Infolaft edición 119 by Revista Infolaft

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CONTENIDO

2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones monetarias derivadas del incumplimiento del Sarlaft. Los resultados llaman la atención.

Recursos incautados de lavado de activos ascienden a 6 billones La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y revelada recientemente por BLU Radio.

Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de terroristas conocidos, jurisdicciones que patrocinan terrorismo, empresas que venden material de guerra o señales de alerta muy evidentes, la financiación del terrorismo es difícil de detectar para las entidades en Colombia.

Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de investigación asociados con el conflicto armado. El primero, hace referencia a las fuentes y mecanismos de financiación de la guerrilla de las Farc, y el segundo está relacionado con la victimización a líderes sociales.

Así ha perseguido la Fiscalía los bienes de las Farc En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la Fiscalía General de la Nación describió el funcionamiento de las fuentes y mecanismos de financiación de la desaparecidas Farc, el ente acusador incluyó un capítulo en el que explicó, a grades rasgos, la estrategia de persecución de bienes del grupo guerrillero.

“Los debates de La Habana: una mirada desde adentro” El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés), bajo la edición y coordinación del periodista colombiano Andrés Bermúdez Liévano, publicó el libro “Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”, un estudio que reúne y ordena las reflexiones de 30 asesores del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos [...]

Estas son las jurisdicciones con mayor percepción de corrupción El día de hoy fue publicado el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), que anualmente clasifica a más de 180 países y territorios según el nivel percibido de corrupción en el sector público por parte de expertos y empresarios y que utiliza una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

Los casos más importantes por violación a la Fcpa de 2018 Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa).

Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac), impuso sanciones financieras contra la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

2018:

un año de sanciones por incumplir el Sarlaft Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones monetarias derivadas del incumplimiento del Sarlaft. Los resultados llaman la atención.

establecimiento de metodologías del sistema. De acuerdo con la información extraída, en comparación con el año 2017, el 2018 presentó un aumento importante en la frecuencia y el valor de las sanciones. En efecto, el sistema público de consulta de la Superfinanciera presenta 16 sanciones que quedaron en firme en el año 2018 por incumplimiento a obligaciones del Sarlaft, las cuales ascienden a un valor de COP$ 1670 millones de pesos. Esta suma es sustancialmente superior a los COP$ 491 millones de pesos, derivados de 8 sanciones, que reporta el sistema para el año 2017. En orden, las tres sanciones más altas del año 2018 fueron de COP$ 420 millones de pesos y COP$ 400 millones de pesos a dos instituciones bancarias, y de COP$ 200 de millones pesos en contra de una entidad aseguradora. Dentro de las sanciones del 2018, se encuentran omisiones en el deber de conocimiento de contrapartes y en la conservación de documentación, deficiencias en la segmentación de factores de riesgo, y deficiencias en el 6 Infolaft | Febrero 2019

Sin embargo, el motivo principal de sanción consistió en la ausencia de nombramiento o posesión del oficial de cumplimiento principal o suplente frente a la Superintendencia Financiera. En particular, se encuentra que la omisión de posesión del oficial de cumplimiento suplente frente a la Superintendencia Financiera fue un motivo frecuente de sanciones. Respecto de las actividades de los sancionados, resaltan las empresas corredoras de seguros, las comisionistas de bolsa y las comisionistas de bolsas agropecuarias. Sin embargo, también se encontraron 3 sanciones en contra de 2 bancos, así como sanciones a cooperativas financieras. Igualmente, es relevante mencionar que no todas las sanciones pecuniarias de la Superfinanciera son recaudadas por las autoridades. En algunos casos, la Superintendencia Financiera ha ordenado la destinación de la multa a la implementación de ajustes y mejoras al Sarlaft de las entidades sancionadas.

Actualidad

Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó una sanción por COP 40 millones a una sociedad comisionista de bolsa por deficiencias en su sistema de administración de riesgos de LA/FT. Los cargos de la sanción, que fueron 6, se sustentaron en deficiencias en la metodología de segmentación de los factores de riesgo, en las señales de alerta, en el procedimiento de conocimiento del cliente y la actualización de información, en el procedimiento de identificación y análisis de operaciones inusuales y en la matriz de riesgo. La Superfinanciera tampoco encontró constancia de pronunciamiento de la junta directiva a uno de los informes del Oficial de Cumplimiento. Como defensa, la entidad sancionada indicó que la Superintendencia Financiera habría dado prioridad a la forma sobre el fondo. En este sentido, señaló, por ejemplo, que a pesar de que el Manual Sarlaft no incluía todas las variables mínimas de segmentación, esto no impedía que la empresa aplicara dichas variables en la práctica.

Frente a estos argumentos la Superintendencia Financiera señaló que “contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, los reproches formulados […] no se fundamentaron simplemente en la lectura del Manual […], sino también en los archivos entregados a la Comisión de Visita durante la inspección, en las pruebas de recorrido que esta efectuó con el acompañamiento del Oficial de Cumplimiento de la entidad y en los respectivos papeles de trabajo.” En este sentido, se reprocha que, además de no estar contenido en el Manual, la comisionista no habría ejecutado todas las variables de la metodología de segmentación de los factores de riesgo. Así pues, la Superfinanciera recordó que, de acuerdo con el numeral 4.2.2.3.2 de la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, las variables de segmentación por factor de riesgo son: “4.2.2.3.2.1. Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio. 4.2.2.3.2.2. Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. 4.2.2.3.2.3. Canales características.

distribución:

naturaleza

4.2.2.3.2.4. Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones.

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Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial de Cumplimiento. En el primer caso, a través de la Resolución 1435 del 16 de octubre de 2018, la Superintendencia Financiera confirmó una sanción por COP 30 millones en contra de una corredora de seguros, por no contar con Oficial de Cumplimiento Principal debidamente posesionado por cerca de 10 meses, y Suplente por cerca de 3 años. La entidad sancionada argumentó que, a pesar de no contar con Oficial de Cumplimiento posesionado, propendió por prevenir el riesgo de LAFT y, por tanto, no puso en peligro los intereses jurídicos tutelados, por lo que solicitó a la Superintendencia reconsiderar el monto de la sanción. Igualmente, solicita tener en cuenta otros criterios de graduación de la pena, como la ausencia de provecho económico, la ausencia de reincidencia o resistencia, entre otros. En su respuesta, la Superintendencia señaló la gravedad de la infracción y apoyó la proporcionalidad de la sanción impuesta en primera instancia, confirmando el monto inicial. Por otro lado, por la Resolución 1488 del 26 de octubre de 2018, la Superintendencia confirmó una sanción por COP 15 millones a una entidad aseguradora, quien no contaba con Oficial de Cumplimiento Principal debidamente posesionado desde el 2014, ni con Oficial de Cumplimiento Suplente desde 2007.

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Estas y otras decisiones de este año evidencian que la ausencia del cargo de Oficial de Cumplimiento Principal o Suplente frente a la Superintendencia Financiera es una de las principales razones para la imposición de sanciones por incumplimiento del Sarlaft. Igualmente, es posible establecer con claridad que, en la visión de la Superintendencia Financiera, “el cargo de Oficial de Cumplimiento es de tal transcendencia en la prevención de actividades delictivas, que la Superintendencia dispuso el mecanismo necesario para evitar que las entidades vigiladas no cuenten en un momento dado con una persona que desarrolla sus funciones, en tanto que el objetivo de la figura de la suplencia no es otro que el de reemplazar justamente, a quien ejerce como titular en sus faltas temporales y absolutas.” En este sentido, no es de acogida por parte de la Superintendencia, el argumento de que, a pesar de no contar con Oficial de Cumplimiento posesionado, no se puso en riesgo a la entidad por tener otros controles. En cambio, la entidad ha sido clara en señalar que la sola ausencia de la posesión, incluso si se realizó el nombramiento interno, es suficiente para inferir un riesgo y, por tanto, para imponer una sanción pecuniaria.

