Revista InduAmbiente Nº 189

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REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD.

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SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA

La propuesta gubernamental sobre este proceso que mejoraría la relación entre empresas y comunidades abre esta sección que entrega opciones para avanzar en este tema clave para el desarrollo sostenible.

9 a 24

EFICIENCIA HÍDRICA

PLANTACIONES ¿EFICIENTES?

En la nota principal de este apartado, revisamos algunas medidas con que la industria forestal busca reducir su consumo de agua, así como los principales desafíos en tal sentido.

28 a 30

PUNTOS DE VISTA

¿QUÉ PASA CON LOS RILES?

El nivel de cumplimiento de las normas que regulan las descargas de residuos industriales líquidos y las nuevas exigencias que traerá su actualización son materias de análisis en nuestro foro desayuno.

40 a 49

INFORME TÉCNICO

CLAVES PARA BIORREMEDIAR

Cómo lograr una biorremediación efectiva de un sitio contaminado, y las particularidades que éste debe tener para ser calificado como tal, son dos temas incluidos en este reporte sobre remediación ambiental.

53 a 65

DESCONTAMINAR Y RECUPERAR

Una amplia cobertura al seminario

InduAmbiente que presentó soluciones tecnológicas, experiencias y proyectos para rehabilitar sitios contaminados y, en algunos casos, darles un nuevo uso.

66 a 74

LOS RELAVES COMO PRIORIDAD

Revisamos el trabajo de las compañías mineras para mejorar su gestión y evitar incidentes, y del Gobierno y el Congreso para avanzar en cambios regulatorios y en otras iniciativas al respecto.

76 a 79

¿OBJETIVOS INALCANZABLES?

Pocos avances registra el cumplimiento de la gran mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que deberían alcanzarse el 2030. Exponemos los motivos.

84 a 86

PARA ERRADICAR LA SILICOSIS

Destacamos algunas medidas adoptadas por empresas mineras para terminar con el diagnóstico de esta enfermedad al año 2030, objetivo por el que trabaja el Ejecutivo desde el 2009.

82 a 83

PORTADA

Se arropan con ruda indiferencia

Intimidan con su talante

Asombran por su cadencia

Un sol tímido las abraza complaciente

Olas pusilánimes las cubren con dulzura

El cielo gris las observa paciente

La vegetación las atrapa con su espesura

A las rocas nunca se las siente

SECCIONES

Editorial 7

Eficiencia Hídrica 32-35

Economía Circular 38-39

En Pocas Líneas 50-51

Minería Sustentable 80-81

Quién es Quién 87

Bitácora 88-89

Agenda 90

Entretención 91

Pulso Empresarial 92-95

Cultura 96

COLUMNISTAS:

Claudia Serrano 26

Flavia Liberona 36

Eduardo Astorga 59

Jaime Henríquez 63

Valentina Durán 78

Sebastián Videla 81

Mucho que remediar

La última actualización del Catastro de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC) publicado por el Ministerio del Medio Ambiente señala que, hasta el año 2022, en Chile existían 9.261 sitios en esa condición, de los cuales 5.210 estaban activos, 958 inactivos, 2.786 abandonados y 307 en un estado inclasificable.

Esa preocupante realidad, que en gran medida es consecuencia de actividades industriales, da cuenta de lo mucho que es necesario remediar en nuestro país para avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

Por una parte, las empresas deben redoblar esfuerzos para producir de manera cada vez más limpia y evitar, así, que las cifras indicadas continúen aumentando. Hay que tener en cuenta que, como dice el viejo adagio, prevenir siempre será mejor que curar.

Y, por otro lado, es fundamental generar las condiciones para sanear y recuperar los sitios contaminados, para lo cual es clave contar con un marco regulatorio claro que permita desarrollar los proyectos de remediación y eventual rehabilitación para otros usos.

Esa fue una de las principales conclusiones de un reciente seminario sobre el tema organizado por InduAmbiente, en el que se pudo constatar el interés de compañías de diversos rubros productivos por emprender iniciativas de descontaminación en sus faenas y también quedó en evidencia que existen las capacidades profesionales y técnicas para elaborar e implementar esos proyectos de manera adecuada, generando beneficios ambientales, sociales y económicos.

Ejemplo emblemático de esto último es el plan de reconversión de patios ferroviarios que la empresa FCAB ya puso en marcha en Antofagasta, el cual busca descontaminar, recuperar y reintegrar al tejido urbano 48 hectáreas donde se implementarán áreas verdes, actividades recreativas, equipamientos, viviendas y servicios. Otra muestra es el proyecto de biorremediación de Las Salinas que utilizará una técnica basada en la naturaleza para sanear 16 hectáreas ubicadas en el borde costero de Viña del Mar rehabilitándolas para nuevos usos lo que, según un estudio del Observatorio de Ciudades UC, generará en sus primeros 10 años un impacto económico total estimado en USD 3.481 millones y 7.304 puestos de trabajo. La principal traba para seguir avanzando en esta dirección es la falta de leyes, normas e instrumentos que rayen la cancha para mejorar la gestión y avanzar en la recuperación de los sitios contaminados. Los pasos que han dado las autoridades encargadas de esta tarea, a lo largo de los años, han sido tímidos y los logros concretos escasos. En la práctica, la Política Nacional de Sitios con Presencia de Contaminantes, publicada en 2009; la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes, del año 2012; y el mencionado Catastro de SPPC, actualizado en 2022, aparecen como los principales instrumentos orientadores que se han desarrollado a nivel nacional. A la hora de elaborar proyectos para someterlos a evaluación ambiental, entonces, los titulares deben recurrir a esas exiguas herramientas como también a normas extranjeras y a otros proyectos de remediación desarrollados en el país que sirven como referencia.

La buena noticia es que, en el último tiempo, el Ministerio del Medio Ambiente ha dado algunas muestras de estar apretando el acelerador para subsanar estas carencias. De hecho, hoy trabaja en la elaboración de una Norma de Calidad Primaria de Suelos, cuyo proyecto definitivo espera presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a fines de 2025. Además, ya planteó una propuesta de actualización de la mencionada Guía Metodológica que está en revisión y pretende ser la principal referencia en Chile para la gestión de sitios contaminados. Asimismo, inició el proceso para desarrollar una nueva Política Nacional en la materia y sus correspondientes planes regionales de acción.

También sería óptimo trabajar en una norma de calidad para las aguas subterráneas que es otro componente importantísimo que suele estar presente en los sitios contaminados.

Es de esperar que ese impulso para tratar estas materias se contagie también al Congreso, donde, por ejemplo, aún sigue en primer trámite en el Senado el proyecto que establece una Ley Marco de Suelos, cuyo objetivo general es regular la gestión sostenible del uso de este bien natural, así como resguardar su protección, conservación y restauración, con la finalidad de evitar su destrucción y degradación. Otra herramienta regulatoria que contribuiría a remediar no solo los suelos, sino también las numerosas carencias ambientales que hoy persisten en Chile para avanzar hacia la sustentabilidad.

SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

El relacionamiento respetuoso de las empresas con las comunidades y territorios en que están insertas, basado en el valor compartido y el resguardo del medio ambiente, es clave para el desarrollo sostenible de las actividades productivas y de las personas que habitan a su alrededor. Los siguientes artículos presentan alternativas, herramientas y ejemplos para avanzar en esa dirección.

Detallamos

esta propuesta gubernamental que contribuiría a mejorar el relacionamiento de las

empresas con las comunidades.

En enero de este año, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ingresó al Congreso el proyecto que reforma la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con miras a fortalecer la institucionalidad ambiental y optimizar el funcionamiento de dicho proceso.

La iniciativa –que ya fue aprobada en general y sigue en su primer trámite legislativo en el Senado– contiene diversas propuestas en ese sentido, entre las que figura el establecimiento de un proceso voluntario de participación temprana (PT). Esta nueva instancia permitiría a los inversionistas interactuar anticipadamente con las comunidades que se verían afectadas por sus proyectos o actividades, con el objetivo de dar a conocer sus iniciativas y recoger la opinión ciudadana para mejorar su diseño antes de ingresarlas al SEIA.

Una medida que, según el Gobierno y especialistas en la materia, podría mejorar el relacionamiento entre las empresas y las comunidades y traer otros beneficios, tal como se detalla a continuación.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

En términos generales, el mensaje gubernamental señala que el procedimiento de participación temprana “se centra en la presentación de información, antecedentes o estudios por parte del proponente de un proyecto o actividad preliminar a las comunidades que puedan verse afectadas por los mismos. Asimismo, el proyecto incluye un registro de facilitadores, mecanismos de publicidad de los procedimientos y la trazabili-

dad de los resultados del diálogo”.

¿Qué efectos podría tener la implementación de estos procesos?

Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) responden: “Una oportuna y pertinente participación temprana de las comunidades, acompañada por el Estado, redunda en beneficios para el proyecto y la comunidad. La participación en una etapa de diseño del proyecto permite considerar adaptaciones a éste e incorporar las preocupaciones de la comunidad, previo al ingreso al SEIA. De esta manera se previenen eventuales conflictos, simplificando el paso del proyecto por el sistema”

Javiera Luco, Jefa del Área de Comunidades ORBE Ambiental & Legal, también cree que la propuesta de participación temprana “efectivamente ayudaría” a mejorar la relación de las empresas con las comunidades y entrega algunos datos que resaltan aún más sus posibles beneficios: “Los tiempos de evaluación de los proyectos se alargan más de lo recomendable para todas las partes, de forma importante, por los grados de conflictividad de los proyectos. Según la investigación del Centro de Políticas Públicas UC ‘¿Cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental? Conflictos y participación ciudadana’, ‘cuando hay conflictos asociados, en promedio las demoras de tramitación ambiental se incrementan en 275 días’. Esto se refuerza con que, según un catastro del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), a febrero del 2024, existían 64 proyectos judicializados en el sistema, por US$10.546 millones”

Enseguida acota: “El SEA, los organismos internacionales, el acuerdo de Escazú y las investigaciones en el campo de ciencias políticas, han indicado que este problema se soluciona con

más y mejor participación de las comunidades potencialmente afectadas por las externalidades ambientales de los proyectos”

Considerando que la información disponible en las primeras etapas de un proyecto puede ser limitada y que los resultados de estos procesos de participación ciudadana no siempre son considerados por los titulares, cabe preguntarse ¿qué tan efectivo podría ser este mecanismo?

Al respecto, en el MMA comentan: “La participación temprana, como lo proponemos en el proyecto de ley, está enfocada en las alternativas de diseño de un proyecto que el propio titular considera en etapas tempranas de elaboración. Así, si bien el proyecto aún no cuenta con toda la información, la participación puede enfocarse en aspectos específicos que el propio titular considera importante relevar y ofrecer alternativas para que la comunidad discuta. El resultado de este proceso y la deliberación en torno a las alternativas planteadas deberá plasmarse en un documento de lineamientos técnicos, sobre el cual el titular deberá hacerse cargo al presentar su proyecto al sistema”

A su vez, Javiera Luco plantea que las iniciativas que pretenden entrar a evaluación ambiental ya tienen toda la información que requiere inicialmente cualquier ciudadano como son la descripción general de la iniciativa, su ubicación, las obras y acciones por etapas de construcción, operación y cierre. Por lo mismo, esos antecedentes debieran estar disponibles en el periodo de participación temprana, el cual permitiría a la comunidad conocerlos con antelación y llegar mejor preparada a las instancias formales de participación ciudadana (PAC) consideradas en el SEIA.

“Las personas necesitan entender de qué se trata el proyecto, para que cuando llegue la hora de opinar, en un proceso de PAC formal y a través de consultas ciudadanas, su opinión sea lo más informada posible y ojalá carente de grandes especulaciones que den paso informaciones erradas y desconfianza”, apunta la especialista.

Desde el MMA, además, recalcan que ambas instancias de relacionamiento con la comunidad son distintas: “Mientras la participación temprana se enfoca en aspectos específicos del proyecto y alternativas de diseño del mismo antes de su ingreso a evaluación, la PAC en el SEIA se realiza sobre la totalidad del proyecto ya elaborado, por lo que la participación en esta instancia versa sobre éste sin considerar alternativas”, indican.

TIEMPOS Y COSTOS

Según el proyecto de ley, en el proceso de

participación temprana el proponente estará obligado a proveer solo “la información, antecedentes o estudios de los que disponga, según la etapa de diseño en que se encuentre el proyecto o actividad preliminar. En ningún caso se le podrá exigir compartir información que no se ajuste a su estado de avance o comprometa sus intereses económicos o comerciales”

Otra inquietud que surge en torno a este nuevo proceso participativo es si su implementación podría implicar mayores tiempos para el desarrollo de los proyectos y costos extras para sus titulares.

En relación a esto, en el Ministerio del Medio Ambiente sostienen: “En general, los desarrolladores de proyectos complejos o en los cuales sea previsible la necesidad de un relacionamiento con la comunidad ya realizan procesos de participación temprana, por lo que los costos económicos y de tiempos ya están incorporados en estos proyectos”. Además, recuerdan que

5 Aspectos se definirán en un reglamento dictado por el MMA: las reglas y plazos del proceso de participación temprana; el funcionamiento del registro de facilitadores, requisitos de inscripción, y criterios de evaluación y desempeño; el sistema de expedientes públicos; la forma en que se convocará a las comunidades; y los antecedentes y contenidos mínimos de la solicitud de inicio, el protocolo de diálogo y el documento de lineamientos técnicos.

la propuesta legal indica que se trata de un procedimiento voluntario. “Lo importante es que en este proceso ahora el Estado asume la responsabilidad de garantizar una participación conforme a principios y estándares fijados por ley”, acotan.

A juicio de Javiera Luco, en tanto, el impacto de la PT será positivo en estos aspectos: “Estos procesos se hacen justamente para evitar mayores tiempos de desarrollo de los proyectos y costos extras para los titulares asociados a la conflictividad social y su impacto en los procesos de evaluación y judicialización”, dice.

Y haciendo un balance general de los lineamientos presentados para concretar la participación temprana, la Jefa del Área de Comunidades ORBE Ambiental & Legal concluye: “Entendiendo que este es un proceso de mejora continua, las actuales propuestas parecen apropiadas y avanzan en el camino correcto de aumentar la participación temprana de las comunidades en los procesos que los afectan y de forma de prevenir conflictos y crisis sociales que entorpecen el desarrollo de los proyectos y la calidad de vida de las personas”

ETAPAS, PLAZOS, ESTÁNDARES

En el proyecto de ley se definen las etapas del proceso de participación temprana, los lineamientos para ejecutarlas y los plazos para su desarrollo.

En ese marco, se indica que el proceso tendrá tres fases que se deberán realizar de forma consecutiva:

• Preparación: Se iniciará mediante una solicitud por parte del proponente al Director Regional o al Director Ejecutivo del SEA si es que la iniciativa involucra a más de una región. Dicha solicitud deberá señalar al menos las tipologías principales y secundarias del proyecto o actividad preliminar; y las alternativas para algunas de las siguientes materias: diseño, tecnología, localización o escala. Además, el proponente deberá presentar un extracto a publicar en un medio de comunicación regional o nacional, según corresponda. El SEA tendrá cinco días para certificar el cumplimiento de esos requisitos y, si así fuera, dar inicio al proceso. Una vez que eso ocurra, el proponente deberá contratar a un facilitador registrado, quien se encargará de preparar las siguientes etapas y elaborar un protocolo de diálogo, con la participación del proponente y de las comunidades, y bajo las condiciones y plazos que esta -

La PT permitiría a las empresas recoger la opinión ciudadana para mejorar el diseño de sus proyectos antes de ingresarlos al SEIA.

blezca la ley y su posterior reglamento.

• Diálogo: En esta etapa los participantes podrán realizar observaciones, consultas, sugerencias, propuestas de alternativas al proyecto o actividad, u otras acciones relacionadas con los aspectos ambientales asociados a la formulación de la iniciativa, de acuerdo a lo que definirá el reglamento.

• Finalización: En esta fase, el facilitador elaborará un documento de lineamientos técnicos que deberá contener, entre otros aspectos: “Un registro de todas las etapas del proceso y su grado de cumplimiento, incorporando las actas de las reuniones realizadas y sus participantes; la información entregada al público y las observaciones, consultas o sugerencias efectuadas, así como las alternativas presentadas; y las decisiones del proponente respecto de las alternativas propuestas u otras materias ambientales derivadas del diálogo”, detalla el documento. Dicho documento se deberá remitir al Servicio de Evaluación Ambiental, que

tendrá veinte días para certificar su recepción, con lo cual se dará por terminado el procedimiento.

Para desarrollar todo este proceso habrá un plazo máximo de doce meses, el cual podrá ser ampliado “por el Director Regional o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según corresponda, a petición del proponente, del facilitador o una de las comunidades que participe en el proceso, por una sola vez, hasta por seis meses adicionales”, puntualiza la iniciativa legal.

También establece estándares mínimos que debieran considerar quienes implementen estas instancias de acercamiento a la comunidad. “El proceso de participación temprana deberá convocar de manera amplia e inclusiva a las comunidades que puedan verse afectadas por un proyecto o actividad, y se desarrollará de acuerdo con los principios de buena fe, representatividad de actores, publicidad, transparencia y flexibilidad”, detallan desde el MMA.

Añaden que la propuesta legal crea un registro de facilitadores, que será administrado por el SEA y financiado por el titular del proyecto. “Este facilitador tendrá bajo su responsabilidad asegurar el cumplimiento de los estándares y principios de la participación temprana, definidos por ley”, afirman.

En cuanto a los requisitos que debieran cumplir los facilitadores del proceso de PT para ser parte del mencionado registro público, la autoridad ambiental señala: “El proyecto de ley remite el establecimiento de estos principios a un reglamento, de tal manera de abrir el espacio para un debate posterior, a fondo y en su propio mérito sobre este punto. En este reglamento se podrán establecer requisitos de idoneidad, experiencia, entre otros”.

Considerando que el SEA deberá asumir nuevas tareas, el Informe Financiero del proyecto de ley contempla un fortalecimiento general de sus capacidades, tanto a nivel central como en las direcciones regionales. Esto incluye el gasto asociado a la administración del registro de facilitadores para la participación temprana.

Finalmente, la propuesta legal indica que siempre que se haya realizado un proceso de participación temprana, el titular del proyecto o actividad que se someta al SEIA deberá dedicar un capítulo de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, a señalar la forma en cumplió las obligaciones establecidas para ese proceso y la manera en que su iniciativa cumple con lo establecido en el documento de lineamientos técnicos.

La participación temprana ayudaría a evitar conflictos en el desarrollo de los proyectos, dice Javiera Luco.
Fotografía: SEA

Fotografía: Codelco

UNA RELACIÓN DIFÍCIL

Aunque las compañías mineras y las comunidades indígenas que habitan en el entorno de sus faenas en Chile han tenido históricamente un vínculo complejo, en los últimos años se aprecian avances y también surgen nuevos desafíos.

La contingencia nacional ha dado cuenta, sin gran sorpresa, que nadie, o muy pocas personas, estarían dispuestas a aceptar una cárcel cerca de sus hogares. Lo mismo que un vertedero o relleno sanitario, un plantel de cerdos, una planta de tratamiento de aguas servidas y otras instalaciones que afectan, de una u otra manera, su calidad de vida.

Las comunidades indígenas criollas suelen tener esa postura frente a las faenas mineras, que, por décadas, han operado en las áreas de influencia de muchos de sus miembros, sobre todo en el norte de nuestro país.

¿Cuál ha sido el resultado de la interacción entre las partes? Dispar, manteniéndose diferencias y disputas hasta nuestros días. Por citar un caso, en abril pasado siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, contra el Servicio de Evaluación Ambiental, por la calificación ambiental favorable de un proyecto clave de la minera Collahuasi. Esto, por no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el entorno de la iniciativa que busca asegurar la continuidad de las operaciones de la cuprífera por al menos 20 años.

EVOLUCIÓN POSITIVA

En relación al vínculo entre las empresas mineras y los pueblos originarios, el Dr. Cristóbal Carmona, académico del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, plantea que, en general, “se puede notar una evolución positiva. Desde una lógica más clientelar, marcada por políticas de ‘buena vecindad’, pasando por la necesidad

El respeto por la cultura y las tradiciones de los pueblos ancestrales es fundamental en el buen relacionamiento comunitario.

Fotografía:
Codelco

La explotación futura del litio en el Salar de Atacama “debe abordar cuidadosamente aspectos socioambientales clave”, comenta Francisco Roa.

Cristóbal Carmona plantea la necesidad de asegurar a las comunidades la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales.

Para Francisco Roa, “ha habido un esfuerzo creciente para mejorar el vínculo entre mineras y pueblos originarios a través de procesos de consulta y participación más robustos”.

de obtener una ‘licencia social’, hasta el actual paradigma de generar ‘valor compartido’, es ostensible que la industria se ha acercado de un modo distinto a estas comunidades. Aunque este cambio de relacionamiento no ha sido desinteresado, sino que se explica por el aumento de los estándares ambientales e indígenas, la consecuente judicialización por su incumplimiento y la incertidumbre que genera dicho proceso”.

Esta nueva realidad, si bien permite un grado mayor de involucramiento de las comunidades en los proyectos mineros, recibiendo en ciertos casos algunos beneficios, “también les genera costos, como conflictos inter o intracomunitarios”, señala.

Francisco Roa es líder de Medio Ambiente Humano y Participación Ciudadana en la consultora Jaime Illanes & Asociados, empresa con 24 años de experiencia que desarrolla asesorías vinculadas a relacionamiento comunitario, participación ciudadana temprana y consulta indígena, entre otros servicios. En ese marco, el especialista sostiene que la relación entre las mineras y los pueblos originarios “ha sido históricamente conflictiva, marcada por la falta de consulta y el impacto de las actividades mineras en los territorios indígenas. En los últimos años, eso sí, ha habido un esfuerzo creciente para mejorar el vínculo a través de procesos de consulta y participación más robustos. La Ley Indígena de Chile, el Convenio 169 de la OIT y acuerdos como Escazú han impulsado a las empresas a considerar a las comunidades vecinas, relacionándose con ellas para incorporar sus opiniones y dado su conocimiento de los territorios. Este cambio ha sido un paso positivo hacia la inclusión de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones”

ASPECTOS A MEJORAR

Sin perjuicio de lo anterior, el especialista pone el acento en los

desafíos pendientes para mejorar el nexo entre los pueblos originarios y la industria minera. A su juicio, todavía se nota “superficialidad en algunos procesos de relacionamiento y faltan beneficios tangibles para las comunidades”

Francisco Roa acota que para que exista mayor participación de las comunidades indígenas en proyectos y operaciones mineras, se deben “asegurar procesos de consulta con información clara y simple sobre los proyectos y sus impactos, y considerando tiempos adecuados, que permitan a las primeras expresar sus opiniones e idealmente incidir en los diseños de los mismos; establecer mecanismos que hagan posible que este vínculo se manifieste de buena forma; y ofrecer capacitación en temas técnicos a los representantes de las comunidades para que éstas puedan participar de manera efectiva en los proyectos, entre otros aspectos”

Cristóbal Carmona, en tanto, plantea tres puntos a mejorar. Primero: que el involucramiento de la población nativa parta desde que la empresa llega al territorio, por ejemplo, para realizar las labores de exploración y no solo antes de ingresar un proyecto a evaluación ambiental, como se hace muchas veces. Segundo: apoyar la creación de empresas indígenas que presten servicios a la industria; y, por último, asegurar a las comunidades la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales.

INDUSTRIA DEL LITIO

Considerando que en Chile se impulsa una Estrategia Nacional del Litio, que implica una importante participación estatal y proyecta una explotación mucho mayor de este recurso, el académico y coordinador del Doctorado en Derecho de la UDP comenta que “debe prestarse atención a las disputas inter e intracomunitarias que pueden surgir a propósito del flujo de dinero que ingrese a los territorios. Además, es importante que las empresas, por más que tengan el consentimiento de las comunidades indígenas, no descuiden en el diseño de sus proyectos el resguardo del componente ambiental”

Añade que la lógica de acuerdos privados entre la industria minera y los pueblos indígenas, que ha operado en la explotación del litio, tiene muchos beneficios, pero advierte: “En estos casos se da una lógica transaccional, de intercambio, que, al mismo tiempo que reduce la incertidumbre respecto a la aprobación del proyecto, genera el riesgo de que se replique en la evaluación ambiental, lo que iría en desmedro del objetivo de la protección ambiental y el desarrollo sustentable”.

Por su parte, Roa señala que la explotación futura del litio en el Salar de Atacama “debe abordar cuidadosamente aspectos socioambientales clave. Las empresas mineras deben realizar evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, respetar los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas mediante el consentimiento previo e informado, y procurar no afectar las fuentes de agua locales. Además, se debe garantizar la transparencia y su participación efectiva en la toma de decisiones, implementar monitoreos independientes, y buscar preservar el patrimonio cultural indígena. También hay que apuntar en el futuro a la participación de las comunidades en los beneficios. Estos pasos son esenciales para una relación equitativa, respetuosa y sostenida entre las partes”

EJEMPLOS DE INICIATIVAS

Para ilustrar el trabajo que las compañías mineras vienen realizando en el último tiempo con los pueblos originarios, detallamos a continuación algunas iniciativas desarrolladas por cuatro de las más importantes empresas del rubro que operan en Chile, según información publicada en sus Reportes de Sustentabilidad 2023.

— Codelco

La compañía estatal asegura que mantiene mesas de trabajo permanentes con grupos de pueblos originarios presentes en las áreas de influencia de sus faenas y da a conocer a las comunidades, de manera anticipada, la presentación de diversos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que le permite responder las dudas y realizar ajustes a los mismos.

Durante el año 2023, en particular, llevó a cabo un diálogo sobre los compromisos socioambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto RT Sulfuros de la División Radomiro Tomic. De acuerdo a lo que indica la Corporación, esta iniciativa involucró a distintas comunidades indígenas, logrando una alta participación de los vecinos.

— Antofagasta Minerals

En 2023, la empresa suscribió acuerdos de inversión social con cuatro comunidades del Salar de Atacama (Peine, Socaire, Camar y Talabre) que actualmente se encuentran en proceso de implementación.

Asimismo, la minera destaca que Los Pelambres se ha vinculado es trechamente con los pueblos originarios para establecer convenios forma les de trabajo conjunto, principalmente con el pueblo chango, así como con comunidades diaguitas y mapuches del Valle del Choapa.

Añade que Zaldívar realiza un trabajo conjunto con comunidades alrededor del Salar de Atacama dentro del contexto del estudio de im pacto ambiental del proyecto de extensión de la operación, cuyo objetivo es reemplazar el uso de agua continental por otras fuentes en el Salar para 2028.

Collahuasi

La minera reconoce dos impactos de su actividad en las comunidades indígenas y detalla las medidas de mitigación y compensación que está aplicando:

- Modificación de la actividad pastoril y de las prácticas culturales por pérdida o reducción de las áreas de pastoreo. Frente a eso han adoptado acciones como las siguientes: adquisición de gana do, manejo de pradera natural y mejoramiento de infraestructura productiva.

- Alteración de mesas ceremoniales utilizadas por grupos indígenas debido a que verán retrasada la salida del sol entre 5 a 25 minu tos a causa del crecimiento máximo del botadero. Las medidas de mitigación propuestas en este caso son: facilitación de acceso y conectividad a prácticas culturales; y puesta en valor de las prác ticas ceremoniales.

SQM

La empresa productora de litio y otros minerales resalta que imple menta programas de valor social compartido que llegan a 21 comunidades (Alianza Mujer Atacameña, Atacama Tierra Fértil, entre otras), atenciones dentales con un alcance territorial comunal, y proyectos particulares de sarrollados para y en conjunto con organizaciones locales y comunidades.

La propia SQM y Codelco suscribieron hace unos meses un acuerdo de asociación público-privada para la producción de litio en el Salar de Atacama entre 2025 y 2060. En varias secciones del documento se hace referencia a los derechos que corresponden a las comunidades integran tes del pueblo atacameño, habitantes ancestrales de la zona.

Se espera que la asociación comience a operar durante 2025, una vez cumplidas las condiciones previas, entre las que está el proceso de consulta indígena liderado por Corfo.

Destacamos iniciativas, brechas a superar y oportunidades para que la industria textil y de la moda mejore sus indicadores en sustentabilidad, especialmente a través de la valorización de sus residuos.

Imágenes captadas desde el espacio han mostrado una y otra vez las postales de la vergüenza: montañas de ropa usada y abandonada en pleno desierto de Atacama, principalmente en la Región de Tarapacá. Un problema creciente que afecta a comunas como Alto Hospicio y también a los ecosistemas, considerando que las prendas tardarán unos 200 años en desintegrarse.

Pero los impactos de la industria textil, incluyendo la producción de calzado, van más allá. A nivel global, según antecedentes del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), es responsable de cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), más que el transporte marítimo y los vuelos internacionales combinados.

Además, la producción de textiles, desde el cultivo hasta los procesos de teñido y acabado, requiere más de 1.900 tipos de productos químicos, casi el 8% de los cuales se han etiquetado como peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Y también demanda mucha agua: la producción de una sola camiseta de algodón consume unos 2.700 litros de agua, suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de una persona durante 2,5 años.

