Infolaft edición 90 by Revista Infolaft

EDICIÓN 90 SEPTIEMBRE 2016 – www.infolaft.com

SECTOR FINANCIERO Cuatro tips básicos para revisar un formulario P. 18

ANTICORRUPCIÓN, FRAUDE Y LA/FT

SECTOR REAL Cinco consejos para los oficiales del sector salud P. 23 INTERNACIONAL Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont P. 36 TEMAS JURÍDICOS Condena contra una secretaria que lavó activos P. 43 FORMACIÓN Estas son las certificaciones antifraude que hay en el mercado P.50

Estos fueron los acuerdos del Gobierno y las Farc para combatir el lavado Dentro del punto cuatro de los acuerdos de paz quedaron plasmadas varias tareas encaminadas a perseguir las finanzas ilícitas y a fortalecer el sistema colombiano contra el lavado de activos. P. 8

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Impresión Carvajal Soluciones de Comunicación Edición No. 90 Septiembre de 2016 Foto de portada: Freepik

CONTENIDO SECTOR FINANCIERO

INFORME ESPECIAL

Estos fueron los acuerdos del Gobierno y las Farc para combatir el lavado

Dentro del punto cuatro de los acuerdos de paz quedaron plasmadas varias tareas encaminadas a perseguir las finanzas ilícitas y a fortalecer el sistema colombiano contra el lavado de activos.

PARA TENER EN CUENTA

Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación! Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de gestionar el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en toda clase de entidades.

20 SECTOR REAL

¿Qué hacer al otro día de la firma del acuerdo de paz? Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que la firma del acuerdo de paz que realizarán el presidente Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’ será un hito en la historia de Colombia, pero ese hecho de ninguna manera reducirá su trabajo en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

ENTREVISTA

El lavado de activos no será objeto de amnistías: MinJusticia

El viceministro de justicia, Carlos Medina Ramírez, explicó en entrevista con Infolaft que ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni la Sala de Amnistía serán usadas para indultar el ‘‘lucro personal’’ de los excombatientes de las Farc.

SECTOR FINANCIERO

Presidencia RD

Cinco consejos para los oficiales del sector salud

El pasado 19 de agosto venció el plazo para que las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas designaran a sus respectivos oficiales de cumplimiento. Ante la gran cantidad de trabajo que tendrán estos profesionales, Infolaft les da cinco recomendaciones básicas con el objetivo de facilitar su labor.

Foto por Infolaft

Cuatro tips básicos para revisar un formulario Los datos que un cliente consigna en su formulario de vinculación pueden ser muy útiles para prevenir el LA/FT si el oficial de cumplimiento tiene el olfato necesario. Aquí una guía básica para sacarle provecho a estos formatos.

ANÁLISIS

El enorme fenómeno de corrupción a través del comercio internacional de petróleo El sector de hidrocarburos es susceptible de verse incurso en acciones de corrupción, pero los riesgos son mayores en el comercio exterior de esta materia prima. Análisis de un informe independiente que describe las modalidades utilizadas en varios países del mundo.

SECTOR REAL

INFOGRAFÍA

¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?

Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de mayor gradualidad como inexistente, inmaduro o administrado, por ejemplo.

La magnitud del soborno y la corrupción en Argentina

Argentina es uno de los 10 países donde una mayor cantidad de empresas se vio obligada a pagar una coima para hacer un negocio.

SECCIÓN GENERAL

INTERNACIONAL

Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países reseñados en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tuvieron que implementar leyes que no tenían, algo que les permitió fortalecer mucho sus sistemas de prevención del LA/FT.

INFORME ESPECIAL

Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina

Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina. Análisis con base en un documento de la ONU.

David Jones

TEMAS JURÍDICOS

Lo que debe tener en cuenta para mejorar su programa de compliance

Foto por NEC

Actualmente entre profesionales de distintas áreas existe casi un consenso acerca de los beneficios que trae un buen programa de compliance para las organizaciones. Sin embargo, en muchas entidades todavía se ven fallas en su implementación, las cuales podrían evidenciar que, a pesar de que este concepto está de moda, todavía hay mucho por hacer.

FORMACIÓN

Condena contra una secretaria que lavó activos

Estas son las certificaciones antifraude que hay en el mercado

Mediante una sentencia emitida el 9 de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido absuelta en segunda instancia. Según el alto tribunal, con base en su formación académica la afectada debió saber que estaba cometiendo un ilícito.

Las certificaciones en prevención del fraude son cada día más necesarias para acceder a puestos de trabajo, toda vez que en muchas industrias la contratación de profesionales acreditados es vista como una buena práctica. Aquí, una breve guía que le explica cómo obtener alguna de las dos certificaciones más reconocidas.

EDITORIAL Edición 90

artiendo de la premisa de que todos los colombianos anhelamos la paz y con la expectativa por el resultado del plebiscito que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre, que al parecer se inclina por el apoyo mayoritario a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las FARC, estaríamos frente a una nueva realidad en nuestro país. Uno de los temas obligados del debate ha sido el de las finanzas de las Farc, en el que sus representantes han dicho que nunca se manejó un esquema de acumulación y por lo tanto tendrían un balance sin resultados. En la edición número 86 Infolaft publicó una infografía sobre los montos que, según varias fuentes, habría manejado o estaría manejando esa organización. Las cifras varían entre los USD200 millones de dólares al año, pasando por los USD1500 millones de dólares anuales por utilidad neta por concepto de narcotráfico, hasta llegar a los USD10 500 millones de dólares con corte al año 2012. Ante ese escenario de incertidumbre sobre si existe o no la fortuna llama poderosamente la atención el énfasis en las manifestaciones hechas por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, acerca de los acuerdos alcanzados con las autoridades de Estados Unidos para perseguir los bienes de las Farc, esto para impedir a todas luces que el partido político en el que derivará esa organización pueda hacer proselitismo con dinero sucio.

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Edición 90 EDITORIAL

El riesgo de lavado en la nueva realidad colombiana NOTAS DEL DIRECTOR

Para nadie es un secreto, porque la afirmación proviene de fuentes oficiales que han recogido varios medios de comunicación, que durante los más de cuatro años de diálogos del Gobierno con las Farc los cultivos ilícitos se duplicaron en el territorio nacional, lo que nos lleva a los administradores de riesgo a cuestionarnos por qué ocurrió eso. Veo dos escenarios obvios que demostrarían por qué incrementar estos cultivos siempre fue un buen negocio: en primer lugar, previendo el fracaso de los diálogos esas plantaciones se volverían clohoridrato de cocaína y serían una amplia fuente de financiación para continuar su camino criminal. En segundo término, si se llegara a un acuerdo con el Gobierno y ante la posterior sustitución de cultivos el Estado colombiano tendría que pagarles por los cultivos en producción. Visto lo anterior susbsistiría entonces, sino la amenaza de las Farc como grupo armado, la amenaza de que dineros de la organización se pudieran estar moviendo en el país. Ante eso los administradores de riesgo tendríamos que estar muy atentos por el riesgo mismo del dinero y porque las autoridades nacionales y de los Estados Unidos estarán haciendo su propio rastreo, y seguramente cuestionando a quienes terminen colaborando con el posible lavado de esos activos.

asociar a productos para hacer el análisis de cuál ha sido, por ejemplo, el comportamiento histórico de las zonas geográficas en las que se instalarán las 26 zonas campamentarias de concentración de las Farc y cuál ha sido el desarrollo económico de la zona. Visto así pudiera afirmarse que los riesgos no desaparecen, sino que mutan en relación con la Farc y permanecen o mutarán al ELN, a las organizaciones y clanes criminales que tomarán el control de las rutas, de los cultivos, del mal imparable de la extorsión, de las disidencias (muy posiblemente no de estructuras pero seguramente sí de personas). En pocas palabras, el mensaje central es a no bajar la guardia frente al riesgo de lavado de activos, sino a entenderlo en su nueva dimensión, en la nueva realidad colombiana. Jorge Humberto Galeano Lineros

En el nuevo escenario las jurisdicciones se vuelven muy importantes como factor de riesgo en los Sarlaft de las entidades en cualquier sector, ya que se pueden Septiembre 2016 Infolaft–7

INFORME ESPECIAL Edición 90

El punto cuatro del acuerdo final de paz tiene como propósito fundamental enfrentar el problema del narcotráfico y uno de los componentes previstos para lograrlo es atacar las estructuras dedicadas al lavado de activos

cadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de precursores.

Inicialmente, en el texto se reconoce que ‘‘la producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales han tenido graves efectos sobre la población colombiana, tanto en el campo como en la ciudad, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades, y que las mujeres y jóvenes han sido afectados de forma particular por estas economías criminales’’.

Para llevar a cabo esta tarea el Gobierno tendrá el apoyo de un importante actor: nada menos que las Farc, su contraparte en la mesa de negociaciones. Según se lee en uno de los párrafos, el grupo guerrillero se comprometió a ‘‘contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno’’.

Justamente por el impacto nefasto que ha tenido el tráfico de drogas en Colombia es que se hace necesario ‘‘diseñar una nueva visión’’ que permita intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedi-

Sin duda este es un avance muy importante porque, más allá del reconocimiento que hicieron las Farc de su participación en el narcotráfico (algo impensable hace unos años), el Estado tendrá como aliados

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Edición 90 INFORME ESPECIAL

Firma Acuerdo de Paz

a los exmiembros de una organización que conocen muy bien los mecanismos de producción, las rutas y a aquellos eslabones –tanto legales como ilegales– que tuvieron participación en el negocio. Particularmente, en el subpunto 4.3 del acuerdo se lee que un propósito central es desarticular las organizaciones criminales comprometidas con el tráfico de drogas, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos, para lo cual se pondrán en marcha políticas y programas para desactivar los factores y mecanismos que estimulan y mantienen la producción y comercialización de drogas ilícitas. A su vez, en el punto 4.3.2 el Gobierno se compromete a poner en marcha una estrategia ‘‘(…) para perseguir decididamente los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y prevenir y controlar el lavado de activos’’. Para lograr lo anterior se proponen varias medidas, entre ellas la realización de un mapeo del delito de narcotráfico en todos los niveles ‘‘que permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen orga-

nizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategias nacionales e internacionales de lavado de activos, tipologías y canales de blanqueo de capitales, bienes adquiridos con estos capitales y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones’’. Dicho mapeo lo realizará un grupo de expertos nacionales e internacionales, quienes tendrán que dar recomendaciones y elaborar un informe público que describa ‘‘las redes de las finanzas ilícitas, su funcionamiento y su impacto sobre la vida nacional’’. No cabe duda de que una vez finalizado este documento será de gran utilidad para todas aquellas entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Otro de los acuerdos consiste en la elaboración de un nuevo Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas, el cual servirá de insumo para adecuar, fortalecer y articular las normas de prevención de lavado de activos. Según lo convenido, ‘‘la normatividad se extenderá a todos los sectores que estén en riesgo de ser utilizados para el lavado de activos’’.

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INFORME ESPECIAL Edición 90

Mheo

Dicho esto, es muy previsible que en los próximos meses haya ajustes normativos en materia de prevención del LA/FT, así como emisión de nuevas circulares o resoluciones que obliguen a nuevos sectores. En cuanto al tema de investigación, el Gobierno asumió el compromiso de promover ‘‘la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario, el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos que permitan identificar los sistemas financieros de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico (…)’’. Respecto a los bienes lo único que se menciona es que se implementará una nueva estrategia ‘‘para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, que incluya los recursos y los ajustes normativos e institucionales necesarios para cualificar y fortalecer las capacidades de las entidades del Estado competentes en materia de identificación de activos, investigación y judicialización,

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que estará acompañada de la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción’’. No obstante, llama la atención que en ninguna parte de los textos se menciona algo puntual y específico acerca de los bienes y recursos de las Farc. Finalmente, dentro del acuerdo también quedó consignado que el Gobierno se encargará de poner en marcha una campaña nacional que alerte sobre las modalidades de lavado y genere conciencia acerca de este delito ‘‘con el fin de evitar que la población y las instituciones sean utilizadas para el lavado de activos’’. Todas estas propuestas suenan muy bien y podrían darle un enorme impulso al sistema colombiano contra el lavado de activos. Ojalá se concreten y se pueda avanzar en el propósito de desmantelar las redes criminales dedicadas a delinquir y a lavar sus bienes mal habidos.