Actualidad

La fiscal Bahamón señaló que, en los últimos dos años, los resultados de las autoridades en el delito de lavado de activos incrementaron en un 50 %. De acuerdo con la funcionaria, de los COP$ 6 billones incautados, la principal modalidad de lavado de activos fue a través de operaciones ficticias de comercialización de oro, con cerca de COP$5 billones incautados.

Otras modalidades de lavado que llevaron a importantes incautaciones fueron las de los testaferros, gota a gota y giros internacionales, con COP$ 656.000 millones; y el contrabando de textiles y calzado desde Estados Unidos a Colombia, con COP$ 130.000 millones. Finalmente, se mencionan los correos humanos de personas que mueven drogan, principalmente al servicio de carteles mexicanos, con COP$ 47.800 millones incautados en lavado.

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Aumentan los montos de sanciones en el sector salud El Presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 1949 del 8 de enero de 2019 que fortalece la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en materia de sanciones, redefine algunas de las competencias de la entidad y le da mayores herramientas para ejercer sus funciones de vigilancia y control. Aunque la mayoría de las disposiciones se refieren a temas específicos de la prestación del servicio de salud, por remisión genérica de la ley el aumento en las sanciones también es aplicable a incumplimientos del Sarlaft de la norma Sarlaft del sector.

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Actualidad En efecto, el artículo 3 de la ley, que modifica el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 (régimen de seguridad social), establece una serie de conductas por las cuales la Supersalud impondrá sanciones. Entre ellos se encuentran los siguientes tres:

También, como uno de los aspectos novedosos de la norma, la superintendencia podrá sancionar hasta con 3 mil Smlmv de manera sucesiva, a una entidad que se niegue a cumplir sus órdenes, hasta que la empresa se ajuste a lo prescrito por la autoridad.

“11. No reportar información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y aquella que solicite el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de sus competencias.

Estas multas sucesivas también podrán imponérseles a personas naturales que sean responsables de cumplir la orden de la entidad de vigilancia y que se nieguen a hacerlo o que con sus acciones violen el derecho a la salud de los colombianos.

“12. Obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud por renuencia en el suministro de información, impedir o no autorizar el acceso a sus archivos e instalaciones. “17. Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud”. Como vemos, estos tres numerales habilitan a la Supersalud a aplicar este nuevo paquete de sanciones también por incumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dentro del catálogo de personas naturales que podrían ser sujetos de las sanciones están los representantes legales de las entidades públicas y privadas, los directores o secretarios de salud o quienes hagan sus veces, así como a los jefes de presupuesto, revisores fiscales, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y el manejo de los recursos del sector salud en las entidades territoriales. Por último, quedó claro que la superintendencia conserva la facultad para revocar total o parcialmente la autorización de funcionamiento de una entidad vigilada, la suspensión del certificado de autorización y el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios.

¿Cuáles son las sanciones? Entre otros aspectos, la norma contempla que la Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer multas de hasta 8 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) a entidades bajo su control, y hasta por 2 mil Smlmv para las personas naturales.

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Análisis

ATENTADOS

EL IMPORTANTÍSIMO ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de terroristas conocidos, jurisdicciones que patrocinan terrorismo, empresas que venden material de guerra o señales de alerta muy evidentes, la financiación del terrorismo es difícil de detectar para las entidades en Colombia.

El reciente ataque terrorista en el cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estalló un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, que dejó un saldo de 21 fallecidos y 68 heridos, es lamentable y condenable en todo nivel y nos exhorta a apoyar firmemente la lucha antiterrorista. Para facilitar esta tarea ciudadana Infolaft expone los pasos que todas las entidades deberían realizar después de conocerse un atentado.

Protocolo de reacción ante acciones terroristas 1. Recaude toda la información básica de fuentes creíbles

2. Buscar en las bases de datos de la entidad cualquier relación con el atentado

Tan pronto como se supo del atentado, la Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo de investigación en el que muy pronto logró identificar tanto al autor material del acto terrorista como al vehículo utilizado en la explosión. Estos datos son de vital relevancia para la gestión del riesgo de LA/FT pues le permiten a la entidad saber si ha estado vinculada con los individuos o activos involucrados en el hecho.

Una vez se han recopilado los datos básicos de los individuos y activos involucrados en el ataque terrorista es necesario cruzarlos con las bases de datos que la entidad utilice para gestionar el riesgo de LA/FT para verificar si ha existido algún tipo de vinculación.

Para el caso en concreto la fiscalía señaló como autor a José Aldemar Rojas Rodríguez, un explosivista del Eln que perdió la mano derecha en un accidente con un explosivo entre 2008 y 2010. En relación con el vehículo, el ente acusador confirmó que se trataba de una Nissan Patrol, del año 1993, con placa LAF 565. Adicionalmente las autoridades capturaron a otro hombre relacionado con el atentado, que habría estado en comunicación con José Aldemar Rojas durante la ejecución de los hechos. Se trata de Ricardo Andrés Carvajal quien con posterioridad a su detención aceptó su participación en el ataque. 12 Infolaft | Febrero 2019

Esta tarea significará revisar si los terroristas han sido clientes, usuarios, proveedores o empleados, pero no se limita a ello. Adicionalmente, conviene verificar si el individuo ha tenido otro tipo de vínculos indirectos como haber sido beneficiario de productos o servicios o haber visitado la empresa por cualquier razón. No se quede en las bases de datos generales, utilice también las especializadas o específicas. En cuanto al vehículo, y dependiendo del tipo de negocio y la actividad económica que lleve a cabo la empresa, será necesario analizar si existieron vínculos como por ejemplo la constitución de prendas, la expedición de pólizas de seguros, la prestación de servicios de reparación o mantenimiento y el ingreso a las instalaciones de la empresa.

Análisis 3. Si aparecen coincidencias es necesario profundizar en ellas Hallar la coincidencia es apenas una parte de la tarea. En caso de que se evidencie un vínculo directo o indirecto con los sujetos o activos involucrados en un atentado es necesario proceder a comprender la naturaleza de dicha relación. Para ello es recomendable individualizar a todas las personas dentro de la empresa que tuvieron que ver con la vinculación e indagar a través de ellas la naturaleza del vínculo. Frente a estas personas también se sugiere buscar si hay coincidencias que puedan mostrar vínculos con organizaciones o células terroristas y que sea necesario denunciar a las autoridades.

5. La labor continúa Después de realizado el reporte es posible seguir profundizando sobre el caso. Con el devenir de las horas es probable que las autoridades continúen vinculando individuos o activos a las investigaciones y conviene realizar el ciclo de gestión del riesgo tantas veces como esto ocurra.

6. Estar atento a colaborar con las autoridades Es previsible que, si se ha reportado o denunciado, las autoridades se comuniquen a obtener información adicional. Esto no es, bajo ningún concepto, una acción de auditoría o vigilancia. Es el desarrollo de una investigación en la que hay que colaborar a esclarecer los hechos y a evitar nuevas acciones de terrorismo.

