Infolaft edición 123 by Revista Infolaft

Calle 71 Nº 5 -97 Of. 201 Bogotá www.infolaft.com Director Alberto Lozano Vila Equipo de redacción Jaime Luís Posada Salgado Santiago Ramírez López Sergio Andrés Reyes Díaz Diseño y diagramación Ángela Vargas Jácome

Esta publicación presenta a sus lectores información pertinente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ningún caso constituye un documento legal o responsabiliza legalmente a sus autores. Las opiniones, recomendaciones y documentos técnicos publicados en este medio no responsabilizan por ningún motivo al equipo de Infolaft. Para una asesoría profesional en este tema se debe contactar a Lozano Consultores. Recomendamos que siempre se acuda a la fuente primaria de la información. Los logos de las entidades que son reproducidos en la publicación se incluyen únicamente para efectos informativos. La utilización de los mismos no implica ningún tipo de participación de las mismas en los artículos ni en la publicación. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita de su titular. Derechos reservados. Todas las imágenes usadas en esta publicación tienen licencia Creative Commons 0, lo que permite su uso y reproducción libre. Edición Nº 123 Junio de 2019 Atribuciones: Vectores: Freepik.com - Flaticon.com

CONTENIDO

Así será la transición en los ROS del sector financiero la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los formatos y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas para vigilados de la Superintendencia Financiera de Colombia luego de que la entidad modificara los anexos correspondientes el 4 de septiembre pasado.

Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la semana pasada, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, desarrolló cuatro temas básicos para la construcción de estrategias más ambiciosas entre la industria, los consumidores y las autoridades con el fin de asegurar la confianza en el sistema financiero colombiano. El superintendente, además de referirse a temas de inclusión financiera y cambio climático, habló de seguridad y de la tarea de supervisión.

Fiscalía ha imputado a 3.000 personas por corrupción La Fiscalía General de la Nación informó que el plan ‘Bolsillos de Cristal’, el programa del ente acusador para priorizar casos de corrupción puesto en marcha en agosto de 2016, llegó a los 3.000 imputados en investigaciones que comprometen recursos públicos por más de COP 4.7 billones de pesos.

Los riesgos de las monedas virtuales Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior del sector financiero, Infolaft publica este artículo aclaratorio estructurado con base en información relevante de la Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que debe servir a los sujetos obligados a identificar y reportar actividades sospechosas sobre cómo los delincuentes y otros actores explotan las monedas virtuales para el LA/FT, la evasión de impuestos, la omisión de sanciones financieras y otros crímenes de financiamiento ilícito.

EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cacr) con el objetivo de alinear este programa de sanción con la política exterior del Presidente Donald Trump. Estos cambios incluyen restricciones a los viajes no familiares a Cuba.

La corrupción privada no es sólo en efectivo La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a Telefônica Brasil S.A. por proporcionar entradas a partidos de fútbol y beneficios de hospitalidad a los funcionarios del gobierno que podrían ayudar a los negocios de la compañía. Para la Copa Mundial de 2014 la empresa gastó USD 5.1 millones en boletas, y para la Copa Confederaciones 2013 más de USD 428 mil.

Actualidad

Así será la transición en los ROS del sector financiero La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los formatos y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas para vigilados de la Superintendencia Financiera de Colombia luego de que la entidad modificara los anexos correspondientes el 4 de septiembre pasado. Por considerarlo de interés para nuestros lectores, Infolaft transcribe la nota aclaratoria en su integridad: “El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su Circular Externa 017 de 2018 (CE017-2018) dando instrucciones sobre el reporte de información a la Uiaf, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT). “La norma establece que las entidades deben reportar la información conforme a los anexos modificados por la mencionada circular a partir del 1° de agosto de 2019; hasta esa fecha las entidades vigiladas deben seguir reportando a la Uiaf la información contenida en los anexos vigentes del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica. “Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la Uiaf (Anexos 2 al 8), definidos por la CE017-2018, la Uiaf viene realizando un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones a partir de febrero de 2019. Este proceso consta de dos etapas de pruebas en las que cada entidad participante elabora los Anexos 2 al 8, y envía los archivos a la Uiaf para recibir retroalimentación por parte de la Unidad. “Durante el 21 de enero y el 6 de febrero de 2019, la Uiaf realizó la convocatoria para participar voluntariamente en el ejercicio de pruebas. Esta convocatoria fue realizada a través de la página web de la Uiaf, el Boletín de Reportantes, el supervisor y los gremios. En total, se inscribieron voluntariamente 66 entidades vigiladas por la SFC, representantes de los diferentes sectores financieros.