Edición 90 PARA TENER EN CUENTA

¿Qué hacer al otro día de la firma del acuerdo de paz?

Alocución presidente Santos

Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que la firma del acuerdo de paz que realizarán el presidente Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’ será un hito en la historia de Colombia, pero ese hecho de ninguna manera reducirá su trabajo en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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PARA TENER EN CUENTA Edición 90

Cuando el presidente Juan Manuel Santos le informó al país que su administración iniciaría diálogos con la guerrilla de las Farc pronunció una frase que llamó mucho la atención: ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Esa máxima significaba que solo hasta la finalización del proceso se tendría certeza de lo que realmente se acordó y de los cambios que ello traerá.

Además, un principio fundamental que deben considerar los oficiales y analistas es que no habrá una ‘hora cero’ a partir de la cual se modifiquen las políticas de prevención del LA/FT. Los cambios se harán de forma progresiva y tomarán su tiempo.

En otras palabras, lo que Santos dijo fue que todo sigue igual hasta nuevo aviso. Y si bien ya se conocen los textos del acuerdo final, ese mensaje debería continuar en la mente de todos los oficiales de cumplimiento para evitar cometer errores una vez comience el denominado posconflicto.

A continuación unas reflexiones que todo oficial y analista de cumplimiento debe tener en cuenta.

Los ROS siguen siendo los ROS El día siguiente al de la firma de los acuerdos debe ser un día común y corriente en las oficinas encargadas de gestionar el riesgo de LA/FT. Claro, algunos oficiales y analistas de cumplimiento estarán emocionados por el hecho histórico, mientras que otros, más críticos, tendrán muchas preguntas y objeciones, pero en concreto la tarea de prevenir el delito seguirá teniendo la misma importancia. Además, los oficiales de cumplimiento no pueden olvidar que tienen que seguir reportando las operaciones sospechosas que encuentren y muchas de estas, con seguridad, se detectarán luego de la firma de los acuerdos. Pero no importa, las operaciones de este tipo no caducan y por ello la entrega de estos ROS no se puede omitir.

Cabecillas no saldrán de inmediato de las listas Varios de los principales líderes de las Farc están reseñados en listas internacionales de lavado de activos y de terrorismo, y es muy poco probable que por el solo hecho de suscribir un acuerdo sean retirados de forma inmediata de esos listados.

Bienes ilícitos por Mheo

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Los países que promueven esas listas, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea, manejan sus propios procesos y es previsible que se tomen su tiempo para evaluar si las condiciones han cambiado antes de precipitarse a hacer borrón y cuenta nueva.

Edición 90 PARA TENER EN CUENTA

Por ello, este tipo de información debe seguir siendo utilizada por los profesionales de cumplimiento en la gestión de riesgo de LA/FT al interior de sus entidades de la misma manera como lo han hecho en todos estos años.

Se va un enemigo, pero otros se pueden fortalecer En lugar de relajarse hay que estar mucho más alerta porque el espacio que dejarán las Farc posiblemente tratará de ser ocupado por otros grupos delictivos que participan en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando, entre otros. Si bien las Farc son un agente ilegal importante contra el Estado, no son los únicos. Quedan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las denominadas bandas criminales (entre ellas ‘la Oficina de Envigado’ y el ahora denominado ‘Clan del Golfo’), así como los demás grupos delincuenciales organizados que azotan las principales ciudades del país. Pruebas por Mheo

No habría grandes cambios en las normas Es casi imposible que alguna entidad de supervisión modifique su circular para eliminar la obligación de conocer al cliente, de aplicar metodologías de gestión de riesgo, de hacer seguimiento a las operaciones o de reportar las transacciones sospechosas. Estos principios, básicos para prevenir el LA/FT, muy seguramente continuarán vigentes en el posconflicto. El Sarlaft, el Siplaft, el Sipla y los demás sistemas de prevención no van a desaparecer, y tampoco se prevé que haya una especie de amnistía que legalice los recursos obtenidos por las Farc en sus años de acción criminal.

Lo que sí es posible es que se incluyan nuevos delitos fuente del lavado de activos, que se haga imperativo para todos los sectores implementar la gestión de riesgo, que se pida más calidad en los ROS, que haya nuevos sectores obligados y que los supervisores sean más exigentes en las visitas. Dicho esto, los oficiales y analistas deben estar atentos a los cambios en las normas para ajustar sus procedimientos, pero no pueden esperar una reinvención de la rueda por parte del Gobierno.

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ENTREVISTA Edición 90

El lavado de activos no será objeto de amnistías: MinJusticia

Infolaft: ¿Qué políticas o estrategias se están proyectando en el Ministerio para luchar contra el LA/FT en el posconflicto? Carlos Medina Ramírez: El documento Conpes 3793 de 2013 de la Política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) relacionó las debilidades que presenta el sistema ALA/CFT. En relación con esto, el documento promovió el desarrollo de varias estrategias orientadas a contrarrestar las vulnerabilidades y amenazas del sistema, en el cual la criminalidad organizada juega un papel preponderante. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como presidente de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla), órgano asesor del Gobierno Nacional en temas de LA/FT, viene desarrollando desde hace varios años tres líneas estratégicas que buscan darle sostenibilidad a la Política Pública en contra del LA/FT: promover la armonización normativa observando estándares internacionales; fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y extinción del derecho de dominio; y promover la gestión del conocimiento a través del fortalecimiento de la cadena de prevención, detección, investigación, judicialización y sanción. 14–infolaft Septiembre 2016

Edición 90 ENTREVISTA

Viceministro Carlos Medina. Foto prensa MinJusticia

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ENTREVISTA Edición 90

Vamos a tramitar una iniciativa legislativa que cree el Sistema Nacional contra el LA/FT Medina

Estos temas seguirán vigentes en época de postconflicto porque la vulnerabilidad del sistema requiere acciones estatales de mediano y largo plazo en aspectos administrativos, operativos, preventivos y penales. Así mismo, la amenaza requiere del fortalecimiento de la investigación, juzgamiento y sanción, así como de la efectiva aplicación de la figura de extinción del derecho de dominio de la fuente y de los recursos que alimentan a estos actores. Infolaft: A este respecto ¿Están elaborando o prevén elaborar algún estudio de formulación de nueva política criminal contra el LA/FT? Carlos Medina Ramírez: Las políticas públicas responden a la necesidad de un Estado para el enfrentamiento de problemas o situaciones graves que ameritan soluciones integrales de mediano y largo plazo que solucionen el problema. Las estrategias permiten planificar la solución al problema y la táctica indica las acciones que deben adelantarse para lograr el objetivo. Más que la formulación de una nueva política de lucha contra el crimen organizado es fundamental reevaluar si la estrategia y la táctica están funcionando como debe ser o si por el contrario deben actualizarse o aun redefinirse. Las políticas, bien definidas, deberían durar el tiempo que permaneciera el problema, mientras que las mal diseñadas deberían reemplazarse inmediatamente. Es importante tener en cuenta que el lavado de activos es un delito dinámico y en permanente evolución que sobrepasa la capacidad de los Estados para enfrentarlo. Colombia no es ajena a esta crisis mundial y los resul16–infolaft Septiembre 2016

tados podrían ser más exitosos en la medida en que se cuente con recursos para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT. Es por esto que se está adelantando el desarrollo de una actualización de la evaluación nacional de riesgos del país en aspectos de lucha contra el LA/FT, la cual genere evidencia para la actualización o reorientación de la estrategia y de los lineamientos tácticos que permitan golpear con efectividad a la criminalidad e impactaría donde más les duele, esto es, en los recursos financieros. Esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la celebración de un convenio de asociación con la academia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Infolaft: ¿Prevén presentar alguna iniciativa legislativa relacionada con temas de LA/FT en lo que resta del año? Carlos Medina Ramírez: Vamos a tramitar una iniciativa legislativa que cree el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que fortalezca a la Ccicla y que facilite la aplicación de sistemas de prevención de actividades delictivas en cualquier sector de la economía, mediante un enfoque basado en riesgos que observe estándares internacionales en la materia, ya que la eficiente combinación entre institucionalidad y normativa hace parte de la respuesta estatal en la lucha contra la criminalidad organizada. Lo anterior se basa en que dos de los aspectos débiles que tiene el sistema ALA/CFT es el dinamismo en la coordinación interinstitucional y la amplia variedad de

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Viceministro Medina. Foto prensa MinJusticia

sectores y actividades económicas que deben contar con sistemas de administración de riesgos que les permitan prevenir, detectar y reportar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualmente, el sistema de prevención del LA/FT descansa primordialmente en la aplicación de los artículos 102 al 107 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y sus modificaciones. Esto implica que el sector real y aun las entidades públicas no se ven reflejadas directamente en la aplicación de estos controles, pues se evidencian marcadas diferencias entre el negocio financiero y la actividad que desarrollan el sector público y real.

como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Es importante destacar que la justicia ordinaria colombiana cuenta con instrumentos efectivos contra el LA/FT que han sido replicados en otras latitudes. Sin embargo, desde hace más de un año el Estado colombiano comenzó un trabajo de análisis tanto de la normatividad existente en lavado de activos como de extinción de dominio con el fin de robustecerlos y fortalecerlos para esta nueva etapa que se avecina en Colombia.

Así mismo, las acciones estatales en contra del LA/FT deben pasar por una eficiente coordinación interinstitucional, que demuestre que el Estado es uno solo y que sus autoridades y demás instituciones involucradas actúan armónicamente en desarrollo de las políticas y en aplicación de las estrategias y tácticas en contra de la criminalidad.

La JEP ni la Sala de Amnistía servirán para indultar el lucro personal de los excombatientes de las Farc.

Infolaft: ¿La denominada justicia transicional aplicará para casos de LA/FT en los que haya excombatientes de las Farc involucrados?

Carlos Medina Ramírez: El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto estableció unos delitos admistiables de iure (artículo 14). Sin embargo, ni el delito de lavado de activos ni la financiación del terrorismo quedaron incluidos en este artículo.

Carlos Medina Ramírez: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ejercerá funciones judiciales y cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves tales

Infolaft: Teniendo en cuenta que el narcotráfico sería considerado como un delito conexo, ¿es probable que el lavado de activos o la financiación del terrorismo adquieran esa categoría?

Valga la aclaración que la Sala de Amnistía revisará caso por caso y en aquellos donde puedan existir criterios de conexidad será al final de cuentas el juez competente y natural el encargado de fallar sobre el asunto. Septiembre 2016 Infolaft–17

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Foto por Infolaft

Revise la integridad de los datos

En Colombia los teléfonos fijos deben llevar 7 números. Este dato estará mal consignado si tienen más o menos números

Teléfono

12345

En Colombia los teléfonos celulares deben llevar 10 dígitos. Este dato estará mal consignado si tienen más o menos números

Celular

Una persona no puede tener cédula de ciudadanía colombiana y cédula de extranjería vigentes al mismo tiempo, ya que esta última solo se otorga a extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses.

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Tipo de documento

CC 18–infolaft Septiembre 2016

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Ojo con las jurisdicciones de riesgo Esta información es de especial utilidad ya que permite identificar si un cliente o cliente potencial tiene presencia en jurisdicciones que puedan ser consideradas de alto riesgo por la presencia de grupos delincuenciales. Dirección de residencia

Barrio

Ciudad

Departamento

High risk

Cómo sacarle utilidad a las referencias Referencias Familiar Nombres y apellidos

Teléfono contacto

Celular

Personal Nombres y apellidos

Teléfono contacto

Celular

Es importante que las entidades tengan en cuenta esta información en los cruces de datos que hacen, ya que podrían encontrar relaciones negativas de su cliente.

Los secretos que guarda una dirección Calle 1 No. 1 - 569 Ha habido casos de empresas reseñadas en lista Clinton que cambian su razón social para evadir la sanción, pero siguen operando en la misma dirección reseñada por Ofac. Por ello, un dato aparentemente tan insignificante puede dar pistas del pasado de la compañía.