4. Proceda a reportar y denunciar

7. Actualice su sistema con las lecciones aprendidas

Sobre la base de encontrar señales de operaciones sospechosas de canalización de recursos a actividades terroristas se requiere hacer inmediatamente el proceso de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) según lo previsto en la Ley 526 de 1999 y las normas específicas por sector.

A partir de los hechos conocidos del ataque conviene actualizar los eventos de riesgo contemplados en el sistema de prevención de los riesgos de LA/FT y verificar si los controles existentes son suficientes ante la existencia de nuevos eventos. En caso de que no lo sean, se deben implementar nuevos controles para los nuevos eventos de riesgo.

Además, no se debe por ningún motivo omitir la denuncia directa a las autoridades (fiscalía, policía, u otras autoridades que lo soliciten públicamente) a través de los canales establecidos para el efecto. Es deseable que todos los reportes y denuncias correspondientes se hagan lo más pronto posible después de ocurrir el acto terrorista. El tiempo es oro para evitar otros atentados.

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Análisis

En su capítulo de finanzas ilícitas, este informe describe que quienes manejaron las finanzas del grupo guerrillero ocuparon un lugar muy destacado dentro del conjunto de reglas y procedimientos que promulgó las Farc para organizar su estructura jerárquica. Es por esto que, según la fiscalía, “las fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-EP vivieron un proceso de perfeccionamiento con el correr de los años, al pasar de una economía de guerra en esencia depredadora de riqueza, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas”. El informe identifica tres principios rectores que determinaron el manejo de las fuentes y mecanismos de financiación de las Farc: • Diversificación: Desde su fundación hasta su desmovilización, las FarcEP extendieron sus fuentes de financiación al transitar de una economía elemental, que encontraba sus recursos en aportes de simpatizantes, secuestros esporádicos y una vinculación artesanal a la minería, a una mucho más sofisticada basada en dineros provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, todos estos delitos practicados a gran escala. Inclusive el grupo guerrillero llegó, en el punto más alto de su perfeccionamiento financiero, a manejar inversiones en actividades económicas productivas, tales como la minería, tierras, ganado y sociedades comerciales. • Regionalización: No todas las fuentes de financiación pudieron ser aplicadas en todos los frentes de las Farc dadas las posibilidades y los obstáculos de las economías locales. Esto generó una 14 Infolaft | Febrero 2019

especialización económica de cada una de las células de la guerrilla que privilegiaron unas fuentes económicas sobre otras. Así, por ejemplo, se encontró que los grupos ubicados en regiones con presencia de economías cocaleras desarrollaron formas de intervención en la producción de narcóticos, a diferencia de otros cercanos a zonas industriales que se vincularon en mayor medida al secuestro. Asimismo, los frentes ubicados en zonas de yacimientos minerales optaron por la minería ilegal mientras que los menos prósperos se apoyaron en la práctica de la extorsión a todo tipo de actores económicos, desde contratistas de obras públicas hasta pequeños comerciantes. • Centralización: Los organismos superiores de la organización guerrillera se encargaron de controlar los gastos y los ingresos de los frentes a través de la combinación de mecanismos administrativos y disciplinarios, de tal forma que sirvieran para garantizar su auto sostenimiento y financiar los planes militares a largo plazo.

Ingresos por rentas ilícitas • Secuestro El informe concluye que el secuestro extorsivo con fines económicos por parte de las Farc adquirió dimensiones económicas importantes con el paso del tiempo y se convirtió en una de las fuentes principales de financiación de la guerrilla. Según la fiscalía en su informe “aunque el secuestro extorsivo era una práctica histórica de las Farc fue desde la década de los noventa que este fenómeno criminal experimentó un crecimiento exponencial, con el fin de apoyar el crecimiento militar de la organización armada”. Esta práctica estuvo acompañada de innovaciones en las técnicas para la ejecución de los secuestros, como las denominadas pescas milagrosas y la asociación con bandas criminales, las cuales reportaban mayores utilidades económicas para la organización. De otro lado, la fiscalía encontró que el secuestro fue una acción criminal altamente regionalizada que se centró en algunas zonas del país debido la capacidad de pago de los sectores económicos locales y de los costos en los que debía incurrir la organización para ejecutarlo. Fue así que algunos frentes se dedicaron al secuestro y otros abandonaron la práctica ante la presencia de fuentes de financiación más rentables, como el narcotráfico. El informe logra evidenciar que las negociaciones y el cobro del dinero por los secuestros que superaba ciertas cifras fueron asumidos directamente por las instancias superiores de la organización, como los comandantes de los bloques. Esta centralización llegó hasta el nivel que miembros del Secretariado (máximo órgano colegiado de gobierno guerrillero) se encargaron de negociar la liberación de secuestrados de un perfil alto, como empresarios, políticos o empleados de empresas multinacionales. En los secuestros extorsivos, la Fiscalía logró establecer que, entre los años 1996 y 2012, el total de los pagos fue de aproximadamente COP 3.6 billones, que equivalen a alrededor de USD 1.234 millones.

“Las Farc-EP vivieron un proceso de perfeccionamiento con el correr de los años, al pasar de una economía de guerra en esencia depredadora de riqueza, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas”

Análisis • Extorsión De un lado, la extorsión fue regionalizada al depender de las dinámicas económicas locales y sus limitaciones, así como de los montos que los frentes y los bloques fijarán. También estuvo sometida al principio de centralización financiera, razón por la cual cuando se trataba de extorsiones dirigidas hacia grandes empresas o contratistas, las negociaciones y el control sobre los ingresos recaía en las instancias superiores de la jerarquía. Comparada con otras formas de financiamiento, la práctica orientada a presionar, persuadir y atemorizar a las víctimas con el fin de obtener los pagos exigidos no significó para las Farc mayores costos, como sí sucedía con otras actividades como el secuestro o el narcotráfico que exigían grandes y constantes despliegues de violencia directa. En palabras de la fiscalía, “mientras fuentes como el secuestro o el narcotráfico se caracterizaron por tener poblaciones definidas contra las que se dirigían y ciclos de tiempo en los que se aplicaron, la extorsión fue indiscriminada y aplicada de forma tan permanente en el tiempo que se convirtió en el núcleo del funcionamiento financiero de las Farc, pues además servía como fuente de sustento básico cuando los ingresos por las demás fuentes escaseaban”. • Narcotráfico El informe releva que el vínculo de las Farc con en el narcotráfico estuvo sujeto a una transformación histórica. En una primera fase, la modalidad de narcotráfico estaba dada por un “impuesto” de gramaje, un cobro que la guerrilla impuso a los cultivadores por cada kilo de hoja de coca. Luego, se impusieron cobros a los narcotraficantes por la entrada a las regiones y a cada kilo de pasta base y cristal comercializado, así como por la vigilancia del transporte terrestre y el uso de las pistas de aterrizaje en las zonas con presencia de la guerrilla. “Pero la participación de la guerrilla en los recursos provenientes del narcotráfico no se limitó a la extorsión a los narcotraficantes y a los cultivadores bajo la modalidad del gramaje”, comentó la fiscalía, para explicar que “también, como afirman distintos testimonios, documentos y elementos materiales probatorios recaudados, la guerrilla se vinculó directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la cocaína, lo que en términos económicos significó un perfeccionamiento de su vinculación”. Esta participación directa tuvo distintas modalidades, tales como la financiación a los campesinos, el desplazamiento forzado o el homicidio para garantizar la intermediación entre el campesinado y los compradores de pasta base o el uso de las tierras para cultivos.