En ese contexto, Lorna Lares, académica del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, sostiene que el problema “no es solo qué hacemos con la ropa después de usarla, sino también las enormes cantidades de ésta que se producen a nivel mundial. Hay investigaciones que revelan que alrededor de 50 mil toneladas de ropa usada ingresan al país cada año, pero la que se ocupa es menos de la mitad y todo el resto va a vertederos. No existe una disposición para los textiles y tampoco hay una política que pueda normar o regular la importación de ropa usada”

CAMBIO DE PARADIGMA

Para enfrentar las externalidades ambientales negativas del rubro, un número creciente de países está trabajando, de manera prioritaria, en incorporar a su gestión los principios de la economía circular. Es lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea, que desde principios de 2024 implementa una nueva ley que busca abordar la gestión sostenible de los productos textiles y reducir significativamente los residuos generados por la industria de la moda. La regulación establece directrices claras para la reutilización, reciclaje y eliminación responsable de los bienes que ésta produce. En Chile se busca seguir un camino similar. Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, explica los motivos: “Nuestro país es el que más ropa consume en Latinoamérica, con un promedio de 50 prendas nuevas al año por persona. Y uno de los principales problemas de su industria textil es la cantidad de residuos que genera: 572 mil toneladas anuales, que representan alrededor del 7% de los residuos sólidos urbanos por habitante. Dada esta magnitud de impactos que genera, es necesario prepararse para las futuras regulaciones. Entonces, es cuestión de tiempo para que los residuos textiles sean considerados un pro-

96% De las prendas de vestir en Chile son importadas, por lo que el Servicio Nacional de Aduanas aportará con información semestral sobre su ingreso al país, lo que permitirá dimensionar el alcance de la futura implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor para textiles.

Cerca de 15 empresas participan en el APL “Economía Circular en Prendas de Vestir de Primera Mano”.

En Chile existen dificultades logísticas para la selección y separación de los residuos textiles por tipos de fibra, entre otros problemas.

“Nuestro país es el que más ropa consume en Latinoamérica, con un promedio de 50 prendas nuevas al año por persona”, revela Ximena Ruz.

ducto prioritario en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), así como se hizo con los neumáticos, envases y embalajes, entre otros. En ese contexto, 14 empresas del sector decidieron ponerse manos a la obra y embarcarse en un Acuerdo de Producción Limpia (APL) liderado por la Cámara Diseña Sustentable (CDS)”

Como parte de esa iniciativa público-privada, que se extenderá hasta noviembre de 2025, la ASCC y las empresas involucradas elaboraron una guía técnica que establece una metodología de reporte de prendas de vestir de primera mano, para avanzar en los objetivos del APL. También se constituyó el Comité de Comunicaciones del Acuerdo y se definió la misión y visión compartida de las empresas para comunicar los avances.

Ruz agrega: “La Cámara Diseña Sustentable y las empresas ya están trabajando en desarrollar al menos dos campañas de recolección y valorización de residuos textiles post-consumo, las cuales nos permitirán recopilar información y generar y evaluar indicadores de desempeño”

Además del APL “Economía Circular en Prendas de Vestir de Primera Mano”, el sector público lidera, a través del MMA y con la participación de diversos sectores, el proceso de elaboración de la Estrategia de Economía Circular para Textiles. Su objetivo es establecer acciones concretas para prevenir, reducir y prolongar la vida útil de estos recursos mediante su reutilización, reparación, recuperación y valorización.

El MMA, asimismo, encargó una consultoría para levantar antecedentes para la evaluación económica y social de la incorporación de los textiles como producto prioritario de la Ley REP.

BRECHAS EXISTENTES

Respecto a las principales brechas a superar para lograr la circularidad de los residuos textiles, Ximena Ruz resalta “la ausencia de una cadena de valor, lo que se debe a la escasez de proveedores de servicios de valorización, su centralización en la Región Metropolitana y la falta de un mercado que favorezca la comercialización de productos resultantes de este proceso. También faltan mecanismos institucionales para impulsar la valorización tanto en financiamiento como en infraestructura, regulación, trazabilidad, investigación y capacidad para generar nuevos materiales y productos a partir de residuos textiles”

Un diagnóstico –que sirvió de insumo para el APL en marcha– sobre el escenario base actual del sector textil en Chile, con foco en las prendas de vestir de primera mano, identificó las siguientes brechas en esta industria para incorporar el modelo de economía circular:

• Ausencia de una cadena armada para la recirculación de textiles.

• Mínimos mecanismos de trazabilidad.

• Ausencia de cuerpos legales, normativas y directrices en materia de salubridad para el reúso de textiles.

• Centralización de las iniciativas.

• Dificultades logísticas para la selección y separación de los residuos textiles por tipos de fibra.

• Carencia de proveedores que presten servicios de valorización.

• Brechas tecnológicas y de infraestructura para el reciclaje y revalorización.

• Altos costos de la gestión de residuos textiles, de las campañas de recogida y del reciclaje.

• Falta de apertura del mercado de productos a partir de la valorización.

• Brecha cultural y falta de información y/o conocimiento sobre la disponibilidad de iniciativas de valorización.

• Falta de apoyo financiero, condiciones habilitantes y capacidades de transformación.

Aunque destaca la importancia de la valorización de los residuos textiles, la directora ejecutiva de la ASCC manifiesta la necesidad de que el rubro “incorpore dentro de su modelo de negocio la prevención de la generación de residuos, integrando el enfoque de ecodiseño. La Estrategia de Economía Circular para Textiles marcará pautas claves para esta industria. En el futuro, se podrían considerar incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles, así como la prohibición de ciertos productos textiles no reciclables. Además, se requiere regular la importación de ropa usada, considerando la diferencia entre ropa usada y residuo. En ese sentido, los países exportadores y no el importador deben realizar esta diferenciación. De igual manera, se debe contar con un sistema que permita la trazabilidad y certificación de la calidad de la ropa de segunda mano que ingresa”

OPORTUNIDADES

El diagnóstico, que lideró la CDS con el financiamiento de la ASCC y la participación de 15 empresas de todos los tamaños, identificó también un conjunto de oportunidades para que el rubro textil incorpore estándares circulares. Tome nota:

• Mayor control sobre la importación de ropa y accesorios para un provisionamiento responsable.

• Estructura legal clara y beneficiosa para impulsores del reciclaje y valorización de textiles.

• Beneficios tributarios para el desarrollo de nuevos productos o mejora de procesos que contribuyan a la recirculación de residuos textiles.

• Mayor control sobre el fenómeno “fast fashion”, por ejemplo, relacionados con descuentos excesivos.

• Mejoras en las garantías, basadas en la calidad y ecodiseño.

• Medir y estandarizar indicadores de recuperación y valorización, y su fiscalización.

• Promoción de hábitos de consumo responsable.

• Desarrollo de una industria/modelo de negocio viable a partir de la valorización.

• Mayor cantidad de empresas gestoras.

• Generación de alianzas entre empresas comercializadoras y gestoras.

• Potenciar iniciativas público-privadas.

• Trabajo de escala con factibilidad económica.

• Descentralización de las iniciativas de valorización.

• Instalación de procesos para la recuperación por tipo de fibra.

En un reciente seminario sobre economía circular en la industria textil, Franklin Cepeda, Gerente de Procitex, empresa dedicada a la valorización de residuos textiles a gran escala, planteó seis desafíos a enfrentar para incrementar la valorización textil en Chile: la polimaterialidad de prendas, la falta de trazabilidad desde origen, el poco incentivo para su recepción y acopio, la carencia de regulaciones para fabricantes y retail, insuficientes empresas de valorización masiva, y la necesidad de mayor innovación y tecnología.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS

Poco a poco se han ido extendiendo en la industria textil y de la moda los proyectos inspirados en la economía circular. Una de las empresas pioneras ha sido Paris, que en línea con este modelo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 12, de producción y consumo responsable, implementa desde el 2013 el programa “Ropa x Ropa”. La iniciativa permite a los clientes depositar sus prendas en desuso en un contenedor azul disponible en todas las tiendas de la marca. La vestimenta es seleccionada para su donación a fundaciones, vendida en mercados especializados o reciclada para generar material textil. Hasta la fecha, Paris ha reciclado más de mil toneladas de ropa, evitando que termine en los vertederos. Además, ParisLAB ofrece el servicio de reparación y personalización de ropa.

Otro ejemplo es el de Ellese, marca del rubro que inauguró en junio su primera tienda sustentable en el Mall Plaza Los Dominicos y lanzó este año dos colecciones en base a poliéster reciclado, contribuyendo a la limpieza de los mares y promoviendo un ciclo más circular en la moda. Las prendas cuentan con certificaciones que garantizan el seguimiento de materiales en toda la cadena de suministro.

La norma de emisión de olores pesqueros, aprobada recientemente, mejorará la calidad de vida de quienes conviven con estas plantas y aportará sustentabilidad al sector. Conozca sus exigencias y cómo cumplirlas.

El 7 de junio pasado, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la norma de emisión de olores para las plantas de harina y aceite de pescado y las productoras de alimento para peces, cuyo principal objetivo es proteger la salud y mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectados por las emanaciones odorantes de estas actividades que

son parte del sector pesquero.

Tal es así que esta regulación fue impulsada por un compromiso adquirido por las autoridades en el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Coronel, ciudad de la región del Biobío que concentra la mayoría de las industrias de este tipo.

Al mismo tiempo, la nueva normativa –que aún debe ser visada por la Contraloría para su

posterior publicación– contribuirá a que este rubro y el país en su conjunto avancen hacia el desarrollo sustentable.

REGULADOS Y BENEFICIOS

Actualmente en Chile existen 32 fuentes que serán reguladas por esta norma de emisión: 23 fábricas de aceite y harina de pescado,

incluyendo plantas reductoras, que se emplazan principalmente en la región del Biobío; y otras 9 que elaboran alimentos para peces, las cuales se concentran en la región de Los Lagos. En términos generales, la regulación establece límites de emisión de olor para esas plantas, que tendrán que aplicar tecnologías de abatimiento y prácticas operacionales para controlar este contaminante.

Daniela Caimanque, jefa de la sección de Olores del departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), destaca que “para determinar los valores límites de emisión, se analizaron las mejores técnicas disponibles para la reducción de olor desde el origen, de acuerdo a este sector productivo. En esta línea, las fuentes reguladas deberán implementar no solo mejores tecnologías de proceso y abatimiento de olor, sino también buenas prácticas operacionales para la reducción de eventos de olor y con ello, proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida”

Asimismo, indica que la implementación de esta normativa “aporta al fortalecimiento regulatorio que establece la Estrategia para la Gestión de Olores en Chile del MMA, y también responde a uno de los compromisos del PRAS de Coronel, que identifica a este sector como prioritario. Por lo tanto, se tienen expectativas, no solo en Coronel, sino que en otras comunas a largo del país, en términos de justicia ambiental y avance en la transición socioecológica justa, pues reduce la carga ambiental desproporcionada que padecen grupos vulnerables de la población”

Daniela Caimanque puntualiza también que el análisis general de impacto económico y social (AGIES) de esta norma concluyó que “reduciría los niveles de concentración de olor actuales, mejorando la calidad de vida de aproximadamente 138.000 personas. La normativa provee beneficios de US$ 27,67 millones en valor presen-

te y los costos alcanzan los US$ 23,69 millones en valor presente, lo que resulta en una relación beneficio-costo de 1,17”

LÍMITES DE EMISIÓN

En lo que respecta a los límites de emisión, la norma aprobada distingue entre fuentes emisoras existentes y nuevas.

Para las primeras establece el umbral indicado en la tabla 1, con miras a reducir las emisiones totales en un 70% en un plazo de 4 años desde la entrada en vigencia de la norma, que comenzará a regir 6 meses después que se publique en el Diario Oficial.

Además, indica que se podrán eximir de lo señalado en dicha tabla, las plantas que acrediten una emisión de olor que permita cumplir un impacto odorante máximo menor o igual a 5 ouE/m3 percentil 98. Si la fuente emisora acredita un valor mayor, podrá optar por disminuir sus emisiones hasta alcanzar como máximo dicho impacto odorante, en un plazo de 4 años desde la entrada en vigencia de la norma. Las fuentes emisoras nuevas, en tanto, deberán cumplir con los valores indicados en la tabla 2, desde que la regulación este vigente. En relación a los límites exigidos, Daniela Caimanque comenta que, como resultado de la consulta pública, se reconsideró y cambió el valor de cumplimiento mediante impacto odorante máximo para las fuentes emisoras existentes, que en el anteproyecto inicial era el mismo que para las fuentes emisoras nuevas. “Sin embargo, dado los antecedentes recepciona dos en la consulta ciudadana, y en atención a los principios de gradualidad y no regresión, la nor mativa plantea evaluar, en su primera revisión, y sobre la base de los resultados obtenidos durante su implementación, la factibilidad de adecuar a las fuentes emisoras existentes a las exigencias de las fuentes emisoras nuevas”, acota.

PRÁCTICAS OPERACIONALES

Para minimizar las emisiones odoríferas, la norma también exige a las fuentes emisoras existentes y nuevas cumplir con las siguientes prácticas operacionales:

• Contar con las instrucciones del proveedor respecto al plan de operación y manten ción de las tecnologías de abatimiento, uti lizadas en las unidades emisoras de olor. Esas instrucciones se deben enviar a la Su perintendencia del Medio Ambiente (SMA) por única vez en el reporte de inicio sobre prácticas operacionales que los titulares deberán entregar en el plazo de 1 año

La norma reducirá la carga ambiental que sufren grupos vulnerables de la población, destaca Daniela Caimanque.

contado desde la entrada en vigencia de la norma si se trata de fuentes existentes, o dentro de su primer año de operación si es una planta nueva.

• Medir la Eficiencia de Reducción de Olor (ERO) de las tecnologías de abatimiento aplicadas. Los resultados deben enviarse a la SMA en el reporte de inicio, y luego, de manera anual.

• Monitorear en línea los parámetros operacionales de las tecnologías de abatimiento de olor utilizadas. Esto será requerido por la Superintendencia del Medio Ambiente que también podría solicitar el monitoreo en línea de gases trazadores odorantes de dichas tecnologías. El monitoreo se deberá conectar a los sistemas informáticos de la SMA en un plazo no mayor a 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.

• Contar con un plan de prevención de contingencia y emergencia de olor que indique las acciones a adoptar en estos casos. Este plan se debe enviar a la autoridad fiscalizadora solo en el reporte de inicio.

• Informar a la SMA y al municipio respectivo, cuando exista una emergencia, así como las acciones correctivas aplicadas. Todo esto dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia.

Aparte de lo descrito, a las plantas de harina y aceite de pescado, la normativa les exige:

• Un “Protocolo y planilla de chequeo de limpieza de planta”, en el cual se informe las condiciones en las cuales se efectúa esta tarea que incluye el aseo de pozos, pisos y canaletas, superficie de equipos, tornillos y evaporadores, planta de residuos industriales líquidos (riles), entre otros.

• Un “Protocolo y planilla de chequeo de hermeticidad” que debe incluir el correcto cierre de los tornillos de proceso para evitar las emisiones fugitivas de olor, identificando todos los equipos que los poseen. Ambos protocolos deben ser enviados a la SMA por única vez en el reporte de inicio.

GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS

Yendo a la práctica, cabe preguntarse ¿en qué áreas las empresas deberán realizar mejoras para cumplir con las nuevas exigencias normativas?

Daniela Caimanque responde: “La reducción de olores dependerá de la realidad de cada fuente regulada y puede darse en cualquier de las siguientes áreas: recepción de la materia prima, producción, residuos industriales líquidos en el caso de plantas de aceite y harina de pescado, y producto terminado. Dependerá de cada fuente regulada estimar sus emisiones para identificar soluciones en la reducción de olor”

Tabla 1: Límite de emisión de olor para fuentes emisoras existentes

Fuente emisora Límite de emisión (ouE/t) Porcentaje de reducción asociado

Plantas de harina y aceite de pescado TEO TOTAL medida año 1 x (1 - XT)

Plantas de alimentos para peces

ouE/t= Unidad de olor europea por unidad de tiempo

Tabla 2: Límite de emisión de olor para fuentes emisoras nuevas

Fuente emisora Límite de emisión en TEO (ouE/t)

Plantas de harina y aceite de pescado TEO TOTAL que permita cumplir un impacto odorante máximo menor o igual a 3 ouE/m3 P98

Plantas de alimentos para peces

La representante del MMA agrega que hay fuentes reguladas que ya han implementado acciones, “por lo tanto, esta normativa disminuirá la brecha tecnológica para la reducción de olores que hoy existe”

Asimismo, advierte que para la adecuada gestión de las emisiones odorantes las empresas deben considerar inversiones en la captación, recolección por sistema de ductos y tecnologías de abatimiento, como también adoptar las buenas prácticas operacionales que contempla la normativa.

En relación con esto, desde Ecolife, empresa que entrega soluciones para el control de olores industriales, señalan que las principales fuentes emisoras en las plantas reguladas por esta norma “son los cocedores y enfriadores que tiene sus ductos de ventilación al exterior, y en algunos casos, los menos, las plantas de tratamiento de riles”

Así lo plantea Alejandra Hernández, ingeniero civil químico y Key Account Manager de la compañía, quien sostiene que la exigencia regulatoria más difícil de cumplir para los regulados será “la reducción de la TEO en un 70% en cuatro años, ya que esto conlleva a cambios e implementación de tecnología u otro tipo de sistema que logre llegar a este porcentaje, para dar cumplimiento a las 5 OUE/m³ en los primeros 4 años, según indica la normativa”

Pensando en las soluciones técnicas a que pueden recurrir las empresas a asegurar una adecuada medición de sus emisiones odorantes, la especialista señala: “Hoy en día la tecnología permite medir de manera puntual las fuentes emisoras mediante olfatometría dinámica, y con esto proyectar la pluma de impacto odorante, que es la única forma de tener una medición real de olores. También se pueden medir los gases que generan los malos olores y tener una proyección de cuánto podrían afectar a la comunidad. Otra alternativa de medición es usar panelistas de campo para evaluar cómo se perciben los olores en los lugares aledaños a las instalaciones de las plantas”

Y con respecto a las opciones que podrían ayudar a cumplir con los límites establecidos en la nueva norma, Alejandra Hernández concluye que “las medidas de gestión más significativas son las buenas prácticas operacionales. Por otra parte, las tecnologías van a depender mucho de las condiciones de cada empresa; hoy la normativa no exige una u otra tecnología, solo sugiere opciones. Lo más importante es mantener una evaluación constante de las tecnologías disponibles, ya sea filtro UV, biofiltros, filtros de carbono o atomización de neutralizantes de olores”

Alejandra Hernández opina que lo más difícil de cumplir será “la reducción de la TEO en un 70% en cuatro años”.

Participación y diálogo en la tramitación ambiental

La evaluación ambiental consiste en un complejo proceso de comparación de una situación inicial de base con todos los efectos que, sobre el medio natural y humano, generará un proyecto. Es un proceso largo, multidisciplinario, especializado y basado en reglas. Además de todo lo dicho, debe incorporar la participación activa de la comunidad local. Muchas veces los proyectos no son buenas noticias para el entorno en el cual se desarrollarán. Reportarán efectos ambientales de distinto nivel de significación que generarán, en mayor o menor medida, una alteración al sistema de vida y costumbres de las personas, lo que puede causar conflictividad. Por ello, a lo menos que debe comprometerse un proyecto es a informar anticipada y cabalmente de sus obras y/o actividades, impactos y medidas a la comunidad. La estrategia participativa del equipo de comunidades de GAC apunta a instalar un sistema de diálogo y relacionamiento que permita consultar, proponer y gestionar en común asuntos relacionados con los proyectos. Esto no será un trámite fácil ni breve. Implica la realización de numerosas reuniones, con el apoyo de diversas técnicas y medios, para instalar un diálogo constante y regular, basado en la confianza y transparencia, con la perspectiva de aportar a mejorar el diseño de los proyectos, así como su impacto sobre el medio humano. Estos procesos son recomendaciones de la Guía de Participación Temprana en proyectos que se presentan al SEIA, publicada en noviembre de 2023.

La experiencia enseña que comunidades que comienzan a recibir información oportuna, por medio de un trato directo y respetuoso, con apoyo de medios adecuados, con rápida capacidad de respuesta, van generando climas de conversación que permiten alcanzar acuerdos e influir positivamente en el desarrollo de un proyecto. El secreto de cualquiera de las técnicas es la honestidad de la entrega y la permanencia en el tiempo. No hay que pasar rápido para cumplir, hay que saber quedarse y escuchar.

El sistema de diálogo que proponemos tiene un significado especial durante el proceso de evaluación ambiental, porque permite dar a conocer el proyecto en etapas tempranas, incorporar y resolver inquietudes y co-diseñar medidas y compromisos ambientales voluntarios. Pero el proceso no se acaba una vez obtenida la RCA, sino que debe extenderse durante toda la vida útil del proyecto, avanzando en los compromisos adquiridos con la comunidad y gestionando beneficios compartidos para el territorio y las personas donde se emplaza el proyecto.

PLANTACIONES ¿EFICIENTES?

Revisamos algunas medidas con que la industria forestal busca reducir su consumo de agua, así como los principales desafíos al respecto.

Resistidas y cuestionadas por algunos sectores de la sociedad, las plantaciones forestales se siguen dejando ver con su talante altivo, inconfundible, en la mayor parte de las regiones del sur de nuestro país.

Según antecedentes del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), al 2023 cubrían una superficie de 3.121.969 hectáreas, equivalentes al 17,37% del total de bosques del territorio nacional.

De esa superficie, la mayor proporción corresponde a pino radiata y en segundo lugar a distintos tipos del género eucalipto. Dentro de las otras especies plantadas destacan atriplex, tamarugo y pino oregón. Todas ellas se localizan, principalmente, entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos.

¿AFECTAN LOS CAUDALES?

El desarrollo de las plantaciones ¿genera más beneficios o perjuicios en el entorno natural y humano? Un estudio reciente del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) concluyó que los monocultivos forestales en Chile producen una serie de impactos negativos. Por ejemplo, el informe del CR2 indica que diversos análisis demuestran que estos ecosistemas boscosos tienen una mayor evapotranspiración que los bosques nativos, lo que afecta negativamente los caudales de las cuencas en donde se localizan. “Esto ocurre, principalmente, por la gran densidad en que son plantados, teniendo un impacto directo sobre la población que denuncia la escasez hídrica. Este es

un aspecto especialmente crítico en la relación de las plantaciones con las comunidades mapuches”, revela el documento.

Agrega que un estudio realizado en el último tiempo analizó 25 cuencas forestales de más de 20.000 hectáreas cada una en la zona centro-sur de Chile “y estimó un descenso del 18% del caudal anual (adicional al efecto de la sequía), a nivel de cuenca, al incrementar en un 50% el área de cobertura de plantaciones. En tanto, otros modelos ecológicos que consideran un escenario de cambio climático proyectan que el aumento de la forestación con pino radiata intensificará el descenso de la provisión de agua en el futuro en la región mediterránea de Chile”

Al respecto, Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales (CIF) de Chile, señala que “se escuchan muchas afirmaciones que buscan establecer verdades generales basadas en estudios particulares. En general, se comparan las variaciones de caudales entre coberturas vegetales de bosque nativo y coberturas de plantaciones comerciales, concluyéndose que en estas últimas se presentan reducciones en los caudales en épocas estivales. Sin embargo, otros estudios, haciendo las mismas comparaciones en un mayor número de cuencas (no solo de cuencas pareadas), no arroja las mismas conclusiones”

A su juicio, se debe seguir investigando, “pero también hay que cuantificar el impacto de las plantaciones comparándolas con suelos desprovistos de vegetación. Por lo tanto, el aporte de estos cultivos a la protección del suelo, mediante la reducción de la escorrentía superficial, también debe ser mostrada y cuantificada. Lamentablemente, quienes insisten en comparar el desempe-

ño entre bosque nativo y plantaciones omiten de sus estudios estas otras necesarias comparaciones. Toda cobertura vegetal genera un impacto positivo en la retención de agua respecto a una superficie desprovista de vegetación, especialmente en suelos con pendientes moderadas a severas”

EVALUACIÓN POSITIVA

Evaluando el uso que actualmente se le da al recurso hídrico en la industria forestal, Marianne Hermanns, vicepresidenta de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), en las regiones de Biobío y Ñuble, parte aclarando que “las plantaciones no se riegan ni utilizan agua de las napas, lo que limita la cantidad total de agua disponible para fijar carbono de la atmósfera y transformarlo en la materia prima renovable que es la madera”

Luego especifica que, hasta ahora, las especies que más carbono pueden fijar por litro de agua utilizada son el pino radiata, eucalyptus globulus y eucalyptus nitens, que fijan hasta cuatro veces más carbono por litro de agua en comparación con vegetaciones nativas de referencia.

“Hoy en día, incluso, se está hablando de hacer edición genética para aumentar la eficiencia en el uso del agua por parte de las especies para la producción de madera. Además, como las cuencas son sistemas biofísicos complejos, se monitorea permanentemente un conjunto de cuencas para obtener datos que permitan entender mejor la eficiencia en el uso del agua y cómo este factor puede afectar a los ecosistemas y las comunidades vecinas”, asegura la ejecutiva gremial.

“Las plantaciones no se riegan ni utilizan agua de las napas”, aclara Marianne Hermanns de Corma.

Las especies que más carbono pueden fijar por litro de agua utilizada son el pino radiata, eucalyptus globulus y eucalyptus nitens.

Gentileza Corma
Gentileza
Corma

Torres también tiene una mirada positiva en este ámbito: “En las plantaciones se realizan esfuerzos permanentes por reducir el consumo hídrico. Incluso, existen investigaciones para identificar genotipos con mayor eficiencia hídrica, es decir, que produzcan la misma cantidad de madera con menor consumo de agua. Otros estudios buscan identificar genotipos de individuos que sobrevivan en condiciones más restrictivas en materia de disponibilidad de agua”.

USO INDUSTRIAL

¿Qué ocurre en las plantas de procesamiento forestal? Como punto de partida, el especialista del CIF deja en claro que la producción de celulosa, por ejemplo, es intensiva en el uso de agua en todo su proceso. Sin embargo, las plantas del rubro han logrado reducir el empleo del recurso desde 240 metros cúbicos por tonelada de celulosa producida, en la década de los años sesenta, a cerca de 40 metros cúbicos en la actualidad. “En esta industria existe preocupación por reducir el consumo como parte de sus políticas ambientales. De hecho, hay un compromiso de las empresas de reducir en 25% del uso industrial de agua por tonelada producida al año 2025, tomando como línea base el consumo en el 2018”, destaca.

Para Hermanns, el diagnóstico sobre la utilización del recurso hídrico en las faenas productivas es igual de positivo. “Si bien las plantas de celulosa y de paneles, los aserraderos y otras instalaciones lo necesitan en sus procesos productivos, el agua se ocupa de manera eficiente, responsable y sustentable”, asegura.

MEJOR GESTIÓN

Sobre los desafíos que debe sortear el sector forestal para hacer un mejor uso de los recursos hídricos, la representante de Corma se focaliza en tres aspectos. Primero, en el uso ajustado y acotado a los derechos de agua correspondientes a cada instalación, “siempre minimizando la captación de agua desde los ríos y, además, velando por asegurar, en todo momento, las condiciones ambientales de las cuencas, especialmente en lo que a caudales ecológicos se refiere”, expresa.

También aboga por una mayor recirculación de agua en los procesos, una

“Hay que identificar genotipos más eficientes en la producción de biomasa con menor consumo de agua”, plantea Julio Torres.

reducción en su consumo y una minimización en la generación de efluentes, con un manejo eficiente y adecuado de los mismos. “En resumen, la gestión hídrica de la industria forestal parte en el bosque y se extiende hasta el producto final”, subraya. Resalta, asimismo, los múltiples proyectos en desarrollo que apuntan a aumentar la eficiencia en el uso del vital elemento, tanto reutilizando el agua de los efluentes como minimizando su generación. “La visión de futuro en muchas plantas es lograr tener circuitos cerrados, pero esto debe considerarse en el marco del uso de energía y otros insumos para asegurar la minimización de la huella ecológica total y no solo de la hídrica”, acota Hermanns.

Julio Torres, en tanto, manifiesta que el rubro, por las restricciones hídricas que enfrenta debido a la sequía, “debe avanzar en mayores niveles de eficiencia en el uso del agua en toda la cadena de transformación de la madera. Y en el caso de las plantaciones forestales, dado que no se riegan y ocupan el agua proveniente de las precipitaciones, hay que seguir avanzando en investigaciones para identificar genotipos más eficientes en la producción de biomasa con menor consumo del recurso. Además, se deben evaluar modelos silvícolas que apunten también a menores consumos sin sacrificar la productividad por hectárea”

Todo el proceso de producción de celulosa es intensivo en el uso de agua.
Gentileza Corma
Gentileza Corma

Esta visión sistémica e integral del agua permite enfrentar problemas complejos y avanzar hacia su gestión sostenible.