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SECTOR FINANCIERO Edición 90

La definición de este riesgo es casi idéntica en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que obliga a las empresas más grandes del país a implementar un Sagrlaft, y en el capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, que exige a las cooperativas de ahorro y crédito establecer un Siplaft. Como se ve, en ninguna de las citadas definiciones se contempla que el riesgo reputacional incluya al oficial de cumplimiento, esto debido a que las normas asumen que los riesgos asociados al LA/FT (legal, operativo, de contagio y reputacional) solamente involucran a las entidades. No obstante, la casuística denota todo lo contrario: paradójicamente en muchas ocasiones son los oficiales de cumplimiento los que ven afectada su imagen, mientras que las compañías siguen adelante en sus operaciones. Michael Fleshman

Según el numeral 1.6.1. del Sarlaft financiero, el riesgo reputacional se traduce en ‘‘la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales’’. 20–infolaft Septiembre 2016

Dos sonados casos en EE.UU. Quizá el ejemplo más diciente es el de David Bagley, quien fuera oficial de cumplimiento global del Hsbc, un profesional al que prácticamente se le acabó la carrera

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luego de que la junta directiva en pleno —incluido él— tuviera que reconocer ante el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. que el banco lavó millonarios recursos de carteles mexicanos.

Cuando el entramado se destapó y la propia compañía tuvo que reconocer sus errores, vinieron dos multas de USD 18 millones de dólares en 2009 y de USD 100 millones de dólares en 2013.

Ese caso, que tuvo una difusión mundial, puso en la palestra al entonces oficial de cumplimiento, quien tuvo que ayudar a reparar las falencias del sistema de prevención del LA/FT del banco antes de retirarse. Luego de todo ese episodio, Bagley estuvo unos meses por fuera de la actividad y ahora trata de rehacer su camino laboral haciendo actividades de consultoría.

Luego de esas dos sanciones vino la multa de Fincen contra Haider. La autoridad estadounidense señaló que él falló al no implementar una política disciplinaria que castigara a los funcionarios corruptos, no terminó a tiempo la relación con los puntos de venta involucrados, no entregó a tiempo los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y fue responsable de no implementar procedimientos de debida diligencia sobre sus empleados.

Otro caso de gran connotación fue el de Thomas Haider, exoficial de cumplimiento de MoneyGram, quien fue multado por la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) con el pago de USD 1 millón de dólares y quien, además, podría ser procesado penalmente por las fallas de la compañía para la que trabajaba en torno a la prevención del fraude y el lavado de activos. Según un fallo de enero de 2016, un juez de los Estados Unidos dictaminó que la ley establece que ‘‘(…) una sanción civil puede ser impuesta a los funcionarios de la empresa y a los empleados como Haider, quien fue responsable de diseñar y supervisar el programa ALD de MoneyGram’’. La historia se remonta a 2014 cuando un informe del fiscal del Distrito Sur de Nueva York reveló que varios agentes de MoneyGram acordaron participar en una red cuyo objetivo era estafar a los clientes de la compañía. De acuerdo con el documento, los funcionarios solicitaron a sus clientes varios datos de contacto para después ubicarlos y decirles que se habían ganado jugosos premios. La única condición para reclamar el supuesto beneficio era hacer el pago de unas ‘comisiones’ a través de MoneyGram.

La tragedia de dos oficiales de cumplimiento en la región Sin lugar a dudas el miércoles 7 de octubre de 2015 fue el peor día de trabajo para el oficial de cumplimiento del Banco Continental de Honduras, ya que a las 2:49 de la tarde fue incluido en la temida ‘lista Clinton’ por, presuntamente, apoyar las actividades de lavado de activos de la organización Rosenthal. El banco, fundado en 1974, era uno de los más conocidos en Honduras y pertenecía a la familia Rosenthal, una de las más ricas del país centroamericano. Tal y como lo informó infolaft en su edición 79, con corte al año 2014 esa entidad financiera poseía activos por un valor cercano a los USD 595 millones de dólares y manejaba depósitos de clientes por más de USD 312 millones de dólares. También, según cifras propias, empleaba a más de 1000 familias.

Paradójicamente en muchas ocasiones son los oficiales de cumplimiento son los que ven afectada su imagen, mientras que las compañías siguen adelante en sus operaciones.

Dos días después de la reseña, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (Cnbs) ordenó la liquidación del Banco Continental, luego de comprobar que la desvinculación unilateral de sus contrapartes y el progresivo cierre de los negocios lo llevó a una situación de iliquidez que hacía imposible su continuidad. Septiembre 2016 Infolaft–21

SECTOR FINANCIERO Edición 90 Una situación similar vivió el oficial de cumplimiento del Balboa Bank & Trust de Panamá, entidad financiera que el 5 de mayo fue reseñada en la misma ‘lista Clinton’ por supuestamente pertenecer a la organización de lavado de activos panameña Waked. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés), el empresario Abdul Mohamed Waked —uno de los más ricos de Panamá— estructuró una gigantesca red de lavado de activos que desde hacía varios años prestaba sus servicios a varios grupos narcotraficantes colombianos. Apenas minutos después de la sanción, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo del Balboa Bank & Trust ‘‘como resultado de las acciones de la Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group’’. Posteriormente, a principios de junio y por medio de la resolución SBP-0098-2016, la misma entidad de supervisión pana-

meña decidió ampliar la toma de control del Balboa Bank por 30 días adicionales con el objetivo, según alegaron en un comunicado, de ‘‘completar la valoración de los activos del banco’’ para ‘‘minimizar las pérdidas de valor de la entidad’’.

Análisis de la situación Esteban Tobón, exoficial de cumplimiento de Interbolsa y quien ha padecido la mala imagen que le dejó la liquidación de la firma comisionista, afirma que los profesionales encargados de gestionar el riesgo de LA/FT sí están expuestos al riesgo reputacional. Según Tobón, cuando ‘‘sucede algo negativo contra una entidad, así no esté relacionado con el tema de LA/FT, los organismos de control y en general cualquier persona tienen la obligación o ‘quieren’ encontrar un culpable, y el oficial de cumplimiento siempre será una opción para pagar los platos rotos’’. En sus palabras, lo peor es que en este tipo de situaciones la inocencia o la buena gestión es lo de menos. ‘‘Es posible que el análisis y la investigación sobre el papel desempeñado por el oficial de cumplimiento terminen favoreciéndolo, es decir, puede que el proceso termine demostrando que no existió responsabilidad, pero el riesgo reputacional ya ha generado efectos nocivos para la vida personal y laboral de ese oficial’’. Ahora bien, ¿qué puede hacer un buen oficial de cumplimiento para protegerse? Lo primero que debe tener claro es que su función tiene una relación directa con el riesgo y que en cualquier momento puede haber problemas. No obstante, y así no sea una gran novedad, lo mejor que pueden hacer estos profesionales es documentar muy bien su gestión para demostrar que cumplieron al pie de la letra con todos sus deberes y obligaciones, y que la eventual materialización de un riesgo no fue su responsabilidad. Solo así podrán evitar convertirse en los Bagley o Haider del futuro.

David Bagley. Foto por Talk Radio News

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Edición 90 SECTOR REAL

Cinco consejos para los oficiales del sector salud El pasado 19 de agosto venció el plazo para que las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas designaran a sus respectivos oficiales de cumplimiento. Ante la gran cantidad de trabajo que tendrán estos profesionales, Infolaft les da cinco recomendaciones básicas con el objetivo de facilitar su labor.

MInterior 2016

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SECTOR REAL Edición 90

urante el pasado mes de julio Infolaft lanzó una cartilla basada en la Circular Externa 9 de 2016 que contiene comentarios acerca de la mayoría de párrafos de la norma. Allí se analizan e interpretan apartes de la circular, se dan explicaciones sobre temas técnicos, se plantean preguntas al supervisor y se sugieren soluciones prácticas para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Salud. Ante la gran acogida que ha tenido esa publicación, en este artículo se extraen y se publican cinco de las recomendaciones dirigidas específicamente a los oficiales de cumplimiento, las cuales serán de gran ayuda para sacar adelante el Sarlaft en sus entidades.

Acerca de los reportes internos El numeral 5.1.4 de la circular establece que ‘‘la entidad debe desarrollar reportes que permitan establecer la evolución del riesgo, así como la eficiencia de los controles implementados’’ para prevenir el LA/FT. En este sentido, Infolaft aconseja que los denominados reportes sobre la evolución del riesgo sean catalogados como reportes internos y sean asignados al oficial de cumplimiento, ya que esta es la persona con más conocimiento de las temáticas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En este punto es importante mencionar que la norma define los reportes internos como aquellos ‘‘que se manejan al interior de la entidad y están dirigidos al oficial de cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier empleado o miembro de la organización que tenga conocimiento de una posible operación intentada, inusual o sospechosa’’. En este sentido, cabe hacer una observación: la definición de reporte interno que contiene la circular no debería ser tan cerrada y debería incluir, además, los reportes que el oficial de cumplimiento entrega a sus superiores.

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Ojo con las PEP

Según el numeral 5.2.2.2.2.2., los procesos para el conocimiento de los clientes y/o usuarios catalogados como personas expuestas públicamente (PEP) ‘‘deben ser más estrictos y, en lo posible, la negociación debe ser aprobada por una instancia superior al interior de la organización’’.

La cartilla recomienda a los oficiales de cumplimiento promover que en sus entidades sea obligatoria la aprobación de la ‘‘instancia superior al interior de la organización’’ para todos los negocios u operaciones realizadas con PEP. Esta es una práctica muy frecuente en otros sectores obligados a prevenir el LA/FT y que bien puede ser adoptada en el sector salud. Además, sería importante que la categorización de PEP no solo se haga con clientes y/o usuarios como lo sugiere la norma, sino con todas las contrapartes con las que tiene vínculo la entidad.

Edición 90 SECTOR REAL

4 Presidencia RD

Ir más allá con los empleados De acuerdo con lo expuesto en el numeral 5.2.2.2.2.4, ‘‘la entidad debe verificar los antecedentes de sus trabajadores, empleados o proveedores antes de su vinculación y realizar por lo menos una actualización anual de sus datos’’. Según esto, el conocimiento de tales empleados o proveedores se reduciría simplemente a la consulta y actualización de sus antecedentes y no sería necesario otro tipo de procedimientos.

No obstante, la cartilla recomienda que la entidad evalúe si alguna de estas contrapartes (empleado o proveedor) es de alto riesgo y con base en eso determine qué información se les debe solicitar. Es decir, la sugerencia es no quedarse en la mera revisión de los antecedentes. Por otra parte, el oficial de cumplimiento debe tener claro que este fragmento de la norma impone a la entidad la obligación de verificar los antecedentes y, si dicha tarea no estaba asignada a algún funcionario o área en particular, es muy importante que tal asignación quede claramente estipulada en la política y en el manual.

No a los espacios en blanco en los informes

El numeral 6.2.2. de la Circular Externa 9 de 2016 sostiene que los informes del oficial de cumplimiento deben contener ‘‘las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo de los controles’’.

Según la cartilla de Infolaft, si llegara a presentarse el caso de que no se hallaron falencias al momento de efectuar el monitoreo de los controles y por ende no hubo necesidad de adoptar medidas, el oficial de cumplimiento debería informar por escrito de esto y no dejar este espacio en blanco en su informe.

Nunca diga que no hubo operaciones sospechosas

El numeral 8.2.2. de la Circular Externa 9 de 2016 señala que ‘‘si durante el mes inmediatamente anterior la entidad no realizó ningún ROS a la Uiaf, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente deberá reportar a la Uiaf que durante el mes anterior no efectuaron reporte de operaciones sospechosas’’. Sobre este punto la cartilla aclara que es muy importante que el oficial de cumplimiento reporte exactamente lo que pide la Uiaf en este numeral, es decir, ‘‘que durante el mes anterior no efectuaron reportes de operaciones sospechosas’’. Sería un error reportar, por ejemplo, que no hubo operaciones sospechosas, ya que puede que sí hubieran ocurrido pero no fueron detectadas por el sistema. En esta clase de comunicaciones el correcto uso del lenguaje es muy importante para evitar inconvenientes en el futuro.