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Entre estos mecanismos se destacó el control sobre los laboratorios y las cocinas, que le permitió a la guerrilla tener el control de la pasta base y de la cocaína para hacer transacciones directas con los narcotraficantes e incluso vincularse en actividades de tráfico internacional de narcóticos. La efectividad de estos mecanismos estuvo garantizada por el principio de administración centralizada que garantizaba el flujo de recursos de los frentes hacia las instancias superiores, así como el control de los gastos. La fiscalía no publicó una cifra consolidada del total de ingresos ilícitos de las Farc por este concepto. Sin embargo, el informe da cuenta que el Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos de la fiscalía tiene pruebas ciertas de que las Farc, por concepto de narcotráfico obtuvo un ingreso total aproximado de COP 17.700 millones entre los años 1999 a 2016. “ Estos valores no son ingresos totales, sino una muestra de las sumas que por bloques pudieron obtener, dado que las fuentes son parciales”, señaló el ente acusador. • Minería Ilegal El informe expone que la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 trazó de forma definitiva el esquema financiero que permitió el crecimiento militar de la guerrilla a lo largo de la década de los noventa. En las conclusiones de esta Conferencia, las Farc consagraron un enfoque especial sobre la importancia que la minería representaba para sus finanzas, que fue seguida de orientaciones prácticas a nivel de los frentes encargados de la ejecución de la política. El informe relata que el crecimiento de la minería como actividad económica y la complejidad de sus procesos motivaron el interés de las Farc por vincularse a este negocio. Tal complejidad fue aprovechada de distintas formas que fueron desde la explotación minera propiamente dicha, hasta el control directo sobre distintas fases de la explotación y el lavado de activos. Bajo este esquema de control, la guerrilla manejó considerables volúmenes de riqueza que en ocasiones pasaron a formar parte de las reservas del secretariado con miras a servir como moneda de cambio en transacciones de armamento. En cuanto a los ingresos de las Farc por minería ilegal, la fiscalía pudo determinar a partir del análisis de dispositivos electrónicos y entrevistas a desmovilizados que entre los años 1993 y 2016 los ingresos por este concepto incluyen los siguientes valores que, dice la entidad, “no son concluyentes, ya que se basan solamente en archivos incautados y testimonios”: COP 16.420 millones.

Análisis

Así ha perseguido la Fiscalía los bienes de las Farc

En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la Fiscalía General de la Nación describió el funcionamiento de las fuentes y mecanismos de financiación de las desaparecidas Farc, el ente acusador incluyó un capítulo en el que explicó, a grades rasgos, la estrategia de persecución de bienes del grupo guerrillero.

Además de las investigaciones para precisar los mecanismos del funcionamiento económico de las Farc, la fiscalía informó que puso en marcha una estrategia investigativa en 2016 para priorizar la persecución de los activos provenientes de las finanzas ilegales de grupos armados al margen de la ley. “En el marco de esta estrategia, un grupo de 300 investigadores, apoyados de peritos contables y fiscales, consolidó una base de 15 mil entrevistas, 286 inspecciones y analizó más de 13 millones de archivos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a los entonces cabecillas de las Farc, unificando la información recogida por distintas instancias”, comentó la fiscalía. Este trabajo permitió la cuantificación de flujos económicos en dinero de la desmovilizada guerrilla así como una reconstrucción de la magnitud de la apropiación de bienes por parte de la agrupación. Según la Fiscalía General, “ninguna entidad ha podido establecer con precisión a cuánto ascendieron los ingresos de las Farc-EP. Sin embargo, de los dispositivos incautados se da cuenta de que en el periodo 1993-2016 se trata de sumas billonarias, tanto en pesos colombianos como en monedas extranjeras”. De acuerdo con la fiscalía, los ingresos y egresos de las Farc en diferentes divisas en el periodo mencionado fueron:

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Análisis Tipo de bienes En el rastreo de las rentas ilícitas de esta organización fueron detectados al menos los siguientes bienes: • 5.776 inmuebles • 207 bienes baldíos de 2 millones 120 mil hectáreas. • 284 establecimientos comerciales. • 808 semovientes. • 1.166 automotores. • 232 activos en el exterior. Varias evidencias de caletas en dinero en efectivo tanto en pesos colombianos como en dólares estadounidenses. Aquí sobresale el denominado ‘Contabilín’ programa que detalla con precisión el movimiento de los recursos ilegales:

Fuente: Colombia. Fiscalía General de la Nación. Archivo encontrado en el computador de José David Suárez alias “Becerro”, miembro del Estado Mayor del Bloque Noroccidental , comandante del Frente 57. 15 de noviembre de 2014

Adicionalmente, el informe que presenta la fiscalía a la JEP hace una relación de los bienes que no habrían sido declarados por las Farc, vinculados directa o indirectamente por esta organización, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio entre enero de 2016 y octubre de 2018. El valor de las propiedades afectadas supera los dos billones de pesos así:

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La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés), reunido desde el pasado lunes en Davos Suiza para su reunión anual, publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligencia artificial (IA) para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En efecto, el documento señala que, de cara a la universalización de nuevas tecnologías “ahora corresponde a las instituciones financieras dar el salto y utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para detectar traficantes de personas, venta de narcóticos y armas, pagos terroristas y el lavado de dinero que alimenta estas actividades”.

De dónde surge la necesidad La lucha contra el LA/FT tiene un grueso inconveniente, que es el costo total de los mecanismos de prevención. Solo en los Estados Unidos, el gasto por concepto de cumplimiento ALA/CFT se estima en USD 23.500 millones por año mientras que los bancos europeos se acercan a los USD 20 mil millones gastados anualmente.

de los bancos europeos han sido multados por delitos relacionados con fallas de cumplimiento antilavado y a nivel mundial las entidades bancarias han sido sancionadas con aproximadamente USD 26.000 millones en los últimos 10 años”, señaló el WEF. Es por esto que ha crecido la tendencia que los reguladores en países avanzados exhorten a las instituciones financieras para que experimenten y utilicen el poder de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) para detectar actividades sospechosas. En caso de optar por esta vía de acción el WEF sugiere un “trabajo con expertos que puedan traducir el problema, identificar los desafíos para resolverlo y encontrar la mejor solución para abordarlo”.

“Aún más impactante que el nivel de gasto es que a pesar de estar fondeada la estrategia contra el LA/FT no parece estar funcionando. Durante la última década, el 90%

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Análisis La oportunidad de aplicar AI para ayudar a detectar delitos financieros Los científicos han buscado, durante mucho tiempo, dar a las máquinas una inteligencia similar a la humana. En esta búsqueda se ha llegado a avances que ya se empiezan a aplicar a problemas reales en los negocios y que tienen el potencial de transformar las industrias y la economía global. Uno de los casos de uso más conveniente de IA es la batalla contra el crimen financiero. Este tipo de inteligencia tiene dos beneficios principales para los bancos que participan en esta batalla: puede aumentar la efectividad de las investigaciones de conductas criminales y mejorar la gestión de riesgos de la institución. De esta manera, además de ayudar a las instituciones financieras a evitar riesgos legales por estar cumpliendo más efectivamente con las regulaciones, la IA tiene el potencial de reducir los costos del desafío principalmente al reducir los falsos positivos en los sistemas de monitoreo y redirigir los esfuerzos de expertos humanos a otras áreas más productivas.

