Infolaft edición 118 by Revista Infolaft

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CONTENIDO

En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas desde todos sus eslabones y articular a todas las instituciones del Estado involucradas en la lucha antinarcóticos.

Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades estadounidenses y organismos internacionales con sede en Washington D.C. que luchan contra el LA/FT, organizada por el centro de noticias de Infolaft en la capital de Estados Unidos.

‘Ruta Futuro’: la nueva política antidrogas de Colombia

Temas de LA/FT en la rendición de cuentas de la fiscalía

Exitosa visita académica autoridades de EE.UU.

Infolaft

30 señales de alerta sobre corrupción

La Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia pública, que duró más de dos horas, se presentó un balance de los principales resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, los delitos que afectan la seguridad ciudadana, así como los avances en acceso a la justicia y administración de recursos.

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas y actividades indicativas de corrupción.

Los hechos de fuerza mayor deben cumplir requisitos para justificar incumplimiento de la norma: Superfinanciera A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia Financiera, impuso una sanción por COP$ 100.000.000 a una compañía emisora de valores, por no realizar las reuniones trimestrales del Comité de Auditoría para el año 2016.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó un documento que contiene recomendaciones para que las empresas monitoreen y regulen detalladamente los conflictos de intereses reales o potenciales en sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes.

El Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su sucursal de Nueva York, con USD 15 millones debido a los intentos del presidente del banco, Jes Staley, de violar el anonimato de un informante “en contravención de las políticas y procedimientos establecidos por Barclays”.

Directrices sobre conflictos de interés en empresas

Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua Gafi: “El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, necesita fortalecer su supervisión y aumentar los recursos de su unidad de inteligencia financiera”.

EE.UU. multa a Barclays por fallas en sistema interno de denuncias

Actualidad

‘Ruta Futuro’:

la nueva política antidrogas de Colombia En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas desde todos sus eslabones y articular a todas las instituciones del Estado involucradas en la lucha antinarcóticos. Según el gobierno, “Ruta Futuro se ocupará de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y transformación del territorio”.

Durante el año 2017 Colombia alcanzó las 171 mil hectáreas de cultivos de coca, un hecho que significa que el país alcanzó su máximo histórico en área sembrada de cultivos ilícitos. Este incremento del 17% (es decir 25 mil hectáreas) con respecto a 2016, condujo a que el gobierno colombiano se pusiera a la tarea de articular a más de 15 entidades del orden nacional, entre ellas las que integran el Consejo Nacional de Estupefacientes, para combatir el fenómeno del tráfico de drogas. De esta necesidad surgió la nueva estrategia nacional antidrogas, que recoge los aportes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y de todos los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes que desde su perspectiva han contribuido para que este un lineamiento sólido que permita materializar resultados. “El objetivo es uno solo: combatir un flagelo que durante años ha traído miseria, muerte, dolor y mala reputación al país”, enfatizó el gobierno en la presentación de la política, para luego exponer que “esta iniciativa tendrá acciones en cuatro pilares fundamentales: disminución del consumo, ataque a la oferta de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y afectación de economías y rentas del crimen organizado, todas ellos con un elemento transversal adicional, representado en la transformación del territorio y el tránsito hacia las economías lícitas, especialmente en el ámbito rural”. En su intervención durante la presentación de la política, el Presidente de la República, Iván Duque, comentó que “quisiera destacar la integralidad, pues por primera vez estamos viendo en una política de esta naturaleza la integración de puntos de vista, que van desde la salud pública hasta la lucha efectiva y focalizada contra las distintas manifestaciones del crimen”. 6 Infolaft | Enero 2019

Objetivos del plan ‘Ruta Futuro’:

Actualidad

A su turno, frente al objetivo estratégico “afectar la acumulación de riqueza y flujos de capital de las organizaciones criminales y sus redes a través de la extinción de dominio, el comiso y la recuperación de activos en el exterior”, la política comenta que es indispensable optimizar el recurso humano, técnico, tecnológico y de infraestructura especializado para el proceso de extinción de dominio y de recuperación de activos en el exterior.

¿Qué dice la política sobre lucha contra el lavado de activos?

Dentro del objetivo estratégico de “Interrumpir los flujos financieros de las organizaciones criminales y sus redes”, la política nacional anitdrogas explica que el Estado debe gestionar de manera eficiente y efectiva los riesgos de LA/ FT, “teniendo en cuenta las particularidades territoriales, a través de la prevención y detección, así como de la acción de extinción de dominio y la recuperación de activos en el exterior”. Adicionalmente, la política ‘Ruta Futuro’ promueve optimizar los instrumentos jurídicos que enmarcan los delitos de LA/ FT con el fin de proporcionar a las entidades del sistema ALA/CFT las capacidades e interacciones requeridas para la obtención de resultados efectivos que protejan a la economía y a la sociedad.

Adicionalmente, este punto habla de promover la optimización de los sistemas de administración de activos con el fin de minimizar costos operacionales para el Estado, riesgos de daño material, así como el deterioro ligado al desuso y el daño antijurídico. De igual forma, se busca fortalecer el sistema de comercialización de bienes objeto de extinción de dominio de modo que puedan monetizarse con mayor agilidad. Por último, dentro del objetivo estratégico denominado “monitoreo y seguimiento de la efectividad del Sistema ALA/CFT” la política ‘Ruta Futuro’ señala que es necesario consolidar una fuente única de información y realizar un seguimiento a los indicadores de efectividad de las acciones del sistema ALA/CFT del país.