Images of money

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ANÁLISIS Edición 90

En muchos países productores de petróleo el gobierno recibe una porción tangible de lo extraído, que luego es comercializado a través de la empresa petrolera nacional. Estas transacciones, que no están sometidas a controles y regulaciones exigentes, suelen ser un caldo de cultivo fértil para la corrupción, pues ni siquiera requieren de la presentación de reportes. Frente a este fenómeno la organización no gubernamental independiente Natural Resource Governance Institute (Nrgi), que busca concientizar a los países de los beneficios de su riqueza en hidrocarburos y minerales a través de investigaciones, ha señalado que es indispensable que estas operaciones tengan una mayor transparencia por dos razones: porque las rentas petroleras suelen ser la mayor porción de los ingresos de un Estado (como ocurre en Irak y Nigeria) y porque al generar tanta cantidad de recursos los riesgos de corrupción son mayores. Para ejemplificar el fenómeno de corrupción en las transacciones de comercio internacional de petróleo en las que una parte es un Estado, el Nrgi ilustró en su estudio ‘Evidencia inicial de riesgos de corrupción en las ventas estatales de 26–infolaft Septiembre 2016

petróleo y gas’ (2016) 11 casos reales en los que, además de evidenciarse conductas corruptas, se sugieren algunas políticas anticorrupción necesarias para evitar la consumación de los riesgos. Aunque los casos que se presentan a continuación tienen un carácter histórico —por haber ocurrido hace tiempo— y un ámbito geográfico definido, su conocimiento debe servir para demostrar que efectivamente existen riesgos derivados del sistema de ventas no transparentes de petróleo en el comercio exterior, lo cual evidencia que es menester reforzar los controles de transparencia y anticorrupción sobre ellas, y para que las empresas privadas se protejan de operaciones de este tipo.

Casos de corrupción en la asignación contractual Fossus Energy de Indonesia En el año 2013 el entonces titular del regulador de petróleo y gas de Indonesia (SKK Migas), Rudi Rubiandini, aprobó la adjudicación de un contrato de compraventa de petróleo a la empresa Fossus Energy en virtud del cual esta empresa le compraría a la nación una porción de la producción local de tres campos.

Edición 90 ANÁLISIS

Olle Svensson

No obstante, la transacción no se llevó a cabo porque, poco después de la suscripción del contrato, la policía anticorrupción del país arrestó a Rubiandini por supuestamente haber recibido una coima de USD 1.1 millones de dólares por otorgamiento del contrato.

Según se descubrió luego, tanto el trader como el exasesor gubernamental tenían por función conseguirles citas a los empleados de Gunvor con altos funcionarios de la República del Congo, incluido el entonces presidente Denis Sassou-Nguesso.

Según informaron las autoridades, el dinero fue recibido a través de un testaferro (quien además era su entrenador de golf). A pesar de que el funcionario público arguyó en juicio que el dinero era necesario para impulsar los trámites de adjudicación contractual tanto en el parlamento como administrativamente, la justicia lo condenó por soborno.

Luego de varios de estos encuentros, Gunvor se hizo adjudicatario de un contrato de compraventa de 18 millones de barriles de crudo de la Société Nationale des Pétroles du Congo, la estatal petrolera del país, a cambio de dar un préstamo respaldado con petróleo de USD 750 millones de dólares para que el Congo desarrollara su infraestructura petrolera.

Gunvor en República del Congo

El escándalo surgió luego de que un empleado del Banco Suizo alertara de los pagos de USD 30 millones de dólares a los reguladores, por lo que las autoridades suizas congelaron las cuentas de las dos empresas cascarón y abrieron una investigación para determinar si algunos de esos recursos fueron canalizados hacia las arcas de funcionarios del gobierno congolés. Este caso está aún por resolverse ante la justicia.

Entre el año 2010 y el 2012 un gerente de desarrollo de negocios de la empresa de energía Gunvor (con sede en Ámsterdam) canalizó pagos por USD 30 millones de dólares a cuentas en el Banco Suizo de dos compañías fachada controladas por un corredor de bolsa francés y un exasesor del expresidente de Gabon, Omar Bongo, respectivamente.

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ANÁLISIS Edición 90

Martin Povey

Sphynx también en el Congo A comienzos de la primera década del dos mil la empresa petrolera nacional del Congo vendía barriles de petróleo a precios no revelados a tres compañías intermediarias de hidrocarburos: Sphynx UK, Sphynx Bermuda y Africa Oil & Gas Corporation. El sistema estaba establecido para que las empresas pagaran por el petróleo luego de que el mismo fuera revendido a otras sociedades. Sin embargo, las evidencias demostraron que al canalizar el crudo a través de estas compañías el gobierno del Congo pretendía realmente ocultar ingresos del Estado para no pagar alrededor de USD 8000 millones de dólares que el país le debía a sus acreedores en 2005. Otras evidencias mostraron que parte de los ingresos por ventas en este esquema eran desviados a cuentas de políticos, 28–infolaft Septiembre 2016

como ocurrió con un directivo de la empresa nacional de petróleo del Congo y un miembro de la familia del presidente, quienes tenían participaciones accionarias en las tres empresas intermediarias. Claro está que los beneficiarios finales de las empresas solo se revelaron durante las investigaciones y no antes, por la falta de disposiciones normativas en esa vía.

Trafigura en Angola El caso inició en 2009, cuando la empresa estatal petrolera angoleña Sonangol buscó a la empresa suiza Trafigura para que operara dos grandes contratos de suministro de combustible: el primero, cuyo objeto era intercambiar petróleo por productos refinados que Trafigura importaría al país; y el segundo, para comercializar combustible y otros productos en el mercado nigeriano. Con posterioridad a la adjudicación se descubrió, a través de investigaciones de prensa y no de las autoridades, que existía una compañía fachada incorporada en las Bahamas, Cochan Limited, que adquirió grandes participaciones en las dos filiales de Trafigura que suscribieron los contratos con Sonangol.

Edición 90 ANÁLISIS Adicionalmente, quedó en evidencia que la sociedad era propiedad de un asesor del presidente de Angola. Esta contratación pública le dio a Trafigura, y por ende a Cochan, el control monopolístico de todo el mercado de gasolina del país.

Previniendo casos de corrupción en la asignación de contratos Los problemas en esta etapa de venta de petróleo incluyen soborno para asegurar un negocio, conflictos de interés de los funcionarios oficiales a cargo del proceso y la mala gestión de las PEP en caso de que en la transacción aparezca alguna de ellas. Como medidas anticorrupción en esta fase vale la pena evaluar la importancia de proteger los sistemas de licitación y concurso público en la adjudicación de contratos, en los que se tengan lineamientos claros de conocimiento del cliente e, incluso, de los beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias. Asimismo, imponer un requisito simple de reporte de los pagos derivados de la adjudicación de los contratos que suscriba la empresa petrolera estatal o la compañía que compra el petróleo es un buen inicio para detectar irregularidades en el flujo del dinero y para aumentar la transparencia de los intervinientes.

Casos en la negociación de los términos Philia en República del Congo En 2013 una pequeña compañía suiza llamada Philia Trading compró al menos USD 250 millones de dólares en combustible y nafta de la Sociedad Congolesa de Refinamiento y de la Sociedad Gabonesa de Refinamiento. Con posterioridad, una ONG encontró que Philia no solo no transportó ni vendió directamente los productos, sino que procedió a revenderlos a empresas suizas

y británicas (incluida una división de BP) a cambio de un margen de beneficio del contrato. Además, se hizo público que el contrato de Philia con la empresa del Congo no se adjudicó en concurso público, que le otorgó a las partes la discrecionalidad para elegir el tipo de cambio para la conversión de moneda extranjera, que otorgó un plazo demasiado largo para pagar el producto y que no exigió garantías de seguridad. Si bien estas condiciones no son ilegales en sí mismas, sí es dable cuestionar si Philia recibió un trato preferencial dado que su único accionista es un ciudadano de Gabón que resultó estar vinculado con el hijo del presidente de ese país. El caso no ha sido debatido aún ante la justicia.

El intercambio de petróleo por productos en Nigeria La administración del presidente Goodluck Jonathan (entre 2010 y 2015) llegó a acuerdos leoninos con varias empresas de comercialización de petróleo que recibieron un trato especial en los términos y condiciones de los contratos durante ese gobierno, los cuales derivaron en detrimento patrimonial del Estado. A partir de 2010 la Corporación Petrolera Nacional de Nigeria vendió 210 000 barriles diarios de la producción nacional de petróleo (20 % del total de producción equivalente a USD 35 000 millones de dólares entre 2010 y 2014) a través de un contrato de intercambio de crudo por productos refinados con empresas privadas, esto con el supuesto fin de evitar desabastecimiento de combustible en el país.

Imponer un requisito simple de reporte de los pagos derivados de la adjudicación de contratos es un buen inicio para prevenir casos de corrupción

No obstante, a pesar de que efectivamente los contratos de swap contribuyeron a mantener estable el suministro de gasolina y queroseno en el país, el Natural Resource Governance Institute denunció que tales contratos, que nunca fueron publicados, estaban laxamente estructurados para favorecer a los contratistas en detrimento de la nación al establecer un precio arbitrario, razón por la cual fueron cancelados en 2015.

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ANÁLISIS Edición 90

Gazprom en Rusia Desde la década del noventa la compañía nacional de petróleo rusa, Gazprom, contrató con varias compañías privadas de intermediación (controladas por empresarios de Austria, Hungría, Suiza y Estados Unidos) para transportar gas natural desde Asia Central hacia Ucrania. Según evidenciaron los contratos, las compañías contratistas recibieron beneficios económicos en detrimento de Gazprom, pues tenían la potestad de pedir a la estatal petrolera grandes préstamos de dinero, garantías de deuda y otros beneficios financieros (por ejemplo, en un solo año Gazprom desembolsó USD 880 millones de dólares a una de las firmas). Como si fuera poco, luego se supo que algunas de las empresas intermediarias tenían vínculos con varios presidentes ucranianos entre 1999 y 2014, lo que creó conflictos de intereses que pasaron inadvertidos durante años.

Cómo prevenir la corrupción en la negociación de términos contractuales Los términos que negocian las empresas petroleras estatales deben garantizar el mejor ingreso por la venta de los recursos naturales del país. Sin embargo, acciones de corrupción y de soborno pueden minar ese objetivo para otorgarle a ciertas partes interesadas mejores condiciones, aun en detrimento del interés público. Aunque es cierto que las cláusulas que rigen el intercambio internacional de hidrocarburos son técnicas y por ende difíciles de entender para la gente del común, la revelación de los términos contractuales, así como una base de datos discriminada de transacciones que evidencie flujos de dinero al margen y condiciones paralelas, pueden servir para mitigar estos riesgos.

30–infolaft Septiembre 2016

Casos de corrupción en la transferencia de ingresos Las Cuentas offshore de Turkmenistán en el Deutsche Bank A partir de 1990 Turkmenistán implantó una política de depositar la mayor porción de sus rentas petroleras en cuentas en el extranjero (casi todas en el Deutsche Bank). A pesar de que los balances de las cuentas nunca fueron presentados, sí se supo que esta serie de depósitos financiaba más o menos el 75 % del total del gasto gubernamental a pesar de no estar incluidos de forma directa en el presupuesto general del país. Esta situación le permitió al expresidente Saparmurat Niyazov (1990–2006) controlar estas cuentas de las que no solo se estima que sacó una porción considerable para él y su familia, sino de las cuales extrajo dinero que destinó a inversiones innecesarias para exaltar su imagen, como un megapalacio presidencial y una estatua de oro suya que gira para estar siempre de frente al sol.

Los USD 20 000 millones perdidos en Nigeria La compañía nacional de petróleos de Nigeria fue acusada en 2014 de retener y gastar de forma discrecional grandes sumas de rentas petroleras en vez de transferirlas a la hacienda pública. En ese año, el director del banco central del país, Lamido Sanusi, denunció que la Corporación Petrolera Nacional de Nigeria omitió la transferencia de USD 20 000 millones de dólares al tesoro nacional en un periodo de 19 meses. Frente a este escándalo se presentaron al menos cinco versiones diferentes del paradero del dinero, pero ninguna resultó concluyente. La firma PwC, contratada para hacer una auditoría externa del caso, señaló que la corporación tenía un “cheque en blanco” para gastar dinero sin ningún límite, dada la falta de instancias de supervisión y control y la laxitud de las normas de reserva de información. Adicionalmente, se comprobó que, entre otras prácticas, la corporación petrolera nigeriana subsidiaba la compra de combustible que nunca ingresaba a territorio del país, y que llevaba a cabo programas de mantenimiento inflados e innecesarios a sus oleoductos con el fin de desviar recursos a cuentas en el exterior de asesores del gobierno.