Los seres humanos siguen siendo una parte integral del proceso después de que un modelo se pone en funcionamiento puesto que la IA puede realizar la función de un revisor de nivel uno, pero en el segundo nivel debe existir un humano que revise lo hecho por el sistema y verifique que las decisiones del modelo sean adecuadas. Una vez que el modelo demuestre que trata las alertas con precisión, la revisión en el segundo nivel se hace más laxa. Actualmente, los sistemas de IA son capaces de realizar mapas de vínculos a partir de inferencias que identifican entidades que son parte de transacciones sospechosas. Los sistemas de IA también recopilan y analizan datos de fuentes públicas, incluso de sitios de redes sociales, para ayudar a establecer calificaciones de riesgo para clientes particulares y, por último, también detectan nuevas actividades de terroristas, pero nada de esto sería posible si no existiera un criterio humano previo plasmado en políticas y una guía permanente por parte de profesionales de cumplimiento. En palabras del WEF en su documento técnico, “vemos esto como una verdadera asociación entre las máquinas y los seres humanos. Ambos deben colaborar para lograr cosas que ninguno podría hacer tan bien por su cuenta”.

Inteligencia Artificial – Lo básico

Segmentación inteligente

Hay dos tipos de IA: la supervisada y la no supervisada, cada una con sus propias fortalezas particulares. Con el modelo de IA y de aprendizaje automático supervisado, se entrena a un modelo a partir de datos ya categorizados para identificar transacciones potencialmente sospechosas. Mediante la IA y el aprendizaje no supervisado, los científicos informáticos exponen el sistema a datos sin categorizar a través de los cuales se identifican patrones que podrían indicar lavado de activos.

Además del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado será particularmente útil para ayudar a los bancos a distinguir entre el comportamiento bancario típico y la actividad potencialmente sospechosa. Una de las técnicas de IA más prometedoras para hacerlo es la llamada segmentación inteligente.

Asociación entre máquinas y personas Es importante darse cuenta de que no se puede esperar que los modelos que usan IA, sin importar lo inteligentes que sean, funcionen sin la supervisión y las pruebas humanas. Incluso en el caso de aprendizaje no supervisado, los seres humanos con experiencia en la materia deben diseñar y optimizar los modelos. Por ejemplo, así es como cada transacción bancaria debe examinarse para ver si las contrapartes entidades involucradas están en una lista de criminales o terroristas conocidos pues incluso los mejores sistemas de detección producen una alta tasa de falsos positivos que deben ser eliminados por un revisor humano, ya sea eliminando la alerta, o incrementándola para una revisión adicional.

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Con los sistemas de monitoreo tradicionales, los bancos generalmente segmentan a sus clientes según su industria, el tipo de negocio, el tamaño y otros factores y aplican reglas que históricamente han funcionado para las empresas en esos segmentos. El problema con este enfoque es que dicha categorización no representa consistentemente los grupos según su comportamiento real. En un piloto realizado por la firma de consultoría Navigant se completó recientemente un proyecto basado en el software de segmentación inteligente de Ayasdi para un banco global. En este proyecto, el sistema de inteligencia artificial se ocupó de analizar las transacciones sin tener en cuenta las categorías tradicionales para, en su lugar, comprender las transacciones y construir segmentos nuevos y más relevantes en función del comportamiento real y no del esperado o promediado. “Los resultados del proyecto fueron satisfactorios porque la cantidad de alertas disminuyó significativamente, y la productividad de las alertas que permanecieron aumentó significativamente en comparación con la productividad utilizando el análisis tradicional. que ninguno podría hacer tan bien por su cuenta”.

“Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”

El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés), bajo la edición y coordinación del periodista colombiano Andrés Bermúdez Liévano, publicó el libro “Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”, un estudio que reúne y ordena las reflexiones de 30 asesores del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en torno a cómo se desarrollaron y resolvieron las discusiones centrales con las Farc que son, según el Ifit, “fundamentales para entender el espíritu y el sentido de lo que contiene el acuerdo”. Según explica el editor en el prólogo, el libro, de más de 300 páginas, “no se trata de un resumen descriptivo de lo acordado, sino de un intento por reflexionar sobre los temas que marcaron la negociación y que, con certeza, marcarán también el debate político nacional en años venideros.” En efecto, el estudio parte de la premisa que el proceso de paz continuará durante muchos años más hasta que se pueda consolidar en todo el territorio nacional y que sus principales desafíos se mantendrán, en especial en aquellas regiones donde aún proliferan economías criminales “donde decenas de líderes sociales han sido asesinados y donde la inversión social soñada por las comunidades aún no se ha materializado en oportunidades reales”, señala el libro. Los debates principales consignados en el texto son los que se dieron entre las partes que se sentaron en la mesa de negociación siempre vistos desde la perspectiva del gobierno, aunque el documento reconoce que las discusiones derivadas del proceso de paz se dieron también en otras esferas como los sectores escépticos o adversos a la negociación, las instituciones públicas llamadas a construir

una visión común del Estado (como la fuerza pública o los partidos políticos), y entre los mismos negociadores. Así es como a lo largo de siete capítulos, “Los debates de La Habana: una mirada desde adentro” responde a preguntas tan importantes como la razón para negociar con la guerrilla de las Farc, el porqué de cada uno de los temas transversales (participación política, fin del conflicto, drogas, y víctimas) y cómo se desarrolló la negociación en cada uno de los puntos. En suma, se trata de un texto responsable que nace de la convicción de que el acuerdo sea un asunto de Estado y no sólo una bandera del pasado gobierno si lo que se busca es una transformación real. El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés) es una organización independiente y sin ánimo de lucro constituida en 2012 en Barcelona, España. Es el primer centro de investigación internacional enfocado en la integración de políticas sobre democracia, desarrollo, Estado de derecho y seguridad en contextos de diálogo nacional y transición en Estados que se han visto afectados por violencia o conflicto. El Ifit ofrece análisis y asesoramiento a los principales actores involucrados, con el ánimo de ayudarles a encontrar un terreno común y soluciones creativas y realistas en temas complejos. Andrés Bermúdez Liévano trabajó durante dos años en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz mientras se desarrolló la negociación de paz con las Farc como parte del equipo de pedagogía que diseñó material educativo para acercar el acuerdo de paz a los colombianos. Febrero 2019 | Infolaft 21

Análisis

Protéjase cuando haga donaciones o patrocine una ONG El portal especializado en cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés) publicó un artículo en el que aporta unas pautas para que los donantes y benefactores de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) se protejan de posibles acciones de corrupción de las ONGs, especialmente si se trata de alguna que se encuentra en países de riesgo o en situación de posconflicto. Algunos ejemplos de posibles conductas irregulares en este tipo de organizaciones locales que podrían exponer a los donantes a riesgos de investigaciones o incluso vinculación a procesos sancionatorios jurisdiccionales y administrativos podrían incluir: • Falsificación de la contabilidad: la ONG infla los registros contables de costos y gastos para que los patrocinados y donantes los cubran. De esta manera, los corruptos vinculados se pueden apropiar de la brecha entre los gastos reales y los reportados. • Poner empleados ficticios en la nómina: generalmente se trata de amigos, familiares o socios con el fin de que éstos perciban una remuneración pero sin realizar trabajo alguno. Esto además repercute en que los verdaderos trabajadores reciben solo una parte de su salario. • Financiación del terrorismo: existe el riesgo de que una contabilidad falseada realmente encubra la canalización de recursos al crimen organizado y a actividades terroristas. Cuando estas u otras maniobras ocurren en cualquier ONG local, un donante podría caer bajo la sospecha de ser cómplice o de ser acusado de no haber actuado con la debida diligencia antes de proceder a patrocinar a la organización. Aunque no hay garantía para evitar tal escenario, ciertas prácticas podrían ayudar a blindar a un donante de los riesgos creados por las ONG locales:

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• Realice una debida diligencia: cuando se busca una ONG para ser receptora de donaciones que contribuyan al desarrollo de su objeto es necesario realizar un procedimiento de debida diligencia con el fin de demostrarle a la autoridad, en caso de cuestionamientos, que al momento de iniciar la relación económica no existían riesgos, y que los mismos no podían ser conocidos. La debida diligencia debe estar basada en la consulta de información pública, en el cruce en listas nacionales e internacionales de sanción y en la indagación de las partes interesadas anteriores y actuales, locales e internacionales (principales donantes y fuentes de financiación). • La relación debe estar regulada por políticas: antes de que inicie el flujo financiero de un donante hacia una ONG, es necesario que el donante le entregue a la organización los principios, estándares y prácticas de transparencia y ética aplicables. Esto significa que, antes de que comience la relación de financiación, en el contrato o acuerdo de patrocinio debe estar especificado que los Códigos de Ética y demás políticas de transparencia son vinculantes. • Conozca las reglas: no desconozca la información sobre normas y prácticas financieras y fiscales aplicables a la ONG que usted o su empresa deciden patrocinar. Cree un sistema de monitoreo y un procedimiento de denuncia de irregularidades en el mismo acuerdo de financiación.

Análisis

• Visite la ONG: a pesar de los informes regulares, las videollamadas programadas y no programadas, y demás mecanismos de comunicación virtual, es probable que un monitoreo efectivo requiera visitas periódicas al sitio donde funciona la ONG, así como una comunicación directa con las partes interesadas locales. Para garantizar la posibilidad de inspección es recomendable incluir este derecho en el acuerdo o contrato de patrocinio. Estos pasos mínimos deberían ayudar a proteger al donante de los posibles daños a la reputación y financieros, así como posibles suspensiones operativas. En caso de que usted o su empresa decidan patrocinar una ONG le recomendamos estos sencillos pasos, o si ya es donante de una de estas organizaciones, le sugerimos que revise esa relación a la luz de esta información.

Un donante podría caer bajo la sospecha de ser cómplice o de ser acusado de no haber actuado con la debida diligencia antes de proceder a patrocinar a la organización. Febrero 2019 | Infolaft 23

Análisis

El lavado de activos en el Plan Nacional de Desarrollo Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera detallada, el curso de acción del Gobierno Nacional durante el próximo cuatrienio en todas las materias de su competencia. En relación específica con la lucha contra el LA/FT se realizó un diagnóstico parcial y se propusieron algunas estrategias generales. El documento señala que “la criminalidad, el desarrollo de finanzas criminales, las economías ilícitas, el lavado de activos, el crimen transnacional y la vulnerabilidad en las fronteras siguen constituyéndose como unos de los principales flagelos que afectan la vigencia de la Ley, el desarrollo, la defensa, la seguridad, la justicia y la democracia”. Con esta afirmación, el gobierno sostiene que el país debe transitar gradualmente hacia la definición de un conjunto de políticas de Estado que fomenten la presencia institucional y su extensión hacia los territorios con vacíos de autoridad que respondan a las realidades locales para enfrentar las distintas amenazas criminales. Lo anterior implica la formulación de una estrategia de articulación interinstitucional basada en el intercambio de información que le permita al Estado actuar de forma eficaz y oportuna sobre las problemáticas en todas las zonas del país.

Diagnóstico de la economía criminal En el diagnóstico de cómo se encuentra el panorama de las economías ilegales, en especial en los territorios de la nación en los que hay menor presencia del Estado, el documento bajo análisis comenta que las medidas de control contra las finanzas ilícitas son fragmentadas, que se realizan sin método y por fuera de los marcos institucionales, y que no logran ni caracterizar el fenómeno ni mucho menos mitigarlo. Para solucionar estos obstáculos, el Gobierno Nacional propone implementar planes de intervención que contemplen proyectos que permitan a las comunidades

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afectadas por la criminalidad transitar de economías ilícitas a licitas, de acuerdo con las particularidades territoriales y poblacionales, lo que apunta hacia la transformación estratégica de los territorios, desarticulando y neutralizando las amenazas del crimen.

Diagnóstico del lavado de activos en Colombia Dentro de las economías ilegales que desarrollan los grupos delincuenciales organizados en Colombia se encuentran principalmente el narcotráfico, el contrabando, la extracción ilícita de minerales, y la extorción. La ocurrencia de estos delitos se ve dinamizada por factores como la corrupción, la cultura de ilegalidad, la violencia y la vulnerabilidad, y se complejiza al estar en conexión con al menos otros 21 delitos conexos identificados. El siguiente gráfico, contenido en el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, muestra lo anteriormente explicado:

Análisis En relación específica con el lavado de activos, el Gobierno Nacional reconoció que no ha habido esfuerzos importantes para cuantificar este fenómeno: “respecto a flujos financieros derivados de las economías ilegales en Colombia, no son muchas las investigaciones que han tratado de medirlos, en especial, por la complejidad en su medición debido a la ausencia de registros estadísticos, así como a la multiplicidad y la heterogeneidad de los delitos fuente de lavado de activos descritos en el artículo 323 del Código Penal”. De esta manera, el gobierno optó por omitir de las bases del plan de desarrollo algunas cuantificaciones recientes realizadas por autoridades fiables, como la contenida en el Informe de Evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica publicó luego de examinar el Sistema ALA/CFT Colombiano, y se limitó a considerar dentro de la problemática del lavado de activos algunos trabajos que han buscado reflejar la dimensión del negocio del narcotráfico, pero no de otras actividades ilícitas. Lo que si hizo el gobierno es recoger el trabajo que ha realizado la Uiaf en el reconocimiento de los principales impactos económicos del lavado de activos en la actividad económica, entre los que señaló: • Altera los precios relativos de los mercados al posibilitar la venta de productos a precios artificialmente bajos o realizar compras a precios por encima del de mercado. • Distorsiona las mediciones oficiales de las entidades públicas. • Desequilibra los instrumentos macroeconómicos como la tasa de cambio y la tasa de interés. • Disminuye los incentivos a invertir y aumenta los costos por concepto de seguridad. • Fomenta la competencia desleal en las diferentes industrias de la economía. • Distorsiona los incentivos dentro del mercado legal (salarios, tasas de ganancia y costos de financiamiento). • Disminuye la productividad total de la economía al relocalizar recursos productivos (capital y trabajo) a actividades ajenas al sector legal.