Natalia Julio Investigadora postdoctoral CRHIAM

Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería

El concepto de desarrollo sostenible es aquel que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades (WCED, 1987). Desde su creación, este concepto ha enfrentado numerosos desafíos y problemas complejos, también llamados “problemas perversos” (Rittel y Weber, 1973), que se caracterizan por ser únicos, sin descripciones definitivas ni soluciones claras, y sin un criterio establecido para asegurar que todas sus soluciones posibles han sido contempladas (Monkelbaan, 2019).

La gestión eficiente del agua se enfrenta a la complejidad de los desafíos relacionados con la sustentabilidad, buscando la integración de todos los sectores relacionados, y valorando los ecosistemas acuáticos como

elemento primordial (GWP, 2016). Tomando esto en cuenta, podríamos entonces considerar una visión jerárquica de la sustentabilidad, donde las economías sólo pueden prosperar si se encuentran dentro de un sistema social con instituciones y estructuras de gobierno sólidas y eficientes, mientras que las sociedades dependen a su vez de los ecosistemas como soporte vital (Fischer et al., 2007).

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Desde la perspectiva científica y política, la relación entre los sistemas acuáticos y las sociedades humanas se ha analizado a través del concep-

to de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que los ecosistemas proporcionan para el bienestar de la humanidad (Costanza et al., 1997). Sin embargo, encontrar un equilibrio en la priorización sobre conservar un servicio ecosistémico sobre otro, implica una difícil tarea para los tomadores de decisiones. Esto se relaciona con el concepto de trade-off, el que ocurre cuando la provisión de un servicio disminuye como consecuencia de un mayor uso de otro (Rodríguez et al., 2006).

Una forma de disminuir los trade-off es avanzar hacia un cambio de paradigma en la gestión y gobernanza del agua. Tradicionalmente, ésta se ha abordado mediante mecanismos de comando y control basados en una dinámica de coerción-sanción para asegurar el cumplimiento de la ley y cambiar los comportamientos ambientales (Pacheco-Vega, 2020). De esta forma, podría esperarse que las soluciones sean directas y aplicables a diversas escalas espaciales y temporales. Sin embargo, este enfoque podría considerarse reduccionista a la hora de enfrentarse a problemas complejos que no son bien definidos y son altamente interdependientes de otros (Holling y Meffe, 1996). Como alternativa, en las últimas décadas se ha promovido un cambio hacia una gestión más integrada y basada en el pensamiento sistémico, que considera la relación entre todos los componentes de los socio-ecosistemas o sistemas socio-ecológicos.

GESTIÓN SOSTENIBLE

El pensamiento sistémico destaca por su enfoque en la interconectividad, la retroalimentación, la capacidad de adaptación y la resiliencia (Bierbaum y Cowie, 2018). En este sentido, la gobernanza adaptativa se presenta como un sistema legal e institucional basado en la coordinación social a través de redes que conectan de forma coherente los niveles nacionales, regionales y locales (Folke et al., 2005). Una gobernanza adaptativa se centra en preservar la habilidad de los sistemas ecológicos para sostener los sistemas sociales y económicos, lo que requiere un entendimiento profundo de las retroalimentaciones, dinámicas e interacciones entre estos ellos (Berkes et al., 2003). Conocer estos aspectos podría facilitar, por ende, la identificación eficaz de los trade-offs durante el proceso de toma de decisiones. En conclusión, la sustentabilidad requiere un pensamiento holístico basado en un sistema de gobernanza que integre todos los aspectos de los sistemas humanos y naturales, permitiendo así una gestión más efectiva de los trade-offs y fomentando un equilibrio entre el uso y conservación de los recursos naturales para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Cabe indicar que el desarrollo de este artículo se basó en la Serie Comunicacional CRHIAM “Convergencia entre la seguridad hídrica y la sustentabilidad en la gestión y gobernanza del agua”, de los autores Natalia Julio, Ricardo Figueroa, Octavio Lagos y Paula Candia.

Una gobernanza adaptativa se centra en preservar los sistemas ecológicos para sostener los sistemas sociales y económicos.

EFICIENCIA GRAVITACIONAL

Sepa cómo desarrollar un sistema de transporte gravitacional de agua seguro y que aproveche al máximo el recurso hídrico.

Tomás Olivares V.

Chile tiene una geografía privilegiada en cuanto a montañas se refiere. Esta particularidad de nuestro territorio nos entrega grandes ventajas, a la vez que nos plantea desafíos en el transporte de agua de un lugar a otro.

Una forma muy utilizada es hacerlo de manera gravitacional, desde un punto alto, como un cerro, hasta una localidad o faena en un nivel más bajo. Este tipo de solución es simple, pero tiene complejidades que debemos estudiar pues un mal diseño redundará en pérdidas en el sistema.

Jefe de Ingeniería y Desarrollo en BFS Chile

Si consideramos además que como país estamos en una situación

de estrés hídrico, se hace relevante pensar y trabajar para minimizar las pérdidas de agua y llevar al máximo el caudal de estas estructuras para un aprovechamiento eficiente.

PRESURIZADO Y SEGURO

Al conceptualizar el transporte de agua de manera gravitacional, la primera gran decisión es si el sistema será despresurizado o presurizado. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Aquí nos

centraremos únicamente en la segunda alternativa.

Ante grandes diferencias de altura, como ocurre en el territorio chileno, las presiones del sistema de agua pueden aumentar de modo considerable, por lo que se deben regular mediante estaciones reductoras en serie, para construir un sistema seguro y sin roturas, tanto en régimen dinámico como estático. Dichas estaciones pueden estar compuestas de una sola válvula reductora del tipo proporcional, o ser sistemas completos prearmados con conexionado rápido para la instalación móvil de las mismas, e incluyen tanto sus equipos de corte, como válvulas de venteo y alivio de presión.

Sin embargo, la sola regulación de presión no es suficiente para desarrollar un sistema eficiente. También es necesario gestionar adecuadamente el aire para no generar pérdidas de energía que disminuyan el caudal máximo a transportar. El aire al ser liberado puede ir quedando atrapado en diferentes puntos de la tubería, lo que produce pérdidas locales que pueden ser pequeñas o muy significativas. Al no existir una fuente de energía distinta a la diferencia de altura, todas aquellas singularidades no consideradas en el sistema disminuirán el caudal transportado.

Es crucial tener un diseño correcto en cuanto a válvulas de venteo, tanto en el tipo, como en ubicación, tamaño y capacidades. El uso de válvulas trifuncionales o combinadas, que son capaces de eliminar el aire durante los procesos de llenado, vaciado y durante la operación presurizada, es fundamental para operar en estas tres condiciones. Un diseño inadecuado no logrará mitigar pérdidas a lo largo de la línea y puede causar otros problemas, como fugas de agua en el punto de instalación del equipo.

Equipos diseñados para agua muy limpia pueden tener problemas si se someten a fluidos con sólidos suspendidos y, al taponearse, perder su efectividad sacando el aire y goteando por el mal cierre de los flotadores. Por ello, la elección de las tecnologías más adecuadas debe considerar, entre otras variables, el tipo de uso, los materiales, las capacidades operativas con fluidos con sólidos suspendidos, el lugar de ubicación y el tipo de operación. Adicionalmente, como medida de seguridad, es posible utilizar válvulas de control que actúan ante roturas de tuberías en el sistema. Estos equipos se cierran cuando existen rupturas en la línea, ya que detectan un aumento inusual del caudal por sobre el normal de operación. Esto permite sectorizar grandes líneas gravitacionales y minimizar las posibles pérdidas de agua ante un evento de rotura.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los equipos también es un factor importante. Todo dispositivo mecánico es propenso a fallas, por lo que se debe revisar periódicamente. La frecuencia de ejecución de esta tarea dependerá del tipo de aplicación. La falta de mantención puede causar problemas como pérdidas de agua (roturas o mal cierre de los equipos), reducción de eficiencia en la operación o fallas totales. Por ejemplo, si las válvulas de aire no funcionan como corresponde, se podrían producir disminuciones del caudal transportado.

Es relevante entonces que, si se busca hacer un uso eficiente y sustentable del recurso hídrico, las empresas consideren todas estas variables a la hora de elegir un equipo.

Todas las tecnologías antes mencionadas permiten una gestión del agua óptima, segura y que maximiza su aprovechamiento, independiente de la industria en la cual se implementen. En BFS llevamos más de 25 años asesorando, capacitando y entregando tecnologías de control de flujo que han evolucionado con la industria chilena, y han permitido complementar y mejorar el diseño y funcionamiento de muchos proyectos que han beneficiado a numerosas empresas y comunidades.

Incendios forestales: ¿podremos anticiparnos?

ara nuestro país el año 2024, al igual que el 2023, ha sido benéfico en términos de precipitaciones o, al menos, así lo hemos percibido. Según el informe de pluviometría del mes de julio de la Dirección General de Aguas (DGA), a nivel nacional tenemos un déficit de precipitaciones respecto del promedio acumulado entre los años 1990-2021.

Pero, al revisar en detalle los datos podemos ver que existen situaciones muy dispares entre regiones. Es un hecho que nos debería alertar sobre los posibles riesgos que acechan a estos territorios, pues, como lo hemos recalcado una y otra vez, Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Es más, si al informe de la DGA le sumamos el reciente documento publicado por la Agencia Internacional de Energía (IAE), nos podemos dar cuenta de la realidad. Este reporte indica que el país ha mostrado una preocupante aceleración en el incremento de la temperatura media anual, teniendo en las últimas décadas un aumento de 0,18°C por década.

Con esta información en la mente, cabe preguntarnos ¿qué pasará el próximo verano? En algunas regiones de Chile tuvimos un segundo invierno, con intensas lluvias y acumulación de nieve, lo que garantiza el abastecimiento de este vital elemento para la población humana. Esto también contribuye significativamente a que exista una mayor germinación y crecimiento vegetal, lo que finalmente terminará transformándose en material seco y combustible para el verano.

Por lo tanto, el aumento de las precipitaciones, que ha resultado en el crecimiento vegetal, más el constante aumento de las temperaturas, debería ser -ahora- una preocupación para todos los chilenos, en especial para nuestras autoridades. Lo anterior, sobre todo, en el marco del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales (18 de agosto), el cual nos invita a reflexionar en torno a estas importantes acciones.

Evidentemente, no sabemos si tendremos muchos o pocos incendios forestales. Pero sin lugar a dudas, al igual que todos los veranos, tendremos que enfrentar este tipo de episodios. Ahora, lo que resulta desolador y preocupante es que después de la Tormenta de Fuego del verano de 2017, cuando se quemaron más de 400.000 ha de vegetación y donde hubo alrededor de 600 incendios simultáneos, la capacidad de la institucionalidad pública no ha sido reforzada.

De hecho, más desolador resulta lo ocurrido en el verano de 2024 en la región de Valparaíso. En ese evento fallecieron 137 personas y hubo una notoria descoordinación en las alertas emitidas desde los servicios públicos a la población. Entonces, debemos preguntarnos ¿qué tipo de coordinación falló entre Senapred y Conaf? ¿Estas deficiencias están subsanadas a nivel regional y nacional?

Sabemos que hace años existen proyectos de ley en el parlamento que deberían abordar este tema, y que -lamentablemente- otra vez no verán la luz antes de la próxima temporada de incendios. Por eso, esperamos que al menos las autoridades se hayan preocupado de mejorar los sistemas de coordinación y alerta entre instituciones como Conaf, Bomberos y Senapred para que lo ocurrido el 2017 o el 2024 en la región de Valparaíso no se repita.

VALORIZACIÓN SOSTENIBLE

El uso de residuos para producir combustibles alternativos, la valorización de aerosoles y los proyectos de reciclaje de paneles solares son algunos aportes de Hidronor a la sostenibilidad.

Según datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), cada año en Chile se generan más de 20 millones de toneladas de residuos. En 2020, un 80% de ese total fue dispuesto en depósitos de seguridad, rellenos sanitarios o vertederos, mientras que solo el 20% de los residuos declarados tuvieron como destino la valorización. Esta última cifra llama la atención ya que hoy existen múltiples alternativas para dar una segunda vida útil a gran parte de los residuos que actualmente son considerados “basura”, aumentando los niveles de contaminación en métricas alarmantes. Por ello, es primordial que más industrias puedan incorporar el concepto de valorización y economía circular en sus procesos, acudiendo a empresas especializadas que apoyen sus objetivos.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

En el contexto descrito, una opción destacada es la producción de combustibles alternativos que se pueden obtener a partir de residuos con poder calorífico provenientes de distintas industrias como la farmacéutica, química, alimentaria y de bienes de consumo, entre otras. Esta práctica no solo permite valorizar ciertos residuos y reducir la cantidad que se envía a sitios de disposición final, sino que además permite obtener un insumo energético que otras industrias aprovechan para reemplazar combustibles fósiles, con lo cual disminuyen su huella de carbono, contribuyendo a mitigar el cambio climático.

Así lo resaltan en Hidronor Chile, empresa especialista en la gestión de residuos industriales con vasta experiencia en la producción de combustibles alternativos líquidos (CAL) y sólidos (CAS).

Valentina Capelli, Subgerente de Desarrollo de Negocios de la compañía, explica que el proceso para generar CAL se inicia con la recepción de los residuos para luego seleccionar aquellos que cuentan con un poder calorífico en torno a las 7 mil kilocalorías por kilogramo. “Estos residuos se analizan en nuestros laboratorios para medir parámetros críticos, como el contenido de metales y la presencia de algunos compuestos que son regulados por los destinatarios. Luego de eso, realizamos una fórmula para combinar adecuadamente todos estos residuos que pueden incluir aceites lubricantes, solventes, restos de pintura, alcoholes, entre otros, para elaborar un combustible alternativo”, detalla.

En el caso de los CAS, en tanto, la materia prima corresponde a residuos sólidos como textiles, madera, plástico, entre otros, los cuales se trituran hasta un tamaño específico solicitado por el consumidor final. Esto se utiliza en hornos cementeros como combustible alternativo que sustituye a los fósiles, reduciendo así la huella de carbono y las emisiones al medio ambiente.

LEY REP Y AEROSOLES

La producción de combustibles alternativos líquidos que realiza Hidronor permite valorizar aceites lubricantes usados, que es uno de los seis productos priorizados por la Ley 20.920 que fomenta el reciclaje y establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), aportando así a la implementación exitosa de esta importante norma.

En relación a esto, Valentina Capelli asegura que Chile tiene las condiciones necesarias para cumplir con las exigencias de la Ley REP, “pues ya existe una capacidad instalada que permitiría reciclar el 99,9% de los aceites lubricantes usados que se generan en el país, y se estima que con algunos proyectos que se están desarrollando, en los próximos 3 años en Chile se podría llegar a valorizar hasta el 136% o cerca del 140% de los aceites lubricantes usados”

Otra solución con la que Hidronor está ayudando a gestionar residuos priorizados en la Ley REP es la valorización del aluminio proveniente de envases de aerosoles a través de un innovador proceso. “Gracias a nuestra experiencia logramos desclasificar estos envases de ‘residuos peligrosos’ a ‘no peligrosos’, lo que nos permite enviarlos a cualquier destinatario autorizado en revalorización de residuos metálicos no peligrosos, facilitando así la reintegración de este producto al proceso productivo”, explica Valentina Capelli.

Desde la compañía destacan que esta solución adquiere mayor relevancia considerando el constante aumento en la producción y consumo de envases de aerosoles en Chile, los cuales tras terminar su vida útil quedan clasificados como “residuos peligrosos”. Según datos de la Federación Latinoamericana del Aerosol, en 2022 nuestro país produjo 15 millones de unidades y el consumo de estos productos superó los 91 millones.

La empresa dispone de amplia capacidad humana y técnica, además de cobertura nacional, para valorizar diversos residuos.

Hidronor cuenta con laboratorios donde se analizan los residuos usados para producir combustibles alternativos líquidos y sólidos.

PANELES SOLARES

Otra opción que está tomando vuelo en el mercado es la valorización de residuos de paneles solares. Dado el auge y crecimiento de la industria de las Energías Renovales No Convencionales, se estima que a 2030 habrá entre 10 y 30 mil toneladas de paneles desechados, cifra que diez años más tarde estaría entre 120 y 140 mil toneladas, mientras que al 2050 superaría las 300 mil toneladas. En vista de lo anterior, se hace necesario tomar cartas en el asunto para fomentar su reciclaje y evitar que esta creciente cantidad de residuos termine en sitios de disposición final. Al respecto, en Hidronor destacan que se encuentran avanzando en un proyecto para llegar a reciclar hasta el 77% de los residuos generados por la acumulación de paneles solares o destinar a confinamiento menos del 30% de éstos, contribuyendo a la economía circular en el país y a las políticas de sostenibilidad ambiental de las empresas.

“Un 20% del panel está compuesto por estructuras de aluminio que pueden valorizarse. A esto se suma que entre un 60% y 70% está compuesto por vidrio que puede reutilizarse como insumo en la construcción o para la elaboración de vidrio reciclado; y el otro 10% está constituido por la celda fotovoltaica, lo que, a través de procesos de pirometalurgia o hidrometalurgia, nos permite recuperar metales valiosos”, acota Valentina Capelli.

Los ejemplos descritos muestran cómo la valorización de algunos residuos peligrosos, desarrollada por empresas especializadas como Hidronor, puede ayudar a reducir la cantidad de residuos que generan diversas industrias y a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo a avanzar hacia un desarrollo más sustentable.

¿QUÉ PASA CON LOS RILES?

La gestión adecuada de los residuos líquidos industriales (riles) y el control estricto de sus descargas son tareas fundamentales para cuidar la calidad de las aguas y proteger a las personas y el medio ambiente, más aún en los tiempos actuales marcados por la escasez hídrica.

Se trata de un ejercicio que a diario realizan numerosas empresas en nuestro país y que las au-

toridades siguen de cerca para evitar infracciones al marco regulatorio, cuyas principales normas, como son los Decretos Supremos 90 y 46, hoy están en proceso de revisión.

¿Cuál es el nivel de cumplimiento actual de los sujetos regulados?, ¿qué cambios y nuevas exigencias traería la actualización normativa?, ¿qué mejoras en el monitoreo, análisis y tratamiento de estos

INVITADOS

VERÓNICA GONZÁLEZ

Jefa de la Sección de Recursos Hídricos, en la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente

PAOLO GARCÉS

Gerente Comercial de Ecoriles

residuos se están aplicando?, ¿qué opciones y desafíos existen para optimizar el control de los riles?

Eso y más es parte de lo que responden y analizan cinco especialistas en nuestro habitual foro desayuno. Cabe señalar que también invitamos a participar en esta instancia al Ministerio del Medio Ambiente, pero lamentablemente decidieron no asistir.

BELÉN RUZ

Jefa de Sustentabilidad en la Asociación Gremial Vinos de Chile

RODRIGO PARRA

Gerente Comercial del Laboratorio AGQ

CARLOS GAJARDO

Gerente de Asuntos Ambientales de la SONAMI

InduAmbiente: Para tener un panorama general sobre la gestión de residuos líquidos industriales (riles), quisiéramos iniciar esta conversación preguntándole a Verónica (González) ¿cuál es el nivel de cumplimiento hoy de las principales normas que regulan esta materia: el Decreto Supremo 90, referido a las descargas a cursos y cuerpos de agua superficiales, y el Decreto Supremo 46, que controla la infiltración a aguas subterráneas?

González: La fiscalización de estas normas de emisión implica un universo muy grande de controlados: actualmente son del orden de 750 unidades fiscalizables o establecimientos industriales que deben cumplir mensualmente con una cierta calidad en sus descargas establecida en las normas, lo cual implica que deben hacer mediciones y reportar sus resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otras obligaciones. Se han desarrollado distintas herramientas informáticas para ayudar a este control, porque es muchísima la información y se debe evaluar de manera oportuna. Además,

disponemos de información abierta a través de nuestro sitio web, donde se publican los datos reportados mensualmente por los titulares.

En cuanto al cumplimiento de las normas de emisión, hoy se evalúan seis o siete aspectos que incluyen temas técnicos y administrativos, respecto de los cuales a nivel nacional tenemos un promedio de 60% de cumplimiento. Ahora, si nos enfocamos solo en la calidad de las descargas de residuos líquidos tenemos, al menos, un 90% de cumplimiento mensual general en cuanto a los límites normativos. Es decir, es un porcentaje alto de cumplimiento, pero hay que tener también en cuenta que es tan amplio el universo de fiscalizados que el porcentaje “menor” de incumplimiento sigue siendo un número importante de fuentes que deben ir tomando medidas rápidas y permanentes para mantener las calidades en los riles exigidas en las normas de emisión.

InduAmbiente: ¿Y ese comportamiento ha ido mejorando o se ha mantenido en los últimos años?

González: En general, el cumplimiento de los límites normativos ha sido algo que se

Los invitados valoraron los avances en el control de los residuos industriales líquidos y plantearon desafíos para seguir mejorando.

mantiene en porcentaje. Ahora, en la parte administrativa, que se refiere a la entrega de información y a la forma de reportar, hemos tenido un avance grande en los últimos años. Teníamos muchas infracciones, por ejemplo, por no cumplir con la frecuencia de las muestras a reportar o con el plazo que correspondía, y eso se ha ido corrigiendo.

InduAmbiente: ¿Cuántas empresas reportan mensualmente?

González: De las 750 unidades fiscalizables que aproximadamente controlamos, estamos recibiendo mensualmente cerca de 700 reportes. Ahora, cuando hablamos de ductos o descargas, los puntos de control son cerca de 850. Entonces, hay un nivel alto de cumplimiento. Siempre tratamos de ir mejorando y realizando acciones para que la información que nos llegue sea de mejor calidad, ya que eso nos permite efectuar informes de fiscalización y evaluaciones de cumplimiento mucho mejores.

InduAmbiente: ¿Los incumplimientos de los límites de emisión se concentran en algunos rubros y parámetros en particular?

González: Sí, se da más en algunos rubros, pero eso ocurre porque las unidades fiscalizables también se concentran en ciertos sectores: la gran mayoría de las fuentes que deben cumplir estas normas corresponde al rubro de pesca y acuicultura, seguido por la agroindustria. Por lo tanto, cuando se presentan incumplimientos se observan más en estos rubros y en parámetros orgánicos que son los más críticos asociados a estos sectores como la materia orgánica, coliformes fecales, etc.

InduAmbiente: Carlos (Gajardo), ¿las empresas mineras han encontrado dificultades para cumplir con las normas de riles?

Gajardo: Como en todo rubro, puede que haya empresas a las que les cuesta cumplir más que a otras, pero yo diría que no tenemos ningún inconveniente especial que nos impida o haga más dificultoso responder a estas regulaciones y entregar la información que requiere la autoridad. Además, las empresas mineras han ido disminuyendo sus descargas. Ha habido toda una modernización en la forma de operar.

Garcés: ¿Esa disminución de las descargas se ha dado por mejoras en las plantas productivas o han mejorado la calidad del efluente para reutilizarlo en otros procesos?

Gajardo: Se han hecho las inversiones correspondientes a cada caso, ya que tenemos una gran variedad de faenas, partiendo por su tamaño: grandes, medianas, pequeñas.

InduAmbiente: Belén (Ruz), en el caso de Vinos de Chile tienen otras problemáticas, como el hecho de que los riles son estacionarios. ¿Cómo han abordado este tema?

Ruz: En nuestro caso, efectivamente, los problemas se dan en la época de la vendimia porque hay plantas muy antiguas en algunos casos y, a veces, puede ser que su capacidad para tratar riles no sirva para ese momento. Además, puede que en un año la vendimia sea muy alta y en otro sea muy baja, entonces hay que ir manejando las distintas descargas.

Nuestro principal problema es la materia orgánica, mantener la DBO5, pero las viñas han invertido harto, sobre todo, antes de la descarga de riles, por ejemplo, en el ahorro de agua en las operaciones para evitar ese problema en la vendimia.

También tenemos otra salvedad: la mayoría de las viñas trata los riles para después aplicarlos como agua de riego, vale decir, hay una reutilización de esos residuos. Muy pocas empresas descargan en aguas superficiales porque tenemos esa posibilidad de incorporarla al mismo viñedo o en otras áreas como los jardines.

Yo diría que la dificultad más grande que se nos ha presentado es el costo que deben asumir las empresas para transformar sus plantas de riles cuando su capacidad ya no da para el volumen que se produce. Esos cambios, muchas veces, implican millones de pesos e involucran una serie de aspectos técnicos y legales que las empresas tienen que atender para seguir funcionando.

InduAmbiente: ¿Qué tipo de tecnología utilizan mayormente?

Ruz: Muchas empresas están migrando a sistemas MBR.

Garcés: Como Ecoriles hemos entrado fuerte en los últimos dos años al sector de las viñas y, tal como dice Belén (Ruz), el problema es remover la materia orgánica para cumplir con las exigencias en DQO y DBO5, y la tecnología para hacer ese tratamiento hoy es de alto costo. Además, según dicen nuestros clientes, el negocio del vino ha bajado mucho...

Ruz: Así es. El año pasado fue el peor en 25 años…

“La mayoría de las viñas trata los riles para después aplicarlos como agua de riego, vale decir, hay una reutilización de esos residuos”.
Belén Ruz

Garcés: …Y para tratar los riles en las viñas más grandes estamos hablando de inversiones de uno o dos millones de dólares. Entonces, nos preguntamos cómo las autoridades podrían apoyar a los privados para afrontar este tema. Sabemos que la responsabilidad del tratamiento de los riles es del industrial, pero como país tenemos que apoyarnos para avanzar en el tema medioambiental. Quizás se podría formar una mesa de trabajo públicoprivada, porque hoy no existe ningún subsidio para abordar inversiones de esa envergadura.

González: No que yo sepa. Lamentablemente, no hay acá algún representante del Ministerio que pueda hablar de las políticas públicas al respecto o de los criterios que están aplicando para la revisión de la normativa, porque en estos procesos la autoridad tiene que sopesar la realidad social, técnica, económica y ambiental.

Por otra parte, quisiera agregar que trabajo hace 15 años en el área de residuos líquidos y he visto que el nivel de desempeño de las empresas en relación a las normas de emisión ha ido mejorando: cada vez se incorpora más tecnología para reducir el consumo de agua o para mejorar la calidad en los tratamientos para

poder reutilizarla en los procesos. Todo esto en concordancia con la realidad país y mundial, en que la escasez hídrica es una amenaza creciente y tenemos que cuidar cada gota.

RCA Y MUESTREO

InduAmbiente: Rodrigo (Parra), como representante de un laboratorio especializado en el análisis de aguas y riles, ¿qué desafíos encuentran en su trabajo diario?

Parra: Primero, me gustaría decir que, con el paso del tiempo, las tecnologías van mejorando y muchas veces van apareciendo opciones más efectivas y más baratas. Entonces, debiera existir cierta flexibilidad en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de los proyectos para que las empresas puedan aprovechar esas mejoras, ya que muchas veces no pueden hacerlo porque están sujetas a una cierta forma de hacer las cosas establecida en su RCA y les impide hacer ese cambio. En ese sentido, hay un espacio de mejora que podría ayudar porque muchas veces las tecnologías avanzan más rápido que los proyectos o que sus procesos de evaluación.

González: De acuerdo, porque las RCA son bien rígidas, lo que en cierto sentido está bien porque necesitamos tener un marco conocido para que las empresas ejecuten sus proyectos, pero por otra parte nos topamos con esa dificultad técnica. Hay un desafío en cómo hacer más flexible una resolución de calificación ambiental en ciertos aspectos.

InduAmbiente: ¿Y los análisis de laboratorio también han ido evolucionando en esta área?

Parra: Los laboratorios cumplen hoy un rol como entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFA), lo que vino de la mano con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Nuestro trabajo, desde que comenzaron a regir estas normas que partieron en el año 2001 con el Decreto 90, siempre ha estado sujeto a los métodos que indican las regulaciones y eso no ha tenido muchas variaciones. En ese sentido, los laboratorios siguen funcionando con métodos bastante clásicos desde el punto de vista químico y ahí tienen ciertas limitantes, pero ocurre algo similar a lo que planteaba sobre la tecnología: hoy existen métodos nuevos, mucho más automatizados, que podrían ayudar a entregar resultados mucho más rápido para cumplir con los plazos

de entrega que se exige a los titulares y así descomprimir el sistema, pero en las revisiones normativas que se han hecho al parecer no se ha analizado ese aspecto tecnológico, que no tiene que ver muchas veces solo con aspectos de rapidez, sino también de calidad del resultado.

InduAmbiente: ¿Y qué ocurre con la calidad de las muestras? Hace un tiempo, la SISS hizo una auditoría a las empresas sanitarias y a las empresas afectas al Decreto Supremo 609 y había un bajo cumplimiento de la norma técnica sobre muestreo en aguas residuales.

Parra: Dentro de las labores del laboratorio, un componente importante es la toma de muestras o monitoreo. Esa tarea también debe estar autorizada en su calidad de ETFA y para eso los laboratorios deben tener un sistema de calidad sujeto a la norma 17.025. En lo que respecta al muestreo en particular se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con el tipo de envase, la temperatura de almacenamiento y con la adecuada cadena de custodia de las muestras. Yo creo que, en general, los laboratorios están cumpliendo con eso.