Edición 90 ANÁLISIS

El hueco fiscal de USD 31 400 millones de dólares en Angola Este es otro caso en el que la empresa petrolera nacional retuvo altas sumas de rentas petroleras para gastarlas por fuera del presupuesto general de la nación. En diciembre de 2011, el Fondo Monetario Internacional alertó sobre un déficit fiscal en Angola de USD 31 400 millones de dólares (equivalente al 25 % del Producto Interno Bruto nacional), posiblemente derivado de los gastos extrapresupuestales de la petrolera pública Sonangol y de la desviación de fondos de esa empresa a fideicomisos en el extranjero. Las versiones oficiales se centraron en decir que con las rentas retenidas la empresa había financiado obras de infraestructura, pero ni se detallaron los trabajos ni se explicó por qué el gasto se hizo por fuera del presupuesto de la nación.

El entramado detrás del intercambio de petróleo por comida en Irak Entre 1996 y 2003 algunos comerciantes con presencia en el programa de las Naciones Unidas ‘Petróleo por Comida’ (que le permitió a Irak intercambiar crudo por alimentos y medicinas en 1995) pactaron contratos subrepticios con el gobierno iraquí para establecer pagos paralelos por el petróleo que recibían. Los actores envueltos en el esquema utilizaron empresas fachada y cuentas en el exterior para pagar, al menos, USD 1800 millones de dólares al gobierno de Saddam Hussein.

¿Cómo prevenir corrupción en la transferencia? Una vez la compañía local de producción de crudo vende el petróleo que ha extraído se genera un flujo de rentas (cuyo monto no siempre es revelado) que en algunas ocasiones o no llega o llega incompleto a las arcas del Estado. Y como generalmente esos recursos son gastados y desviados por fuera del presupuesto general de la nación, no existen controles frente a dichas erogaciones que permitan frenar este fenómeno de corrupción a tiempo. Para reducir este riesgo es necesario proponer reformas estructurales que clarifiquen exactamente la relación entre la empresa de petróleos pública y el Estado, con especial énfasis en la implantación de instancias de supervisión y control en la transferencia de recursos, en procedimientos para autorizar gastos y en obligaciones de reporte pormenorizado de las cuentas.

Tobias Vgot

Cuando se supo de este sistema de flujos de dinero se adelantaron al menos seis acciones de judicialización en Estados Unidos bajo los cargos de corrupción y soborno. Las investigaciones en ese país arrojaron que el programa de las Naciones Unidas de intercambio de crudo por bienes de consumo básico tenía grandes vacíos de supervisión y que, incluso, el director del programa estaba envuelto en la recepción de coimas para adjudicar contratos.

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COLUMNA DE OPINIÓN Edición 90

¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?

Por: Cesar Augusto Roldán Empleado de cumplimiento grupo EPM. Ingeniero MBA

Cuando nos hablan de evaluación lo primero que pensamos es: ¿Qué me falta?, ¿Dónde están mis falencias?, ¿Qué he hecho mal? Incluso, desde una óptica negativa, pensamos que nos van a preguntar por aquello que no tenemos. Esto último hace que nos olvidemos del trabajo que hemos realizado, de cuánto hemos avanzado desde que iniciamos la construcción de nuestro sistema de prevención, de nuestro aprendizaje y –lo más importante– del logro de sensibilizar y de crear la cultura de la prevención del LA/FT en nuestra organización. Sería muy arriesgado decir que tenemos un sistema de prevención perfecto, ya que siempre habrá algo por mejorar. Pero sí deberíamos estar en capacidad de garantizarle a nuestra organización que cuenta con unas herramientas que están en capacidad de mantener controlados los riesgos. Además, a partir de pequeños logros, de construir sistemáticamente con los aportes de cada individuo, de contar con un soporte tecnológico básico y tener conocimientos y experticia podremos materializar el objetivo de contar con un sistema de prevención del LA/FT

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Afrontar la evaluación como una auditoría Dicho lo anterior, ahora quiero abordar el tema de los aspectos que se deben tener en cuenta tal y como lo haríamos al enfrentar una revisión de calidad o un proceso de auditoría interna. Es fundamental que tengamos claramente identificados el ámbito de aplicación (esto es delimitar el sistema a evaluar) y el referente o la norma contra la cual queremos llevar a cabo la evaluación. Dicho ámbito podría ampliarse a los referentes mundiales o a las mejores prácticas empresariales, con lo cual surge un interrogante: ¿vamos a verificar el cumplimiento de una norma? o ¿queremos identificar qué tan maduro está nuestro sistema frente a la realidad comercial, social, económica y legal a nivel global? Cada uno de nosotros debe establecer su línea base y de ello dependerá mucho el resultado que se obtenga. Como lo he mencionado anteriormente, el concepto de sistema -per se- es tan amplio que debemos

Edición 90 COLUMNA DE OPINIÓN definirlo claramente para conocer hasta dónde llegará su evaluación. Por eso circunscribiré el concepto de sistema de prevención de LA/FT a un criterio medianamente universal, comprendido por todas aquellas entradas, procesos y salidas asociadas a los riesgos LA/FT. Algo complejo, porque es un proceso de gestión integral de riesgos transversal a la organización; a su entorno; a sus relaciones con proveedores, contratistas, empleados y comunidad; así como a sus procesos, sus clientes, canales de distribución, competidores y el gobierno (tanto el propio como los externos). Si esperamos realizar la evaluación desde el marco de cumplimiento normativo, podríamos volverla muy instrumentalista u operativa fijándonos unos objetivos o hipótesis de validación tales como: evaluar la definición y nivel de implantación de la función de cumplimiento en la organización, verificar el cumplimiento legal o marco normativo existente

Allen McGregor

aplicable a la organización y verificar la adopción e implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo del LA/FT con unos mínimos elementos exigibles. Dependiendo de la norma contra la cual nos estemos evaluando, revisaríamos, entre otros, contar al menos con: políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos; así como con órganos con funciones de control u oficial o empleado de cumplimiento; pautas para la identificación de factores de riesgo; asignación de funciones específicas de la junta directiva o representante legal; capacitación; emisión de un código de ética, manual o reglas de conducta empresarial; procedimientos de conocimiento de las contrapartes y una gran variedad de reportes a la Uiaf. No obstante, el proceso de evaluación no podemos limitarlo a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de mayor gradualidad como inexistente,

inmaduro, administrado o maduro, por ejemplo. La existencia del sistema objeto de la evaluación requerirá de identificar si el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (Phva) se viene aplicando. Deberá comprobarse un claro y explícito compromiso de la alta gerencia mediante una declaración o política de gestión y prevención de los riesgos LA/FT. A partir de este punto, debemos evaluar si la función está asignada a un área responsable en particular o está asignada como un ‘apéndice’ a cualquier otra área, dependencia o proceso de su organización. Para ello es fundamental lo establecido por la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo 10, ya que allí se exige a las empresas obligadas designar un oficial de cumplimiento o funcionario que haga sus veces, el cual deberá ser nombrado por la junta directiva (a falta de esta, por el representante legal con la aprobación del máximo órgano social). Adicionalmente, este funcionario debe tener

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COLUMNA DE OPINIÓN Edición 90

Joe vía Flickr

capacidad decisoria y acreditar los conocimientos requeridos no solo sobre la administración de riesgos, sino también sobre la operación de la empresa. Frente a lo anterior la evaluación debería responder si estamos cumpliendo o no con lo allí establecido y aun cuando no estemos obligados por dicha norma, deberiamos tomarla como una muy buena práctica y como una demostración de madurez del sistema objeto de evaluación. Dicho sistema — según la CBJ— debe contemplar como mínimo las siguientes atribuciones generales asignadas al oficial de cumplimiento: •

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema.

•

Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al sistema.

34–infolaft Septiembre 2016

•

Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

•

Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.

•

Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el Capítulo X, según lo requiera esta entidad de supervisión. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del riesgo de LA/FT. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medi-

ción y control del riesgo de LA/FT que formarán parte del sistema. •

Realizar reportes de las operaciones sospechosas a la Uiaf y cualquier otro reporte o informe, en los términos del Capítulo X.

Adicionalmente, cada organización debe establecer responsables de efectuar una evaluación del sistema a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes.

La importancia de la puesta en práctica Saliéndonos un poco de este marco normativo e independientemente de la norma que lo obligue, la evaluación de nuestro sistema debería estar en capacidad de responder, entre otras, a las siguientes preguntas:

Edición 90 COLUMNA DE OPINIÓN •

¿Existe un verdadero compromiso de la alta dirección?

•

¿Se ha definido y establecido algún tipo de normatividad, políticas, lineamientos y procedimientos del proceso?

•

¿Está la empresa protegida de ser utilizada para delitos asociados al LA/FT?

En cuanto a la capacitación y sensibilización de los diferentes grupos de interés o contrapartes se debe verificar, entre otros, si existe en los trabajadores y directivos una conciencia de prevención o de ‘levantar la mano’ frente a situaciones que puedan exponer a la empresa a estos riesgos, si se ha medido el impacto de las capacitaciones en temas de prevención del LA/FT (más allá de los indicadores operativos de horas hombre y cursos ofrecidos), verificar si los trabajadores tienen una aproximación y conocimiento del tema, revisar si tenemos identificados cargos críticos o cargos con una mayor exposición y validar si se ha socializado el modelo con proveedores, contratistas y clientes. También deberíamos estar en capacidad de ‘vender’ nuestro sistema como un proceso de relacionamiento organizacional a largo plazo, sostenible y fundamentado en la transparencia, legalidad y de mutuo beneficio para todas y cada una de nuestras contrapartes, en lugar de mostrarlo como un sistema de prevención del delito. Las áreas de cumplimiento debemos ser los ‘socios de valor’ para los procesos de relacionamiento con los diversos grupos de interés de nuestra organización; es decir, que estas perciban el valor agregado de nuestra gestión y contemos con su activa participación en la prevención de los riesgos asociados al LA/FT. Ahora bien, desde el área de cumplimiento debemos estar en capacidad de responder si la empresa ha llevado a cabo un proceso de identificación de los riesgos asociados. Es decir,

validar si se tienen identificados los riegos legales, reputacionales, operativos/operacionales y de contagio o concentración, si están mapeados los factores de riesgo (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones) y si estos últimos están identificados, analizados y monitoreados. Por otra parte, es importante validar qué tan directa es la línea de comunicación con los máximos órganos rectores de la empresa, si conocemos los pares de nuestro sector y si sabemos para dónde va el país en temas de prevención del LA/FT. La evaluación no es como una toma de lección del colegio, sino que nos debe llevar a mayores reflexiones, entre ellas a una tan sencilla como fundamental: ¿Conocemos las 40 recomendaciones del Gafi y entendemos el espíritu de cada una de ellas?

¿Cuándo hacer el examen? El proceso de evaluar el sistema de prevención del LA/FT es permanente y continuo. Sin embargo, considero que podríamos establecer periodos de evaluación que deberían llevarnos a una clara reflexión sobre la efectividad del sistema. Me aventuro con periodicidades: una de ellas sería anual (como mínimo) y la fecha dependería de la publicación de los informes de gestión dirigidos a la junta directiva o a la gerencia general de la organización, o cuando se presenten informes de sostenibilidad. Los anteriores son momentos muy impactantes y efectivos para llevar a cabo dicha evaluación

Cuidado con la debida diligencia Intencionalmente dejé para el final el proceso de realización de las debidas diligencias de terceros o contraparte, y lo hago así porque muchas de nuestras organizaciones han limitado su gestión de cumplimiento en términos de consultas en listas públicas: craso error en el que incurren muchas de las empresas que se han visto obligadas a tener sistemas de prevención del LA/FT y que circunscriben el alcance de su quehacer a la ejecución de consultas en listas públicas, como si se tratara de tomar fotografías y no de mantener la producción de un largo metraje que nunca estará terminado. El reto de toda evaluación, no será –como ya mencioné— algo similar a un proceso de evaluación educativo que nos lleva a obtener una nota aprobatoria simplemente. El reto es identificar dónde estamos y cómo mejoramos. Es llevarnos a reflexionar y ver cómo entramos en una espiral de mejoramiento continuo y permanente que mantenga la dinámica del sistema como un proceso continuo, que identifique sus insumos, sus procesos, sus salidas o productos y se mantenga en permanente realimentación para alcanzar los objetivos fijados.