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Actualidad

Temas de LA/FT en la rendición de cuentas de la fiscalía

El pasado 5 de diciembre la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia pública, que duró más de dos horas, se presentó un balance de los principales resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, los delitos que afectan la seguridad ciudadana, así como los avances en acceso a la justicia y administración de recursos.

Lucha contra el lavado de activos Entre agosto de 2017 y julio de 2018, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos trabajó en la construcción y posterior difusión del Protocolo de investigación sobre la tipología de lavado de activos “Dinero en efectivo”, un documento cuyo objetivo es dar a conocer conceptos y unificar procedimientos tanto de los fiscales y servidores de policía judicial, como de las autoridades administrativas encargadas de las incautaciones en dinero en efectivo y divisas. Este protocolo fue socializado con la Policía Fiscal y Aduanera, la Policía Judicial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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En relación con las imputaciones, capturas y condenas contra organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales, entre agosto de 2017 y julio de 2018 la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó cargos a 187 personas en casos de correos humanos y lavado de activos de dinero en efectivo, de las cuales 163 se encuentran efectivamente capturadas. Adicionalmente, logró sentencias condenatorias en contra de 81 personas por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros, contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares.

Actualidad Como caso para ejemplificar los resultados, el ente acusador trajo a colación el expediente que identificó como Meprecol, en referencia al entramado de empresas legales para la explotación, compra y venta de metales preciosos que se dedicaba a movilizar gran cantidad de dinero ilícito de forma irregular, sin medidas de seguridad y sin usar el sistema financiero. En este caso “la fiscalía logró demostrar un monto de lavado de activos de aproximadamente COP 3.6 billones y, durante el período de este informe, adelantó las audiencias de legalización de captura, solicitud de medida de aseguramiento y formulación de imputación de 6 personas”.

Investigaciones financieras Dentro de los resultados de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras en el mismo lapso mencionado, se destacó la realización de 15 imputaciones, de las cuales nueve corresponden a personas involucradas en el caso denominado Panama Papers, que involucra la evasión de impuestos y el lavado de activos por hechos relacionados con las sociedades Efecty S.A. y Circulante S.A. Adicionalmente, se mencionaron los apoyos estratégicos brindados a la investigación penal por parte de esta dirección en 86 procesos en los que realizó 2.688 actuaciones, presentó 31 informes a diferentes despachos fiscales de las Direcciones Seccionales de Bolívar, Cundinamarca, Medellín, Bogotá, Quindío, Santander y Cali, y entregó 120 informes a despachos de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

organizaciones y la recuperación de dineros asociados a delitos de corrupción. Dentro de este nuevo enfoque de ataque las finanzas criminales, la Fiscalía logró resultados importantes en la persecución de bienes y finanzas fruto de actividades ilegales, así como en la extinción de dominio de activos pertenecientes a organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos, la Oficina de Envigado y las disidencias de las Farc. Durante el periodo del informe de gestión (agosto 2017 – julio 2018), la Dirección Especializada de Extinción de Dominio logró resultados de extinción en diferentes fases procesales que ascienden a COP 2.8 billones. Al Clan del Golfo les fueron arrebatados COP 496 mil millones, a las FARC cerca de COP 1.3 billones, y a la Oficina de Envigado COP 1.1 billones. En referencia a las incautaciones de efectivo relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adelantó 68 casos, en los que 82 personas fueron judicializadas por haber trasladado dinero y/o divisas en efectivo producto del desarrollo de actividades delictivas. En total fueron incautados dentro del plazo mencionado: • Pesos Colombianos: COP 18.751.785.719 • Euros: EUR 887.700 • Dólares Americanos: USD 4.151.978

Finalmente, elaboró los siguientes documentos para la consulta institucional que han servido para la apertura de 5 investigaciones en los ejes temáticos de las direcciones especializadas de Delegada para las Finanzas Criminales: (i) análisis estratégico de la minería criminal de oro; (ii) análisis estratégico del contrabando de textiles y/o confecciones; (iii) análisis estratégico de la incautación de divisas; (iv) análisis de riesgo criminal de las importaciones de arroz; y (v) análisis estratégico de las importaciones de cigarrillos. En cada una de las investigaciones iniciadas por estos ejes temáticos fue posible identificar a los responsables, comprender las cadenas de valor, e identificar los modus operandi y elementos fundamentales de los negocios criminales utilizados por las empresas involucradas.

Extinción de dominio Dentro del macro-objetivo de la fiscalía de desmantelar las organizaciones criminales, la entidad informó que además de trabajar en la persecución de los miembros, implementó un cambio de enfoque en sus investigaciones que tiene como objetivo la lucha contra las finanzas criminales de diferentes

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Otros temas

Actualidad

1. La Dirección de Altos Estudios de la fiscalía, con el fin de mejorar las competencias de investigación de los analistas y de darles herramientas para evaluar las metodologías probadas para las investigaciones complejas de estructuras criminales de narcotráfico, desarrolló una serie de cursos de análisis criminal para la Policía Judicial Especializada contra el Crimen Organizado a los que han asistido 726 servidores. Esta dirección también estructuró un programa de capacitaciones en metodología para la investigación de delitos económico-financieros, en el marco del cual ha realizado 2 cursos en los que fueron capacitados 54 servidores. Finalmente, durante el periodo de este informe llevó a cabo 6 cursos, con 326 participantes, de investigación y judicialización del lavado de activos, escuchas en lavados de activos e investigación y judicialización en extinción de dominio. 2. Como aporte de la Dirección Especializada de Lavado de Activos a la lucha anticorrupción, la entidad destacó el protocolo que desarrolla una metodología de investigación frente a los casos de su competencia que están relacionados con el fenómeno de corrupción. Este protocolo tiene como objetivo lograr una mayor efectividad en la judicialización de estos casos por el delito de lavado de activos. Con su implementación se han priorizado 18 casos de corrupción, en 4 de los cuales ya se formuló imputación contra 12 personas involucradas. 3. El informe no menciona nada acerca de resultados relacionados con la financiación del terrorismo.