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“La primera etapa del ejercicio de pruebas dio inicio el 25 de febrero y culminó el 12 de abril de 2019. Esta fue ejecutada de forma exitosa y como resultado de las consultas y retroalimentación entre las entidades participantes y la Uiaf se detectaron aspectos de mejora en los documentos técnicos e instructivos de los Anexos 2 al 8, y fue sugerido incluir unos productos financieros adicionales en los Cuadros Complementarios de los Anexos 2 al 8. “Para continuar con la segunda etapa del ejercicio de pruebas, la Uiaf realizó ajustes a los documentos técnicos e instructivos y los cuadros complementarios de los anexos 2 al 8 únicamente dirigidos a las entidades participantes de las pruebas. Los mencionados documentos fueron publicados en la página Web de la Uiaf el 13 de mayo de 2019 para consulta de las entidades participantes. “En la página web no especificamos que dichos documentos solo estaban dirigidos para las entidades participantes en las pruebas, lo cual fue interpretado por las entidades financieras como unas modificaciones oficiales a los anexos técnicos. Ante esto, el 23 de mayo la Uiaf retiró de la página web los documentos ajustados del proceso de pruebas y decidió enviar directamente esa información a los participantes. “Queremos resaltar desde la Uiaf que cualquier modificación oficial a los reportes de información a la Uiaf relativa a la administración de los riesgos de LA/FT surtirá el proceso legal correspondiente a través del organismo de supervisión, que en este caso es la SFC. Esta entidad publicará para comentarios una Circular Externa con las modificaciones de los documentos técnicos e Instructivos, recibirá los comentarios del público y, posteriormente, se expedirá la Circular Externa”.

Actualidad

Primeros resultados de la política antidrogas de Colombia El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó los primeros resultados de ‘Ruta Futuro’, la política nacional antidrogas del Gobierno Nacional de Colombia, ante los miembros de la Comisión Tercera del Senado en un debate de control político. Sobre esta política, el ministerio comentó que los primeros resultados positivos son contundentes. Entre ellos se destacaron: la erradicación de 48.500 hectáreas de cultivos ilícitos, la destrucción de 3.400 laboratorios, la incautación de 235 toneladas de cocaína, el decomiso de 3,9 millones de galones de gasolina y otros insumos químicos, la ocupación de USD 5,7 millones de dólares, y la extradición de 96 personas a Estados Unidos por delitos asociados al tráfico de drogas. “Esta es una política clara que está en marcha. Nos dimos a la tarea de diseñar una estrategia integral, con metas concretas, veeduría y seguimiento y con todos los estándares de derechos humanos de por medio», explicó la hoy exministra Borrero ante los parlamentarios.

corresponsabilidad internacional con el objeto de consolidar una ofensiva multilateral contra el narcotráfico. “La estrategia se está aplicando en tres grandes frentes: prevención y atención del consumo, represión del tráfico de sustancias psicoactivas y lucha contra las grandes organizaciones criminales que están detrás de esta actividad ilícita”, indicó la funcionaria. En esta misma presentación, el ministerio de justicia hizo un llamado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) para que cumpla con el punto 4 del Acuerdo de La Habana y entregue toda la información que posee sobre rutas del narcotráfico y canales de distribución de droga, algo a lo cual se comprometió hace dos años cuando firmó la paz y dejó de ser un grupo guerrillero.

‘Ruta Futuro’ es la primera política integral de lucha contra las drogas y se diseñó sobre la base de declarar el problema del narcotráfico como un asunto de seguridad nacional. Además, considera los centros de acopio y producción de cocaína como objetivos de alto valor, que deben ser atacados por las autoridades. La política, que articula a 17 entidades del Estado, fortalece la cooperación en las regiones para aumentar las operaciones conjuntas y mantiene la aspersión aérea como uno de sus puntos principales, a la espera del concepto de la Corte Constitucional en el tema del glifosato. La titular de la cartera de Justicia se refirió a la creciente industrialización de los cultivos ilícitos, y recordó que según cifras de la ONU, estos ya alcanzan las 206 mil hectáreas. Y también citó en este apartado el principio de

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Actualidad

Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, desarrolló cuatro temas básicos para la construcción de estrategias más ambiciosas entre la industria, los consumidores y las autoridades con el fin de asegurar la confianza en el sistema financiero colombiano. El superintendente, además de referirse a temas de inclusión financiera y cambio climático, habló de seguridad y de la tarea de supervisión.

Sobre cibercrimen y ciberseguridad “No podría dejar pasar esta ocasión sin insistir en la necesidad de reconocer las amenazas que, como consecuencia de la transformación digital y el uso intensivo de los datos y las tecnologías, se ha cernido sobre la industria financiera, esto es el cibercrimen”, señaló el superintendente financiero antes de calificar como “devastadores” los impactos de este fenómeno en las diferentes industrias y en particular la financiera. Según el funcionario, las conductas cibercriminales no sólo generan cuantiosas pérdidas económicas que pueden impactar la estabilidad del sistema, sino que minan la confianza de los agentes en las infraestructuras de mercado y en las entidades que participan en ellas, “no hay un activo que cueste mayor trabajo reconstruir”, advirtió. Para luchar contra este fenómeno, desde 2016 la Superintendencia Financiera de Colombia inició una serie de actividades cuyo objetivo fue obtener un conocimiento profundo del fenómeno y sus efectos, establecer la capacidad de las entidades de enfrentar esta amenaza e identificar las necesidades de la industria y las autoridades 8 Infolaft | Junio 2019