“Las empresas mineras han ido disminuyendo sus descargas de riles. Ha habido toda una modernización en la forma de operar”.
Carlos Gajardo

Por ejemplo, una de las mejoras que nosotros estamos tratando de concretar este año busca digitalizar toda la información que se genera en el monitoreo en terreno y que a veces se escribe a mano, para lo cual estamos creando una plataforma en la que pretendemos reunir toda la información crítica para luego generar los informes correspondientes. Eso va a ayudar a evitar errores en el traspaso de los datos y también en la rapidez con que se pueda obtener esa información.

González: Para complementar lo señalado, quisiera comentar que el Decreto Supremo 90 y las normas de emisión contienen la metodología de ensayo y los métodos de muestreo que se deberían aplicar para el control de estas normativas. Ahora, para modificar una norma de emisión se debe pasar hasta por el Congreso, por eso es que durante todos estos años las metodologías de ensayo aplicadas se han mantenido, pese a que se han generado nuevas metodologías que pudiesen ser mejores o más rápidas. Entonces, el sistema se vuelve poco flexible. Sin embargo, en la revisión que ahora se está haciendo del Decreto 90 se pretende que los aspectos técnicos que son di-

La revisión del Decreto Supremo 90 que regula las descargas de riles a aguas superficiales está en su última fase.

námicos, como las metodologías de muestreo y análisis, queden fuera del cuerpo normativo para que se puedan modificar y mejorar con mayor facilidad. Incluso, quizás se podría establecer que no exista solo una metodología, sino que pudiese haber alternativas para levantar el dato de ciertos parámetros.

Garcés: Con respecto al monitoreo, ¿los laboratorios y las autoridades no están pensando en automatizar estos procesos de medición?

Parra: La Superintendencia del Medio Ambiente está exigiendo a los titulares hacer ciertos monitoreos online, me parece que en el tema de aire principalmente, pero probablemente se pueda trasladar a otras matrices.

González: Sí, hasta el momento, estas normas consideran ciertos parámetros que pueden ser monitoreados de manera permanente y en línea, pero hay otros en que sí o sí se necesita el análisis de laboratorio. Es difícil automatizar todo, pero para allá vamos. Hay parámetros de control bien comunes en los que se puede hacer, como el pH, la temperatura y el caudal, pero no tenemos más instrumentos como para levantar información en línea que sirva para el control normativo. Podría haber mediciones en línea o fuera de un laboratorio que sirvan como referencia, pero no son datos que se puedan usar para decir si se cumplió o no la norma.

Garcés: Se los pregunto porque nosotros estamos implementando en algunos sectores industriales “sistemas de control” de fósforo, nitrógeno, sólidos, aceites y grasas, y caudal, así como sistemas de medición que hacen la corrección entre la DQO y la DBO. Estamos hablando de inversiones de 200 mil dólares y los costos de operación y mantención también son altos, por lo cual pocos industriales lo están haciendo, pero por ejemplo hay grandes empresas del rubro lácteo que están invirtiendo en esto.

González: Obviamente, mientras mayor control tenga una industria sobre sus procesos siempre es mejor, pero esos resultados, que aún no están contenidos dentro de la norma para ese tipo de medición, son referenciales y sirven para tomar decisiones internas, pero no para demostrar el cumplimiento en ciertos parámetros.

TRATAMIENTO Y REÚSO

InduAmbiente: Paolo (Garcés), de acuerdo a su experiencia, ¿el parámetro que más cuesta cumplir a los industriales sigue siendo la DBO5?

Garcés: Sí, sigue siendo la carga orgánica. Para afrontar eso, hemos trabajado en culturizar a los industriales. Siempre les decimos que los sólidos, aceites y grasas, la DBO son “pérdidas”, entonces hoy nos estamos metiendo en sus plantas productivas para hacer

producción limpia, lo que implica aumentar la eficiencia hídrica, pero eso nos genera un problema porque estamos concentrando el ril y tratar esa mayor concentración tiene un costo alto para el industrial.

Lo otro que vemos muy necesario es cambiar la cultura de los trabajadores de la industria porque muchas veces una empresa hace una inversión alta en una planta de riles y los trabajadores dejan de hacer algunas limpiezas en sus procesos y descargan todo a la planta. Entonces, hoy estamos trabajando con muchas industrias para hacer producción limpia, sacrificando un poco el negocio de nuestra empresa que es operar, mantener y construir plantas de tratamiento que generan beneficios ambientales, pero no económicos para las empresas.

InduAmbiente: Salvo cuando se llega a una calidad en el ril tratado que se puede reutilizar…

Garcés: Sí, pero hoy tampoco hay mucha cultura de reutilización. Trabajamos con industriales con los que hacemos reutilización de agua, pero ese efluente tratado con suerte lo podemos reutilizar para el lavado de camiones o bandejas, pero para los procesos de la industria de alimentos, que es el segmento en que estamos, es imposible.

InduAmbiente: Belén (Ruz), usted señalaba que muchas viñas hoy reutilizan los riles

Verónica González señaló que han desarrollado distintas herramientas informáticas para fiscalizar las cerca de 750 unidades que deben cumplir con las normas de riles.

tratados para riego, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a eso?

Ruz: En este caso, existe la norma del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) que regula la descarga de riles para riego y como la mayoría de las empresas consideró esta opción desde un principio no han tenido necesidad de hacer inversiones grandes nuevas para llegar a eso. Sí se han hecho inversiones para ir probando otros sistemas que sirvan para tratar la mayor cantidad de materia orgánica que se produce principalmente en vendimia. Para eso se están viendo nuevas tecnologías, pero son súper caras y, como además no muchas empresas trabajan con números azules y las plantas de riles son solo gasto, se les hace difícil invertir.

Garcés: Hay que tomar en cuenta también que está en vigencia la ley de Eficiencia Energética, y todo lo que es tratamiento y remoción de materia orgánica implica el uso de energía. Entonces, hoy hemos tenido que rehacer algunas plantas en que habíamos implementado reactores MBR de alto consumo de energía para llevarlas a sistemas SBR para así bajar los costos energéticos. Sin embargo, por otra parte se pierde eficiencia en la remoción orgánica porque en el primer caso es sobre un 90% mientras que con un SBR se llega a un 60%.

Ruz: Claro. Y ese cambio implica también presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental, que es otro costo…

Garcés: Cierto. Hay otras alternativas de tratamiento que también son de bajo costo de inversión y operación, como las biotorres, pero se requiere saber y manejar muy bien su operación para obtener buenos resultados, al igual que con los lombrifiltros.

InduAmbiente: Con esa tecnología también se obtienen subproductos como los fertilizantes para los cultivos agrícolas.

Ruz: Sí, pero se requieren nuevas autorizaciones para poder utilizar todos esos nuevos sistemas.

REVISIÓN DEL DS 90

InduAmbiente: El Decreto Supremo 90, que se publicó en el año 2001, ha pasado por varios intentos de actualización que no se han completado. Actualmente está en marcha un nuevo proceso de revisión que comenzó a inicios de 2021 y, al parecer, está en su etapa final, ¿por qué han sido tan largos e infructuosos estos procesos?

González: En verdad, lo desconozco. Me imagino que la revisión de una norma de emisión no es algo fácil, ya que implica analizar toda la experiencia e información que se ha levantado con el paso de los años y lo que se quiere para el futuro. Idealmente, una modificación de la norma de emisión debería considerar al menos el control de nuevos parámetros que finalmente nos entreguen información ambiental relevante, y si bien en estos procesos se han estado levantando algunos, creo que quizás por ahí va la dificultad. Ahora bien, en todos estos años, al menos, la norma que está vigente ha llegado a ser de conocimiento general para la población regulada y se ha logrado aplicar y controlar bien.

Las mejoras o revisiones bienvenidas sean y el día que salgan

se aplicarán con todas las ganas y el ímpetu que se requiere.

Parra: ¿Pero actualmente en qué etapa va?

González: Entiendo que ya está en la última etapa del proceso, es decir, ya pasó hace rato la consulta pública y ha habido muchas conversaciones entre los servicios públicos y el Ministerio (del Medio Ambiente), incluyéndonos por supuesto a nosotros y también a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que mantuvo las competencias de fiscalización de la norma asociada a los servicios sanitarios concesionados y con toda su experiencia es un actor súper relevante en la modificación de esta normativa. Entonces, lo que falta es que el proyecto se presente al Consejo de Ministros (de la Sustentabilidad y Cambio Climático), y una vez aprobado allí pasa al visto bueno de la Contraloría para su posterior publicación.

InduAmbiente: El anteproyecto de revisión del DS 90 planteaba limitar las descargas de dos parámetros nuevos considerados cancerígenos: el cloro libre residual y los trihalometanos, ¿siguen siendo solo esos o se han sumado nuevos parámetros?

González: Siguen siendo esos. Se incluyen otros parámetros, pero que no van a tener un límite normativo, sino que es para generar líneas de base.

“Existen métodos nuevos, más automatizados, que podrían entregar resultados de mejor calidad y mucho más rápido, pero las revisiones normativas al parecer no han analizado ese aspecto tecnológico”.
Rodrigo Parra

Parra: ¿Se trata de contaminantes emergentes?

González: Entiendo que sí, son cinco o seis parámetros que se tendrán que monitorear para ir recogiendo información para saber cuál es el estado de esos contaminantes en las descargas en Chile. Los que sí van a quedar con límites en la normativa son los trihalometanos, el cloro libre residual y entiendo que también hay modificaciones en los límites de nitrógeno y de fósforo para su descarga a los lagos.

También se considera otra área de descarga que hoy no está, que son los estuarios, para los cuales se crea una nueva tabla de cumplimiento.

InduAmbiente: Además, se redelimita la Zona de Protección Litoral desde Punta Puga (Región de Los Lagos) al sur, ¿qué implica ese cambio?

González: Eso implica una modificación de los límites de la descarga. Cuando se está dentro de la zona de protección litoral, es decir, entre la playa y esta línea que se fija como área de protección litoral se debe cumplir con una cierta calidad, y fuera de esa zona se cumple con otros límites normativos que son mucho más laxos. Con esta revisión del Decreto, desde Punta Puga al sur ya no habría esa diferenciación y estarían todas las descargas dentro de la zona de protección del litoral.

Hay una cantidad enorme de industrias que están hoy ubicadas en esa zona y tendrían que adecuar sus procesos a estas nuevas condiciones que eventualmente se van a establecer.

InduAmbiente: Carlos (Gajardo), en lo que ustedes han conocido de este proceso de actualización del DS 90, ¿hay algunos aspectos que les preocupen?

Gajardo: No. En general, a lo largo de estos años ha habido un cumplimiento bastante adecuado y controlado de los parámetros que cubre la norma. Respecto de lo último señalado, hay que ver si el cambio en algunas zonas de protección del litoral podría significar un cambio para el cumplimiento en la operación de algunos puertos de carga de concentrados de cobre. Eso es algo que hay que tener presente para poder ponerlo en práctica.

Carlos Gajardo aseguró que, en general, el sector minero no ha tenido problemas para responder a las regulaciones.

InduAmbiente: ¿Y en el caso de Vinos de Chile?

Ruz: No. De hecho, nos invitaron al Comité de revisión de la norma y participamos un tiempo, pero no nos afectan mayormente los cambios que se están proponiendo.

InduAmbiente: ¿Y los laboratorios están preparados para medir y controlar los nuevos parámetros que se incorporarían a la norma?

Parra: En general, estos parámetros que se están incorporando ya se miden en los laboratorios, vale decir, la tecnología o las capacidades técnicas están y no va a ser mucho problema para nosotros. Ahora, mientras la normativa genere ciertos espacios de flexibilidad para utilizar nuevos métodos, mucho más automatizados o robotizados, se van a lograr mayores avances y yo creo que los laboratorios no van a tener problemas en invertir en el equipamiento necesario para eso si esto los ayuda con su productividad.

InduAmbiente: Paolo (Garcés), ¿qué evaluación hace de las propuestas para actualizar el DS 90?

Garcés: Una de las cosas que estuvimos analizando es que, al parecer, con esta revisión en el DS 90 no se podrá hacer remuestreo o va a ser más exigente. Eso es algo que estuvimos conversando con algunos industriales porque nosotros operamos y hacemos la gestión completa del tratamiento de sus residuos líquidos, y eso incluye los autocontroles con un laboratorio externo, pero como todavía no ha salido el cambio de la norma, no sabemos cómo viene ese tema.

González: Entiendo que eso es algo que está en discusión hasta el momento. Al menos por lo que yo sé, no habría tantas modificaciones con relación al anterior, es decir, se mantendría el remuestreo y se harían algunos ajustes en aspectos como el plazo para su ejecución y sus implicancias.

Parra: A mí me da la impresión que debiera seguir el remuestreo, quizás con un poco más de exigencia porque si en algún momento no se está cumpliendo la norma, probablemente se pida un nuevo muestreo con poco más de exigencia para comprobar que se va a cumplir.

Garcés: Pero también hay un tiempo

“Estamos trabajando con los industriales para hacer producción limpia, lo que implica aumentar la eficiencia hídrica, pero eso nos genera un problema porque se concentra el ril y tratarlo tiene un costo alto”.

Paolo Garcés

acotado para entregar la información a la autoridad. Y eso también complica.

González: Sí, pero el remuestreo se mueve en plazos distintos al autocontrol. La información de la muestra original es la que debe cargarse en los primeros 20 días del mes siguiente y el remuestreo tiene otro plazo. Recién cuando reciben los resultados del autocontrol, los titulares se pueden dar cuenta de que hay alguna superación de la norma y tomar la precaución de realizar un remuestreo. Obviamente, eso se tiene que hacer de manera oportuna y en un momento cercano a cuándo se presentó la anomalía, pero no está condicionado al mismo plazo del autocontrol.

InduAmbiente: ¿Y el abatimiento de nuevos parámetros implicará mayores costos para los industriales?

Garcés: Sí, claro.

InduAmbiente: En algunas de las observaciones técnicas al anteproyecto, se decía que antes de exigir la medición de la DBO se

podría pasar a la DQO, que ese era el estándar en otros países. ¿Se consideró algo de eso en esta revisión?

González: Al menos en esta revisión de la norma de emisión yo no lo he visto. Quizás está dentro del expediente y ha sido algo que se levantó, pero no está planteado hacer un cambio de ese tipo. Es algo interesante sí, porque efectivamente se pueden obtener resultados mucho más rápido e, incluso, hasta se podría hacer un control en línea sobre la materia orgánica, teniendo antes, obviamente, correlacionado el valor de la DBO con el de la DQO para los distintos casos, porque tampoco es una regla estándar para todos. Tiene que haber una correlación en el proceso mismo de la empresa para que logre dar con qué significa un determinado resultado de DQO para cierta empresa en tal descarga.

Pero hasta el momento, que yo sepa, no se ha incorporado como tal o no está tan claro que haya una modificación normativa de ese estilo.

InduAmbiente: ¿Y la posibilidad de considerar parámetros biológicos para reducir el impacto de esos contaminantes en los cuerpos receptores?

González: Eso ya está hoy, pero también obviamente tiene que ir todo asociado no solamente a un cierto nivel o límite de descarga, sino que también tiene que ver con la capacidad del cuerpo receptor para poder recibir y mantener una cierta calidad con ciertos parámetros. Por ejemplo, la realidad de la descarga en un canal en la región de O’Higgins no es la misma que la realidad de la descarga en un canal en la región de Antofagasta, no obstante, cumplen con el mismo estándar.

Los parámetros biológicos son los que más complican, técnicamente son más delicados y exigen más procesos para obtener un buen resultado. Siendo una medición de laboratorio, para responder ante una norma, es muy necesario que todo el proceso, desde el muestreo hasta el análisis, sea técnicamente súper correcto para poder confiar en ese resultado.

Parra: Sí, el muestreo es muy importante. Dicen los laboratorios que el 90% del resultado está en eso: no se saca nada con que el análisis sea perfecto, si la muestra no es representativa. En ese sentido, los laboratorios trabajan bajo ciertas normas, con personal

calificado para la obtención de las muestras, considerando aspectos de seguridad en terreno, aspectos técnicos relacionados con el muestreo automático y manual, etc. Es un tema en que incide mucho la experiencia porque cada terreno es distinto y obliga a generar un conocimiento nuevo para tomar una muestra representativa, así que igual es un desafío constante para los laboratorios.

InduAmbiente: ¿La actualización de la norma trae mayores exigencias en la frecuencia de monitoreo?

González: Hay unos ajustes según la frecuencia de monitoreo, pero esa frecuencia sigue vinculada al volumen de descarga, vale decir, la cantidad de veces que se monitorea está relacionada con el nivel de descarga, pero entiendo que no hay mayores exigencias.

InduAmbiente: ¿Hay algún otro aspecto regulatorio, vinculado a normas distintas al DS 90, que consideren necesario abordar o mejorar?

Ruz: Por nuestra parte no. La norma del SAG es la que más nos aplica y la mayoría de las empresas la cumple, no es una norma compleja porque es para obtener agua de riego, no para reutilizar el agua en procesos ni nada por el estilo. Yo creo que esa norma está bastante bien para nosotros y las otras no han generado cambios importantes para la industria.

Gajardo: En nuestro caso, hay otros temas que han aparecido en el último tiempo en el Congreso que nos preocupan. Uno tiene que ver con el aprovechamiento del contenido de los tranques de relave que contienen residuos minerales de todo tipo. Hay un proyecto de ley que fue aprobado en su primer constitucional en la Cámara de Diputados para tratar de incluir estos residuos en el sistema general que plantea la Ley REP, para la recuperación y valorización de residuos como los neumáticos y los envases y embalajes. Personalmente, creo que eso es un grave error. Está bien que se trate de recuperar y reutilizar el agua o los minerales valiosos contenidos en los tranques, pero tiene que hacerse en un sistema especial, no asociado a la Ley REP, ya que el contenido de los relaves no se puede manejar como se hace con los neumáticos u otros residuos considerados en esa legislación.

Estamos tratando de que eso se corrija en el Senado.

Este tema también se ha estado discutiendo a nivel internacional. Hace poco hubo una reu-

nión del Convenio de Basilea donde incluso se planteó la prohibición de reutilizar el contenido de los relaves cuando los tranques también hayan sido usados como botaderos por otras empresas o actores, que es algo común en otros países.

EMERGENTES Y CAPACIDADES

InduAmbiente: Rodrigo (Parra), ¿qué contaminantes emergentes aparecen de manera más permanente en los análisis de laboratorio y, a su juicio, debieran ser regulados?

Parra: Más que por experiencia propia, porque nuestro laboratorio cumple otra labor dentro del circuito, lo que se ve en países desarrollados, por ejemplo, es el control de residuos de medicamentos que es súper importante por los volúmenes de consumo de la población. Yo te diría que en ese aspecto estamos bastante atrasados: hay legislación comparada en Europa que ya controla antibióticos y otro tipo de medicamentos.

También hay ciertos parámetros microbiológicos que también se deberían controlar dentro de las aguas. Una experiencia cercana tuvimos con el COVID hace unos años atrás, de hecho, nuestro laboratorio lo monitoreó en algún momento y lo planteó como un elemento relevante para hacer un levantamiento de información de ciertas comunidades. Y como eso podrían surgir otro tipo de contaminantes.

También están los microplásticos que, probablemente, van a ser muy relevantes en un futuro cercano por el impacto que tienen en la población y, sobre todo, en el medio ambiente.

Ahora, para fijar ciertas normativas obviamente hay que pasar varias etapas: revisar las capacidades tecnológicas, los procesos de tratamiento, las plantas industriales, etc. Ese es un desafío interesante para el país en un futuro cercano o a mediano plazo.

InduAmbiente: ¿Y cómo está el país en la formación de técnicos y profesionales en esta área?

Parra: Yo diría que bastante bien. Creo que tenemos las capacidades profesionales y la gente capacitada para hacer este control. Sí falta un poco de inversión en tecnología, lo que tiene que ver muchas veces con las demandas del mercado: en la medida que el mercado solicite nuevas tecnologías y análisis, los laboratorios se van adecuando de manera bastante rápida.

InduAmbiente: Paolo (Garcés), en cuanto a la capacidad de tratamiento, uno de los

aspectos que destacaba la OCDE en su última evaluación de desempeño ambiental de Chile, es que hay poco tratamiento terciario en el país para lograr el reúso de agua.

Garcés: Cierto. Hoy día está la intención de hacer tratamiento terciario en los riles por el tema del reúso, pero hay poca demanda porque resulta caro. Nosotros vemos industrias multinacionales que quieren implementar estos sistemas por normativa de sus casas matrices, pero cuando ven el número de la inversión detienen toda la idea. Hoy existen tratamientos terciarios en las plantas productivas, pero a nivel de riles es poco: nosotros manejamos aproximadamente el 30% del mercado de las industrias que externalizan la operación, y operamos solo tres o cuatro plantas de este tipo.

InduAmbiente: ¿Y cómo ha ido evolucionando el mercado de proveedores en este ámbito y en el tratamiento de riles en general?

Garcés: Nosotros tenemos una amplia gama de proveedores, porque al pertenecer al grupo Veolia traemos toda la tecnología de afuera con los contratos marco internacionales que tenemos. Entonces, ofrecemos hartas alternativas, pero el problema es que muchas de ellas no se “pagan”.

Si entramos, por ejemplo, al tema de los lodos que generan las plantas de tratamiento, hoy tenemos muchos problemas con el manejo de esos residuos sólidos, y nosotros hemos traído tecnología para abordar ese tema, pero el costo energético es muy alto para las industrias. La inversión en tecnología para secar lodos no es tan cara, pero el costo operacional hoy es alto porque ha subido el costo de la energía.

InduAmbiente: ¿Y se están reutilizando lodos de plantas industriales para mejorar suelos, como ocurre con los de las plantas de tratamiento de aguas servidas?

Garcés: Lo estamos haciendo con algunos industriales, pero ahí llegamos a lo que planteaba Rodrigo (Parra), respecto de la necesidad de cambio en las Resoluciones de Calificación Ambiental. Hoy estamos haciendo un giro en el manejo de los lodos y estamos trabajando en proyectos nuevos en conjunto con la empresa sanitaria que nos controla y con las autoridades. La idea es encontrar soluciones para la Región Metropolitana que está saturada en ese aspecto.

InduAmbiente: Las viñas también reutili-

zan ciertos residuos asociados al tratamiento de riles, como los orujos y los escobajos.

Ruz: Sí, hay dos caminos: por una parte, la mayoría los venden como subproductos a una empresa que los ocupa en sus procesos; y hay otros que tienen canchas de compostaje en las viñas donde procesan los orujos y los escobajos, lo que implica una preocupación mayor porque hay una normativa que cumplir. Esta segunda opción la han adoptado principalmente las viñas orgánicas, biodinámicas, que tienen todo un proceso para compostar esos residuos y ocuparlo luego como fertilizante.

También hay algunas empresas que los ocupan como subproducto para cosmética y otras para hacer harina. Muchas empresas han recurrido a la innovación para manejar esos residuos, porque las cantidades que se generan son impresionantes en la temporada de vendimia y, a veces, las mismas empresas que los retiran no tienen la capacidad para llevarse todo y se empiezan a acumular residuos generando malos olores, que es otro problema importante que hay que atender.

DESAFÍOS

InduAmbiente: Desde sus distintas perspectivas, ¿qué desafíos importantes ven para seguir mejorando el control de los riles?

González: Tenemos el desafío país de poder cerrar este largo proceso de revisión normativa, que lleva ya muchos años. Es importante que ello se pueda materializar para incorporar finalmente los cambios. Desde la mirada de la fiscalización, al menos, no vemos que esta modificación traiga cosas diferentes; hay ajustes y algunas cosas que quedan más claras con esta actualización, pero el control normativo no se vería tan modificado.

Por lo que vemos, quizás va a haber un impacto grande en la cantidad de fuentes emisoras a controlar porque esta revisión de la norma implicaría que muchas fuentes existentes que hoy no están afectas a ésta, se incorporarían al control de la norma. Eso haría crecer el universo de fiscalizados, lo que siempre trae el gran desafío de ir a la par con los desarrollos informáticos que nos permitan abordar las normas de emisión con la celeridad y la oportunidad que se requiere. Hay que recordar que el control de estas normas es mensual y esa frecuencia da a entender lo importante y necesario que es realizar nuestro trabajo adecuadamente. Ajustarnos a esto va a ser desafiante, pero no complejo. Ahora también se está actualizando el De-

“Si nos enfocamos solo en la calidad de las descargas de residuos líquidos tenemos, al menos, un 90% de cumplimiento mensual general en cuanto a los límites normativos”.
Verónica González

creto Supremo 46 que aborda menos fuentes, pero también es importante que como país podamos terminar ese proceso de revisión y que, finalmente, tengamos procesos o instrumentos relativamente estandarizados sin grandes diferencias, excepto las obvias y técnicas que tienen que haber entre uno y otro. Ese es otro desafío.

Garcés: Nuestro desafío es trabajar con conjunto con los industriales. Más que ver estos proyectos con una mirada económica o comercial, como empresa buscamos siempre acompañar al industrial para que avancen en la producción limpia en sus plantas. Nosotros somos una empresa privada, pero nuestro foco no es perseguir un resultado económico, sino que ayudar al industrial a cumplir con los parámetros normativos vigentes.

Gajardo: Para nosotros el agua es un factor crítico. Entonces, nuestro desafío es mantener el cumplimiento normativo de la forma en que podamos recuperar este recurso lo más posible o no desperdiciarlo. Entonces, estamos preocupados de que las normas nos permitan movernos dentro de esta idea y no nos agre-

guen cosas que afecten la gestión adecuada de este recurso. En definitiva, lo que buscamos es avanzar en el ahorro del agua y eso también se aplica a la gestión de los riles.

Parra: En nuestro caso, la actualización de las normas para los laboratorios no presenta grandes desafíos, pero uno de los temas que por lo menos nosotros estamos trabajando es la digitalización de la información, desde la toma de muestras hasta la emisión de los informes. Ese es un desafío particular y una de las tareas que deberíamos finalizar durante este año.

Ruz: Para nosotros la sustentabilidad es uno de los pilares de trabajo. En ese marco, reducir el consumo de agua y ser eficientes en nuestros procesos es bien relevante, más aún cuando los últimos años las ventas de vino han ido a la baja a nivel mundial, no solo en Chile. Somos conscientes de que la industria debe cumplir la legislación y, no sé si es solo una percepción nuestra, pero somos muy fiscalizados en materia de riles, quizás porque se da en un momento muy puntual como es el periodo de vendimia, así es que tenemos que estar siempre atentos.

González: Lo que ocurre es que justamente las mayores descargas se dan en un periodo muy corto y son muy visibles. Es un periodo de tres meses, en el que aparecen problemas como una coloración distinta en el agua, un olor muy perceptible para los vecinos, etc.

Ruz: Sí, por lo mismo estamos súper atentos para cumplir, porque no se trata solo de que a una empresa le pasen una multa, sino que también hay un tema de reputación no solo para una viña en particular, sino que queda la sensación de que la industria en su conjunto tiene problemas con los riles. Entonces, como Asociación estamos siempre apoyando a nuestras empresas para que mejoren sus procesos, pero una traba importante es que estos nuevos sistemas son muy caros y a veces no existen muchas alternativas. También hay desinformación sobre las nuevas soluciones y las empresas se quedan con lo que conocen solamente.

Otro desafío complejo y caro es lo que comentamos sobre poder actualizar las declaraciones de impacto ambiental y las RCA para aplicar esas nuevas soluciones.

Hay que tener en cuenta, además, que en nuestro rubro hay también viñas muy pequeñas que no tienen información sobre las normas y no saben qué hacer con los riles. Ese es otro desafío.

SALAR DE ATACAMA SE HUNDE 1 A 2 CM. AL AÑO POR EXTRACCIÓN DE SALMUERA

Las extracciones de salmuera están provocando un descenso del Salar de Atacama a una tasa de entre 1 y 2 cm. por año. Esta es una de las conclusiones de un reciente trabajo de investigación liderado por la Universidad de Chile, que utilizó información satelital para atestiguar las deformaciones de la corteza terrestre.

El equipo de investigadores utilizó datos recopilados entre 2020 y 2023, provenientes de la constelación de satélites SAOCOM-1 de la Comisión Nacional de Estudios Espaciales (Argentina). Estos aparatos, ubicados en la órbita baja de la Tierra, utilizan la técnica de interferometría de radar de apertura sintética (InSAR), conocida popularmente como una “huincha de medir digital de alta precisión”.

El trabajo señala que la subsidencia del terreno es una consecuencia de largo plazo de la pérdida de agua subterránea: los acuíferos se compactan y pierden permeabilidad y porosidad, lo que termina hundiendo la superficie. Este fenómeno se desencadena por las actividades mineras o de extracciones de agua y se ve en lugares tan diversos como Ciudad de México, California, Italia, Irán y el Salar de Atacama.