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$ Actualidad

Estos fueron los ingresos del narcotráfico en 2017 El gobierno de Colombia informó, durante la presentación de la nueva política antidrogas del país, que durante 2017 los ingresos derivados del narcotráfico en Colombia fueron equivalente al 5% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), lo que significa que los narcos percibieron al menos USD 15.700 millones, si se tiene en cuenta que el PIB de Colombia en el 2017 fue de aproximados USD 313.900 millones. Estos números permiten afirmar que las finanzas de la droga movilizaron más recursos que sectores legales de la economía, como el cafetero, que aportó únicamente el 1% del PIB, es decir USD 314 millones. La gravedad de esa revelación radica en que el monto de ingresos del tráfico ilegal de narcóticos se incrementó en, al menos, 150% con

relación al año anterior, es decir que mientras que en 2016 los ingresos del narcotráfico ascendieron a alrededor del 2% del PIB en 2017 la cifra se duplicó. Según el gobierno, esta es razón suficiente para que uno de los principales derroteros del nuevo plan integral de drogas de Colombia sea perseguir y atacar las finanzas ilícitas derivadas del tráfico de drogas, para lo cual también se fortalecerá la extinción de dominio. Otros fenómenos que se buscan atacar con el plan antidrogas de Colombia son el lavado de activos, la oferta de drogas, el incremento de cultivos ilícitos, el crimen organizado y la transformación del territorio.

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Actualidad

Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU. Entre el 28 y 30 de noviembre de 2018 se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades estadounidenses y organismos internacionales con sede en Washington D.C. que luchan contra el LA/FT, organizada por el centro de noticias de Infolaft en la capital de Estados Unidos. El evento académico, que estuvo dirigido por Alberto Lozano, director y gerente general de Infolaft y Lozano Consultores, tuvo como objetivo abordar temas tan variados y relevantes, como el de las principales acciones de las autoridades norteamericanas, las funciones de la DEA y su rol en América Latina, el rol de los oficiales de cumplimiento en Estados Unidos, las nuevas tendencias tecnológicas para la prevención y gestión de actividades ilícitas, entre otros. La visita se llevó a cabo en las instalaciones del hotel The Wink, en el centro de la capital estadounidense a pocas cuadras de la Casa Blanca, y contó con la participación de asistentes colombianos, mexicanos y hondureños, y con la intervención de un amplio número de expositores colombianos y norteamericanos vinculados a la Drugs Enforcement Agency (DEA), la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac), el Fondo Monetario Internacional, (FMI) el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Además de exposiciones académicas, el evento incluyó la visita a algunos de los lugares relevantes para entender la lucha contra las actividades ilícitas en Estados Unidos, como el Museo de la DEA, el Pentágono y el Banco Mundial, así como tours a los lugares más emblemáticos de Washington D.C., como son el Monumento a Lincoln, la Casa Blanca, el Monumento a Washington, entre otros.

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Análisis

El catálogo de señales de alerta fue aprobado por los jefes de la UIF parte del Grupo Egmont durante la reunión plenaria en Sydney entre el 24 y el 27 de septiembre pasados. El organismo aclaró que el informe no es exhaustivo y que se modificará y complementará de acuerdo con los comentarios recibidos de los miembros del grupo, observadores, y de diferentes autoridades competentes.

Aunque el Grupo Egmont publicó este documento para contribuir al trabajo de los analistas y profesionales al interior de las UIF, Infolaft extrajo y adaptó las señales de alerta más importantes con el fin de que las empresas las integren a sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo o a sus sistemas de ética empresarial en caso de tenerlo.

Señales de alerta de distorsión de licitaciones públicas con fines de fraude

Este conjunto de indicadores ayudan a identificar la corrupción y al lavado de activos producto de actividades corruptas cuando se consideren en el contexto de una transacción o interacción con el cliente.

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La contraparte que es persona jurídica o agrupación de personas jurídicas (tipo consorcio o unión temporal, por ejemplo) que haya ganado varias de las licitaciones más grandes de diferentes autoridades.

La contraparte que es contratista o subcontratista con el Estado y que ha sido adjudicatario de varios contratos a largo plazo sin justificación aparente o razonable.

Análisis

La contraparte que exige la inclusión de cláusulas no razonables para la ejecución del contrato, como son restricciones para la ubicación del contratista, plazos que no se pueden cumplir según la lógica o plazos muy ajustados de cumplimiento, etc.

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La contraparte que es subcontratista y tiene directores comunes o vínculos con la administración de su contratista controlante. La contraparte es funcionario público que quiere depositar cheques emitidos por empresas constructoras. La contraparte es un individuo o persona jurídica de derecho privado que anteriormente fue beneficiario de contratos de de obras públicas. La contraparte es una persona jurídica con poca o nula experiencia en contratación de servicios altamente complejos y técnicos pero que recibe contratos y proyectos gubernamentales de este tipo. La persona jurídica no es idónea para ejecutar un contrato público por su tamaño, su experiencia o su área de negocios.

caso hay la intención expresa de pasar por alto el proceso de detección de diligencia debida del cliente para las PEP.