Diagnóstico del lavado de activos en Colombia El documento incluye la promesa de que “el Gobierno nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticularán y afectarán las estructuras criminales, al tiempo que desarrollarán procesos investigativos de extinción de dominio y lavado de activos, que permitan afectar las redes financieras y la cadena de valor de las actividades ilícitas”. El objetivo concreto es: incrementar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) para frenar la expansión de la

Delincuencia Organizada Transnacional mediante el diseño e implementación de una estrategia que permita una minimización contundente de los dineros que ingresan a la economía legal producto de las actividades ilícitas que desarrolla la delincuencia organizada. Para ello el gobierno, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y de forma articulada con los objetivos en materia de delincuencia organizada y economías ilegales, trabajará en el fortalecimiento de instrumentos de análisis y en nuevas estructuras y esquemas de trabajo con enfoques alternativos para dar una lucha efectiva y con resultados en términos de sentencias por lavado de activos, medidas cautelares y extinción de dominio contra los dineros originados en economías ilícitas a nivel territorial, nacional y transnacional. En esta línea: • El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la Uiaf como secretaría técnica, coordinarán el diseño e implementación de una estrategia de dinamización del flujo de información entre actores del sistema ALA/CFT desde la etapa de prevención hasta la de judicialización para que este no sea lineal y enriquezca a todas las partes que lo integran generando conocimiento de las amenazas desde una visión unificada. • La estrategia definirá y coordinará mesas de trabajo conjuntas entre miembros de la comunidad de inteligencia, FGN, policía judicial y otros actores relevantes para el sistema ALA/CFT. Cada mesa tendrá a su cargo un delito o problemática generadora de economías ilícitas. • Cada mesa de trabajo compartirá conocimiento para identificar, prevenir, rastrear, perseguir, neutralizar y desarticular a las estructuras criminales originadoras de las economías ilícitas. • Los métodos de trabajo, los objetivos, las metas, los cronogramas de trabajo, así como el manejo de los resultados, incluida la planificación de las operaciones en contra de la delincuencia organizada, serán definidos por la comunidad de inteligencia y autoridades competentes en el marco del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). • Fortalecer instrumentos y mecanismos del sistema ALA/ CFT (Sistema Antilavado de Activo y contra Financiación del Terrorismo) a partir del mejoramiento de la coordinación y articulación nacional, los canales de comunicación e intercambio de información estratégica entre los integrantes del sistema ALA/CFT, sobre la base de la confianza. • Conocer las vulnerabilidades, amenazas y riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo a nivel nacional y departamental a partir de la generación de productos que sirvan tanto de herramienta de apoyo para las labores de prevención y detección de los sectores público y privado, como de insumo para la actualización y/o construcción de sus matrices de riesgo.

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Internacional

Estas son las jurisdicciones con mayor percepción de corrupción

Recientemente fue publicado el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), que anualmente clasifica a más de 180 países y territorios según el nivel percibido de corrupción en el sector público por parte de expertos y empresarios y que utiliza una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

Según Transparencia Internacional en la presentación de este estudio, “el Índice de Percepción de la Corrupción de este año revela que el continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción, lo que está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo”. En efecto, respecto a las líneas generales, TI enfatizó que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por

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debajo de 50 y que el promedio de todos los países es de 43, lo que llevó a la organización a concluir que “si bien hay excepciones, los datos muestran que a pesar de algunos avances, la mayoría de los países no logran incursiones serias contra la corrupción”. Los países donde la percepción de corrupción es más baja son Dinamarca y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 88 y 87 respectivamente. A su vez, los países cuya percepción de corrupción es más alta son Somalia, Siria y Sudán del Sur con puntuaciones de 10, 13 y 13, en su orden.

Internacional

Fuente: Índice de Percepción de Corrupción 2018 de Transparencia Internacional

Esta información le sirve para fortalecer su gestión del riesgo Aunque los llamados a la acción contenidos en el Índice de Percepción de Corrupción están dirigidos a los gobiernos, Infolaft extrajo algunas actividades relevantes que bien pueden integrarse a los sistemas de cumplimiento ALA/CFT y de ética empresarial para fortalecer la tarea de compliance: • Actualice dentro de su sistema las jurisdicciones de mayor riesgo con base en la información del Índice. En este caso, no omita evaluar el riesgo alrededor de Brasil y Estados Unidos, dos jurisdicciones que Transparencia Internacional recomendó monitorear con especial cuidado. • Evalúe si la estructura de gobierno corporativo contiene un sistema de frenos y contrapesos que evite la corrupción al obligar a que ciertos procesos de riesgo obtengan aprobaciones de superiores jerárquicos y de las áreas de auditoría. • Fortalezca los canales de denuncia anónima para que cualquier colaborador relacionado con su organización

pueda poner en conocimiento de los funcionarios competentes cualquier conducta sospechosa de corrupción. • Procure cerrar la brecha entre las normas internas escritas (manuales de prevención del LA/FT, códigos de ética, documentos de políticas, etc.) y su aplicación. Para esto es necesario enfatizar en jornadas de capacitación y en reforzar las sanciones por incumplimiento a las normas de transparencia.

Resultados en las Américas La frase con la que Transparencia Internacional resume el análisis de la región que incluye a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica es: “con un puntaje promedio de 44 por tres años consecutivos, la región de las Américas continúa sin lograr ningún avance serio contra la corrupción”. Canadá, como siempre en el continente, tiene el mejor desempeño con una puntuación de 81 sobre 100. Estados Unidos permanece en el segundo lugar por debajo de Canadá, pero cae cuatro puntos desde el año pasado hasta obtener un puntaje de 71, la calificación más baja en siete

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Internacional años que sitúa al país al nivel de Uruguay en América del Sur, (70), y Barbados (68) en el Caribe.

Países para monitorear especialmente en América

En la parte inferior del escalafón se mantiene Venezuela “por la corrupción sistémica y persistente en todo el país”, dijo TI. En cuanto a los peores resultados tras Venezuela están Haití (20 puntos) y Nicaragua (25).

A pesar de que ninguna de estas jurisdicciones se considera intrínsecamente riesgosa, Transparencia Internacional hizo un llamado para no omitir el monitoreo de Estados Unidos y Brasil luego de publicado este escalafón.

Los que mejoraron Algunos países han logrado avances destacables en la lucha contra la corrupción, como Ecuador y El Salvador. A pesar de que sus 34 y 35 puntos, respectivamente, siguen siendo bajos, estos dos países mejoraron en dos casillas desde 2017. En paralelo, Argentina aumentó un punto desde 2017 y ocho puntos desde 2015 mostrando algunos signos de mejora significativa. En estos tres países, los sectores de la justicia están avanzando investigaciones y procesamientos en casos de corrupción contra personas de alto perfil, incluidos algunos ex presidentes. Sin embargo, estos países también comparten un desafío común: la necesidad de continuar fortaleciendo la independencia de sus sistemas judiciales para garantizar procesos imparciales, y que los culpables de corrupción reciban el castigo adecuado.

Los que empeoraron Desde 2012, Chile, México y Nicaragua han visto una fuerte disminución en sus puntajes al no lograr un progreso significativo contra la corrupción. Con una puntuación de 25, Nicaragua cayó cuatro puntos en índice en los últimos siete años, un declive que refleja un panorama político complejo en el que, después de más de una década en el poder el presidente Daniel Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas del país en detrimento de su eficacia e independencia. En los últimos años, el presidente también reprimió los derechos políticos de los ciudadanos, quienes a pesar de violentas protestas, no han visto cambios en su gobierno. Y Chile y México, con puntajes de 67 y 28, han experimentado una caída de cinco y seis puntos desde 2012, respectivamente luego de sendos escándalos de corrupción que involucraron líderes políticos y sectores tradicionalmente considerados libres de corrupción, como la fuerza policial chilena.