para lograrlo. Este ejercicio arrojó que existe asimetría en la forma como los diferentes agentes perciben esta amenaza y sus acciones. “En la mayoría de los casos, por ejemplo, la ciberseguridad es considerada como uno de los factores de riesgo de tecnología o seguridad de la información, perdiendo así la visibilidad que este riesgo debiera tener dada su naturaleza e impacto”, enfatizó el superintendente Castaño. En consecuencia, y con el objetivo de incorporar la ciberseguridad como parte de la gestión integral de riesgo como lo señalan las prácticas internacionales, en 2018 la SFC creó un entorno homogéneo de bases comunes para toda la industria en materia de prevención, detección, respuesta, recuperación y aprendizaje. En todo caso, el superintendente Jorge Castaño reconoció que “este es apenas uno de los elementos a considerar en la lucha contra este flagelo, lucha que estamos destinados a perder si lo hacemos solos pues a diferencia de otros riesgos, el ciberriesgo exige la colaboración y coordinación de autoridades, entidades y usuarios”.

Actualidad Sobre la tarea de supervisión La intervención del superintendente Jorge Castaño se centró en explicar que durante 2018 y parte de 2019 la entidad se enfocó en construir el entorno adecuado para la entrada en vigencia de la Ley de Conglomerados Financieros que amplió el ámbito de supervisión a los holdings financieros y otorgó mejores herramientas para asegurar una supervisión integral en línea con las buenas prácticas internacionales. Como resultado de este proceso, el funcionario reveló que a hoy ya están bajo supervisión 13 conglomerados financieros, siete nacionales y seis domiciliados en el exterior, que en su conjunto representan el 77% de los activos del sistema financiero en Colombia, cuentan con presencia en 18 jurisdicciones y generan aproximadamente 121 millones de vinculaciones entre sus clientes y las entidades que conforman los conglomerados financieros.

Frente a estos resultados, el superintendente financiero comentó que “el reconocimiento de esta realidad trajo consigo mayores responsabilidades frente a los consumidores y frente a la economía. Es por esto que la Superintendencia no sólo fortaleció su marco de Supervisión al complementar la visión tradicionalmente individual con una visión consolidada y comprensiva, sino que preparó a sus equipos para enfrentar el cambio y promover la adaptación”. De la mano de estos cambios se avanzó también en la definición del marco de gestión de riesgos propios del conglomerado financiero cuya mitigación depende en buena parte de la capacidad de los Holdings Financieros para ajustar su estrategia a los cambios que puedan impactar su estabilidad.

La estrategia judicial que le ha permitido a la fiscalía identificar y judicializar a los responsables de múltiples maniobras ilícitas utilizadas para desviar o apropiarse de recursos del sector público ha llevado ante los jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios (entre alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces, fiscales e investigadores judiciales), a 754 exfuncionarios y a 1.210 particulares como representantes legales de empresas y contratistas involucradas en corruptelas.

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Actualidad Las cifras que destacó la fiscalía de principales imputados es la siguiente:

de investigación por parte de la Fiscalía son justicia, salud, pensiones, infraestructura, e infancia.

• Alcaldes: 208 • Pensiones: 130 • Fiscales e investigadores: 122 • Plan de Alimentación Escolar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 84 • Concejales: 95 • Magistrados y jueces: 66 • Por caso Odebrecht: 47 • Por Panamá Papers: 44 • Congresistas: 26 • Sector carcelario: 33 • Gobernadores: 26 • Relacionados con Planes de Ordenamiento Territorial: 17 • Exviceministro: 1 • Por caso Reficar: 5 • Invima: 3

A continuación, una muestra representativa:

Las cifras que destacó la fiscalía de principales imputados es la siguiente:

Sector Justicia Uno de los frentes investigativos definidos en el plan ‘Bolsillos de Cristal’ busca reivindicar la trasparencia como principio fundamental en la administración de justicia. En ese sentido, se han puesto en evidencia actuaciones contrarias a la ley de 209 funcionarios y 46 exfuncionarios judiciales de diferentes entidades y corporaciones. 122 de estos procesados incurrieron en comportamientos ilícitos mientras se desempeñaron como servidores de la Fiscalía General de la Nación.

Caso Odebrecht Por la complejidad y el monto comprometido en algunos casos de corrupción detectados, la Fiscalía dispuso de equipos especializados y de diferentes líneas de investigación para descifrarlos. Uno de los más relevantes es la investigación relacionada con Odebrecht, a la que han sido vinculadas 96 personas, de las cuales 42 están en etapa de indagación, cuatro en imputación, 14 en acusación, 5 en juicio y 10 más tienen sentencias condenatorias. Asimismo, los fiscales de conocimiento han realizado 11 compulsas de copias por la condición de aforados de los investigados.

Porcentajes por sectores Al hacer un análisis por porcentajes, se evidenció que la corrupción afecta en mayor medida a los sectores más sensibles de la sociedad colombiana. Con los principales datos del Plan Bolsillos de Cristal, se estableció que las áreas donde se presentan más hechos que han sido objeto 10 Infolaft | Junio 2019

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Justicia: 12% Infraestructura: 9,8% Salud: 8,33% Fuerza pública: 7,93% Pensiones: 6,5% PAE e ICBF: 4,46% Educación: 2,8% Cárceles: 2,76% Otros: 36%

El plan “Bolsillos de Cristal”, que busca reivindicar la transparencia de la administración como principio fundamental, ha permitido poner en evidencia actuaciones contrarias a la ley de 209 funcionarios y 46 exfuncionarios.