La contraparte en una operación es empleado directo o indirecto de una PEP, como un jardinero o un conductor, que recibe fondos que superan significativamente sus ingresos de empleo legítimos. El grupo Egmont recuerda que este tipo de “mulas de dinero” se pueden utilizar para ocultar la titularidad real de los activos de una PEP con el fin de evadir los controles reforzados.

Las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios, reciben o compran acciones (o la opción de comprar acciones) en una empresa a cambio de servicios; en una empresa donde la compra es financiada por un proveedor; en una empresa donde el precio de compra está por debajo del valor del activo neto de la empresa; o en una empresa a cambio de un dividendo desproporcionado frente al precio de compra.

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La contraparte es una persona jurídica o grupo de personas jurídicas contratista de una empresa estatal que recibe pagos muy altos por bienes o servicios que normalmente deberían costar menos en comparación con los precios normales de mercado para productos o servicios equivalentes.

La contraparte es un funcionario público con competencias en la gestión de contratos gubernamentales o públicos de adquisición de activos de alto valor que imparte instrucciones de transferencia de fondos internacionales desde y hacia cuentas comerciales o personales.

Señales de alerta de riquieza no justificada o proveniente de corrupción

Los sujetos en una transacción son Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras, sus familiares o asociados cercanos según lo define el Gafi y reciben o envían cantidades inusualmente grandes de fondos en diferentes tipos de moneda. Fondos recibidos en cuentas bancarias de personas, personas jurídicas o grupos de personas jurídicas sin conexión visible con una PEP u otros funcionarios, pero que se sabe por otras fuentes de información que están controlados por ellos, o por personas relacionadas con ellos. El representante o apoderado de una PEP (es decir, abogado, secretario, contador), abre una cuenta bancaria y compra bienes costosos o bienes de lujo. Se presume que en este

Las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios reciben garantías de préstamo de una corporación pública o un organismo gubernamental, o un préstamo en condiciones más favorables que las usuales. • Las PEP, sus familiares o asociados cercanos, u otros funcionarios, reciben grandes cantidades de dinero por su asistencia a talleres, conferencias, o como consultores de proyectos, para disfrazar el origen de los fondos. Las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios realizan transacciones con fondos soberanos de inversión o empresas vinculadas con el gobierno. Las PEP, los miembros de su familia o asociados cercanos u otro funcionario han comprado criptomonedas en montos totales superiores a sus ingresos legalmente declarados. Transacciones que tienen lugar en las cuentas de las PEP, los miembros de su familia o asociados cercanos u otros funcionarios que involucran depósitos en efectivo o retiros frecuentes y en cantidades inusuales. Transacciones entrantes de jurisdicciones extranjeras (específicamente de jurisdicciones con registro de empresa simplificado o de paraísos fiscales) en cuentas de una PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios y la información de remesa es vaga (por ejemplo, se refiere a ‘honorarios de consultoría’). El uso de mecanismos irregulares de transferencia de dinero de tipo hawala por parte de las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios.

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Análisis

Certificados de depósito a término de empresas con el objetivo principal de que el capital y los intereses generados por la inversión se transfieran inmediatamente a las cuentas bancarias de un partido político.

La transferencia de fondos de la cuenta bancaria de una entidad privada a una cuenta bancaria personal de una persona relacionada con una PEP u otro funcionario, y el posterior movimiento de los fondos a cuentas de terceros. Si estos fondos finalmente se trasladan al extranjero es un indicador que el uso de las cuentas es a modo de nodo temporal.

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Transferencia de fondos de las cuentas bancarias de las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios a vehículos de alto riesgo en el extranjero, como fideicomisos corporativos. Las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios establecen personas jurídicas que compraron terrenos y edificios de valor significativo a pesar de la ausencia de cualquier otra actividad comercial.

Las PEP, sus familiares o asociados cercanos u otros funcionarios han realizado transacciones en efectivo que involucran grandes cantidades (por ejemplo, cambio de moneda, uso de efectivo para comprar bienes de alto costo, etc.).

Otras señales de alerta relevantes para la corrupción

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Información pública que vincula a la contraparte con la corrupción u otros delitos financieros. La contraparte solicita abrir una cuenta para integrarla a una estructura económica compleja que no tiene justificación para su grado de complejidad. Esto podría indicar la intención de ocultar al beneficiario real. La contraparte es una PEP que solicita con expresa urgencia un servicio o actuación, (por ejemplo la cancelación de una hipoteca). En la debida diligencia de la contraparte o de la transacción aparecen como justificación de las inusualidades palabras y frases que a menudo se usan como eufemismos para coimas (por ejemplo, comisiones, tarifas de comercialización, recargos, etc.).

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Aunque el Grupo Egmont publicó el catálogo de señales de alerta de corrupción, para contribuir al trabajo de los analistas y profesionales al interior de las UIF, Infolaft extrajo y adaptó las señales de alerta más importantes con el fin de que las empresas las integren a sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo o a sus sistemas de ética empresarial en caso de tenerlo.