Actualmente, la explotación de salmueras en la zona del Salar se realiza por bombeo, conduciendo los fluidos ricos en litio desde el subsuelo hasta la superficie, donde son depositados en enormes piscinas donde el agua se evapora y el 90% se pierde en la atmósfera. Este proceso genera una significativa caída en los niveles de agua subterránea, tal como lo concluyó un estudio de 2019 que advertía que el acuífero ha bajado más de 10 metros en los últimos 15 años, demostrando que la pérdida hídrica es más rápida que la velocidad de recarga hídrica.

SINADER INCORPORA RESIDUOS AGRÍCOLAS

PARA CONSUMO ANIMAL

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, y diversos actores relacionados a la recuperación y valorización de residuos orgánicos para la economía circular y la disminución y contabilidad de emisiones, anunciaron la incorporación de los residuos agrícolas al Sistema Nacional de Declaración de Residuos (Sinader).

A partir de este hito, los restos orgánicos que sean entregados para consumo animal se podrán declarar en esta plataforma, marcando un hito ya que el compostaje era la única opción de valorización de estos desechos incorporada. Esto abre la puerta para que los distintos actores del agro puedan reinsertar sus residuos en el sistema dentro de la lógica de la economía circular y el registro de emisiones descontadas.

“Estamos muy atrás en la puesta en valor de los desperdicios vegetales: solo el 0,7 a 1% se valoriza o se composta cuando el promedio de la OCDE es de 37 a 40% en el caso de los europeos. Por eso, este trabajo hay que fortalecerlo”, señaló el ministro Valenzuela.

PROYECTO DE LEY SOBRE RESIDUOS ORGÁNICOS AVANZA EN EL CONGRESO

El proyecto de ley que promueve el reciclaje de residuos orgánicos fue aprobado en particular por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, pasando su discusión a la Comisión de Hacienda.

La iniciativa busca evitar que los desechos vegetales, que forman el 58% de la basura domiciliaria, lleguen a los rellenos sanitarios, contribuyendo así a alargar la vida útil de estos depósitos y a reducir la generación de metano, que es un potente gas de efecto invernadero precursor del cambio climático. Para eso, el proyecto de ley establece incentivos y obligaciones para fomentar la recolección segregada de los restos de frutas y verduras, y desarrollar el compostaje y vermicompostaje que permiten obtener fertilizantes naturales, entre otras acciones.

La implementación de la ley será gradual, partiendo por la obligación de separar en origen los residuos de poda y jardín, así como los residuos orgánicos provenientes de las ferias libres. Luego, será el turno de los centros comerciales, eventos y estadios; hoteles, restaurantes y cafeterías; y, por último, la exigencia se expandirá a los hogares.

ELABORARÁN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO MAIPO

Autoridades del Ministerio del Medio Ambiente declararon la cuenca del río Maipo como zona saturada por ocho contaminantes (oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, pH, cloruro, sulfato, nitrato, ortofosfatos y zinc disuelto), y anunciaron el desarrollo del correspondiente plan de prevención y descontaminación para recuperar sus niveles de calidad ambiental.

La superación de la norma secundaria para dichos parámetros se comprobó en un periodo de evaluación de tres años consecutivos en la cuenca –que incluye a los cursos principales de los ríos Maipo, Mapocho, Angostura y de los Esteros Lampa y Puangue–, donde también se declaró zona de latencia por demanda biológica de oxígeno.

Este es el segundo plan de descontaminación hídrica que se impulsa en Chile, y el primero en una cuenca completa. El plazo para tener el plan es de un año, desde que se publique la resolución de inicio del anteproyecto.

La cuenca del río Maipo mantiene una importante diversidad biológica que incluye peces nativos altamente amenazados (bagrecito, carmelita, pejerrey chileno y pancora, entre otros) y otras especies que dependen del agua como los anfibios (sapo de cuatro ojos, sapo arriero o la rana chilena) y entregan diversos servicios ecosistémicos, como la limpieza del agua.

PLATAFORMA DE LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS DISPONE INFORMACIÓN AMBIENTAL CLAVE

Una importante herramienta para el desarrollo de proyectos de distinto tipo en armonía con el resguardo de la naturaleza presentó recientemente el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en colaboración con el Ministerio de Economía.

Se trata de la Plataforma Tecnológica de Línea de Base Pública (PTLBP), elaborada en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). Este instrumento, al que se puede acceder a través del portal web https://lineasdebasepublicas.mma.gob.cl, ofrece un análisis detallado de los ecosistemas, usando información primaria de la región de Magallanes y pronto de las regiones de Antofagasta y Metropolitana, además de información secundaria ya existente de diferentes entidades, como la academia y los sectores público y privado. Además, cuenta con un Visor de Mapas que permite a los usuarios explorar diversas variables ambientales de forma explícita en el territorio.

La plataforma tiene como propósito ofrecer información ambiental clave con foco en el territorio, la cual está disponible para la ciudadanía, instituciones gubernamentales, académicos e investigadores, ONGs, empresas y sector privado, promoviendo así una participación más activa y consciente en la protección del medio ambiente.

Esta herramienta puede enriquecer y permite contrastar la información que exige levantar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a los titulares, optimizando la toma de decisiones en proyectos de inversión. Además, puede servir de apoyo para elaborar Instrumentos de Planificación Territorial, promoviendo un desarrollo más informado y equilibrado, así como facilitar el seguimiento continuo del estado del medio ambiente y la valoriza-

Comunas de la región del Maule caracterizarán el nivel de vulnerabilidad y los impactos del cambio climático en sus territorios gracias a una iniciativa impulsada por la Seremi del Medio Ambiente. El diagnóstico servirá de insumo para que los equipos municipales elaboren sus planes de mitigación y adaptación a la crisis climática.

REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Sobre la biorremediación efectiva y eficiente de los sitios contaminados, y las particularidades que deben tener los suelos con potencial presencia de contaminantes, incluyendo las tecnologías que se usan para su caracterización, tratan los artículos que abren este apartado especializado.

CLAVES PARA BIORREMEDIAR

¿Cómo lograr la biorremediación efectiva y eficiente de un sitio contaminado? Especialistas responden eso y más.

Es amigable con el medio ambiente, ya que utiliza procesos naturales para descontaminar, no genera residuos significativos en cuanto a cantidad ni toxicidad y causa perturbaciones mínimas en el sitio de operación; además, su aplicación suele ser sencilla y más económica que las restantes técnicas de remediación ambiental. Esas son algunas de las ventajas que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos destaca de la biorremediación.

La misma institución, en una guía informativa para la ciudadanía, define este concepto de manera bien simple y funcional como el “uso de microorganismos para limpiar el agua subterránea y los suelos contaminados”

A pesar de ser una tecnología que se utiliza hace varias décadas en distintas partes del mundo, en Chile existe poca experiencia al respecto,

aunque en el último tiempo ha adquirido mayor notoriedad por su aplicación en lugares emblemáticos como Quintero-Puchuncaví y el terreno de Las Salinas en Viña del Mar.

En ese contexto, a continuación, revisamos cómo opera, cuáles son sus beneficios y limitaciones, y qué factores conviene considerar para lograr procesos eficientes y efectivos.

MICROORGANISMOS Y PLANTAS

¿Qué tipos de organismos se suelen emplear para biorremediar sitios contaminados y cuáles son sus principales características?

“Se utilizan unas bacterias capaces de metabolizar algunos o la mayoría de los contaminantes presentes en el suelo y/o en el agua. Se puede decir que hay bacterias con diferentes especialidades, con lo cual hay que seleccionar las que están optimizadas genéticamente para la metabolización de unos u otros contaminantes. Por ejemplo, hay algunas que son para todo lo que entra en la familia de los hidrocarburos, hay otras capaces de absorber algunos tipos de metales en ciertas concentraciones, etc.”, responde Gabriel Chifflier, Director de Residuos Peligrosos de Veolia Latinoamérica, compañía que desarrolla proyectos de este tipo.

Desde ERM Andean, otra empresa especialista en el saneamiento de sitios contaminados, agregan que, si bien la mayoría de los microorganismos que se usan en los procesos de biorremediación corresponden a bacterias, también se recurre a hongos y algas.

Alfrido Wagner, socio de la firma, explica que en todos los casos su característica principal “es que rompen a las moléculas de contaminantes utilizándolas como una fuente de energía o co-metabolizándolas. Más específicamente, la biorremediación involucra la producción de energía en una reacción del tipo redox dentro de las células de los microorganismos. Estas reacciones contribuyen a la respiración y otras funciones biológicas necesarias para el mantenimiento de las células y su reproducción. Para que los microorganismos se desarrollen requieren de una fuente de energía (dador de electrones, a menudo es la misma fuente de carbono de los contaminantes), aceptores de electrones y nutrientes. En los procesos de biorremediación los microorganismos pueden utilizar diferentes tipos de aceptores de electrones dependiendo del medio, tales como oxígeno, nitrato, manganeso, hierro III, sulfatos. Los potenciales redox (medidos en campo) son un indicador de la relativa predominancia de la clase de aceptor de electrones”

El especialista añade que en la mayoría de los casos se trata de cultivar y utilizar organismos autóctonos del sitio, ya que están adaptados a las condiciones del medio y suelen estar ya presentes en el contaminante, mientras que los exógenos pueden implicar riesgos para el ecosistema circundante.

Wagner también indica que, habitualmente, se hace referencia a organismos aeróbicos que utilizan oxígeno como aceptor (algunos ejemplos son Bacillus, Pseudomonas, Sphingomonas, Flavobacterium, Nocardia, Rhodococcus, y Mycobacterium) y anaeróbicos, que usan otros aceptores como nitratos y hierro (Pseudomonas, Aeromonas y bacterias sulfato reductoras, entre otros).

El Dr. Roberto Orellana, académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), amplía un poco más el espectro señalado, indicando que la biorremediación también se puede realizar a través de la fitorremediación que implica el uso de uso de plantas para eliminar o neutralizar contaminantes ubicados en la zona superficial del suelo o en aguas contaminadas. “Existen diversas aproximaciones para ello, incluyendo fitoestabilización, fitoextracción, fitoestimulación, fitotransformación y fitovolatilización, entre otras. Su principal objetivo es integrar la acción propia de las raíces de las especies utilizadas con su capacidad

16 Hectáreas tiene el terreno de Las Salinas, en Viña del Mar, que está en su última fase de saneamiento, a través de biorremediación con bacterias nativas para eliminar hidrocarburos y reintegrar esos suelos para nuevos usos urbanos. El trabajo se dividirá en dos etapas, cada una con una duración de 2 años y medio.

La principal ventaja de la biorremediación es su menor costo frente a otras alternativas, sostiene Gabriel Chifflier.

de acumular, transformar y/o transportar los contaminantes disminuyendo así el riesgo de éstos. Adicionalmente, estos enfoques buscan que el impacto que poseen los exudados de las raíces y la materia orgánica sean capaces de sustentar una rizosfera con comunidades microbianas capaces de contribuir en estas funciones”, expone.

CONTAMINANTES Y EFICACIA

El también director del Laboratorio de Biología Celular y Ecofisiología Microbiana de la UPLA indica que algunos contaminantes que se pueden tratar con la biorremediación “son los combustibles fósiles, como la gasolina, que contienen benceno, tolueno, etilbencenos y xilenos (BTEX), sin embargo, hay procesos que también son aplicados para compuestos de mayor peso molecular, como naftaleno, fenantreno, entre muchos otros. Adicionalmente, la contaminación de una serie de metales como el cromo y el mercurio es frecuentemente tratada a través de procesos de biorremediacion ya que, al ser utilizados comúnmente en procesos industriales, muchos son vertidos inadvertidamente o accidentalmente a sistemas acuáticos o suelos”

El Dr. Orellana agrega que, en el caso de compuestos orgánicos, “la biorremediación normalmente busca que los contaminantes sean tratados a través de procesos de biodegradación, en donde los microorganismos utilizan sus moléculas como dadores de electrones o nutrientes, y que los subproductos de dichos procesos sean inocuos. Este proceso es un reto más difícil con aquellos compuestos orgánicos conocidos como ‘xenobióticos’, tales como compuestos farmacéuticos y clorados, sin embargo, estas últimas décadas hay grandes avances en la biodegradación de dichos compuestos”

Cuando se trata de contaminantes inorgánicos, en tanto, la biorremediación se restringe a modificar su disponibilidad en el ambiente, “transformándolos en compuestos menos móviles o menos biodisponibles, lo que acota su riesgo”, señala el investigador.

Por su parte, Alfrido Wagner señala que mediante “la biorremediación se pueden tratar contaminantes como hidrocarburos de petróleo (alifáticos y aromáticos), fenoles, solventes de hidrocarburos clorados (tetracloroetilieno, tricloroetileno, dicloroetileno, etc.), clorobencenos, TNT y pesticidas, entre otros”

El Director de Investigación, Evaluación de Riesgos y Remediación de Sitios Contaminados en ERM Andean acota que esta técnica se aplica a través de diferentes procesos. Para limpiar suelos, por ejemplo, se utilizan biopilas, landfarming y biorreactores; mientras que para tratar aguas subterráneas se recurre a la atenuación natural monitoreada, barreras reactivas permeables, bioventing, biosparging, bioslurping y fitorremediación.

Comenta también que la compañía ha aplicado esta tecnología con éxito en Sudamérica. Ejemplos son la remediación de suelos contaminados con fenol en el puerto de San Antonio, en nuestro país, utilizando una combinación de un biorreactor con biopilas; la descontaminación de suelos con hidrocarburos, mediante biopilas, en las provincias argentinas de Neuquén y Catamarca; y la remoción de compuestos de hidrocarburos clorados en aguas subterráneas en Brasil.

Luego sostiene que los resultados de este tratamiento dependerán de las condiciones de cada sitio en particular y de la forma en que se aplique, pudiendo alcanzar entre un 95% y 100% de eficiencia. “La tecnología de biorremediación se puede aplicar de muchas formas, dependiendo del tipo de contaminante, medio afectado, la ubicación del sitio (en ambientes fríos o cálidos, debajo de una planta u edificio, etc.). Estos factores pueden condicionar la eficiencia de su aplicación, por lo que un adecuado diseño de ingeniería del

sistema de biorremediación es fundamental para garantizar su eficiencia”, dice.

En relación al nivel de eficacia de esta tecnología, Gabriel Chifflier advierte: “Las bacterias son capaces de metabolizar o, si se prefiere coloquialmente, de romper las cadenas de átomos de ciertos contaminantes, pero eso es en el caso que sean cortas. Cuanto más largas sean estas cadenas, es más difícil, tanto que tardan mucho más tiempo en caso de conseguirlo. Asimismo, si las concentraciones son muy altas, no son capaces de absorber toda la contaminación y por tanto bajar las concentraciones a niveles aceptables y/o regulatorios”.

A su vez, Roberto Orellana plantea que no existe tecnología que de

Para que la biorremediación sea efectiva se requiere estudiar bien el sitio donde se va a aplicar, subraya Alfrido Wagner.

Una de las formas en que se puede aplicar esta técnica para descontaminar los suelos es a través de biopilas.

Gentileza ERM
Gentileza ERM

Roberto Orellana resalta que la biorremediación contribuye a la capacidad propia del ecosistema de regularse.

por sí sea inefectiva, sino más bien, tecnologías que pueden potencialmente ser aplicadas en ambientes o condiciones que no son óptimas. “El saneamiento ambiental basado en la biorremediación, como cualquier otra biotecnología aplicada a cielo abierto, depende de los pilares de la sostenibilidad y la resiliencia. Mientras que la sostenibilidad considera el impacto de la herramienta biotecnológica aplicada en el medio ambiente, la resiliencia toma en cuenta el impacto del medio ambiente en el funcionamiento de la herramienta. Para ser verdaderamente sostenible, un remedio debe mantener su funcionalidad durante toda su vida útil siendo resistente a condiciones ambientales cambiantes. Esta interconexión entre sostenibilidad y resiliencia, especialmente en lo que se refiere al saneamiento de pasivos ambientales, reafirma la importancia de un enfoque integrado y de profesionales y técnicos que entiendan la complejidad de diseñar tratamientos de biorremediación efectivos para el set de condiciones ambientales que se puedan enfrentar”, sostiene.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

¿Qué ventajas y desventajas presenta la biorremediación frente a otras alternativas usadas comúnmente para limpiar sitios contaminados? El académico de la UPLA responde: “Los métodos tradicionales de rehabilitación de pasivos ambientales incluyen la excavación y vertido (conocido como ‘dig and dump’), traslado de los contaminantes, el lavado del suelo, la adición de oxidantes (peróxido de hidrógeno o calcio o permanganato de potasio) e incluso tratamientos más agresivos como incineración. Todos estos tratamientos se enfocan principalmente en los contaminantes y, por ende, la mayor de parte posee un mayor impacto ambiental que la biorremediación que se enfoca, principalmente, en el funcionamiento ecosistémico y cómo éste impacta a los contaminantes. La biorremediación contribuye a este set de herramientas tradicionales, sus propias características ya sea en términos de impacto ambiental, como en eficiencia. En este caso, creo que la característica más distintiva de la biorremediación en contraste con las otras aproximaciones corresponde a que esta técnica es coadyuvante a la capacidad propia del ecosistema de regularse. Sin embargo, no hay balas de plata, o soluciones únicas, sino más bien tecnologías que deben ser bien estudiadas, evaluadas y validadas considerando la complejidad de cada ecosistema” Gabriel Chifflier, en tanto, plantea que, al ser un tratamiento con poco valor agregado, desde el punto de vista tecnológico y técnico, su principal ventaja es el menor costo frente a otras alternativas de remediación. En cuanto a sus desventajas, el especialista de Veolia sostiene: “Es un método muy lento de tratamiento (los proyectos fácilmente duran entre 12 y 36 meses); dependiente que la naturaleza haga una parte importante del trabajo, esperando la evaporación de una parte de la contaminación en hidrocarburos

10 Mil m2 distribuidos en distintas zonas contaminadas de Quintero-Puchuncaví (La Greda, El Rungue, Horcón y Ventanas, entre otras), pretende biorremediar un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha en conjunto con la comunidad. La técnica aplicada es fitorremediación con plantas nativas (Sarcocornia neei y Carpobrotus aequilaterus) que absorben metales pesados.

que pueda haber. Esto ilustra claramente el potencial y las limitaciones de la biorremediación en la gestión de la contaminación”

Por su parte, Alfrido Wagner pone énfasis en los beneficios ambientales de esta técnica de saneamiento, destacando que permite completar la remediación de contaminantes peligrosos presentes en el ambiente, en lugar de transferirlos de un sitio o medio a otro, y que la mayoría de las veces se puede aplicar in situ. “En el caso del suelo se evita su disposición fuera del sitio y se puede reutilizar, y en el caso del agua subterránea se evitaría el bombeo y tratamiento de ésta. En ambos casos se reducen los costos, vale decir, es una tecnología costo-efectiva con mínimos requerimientos de herramientas y equipos más complejos. Y es una alternativa más sustentable, que minimiza el consumo de energía y la generación de gases efecto invernadero que, por ejemplo, se generan durante la excavación y transporte de suelo. Otra ventaja es que ambientalmente es amigable, ya que utiliza los microorganismos autóctonos del sitio en lugar de productos químicos. Y finalmente, al ser una tecnología confiable, de relativamente fácil aplicación y sustentable, generalmente es aceptada por el público y las autoridades”, detalla.

Luego menciona algunas desventajas: su aplicación se limita a contaminantes y residuos biodegradables (tiene poca aplicabilidad a metales pesados, por ejemplo), requiere más tiempo de monitoreo, y, al ser un proceso biológico, requiere un mayor control de las condiciones ambientales (nutrientes, temperatura, pH, etc.) para el crecimiento de los microorganismos.

También repara en que, en comparación con otras opciones de remediación, “los tiempos de tratamiento son mayores, y existe la posibilidad de que se generen productos de degradación acumulativos y potencialmente tóxicos, sin embargo, la mayoría de los procesos y reacciones involucradas son conocidos y estos productos se podrían transformar en las condiciones adecuadas. Debido a este riesgo potencial, se deberían realizar ensayos de tratabilidad en laboratorio, donde se evalúan los productos de degradación, y se realizan los cálculos estequiométricos para aplicación de nutrientes y oxígeno para no excederse”, acota.

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA

Sobre el escenario descrito, cabe preguntarse ¿qué factores se debieran considerar para implementar un proyecto de biorremediación de manera adecuada y efectiva?

Gabriel Chifflier contesta: “En primer lugar, aceptar que cuanto mayor sea la concentración de los contaminantes (y que éstos sean tratables por las bacterias), mayor va a ser el tiempo necesario para remediar y que no se podrá llegar a niveles mucho más bajos. Agrega que otro aspecto muy relevante a

Equipo técnico monitoreando condiciones físico químicas de un acuífero contaminado para un trabajo de biorremediación.

tener en cuenta es el tipo de suelo: “Si es arenoso (sílice) será más fácil remediarlo, opuesto a si es un suelo arcilloso por lo compacto de este último en comparación con el primero. Este punto es un factor clave no solo para tratamientos de este tipo, sino también para otros como el lavado de tierras (sobre todo para metales, no para materia orgánica) y/o la desorción térmica”

El especialista de Veolia indica que también conviene atender las condiciones meteorológicas de la zona (temperatura, humedad, etc.), ya que afectarán el rendimiento del proceso de biorremediación a ejecutar.

Finalmente, Chifflier comenta que hay algunas técnicas modernizadas de este tratamiento que favorecen o aceleran la degradación de los contaminantes, como la oxidación con aditivos químicos y el uso de métodos más mecánicos como el bioventeo (inyección de aire/oxígeno para favorecer la actividad bacteriana).

Por su parte, Alfrido Wagner pone énfasis en que para que el uso de esta alternativa de descontaminación sea efectivo, se requiere realizar un adecuado estudio del sitio para evaluar si están dadas las condiciones para aplicar el proceso seleccionado. Esto implica analizar “las características geológicas (por ejemplo, tipo de suelo, mineralogía, permeabilidad, etc.), químicas (pH, potencial redox, presencia de inhibidores de crecimiento, nutrientes, entre otros) y microbiológicas (conteo de bacterias, especiación de microorganismos, etc.) del medio donde se va aplicar la biorremediación. Asimismo, la concentración de los contaminantes podría ser una limitante, en caso de que éstas sean tan altas que resulten tóxicas para el desarrollo de los microorganismos”

Advierte que, en todos los casos, es recomendable realizar ensayos de tratabilidad en un laboratorio especializado, para evaluar la eficiencia de la tecnología previo a su implementación, en cada caso en particular.

“Los resultados de dichos ensayos se deben evaluar criteriosamente antes de escalarlos a un nivel de ensayo piloto en campo o full scale”, acota.

El especialista de ERM explica que las limitaciones de la tecnología están dadas por las condiciones del sitio en que se quiera aplicar. “Por lo general, si ya se seleccionó la alternativa de biorremediación, al utilizarse microorganismos autóctonos se van a poder desarrollar si se estimula su crecimiento a través de la adición de nutrientes, mantener un adecuado nivel de humedad (en caso de biorremediación de suelos), temperatura, un medio aeróbico o anaeróbico, etc. Si la tecnología se quiere aplicar, por ejemplo, en la región norte donde el nivel de humedad en suelo es muy bajo se requerirá regar. En el caso de remediar suelos en regiones más frías, como la Patagonia, se pueden utilizar cubiertas para maximizar la conservación de temperatura y minimizar el impacto de heladas o nieve, por ejemplo, sobre biopilas”, expone.

TRABAS REGULATORIAS

En relación a la escasa aplicación de la biorremediación en nuestro país, Alfrido Wagner comenta que “una de las principales dificultades para la gestión de suelos contaminados en Chile es la falta de una norma de suelos. Actualmente, está en desarrollo una ley marco de suelos, que ayudará entre otras cosas a tener herramientas para el uso sustentable de suelos y un catastro de suelos contaminados”

Esta traba también es advertida por Gabriel Chifflier: “Lo primero y por encima de todo, independiente que sea para remediar a través de un tratamiento biológico u otro, es la necesidad de un buen sustento reglamentario así como la correcta aplicación de esta reglamentación. Los propietarios de

Fotografía: Roberto Orellana, UPLA

‘pasivos ambientales no resueltos’ (término utilizado en Colombia para una nueva norma sobre pasivos ambientales que se empezó a ejecutar desde septiembre de 2023), deben estar obligados a gestionar sus emplazamientos contaminados y a hacerlo correctamente, desde un punto de vista medioambiental”

Añade que para que ello ocurra, la regulación debe exigir a esos propietarios que todo sitio contaminado sea inscrito como tal. Y las empresas con actividades industriales potencialmente contaminantes dueñas de sitios en que no exista certeza de su condición, deben tener la obligación de demostrar que no está contaminado para realizar cualquier solicitud de licencia de construcción, compra-venta del terreno u otra acción similar. “No tengo constancia que una reglamentación de este tipo exista en Chile en estos momentos”, apunta el representante de Veolia.

Y luego concluye: “Con una buena reglamentación y una intensa aplicación de la misma a través de la inspección, la buena gestión viene casi por sí sola”. Roberto Orellana también hace mención a la carencia normativa: “Diversos factores determinan la baja utilización de herramientas biotecnológicas en procesos de descontaminación y saneamiento de pasivos ambientales. Entre otros, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no cuenta con una normativa de protección de suelos, que controle las concentraciones máximas permitidas de contaminantes. Aún menos se cuenta con reglamentos, protocolos o manuales como herramientas disponibles. De la misma manera, muchas empresas privadas y públicas no valoran el tremendo ejemplo que significa para nuestra sociedad la transición a modelos de producción sustentables, capaces de manejar de manera adecuada los residuos que produce o produjo en el pasado” Advierte, además, que la inacción en estas materias nos hace perder valiosas oportunidades. “En lo inmediato, esto es una tremenda desventaja para enfrentar el presente y futuro de muchas empresas que en un corto tiempo deberán incorporar estos factores a indicadores de desarrollo sostenible que les permitan ingresar a mercados con nuevos estándares ambientales. A largo plazo, como país perdemos una tremenda oportunidad para preparar una masa crítica de técnicos y profesionales capaces de aplicar biotecnología en problemas complejos de gran escala. Esto requiere de equipos multidisciplinarios capaces de comprender la complejidad de diversos ambientes contaminados y cómo estas herramientas pueden tener un impacto favorable en procesos de saneamiento. Este desarrollo ha sido implementado hace muchas décadas por Estados Unidos y Europa y más recientemente por China e India. Mientras este desarrollo ha significado que el crecimiento del mercado mundial de la biorremediación haya alcanzado los cientos de miles de millones de dólares en los últimos años, en Chile aún esa cifra es exigua”, finaliza.

Logros y oportunidades de las regulaciones ambientales

Durante este último período los logros del Ministerio de Medio Ambiente han sido elocuentes. Partiendo por la ley 21.595, que incorporó por primera vez en forma sistemática la responsabilidad penal ambiental, aplicable tanto a personas naturales como jurídicas, tipificando como delitos un conjunto de acciones calificadas como maliciosas, así como también las acciones culposas, imprudentes o negligentes.

La gravedad dependerá de su extensión espacial, según las características ecológicas o geográficas de la zona involucrada, su duración, ser irreparable o difícilmente reparable, las especies impactadas, el riesgo de grave daño a la salud de las personas, la afectación significativa de funciones ambientales, etc.

Lo expuesto se verifica por la acción de ocultar, morigerar, alterar o disminuir la información sobre los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental, de un modo tal que pudiere conducir a una incorrecta aprobación de la resolución de calificación ambiental. Lo mismo el fraccionamiento de proyectos o actividades para eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o hacer variar la vía de ingreso. Otro logro relevante es la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Contempla, entre otras medidas, la conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas y la restauración.

Establece instrumentos de conservación de la biodiversidad, la planificación ecológica, el sistema de certificación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, y los contratos de retribución por servicios ecosistémicos, entre otros.

Particular relevancia se expresa tanto para los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales y las Reservas de Región Virgen, zonas donde existe prohibición de explotar recursos naturales con fines comerciales. Esto reviste especial relevancia respecto de la actividad minera, y una modificación histórica del Código de Minería.

En paralelo, otras normativas en desarrollo representan una oportunidad para complementar y actualizar importantes vacíos normativos. Destaca, por ejemplo, el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Permisos, que busca simplificar y reducir el tiempo de los procesos de entrega de permisos sectoriales, y el proyecto de Ley de Protección de Glaciares, que luego de 12 años de tramitación sería prontamente aprobado.

Pendientes quedan aún las regulaciones en materia de ordenamiento territorial y las definiciones de los valores o vocaciones ambientales de los territorios, ordenadas conforme a una Ley Marco de Ordenamiento Territorial. Y también complementar el proyecto que modifica el SEIA, incorporando el sensible vacío del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presente en todas las legislaciones avanzadas en la materia, ya que conforma su propia identidad.

Eduardo Astorga Profesor de Derecho Ambiental

IDENTIFICANDO UN SPPC

Especialistas detallan las particularidades que deben tener los suelos con potencial presencia de contaminantes y las tecnologías que se usan para su caracterización.

El suelo es como la piel del planeta, un manto lleno de cicatrices, arrugas milenarias y heridas más recientes causadas tanto por la naturaleza como por el hombre. En este último caso de una forma muchas veces brutal: a través de la contaminación con metales pesados, compuestos u otros elementos orgánicos e inorgánicos tóxicos.