Los riesgos de las monedas virtuales

Análisis

Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior del sector financiero, Infolaft publica este artículo aclaratorio estructurado con base en información relevante de la Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que debe servir a los sujetos obligados a identificar y reportar actividades sospechosas sobre cómo los delincuentes y otros actores explotan las monedas virtuales para el LA/FT, la evasión de impuestos, la omisión de sanciones financieras y otros crímenes de financiamiento ilícito.

Los riesgos planteados por las monedas virtuales Las criptomonedas pueden crear vulnerabilidades y riesgos de financiamiento ilícito debido a su naturaleza transnacional no centralizada, a la limitada transparencia en sus operaciones y a la alta velocidad en que se transan. Adicionalmente, en tiempo reciente han surgido nuevos tipos de criptodivisas con características que incrementan el anonimato y la trazabilidad, lo que reduce aún más la transparencia de las operaciones y las identidades de sus intervinientes. En efecto, en palabras de FinCEN, “algunas criptodivisas parecen estar diseñadas con el propósito expreso de eludir los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, pues sus características dificultan los esfuerzos de las agencias de seguridad nacional para combatir efectivamente el LA/FT.

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Análisis Además, la unidad de análisis financiero de Estados Unidos comentó que una institución financiera que no cumpla con su programa o no incluya a las monedas virtuales en él “expone al sistema financiero a un mayor riesgo de financiación ilícita”. Esto resulta particularmente cierto para las empresas de pagos y giros no registradas que pueden estar intentando tanto evadir la supervisión como omitir los controles apropiados ALA/CFT con el objetivo de facilitar que sus servicios se utilicen con fines de lavado, financiamiento terrorista, y otras actividades ilícitas relacionadas. Según el análisis de FinCEN, los actores ilícitos han utilizado monedas virtuales para facilitar actividades delictivas como la trata de personas, la explotación infantil, el fraude, la extorsión, el delito informático, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para apoyar regímenes corruptos, y para facilitar la evasión de las sanciones estadounidenses.

Tipologías de abuso de monedas virtuales Tanto FinCEN como la policía de EE.UU. han observado que las entidades no registradas, y que por ende pueden omitir controles más fácilmente, están siendo explotadas de forma directa o indirecta por los delincuentes, quienes promueven la utilización de estas plataformas para facilitar sus actividades ilícitas incluso a través de la Darknet, las plataformas de intercambio entre pares (P2P), y los kioscos de intercambio de criptomonedas. Darknet Marketplaces El mercado de la Darknet se conforma por sitios web que solo están disponibles en redes superpuestas anónimas que requieren software específico para accederlas. Estos mercados incluyen con frecuencia ofertas para la venta de bienes y servicios ilícitos y especifican la moneda virtual como un medio de pago (a veces el único). Esta razón llevó a FinCEN a advertir que el uso de criptomonedas en el mercado de la Darknet tiene alta probabilidad de indicar compras o ventas de drogas, explotación infantil, delito cibernético u otra actividad delictiva. En consecuencia, los vínculos de un cliente con este mercado, detectados a través de su comportamiento en línea, deben ser gestionados con un mayor estándar de debida diligencia, toda vez que se podría estar frente a un caso de apoyo de actividades ilícitas. Un control eficaz es revisar que las transacciones denominadas en monedas virtuales sean llevadas por empresas registradas y vigiladas y que no intermedie ninguna con presencia en la Darknet.

Plataformas de intercambio entre pares (P2P) Las plataformas de intercambio de criptomonedas que utilizan tecnología ‘entre pares’ (peer-to-peer P2P) están compuestas por una red de individuos o entidades que ofrecen el intercambio de monedas corrientes por monedas virtuales, o de monedas virtuales por otras monedas virtuales. Estos intercambiadores P2P generalmente operan de manera informal, y publicitan y comercializan sus servicios a través de anuncios clasificados y foros en línea. Por la naturaleza de su actividad, los intercambiadores P2P funcionan como empresas de cambio de moneda, razón por la cual deberían cumplir con todos los requisitos normativos de prevención del LA/FT según la normatividad de cumplimiento vigente. Sin embargo, la gran mayoría no lo hace. Para el caso de Estados Unidos, FinCEN es consciente de casos en que las entidades no registradas tergiversan la naturaleza de su negocio para ocultar su actividad de cambio de dinero y evitar así caer como sujeto obligado a prevenir el LA/FT. Algunos intercambiadores P2P incluso emplean técnicas como la mezcla o el uso de mulas de dinero para ocultar o volver anónimas las transacciones. “La mezcla se refiere a los mecanismos que permiten a un usuario de monedas virtuales enmascarar su identidad mediante la combinación de los ingresos de su transacción con los de otros usuarios. Las mulas de dinero se refieren a terceros utilizados para realizar transacciones en nombre de otra persona”, concluyó FinCEN. Las empresas obligadas a prevenir el LA/FT, en especial las instituciones financieras, pueden identificar los intercambiadores P2P a través de la actividad conocida como ‘cuenta en embudo’, en la que muchos clientes del intercambiador consignan en una misma cuenta. Al detectar un sujeto con estas características conviene aplicar estándares de debida diligencia reforzados, para garantizar que el origen de los fondos es lícito. Algunos compradores y vendedores también realizan transacciones de intercambio de monedas virtuales de forma repetitiva a pequeña escala, lo que también los convierte en intercambiadores no registrados sujetos a controles. Cable aclarar que los intercambiadores P2P a los que nos referimos aquí son distintos de las plataformas de comercio de P2P en línea que hacen coincidir a los compradores y vendedores para facilitar intercambios directos en persona de bienes o servicios.