Análisis

Los hechos de fuerza mayor deben cumplir requisitos para estar justificados: Superfinanciera A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia Financiera, impuso una sanción por COP$ 100.000.000 a una compañía emisora de valores, por no realizar las reuniones trimestrales del Comité de Auditoría para el año 2016. La sanción se encuentra fundamentada en el incumplimiento del artículo 45 de la Ley 964 de 2005, que obliga a los emisores de valores a contar con un Comité de Auditoría compuesto por tres miembros de la Junta Directiva; comité que debe reunirse cada tres meses. La Superintendencia Financiera señala que el Comité de Auditoría fue creado para contar con una figura adicional a la junta directiva, y que “la importancia de las reuniones de dicho comité, por lo menos cada tres meses, radica en mantener una supervisión periódica y constante de los asuntos propios de la auditoria interna y de los riesgos del negocio (…)”. Igualmente, el Comité resulta importante pues debe aprobar los estados financieros, antes de que pasen a consideración de la junta, y vela por que la preparación, presentación y revelación de información financiera se ajuste a la ley.

externos en la evaluación de la adquisición de terrenos y la construcción de una planta. Igualmente, la compañía presentó como excusa, la ausencia de integrantes del Comité durante algunos de los trimestres. Los argumentos de la compañía no fueron aceptados por la Superintendencia Financiera; el ente señaló que los hechos de fuerza mayor o caso fortuito tienen requisitos específicos, que son: • El hecho debe ser irresistible, esto es, que “ponga al obligado en una situación de imposibilidad absoluta y permanente para cumplir con su obligación, a pesar de sus mayores esfuerzos” • El hecho debe ser imprevisto, es decir, “que el evento tenga un carácter tan remotamente probable y súbito que ni siquiera una persona diligente (…) hubiera razonablemente tomado medidas para precaverlo.

En su respuesta, la compañía sancionada presentó varios argumentos y explicaciones para no realizar las reuniones del Comité, los cuales fueron enfocados hacía la teoría de la fuerza mayor como “hechos imprevisibles y extraordinarios para la compañía que se presentaron y que conllevaron a la imposibilidad de reunir el comité de auditoría”.

En este caso, la Superintendencia consideró que las situaciones que alegó la compañía no imposibilitaban la realización del Comité de Auditoría y que, debido a la importancia de este órgano y de sus reuniones, debió haber realizado los esfuerzos para celebrar y reconformar el Comité.

Por ejemplo, la empresa señala que uno de los trimestres que no celebró el Comité, esto se debió a que se encontraba utilizando al departamento de auditoría y a asesores

Contra a esta decisión, aún procedía el recurso de apelación ante el Superintendente Financiero de Colombia.

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Análisis

Directrices sobre conflictos de interés en empresas La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó un documento que contiene recomendaciones para que las empresas monitoreen y regulen detalladamente los conflictos de intereses reales o potenciales en sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes. Las denominadas Pautas de la ICC sobre Conflictos de Interés en las Empresas parten de la base que los conflictos de intereses pueden no ser ilegales per sé, pero que también pueden conducir a la corrupción, por ejemplo, cuando alguien usa su autoridad oficial para beneficiarse a sí mismo, a un familiar o amigo. Asimismo, la ICC aclara que estas pautas son una herramienta práctica con enfoque principal en el sector privado, aunque también pueden ser aplicadas, con los ajustes adecuados, por parte de todas las organizaciones en cualquier sector y de cualquier tamaño ya sean con fines de lucro o sin ellos. Al haber sigo reconocidas y sistematizadas por la ICC, estas pautas para mitigar los conflictos de interés se convierten en mejores prácticas que deberían ser introducidas a los manuales de ética empresarial en el marco de los sistemas de cumplimiento de ética empresarial.

Algunas de las pautas “Cualquier asociado se debe abstener de votar, debatir o participar en cualquier proceso de toma de decisiones o actividades donde exista o pueda surgir un conflicto de intereses”, señala la ICC en su documento, para luego comentar que, frente a casos de conflicto, las decisiones que se pueden tomar son las siguientes: • Evitación: evitar realizar una acción. Por ejemplo, un conflicto de intereses o un posible conflicto de intereses puede evitarse renunciando a un rol en una empresa competidora o vendiendo una participación accionaria en un proveedor.

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• Divulgación: divulgar el conflicto. Si todas las partes involucradas conocen un conflicto de intereses sin que ninguna de ellas manifieste inconformidad, es posible que la relación continúe. • Crear pautas especiales: dependiendo de cada caso se puede plantear un catálogo de lineamientos que permita tanto continuar con la relación como mitigar los efectos y consecuencias del conflicto. • Rechazo: la no realización de una acción puede evitar conflictos de interés, por ejemplo rechazando un regalo. Aunque el cumplimiento de la política es responsabilidad de cada persona vinculada a la empresa, la acción apropiada debe ser decidida por la máxima instancia corporativa o el Oficial de Cumplimiento.

Análisis

Elementos clave recomendados para una política escrita • Objetivo: la prevención de conflictos de interés es el objetivo general de estas pautas. Cada organización debe consignar objetivos específicos. • Alcance: ¿a quién es aplicable? Idealmente debe vincular a todos los directores, funcionarios, gerentes, empleados, agentes, representantes y asociados de la empresa • Definiciones: incluir definiciones claras que no den lugar a zonas grises. • Disposiciones: sobre la base del irrestricto cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, además de las regulaciones internas, cada empresa debe crear un conjunto de disposiciones que regulen los conflictos de interés. Algunas de ellas pueden ser: 1. Todas las decisiones y acciones se tomarán en el mejor interés de la empresa. 2. Ni los asociados ni ningún colaborador tomarán para sí mismos o terceros vinculados ninguna oportunidad de negocios que pertenezca a la empresa.

5. La alta dirección debe liderar con el ejemplo y brindar orientación sobre los conflictos de interés. 6. Los solicitantes de empleo y los funcionarios recién contratados o designados divulgarán cualquier conflicto de intereses durante el proceso de contratación o nombramiento. La ICC es la organización empresarial más grande del mundo con una red de más de 6 millones de miembros en 135 países. Trabaja para promover el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque globalizado de la regulación a través de una combinación de actividades de promoción y desarrollo de estándares corporativos y del mercado.