Otro momento válido sería incidental (por no llamarlo reactivo) y se realizaría frente a la materialización de un riesgo o dentro de procesos de auditoría interna o externa previos y debidamente programados por dichas áreas.

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INTERNACIONAL Edición 90

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Edición 90 INTERNACIONAL todos y es la falta de transparencia de las estructuras societarias entre los diferentes países. Es claro que [esos problemas en] los off shore son más evidentes, pero también países como los nuestros tienen inconvenientes de ese tipo porque –por lo menos en Perú– lo que pasa es que si bien las sociedades no pueden ser al portador y todo eso está regulado en la ley hace 40 años, una off shore que esté constituida en otra jurisdicción puede ser dueña de una sociedad peruana y ese es un problema legal. Infolaft: Estamos en plena ronda de evaluación y ya hay varios países examinados. De forma general, ¿ustedes al interior del Gafilat cómo analizan las calificaciones que hasta ahora han obtenido los países? Sergio Espinosa: Bueno, es difícil saberlo en términos generales porque los resultados no son iguales. Incluso es complicado hablar de la primera evaluación, que fue la de Cuba, porque no había un antecedente. Cuba era un país que recién había entrado al sistema y no tenía contra qué comparar [sus resultados] y, dicho sea de paso, salió muy bien esa evaluación. Sergio Espinosa, presidente Grupo Egmont. Foto por Infolaft

Infolaft: ¿Cuál es la principal amenaza para la región en temas de lavado? Sergio Espinosa: Yo diría que la principal amenaza tiene que ver con el desarrollo de los grupos criminales y la aparición de las nuevas tecnologías y el hecho de que estén al alcance de todos. Eso hace necesario que las UIF de los países tengamos una comunicación más estrecha tanto en Egmont a nivel mundial como en el Gafilat a nivel regional. Estamos acostumbrados a intercambiar información cuando hay un caso, y entonces una UIF le pregunta a la UIF de otro país y esta responde, pero eso no basta. Necesitamos estar mucho más conectados en cuanto a las bases de datos que manejamos a nivel internacional y a nivel local, porque esos problemas a veces los tenemos internamente. Ocurre, por ejemplo, que una UIF no intercambia información con la oficina de inteligencia y eso es particularmente importante cuando hablamos de grupos que tienen vinculación con narcotráfico, pero también cuando hay un fenómeno de terrorismo internacional como el que esta viviendo hoy el mundo. Infolaft: Aparte del tema de tecnología, ¿ustedes al interior del Gafilat qué amenazas ven? Sergio Espinosa: La publicación de los ‘Mossack Fonseca papers’ —porque a mí me parece injusto hablar de Panamá y de hecho ese apelativo lo propuse en Egmont— creo que ha puesto en evidencia un problema que tenemos

Sin embargo, la evaluación de Costa Rica no es buena. Es verdad que ellos estaban implementando una estrategia nacional y entonces parte de las deficiencias encontradas en ese momento se están subsanando, pero también es posible que tengan algún tipo de seguimiento por el Gafi. Después la [evaluación] de Honduras ha salido regularmente bien y ahora vamos a discutir la de Guatemala, que es la cuarta evaluación de la región. Yo diría que los resultados están razonablemente bien. Infolaft: ¿Es probable que varios países de la región queden reseñados en la lista del Gafi una vez termine la evaluación? Sergio Espinosa: Es posible, pero yo diría que la gran ventaja que tiene la región, aunque suene paradójico, es que el proceso de seguimiento del Gafi que empezó en 2010 a través del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional (Icrg por su sigla en inglés) trajo como consecuencia que varios países de la región estuvieran en las listas del Gafi, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Cuba y Panamá. ¿Cuál fue el efecto positivo de eso? Que para salir de la lista todos esos países implementaron leyes que no tenían y entonces han tenido una producción legislativa que ha sido formidable. Incluso en algunos casos esos países tienen mejor legislación que la que tenemos otros [que no estuvimos en la lista], por ejemplo, quienes todavía tenemos algunos pendientes porque no hemos tenido esa presión para lograrla. No obstante, la gran pregunta para esos países va a ser respecto a la efectividad. Septiembre 2016 Infolaft–37

INTERNACIONAL Edición 90

En Perú estamos trabajando en un sistema de estadísticas que no teníamos. El año pasado no podíamos contestar la simple pregunta de cuántas condenas por lavado de activos tenemos: Espinosa

Hasta ahora Honduras ha salido de la evaluación con una nota que lo salvará de ir al mecanismo de listas y ese es el primer caso de un país que estuvo en la lista y que ya fue evaluado, y digo hasta ahora porque una parte del informe de evaluación fue objetado por el Gafi y eso no se ha discutido, y se está trabajando en un nuevo texto. Aparentemente no habría cambios en las calificaciones y Honduras no iría a una lista, pero es un buen ejemplo porque ellos recibieron mucho apoyo técnico para subsanar todas las deficiencias que tuvieron a raíz de su presencia en las listas, y lo mismo se puede decir de los países que le he mencionado. Más bien el problema es para los países como nosotros que no estuvimos en listas, pero que todavía tenemos problemas por subsanar. Hay que trabajar en el tiempo que nos queda antes de la evaluación para tratar de subsanar eso.

En la reunión plenaria del Gafilat en México se acordó la creación de un grupo de trabajo sobre terrorismo que tuvo su primera sesión en la plenaria de Buenos Aires [realizada a principios de agosto de 2016]. Las UIF de los países, sobre todo de la región latinoamericana, con excepción de Colombia y Perú, se han preocupado por el lavado de activos y se han hecho exámenes en ese sentido, pero la financiación del terrorismo era como la ‘hermana menor’. Sin embargo, toda esta situación de Isis ha hecho que el mundo voltee sus ojos a este problema porque se ha dado cuenta de que nadie está libre del riesgo.

En Perú, por ejemplo, estamos trabajando en un sistema de estadísticas que no teníamos. El año pasado no podíamos contestar la simple pregunta de cuántas condenas por lavado de activos tenemos. Hoy en día no tenemos totalmente la respuesta, pero sí hay algo parcial y por eso se está construyendo un sistema de estadísticas en ese sentido.

Otro tema que va a entrar con fuerza en el Gafilat y que creo todavía no se ha hecho explícito es la corrupción, porque en las UIF la lucha contra el lavado no ha estado muy ligada a este delito. De hecho, cuando la Ocde habla de la criminalización de personas jurídicas hace referencia al cohecho internacional, pero no habla de lavado. El Gafi lo dice, pero la Ocde no.

Infolaft: Teniendo en cuenta que Colombia será evaluada el próximo año, ¿en qué se está fijando el Gafilat en las evaluaciones a los países?, ¿cuáles son esos puntos clave?

La forma como tradicionalmente se combatía la corrupción a través de contralorías que hacían exámenes ex post de obras y contratos está bien, pero eso no es suficiente. Mi impresión es que las UIF y los sistemas antilavado en general van a recibir un mayor encargo y un mayor peso en cuanto a la lucha anticorrupción.

Sergio Espinosa: Yo creo que el caso de Colombia es muy particular y parecido, en cierto modo, al caso de Perú. Le digo esto porque probablemente estos son los únicos países de la región donde hay movimientos terroristas y eso hace que las autoridades, las leyes y la vida de los ciudadanos sean diferentes, porque hay una conciencia.

38–infolaft Septiembre 2016

Sin embargo, en otros países hablar de terrorismo y de financiación del terrorismo se veía como algo muy impuesto, algo muy americano y poco palpable. Eso hasta que empezó Isis, ya que cuando ellos trajeron el terrorismo a la ‘puerta de la casa’ todos los países se empezaron a preocupar.

Infolaft: En América Latina hay un boom de casos de expresidentes y políticos con problemas de lavado de activos producto de actos de corrupción. ¿Se está gestionando mal el riesgo con las PEP?

Edición 90 INTERNACIONAL

Sergio Espinosa, presidente Grupo Egmont. Foto por Infolaft

Sergio Espinosa: Yo tengo dos lecturas de eso. Creo que ciertamente hay lecciones que se deben aprender en cuanto a las razones de por qué pasó eso y algunas tienen que ver con gestión de riesgo. En el caso de Perú, por ejemplo, es muy complicado construir una lista de PEP. La banca la pide y lo que nosotros tenemos es una lista de cargos, pero como la norma dice que la PEP es también el familiar y el asociado y de eso no hay listas, entonces hay dificultades en la gestión. También hay errores que son cometidos en los operadores respecto a no ver casos evidentes. Pero hay un lado positivo: pensar que en Brasil hay un expresidente [vinculado] y una presidenta en ejercicio que ha sido suspendida por temas ligados a la corrupción, y que en Perú tenemos un expresidente que está siendo procesado por lavado procedente de corrupción

y un fiscal de la nación que fue cesado de su cargo por vinculación con un grupo asociado a la corrupción permite dar una buena lectura porque estamos detectando casos y tomando medidas Hay una mayor conciencia en las autoridades y en la gente. Ahora el tema interesa más a los ciudadanos y eso es importante porque empuja a las autoridades y a las agencias de law enforcement a tomar medidas. Los bancos también ponen atención sobre lazos familiares [de las PEP] y eso genera un efecto. Si el sistema no estuviera funcionando no tendríamos estos casos.

Septiembre 2016 Infolaft–39

INFORME ESPECIAL Edición 90

Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina. Análisis con base en un documento de la ONU.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, publicó la edición 68 de su ya tradicional Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Este informe, que busca presentar el desempeño de la economía de la región durante el año inmediatamente anterior (para este caso de 2015) así como las perspectivas de crecimiento, trae en esta ocasión un acápite que estudia de forma pormenorizada los flujos financieros ilícitos que se originan en la región derivados de la manipulación del comercio internacional. Esta movilización de recursos ilegales suele tomar la forma de transacciones ocultas y, por lo mismo, las metodologías de medición o estadística no son definitivas en cuanto a su alcance, sobre todo cuando se trata de delitos de difícil cuantificación. Es por esta razón que el informe de la Cepal versa únicamente sobre los fraudes de subdeclaración o sobredeclaración de bienes importados y exportados, de los que sí se tiene, al menos, un estimado.

La magnitud de los flujos financieros ilícitos Los flujos financieros ilícitos —que como ya se mencionó son movimientos de recursos de un país a otro cuyo origen, transferencia o utilización fue ilegal— se derivan por lo general de actividades mercantiles irregulares

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de comercio exterior (sobre todo de la manipulación de facturas y utilización de precios abusivos), así como de actividades de corrupción y de otros delitos asociados al crimen organizado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el total de pérdidas mundiales asociadas a maniobras ilegales de evasión y elusión tributaria vinculadas al comercio internacional alcanza alrededor de USD 240 000 millones de dólares cada año, equivalentes a entre un 4 % y un 10 % del total de recaudación del impuesto sobre la renta de empresas y otras personas jurídicas en el mundo. Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad por su sigla en inglés) no solo coincide en la cifra, sino que agrega que los países en vías de desarrollo, como los de América Latina y el Caribe, son más propensos a sufrir mayores impactos derivados de las corrientes de flujos financieros ilícitos. Y es que durante los últimos diez años en la región se presentó un aumento del flujo ilegal de recursos por la manipulación de precios del comercio internacional hasta alcanzar la escandalosa cifra de 1.8 % del PIB regional (el equivalente a USD 765 000 millones de dólares entre 2004 y 2013), del cual el 66 % correspondió a sobrefacturación de importaciones y un 34 % a la subfacturación de exportaciones.