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Con una puntuación de 71, Estados Unidos descendió cuatro puntos desde la pasada medición, lo que lo sitúa por debajo de los 20 países con mayor transparencia en el índice por primera vez desde 2011. Segú TI “esta baja puntuación coincide con un momento en que EE.UU. experimenta amenazas a su sistema público de frenos y contrapesos así como una erosión de las normas éticas en los niveles más altos de poder”. A su turno, TI comentó que Brasil bajó dos puntos desde la medición de 2017 hasta la casilla 35, su puntaje más bajo en siete años. “Junto a las promesas de acabar con la corrupción, el nuevo presidente del país dejó en claro que gobernará con mano fuerte, amenazando muchos de los hitos democráticos alcanzados hasta la fecha”, sentenció la organización de transparencia.

¿Y Colombia? Con un puntaje de 36, Colombia ocupó el puesto 99 de 180 en la clasificación general y la casilla 19 de 32 en la tabla de la región de las Américas. A pesar de que como ya se mencionó los resultados panorámicos no son buenos, este puntaje nos sitúa por encima de Brasil (35 puntos, puesto 105 en la tabla general y 20 en las Américas), Perú (35 puntos, puesto 105 en la tabla general y 22 en las Américas), Ecuador (34 puntos, puesto 114 en la tabla general y 23 en las Américas) y México (28 puntos, puesto 138 en la tabla general y 28 en las Américas).

Con un puntaje de 36, Colombia ocupó el puesto 99 de 180 en la clasificación general y la casilla 19 de 32 en la tabla de la región de las Américas.

Los casos más importantes por violación a la Fcpa de 2018

Internacional

Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa). En la categoría de ‘mega-casos’ hubo tres acciones de cumplimiento: Petrobras que desembolsó alrededor de USD 1.780 millones, SocGen que pagó USD 585 millones y Panasonic que entregó USD 280 millones.

Para comparar estas cifras, Infolaft trae un recuento de lo recaudado por el gobierno de Estados Unidos por imposición de sanciones relacionadas con violaciones a la Fcpa en los últimos cinco años: En 2017, 11 compañías pagaron poco más de USD 1.920 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones. • En 2016, 27 empresas pagaron USD 2.480 millones. • En 2015, 11 empresas pagaron USD 133 millones. • En 2014, 10 empresas pagaron USD 1.560 millones. • En 2013, 12 empresas pagaron COP 731 millones. • En 2012, 12 empresas pagaron USD 259 millones. Adicionalmente, cuatro individuos resolvieron cargos civiles por violaciones de la Fcpa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) mientras otros seis se declararon culpables de cargos penales relacionados con estas violaciones y ocho más fueron condenados.

Casos más importantes del año 2018 • Panasonic Corporation y Panasonic Aviation Corporation (30 de abril): estas empresas, con sede en Osaka, Japón, acordaron un pago total de USD 280 millones para resolver diversas infracciones a la ley Fcpa luego de que las autoridades estadounidenses comprobaran pagos indebidos vinculados a la unidad de tecnología para el entretenimiento en vuelos en Medio Oriente y Asia. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) Panasonic ofreció un contrato de consultoría a un funcionario gubernamental de una aerolínea estatal por valor de USD 875 mil para inducir al funcionario a ayudar a la empresa a obtener contratos durante seis años contados a partir de 2007. Tras este pago, la aerolínea estatal adjudicó negocios a Panasonic que le generaron al menos USD 92 millones en ingresos. • Société Générale S.A. (4 de junio): esta empresa, que es una de las más importantes en Europa en la prestación de servicios financieros, pagó USD 585 millones luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusara a una de sus subsidiarias, SGA Société Générale Acceptance N.V., de haber pagado al menos USD 90 millones a funcionarios de régimen sirio durante el gobierno de Muhamad al Gadafi para obtener y mantener negocios y contratos. Febrero 2019 | Infolaft 29

Internacional • Credit Suisse Group AG (5 de julio): la unidad de Hong Kong de esta entidad pagó al DOJ y a la SEC una suma de USD 76.7 millones por haber establecido un plan de contratación que implicó la adjudicación de empleos a amigos y familiares de funcionarios chinos para ganar negocios bancarios. • Sanofi (4 de septiembre): este laboratorio pagó a la SEC una suma de USD 25 millones luego de que autoridades estadounidenses evidenciaran sobornos a funcionarios en todo el Medio Oriente y en Kazajstán para ganar negocios. • Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (27 de septiembre). El DOJ y la SEC impusieron multas por USD 1.780 millones a la compañía estatal petrolera de Brasil por haber entregado sobornos a políticos y partidos políticos en Brasil. Petrobras firmó un acuerdo de no procesamiento con el DOJ que determinó una sanción penal de USD 853.2 millones y una orden administrativa con la SEC que requirió la devolución de USD 933.5 millones a título de devolución de ganancias obtenidas ilícitamente. • Beam Suntory Inc. (2 de julio), el tercer productor mundial de bebidas destiladas detrás de Diageo y Pernod Ricard, pagó a la SEC un total de USD 8.2 millones por haber realizado pagos indebidos en India. Beam pagó la sanción sin admitir o negar las acusaciones.

En 2017, 11 compañías pagaron poco más de USD 1.920 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones

Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac), impuso sanciones financieras contra la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Según informó el Tesoro, “la acción intensifica la presión sobre Maduro y los miembros del régimen y demuestra el compromiso de los EE. UU. para utilizar la presión económica como mecanismo de apoyo a la transición del pueblo venezolano hacia la democracia”.

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Internacional El Secretario del Tesoro, Steven T. Munchin, al anunciar la sanción, señaló que “los Estados Unidos continuarán usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”, para luego añadir que “la designación de hoy contra Pdvsa ayudará a evitar que Maduro desvíe más activos de Venezuela”.

Pdvsa “vehículo para la corrupción”

Asimismo, Munchin advirtió que la única vía para aliviar las sanciones contra la empresa estatal petrolera es a través de la transferencia expedita del poder del régimen actual al presidente interino del país o a un gobierno posterior elegido democráticamente. En efecto, explicó el Tesoro que “los Estados Unidos considerará levantar las sanciones cuando los sancionados tomen acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela, incluida Pdvsa”.

“Por ejemplo, existió un plan en Pdvsa de cambio de moneda en 2014 que fue diseñado para malversar y lavar alrededor de USD 600 millones de dólares obtenidos mediante soborno y fraude. Para mayo de 2015, la conspiración se habría duplicado en cantidad a USD 1.200 millones lavados y malversados”.

Como resultado de esta acción todos los bienes e intereses de propiedad de Pdvsa, bajo la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, por lo que se recordó a las U.S: Person que tienen una prohibición general de realizar transacciones con ellos.

“La compañía petrolera estatal de Venezuela ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción”, señaló el departamento del Tesoro, antes de explicar que se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de la petrolera para el beneficio personal de funcionarios y empresarios corruptos venezolanos.

Este caso fue confirmado por Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que fue director ejecutivo de planificación financiera de Pdvsa, que se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema internacional de blanqueo de más de mil millones de dólares. En otro caso, los fiscales de los Estados Unidos han alegado que, entre 2011 y 2013, altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y de Pdvsa, entre ellos un ex viceministro de energía, un jefe de seguridad de la petrolera y un exfuncionario de una empresa eléctrica estatal, obtuvieron sobornos de proveedores a cambio de ayudarlos a obtener contratos con Pdvsa.

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