¿Qué tan extendido está este tipo de impacto ambiental en Chile? De acuerdo al último “Catastro Nacional de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC)”, publicado en 2023 por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), existen en nuestro país 9.261 SPPC, de los cuales 5.210 están activos, 958 inactivos, 2.786 en condición de abandono y 307 inclasificables, “ya que se debe hacer un trabajo en terreno para identificar su categoría”, señala el estudio desarrollado en 2022 por Ideambiente para el MMA.

El análisis determinó, además, que 4.796 SPPC son de alta prioridad, ya que hay población residente a menos de 2 km y presencia de ecosistemas hídricos utilizados para agua potable; mientras que 3.978 son de mediana prioridad, toda vez que reside población a más de 2 km y menos de 3 km, y existen ecosistemas hídricos para otros usos; 92 tienen moderada prioridad, puesto que corresponden a suelos de uso agrícola, recreacional o industrial; 41 son de baja prioridad (hay presencia de ecosistemas sensibles); y 354 no fueron priorizados.

En Ideambiente consideran que, para guiar la identificación de suelos potencialmente contaminados, en forma más expedita y eficiente, “se debe definir una lista de actividades potencialmente contaminantes que contenga información asociada a procesos o subactividades donde se emitan, desprendan

2021 Año en que se comienza a tramitar en el Congreso un proyecto de Ley General de Suelos.

Desde esa fecha, la iniciativa continúa en su primer trámite constitucional en el Senado.

o liberen materiales o sustancias peligrosas (por su uso o generación), y puedan ocasionar un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente”.

GUÍA METODOLÓGICA

Sobre las características o condiciones que deben tener hoy los SPPC, Ricardo Labarca, gerente de Remedia Green Tech, plantea que se deben ajustar a “criterios definidos por normativas y guías técnicas emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Estos suelos suelen estar ubicados en áreas industriales, mineras, agrícolas o urbanas donde ha habido actividades que potencialmente generen contaminantes como metales pesados, hidrocarburos y pesticidas, entre otros” Para identificarlos, el ejecutivo comenta que “es necesario realizar estudios exhaustivos de caracterización que incluyan análisis de muestras de suelo y agua, utilizando metodologías estandarizadas como las que se encuentran en las normas chilenas NCh 1333, NCh 409 y las guías del MMA. Estos estudios deben realizarlos profesionales especializados y seguir estándares internacionales de calidad y precisión”

Rodrigo Salinas, gerente general de Flesan, especifica que los SPPC son aquellos que establece la Resolución Nº 406/2013 del MMA que aprueba la guía metodológica para su gestión. Agrega que para determinar un SPPC se debe tener la mayor cantidad de información posible del terreno antes de la intervención de empresas como la que dirige. O sea, “saber lo que anteriormente funcionaba en dicho sitio, planos, permisos, especificaciones técnicas, fotografías, entre otros aspectos. Esto, ya que las condiciones son distintas si vamos a ingresar a un terreno donde funcionó una curtiembre o hubo solo simples oficinas. Son antecedentes que nos dan señales del posible riesgo presente in situ que solo podremos controlar con esos datos y la verificación en terreno para lograr observar cómo ha evolucionado el riesgo”, afirma.

Indica, asimismo, que Flesan ha usado como referencia la norma canadiense Alberta Tier para hacer las comparaciones “y generar los mapas de riesgos necesarios que permitan determinar los SPPC”

Por su parte, Rodrigo Parra, gerente comercial del área de Industria y Recursos de AGQ Labs, expone que “para identificar un SPPC el proceso de estudio consta de varias fases, pero en forma resumida es necesaria una investigación preliminar acabada que reúna toda información histórica de la actividad industrial realizada en el lugar hasta el potencial daño en receptores. Una vez que se obtienen antecedentes concluyentes de manera preliminar, se requiere su confirmación determinando la concentración de los contaminantes presentes y realizando su comparación con normas de referencia. Finalmente se evalúa el riesgo y se propone un plan de acción”

Agrega que la priorización de los SPPC se hace en base a criterios ambientales y demográficos relacionados con el riesgo ambiental considerando cuatro variables relevantes: población residente, sistemas hídricos, uso del suelo y ecosistemas sensibles.

En el proyecto que se desarrolla en Las Salinas, en Viña del Mar, se están aplicando tecnologías avanzadas de biorremediación.

Ricardo Labarca aboga por una ley en pro de la remediación ambiental.

Rodrigo Parra detalla las distintas fases para identificar un SPPC.

1.195 SPPC registra la región de Atacama, liderando a nivel nacional. Le siguen Magallanes (1.096), Coquimbo (1.024) y Antofagasta (953). La región que presenta la menor cantidad es Aysén (174).

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Los tres expertos coinciden en que los avances tecnológicos, puestos al servicio de la identificación y remediación de los SPPC, han sido importantes en las últimas décadas y años.

En esa línea, Rodrigo Salinas resalta el empleo en Chile de tecnologías ya probadas en otros países que permiten acortar los tiempos de espera y contribuir “a la protección de la salud de nuestros trabajadores, a la salud pública y al medio ambiente. Por ejemplo, los equipos de medición de compuestos orgánicos volátiles (COV) de terreno nos acotan los riesgos, ya que al entregar información al instante de lo que está ocurriendo bajo la cota cero, cuando comenzamos a realizar trabajos de excavaciones y sostenimientos de terrenos, podemos evaluar acciones a futuro que no afecten las actividades del proyecto”. Rodrigo Parra, en tanto, destaca que “existen en la actualidad tecnologías para medir distintos contaminantes en niveles ultra trazas (ppb o ppt), como los equipos de espectroscopia ICPMS y contaminantes orgánicos, a través de la cromatografía gaseosa con detectores específicos (GC-MS-MS-FID), lo que asegura la precisión y exactitud de los resultados”, revela.

Ricardo Labarca, en tanto, manifiesta que “la integración de técnicas de gestión de datos y monitoreo en tiempo real ha permitido una mayor precisión en la identificación de contaminantes y en la evaluación del progreso de la remediación”. Al respecto, pone de relieve el proyecto de remediación urbana que se desarrolla en Las Salinas, en Viña del Mar, donde se están aplicando tecnologías avanzadas de biorremediación para tratar suelos contaminados con hidrocarburos, “facilitando la regeneración del terreno para futuros desarrollos inmobiliarios y espacios públicos”, asegura.

LEY DE SUELOS

Los especialistas también están de acuerdo en que una Ley General de Suelos facilitaría la gestión de los SPPC. Esto, a juicio del gerente de Remedia Green Tech, “porque sin una regulación específica, la identificación y remediación de suelos contaminados dependen de normativas dispersas y de la

buena voluntad de los actores involucrados. Es una situación que puede llevar a una falta de coherencia en los procedimientos y a una inadecuada protección del medio ambiente y de la salud pública. La ausencia de una ley integral dificulta también el establecimiento de incentivos y de responsabilidades claras, lo que puede retrasar o impedir la adecuada gestión de estos suelos. A pesar de tales desafíos, el marco regulatorio existente ha permitido ciertos avances en la identificación y manejo de suelos contaminados, pero una legislación específica fortalecería enormemente estos esfuerzos”

De manera coincidente, Rodrigo Salinas especifica que la falta de una política pública en la materia, como una Ley General de Suelos, “es un gran dolor que manejamos en Chile y que como Grupo nos ha tocado vivir en primera fuente. Es altamente perjudicial no contar con una normativa que determine la identificación de los SPPC, ya que el mercado no logra regularse sin reglas claras que nos permitan entregar soluciones, quedando a la deriva en base a lo que puedan, o no, opinar los distintos Órganos del Estado con Competencia Ambiental (OECA). Una norma haría posible reconocer estos sitios y poder así entregar soluciones que dejen tranquilo tanto al usuario final como a los OECA, inversionistas públicos o privados”

A su vez, desde AGQ, Rodrigo Parra expresa la relevancia que tiene para Chile la aprobación de una Ley de Suelos, considerando que en el actual escenario de cambio climático “los suelos se están convirtiendo en recursos escasos y su adecuada gestión es de vital importancia para el país”.

TRIPLE OFERTA

Para contribuir a la identificación y remediación de SPPC, el laboratorio de AGQ ofrece diversos análisis en suelo de parámetros inorgánicos, orgánicos y microbiológicos con técnicas acreditadas bajo la norma ISO 17025 y autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en un amplio alcance como Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA). “Contamos con equipos de última generación para la determinación de estos contaminantes y con un área de monitoreo con personal técnico de terreno que puede realizar la toma de muestras con equipos específicos dependiendo del objetivo y tipo de muestreo”, acota Parra.

Flesan, por su parte, se especializa en demoliciones y habilitación de terrenos desde 1981, “por lo que hemos desarrollado proyectos que requieren manejar los suelos con potencial presencia de contaminantes. Para eso, utilizamos técnicas internacionales que, con una mirada del futuro, apuntan a la construcción de nuevos activos para la ciudad”, subraya Salinas.

Por último, desde Remedia Green Tech señalan que cuentan con tres tipos de servicios para remediar suelos contaminados: asesoría preventiva y reactiva para terrenos industriales, gestión y remediación de terrenos contaminados asociados a operaciones mineras, y remediación y regeneración urbana de terrenos con pasado industrial.

Jaime Henríquez Valenzuela

Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial de FCAB

Patrimonio ferroviario: valor para Antofagasta

En la actualidad, el concepto de patrimonio ha evolucionado, pasando de ser una simple colección de vestigios del pasado a convertirse en una herramienta activa de valor social y desarrollo urbano.

En el contexto de la región de Antofagasta, el Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) no solo conserva la memoria histórica de la industria del salitre y del cobre, sino que también se erige como un motor para revitalizar y reimaginar el uso actual de estos recursos patrimoniales, que corresponden a un testimonio palpable de su pasado industrial y social. Las estaciones de trenes, sus locomotoras históricas y edificios emblemáticos no son meros objetos de exhibición; hoy, son parte de la identidad regional y el reflejo de un legado que ha dado forma a la región desde sus inicios.

En el ferrocarril hemos demostrado que el patrimonio no debe ser solo una reliquia del pasado, sino una plataforma de desarrollo para el presente y el futuro. Es por esta razón que trabajamos una estrategia patrimonial, cuyo enfoque es participativo y colaborativo, que se alinea con necesidades sociales y uso del espacio urbano, involucrando a todos los actores de la comunidad. Creemos que esta forma de valorizarlo es la más adecuada para evitar que se transformen en un pasivo urbano.

Este enfoque no es nuevo: ha sido exitosamente utilizado en París, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires y Ciudad de México, dentro de muchas otras ciudades que han integrado dentro de un proceso dinámico, participativo y colaborativo estos recursos en la vida cotidiana de una ciudad. Mirada que nosotros como país somos temerosos de tomar, resaltando más ejemplos fallidos que exitosos, con poca colaboración pública-privada, donde el patrimonio se transforma en un gravamen para su dueño y, finalmente, en una carga muy difícil de administrar. El desafío es grande, ya que conciliar la conservación con las necesidades urbanas es un tópico fundamental y de difícil solución. Debemos evitar que el resguardo de un espacio por su valor patrimonial se transforme en una inmovilización futura del lugar o en un inmueble decadente y ruinoso.

No queremos ser vistos como una colección de edificios y objetos históricos, sino como un testimonio vivo y actual del desarrollo económico y social de la región. Queremos que se nos recuerde como una empresa que conserva, pero que a la vez enriquece la vida comunitaria y fomenta el desarrollo urbano. Esto, a través de una gestión participativa y colaborativa, gracias a la cual podremos asegurar que este legado no solo se preserve, sino que también se integre y revitalice, sirviendo como un recurso activo para el presente y el futuro de la ciudad. Es nuestra meta continuar esta labor, asegurando que el legado del ferrocarril siga siendo un motor de desarrollo en el norte de Chile. Para eso, debemos cambiar de enfoque, y tal como señala Lloren Prats, considerar que el patrimonio cultural sólo adquiere valor en la medida en que la sociedad le otorgue su significancia, legitimándolo a través de su uso y, de esta forma, transformarlo en referente simbólico integrado en un territorio.

REFERENTE EN REMEDIACIÓN

Basada en su experiencia internacional, Séché abarca desde la evaluación de sitios contaminados hasta la implementación de soluciones innovadoras.

Por Séché Group Chile

Con más de 35 años de experiencia, la compañía francesa Séché Environnement se especializa en la gestión y tratamiento de residuos industriales com-

plejos, destacándose en la remediación de suelos y sitios contaminados, con una visión hacia un futuro más sostenible.

Este enfoque motivó a la empresa a de-

sarrollar soluciones, ya que la contaminación de suelos es un problema histórico, especialmente en zonas densamente pobladas e industrializadas.

En Europa, la compañía colabora estrechamente con industrias como la del petróleo, la metalúrgica y la farmacéutica, cuyas actividades han dejado zonas contaminadas que requieren intervención. La rehabilitación de estos terrenos permite su reutilización y evita la artificialización de nuevos suelos, favoreciendo la conservación de la biodiversidad.

LIDERAZGO GLOBAL

Con una sólida trayectoria en la gestión de residuos y remediación ambiental, Séché es reconocida como líder en la recuperación de sitios contaminados. Su experiencia global se refleja en proyectos realizados en Francia y Latinoamérica, donde ha implementado soluciones avanzadas y sostenibles para la descontaminación de suelos y aguas, adaptándose a los desafíos locales.

Un ejemplo destacado es el proyecto de remediación, realizado en octubre de 2020, en la ZAC Saulnier de Saint-Denis, Francia. Este terreno de 26 hectáreas, previamente contaminado por casi 150 años de actividad industrial, se transformó en el sitio donde hoy se levanta

Descontaminación del terreno en que se construyó el centro acuático usado en los Juegos Olímpicos de París.

un complejo deportivo acuático utilizado en los Juegos Olímpicos de 2024.

La compañía asumió el reto de sanear 182.000 m³ de tierra, de los cuales 30.000 m³ estaban contaminados con hidrocarburos, disolventes y metales. La operación, realizada en 14 meses, fue un éxito rotundo, completándose 15 días antes de lo previsto. Este logro se alcanzó gracias a la colaboración estrecha entre los equipos, quienes implementaron rigurosas medidas de seguridad y sostenibilidad durante todo el proceso.

En Latinoamérica, la empresa ha liderado importantes proyectos de remediación. En Perú, por ejemplo, en áreas afectadas por la minería, ha aplicado técnicas avanzadas como la estabilización de relaves y la restauración de ecosistemas degradados.

TÉCNICAS AVANZADAS

Chile enfrenta desafíos significativos relacionados con la contaminación de suelos, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Según el Catastro Nacional de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC),

Séché dispone diversas técnicas para recuperar sitios contaminados de manera segura y sostenible.

actualizado en diciembre de 2022, existen más de 10.000 sitios con posible presencia de contaminantes en el país. En respuesta a estos desafíos, se implementarán proyectos de recuperación de suelos, según condiciones climáticas, tipos de contaminantes, geohidrología y la biodiversidad del terreno.

Entre las técnicas de remediación utilizadas por el grupo Séché destacan las biopilas, que permiten tratar hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, pesticidas y herbicidas, así como compuestos organoclorados. Este proceso biológico controlado puede realizarse tanto on site como ex situ. Otra técnica es el sparging/venting, que trata principalmente hidrocarburos livianos y compuestos orgánicos volátiles de manera in situ a nivel de la napa subterránea. Además, la desorción térmica se ha empleado eficazmente para eliminar una amplia gama de contaminantes, incluidos hidrocarburos pesados y compuestos organoclorados. Es aplicable tanto in situ como ex situ logrando un eficiente control de emisiones.

Estas técnicas, respaldadas por años de experiencia y excelentes resultados, se proponen como soluciones viables para abordar la recuperación de suelos en Chile. La experiencia y el enfoque innovador son esenciales para cumplir con los estándares cada vez más estrictos. Además, el compromiso con la sostenibilidad se refleja en iniciativas como la educación ambiental y la promoción de prácticas de reciclaje y reducción de residuos en las comunidades locales.

La colaboración internacional es un pilar fundamental en la estrategia de la empresa, debido que, al compartir conocimientos y experiencias entre sus filiales en diferentes países, se implementan las mejores prácticas y adaptan las tecnologías a las condiciones locales, asegurando procesos de remediación más realistas y eficientes.

Séché incorpora la experiencia internacional a las operaciones locales, lo que le permite tener una visión integral para los proyectos de remediación, abarcando desde la evaluación inicial del terreno hasta la implementación de soluciones innovadoras, adaptándose a las normativas, políticas de cada país y contexto territorial en el que se desarrolle el proyecto.

De esta forma, Séché se posiciona como un referente en remediación ambiental. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, y su enfoque en la colaboración internacional, hacen que esta empresa se destaque y sea un aliado indispensable en la protección del medio ambiente a nivel global.

Unos 182.000 m³ de tierra contaminada con hidrocarburos y metales se sanearon en Saint-Denis.

Seminario organizado por InduAmbiente detalló soluciones

tecnológicas, experiencias y proyectos para rehabilitar sitios contaminados y, en algunos casos, darles un nuevo uso.

Contar con más áreas verdes, parques, plazas, ciclovías y calles. El deseo permanente de cada barrio, comuna y ciudad de nuestro país, que en la mayoría de los casos adolece de estos espacios públicos.

Una de ellas, Antofagasta, podrá sumarlos próximamente gracias a un proyecto emblemático que la empresa FCAB puso en marcha en enero pasado: “El Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios”, que busca descontaminar, recuperar y reintegrar al tejido urbano 48 hectáreas que,

durante más de 135 años, estuvieron aisladas del resto de la ciudad, rehabilitando el terreno para nuevos usos.

Los detalles de esta iniciativa –que en agosto culminó la fase de excavación, retiro y disposición final de suelos contaminados en las primeras dos hectáreas, emplazadas en el patio Bellavista–, fueron presentados por Jaime Henríquez, gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial de FCAB, en el seminario “Recuperación de sitios contaminados”, realizado por InduAmbiente en el hotel Radisson Blu Plaza El

El seminario fue seguido con mucha atención e interés por una audiencia que superó el centenar de participantes.

Bosque de Santiago con más de un centenar de asistentes. En su intervención, Henríquez resaltó que este trabajo “permitirá revitalizar el centro de la ciudad introduciendo actividades recreativas, equipamientos, viviendas y servicios. En total, 480 mil metros cuadrados de terreno serán integrados a la trama urbana, de los cuales 59 mil serán de áreas verdes”

Asimismo, destacó que “el diálogo y la participación de autoridades, trabajadores y vecinos han sido claves para el éxito del proyecto”

El necesario relacionamiento de las empresas con la comunidad y los stakeholders fue uno de los aspectos que más se resaltó durante el evento que aportó información muy útil para quienes buscan remediar suelos y aguas contaminadas, como también rehabilitarlos para nuevas funciones. Esto, a través de exposiciones de especialistas del sector público y privado, nacionales y extranjeros, que abordaron el marco regulatorio relacionado con esta temática, así como diversas experiencias,

“Unos 480 mil metros cuadrados de terreno serán integrados a la trama urbana, de los cuales 59 mil serán de áreas verdes”, resaltó Jaime Henríquez en su charla sobre el Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios de FCAB.

Carla Riveros se refirió al trabajo del MMA para elaborar una norma de calidad primaria de suelos.

proyectos en marcha, tecnologías y servicios para su implementación. La realización de este encuentro contó con la colaboración de FCAB y el coauspicio de Hidronor, Flesan, Séché Group, WSP, Las Salinas-Remedia Green Tech, ERM, Veolia y ALS. Además, tuvo el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Consejo Minero, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Asociación de Industriales Químicos de Chile (Asiquim) y la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (Achidam).

REGULACIÓN Y EVALUACIÓN

En sus palabras de bienvenida, Cristián Araya, subdirector de InduAmbiente, subrayó que “durante nuestra trayectoria de 31 años hemos desarrollado diversos productos y herramientas comunicacionales con una misión clara:

Cristián Araya y el aporte de los productos y herramientas comunicacionales de InduAmbiente.

La periodista Carla Ávila se encargó de la conducción del evento.

recuperación de

entregar a los sectores productivos información útil y de la más alta calidad para solucionar sus problemas ambientales e impulsar así el desarrollo sostenible de nuestro país. Eso es lo que hoy también pretendemos lograr con este seminario enfocado en la remediación y recuperación de sitios afectados por la contaminación industrial. Este es un tema muy relevante para que nuestro país siga creciendo de manera compatible con el necesario resguardo de las personas y del medio ambiente, pero que en Chile lamentablemente se ha desarrollado muy poco”

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, Carla Riveros, profesional de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, realizó una charla sobre los instrumentos vigentes y las normas en estudio y desarrollo para abordar la gestión y recuperación de sitios contaminados en Chile. En ese contexto, detalló el trabajo que está ejecutando esa cartera en torno a cuatro herramientas, partiendo por la elaboración de una Norma de Calidad Primaria de Suelos, cuyo proyecto definitivo se espera presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a fines de 2025. Esta regulación pretende establecer concentraciones de contaminantes por uso

de suelo (residencial o industrial), iniciando el proceso de discusión con 45 contaminantes potenciales a normar.

Riveros también se refirió a la actualización del catastro de suelos con potencial presencia de contaminantes (SPPC) que, según el último estudio realizado en 2022, identificó 9.261 SPPC, de los cuales 5.210 están activos, 958 inactivos, 2.786 en condición de abandono y 307 inclasificables. La información detallada está disponible desde 2023 en la plataforma SIMBIO, la cual este año se está mejorando para contar con un sistema que recopile los datos y acciones de gestión de cada sitio.

La representante del MMA también destacó la actualización de la Guía Metodológica para la Gestión de Sitios Contaminados y la Política Nacional de Sitios Contaminados.

La evaluación ambiental de proyectos para remediar y/o recuperar sitios contaminados fue otro tema relevante que se trató durante la jornada. La ponencia estuvo a cargo de Raúl Victor, gerente del área de Remediación de la empresa WSP, quien recordó que en Chile “actualmente

Sobre el trabajo de biorremediación en el terreno de Las Salinas, en Viña del Mar, expuso Ricardo Labarca.
La
pasivos urbanos, con algunos ejemplos en tal sentido, fue el foco de la presentación de María Eugenia Ubilla (Flesan).

Denisse Triviños (Hidronor) lamentó que Chile sea uno de los pocos países OCDE que no posee una legislación específica de suelo.

Sergio Labbé (Veolia) ofreció la charla “Geofísica avanzada al servicio de una gestión sostenible”.

no existen normas de calidad para suelo ni para aguas subterráneas”. De ahí que, agregó, hoy se utilicen normas de referencia extranjeras para evaluar este tipo de iniciativas, sumándose varias guías nacionales y proyectos emblemáticos que sirven de orientación.

El especialista subrayó también que las iniciativas de remediación tienen una naturaleza distinta a la gran mayoría de los proyectos que se someten al SEIA, ya que su principal objetivo es generar beneficios ambientales, los cuales son mucho mayores que los efectos negativos que puedan llegar a producir en el entorno. Sin embargo, advirtió que la ley requiere que estos proyectos “sean aprobados dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental utilizando los mismos criterios que una planta termoeléctrica o una faena minera”

Sobre ese escenario, puso énfasis en que las iniciativas que se presenten al SEIA deben ser robustas, para lo cual deben considerar un adecuado plan de muestreo, normas de referencia, evaluación de riesgos y técnicas de remediación, entre otros aspectos.

“El foco de la remediación debe ser siempre la protección de la salud humana y el medio ambiente”, afirmó Raúl Victor (WSP).

“La artificialización es el resultado de la actividad humana sobre el territorio y las acciones que ocupan el suelo”, explicó Marisol Garrido de Séché Group Chile.

“El proyecto de remediación debe dar cumplimiento a toda la formalidad del SEIA, incluyendo a todas las normas, guías y directrices emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y los servicios técnicos competentes, debiendo ser suficientemente flexible para minimizar nuevos ingresos al SEIA”, planteó Victor. Añadió que la participación ciudadana y el relacionamiento con órganos de la administración del Estado con competencias ambientales son fundamentales para asegurar el éxito del proceso de evaluación; que el foco de la remediación debe ser siempre la protección de la salud humana y el medio ambiente; y que es muy importante considerar normas de referencia y valores de riesgo aceptables que sean razonables y aplicables a la realidad de Chile.

BIORREMEDIACIÓN EN LAS SALINAS

Junto al de FCAB, otro de los proyectos de remediación que hoy es foco de atención en nuestro país es el que ejecuta la empresa Las Salinas en

Maurice Menadier (Séché) dio a conocer diversas técnicas (físicas, químicas, térmicas, biológicas y mixtas) para remediar y valorizar suelos contaminados.

Fabiana Imagawa (ALS) se explayó sobre los análisis de compuestos orgánicos, muestreadores activos y pasivos enfocados a áreas contaminadas.

un sitio de 16 hectáreas ubicado en el borde costero de Viña del Mar. Allí, hasta el año 2000, funcionaron centros de almacenamiento y distribución de combustibles que llegaron a la zona en la etapa industrial de la ciudad.

En su charla, Ricardo Labarca, Gerente de Desarrollo de la empresa, relevó que llevan más de 20 años trabajando para sanear ese terreno y hoy, con todas las autorizaciones ambientales, el proyecto está en la última etapa de saneamiento a través de la biorremediación. “Es una técnica basada en la naturaleza que permitirá reintegrar el sitio a la ciudad de manera segura para las personas y el entorno, abriendo interesantes oportunidades para su desarrollo”, comentó. En relación a esto último, aseguró que Las Salinas pretende ser un motor para la reactivación de Viña de Mar, generando en sus primeros 10 años un impacto económico total (directo, indirecto e inducido) estimado en USD 3.481 millones y 7.304 puestos de trabajo, según un estudio del Observatorio de Ciudades UC.

Agregó que lograr la aprobación de la iniciativa implicó un trabajo de casi una década, por lo que planteó que “la falta de una norma aplicable

ERM, a través de Alfrido Wagner, compartió sus conocimientos y servicios a través de casos de éxito ejecutados para clientes industriales en Chile y en otros países del Cono Sur.

La realidad virtual, que mostró cómo opera el proceso de biorremediación, fue parte de la puesta en escena de Las Salinas en el seminario.

es un problema que hay que abordar de manera urgente como país. Además, la tecnología de remediación seleccionada debe ser el resultado de las condiciones del proyecto más que una restricción del mismo. Y en la medida que lo anterior no avance, los proyectos dependen en mayor medida del compromiso y capacidad de resistencia del propietario”

El también gerente de Remedia Green Tech –empresa que presta servicios de remediación ambiental, que surgió a partir de la experiencia en Las Salinas– puso énfasis, además, en la importancia de los procesos permanentes de diálogo con la comunidad, organizaciones y autoridades, los cuales les han dejado un gran aprendizaje con la idea de “sumarse a un proyecto común de ciudad que ponga a las personas en el centro y con una mirada de sostenibilidad urbana”

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El seminario también aportó información especializada sobre las tec-

Momento de la bienvenida y acreditación de los asistentes.

Las preguntas y comentarios de los ejecutivos y profesionales asistentes le aportaron dinamismo y conocimiento técnico al seminario.

nologías y servicios necesarios para desarrollar proyectos de recuperación de sitios contaminados de manera adecuada, basados en distintas experiencias prácticas.

En su turno, Denisse Triviños, Subgerente de Ventas Industriales de Hidronor Chile, empresa que hace más de 25 años trabaja en la gestión integral de residuos, recalcó que Chile es uno de los pocos países OCDE que no posee una legislación específica de suelo. Luego se centró en el diagnóstico nacional de sitios contaminados, detallando algunos casos activos identificados, como el de la Inmobiliaria Las Salinas en Viña del Mar, el de FCAB en Antofagasta y el de la playa Las Petroleras en la misma ciudad.

También se explayó sobre casos de sitios abandonados que afectan a localidades y comunas como San Pedro de Atacama, Arica (contaminación por polimetales) y Coquimbo (relaves). Enseguida se refirió a las técnicas para su saneamiento y recuperación, enfocándose en los métodos hoy utilizados en Chile: excavación, retiro y disposición de la tierra (la más empleada); fitorremediación y biorremediación.

Por último, Triviños especificó que Hidronor ofrece servicios de “recuperación de suelos contaminados, determinando peligrosidad y principales contaminantes mediante muestras en terreno para aplicar el tratamiento más adecuado a fin de dar cumplimiento al DS 148 (Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos). El proceso consiste en la remoción de contaminantes del medio ambiente, los que son trasladados para su posterior tratamiento y disposición final, en forma segura, en instalaciones propias autorizadas ambientalmente”

Por su parte, María Eugenia Ubilla, Gerente de Medio Ambiente del Grupo Flesan, abordó el trabajo que desarrollan para la recuperación de pasivos urbanos, subrayando la experiencia que poseen en saneamiento ambiental y remediación de suelos.

Al respecto, detalló las 5 etapas del proceso de análisis que realizan de un proyecto en este ámbito: planificación, verificación in situ, revisión de la documentación disponible, gestión de la recuperación activa y realista, y evaluación y proyección de los costos.