Edición 90 INFORME ESPECIAL

401(k)2012

En concordancia con esta tendencia, el estudio evidencia que en América Latina, salvo la curiosa excepción de Costa Rica, las economías más grandes y conectadas son las que más concentran el tránsito de flujos ilícitos. El primer y segundo lugar en la región en términos de montos estimados de manipulación de precios del comercio exterior lo ocupan México, con USD 48 000 millones de dólares (48 % del total regional) y Brasil, con USD 18 000 millones de dólares (18 %). Lo anterior no solo muestra que las dos economías más fuertes producen el 66 % de los flujos financieros ilícitos de toda la región, sino que ambas se encuentran estrechamente vinculadas al comercio internacional. Estas cifras han generado alarma porque tan solo en 2013, el último año analizado en la muestra, las salidas ilícitas llegaron a USD 101 600 millones de dólares en Latinoamérica y sus correlativas pérdidas fiscales ascendieron a USD 31 000 millones de dólares en cada uno de los países afectados.

Distribución por países El estudio parte de la premisa de que a mayor interacción de un país con la economía global hay mayor propensión a que la base tributaria se vuelva porosa al ser afectada por tres factores elusivos: el aumento de incentivos tributarios y asistemáticos, la planeación tributaria agresiva y los flujos de dinero ilícito con origen en el comercio internacional y las corrientes de capital.

A ellos les sigue Costa Rica, que es un caso excepcional porque, a pesar de ser una economía que produce tan solo el 1 % del PIB regional, concentra el 8 % del total de salidas ilícitas con USD 7773 millones de dólares. A continuación se encuentran Chile, que con USD 6830 millones de dólares concentra el 6.8 % de estos flujos; Argentina, que consolida el 4.7 % (equivalente a USD 4716 millones de dólares); y Colombia, país del que salen aproximadamente USD 3259 millones de dólares de flujos financieros ilícitos, equivalentes al 3 % del total regional. Por su parte Perú, Venezuela y Ecuador cierran los primeros ocho lugares con un promedio de alrededor de USD 2440 millones de dólares entre los tres, algo así como el 2.4 % del total regional.

Septiembre 2016 Infolaft–41

INFORME ESPECIAL Edición 90

¿Cuál es el destino y origen de estos flujos?

Flujos ilícitos en millones de dólares México

48314

Brasil

17830

Costa Rica

7773

Chile

6830

Argentina

4716

Colombia

3259

Perú

2869

Venezuela

2462

Ecuador

1998

Guatemala

1272

R. Dominicana

1096

El Salvador

715

Paraguay

595

Bolivia

504

Uruguay

329

Nicaragua

267

Panamá

176

Jamaica

171

Guyana

157

Bahamas

Suriname

Barbados

Antigua y Barbuda

Belice

Fuente: Cepal (2016). Estudio Económico de América Latina y el Caribe.

Además de enunciar este listado, el informe de la Cepal profundiza un poco más en el análisis y procede a comparar estos flujos ilícitos en proporción al PIB de cada país, lo que evidencia que los Estados centroamericanos son los que más aportan recursos ilícitos en términos de magnitud. Como ya se mencionó, Costa Rica está a la cabeza, pues en este país los recursos ilícitos alcanzan el 15 % del producto interno, seguido de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en los que el valor es superior al 2.5 %. 42–infolaft Septiembre 2016

Las transacciones con Estados Unidos originan el 38 % de flujos financieros ilícitos en América Latina, mientras que las operaciones con China generan el 19 %. Esto significa que en el período de la medición, que comprende los años 2004 a 2013, la economía estadounidense recibió USD 292 000 millones de dólares de flujos financieros ilícitos latinoamericanos, mientras que a China fueron a parar USD 147 000 millones de dólares. Más allá de estas potencias mundiales, Japón, Corea, Alemania, Canadá, Italia y Francia son las siguientes seis naciones que más reciben flujos financieros ilícitos. Es importante señalar que los flujos de capital ilícito tienden a concentrarse y dirigirse a los mismos socios comerciales, por lo que se debe estar alerta con dichas jurisdicciones. Sin embargo, vale aclarar que no todos los recursos financieros ilícitos que nacen en América Latina y salen de las fronteras de algún país latinoamericano o caribeño se dirigen fuera de la región, pues México y Brasil son dos jurisdicciones atractivas hacia donde canalizarlos. Así, por ejemplo, a la economía mexicana entraron USD 17 000 millones de dólares y a la brasilera USD 12 500 millones de dólares por concepto de distorsión en los instrumentos de comercio exterior en una década. En cuanto a su origen, el estudio es concluyente en afirmar que es la industria manufacturera de productos electrónicos (incluidos computadores, circuitos integrados, microestructuras electrónicas, y aparatos de telefonía, radiotelefonía, radiodifusión y televisión), así como la de producción de automóviles y autopartes, las que más han dado origen a recursos ilegales desde América Latina. En comparación, a nivel mundial los productos que más generan flujos financieros ilícitos son el petróleo, minerales y metales, mientras que los principales destinos de dichos recursos son China e India. Este panorama es comprensible dado que el continente más afectado con la manipulación del comercio exterior es África (rico en minerales e hidrocarburos).

Algunas medidas para corregir este fenómeno La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en julio de 2015 en Addis Abeba, Etiopía, realizó una serie de recomendaciones a los Estados para corregir y reducir los impactos derivados de la manipulación del comercio internacional con fines fraudulentos. En primer lugar, se llegó a la conclusión de que es imperativo ampliar la base tributaria y mejorar los sistemas de recaudo como medida inicial para combatir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos. Adicionalmente, resulta necesario realizar un fortalecimiento de la regulación nacional para prevenir y castigar conductas de evasión tributaria y de corrupción, mientras que en paralelo se fomenta la publicación de informes y estudios de organismos internacionales acerca del volumen y composición de los flujos financieros ilícitos como medida de pedagogía, y se desincentiva de forma efectiva el envío de recursos ilícitos a paraísos fiscales.

Edición 90 TEMAS JURÍDICOS

Foto por NEC

Condena contra una secretaria que lavó activos Mediante una sentencia emitida el 9 de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido absuelta en segunda instancia. Según el alto tribunal, con base en su formación académica la afectada debió saber que estaba cometiendo un ilícito. Por: Daniel Jiménez*

Contexto general La procesada, de nombre Sandra M. y quien según el fallo es una “mujer de 24 años de edad, de escasos recursos, [y] quien para el momento de los hechos realizaba estudios universitarios de octavo semestre de administración de empresas”, fue contratada para trabajar como secretaria de las empresas Aso G. y Aso T., las cuales ocupaban una misma oficina en la ciudad de Medellín y contaban con el mismo gerente. Allí, Sandra laboró entre enero de 2001 y agosto de 2003.

Aso T. había sido creada para brindar asesoría contable, en tanto que Aso G. decía dedicarse a la actividad ganadera. Por sus cuentas bancarias circularon más de $5000 millones de pesos sin respaldo en las actividades económicas enunciadas.

Septiembre 2016 Infolaft–43

TEMAS JURÍDICOS Edición 90

Actuación procesal El 31 de diciembre de 2012 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a Sandra M. por lavado de activos. Por estos hechos el gerente, contador y mensajeros de las citadas empresas también fueron hallados culpables del mismo delito y de falsedad en documento privado. Ante eso el defensor de la acusada apeló la sentencia y luego de varios meses el Tribunal Superior de Medellín revocó el falló y absolvió a Sandra. Inconforme con la determinación anterior, la Fiscalía acudió a la Corte Suprema de Justicia.

El papel de la secretaria Según la Corte, la formación académica de la procesada le ofrecía una preparación y conocimiento sobre aspectos contables y de buenos manejos sectoriales, los cuales le tuvieron que hacer caer en cuenta que sus actividades eran ilegales

44–infolaft Septiembre 2016

Está probado que Sandra M. emitió —a pedido de su jefe— constancias a personas ajenas a la empresa sobre actividades comerciales que no correspondían con la realidad. De igual forma, suplantó al contador de Aso G. en la firma de estados financieros que no reflejaban la verdadera situación de la empresa. Además de lo anterior, cobró cheques por ventanilla bajo la modalidad de endoso por un valor de $40 millones de pesos y abrió a su nombre una cuenta corriente a través de la cual se realizaron transacciones por un valor superior a los $128 millones de pesos. Como si esto no fuera suficiente, Sandra era titular de otra cuenta corriente en la que manejó $23 millones de pesos y giró más de $34 millones a un tercero ajeno a la empresa, más de $23 millones a su jefe y casi $960 millones a mensajeros de la empresa a través de dos transacciones. Todo ello aconteció durante un lapso superior a los 30 meses, durante los cuales no se encontró vínculo de los depositantes ni de los proveedores de la empresa con la actividad de la ganadería. Incluso la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) certificó que Aso G. no se encontraba afiliada a ese gremio.

Consideraciones de la Sala Pone de presente la Corte Suprema que el asunto primordial que se va a dilucidar es la existencia o inexistencia del elemento subjetivo del dolo en el actuar de la acusada, esto es, si puede afirmarse que la secretaria tuvo o no tuvo conocimiento de la actividad ilegal que se desarrollaba en la empresa donde laboraba. En criterio de la Sala la formación académica de Sandra M. en la carrera profesional de administración de empresas “le ofrecía una preparación y conocimiento precisamente sobre aspectos de estructura organizacional, contables, estatutos financieros, actividad de registro, documentación, desarrollo empresarial, prevención y cuidado en el flujo de activos y especialmente en los buenos manejos sectoriales, que le permitían visionar [sic] que todas las actividades mentirosas que se le endilgan eran ilegales, contrarias a derecho y desbordaban su rol [sic] de secretaria”. Refuerza su tesis la Corte diciendo que Aso G. no realizó negocios de la ganadería ni ninguna otra actividad económica generadora de ingresos. La Corte tampoco acepta el argumento del Tribunal Superior de Medellín consistente en que Sandra M. se limitó simplemente a cumplir con las tareas propias de una secretaria que asume con obediencia las órdenes impartidas por su jefe bajo el temor de perder su empleo, pues las actividades ilegales que se le reprochan las realizó, inclusive, durante varios meses después de desvincularse de Aso T. La Corte agrega que lo que es de esperar es que las personas no estén dispuestas a incurrir en actividades ilícitas, que no expongan ni afecten su dignidad e integridad moral y que por supuesto no asuman como un posible el delinquir para conservar un trabajo.

Edición 90 TEMAS JURÍDICOS La argumentación final reza: “también es equivocada la deducción en la sentencia, consistente en que al no haber obtenido la acusada un beneficio, provecho, remuneración o ganancias personales que no compagine con su oficio, esa circunstancia la excluye de participación delictiva, pues desconoce el Tribunal que el legislador, al describir el supuesto de hecho del tipo penal de delito de lavado de activos, no estableció esa exigencia normativa para su configuración”.

La decisión Por las anteriores razones la Corte decidió casar (romper) la sentencia del 30 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Superior de Medellín que absolvió a Sandra M. y, en consecuencia, hizo recobrar vigencia a la emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad el 31 de diciembre de 2012, que la condenó como coautora del delito de lavado de activos a seis años de prisión y multa superior a los trescientos millones de pesos por el mismo delito y libró orden de captura en su contra.

En ese sentido resulta acertado y oportuno que la Superintendencia de Sociedades se haya propuesto obligar a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT (Sagrlaft) a las entidades de los sectores inmobiliario, de explotación de minas y canteras, de servicios jurídicos, de servicios contables, de cobranza, de comercio de vehículos, de construcción de edificios y a todas aquellas otras empresas sujetas a su vigilancia que obtengan ingresos anuales superiores a los ciento diez mil trescientos millones de pesos. *Abogado. Exfuncionario de la Superintendencia Bancaria y la Fiscalía General.

Reflexión: es oportuna la ampliación del Sagrlaft del sector real En estas páginas se han examinado sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema contra personas que desempeñan diferentes profesiones u oficios: una azafata, unos cambistas, un par de gerentes bancarios, un vendedor de joyas, un pescador de alta mar y ahora una secretaria. Con esto, queda claro que el transporte aéreo, el sector cambiario, el comercio de alhajas, la banca, la industria pesquera y la ganadería son los sectores que aparecen afectados en estos pocos casos.