3. Los asociados y colaboradores deberán revelar inmediatamente cualquier conflicto de interés. 4. Los asociados y colaboradores se abstendrán o se retirarán de los procesos o actividades de debate, votación u otros procesos de toma de decisiones cuando exista o pueda surgir un conflicto de interés.

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Internacional

Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua “El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, necesita fortalecer su supervisión y aumentar los recursos de su unidad de inteligencia financiera”. Con estas palabras el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) resumió la calificación al sistema ALA/CFT del Reino Unido contenida en el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de su sistema ALA/CFT. Estos fueron los temas relevantes:

Los riesgos del país Según el Gafi, el contexto del Reino Unido es especial porque es el mayor proveedor de servicios financieros del mundo y, como resultado del volumen excepcionalmente grande de fondos que fluye a través de su sector financiero, el país enfrenta un riesgo significativo de que algunos de estos recursos tengan vínculos con el crimen y el terrorismo. Este fenómeno se refleja en la sólida comprensión que tiene Reino Unido de estos riesgos, así como en las completas políticas, estrategias e iniciativas proactivas nacionales para enfrentarlos.

Persecución y sanción del LA/FT En referencia a la capacidad para investigar y sancionar conductas de lavado de activos, el Gafi comentó que

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“el Reino Unido persigue de manera agresiva el lavado de activos logrando 1.400 condenas cada año por estos hechos”. En cuanto a la persecución y sanción de la financiación del terrorismo, el Reino Unido ha sido muy eficaz en la investigación, enjuiciamiento y condena de una serie de actividades relacionadas con canalización de recursos al crimen organizado y ha asumido un papel de liderazgo en la designación de terroristas a nivel de las Naciones Unidas y la Unión Europea. El Reino Unido también está promoviendo la implementación global de sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación, así como el logro de un alto nivel de efectividad en la implementación de sanciones financieras específicas a nivel nacional.

Internacional Conocimiento de beneficiario final y registro de propiedad El Reino Unido es un líder mundial en la promoción de la transparencia corporativa y está utilizando los resultados de su evaluación de riesgos para fortalecer aún más los sistemas de reporte y de registro de las estructuras empresariales. En referencia concreta a la obligación de conocer al beneficiario real el Gafi señaló que el resultado es positivo “gracias a que las autoridades de cumplimiento de la ley cuentan con herramientas para conocer el beneficiario final y obtener otra información relevante, incluso a través de asociaciones público-privadas efectivas”.

La actividad de supervisión Las características más importantes del sistema nacional antilavado incluyen tanto las actividades de divulgación y capacitación llevadas a cabo por los supervisores como las medidas para evitar que los delincuentes o sus asociados estén acreditados profesionalmente o penetren una institución financiera. No obstante, el Gafi señaló que “la intensidad de la supervisión no es consistente en todos estos sectores y el Reino Unido debe garantizar que la supervisión de todas las entidades esté totalmente en línea con los riesgos significativos que enfrenta el país”.

En otro aparte de la evaluación, el Gafi reitera esto al decir que “el régimen global ALA/CFT del Reino Unido es efectivo en muchos aspectos” pero que “tiene que abordar ciertas áreas de debilidad como la supervisión y el reporte e investigación de operaciones sospechosas”. Sin embargo, el país ha demostrado un nivel sólido de comprensión de sus riesgos, una serie de medidas proactivas e iniciativas para contrarrestar los riesgos significativos identificados y desempeña un papel de liderazgo en la promoción de la implementación global efectiva de medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo.

Regulación de Apnfd Las instituciones financieras, así como todas las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apnfd) como abogados, contadores y agentes de bienes raíces, están sujetas a requisitos integrales antilavado y contra la financiación del terrorismo.

La UAF “La unidad de inteligencia financiera del Reino Unido necesita un aumento sustancial de sus recursos y el régimen de notificación de actividades sospechosas debe modernizarse y reformarse”, concluyó el organismo.

El informe del Gafi al G20 El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes (G20) en Buenos Aires, Argentina, durante la primera semana de diciembre de 2018. El documento, que expone el estado actual del trabajo del Gafi para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en diversas áreas, puede ser tomado por el sector privado como una eventual hoja de ruta que tomen las autoridades para adoptar acciones y expedir regulación en los meses por venir.

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Fortalecimiento de la base institucional, la gobernanza y la capacidad del Gafi Los miembros del Gafi han tomaron iniciativas clave para elevar el perfil y visibilidad del organismo frente a las entidades de gobierno de las partes interesadas relevantes. Para lograr este objetivo se promovió el fortalecimiento y la extensión de los roles y términos de la presidencia y vicepresidencia del Gafi a dos años y la participación activa en las cumbres del G7 y del G20. Además, los miembros del Gafi continúan explorando formas de fortalecer la gobernabilidad y la rendición de cuentas del organismo a través de mejoras en la operación, esto con el fin de apoyar una visión más coherente de los diversos frentes relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según el Gafi, este fortalecimiento institucional generará mayor conciencia política sobre el trabajo del Gafi, reforzará el compromiso de los miembros de implementar regímenes fuertes y efectivos y de ayudar a canalizar legalmente los recursos globales en una mayor base de riesgo.