Durante uno de los intermedios, expositores, organizadores, colaboradores y participantes compartieron experiencias y disfrutaron de un almuerzo.

Un grupo selecto: José Illesca (Codelco), Claudia Pérez (R&Q Ingeniería), Carla Riveros (MMA) y Lilian Veas (Ideambiente).

La especialista destacó, asimismo, que ejecutan “actividades de saneamiento que dan soluciones ambientales a activos con presencia de contaminantes desde la cota cero hacia arriba, y también labores de remediación de suelo, ya determinadas por nuestros clientes, que permiten restaurar sitios desde la cota cero hacia abajo”

Luego aportó antecedentes de estos servicios a través de varias experiencias realizadas en Santiago, como el saneamiento y demolición de edificios en Ñuñoa y Providencia, y la recuperación de un terreno en una planta industrial en San Joaquín, dando cuenta de los desafíos, procesos, tareas y medidas de mitigación que aplicaron para concretar estos proyectos. Y como ejemplo de remediación, expuso el trabajo realizado para FCAB en su plan de reconversión de patios ferroviarios.

Además, profundizó en las tres acciones de mitigación más importantes que implementan en este tipo de proyectos: control del ruido, control de la polución y relacionamiento comunitario.

CERO ARTIFICIALIZACIÓN NETA

Otra empresa especializada que compartió valiosos conocimientos y

expertise en el seminario fue Séché Group Chile. En la charla, su gerenta general, Marisol Garrido, se refirió primero al concepto de “cero artificialización neta”, definido en la Ley de Clima y Resiliencia del Gobierno Francés con miras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 55% para 2030.

Explicó que la artificialización es el resultado de la actividad humana sobre el territorio y las acciones que ocupan el suelo, que generan la pérdida de sus funciones naturales. Frente a eso, Francia se ha fijado el objetivo de disminuir en un 50% para 2031 el ritmo de artificialización de suelos en espacios naturales, agrícolas y forestales, para llegar al 100% en 2050.

“Eso significa que a mediados de siglo para, por ejemplo, construir viviendas, almacenes, fábricas, carreteras o cualquier otra infraestructura en un suelo natural, habrá que devolver al estado natural una superficie equivalente hasta entonces artificializada”, indicó.

Luego, el gerente de Servicios Ambientales de la empresa, Maurice Menadier, presentó diversas técnicas (físicas, químicas, térmicas, biológicas y mixtas) para remediar y valorizar suelos contaminados, considerando los más de 20 años de experiencia mundial del Grupo Séché en la materia. En ese marco, se centró en tres soluciones: sparging/venting,

ALS marcó presencia con Pablo Saavedra, Fabiana Imagawa, Thiago Freitas y Christian Eltit.
Stephanie Rotella y Ricardo Labarca, de Las Salinas, posan junto a Ana María Salgado de Arcadis.
Marisol Garrido y Maurice Menadier, de Séché, comparten con Cristián Araya de InduAmbiente.

Jaime Henríquez (FCAB), Tatiana Rodríguez (FCAB), Felipe Arévalo (PPU), Paula Tiznado (FCAB) y Raúl Victor (WSP) intercambiaron conocimiento experto.

Daniela Mancilla, Thiare Viveros, Denisse Triviños y Carolina Escandón, todas de Hidronor, destacaron el alto nivel de las exposiciones.

biopilas y desorción térmica, detallando sus aplicaciones, utilidades y ejemplos concretos desarrollados.

A su vez, la empresa internacional ERM, con más de 25 años de presencia en América Latina y el Caribe, compartió sus conocimientos y servicios a través de casos de éxito ejecutados para clientes industriales en Chile y en otros países del Cono Sur.

El primero fue el cierre de piscinas de evaporación de residuos líquidos industriales en el desierto de Antofagasta, resultantes de la producción de líquidos de flotación para la minería. ¿Resultado? Riesgos eliminados de forma costo-efectiva, aprobación de la remediación por parte del Servicio de Salud Antofagasta como predio saneado, y la recepción del arrendatario también como predio saneado.

El segundo caso aludió a la respuesta ante una emergencia ocurrida en tanques de fenol en una zona portuaria, los cuales se rebalsaron o perdieron fluido por rajaduras generadas por un terremoto.

Alfrido Wagner, director del equipo de Investigación, Evaluación de Riesgos y Remediación de Sitios Contaminados para ERM Andean (Argentina, Chile y Perú) presentó ambas experiencias. Para la última, reveló que luego del tratamiento de los fenoles en suelo mediante biopilas y bio-

Cinco protagonistas del seminario: Cristián Araya (InduAmbiente), José Luis Schiefelbein (WSP), Norma Berroeta (InduAmbiente), Arturo Brandt (Achidam) y Carlos Araya (Carozzi).

rreactor se alcanzaron “en 9 meses los objetivos sitio específicos para fenoles determinados con análisis de riesgo, lo que permitió reutilizar el suelo en el sitio con la aprobación de varios servicios sectoriales”.

El profesional también expuso otros proyectos de remediación “on site” que permiten recuperar zonas contaminadas sin trasladar los compuestos tóxicos a otros sitios, evitando también la emisión de gases de efecto invernadero. Un ejemplo es el que están ejecutando en la provincia de Buenos Aires, donde incluso ahora se piensa instalar una planta fotovoltaica.

GEOFÍSICA Y LABORATORIOS

Muy interesantes y útiles fueron también las dos últimas charlas del evento. La primera, sobre la geofísica avanzada como contribución a una gestión sostenible, estuvo a cargo de Sergio Labbé, gerente de Operaciones de Negocios Agua en Veolia, empresa con más de 40 años de experiencia en remediación en Europa y sobre 1,3 millones de toneladas de suelo tratadas y/o recuperadas.

Tal servicio permite la detección de anomalías geomorfológicas en el subsuelo; la identificación de pasivos ambientales y/o contaminantes

El equipo femenino de Flesan: María Eugenia Ubilla, Denisse Moreno, Makarena Fernández-Niño y Claudia Riveros.

Buena conversación hubo entre Simón Vargas (Hídrica Consultores), Cristián Araya (InduAmbiente), Tatiana Rodríguez (FCAB) y Marisol

Arcadis fue representado por Nicolás Ramírez, Athena Carkovic y Ana María Salgado. Los acompaña Mauricio Vásquez de Ingemars Ingeniería.

como hidrocarburos, metales pesados y lixiviados; la detección de anomalías en infraestructuras (como corrosión y delaminación); y la identificación de infraestructuras, elementos o interferencias en el subsuelo. “Lo anterior, mediante el uso de tecnología avanzada y la aplicación de una metodología no destructiva ni invasiva, lo que implica que no requiere realizar perforaciones o ensayos lentos y costosos”, aseguró el experto.

Agregó que este trabajo lo ejecutan enfocados en “cero falsos positivos” a través de la aplicación de una metodología redundante que permite ratificar los hallazgos por dos o más tecnologías y/o principios de medición.

Cerró el seminario Fabiana Imagawa, gerente técnico Ambiental para América Latina de ALS, quien compartió información sobre los análisis de compuestos orgánicos, muestreadores activos y pasivos enfocados a áreas contaminadas.

En relación a esto, explicó que el muestreo activo se realiza utilizando “una herramienta mecánica, como una bomba de vacío, para que la muestra sea introducida en el aparato de muestreo, que puede ser un tubo de carbón, filtro, canister, bag u otro. Es decir, se necesita emplear una fuerza para el muestreo”. El muestreo pasivo, en tanto, “es un método que depende del mecanismo natural de difusión que rige los gases. Se deja el muestreador expuesto por un tiempo determinado y el resultado en general va a ser expresado en masa”

¿Cuál emplear? A su juicio, “se debe evaluar la mejor técnica depen-

Momento de

y

diendo del objetivo del proyecto, ya que ambas tienen ventajas y desventajas”

Agregó que ALS ofrece todo el soporte para las dos opciones, contando con el servicio de análisis por muestreadores activos (Bottle vac) y pasivos (WMS) con acreditación ISO 17.025. Además, posee la infraestructura necesaria para procesar una gran cantidad de muestras.

En estas páginas compartimos una galería fotográfica que refleja lo que fue el seminario en sus diferentes expresiones.

Garrido (Séché).
Evelyn Castel, profesional independiente, intercambió opiniones con Andrea Cullen y Matías Olivera de CMPC.
Cristián Araya y Norma Berroeta, de InduAmbiente, departen con Juan Carlos Fuentes (Good Prop).
relajo de Jorge García (SUN), Marcos Morales (Oxiquim)
Alejandro Valenzuela (SUN).

Mientras las compañías mineras trabajan para mejorar su gestión y evitar incidentes, el Ejecutivo y el Congreso avanzan en cambios reglamentarios, una nueva ley y en otras iniciativas con esos y otros objetivos.

Los relaves no son poca cosa. Al revés, se generan en cantidades exorbitantes. Y no es exageración: se estima que al año 2026 las empresas mineras deberán gestionar 915 millones de toneladas de este material residual, según precisa el estudio “Relaves mineros y desigualdades socio-territoriales en Chile: un estudio exploratorio”, publicado en 2023, en la prestigiosa revista científica Journal of Maps.

El trabajo –desarrollado por Fernando Campos, académico de la Universidad de Chile; Hernán Pezoa, estudiante de Geografía del mismo plantel; e Iván Ojeda, profesor de la Universidad Católica del Norte– revela también que en nuestro país existen 757 depósitos de relaves, de los cuales 619 se emplazan en apenas 20 comunas. Lideran el listado Andacollo (122), Copiapó (87), Illapel (68) y La Higuera (45), ubicadas en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Pese a esa enorme cantidad de relaves y su concentración, Chile no registra incidentes frecuentes asociados a estos desechos mineros. De hecho, el último evento de gravedad se produjo en el año 2010 con la falla

del tranque de relaves “Las Palmas”, en la región del Maule, derivada del terremoto del 27 de febrero, que provocó el desplazamiento de 230 mil metros cúbicos de material que causaron el lamentable fallecimiento de cuatro personas.

En junio de 2024, en tanto, las copiosas lluvias generaron escurrimientos superficiales desde la cubeta del depósito de relaves en pasta de Minera Las Cenizas. Lo anterior derivó en el arrastre de sedimentos, “que bajaron en forma diluida con la gran cantidad de agua que se acumuló y escurrió hacia las piscinas colectoras, las que no pudieron contener los flujos en su totalidad, vertiendo una parte diluida por la quebrada El Chinchorro”, informó la empresa en un comunicado.

Patricio Aguilera, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), indica que este tipo de eventos no implica un retroceso en la gestión de los relaves en Chile, pero advierte que “marca un precedente y deja aprendizajes no solo para la entidad pública, sino que también para el sector minero en su totalidad. Incidentes de este tipo se evitan mediante una

Gentileza DGA
Gentileza
DGA MOP

adecuada evaluación de riesgos con factores externos como lluvias extremas o de características asociadas al cambio climático. Esto debe considerarse en los diseños, tanto para la construcción, operación y cierre de las instalaciones mineras”

ESTÁNDAR Y OBSERVATORIO

Hecho ese paréntesis, el ejecutivo resalta los avances registrados en los últimos años en el manejo de los relaves y sus depósitos: “Uno de los más importantes ha sido la aplicación del Estándar Global sobre Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM por sus siglas en inglés), lo cual surgió como iniciativa de la International Council on Mining and Metals (ICMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI), luego de la falla del depósito de relaves de Brumadinho”

Cabe señalar que esa tragedia, ocurrida en enero de 2019 en Brasil, dejó cientos de muertos.

El estándar GISTM busca alcanzar el objetivo de cero daños a las personas y al medio ambiente, y tolerancia cero para fatalidades humanas. Asimismo, exige a los operadores responsabilidades, y la divulgación de la información pertinente como respaldo de la rendición de cuentas frente a la comunidad.

Los avances en la gestión de los depósitos de relaves a nivel de la gran minería, en la última década, son muy notorios.

2022

Año en que la Superintendencia del Medio

Ambiente aprobó la instrucción general para la vigilancia ambiental del componente agua en relación con los depósitos de relaves.

2 Tranques de relaves de Antofagasta Minerals ya cumplieron con el estándar GISTM: El Mauro en Los Pelambres y el de relaves espesados en Centinela. Para agosto de 2025 se espera que se sumen los otros depósitos de la compañía: Los Quillayes y la instalación de relaves espesados de Zaldívar.

“En Chile, este estándar ha sido incorporado, principalmente, por las empresas de la gran minería que poseen depósitos de relaves y que pertenecen al ICMM, generando un cambio en la gestión y gobernanza de estas instalaciones”, subraya Aguilera.

Carla Calderón, jefa de proyectos de la Gerencia de Sustentabilidad de Fundación Chile, plantea que los avances en la gestión de los depósitos de relaves a nivel de la gran minería, en la última década, son muy notorios, “con inversiones en tecnologías de monitoreo, incorporación de lineamientos y estándares internacionales y su participación en iniciativas de desarrollo públicoprivado”, detalla.

En esa línea, destaca el Programa Tranque, que nació en 2016 para el desarrollo de un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana para depósitos de relaves. “A través de una plataforma de gestión de información, proporciona a autoridades, compañías mineras y comunidades información de calidad, confiable y oportuna sobre el desempeño de estas instalaciones en ámbitos de estabilidad física y monitoreo de aguas circundantes. A partir de este desarrollo, en materia de estabilidad física de los depósitos de relaves, en 2020 el Ministerio de Minería anunció la creación del Observatorio Nacional de Relaves”, revela.

Sobre tal iniciativa, Patricio Aguilera expone que actualmente se está probando la plataforma en el tranque El Mauro de Los Pelambres. Agrega: “Mediante una evaluación cualitativa del depósito, la compañía actualiza a diario una lista de verificación para conocer el estado de la instalación, antecedentes que son recibidos por nuestros equipos en Sernageomin. En los próximos meses escalaremos a otros relaves este mismo tipo de evaluación cualitativa diaria”. Especifica, asimismo, que en 2025 planean desarrollar un Observatorio orientado a monitorear en tiempo real los relaves con datos recibidos de sensores de parámetros cuantitativos instalados en los depósitos. “Así se podrán evaluar de manera permanente los índices de estabilidad física de los relaves, esperándose también monitorear las remociones en masa en las cuencas en que se observe dicho fenómeno”, asegura.

AVANCES REGULATORIOS

El director nacional del Sernageomin resalta, además, algunas iniciativas regulatorias para mejorar la gestión de los depósitos de relaves. “La más importante ha sido el proceso de modificación del Decreto Supremo Nº 248, que estuvo en proceso de consulta ciudadana hasta el 12 de agosto. La propuesta recoge diversos aspectos planteados por el estándar GISTM e incorpora un capítulo especial de gestión y gobernanza”, indica Aguilera.

Luego resume en cinco pilares los cambios planteados a dicha normativa:

• Incorpora proyectos de extracción de relaves, estableciendo requerimientos claros al respecto.

• Distingue las consecuencias de los proyectos de disposición de relaves, lo que permitirá clasificar los depósitos en tres niveles de acuerdo con una matriz que combina factores de diseño y daño potencial ante una rotura de estos.

• Incluye sistemas de control y monitoreo mucho más específicos y claros, estableciendo parámetros, puntos y frecuencias mínimos.

• Exige a las empresas contar con un sistema de gestión y gobernanza, ya que una adecuada gestión del riesgo al interior del proyecto permite que los depósitos de relaves sean más seguros.

• Exige una caracterización geoquímica, identificando los fenómenos que pueden influir en la estabilidad física del proyecto de relaves, considerando procesos como la disolución de sales, precipitación de metales, o generación de drenajes mineros.

A juicio de Carla Calderón, la modificación del Decreto Supremo Nº 248

Gentileza Ministerio de Minería

Patricio Aguilera detalla los beneficios que introduce la modificación del Decreto Supremo Nº 248.

Calderón resalta el aporte del programa Tranque desde el 2016.

implica un salto cualitativo en materia de gestión de depósitos de relaves con la incorporación de conceptos que actualmente se contemplan a nivel internacional. Un ejemplo es la “ingeniería de registro”, que alude a la dirección técnica durante el desarrollo del proyecto, velando por la seguridad de estas instalaciones. “También presenta importantes avances en lo relativo al monitoreo y evaluación de la estabilidad física de los depósitos, incluyendo como exigencia un plan de monitoreo con evaluación de la información y reportabilidad que se debe ajustar a los requisitos establecidos por el Sernageomin”, acota.

En el Congreso, en tanto, avanza el proyecto que modifica la Ley 20.920 –que establece un marco para la gestión de los residuos y la Responsabilidad Extendida del Productor– para exigir a los gestores de depósitos de relaves mineros la aplicación de un plan de recuperación de metales pesados para prevenir riesgos para la salud pública y el entorno natural.

En el texto se precisa que esta obligación “abre la oportunidad para que las empresas obtengan materias primas y minerales valiosos, como molibdeno, níquel, oro, plata, sulfuros de cobre de alta ley, renio y cobalto, promoviendo una economía más sostenible”

Finalmente, desde el Sernageomin, Aguilera subraya otra iniciativa gubernamental que puede ayudar a mejorar la gestión de los relaves: el Plan Sectorial de Cambio Climático de Minería. Según detalla, éste “incluirá una serie de medidas para adaptarse a los impactos de este fenómeno, como el desarrollo de nuevas infraestructuras resilientes al clima y la mejora de la gestión del riesgo considerando este factor. Estará en consulta pública hasta el 9 de septiembre”

PYMES MINERAS

En relación a desafíos, Aguilera manifiesta “la necesidad de traspasar las buenas prácticas utilizadas en el estándar GISTM a la mediana y pequeña minería. Y también mejorar las capacidades instaladas para el desarrollo de proyectos de relaves considerando toda su vida útil, para que pequeños y medianos productores puedan contar con profesionales especializados, y de esta forma generar una minería más segura para todas y todos”.

En el mismo sentido, Carla Calderón manifiesta que es posible avanzar con las Pymes mineras, “implementando sistemas de monitoreo y evaluación que se ajusten a su realidad, pero que den cuenta de manera oportuna y con información confiable de la estabilidad de sus depósitos. Al respecto, iniciativas como el Programa Tranque y otros desarrollos tecnológicos que vienen adquieren relevancia, porque además generan un espacio para el surgimiento de nuevos proveedores que pueden entregar soluciones innovadoras que, incluso, podrían ser exportables a otros países”

Desafíos para evaluar proyectos de hidrógeno verde

El Plan de Acción 2023-2030 de Hidrógeno Verde, liderado por el Ministerio de Energía y elaborado con participación pública y privada, definió una hoja de ruta para el despliegue de esta industria. Su orientación es contribuir con la descarbonización energética nacional y mundial, abordando un desafío de industrialización en toda la cadena de valor del hidrógeno verde (H2v) y sus derivados, como corolario de la política energética y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) participó en dicho plan y asumió compromisos para su fortalecimiento.

La llegada de esta industria genera muchas expectativas y también preocupaciones sociales y ambientales. Por eso, el SEA trabaja construyendo certezas para todos los actores que participan en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que son parte de su cadena de valor.

En los últimos meses se han ejecutado diversas medidas para lograr una tramitación eficaz, eficiente y oportuna de estas iniciativas. Reforzamos los equipos técnicos de la región de Magallanes, contratando nuevos profesionales. Además, se creó en la dirección ejecutiva un equipo especial que apoyará a la dirección regional en el proceso de evaluación ambiental.

También se publicaron guías y criterios para la evaluación ambiental de H2v que son pioneros en el mundo. Destacan los criterios “Introducción a proyectos de hidrógeno verde” (2022), “Descripción integrada de proyectos para la generación de hidrógeno verde en el SEIA” (2023) e “Introducción a proyectos de almacenamiento de energía” (2023). También la “Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA” (2023). Estos documentos contribuyen a entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el desarrollo de estos proyectos en Chile.

Junto con lo anterior, desde la dirección ejecutiva del SEA hemos sostenido diversas reuniones y encuentros con los gremios relacionados a la industria para conocer sus inquietudes, dar a conocer los criterios e intercambiar información relevante. También nos hemos reunido con organizaciones sociales y ambientales que manifiestan preocupaciones por los impactos de esta industria, recibiendo información de interés. Por otro lado, se realizaron visitas técnicas para capacitar a los profesionales del SEA en las regiones de Antofagasta y Magallanes para que se refuerce el conocimiento en esta materia y garantizar la unificación de criterios.

En resumen, un conjunto de medidas de acción que permitirán realizar una evaluación técnica y de excelencia de este tipo de iniciativas.

Carla
Valentina Durán Medina Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental

REVOLUCIÓN EN LIMPIEZA

Resiter ha incorporado innovaciones para el aseo tecnificado en la minería, impulsando un futuro más seguro, eficiente y sostenible.

El robot de limpieza de alta presión, con autonomía de 12 horas, contribuye significativamente a la seguridad de los trabajadores.

La industria minera, fundamental para el suministro de materias primas a nivel global, enfrenta constantes desafíos relacionados con la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. En este escenario, Resiter, una empresa destacada en el área de economía circular y con casi 45 años de experiencia, se ha posicionado como líder en innovación tecnológica en el sector.

Para graficarlo, el siguiente artículo explora cómo las soluciones de Resiter están revolucionando el proceso de limpieza industrial del sector minero, logrando mejoras significativas que hoy son reconocidas y valoradas por sus clientes del rubro.

SEGURIDAD

MINERA

Para la minería, la seguridad de los trabajadores es un factor primordial. Tradicionalmente, las tareas de aseo industrial se han realizado manualmente, exponiendo a los colaboradores a diversos riesgos. En respuesta a esta realidad que involucra no solo la salud de las personas,

Microcargador radio controlado eléctrico.

sino también a los procesos y su optimización, Resiter decidió investigar cómo podía evitar que se produjeran accidentes. Además, se volcó hacia un modelo tecnificado que incorpora tecnología de primer nivel, gracias al cual –según destacan en la empresa– han logrado mejorar los procesos y elevar los estándares de seguridad en el sector.

En concreto, la compañía ha introducido innovaciones claves para la ejecución de los servicios de limpieza de áreas industriales como las de chancado, molienda, concentradora y tostación, entre otras.

Un ejemplo es el robot de limpieza de alta presión, capaz de operar a 40,000 PSI con una autonomía de 12 horas. Esta tecnología, ya implementada en el proceso de tostación de minera Ministro Hales de Codelco, ha reducido significativamente la exposición de los trabajadores a riesgos de accidentes por manipulación de sistemas de presión extrema, disminuyendo el tiempo de ejecución de las actividades en un 50%.

Otra innovación es el microcargador radiocontrolado eléctrico, diseñado para operar en espacios reducidos bajo correas transportadoras. La maniobrabilidad y eficiencia de este equipo en la recolección de material

La limpieza automatizada aporta seguridad y eficiencia a las faenas mineras.

Compromiso de la ingeniería sostenible

lo convierten en una herramienta esencial en las operaciones mineras. Estos avances tecnológicos optimizan el trabajo diario y aumentan la productividad, permitiendo que Resiter entregue medios y herramientas a sus colaboradores para que trabajen mucho más seguros.

SOLUCIONES SOSTENIBLES

En el mismo sentido de las propuestas concretas que mejoran la eficiencia y la seguridad de los colaboradores, Resiter ha integrado la sostenibilidad como un principio fundamental en sus operaciones. Por eso, trabaja en soluciones que minimizan las emisiones de gases contaminantes y optimizan el uso de recursos energéticos. Esto incluye el desarrollo de maquinaria más eficiente y sistemas de gestión energética avanzados. La incorporación de equipos eléctricos de transporte de material, con características 4x4, dotadas con baterías de litio de larga duración, son un ejemplo de cómo la empresa está alineando sus prácticas con un enfoque ambiental responsable y libre de emisiones de CO2. Estas innovaciones no solo reducen la huella de carbono de las operaciones mineras, sino que también permiten disminuir el impacto en las comunidades locales.

Óscar Lecaros, gerente de Minería de Resiter Corporativo, subraya que “cada paso que damos está orientado a mejorar la eficiencia, velar por la seguridad de las personas y proteger el entorno. La sostenibilidad no es una opción, es una obligación”

VISIÓN FUTURA

La tecnología en la minería no es una moda pasajera, sino una necesidad. Sobre ese escenario, en Resiter resaltan que continúan liderando esta revolución en aseo industrial con la reciente incorporación de un equipo de aspirado de bajas dimensiones en la minera Antucoya, diseñado para operar bajo correas transportadoras en movimiento. Controlada de manera remota, la tecnología mejora la seguridad del operador y también incrementa la eficiencia del proceso, marcando un nuevo estándar en la industria.

De este modo, con presencia en 6 países de Latinoamérica y Europa, Resiter está demostrando que la tecnología puede y debe utilizarse para contribuir a transformar el sector minero, creando un futuro en el que la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano.

Los recientes eventos ocurridos en el país constituyen una alerta de lo que es posible esperar del cambio climático mundial. Lluvias torrenciales, cortes prolongados del suministro de energía eléctrica, destrucción de infraestructura y todo tipo de daños físicos en ciudades muestran un panorama desolador. Todo ello justifica lo que ha señalado Jeremy Rifkin del Wharton School, quien nos dice que hay que dejar atrás el paradigma tradicional de la sociedad caracterizado por la idea del progreso indefinido para enfocarse hacia un sistema sostenible que permita la sobrevivencia de la especie humana. Los conceptos de adaptación y regeneración deben reemplazar a los antiguos basados en eficiencia y eficacia.

En nuestra visión de la ingeniería, la sostenibilidad debe ser un eje prioritario de la formación profesional. Consecuentemente, cabe dar mayor importancia a las tecnologías resilientes, con proyectos que sean robustos para enfrentar el cambio climático. Particular interés tiene el mejoramiento del desarrollo urbano atendiendo a que estamos llegando a un 90% de nuestra población viviendo en ciudades. Para adaptarnos, debemos limitar la ampliación de los límites urbanos, restringir la construcción no regulada, prohibir las disposiciones de residuos no controladas y, en general, eliminar las acciones antrópicas propias del paradigma tradicional.

Un rol importante corresponde a la regeneración del vínculo entre los ciudadanos y la naturaleza. El 1 de agosto pasado realizamos en la Universidad Católica de Temuco un seminario-taller sobre humedales urbanos que contó con la participación de la Dra. Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, junto con autoridades y profesionales de la Araucanía. Ahí se expuso la necesidad de formar nuevas capacidades para asumir un rol fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida urbana.

Tareas pendientes son la infraestructura y viviendas y servicios básicos a la población, cuyo diseño debe hacerse bajos nuevos criterios de ingeniería, generados conformes a las exigencias de eventos climáticos nunca antes presentes en Chile. Los atrasos en tomar acciones se reflejarán en desastres socio-naturales con costos cada vez mayores, por lo cual la ingeniería sostenible debe asumir un rol fundamental.

Sebastián Videla
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Temuco

En el contexto del plan en marcha para terminar con los casos de esta enfermedad al 2030, destacamos algunas medidas adoptadas por empresas mineras con ese objetivo.

Ya en los tiempos de Hipócrates, el denominado “Padre de la Medicina”, en el siglo V antes de Cristo, se empezaron a conocer casos de una enfermedad con características similares a la silicosis, según revela un artículo de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).

El texto agrega que “desde entonces y hasta mediados del siglo pasado se sabía que los mineros sufrían una enfermedad particular, a la que llamaban tisis de los mineros, cuya causa real se desconocía y que no afectaba a quienes trabajaban en otros oficios”.

Con los avances de la medicina, posteriormente se relacionó a esta patología con el polvo del ambiente laboral y, al analizar su contenido, se descubrió que su causa directa era la inhalación, retención y reacción pulmonar a la sílice libre cristalizada, lo que le dio su nombre actual de silicosis.

Las actividades de mayor riesgo que la provocan son: limpieza abrasiva con chorro de arena y cuarzo; trituración de cuarzo, roca y caliza; perforación neumática o eléctrica de roca; esmerilado mecánico (pulido); lijado mecánico; mezcla, corte y pulido de pastelones y cerámicas; corte de ladrillos; limpieza abrasiva de piezas dentales; envasado manual o semi neumático de polvo en sacos;

corte y pulido de rocas; perforación y corte de bloques de hormigón.

PLAN DE ERRADICACIÓN

Como informa la Subsecretaría de Previsión Social, la silicosis es considerada en Chile un problema de salud pública. Por eso, en 2007 los ministerios del Trabajo y Salud suscribieron un acuerdo que dio origen al Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 2009-2030 (Planesi), cuyo objetivo principal es lograr que al 2030 ya no se diagnostique más esta enfermedad laboral en nuestro país.

Aunque tras 15 años de su implementación el balance arroja que la tasa de mortalidad por esta causa ha bajado progresivamente en la minería, aún está muy lejos de acercarse a cero. De hecho, solo la región de Atacama, en el trienio 2020-2022, registró 201 fallecimientos por silicosis, siendo la zona del país con más muertes derivadas de esta afección.