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Análisis Los kioscos de monedas virtuales – cajeros automáticos Los cajeros automáticos criptográficos son dispositivos tipo terminal electrónica que permiten a los usuarios intercambiar efectivo por moneda virtual. Algunos de estos kioscos facilitan la transferencia de dinero entre un sujeto intercambiador de criptomonedas y la billetera de un cliente, mientras que otros operan como intercambiadores en sí mismos. Mientras que algunos operadores de kioscos se han registrado ante las autoridades y han implementado controles ALA/CFT, otros terminales operan sin ningún control. Por ejemplo, algunos operadores de kioscos que colaboraron en la estructuración de transacciones no recopilaron ni retuvieron la información de identificación del cliente.

¿Qué y cómo reportar?

información que pueden ser extremadamente útiles para las autoridades de vigilancia en la investigación de posibles conductas ilícitas. Específicamente, la siguiente información es particularmente útil: • • Direcciones de billeteras virtuales • Información de cuenta Detalles de transacción (incluido el hash de transacción de moneda virtual e información sobre el originador y el • destinatario) • Historial de transacciones relevante Información de inicio de sesión disponible (incluidas • direcciones IP) • Información del dispositivo móvil (como el dispositivo IMEI) Información obtenida del análisis del perfil y las comunicaciones públicas en línea del cliente.

Las transacciones cuyo objeto son monedas virtuales generan una variedad significativa de elementos de

Estas fueron las principales fuentes de financiación de las Farc En el especial de 3 entregas de El Espectador, el diario realizó un análisis del reporte titulado “Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-Ep”, entregado por la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual se explican los 3 principales caminos tomados por ese grupo guerrillero para obtener financiación, esto es, el secuestro extorsivo, la extorsión y el narcotráfico. Con este reporte se espera que las investigaciones permitan comprender el fenómeno de la guerra en Colombia como un todo, y no solamente concentrado en las responsabilidades individuales, como ha sido usual hasta el momento.

Secuestro extorsivo De acuerdo con la investigación, se estima que entre los años 1996 y 2012, las Farc habrían recaudado alrededor de 3 billones de pesos producto del secuestro extorsivo.

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El informe señala que el primero secuestro extorsivo de las Farc del que se tiene registro fue realizado en 1977, pero fue sólo hasta los años 90s en donde se volvió una práctica habitual. El peor año para el secuestro fue el 2001, con 347 secuestros registrados, año en el que aún se encontraba vigente la zona de distensión. Debido a la generalización de la práctica, ésta adoptó diferentes modalidades y se volvió más sofisticada. Además de las pescas milagrosas, el reporte señala que con el fin de abordar a personas en sectores económicos urbanos,

Análisis las Farc realizó alianzas con bandas criminales, con quienes efectuaron secuestros de empresarios e industriales en las ciudades. De acuerdo con entrevistas a desmovilizados, el informe deja claro que el Secretariado de las Farc estuvo enterado de cada secuestro extorsivo realizado por el grupo y que en el caso de víctimas de alto perfil y por quienes se reclamaban sumas importantes de dinero, era el mismo Secretariado el que realizaba la negociación. Si bien el secuestro extorsivo se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de las Farc, en algunas regiones no había personas con los suficientes recursos para pagar rescates, por lo que muchas unidades pasaron a realizar otros negocios ilícitos, como la droga y la minería ilegal.

Extorsión En el caso de la extorsión, las víctimas se calculan en los cientos de miles, aunque solamente hay 2483 procesos abiertos por este delito en Colombia. El reporte señala que, de acuerdo con testimonios de los desmovilizados, los supuestos “impuestos” se cobraban a tres públicos diferentes: funcionarios públicos, personas del sector comercial e industrial y miembros de grupos dedicados a las economías ilegales. La extorsión normalmente era precedida de un proceso de “inteligencia” sobre sus víctimas, lo que incluía mantener información minuciosa sobre las contrataciones que realizaban ciertas regiones para pedir porcentajes de estos montos. El dinero recaudado siempre se recibía en efectivo y gravaba todo tipo de bienes, desde legales, como cigarrillos, aceites

y autopartes, hasta productos ilícitos como la base de coca, de donde se extraía una mayor “contribución”. El aspecto de gravar el narcotráfico representó varios inconvenientes para las Farc, quienes tuvieron que recurrir a alianzas con el Eln para evitar confrontaciones armadas con otros grupos ilegales. De acuerdo con el informe, la extorsión permitió un flujo de caja que no podía ser obtenido con el secuestro o el narcotráfico, además de que implicaba una fuente de recursos que no estaba directamente vinculada a la violencia, lo que a su vez disminuía los costos para la guerrilla.