Programa de trabajo del Gafi sobre activos virtuales El Gafi reconoció que las innovaciones digitales, incluyendo los activos virtuales y sus tecnologías subyacentes como el blockchain y otras tecnologías de contabilidad distribuida, pueden ofrecer importantes beneficios para el sistema financiero y la economía en general. Sin embargo, el organismo reiteró que los activos virtuales también representan un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento terrorista.

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Por esta razón, el Gafi monitorea de cerca los riesgos de este tipo de activos y emite informes internos sobre riesgos asociados, así como encuestas que preguntan por las medidas de mitigación tomadas por los países para contrarrestar actividades financieras sospechosas o ilegales sobre las criptodivisas. El Gafi enfatizó que “las Recomendaciones establecen requisitos integrales para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que se aplican a todas las formas de actividad financiera, incluidas aquellas que hacen uso de activos virtuales”. De esta manera, el organismo recomendó utilizar un enfoque basado en riesgo para que las jurisdicciones identifiquen los riesgos relacionados con las monedas virtuales y adopten controles de mitigación sobre todo en el ofrecimiento de nuevos productos o prácticas comerciales. Como acciones concretas, el Gafi comentó que en octubre pasado adoptó cambios en sus Recomendaciones y su Glosario para aclarar explícitamente que las Recomendaciones se aplican en el caso de actividades financieras que involucran activos virtuales. Además una nueva sección fue propuesta para adicionar a la Recomendación 15 sobre nuevas tecnologías, que establece que “para gestionar y mitigar los riesgos que surgen de activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para fines de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y que estén obligados a implementar sistemas efectivos para monitorear y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas en las Recomendaciones del Gafi”.

Internacional Contrarrestar la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Mejora de la transparencia y la disponibilidad de información del Beneficiario Final

El enfoque del Gafi en fortalecer la lucha contra la financiación del terrorismo, que está siendo promovido por Estados Unidos quien ejerce la presidencia pro témpore, implicó que en febrero de 2018, el Gafi acordó un nuevo Plan Operativo para mejorar aún más los esfuerzos globales contra el terrorismo a partir de incrementar la comprensión y mitigación de los riesgos identificados.

El Gafi continuará mejorando la transparencia y disponibilidad de información sobre beneficiarios finales a través de su proceso de evaluación mutua y a través de la colaboración con el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. En efecto, según el Gafi, “hasta la fecha, pocos países han demostrado que la información precisa y oportuna sobre el beneficiario real está disponible para las autoridades competentes”.

Para garantizar que los países tengan las herramientas para entender los riesgos a que se enfrentan, el Gafi publicará una guía sobre cómo evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo en junio de 2019. Por último en este acápite, el organismo comentó que mejorará aún más los mecanismos establecidos para interrumpir el financiamiento terrorista antes de que ocurran los ataques a partir de una plan establecido en octubre de 2018, en el que se aclaran las estrategias de interrupción de flujos ilícitos y cómo implementarlas a nivel doméstico o nivel internacional.

En junio de 2018 el Gafi publicó un informe sobre las vulnerabilidades asociadas con el mal uso de personas jurídicas. Este informe incluye una revisión de cumplimiento y supervisión de las obligaciones de conocimiento del beneficiario final, una exposición de cómo los delincuentes utilizan estructuras complejas con cadenas de personas jurídicas y cuáles son los esfuerzos para frustrar dichas estructuras. El Gafi publicará una orientación sobre el enfoque basado en el riesgo para abogados, contadores, y fideicomisos y empresas en junio de 2019.

l informe del Gafi presentado en la Cumbre de íderes del Grupo de los 20 Países Industrializados y mergentes establece las iniciativas tomadas por los miembros de este organismo para fortalecer y elevar la visibilidad del Gafi frente a las entidades de gobierno internas así como los programas de trabajo en materia de activos virtuales el fortalecimiento de la luc a contra la financiación del terrorismo y la mejora en la disponibilidad de información sobre beneficiarios finales Enero 2019 | Infolaft 23

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EE.UU. multa a Barclays por fallas en sistema interno de denuncias

24 Infolaft | Enero(CC 2019 Foto: Håkan Dahlström 2.0 vía Flickr)

Internacional En el més de diciembre de 2018, el Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su sucursal de Nueva York, con USD 15 millones debido a los intentos del presidente del banco, Jes Staley, de violar el anonimato de un informante “en contravención de las políticas y procedimientos establecidos por Barclays”. Según el DFS, existen “deficiencias en el gobierno, los controles y la cultura corporativa en relación con la función de denuncia del banco”.

Una vez se destaparon los hechos, en mayo de este año, los reguladores del Reino Unido multaron a Staley con GBP 642 mil (aproximadamente USD 871 mil) por tratar de identificar al menos a un denunciante anónimo que hizo acusaciones sobre el papel de la alta gerencia, incluido Staley, en el reclutamiento de otro empleado. La Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido dijeron que el funcionario no “actuó con la debida habilidad, cuidado y diligencia” al tratar de desenmascarar al informante.

En un comunicado emitido para dar a conocer la sanción, el DFS de Nueva York dijo que varios miembros de la alta gerencia de Barclays no siguieron los lineamientos contenidos en el programa de denuncia de irregularidades al haber abierto una cacería para perseguir denunciantes anónimos, protegiendo así al CEO.

Después de aplicada la multa, el banquero estadounidense originario de Boston de 62 años dijo en un comunicado a la BBC que se disculpaba por los errores cometidos y que aceptaba las decisiones tomadas por las autoridades y por la junta del banco, que redujo en medio millón de libras esterlinas su bono anual.