Tanto en Atacama como en otras regiones mineras operan mesas de trabajo para adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir las metas del Planesi, y se desarrollan jornadas de concientización para alertar sobre las consecuencias de esta patología.

En ese escenario, las empresas mineras han ido incorporando tecnologías, aplicando mejores prácticas y desarrollando otras iniciativas para aportar a la erradicación de la silicosis.

Al respecto, el director de Asuntos Externos de Kinross Chile, Patricio Pinto, detalla que, para prevenir la exposición al polvo de sílice de sus colaboradores, la compañía ha implementado en sus faenas “planes transversales para sellar equipos mineros, adoptado sistemas de purificación de aire, y ejecutado planes de mantenimiento y actualización de sistemas de captación de polvo en áreas críticas. Estas acciones se complementan con campañas de concientización sobre el uso adecuado de respiradores y exámenes ocupacionales periódicos para garantizar la salud continua de los trabajadores”

A su vez, Minera Spence puso en marcha, durante los últimos años, un nuevo sistema colector de polvo y sellado de correas, una central de aspirado en el edificio de harneros, y una planta ablandadora de agua que busca evitar la sedimentación del agua dura en los equipos, ya que interfieren con el pulverizado. También realiza el mantenimiento periódico de los supresores y colector de polvo existente, ejecuta un programa de regadío y

efectuó la reparación y rediseño de las tolvas de chancado.

SITUACIÓN EN CODELCO

Varias sentencias judiciales han resuelto que Codelco debe pagar a ex trabajadores propios y subcontratados que la demandaron por contraer silicosis durante los años que prestaron servicios en sus faenas.

Sobre el trabajo que desarrollan para erradicar esta enfermedad, en la Corporación sostienen que “ese es uno de los focos prioritarios de Codelco en materia de salud ocupacional y lo hemos abordado a través de nuestra estrategia corporativa SSO (Seguridad y Salud Ocupacional). Hemos implementado en los últimos años una filosofía de gestión de este riesgo basada en la metodología bow tie, que permite focalizarse en los controles denominados ‘críticos’, cuya adecuada priorización y verificación disminuye de manera importante el riesgo de exposición y la probabilidad de generar silicosis.

Esta metodología es recomendada por el ICMM (International Council on Mining and Metals)” Además, la cuprífera cuenta con indicadores de gestión preventivos y mitigadores, que buscan reducir la emisión de polvo desde las fuentes productivas. Y, en paralelo, realiza pruebas y monitorea el uso efectivo de la última barrera, que es la protección respiratoria (EPP). “Estos indicadores son monitoreados desde los más altos niveles organizacionales de Codelco, de manera de asegurar que el mejoramiento sea permanente y, gracias a ello, cerramos 2023 con las menores exposiciones a sílice de nuestra historia”, destacan.

Entre las principales medidas concretas implementadas en los últimos años, en Codelco detallan la incorporación de tecnología para la medición de polvo en tiempo real y softwares internacionales de interpretación de datos desarrollados por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional estadounidense (NIOSH). “Esto nos ha permitido tener una mayor capacidad para iden-

Diversas labores de la construcción pueden provocar esta enfermedad.

tificar zonas críticas y, en consecuencia, definir soluciones de ingeniería más efectivas. Nuestro foco actual es continuar implementando las mejoras priorizadas, las que principalmente buscan reducir las emisiones de polvo y minimizar el riesgo mediante la separación de las personas de las fuentes de exposición” , exponen en la compañía.

Para asegurar ambientes sanos y seguros para todos quienes laboran día a día en sus operaciones y proyectos, la empresa también trabaja en este ámbito de SSO con sus empresas colaboradoras. “Con ellas estamos desplegando un proceso de monitoreo de indicadores claves y rutinas de seguimiento de medidas, para reducir el riesgo en la ejecución de sus tareas y asegurar el uso adecuado de la protección respiratoria. Nuestro principal valor ‘nos cuidamos’ nos desafía permanentemente a seguir mejorando el desempeño en materia de salud ocupacional. Como Codelco promovemos que este valor viva día a día en nuestras decisiones”, concluyen.

Según Naciones Unidas, ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se lograría en 2030, ya que apenas el 16% “va bien encaminado”. ¿Cuáles son las razones?

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales apostaron por la sensatez y el bien común, dejando las diferencias de lado, y suscribieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con metas específicas al 2030. Todo, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la

prosperidad de sus habitantes.

Sería un trabajo mancomunado con el aporte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros.

Casi nueve años después, el noveno Informe de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre

la Agenda 2030 revela que, sin una inversión masiva y un aumento de políticas efectivas, su consecución será muy difícil de alcanzar. De hecho, revela que “solo el 16% de las metas van bien encaminadas”

“La conclusión es simple: nuestra incapacidad para asegurar la paz, enfrentar el cambio

climático e impulsar las finanzas internacionales está socavando el desarrollo”, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la presentación del reporte.

En la ocasión, el ejecutivo destacó algunos avances, como el aumento de la paridad en la educación de niñas y niños, la mejora del acceso a internet, el descenso del número de casos de VIH y el auge de las energías renovables.

“Tenemos lo necesario para abrirnos paso hacia un futuro mejor, pero la velocidad y la escala de los cambios requeridos para el desarrollo sostenible siguen siendo demasiado lentas”, expresó el ejecutivo, instando a los países a acelerar las acciones en torno a la paz y las transiciones energética y digital.

ALGUNOS PROGRESOS

Según el poco alentador reporte de la ONU, elaborado por más de un centenar de científicos, casi la mitad de los ODS muestran un progreso mínimo o moderado y más de un tercio están estancados o han retrocedido.

Un ejemplo es el de las metas de los ODS relacionadas con los sistemas alimentarios y el uso de la tierra, las cuales “están muy mal

encaminadas”. Las Naciones Unidas estiman que, para 2030, unos 600 millones de personas seguirán padeciendo hambre, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y otros usos de la tierra representarán casi una cuarta parte de las emisiones mundiales.

¿Qué explica los lentos o nulos avances? “Los efectos persistentes de la pandemia por Covid-19, la escalada de los conflictos, las tensiones geopolíticas y el creciente caos climático han obstaculizado gravemente el progreso” , asegura el documento, que detalla que 23 millones de personas más se vieron empujadas a la pobreza extrema y unos 100 millones más padecieron hambre en 2022 en comparación con 2019.

Además, el número de muertes de civiles en conflictos armados se disparó en 2023 y el año pasado fue también el más cálido registrado, con aumentos de temperatura globales cercanas al umbral crítico de 1,5 °C respecto a la era preindustrial.

Pero no todo es negativo. El texto destaca que la capacidad mundial de generación de electricidad a partir de energías renovables ha comenzado a expandirse a un ritmo sin pre-

22-23 Septiembre: Días en que se realizará, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cumbre del Futuro, que será fundamental para encarrilar al mundo hacia la consecución de los ODS.

4,2 Billones de dólares anuales se requieren, según el Pacto Mundial de la ONU, para la financiación de los ODS, sobre todo en los países en desarrollo. Ese monto es un 68% más alto que el estimado antes del inicio de la pandemia por Covid-19.

Al 2030, las emisiones de GEI procedentes de la agricultura y otros usos de la tierra representarán casi una cuarta parte de estas emisiones mundiales.

cedentes, con un crecimiento anual del 8,1% durante los últimos cinco años (ODS 7).

También pone de relieve avances en reducción de la pobreza (ODS 1 y ODS 10), nutrición en niños (ODS 2), salud (ODS 3), desarrollo en educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), aceleración del empleo (ODS 8), aumento de la financiación climática (ODS 13), protección para el océano (ODS 14), y en tecnología y datos (ODS 17).

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

En contrapartida, las tasas de deuda externa se han mantenido en niveles nunca antes visto en los países en desarrollo. “Alrededor del 60% de los países de renta baja corren un alto riesgo de sobreendeudamiento o ya lo están experimentando, lo que limita su capacidad de financiar la acción climática”, sostiene el informe. Las conclusiones más relevantes del reporte se resumen en cinco puntos:

• En promedio, a nivel mundial, solo el 16% de las metas de los ODS están en vías de alcanzarse para 2030, y el 84% restante muestra un progreso limitado o un retroceso.

• El ritmo de avance de los ODS varía significativamente entre los distintos grupos de países. Los nórdicos siguen a la cabeza en la consecución de los ODS, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos considerados como países emergentes) muestran grandes avances, en tanto que las naciones pobres y vulnerables se quedan muy rezagadas.

• El desarrollo sostenible sigue siendo un reto de inversión a largo plazo. Reformar la arquitectura financiera mundial es más urgente que nunca.

• Los retos de escala global requieren una cooperación global. Barbados es el país más comprometido con el multilateralismo basado en la ONU; Estados Unidos ocupa el último lugar.

“Actualmente, se destinan más fondos a actividades que obstaculizan los ODS que a acciones para apoyarlos”.

Merel Van der Mark, directora de Finanzas y Bienestar Animal de la ONG internacional Sinergia Animal

tensificación de los desafíos interconectados continúa poniendo en peligro alcanzar las metas de los ODS para 2030”.

• Las metas de los ODS relacionadas con los sistemas alimentarios y del uso de tierras están especialmente mal encaminadas.

De acuerdo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, “la in-

A su juicio, los principales desafíos, relacionados con los ODS, que debe enfrentar la humanidad son: el incremento de las desigualdades (ODS 1, ODS 2 y ODS 10); las crisis alimentarias (ODS 2 y ODS 12); los retrocesos en las coberturas sanitarias y de vacunación (ODS 3); los retrocesos en algunos sistemas educativos (ODS 4); la escalada de conflictos (ODS 10 y ODS 16); el aumento en la brecha de financiamiento de los ODS (ODS 17); las dificultades en el acceso al agua (ODS 6); y la crisis climática y de la biodiversidad (ODS 13, ODS 14 y ODS 15). En relación a este último, como justificación, el Pacto señala que “el incremento de los gases de efecto invernadero continúa aumentando las temperaturas, desencadenando un cuarto evento mundial de blanqueamiento de corales”

© Sofía
Peñaloza
Según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, uno de los principales desafíos relacionados con los ODS que debe enfrentar la humanidad es la crisis de la biodiversidad.

Úrsula Weber Fuentes

El relacionamiento comunitario, la inversión social y la sustentabilidad corporativa son áreas que Úrsula Weber conoce bien y en las que trabaja a diario como Gerente de Comunidades en Colbún. Ingeniera Civil Industrial, Diplomada en Minería, con un Magister en Comunicación Estratégica y un Postítulo en Liderazgo en Sustentabilidad, en su actual cargo le corresponde “diseñar e implementar la estrategia de relacionamiento y gestión social de Colbún, desde las etapas tempranas de los proyectos y a lo largo de todo el ciclo de vida de las operaciones. Mi rol busca generar un diálogo participativo con las comunidades cercanas a nuestras instalaciones y establecer relaciones de confianza y de largo plazo con diversos grupos de interés, que permitan el desarrollo de iniciativas de valor compartido mediante alianzas público-privadas”, explica.

Esa tarea se complementa con las políticas y procedimientos que establece la empresa, buscando que los temas asociados a la gestión de riesgos y oportunidades sociales se incorporen transversalmente en todas las áreas y en la toma de decisiones. “Somos parte integral de la estrategia de la compañía, que tiene a la sostenibilidad en el centro del negocio, viviendo día a día nuestro propósito: ‘Transformamos la energía, en equilibrio con el planeta, para impulsar tus proyectos y sueños’”, asegura.

Añade que los principales desafíos en el área que dirige apuntan a consolidar la incorporación de las mejores prácticas internacionales en las políticas y estándares de gestión social. En ese marco, están desarrollando indicadores clave para medir tendencias en su desempeño global e implementar medidas oportunas ante cualquier desviación. Además, están actualizando su política de inversión social para reflejar mejor el aporte sostenible y de largo plazo que Colbún busca dejar en sus comunidades aledañas.

Responsable, cercana con sus colaboradores y muy comprometida con el logro de objetivos, hoy cursa el Programa BOW de Mujeres Empresarias, ya que considera importante incluir la mirada femenina en la gestión de los Directorios, en especial desde “la sostenibilidad, que es el área desde donde me gustaría seguir aportando al desarrollo del país”, concluye.

LDenis Flores Fabres

os sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) y la calidad de aire son temas que Denis Flores, Químico Ambiental de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, maneja con absoluta propiedad. Tanto así que, en 2017, junto a dos colegas de profesión, formó la empresa Prosamb SpA para ofrecer servicios en esas áreas.

De ambos temas comenzó a interiorizarse en detalle desde su primera experiencia laboral, en la fundición Caletones de Codelco. Allí realizó estudios sobre el impacto del anteproyecto de norma de fundiciones de cobre y de las mejoras operacionales para cumplir los límites de emisión que se exigirían. Hoy, como Gerente de Marketing y Ventas de su propia compañía se encarga de “diseñar y adaptar constantemente sus soluciones de monitoreo de emisiones y reportabilidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, detalla.

¿Próximas metas? En lo inmediato, “consolidar un equipo de marketing y ventas, potenciar nuestras marcas representadas como Durag y Grimm, así como marcas de otros proveedores que son aliados estratégicos como Horiba, Universal Analyzers y M&C. Y aumentar el posicionamiento de Prosamb en las industrias en que nos desempeñamos”, expone.

A mediano plazo, pretende expandir la oferta de servicios y productos de la empresa, integrando nuevas tecnologías e innovación a sus actividades. Y más a futuro, liderar su internacionalización en otros mercados latinoamericanos como Perú, Colombia y Ecuador.

Entre sus logros, Denis Flores destaca haber sido parte del grupo de profesionales que estudió las normativas de referencias de la US-EPA para CEMS, “pudiendo realizar propuestas específicas de adaptación de nuestros clientes al cumplimiento de la normativa técnica, varias de las cuales fueron adoptadas posteriormente como criterios generales por parte de la autoridad ambiental”, revela.

Entre sus virtudes menciona su compromiso con los clientes, el dinamismo y energía para afrontar los desafíos, así como el optimismo para abordar el día a día, el trabajo y la vida misma.

Nutrida se viene la agenda de eventos en materias ambientales y de sustentabilidad en el último trimestre de 2024. El agua, los residuos y la economía circular, la electromovilidad y la industria forestal serán algunos de los temas más abordados.

3ª edición de Expo Agua

Considerado como el evento más relevante en seguridad hídrica de Latinoamérica, Expo Agua promete, en su tercera edición, convocar a todos los actores clave para enfrentar la crisis del agua. Esto, el 10 de octubre en Metropolitan Santiago. Incluye el XVII Foro Internacional de la Economía del Agua, diálogos, paneles, presentaciones de expertos internacionales de primer nivel y una rueda de negocios. Sus ejes temáticos son: movimientos ciudadanos y fortalecimiento de una cultura del agua, alianzas y colaboraciones público-privadas, acuerdos multisectoriales, y agricultura resiliente y regenerativa. Los detalles en www.expoaguasantiago.cl

Experiencia E

2° Congreso Internacional de Sostenibilidad

La segunda edición del Congreso Internacional de Sostenibilidad tendrá su sede en Santiago el próximo 5 de noviembre. La organización destaca que el evento “marca un hito significativo en este campo, ya que cubre de forma exclusiva los desafíos y oportunidades en un área crucial para el futuro de nuestro planeta”. Agrega que “un selecto grupo de expositores de renombre internacional expondrá ideas y soluciones prácticas para ayudar a las organizaciones en su camino hacia una mayor sostenibilidad”. Considera cuatro áreas temáticas: capitalismo consciente, regeneración, consumo responsable y finanzas sostenibles. Información adicional en www.seminarium.com

Safemining 2024

Siguen los preparativos para el Tercer Salón Internacional de la Movilidad Sostenible, Experiencia E, agendado entre el 7 y 10 de noviembre próximos en Espacio Riesco. La exhibición tendrá 12.000 m2 de pabellón ferial (cubierto), unos 22.500 m2 descubiertos y más de 120 marcas representadas, buscando acercar a personas y empresas a la electromovilidad, pero sobre todo impulsando un movimiento generador de vínculos comerciales y políticas público-privadas. Además, la Pista Vip Test Drive ofrecerá la experiencia única de probar los vehículos más avanzados; el Foro Profesional Experiencia E será el punto de encuentro para expertos y líderes del sector; mientras que los lanzamientos de nuevos modelos de vehículos destacarán las últimas tendencias en este modo de transporte. Conozca más en www.experienciae.cl

El hotel NH Pacífico de Iquique, entre el 13 y 15 de noviembre, será la sede de la 3ª Conferencia Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que ofrece una excelente oportunidad para que los ejecutivos, profesionales y académicos relacionados con estos temas puedan intercambiar conocimientos, experiencias y mejores prácticas. Su ceremonia inaugural se realizará en la ex oficina salitrera de Humberstone e incluye una visita técnica a las faenas mineras de Doña Inés de Collahuasi. El programa de la conferencia contempla más de 70 presentaciones, esperando los organizadores más de 300 participantes. Sitio oficial: www.gecamin.com/safemining

Feria Expocorma

Bajo el eslogan “Desafíos para un Chile Sostenible”, entre el 20 y 22 de noviembre de este año retornará el Encuentro Internacional y Nacional de la Madera, la Celulosa y el Papel, Expocorma, que se efectuará en el recinto ferial ubicado en la ruta 160, Km 18, en Coronel, región del Biobío. Como es tradicional, pondrá en escena la oferta de tecnologías, productos y servicios de empresas e instituciones dedicadas al cultivo y manejo sustentable de bosques, producción de madera, celulosa y bioproductos. Incluye encuentros comerciales, seminarios y charlas. Más antecedentes en www.expocorma.cl

De “buen vecino” a “valor compartido”. Expresiones que reflejan bien el tránsito que, con el paso de los años, ha tenido la relación entre las grandes empresas y las comunidades insertas en su área de influencia. Antes, bastaba con que las primeras invirtieran en una cancha de fútbol, una ambulancia u otra necesidad comunitaria para que se ganaran la aprobación de las segundas. Pero ahora no: las compañías deben elevar su competitividad y, a la vez, ayudar a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de su entorno para obtener la “licencia social”. Un tema muy vigente sobre el que le consultaremos. Para que vaya botando el nerviosismo, lo ponemos al tanto del sistema de puntaje: con 7 aciertos es un “capo” en materia de sustentabilidad; con 6 o 5 correctas puede darse por satisfecho; con 4 está entre aprobando y reprobando; y con 3 o menos correctas debe pedir ayuda de inmediato. Le dejamos las preguntas:

1.- ¿Qué beneficio principal suele generar la participación temprana de las comunidades en los proyectos de inversión?

2.- Destaque dos aspectos a mejorar en la relación entre la industria minera y los pueblos indígenas.

3.- ¿Cuál es el foco del APL que implementa hoy la industria textil en Chile?

4.- ¿Cuál es la principal fuente de agua de las plantaciones forestales?

5.- Señale algunas ventajas de la biorremediación.

6.- ¿Qué comuna alberga la mayor cantidad de depósitos de relaves en Chile?

7.- ¿En qué año ya no debería haber más diagnósticos de silicosis en nuestro país?

Solución en página

Ambiente y Tecnología lanza Nodo Bettair

La empresa Ambiente y Tecnología (AYT) lanzó una nueva herramienta que permite medir los niveles de contaminantes en el aire de manera precisa y en tiempo real. Se trata de Nodo Bettair, que contribuye a la toma de decisiones informadas para mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública. “La utilidad del Nodo Bettair radica en su capacidad de proporcionar nuevos conocimientos sobre la calidad del aire que las estaciones de referencia existentes, por sí solas, no pueden ofrecer, ya que por su alto costo es casi imposible cubrir todas las comunas donde se requiere medir, o en el número óptimo”, comenta Carlos Saul, gerente general de AYT.

NeoElectra adquiere nueva instalación en Chile

El grupo empresarial NeoElectra, uno de los principales productores independientes de energía eléctrica y térmica para la industria, anunció la adquisición de una nueva instalación fotovoltaica en Cordillerilla (Chile) por parte de su filial de desarrollo sostenible y descarbonización NeoElectra Green. Cordillerilla es un parque fotovoltaico que tiene una potencia nominal de 1,24 MWp, mediante módulos fotovoltaicos bifaciales de alta eficiencia y estructura de seguimiento automático con eje de rotación horizontal para maximizar la generación eléctrica de la planta. Esta instalación incrementa en un 10% la capacidad de generación de la plataforma de NeoElectra en Latinoamérica.

Codelco aseguró primer financiamiento climático

Un hito histórico logró Codelco al asegurar un financiamiento climático por US$532 millones otorgado por el banco francés Crédit Agricole CIB y que contó con la garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, una entidad del Grupo Banco Mundial. Los fondos obtenidos en esta operación se utilizarán para financiar el ambicioso plan de descarbonización del 100% de la matriz energética de la Corporación al 2030, que contempla la renovación de contratos de suministro eléctrico con energías renovables. Codelco representa cerca del 9% del consumo de energía del país.

Inauguran planta de reciclaje de botellas de bebida

Con la participación del ministro de Economía, Nicolás Grau, y más de 400 asistentes entre autoridades de gobierno, alcaldes, empresas y representantes del mundo de la sustentabilidad, se inauguró y puso en marcha Re-Ciclar, la planta de reciclaje de botellas de bebida que permite, por primera vez en Chile, la elaboración de estos envases con material reciclado de grado alimenticio. Con una inversión de $35 millones de dólares, esta moderna fábrica operada en sociedad por Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor, aporta a la disminución de la circulación de nuevo plástico y al fortalecimiento de la economía circular con una capacidad de reciclar más de 350 millones de botellas.

App para carga de vehículos eléctricos

Enex E-Pro, powered by Shell Recharge, en sintonía con su objetivo de fomentar tecnologías de movilidad limpia y eficiente, lanzó una nueva App para recarga de vehículos eléctricos con innovaciones y mejoras pensadas en beneficiar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a puntos de carga. Bajo los pilares de usabilidad, simpleza y seguridad, esta aplicación, disponible para iPhone y Android, cuenta con un sistema de registro fácil y flexible, un enrolamiento de medios de pago más eficiente que permite ingresar tanto tarjeta de crédito como de débito, además de la capacidad de identificar cargadores por medio de código QR.

Abastible desarrolla proyectos de hidrógeno verde

Con el desarrollo de una cartera de proyectos por más de $13.000 millones, Abastible confirmó su ingreso a la industria del hidrógeno verde en Chile. Uno de ellos lo está desarrollando con Comasa, generadora eléctrica de la región de la Araucanía, en base a desechos orgánicos, que permitirá avanzar en la primera iniciativa a nivel nacional de producción de fertilizantes carbono neutrales utilizando amoníaco verde. La empresa, además, implementa un segundo proyecto por $3.000 millones, que posibilita el desarrollo y aplicación de hidrógeno verde en materias de movilidad y blending.

Sistema de electrificación de camiones mineros

Escondida/BHP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Implementación de Sistema de Electrificación de Camiones Mineros en Escondida Norte”, que busca asistir el transporte de estos equipos al interior de la mina mediante un sistema de trolley, reemplazando el consumo de diésel. Considera la construcción de una nueva subestación eléctrica y líneas de transmisión al interior y en los alrededores del rajo Escondida Norte. Estas instalaciones asistirán eléctricamente el tránsito de los camiones en las zonas de la mina donde suben cargados de mineral y, en consecuencia, realizan un mayor consumo de combustible.

Enel Chile inició operación de nueva central fotovoltaica

Hace algunas semanas, Enel Chile, a través de su filial para el desarrollo de energías renovables Enel Green Power Chile, inició la operación comercial del parque fotovoltaico Las Salinas etapas 1, 2 y 3. Con una potencia neta instalada de 205 MW, la planta funciona de manera conjunta con el parque eólico Sierra Gorda (112 MW), convirtiendo a ambas unidades en el centro de generación renovable en formato hibrido a escala industrial más grande del país. Las Salinas, ubicado a unos 60 km de Calama, en la región de Antofagasta, está compuesto por un total de 458.044 paneles del tipo bifacial, tecnología de punta para el desarrollo de centrales solares.

Barrio Industrial de Coquimbo apunta a la producción limpia

En un esfuerzo por impulsar la sustentabilidad en la Región de Coquimbo, se constituyó el comité negociador del Acuerdo de Producción Limpia (APL) para el Barrio Industrial de Coquimbo, impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y la Asociación Gremial de Industriales de Coquimbo (Asoinco). La propuesta de APL incluye ocho metas y 40 acciones, enfocadas en integrar una gestión sustentable en las empresas participantes. Entre las principales medidas destacan la eficiencia hídrica y energética para reducir la huella de agua y de carbono, la disminución en la generación de residuos sólidos y el fomento de la economía circular.

APL para optimizar la gestión de envases no domiciliarios

Para fortalecer a las empresas gestoras de residuos de envases no domiciliarios, avanzar en su trazabilidad, mejorar la eficiencia de los procesos y reducir la generación de gases de efecto invernadero, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje pusieron en marcha un Acuerdo de Producción Limpia. Por esta vía, las empresas se comprometen a aumentar su eficiencia operativa, caracterizar los flujos de residuos y llevar a cabo un programa piloto de trazabilidad del proceso. Además, se buscará optimizar el uso del agua, la energía eléctrica, los combustibles y otros recursos energéticos para reducir las emisiones de carbono.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?

1.- Mejora el vínculo entre las empresas y las comunidades de su entorno.

2.- Involucramiento de la población nativa desde que la empresa llega al territorio, apoyar la creación de empresas indígenas y asegurar a las comunidades la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales, entre otros.

3.- La economía circular en prendas de vestir de primera mano.

4.- Las precipitaciones.

5.- Por ejemplo, es amigable con el medio ambiente y su aplicación suele ser sencilla y más económica que las otras técnicas.

6.- Andacollo, con 122, según un estudio.

7.- Al 2030, según un plan gubernamental para su erradicación que partió en 2009.

Mall reciclará residuos orgánicos

Cenco Malls lanzó un proyecto piloto de recolección de residuos orgánicos en todos los restaurantes del Mirador del Alto, zona gastronómica ubicada en el mall Cenco Alto Las Condes. Su objetivo es implementar una gestión de residuos orgánicos que espera reunir 20 toneladas provenientes de la zona gastronómica del establecimiento. Estos residuos se convertirán en compost que, por medio de la implementación de stands al interior del centro comercial, se ofrecerá gratuitamente a los clientes en pequeñas bolsas de almacenaje. También se utilizará en las áreas verdes del centro comercial como abono natural.

Frigorífico recibe certificación mundial de sostenibilidad

La empresa Emergent Cold logró certificar su primera planta en Chile bajo el estándar EDGE Zero Carbon, que otorga la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial. El frigorífico certificado está ubicado en San Pedro de La Paz, en la Región del Biobío, y es el segundo más grande en Chile, con una capacidad de almacenaje de 26 mil pallets en 295 mil metros cúbicos. Con esta distinción, se convirtió en el primer almacén de alimentos a temperatura controlada en el mundo en conseguir este certificado que acredita la neutralización de sus emisiones de carbono y utiliza en su operación energía 100% renovable.

Ciclo de reciclaje de neumáticos Nº 1.000

La planta para reciclaje de neumáticos fuera de uso del Grupo Arrigoni, Arrigoni Ambiental NFU, acaba de marcar un hito completando el ciclo de reciclaje de neumáticos Nº 1.000 en sus tres reactores. De esta manera, la empresa chilena alcanzó las 9.437 toneladas tratadas de ese producto prioritario de la Ley REP.

La planta, ubicada en San Francisco de Mostazal, en la región de O’Higgins, cuenta con una capacidad de revalorización de 10.000 toneladas al año de NFU por medio de la pirólisis, proceso que consiste en la degradación térmica de las sustancias en ausencia de oxígeno. En ella se obtienen cuatro subproductos: gas, acero, carbon black y Aanfu oil.

Más de 3.000 MW de energía renovable en Chile

La compañía Suncast, calificada por Forbes como una de las 100 mejores startups en Chile por tres años consecutivos, superó recientemente los 3.000 megawatts (MW) con la entrega de sus servicios a dos polos estratégicos de la generación de energías: 1.458 MW de energía solar y 1.575 MW de generación eólica. Con esto triplicó su alcance con respecto a mayo de 2022. Actualmente su portafolio de clientes acoge a 10 de las más grandes empresas de generación eléctrica en Chile y entrega sus servicios en ocho regiones del país: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos.

AGRU

www.agru.cl 31

AGQ

www.agqlabs.cl 25

Aguas Andinas

www.aguasandinas.cl Tapa 2

ALS

www.alsglobal.com/es/ 1

Ambiental y Sectorial

www.ambientalysectorial.cl 63

Conade

www.conade.cl 51

Ecolife

www.ecolife.cl 23

Jaime Illanes y Asociados

Orbe Legal & Ambiental www.orbeconsultores.com 2

Proyecto Ilustrador

Expomin

www.expomin.cl Tapa 3

Flesan

www.flesan.cl 61

Gestión Ambiental Consultores

www.gac.cl 17

Hidronor

www.hidronor.cl 6-Tapa 4

Hotel Radisson Plaza El Bosque www.plazaelbosque.cl 45

Green Tech

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