Narcotráfico Aunque el secuestro extorsivo y la extorsión fueron importantes fuentes de dinero de las Farc, el informe concluye que fue el narcotráfico el que permitió que esa guerrilla sobreviviera por tantas décadas. La primera asociación de las Farc con el narcotráfico fue a través del «gramaje» en los años 80, en donde los cultivadores pagaban un valor por cada kilo de cocaína vendido o procesado, en una modalidad que se combinaba con la extorsión. Posteriormente, el narcotráfico se convirtió en la base de una importante dinámica financiera, en donde las Farc creaba empresas fachada para lavar el dinero obtenido de la droga, y adicionalmente en donde se prestaba dinero “gota a gota” a los campesinos quienes realizaban inversiones en los sembradíos de coca. En este sentido, y a pesar de que las Farc insiste que solamente cobraban impuestos a cocaleros, para la Fiscalía es claro que el grupo guerrillero participó en toda la cadena de producción de la coca.

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EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cacr) con el objetivo de alinear este programa de sanción con la política exterior del Presidente Donald Trump. Estos cambios incluyen restricciones a los viajes no familiares a Cuba. Según el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, «Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad, socavando el estado de derecho y suprimiendo los procesos democráticos». Esta acción le permitirá a Estados Unidos, continuó el funcionario, “mantener a los dólares fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos.” 16 Infolaft | Junio 2019

La decisión de la Ofac se deriva de la necesidad de implementar el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional, firmado por el presidente el 16 de junio de 2017, titulado “Fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba”. Estas políticas son la base para alejar las actividades económicas y el sistema financiero de Estados Unidos de los militares cubanos y de sus servicios de inteligencia de seguridad. Los cambios del Tesoro entraron en vigencia el 5 de junio de 2019 cuando se publiquen las regulaciones en el Registro Federal. Los elementos principales de los cambios en las regulaciones incluyen: El principal cambio de las sanciones contra Cuba es la restricción de los viajes a la isla que no tengan motivación o justificación familiar. De esta manera, la Ofac prohibió los viajes educativos grupales o de trabajo. Los cambios regulatorios incluyen una disposición de exención o licencia

Internacional general que establece que ciertos viajes educativos grupales están permitidos siempre que hayan sido autorizados antes del 5 de junio de 2019 y que el viajero haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje (como la compra de un vuelo o reserva de alojamiento). Adicionalmente, se modificó la regulación para que los buques de pasajeros y recreativos y los aviones privados y corporativos no sean elegibles para una excepción de

licencia y para establecer una política general de denegación de solicitudes de licencia que involucre a esos buques y aeronaves. Estas enmiendas complementan los cambios en el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) de la Oficina de Industria y Seguridad (BIA) del Departamento de Comercio.

Nueva Resolución del Consejo de Seguridad de ONU sobre FT El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2462 de 2019 que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a combatir y criminalizar la financiación de los terroristas y sus actividades y exhorta a todos los países miembros a implementar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La Resolución parte de reconocer el papel fundamental que juegan las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el esfuerzo global para evitar que los terroristas tengan el espacio para explotar, recaudar y mover fondos, mientras que también se hace eco del trabajo y los principios del Grupo Egmont (EG) con respecto a la cooperación internacional, la asociación efectiva y la colaboración entre las autoridades competentes.

“El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas:

La Resolución 2462 enfatiza el trabajo de las UIF y promueve un mayor acceso a la información, tanto a través de asociaciones efectivas con el sector privado como a través de la coordinación interinstitucional para intensificar y acelerar el intercambio oportuno de información operativa relevante e inteligencia financiera a escala nacional e internacional.

“Exhorta a los Estados Miembros a que refuercen el acceso a la información y la capacidad analítica de financiamiento del terrorismo de sus unidades de inteligencia financiera, incluso desarrollando conjuntamente indicadores de riesgo con las autoridades competentes y cooperando con el sector privado en relación con la evolución de las tendencias, fuentes y métodos de financiación del terrorismo;

Dado que las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo son de obligatoria aplicación por parte de los Estados miembros de la ONU, Infolaft extrae los apartes más importantes de la Resolución 2462 de 2019

“Exhorta a los Estados Miembros a intensificar y acelerar el intercambio oportuno de información operacional relevante y de inteligencia financiera con respecto a acciones o movimientos, y patrones de movimientos, de terroristas o redes terroristas, (…) incluso mediante:

“Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan unidades de inteligencia financiera operativas independientes y autónomas con miras a fortalecer su marco para prevenir y contrarrestar la financiación del terrorismo, de conformidad con las normas del Gafi;

