutar. Irónicamente, la realidad evidencia una creciente e incesante dificultad para llevar adelante esta tarea, pues ha dejado de prevalecer la capacidad técnica de evaluar el escenario normativo aplicable y sus alternativas, en reemplazo del arte de adivinar potenciales cambios intempestivos en las reglas del juego. Por citar algunas de las situaciones recientes más relevantes, podemos mencionar:
• Alícuotas aplicables en el impuesto a las
ganancias (IG) para personas jurídicas. De una alícuota general histórica del 35% y dividendos al 0%, hemos pasado al 30% con dividendos al 7% que luego pasaría a un esquema del 25% con el 13% respectivamente, el cual, sin haberse siquiera materializado, ya se ha convertido en letra muerta. Hoy se analiza la vigencia de alícuotas escalonadas del 25%, 30% y 35%, con el correspondiente análisis destinado al tratamiento de los dividendos.
• Impuesto a la Riqueza por “única vez”. ¿Será así?
¿O correrá la misma suerte de todos aquellos impuestos “de emergencia” que han llegado para quedarse?, pudiendo citar un sin número de ellos. En pocos días, hemos transitado cambios de condiciones (pago contado al 31/03 versus cuotas y prórroga al 16/04), presentaciones de amparos argumentando confiscatoriedad y violación al derecho de propiedad (casos “Scannapieco” con cautelar otorgada y “Prado Lardizabal” denegada, entre otros). Peor aún, normativamente la Ley indica una derivación absoluta a la Ley de Bienes Personales para realizar la valuación de todos los activos, mientras que su reglamentación vulnera esa indicación sugiriendo una valuación particular para el caso de participaciones societarias (exceso reglamentario). Poco se ha dicho al respecto, pero en determinados casos, el impacto de optar por uno u otro camino podría ser económicamente nefasto.
Por JUAN CRUZ TONELLI
Estudio LTA & Asociados.
tonellijc@ltayasoc.com.ar
• Ingresos Brutos. Incremento masivo de la presión impositiva por parte de las provincias. La puja por la base recaudatoria y los crecientes mecanismos intempestivos de cobro.
Lejos está quedando el espíritu de aquel Consenso Fiscal entre Provincias y Nación en donde se habría acordado sostener una “Estabilidad Fiscal” en impuestos provinciales. Lo cierto es que la mayoría de las provincias han evidenciado en su política tributaria la aspiración de aplicar alícuotas promedios del 5%, las cuales sólo por el momento y en ocasiones particulares se encuentran reducidas por motivos varios (actividades, estabilidad fiscal, categorías pyme, bonificaciones, ingresos, etc.) Asimismo, se han multiplicado los regímenes de retención/percepción exigiendo así a los agentes designados actuar como tales sin otorgar margen de evaluación acerca de las características de la operación comercial realizada (sustento territorial). Téngase en cuenta que hablar de un 5% sobre la base de cálculo del impuesto (ventas netas), en ocasiones puede representar un 50% del IG soportado, pues éste último si bien posee una alícuota ampliamente superior, se determina sobre un base de cálculo ampliamente inferior (margen neto).
• Ajuste por Inflación Impositivo. Su negación y su posterior aplicación diferida.
Durante años se han pagado impuestos por ganancias ficticias, hasta que finalmente se reconoció su existencia y se reactivó su aplicación. Pero no todo lo que brilla es oro, pues normativamente su impacto sería reconocido de manera fraccionada en 3 periodos fiscales, para posteriormente modificarse nuevamente y fraccionarlo en 6 ejercicios fiscales. Es decir, el ajuste se encuentra vigente, pero su aplicación técnica dista mucho de impactar económicamente en el ejercicio fiscal correspondiente, aquel en donde la inflación erosiona la ganancia real.
Y así… los cambios en la aplicación de la renta financiera, monotributo, impuesto sobre los bienes personales, sueldos libres de impuestos o tasas municipales, entre otros. El Covid-19 ha exacerbado está histórica mecánica de ajuste utilizada ante la necesidad de “caja” por parte de los organismos de recaudación, parche tras parche y gobierno tras gobierno, no logramos hacer pie ni fijar reglas claras que permitan vislumbrar escenarios tributarios sustentables en el tiempo. Palabras como planificación fiscal, previsibilidad, oportunidad, confianza, reglas claras, han perdido valor y credibilidad. A esta altura ya nada logrará escandalizarnos, pero quisiera reflexionar en que no debiéramos acostumbrarnos a ello.