Josh May

Septiembre 2016 Infolaft–45

INFOGRAFÍA Edición 90

La magnitud del soborno y la corrupción en Argentina Argentina es uno de los 10 países donde una mayor cantidad de empresas se vio obligada a pagar una coima para hacer un negocio.

Entre los diferentes delitos que puede sufrir una compañía el soborno y la corrupción son algunos de los más perjudiciales porque generan la sensación de que para realizar cualquier actividad económica hay que pagar un precio.

21 % de las empresas en Argentina dijeron que les pidieron sobornos para hacer negocios

24 % de las empresas argentinas creen que perdieron negocios por no pagar coimas

22 % de las compañías argentinas han padecido o realizado sobornos

TOP 10

Cinco claves para implementar un programa antisoborno efectivo Programa anticorrupción 1. Evaluar el programa periódicamente y mejorarlo 2. Difundir el programa e incorporarlo a los procesos corporativos 3. Los responsables del programa deben conocer su alcance global, así como sus propias obligaciones 4. Entender que ningún riesgo potencial debe ser subestimado 5. Se requiere de un compromiso del más alto nivel directivo

Argentina se ubica séptima en el ranking de países donde más sobornos piden a las empresas para hacer negocios

Fuente: PwC (2016). Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016–Capítulo Argentina. Hacia una nueva ética en los negocios–delitos económicos e informáticos. Extraído de http://www.pwc.com/crimesurvey

46–infolaft Septiembre 2016

Buenos Aires, Argentina. Foto por André M

Edición 90 SECCIÓN GENERAL

Lo que debe tener en cuenta para mejorar su programa de compliance

David Jones

Actualmente entre profesionales de distintas áreas existe casi un consenso acerca de los beneficios que trae un buen programa de compliance para las organizaciones. Sin embargo, en muchas entidades todavía se ven fallas en su implementación, las cuales podrían evidenciar que a pesar de que este concepto está de moda, todavía hay mucho por hacer.

Septiembre 2016 Infolaft–47

SECCIÓN GENERAL Edición 90

El Comité de Basilea definió al compliance como una ‘‘función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras, o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (…)’’. Dicho esto, el compliance ha venido adquiriendo cada vez más importancia en el mundo empresarial dadas las consecuencias negativas que puede traer no hacerlo. No obstante, su aplicación también trae muchas ventajas, entre las cuales podemos enunciar la generación de confianza para el mercado con el posterior favorecimiento de la inversión, la mejoría del control que los administradores tienen sobre la organización y la proyección de un compromiso ético. El programa de compliance que implementen las empresas debe estar basado en procedimientos que garanticen que la empresa, directivos, empleados y demás vinculados cumplan con el marco normativo interno y externo, lo que incluye las políticas corporativas, los compromisos contractuales y el código de ética o conducta. La regulación en este sentido es cada vez más amplia y exigente y ya no se limita al sector financiero, sino que se ha venido extendiendo a muchos sectores de la economía. En este punto vale la pena mencionar algunas de las principales funciones que un departamento de compliance debe tener a cargo: •

Identificar los riesgos a los que se enfrenta la empresa.

•

Diseñar e implementar los controles para proteger a la empresa de los riesgos identificados.

48–infolaft Septiembre 2016

•

Hacer monitoreo e informar sobre la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos.

•

Resolver las dificultades de cumplimiento que lleguen a presentarse.

•

Asesorar a la empresa sobre las normas y los controles.

•

Formar a los empleados y directivos sobre las materias de su competencia.

•

Informar a la alta dirección sobre los riesgos y deficiencias identificadas.

Además, el equipo encargado de las funciones de compliance debería contar con tres características fundamentales: independencia, autoridad y recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Pilas con el riesgo de fraude Sn duda este es uno de los riesgos que un adecuado sistema de compliance debe mitigar. En los últimos años grandes firmas de consultoría y auditoria han enfocado sus esfuerzos en adelantar estudios sobre las formas en las cuales se materializa este riesgo en las empresas, perfiles de las personas que cometen fraude y formas de mitigar estos riesgos a través del fortalecimiento de la función de compliance. Por ejemplo, hace pocas semanas Kpmg publicó un estudio sobre perfiles globales del defraudador en el que analizan las características del perfil de los defraudadores de conformidad con los resultados arrojados por un cuestionario realizado en diferentes partes del mundo por el área forense. Como características relevantes se encontró que la tecnología es un facilitador del crimen y en cuanto más avanzada es, más formas surgen para utilizarla en

Edición 90 SECCIÓN GENERAL En cuanto a los mecanismos para identificar el fraude, la encuesta arrojó que generalmente el mecanismo es una queja o denuncia, seguida de revisiones de la alta gerencia. Por su parte, el porcentaje de los fraudes detectados por accidente corresponde a aquellos hallados por la auditoría interna.

Fallas frecuentes de las entidades y posibles soluciones

Chris Potter

forma no debida. En un alto porcentaje de los casos se utilizó la tecnología para la creación de información falsa en registros contables, los correos electrónicos para envío de información engañosa o se abusó del acceso a los sistemas informáticos de la empresa. A pesar de este riesgo el estudio encontró que no se evidencia una tendencia en las compañías para tomar acciones de prevención y detección en este sentido.

Según numerosos estudios y casos recientes, puede observarse que dentro de las fallas más frecuentes de las empresas en cuanto a compliance se encuentra la implementación de sistemas sin el adecuado conocimiento de la compañía, el desarrollo del sistema sin tener en cuenta el sistema de gestión de riesgos, no diseñar un plan de revisión y evaluación del funcionamiento del sistema y que el programa no tenga una inmersión adecuada en la cultura organizacional (lo que hace que la empresa no se lo apropie). Ahora bien, ante esta realidad un lector puede preguntarse: ¿entonces qué se debe hacer? Lo primero es que un programa de compliance debe incluir mecanismos para anticiparse a prácticas no deseadas dentro de una empresa y también debe incluir los mecanismos para detectar actos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, y para responder a tiempo. Así las cosas, un programa adecuado debería incluir como mínimo lo siguiente:

Adicionalmente, se han identificado algunas características específicas respecto de los defraudadores:

1. La designación de un oficial de cumplimiento o compliance officer, quien es la persona encargada de diseñar, implementar y verificar el cumplimiento del sistema.

•

Principalmente son hombres entre los 36 y 55 años de edad.

2. Diseño de un sistema de gestión de riesgos.

•

Son empleados con una antigüedad superior a seis años.

4. Implementación de un código de ética o conducta.

•

Generalmente pertenecen a niveles ejecutivos o de dirección.

5. Adopción de políticas y procedimientos, tales como controles del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción.

•

Son autocráticos y amables.

6. Gestión de los conflictos de interés.

•

Su principal motivación es la ganancia personal.

7. Adopción de planes internos de capacitación relacionados con el manejo de los riesgos.

Kpmg agrega que durante el desarrollo del estudio encontraron que los defraudadores prefieren actuar acompañados (más de 5 personas), ya que esto facilita evadir los controles internos, y generalmente en los grupos de defraudadores hay personas externas a la organización.

8. Sistema disciplinario que sancione efectivamente los incumplimientos al sistema.

3. Implementación de un sistema de denuncias.

Finalmente, es importante mencionar que el oficial de cumplimiento debe tener pleno conocimiento de la legislación aplicable y tener experiencia en el manejo de los riesgos relacionados con la función. La persona que se elija para el cargo debe contar con un nivel de formación suficiente, así como conocer a la organización y su cultura corporativa. Septiembre 2016 Infolaft–49

FORMACIÓN Edición 90

Estas son las certificaciones antifraude que hay en el mercado Las certificaciones en prevención del fraude son cada día más necesarias para acceder a puestos de trabajo, toda vez que en muchas industrias la contratación de profesionales acreditados es vista como una buena práctica. Aquí, una breve guía que le explica cómo obtener alguna de las dos certificaciones más reconocidas.

Según un estudio denominado Guía 2015/2016 de compensación para los profesionales de lucha contra el fraude, el personal certificado obtiene en promedio una remuneración 23 % superior a la de sus colegas no certificados. Además, según datos de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Acfe por su sigla en inglés), las organizaciones con funcionarios certificados descubren casos de fraude un 50 % más pronto y las pérdidas por este delito son 62 % más pequeñas que las experimentadas por empresas con personal sin acreditación.

La certificación de la Acfe La Acfe otorga la Certificación de Examinador de Fraude (CFE) y es quizá la acreditación más reconocida en la

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industria, ya que se otorga a nivel mundial luego de la aprobación de un examen. La Acfe, que fue fundada en 1988 por un exagente del FBI que investigaba casos de fraude, cuenta en la actualidad con más de 75 000 miembros afiliados en todo el planeta. Según se lee en su página web, la credencial CFE ‘‘denota probada experiencia en la prevención, detección y disuasión del fraude’’.

Edición 90 FORMACIÓN

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Acerca de los requisitos Las personas que deseen certificarse deben estar afiliadas a la Acfe, tener por lo menos dos años de experiencia profesional y aprobar un examen cuyos ejes temáticos son la prevención y disuasión del fraude, los esquemas de fraude y transacciones financieras, investigación y conocimientos legales. De acuerdo con la Asociación, por lo general los aspirantes a obtener la certificación tienen como mínimo un título profesional y no se exige formación en algún campo específico de estudio. No obstante, este no es un requisito excluyente, ya que los interesados pueden homologar la formación académica con sus años de experiencia laboral. Ahora bien, la experiencia aceptada es aquella relacionada con funciones de auditoría interna o externa que tengan como propósito la evaluación de los sistemas de contabilidad, el diseño de controles internos, la determinación del riesgo de fraude de una organización y el seguimiento de los indicadores de fraude.

También pueden homologar experiencia los profesionales que se hayan dedicado a labores de investigación tanto en entidades públicas como privadas o que se hayan desempeñado como directores o consultores de seguridad.

Documentación y costo Las personas que decidan tomar el examen deben presentar un documento en el que conste su experiencia laboral, fotocopias de los certificados o diplomas y tres recomendaciones profesionales. Así mismo, deberán pagar USD 350 dólares para tomar el examen y otros USD 250 dólares si desean tomar un examen de preparación.

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La certificación de la Acfcs La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés) entrega el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (Cfcs). Según Gonzalo Vila, director de Acfcs para América Latina, ‘‘el examen Cfcs cubre los cuatros pilares de la estructura tradicional de los delitos financieros: antilavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y fraude’’. No obstante, el directivo agrega que, ante la necesidad de contar con profesionales que conozcan y prevengan integralmente los delitos financieros, la prueba también incluye temas como ciberdelitos, cumplimiento normativo, técnicas y herramientas de investigación financiera, seguridad de datos, recuperación de activos y extinción de dominio, entre otros.

Acerca de los requisitos La certificación se entrega a las personas que aprueben el examen que se puede realizar en más de 700 centros ubicados en todo el mundo. Es importante mencionar que cuando el aspirante paga la inscripción obtiene un manual que explica detalladamente los pormenores de la evaluación.

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Vila sostiene que ‘‘el examen ha sido elaborado con la ayuda de 60 expertos y bajo el estricto auspicio y protección de una firma psicométrica independiente y luego de haber realizado una encuesta a cientos de profesionales en todo el mundo’’.

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Respecto al tiempo estimado que debe invertir un profesional para obtener su certificado, el directivo agrega que ‘‘no existe una medida única y categórica sobre el tiempo que toma estudiar para el examen: esto dependerá de las fortalezas y debilidades de los candidatos en cada uno de los temas, pero, en líneas generales, se estima que el estudio del manual puede llevar unas 3 semanas si se dedican entre 8 y 10 horas por semana’’. Además de aprobar el examen, los aspirantes deben documentar por lo menos 40 créditos de calificación en el área de la delincuencia financiera y campos estrechamente relacionados (esto con base en su nivel educativo, certificaciones profesionales, formación y experiencia) y entregar dos referencias profesionales.

Costos de la certificación Un punto importante en esta certificación es que no es necesario que el candidato sea miembro de la Acfcs para presentar el examen. Aquellos que no pertenezcan a la Asociación deben pagar USD 1095 dólares, mientras que los asociados deben desembolsar USD 995 dólares. Por su parte, la tarifa para los funcionarios públicos, empleados de organismos militares o instituciones académicas es de USD 695 dólares.

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