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Internacional “Asegurar que las autoridades competentes puedan usar la inteligencia financiera compartida por las unidades de inteligencia financiera, y la información financiera relevante obtenida del sector privado, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos; “Mejorar la integración y el uso de la inteligencia financiera en los casos relacionados con el terrorismo, incluso mediante una mejor coordinación entre organismos; “Usar la inteligencia financiera y las huellas financieras como una herramienta para detectar redes de terroristas y sus financistas;

y las empresas de internet y redes sociales, en particular con respecto a la evolución de tendencias, fuentes y métodos de financiación del terrorismo; “Exhorta a los Estados Miembros a fortalecer la cooperación internacional para prevenir y contrarrestar la financiación del terrorismo, incluso mediante: “Asegurar el intercambio efectivo de información financiera relevante a través de mecanismos bilaterales y multilaterales y asegurar que las autoridades competentes puedan ejercer sus poderes para responder a las solicitudes de cooperación internacional de manera efectiva;

“Considerar el establecimiento de un mecanismo mediante el cual las autoridades competentes pueden obtener información relevante, que incluye, entre otras, cuentas bancarias, para facilitar la detección de activos terroristas, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos;

“Asegurarse de que las UIF actúen como la agencia central para recibir informes de transacciones sospechosas y otra información relevante para el lavado de dinero, delitos conexos y financiamiento del terrorismo presentados por las entidades informantes y que usen activamente canales dedicados, seguros y protegidos para difundir, de forma espontánea o previa solicitud, la información y los resultados de su análisis a las autoridades competentes pertinentes;

“Alienta a las autoridades nacionales competentes, en particular a las unidades de inteligencia financiera y los servicios de inteligencia, a que sigan estableciendo asociaciones efectivas con el sector privado, incluidas las instituciones financieras, la industria de tecnología financiera

“Mejorar la cooperación transfronteriza entre las autoridades aduaneras y fiscales, así como mejorar la coordinación de la policía internacional y las operaciones aduaneras».

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Internacional

Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019 Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés), una de las cuales se considera la más grande de todos los tiempos. En total, las tres compañías fueron obligadas a pagar un poco más de USD 1.100 millones. En cuanto a las sanciones personales, un individuo se declaró culpable de los cargos relacionados con violaciones a la Fcpa y otro fue sentenciado. Resoluciones de cumplimiento del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Cognizant Technology Solutions Corporation (15 de febrero): pagó USD 25 millones para dar por terminados los cargos civiles por violación a la Fcpa que impuso la SEC. Según la autoridad, la empresa habría incurrido en conductas de soborno, en irregularidades en el asiento de los registros contables y en fallas en los controles contables. La compañía aceptó pagar, sin admitir o negar las acusaciones, USD 19 millones a título de intereses de devolución y prejuicio y USD 6 millones de multa. Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) (6 de marzo): la compañía de telefonía móvil más grande de Rusia pagó USD 850 millones en multas al DOJ y a la SEC para dar por terminados cargos relacionados con violaciones a la Fcpa en Uzbekistán. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (29 de marzo): el mayor proveedor mundial de equipos y servicios para diálisis pagó al DOJ y a la SEC USD 231.7 millones en multas y devoluciones para resolver las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en África, Oriente Medio, y Europa. La empresa, con sede en Alemania, presuntamente sobornó a médicos y funcionarios de salud pública en al menos 17 países. Bajo un acuerdo con el DOJ, Fresenius pagó una multa penal de USD $ 84.7 millones. En la acción de cumplimiento civil de la SEC, Fresenius desembolsó USD 147 millones (incluidos los intereses prejuzgados). La compañía acordó tener un evaluador de cumplimiento independiente durante dos años.

Codenas personales Chi Ping Patrick Ho (25 de marzo), de 69 años, ex secretaria de casa de Hong Kong, fue condenada a tres años de prisión por sobornar a funcionarios africanos en nombre de una empresa energética china. También se le ordenó pagar una multa penal de $ 400,000. En diciembre de 2018, Ho fue declarado culpable por un jurado después de un juicio de una semana en el Distrito Sur de Nueva York por siete cargos: un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, cuatro cargos de violar la FCPA, un cargo de conspirar para cometer lavado de dinero internacional, y un cargo de cometer lavado de dinero internacional.

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EE.UU. multa a firma de auditoría por graves fallas éticas La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con la compañía KPMG para el pago de una multa por 50 millones de dólares, luego de verificar que un grupo de empleados habían utilizado información ilegal para conocer de auditorías sorpresa y hacer trampa en los exámenes. Según se hizo público, empleados de KPMG en Estados Unidos intentaron obtener las listas de objetivos de las inspecciones que realizaría el Consejo de Supervisión Contable de las Empresas Públicas (el PCAOB por sus siglas en inglés). Adicionalmente la SEC determinó que los socios de la firma enviaban las respuestas de exámenes obligatorios de formación a sus empleados para obtener resultados

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satisfactorios y que manipularon los puntajes mínimos para pasar dichos exámenes. Curiosamente, los exámenes hacían referencia a temas de ética e integridad. Además del pago de la multa, la firma auditora acordó con la SEC la contratación de consultores independientes, con el fin de valorar y emitir recomendaciones sobre su programa de cumplimiento de normas éticas e integridad.