El regulador también dijo que encontró “brechas limitadas” en las políticas y procedimientos de denuncia de Barclays. Por ejemplo, la autoridad neoyorquina resaltó la “transformación cultural de denuncia interna” que el equipo de cumplimiento del grupo financiero estaba llevando a cabo y que buscaba “inculcar consciencia en los más de cien mil empleados de Barclays en todo el mundo no estaba en nada completa”. La orden de pago de los USD 15 millones también requirió que Barclays presente al DFS un “plan escrito mejorado para los controles internos y un programa de cumplimiento” y un plan de supervisión de la junta “con las mejores prácticas para la denuncia de irregularidades”. El banco también debe informar cualquier intento de cualquier funcionario para identificar a los denunciantes o tomar represalias contra ellos.

El caso Un denunciante anónimo, que afirmó ser un accionista de Barclays, envió una carta al consejo del banco en 2016 en la que planteaba preocupaciones sobre cómo se reclutó a un empleado senior y el papel de Staley en dicha contratación. Una carta anónima posterior, que supuestamente vino de un grupo de empleados de Barclays, planteó inquietudes similares. El director general de cumplimiento y el abogado general de Barclays aconsejaron firmemente a Staley, en varias oportunidades, para que no intentara identificar al autor o autores de las cartas, pero Staley le pidió al jefe de seguridad de Barclays, Troels Oerting, que averiguara quién escribió la primera carta. Ante esta solicitud, Oerting pidió ayuda a las autoridades federales de aplicación de la ley de los EE.UU. para localizar al remitente.

La orden de pago de los USD 15 millones también requirió que Barclays presente al DFS un “plan escrito mejorado para los controles internos y un programa de cumplimiento” y un plan de supervisión de la junta “con las mejores prácticas para la denuncia de irregularidades”. Enero 2019 | Infolaft 25

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¿A cuánto asciende la corrupción global por año? El Foro Económico Mundial (FEM) informó que la corrupción le cuesta a la economía global USD 3.600 millones anuales que se materializan principalmente en forma de sobornos y de recursos desviados. “La corrupción puede tomar muchas formas: soborno, malversación de fondos, lavado de activos, evasión de impuestos y clientelismo, por nombrar algunos. Cualquiera que sea su forma, la corrupción siempre viene a expensas de alguien, y con frecuencia conduce a instituciones más débiles, menos prosperidad, negación de servicios básicos, menos empleo y más desastres ambientales”, comentó el FEM al hacer pública esta cifra. Frente a esta revelación la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó en su página web una declaración en la que comenta que “la lucha contra la corrupción es una preocupación mundial porque este fenómeno se encuentra tanto en los países ricos como en los pobres, y la evidencia muestra que perjudica a las personas pobres de manera desproporcionada”. La ONU también dijo que la corrupción “contribuye a la inestabilidad, la pobreza y es un factor dominante que impulsa a los países frágiles hacia el fracaso del Estado”. La ONU enumera la corrupción como uno de los mayores impedimentos para lograr sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que incluyen la eliminación de la pobreza y el hambre, así como la mejora de la educación, el bienestar y la infraestructura. Es por eso que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) han encabezado una campaña internacional para equipar a todos, desde políticos hasta sindicatos, con tácticas para combatir la corrupción en sus países.

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El panorama no es alentador Una encuesta realizada en 2017 por Transparencia Internacional, que incluyó respuestas de más de 162 mil adultos, mostró que el 25% de las personas en todo el mundo dijeron que habían tenido que pagar un soborno para acceder a los servicios públicos en los últimos 12 meses. Frente al gobierno, el 57% de las personas dijo que la institucionalidad de su país no estaba llevando a cabo una adecuada lucha contra la corrupción. El Foro Económico Mundial (World Economic Forum), también llamado Foro de Davos, es una fundación sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, Suiza, que reúne anualmente a los principales líderes empresariales del mundo, líderes políticos, periodistas e intelectuales para analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos, la salud y el medio ambiente. Funciona desde 1991.

“La lucha contra la corrupción es una preocupación mundial por que este fenómeno se encuentra tanto en los países ricos como en los pobres, y la evidencia muestra que perjudica a las personas pobres de manera desproporcionada”

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Vincúlese al “Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF” El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, abrió una convocatoria a expertos y consultores internacionales cuyas habilidades se puedan aplicar al campo de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo con el fin de nutrir las herramientas y acciones de las UIF miembros del grupo. En efecto, según se lee en la convocatoria, “el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF (Ecofel) está compilando una lista de expertos y consultores confiables, calificados, profesionales y lingüística y geográficamente diversos cuyas habilidades se pueden aplicar al campo ALA/ CFT para ayudar a Ecofel en la prestación de asistencia técnica a las UIF y en la promoción de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades”. En otras palabras, esta base de datos de expertos tiene como objetivo recurrir de manera rápida y eficiente a consultores idóneos para plantear soluciones y vías de acción a medida en que las UIF encuentren oportunidades de mejora o lo requieran de manera urgente de acuerdo a su marcha operativa.

De forma más concreta, las labores de los consultores seleccionados consistirán fomentar la excelencia y el liderazgo a partir de entregar asesoría externa, desarrollar investigaciones pertinentes, crear una amplia gama de productos de comunicación, y administrar herramientas de TICs, entre otros. Las áreas que Ecofel ha identificado como estratégicas en la selección de esta lista de consultores están la academia, los medios de comunicación, profesionales con experiencia en liderazgo y mentoría (coaching), profesionales con experiencia técnica en la labor de las UIF, profesionales de cumplimiento en todos los sectores (financiero y Apnfd), e-learning y cualquier otra área que se considere relevante para las UIF.

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