La corrupción privada no es sólo en efectivo

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a Telefônica Brasil S.A. por proporcionar entradas a partidos de fútbol y beneficios de hospitalidad a los funcionarios del gobierno que podrían ayudar a los negocios de la compañía. Para la Copa Mundial de 2014 la empresa gastó USD 5.1 millones en boletas, y para la Copa Confederaciones 2013 más de USD 428 mil. Según la SEC, estos hechos fueron constitutivos de violaciones a los controles contables internos establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés) y a las disposiciones de mantenimiento de registros, pues dichas dádivas se registraron como «eventos institucionales de publicidad» y «publicidad». Según demostraron las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos, las boletas para el mundial y los beneficios de hospitalidad (como hotelería, transporte y viáticos) fueron dirigidos hacia 93 funcionarios del gobierno. La primera vez que Telefônica Brasil fue cuestionada por la SEC de entregar beneficios a funcionarios oficiales a cambio de mantener o ganar negocios y contratos fue en febrero de 2017. En ese momento, Telefônica y la SEC llegaron a un acuerdo que resolvió el caso sin acudir a los tribunales. Esto significó que Telefônica Brasil no admitió ni negó los hallazgos de la SEC. Más de un año después, los investigadores de la SEC detectaron los pagos por los boletos para la Copa del Mundo y la Copa Confederaciones, que no se reflejaron con precisión en los libros y registros de Telefônica Brasil. En paralelo, la SEC acusó a la empresa de no tener ni mantener un sistema suficiente de controles contables internos. «Esta conducta surgió en un entorno en el que la compañía no pudo hacer cumplir adecuadamente sus políticas corporativas contra el soborno y la corrupción», concluyó la SEC. Una de las pruebas que utilizó la SEC para sacar adelante su acusación fue un correo interno de la empresa en el que un gerente del Departamento de Relaciones Institucionales incluyó una lista de invitados a la Copa Mundial de Fútbol frente a la cual sugirió tener en cuenta «la importancia de las acciones que cada invitado ya ha hecho efectivamente a nuestro favor» y las “puertas que han abierto para la compañía”. En otro correo interceptado, la SEC identificó que se hablaba de un funcionario de despacho de aduanas que había brindado «apoyo continuo» para despachar los bienes de la compañía en una zona libre de impuestos.

En la imposición de la sanción la SEC dijo que tuvo en cuenta las medidas correctivas y la cooperación de Telefônica Brasil, que mejoró sus controles contables internos y funciones de cumplimiento y adoptó «una nueva política de anticorrupción y estructura de cumplimiento». La cooperación de Telefônica Brasil incluyó el «intercambio oportuno de hechos desarrollados durante el curso de una investigación interna por parte de su junta y la producción y traducción voluntaria de documentos», dijo la SEC. Telefônica Brasil es una unidad de la española Telefónica, S.A. que brinda servicios bajo la marca Vivo. Es el operador de telecomunicaciones más grande de Brasil con aproximadamente 34 mil empleados y más de USD 14 mil millones en ingresos anuales.

Internacional

La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a un ex gobernador dada su participación en actividades de corrupción. Según el Tesoro al anunciar la acción «esta operación coordinada del gobierno de EE.UU. con nuestras contrapartes mexicanas demuestra y desarrolla nuestro compromiso conjunto de combatir la corrupción». De acuerdo con información de la Ofac, el magistrado designado de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Ley Kingpin) es Isidro Avelar Gutiérrez quien habría favorecido con sus acciones al Cartel de Jalisco Nueva Generación y a la Organización de Tráfico de Drogas de Los Cuinis, ambas bandas criminales designadas como narcotraficantes extranjeras por el gobierno estadounidense desde 2015. Adicionalmente, dijo la Ofac, “Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de crimen organizado a cambio de emitir fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía”.

“trabajando con nuestros socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los funcionarios actuales o anteriores y sus redes cuya corrupción desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democrática”.

En paralelo, la Ofac también designó a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del estado mexicano de Nayarit, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 relacionada con violación a derechos humanos. Tal como lo explicaron funcionarios del Tesoro, Sandoval Castañeda ha participado en una serie de actividades de corrupción como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico con el fin de desviar sus acciones como servidor público en beneficio de particulares.

Esta designación marca la décima acción de la Ofac contra el Cartel de Jalisco y los Cuinis. En acciones anteriores, la oficina designó una amplia gama de empresas y personas vinculadas a estas organizaciones cuyos negocios en México incluyen centros comerciales, compañías de bienes raíces, restaurantes, compañías agrícolas, un negocio de promoción de música y un hotel boutique de lujo.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos”, sentenció el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, para finalmente concluir que

Como resultado de la acción de hoy todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades sancionadas, y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta del 50% o más por parte de una o más personas designadas, quedan bloqueados y se prohíbe a los U.S. Person realizar transacciones con ellos.

Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el lavado de las ganancias de las drogas y representan intentos por parte del Cartel de Jalisco y los Cuinis de integrarse más con la economía legal.

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