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Esperanza Toloza Área comercial Tel. 3175563 etoloza@lozano-consultores.com FOROS Infolaft Tel. 3175563 — Ext. 116 infolaft@lozano-consultores.com Esta publicación presenta a sus lectores información pertinente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ningún caso constituye un documento legal o responsabiliza legalmente a sus autores. Las opiniones, recomendaciones y documentos técnicos publicados en este medio no responsabilizan por ningún motivo al equipo de Infolaft. Para una asesoría profesional en este tema se debe contactar a Lozano Consultores. Recomendamos que siempre se acuda a la fuente primaria de la información. Los logos de las entidades que son reproducidos en la publicación se incluyen únicamente para efectos informativos. La utilización de los mismos no implica ningún tipo de participación de las mismas en los artículos ni en la publicación. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita de su titular. Derechos reservados. Impresión Carvajal Soluciones de Comunicación Edición Nº 107 Febrero de 2018 Foto de portada: Freepik Edición portada: Paula Daniela Cartagena Rodríguez
CONTENIDO
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Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes
Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos.
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
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A mediados de febrero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), intervino una serie de establecimientos comerciales irregulares en el edificio Epicentro, ubicado en la calle 122 abajo de la carrera 15 frente al Centro Comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá.
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Las multas más altas emitidas por la Superfinanciera por fallas en el Sarlaft Entre 2011 y lo que va corrido de 2018 la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto multas por concepto del Sarlaft que sumadas superan los 1300 millones de pesos.
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Directores de departamentos administrativos no están dentro de Decreto PEP Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) en un oficio enviado a Infolaft.
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Menos del 10 % de noticias criminales de lavado de activos generan condenas
La Fiscalía General recibió más de 5100 noticias criminales por lavado de activos en los últimos 10 años. En ese mismo período el 4,8% de las noticias criminales recibidas terminó en condenas y el 3,7 % en juicios por el mismo delito.
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Las señales de alerta en el caso de los supermercados de las Farc
El pasado 19 de febrero La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Aquí un inventario de las señales de alerta que se pueden extraer y que bien pueden fortalecer los Sarlaft de toda clase de entidades. Nick Youngson - http-//www.nyphotographic.com/.jpg
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Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo ofrezcan servicios de banca corresponsal.
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Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París Del 18 al 23 de febrero se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en la capital francesa, la cual consistió en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunieron para discutir asuntos importantes relacionados con la prevención del LA/FT.
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PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año
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La firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico. Como resultado principal, se destaca que el 49% de organizaciones que participaron en el estudio afirma- ron haber sido víctimas de fraude o de algún otro tipo de delito financiero, frente a un 36% que afirmó lo mismo en el año 2016.
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Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2017 Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según informó la organización en un comunicado, “este año el índice hace énfasis en los países que han hecho muy poco o ningún progreso en frenar la corrupción” y que, por ende “son muy peligrosos para periodistas y activistas quienes arriesgan sus vidas cada día en un esfuerzo para denunciar”.
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Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de tarjetas pre- pagas de Apple adquiridas con Bitcoin ilícitos, hasta la reventa de artículos de lujo. Pues bien, esta semana fue conocida otra curiosa tipología de lavado que utiliza la venta de libros a través del portal de ventas por Internet Amazon para blanquear capitales.
ANÁLISIS
Edición 107
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Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos.
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urante el Congreso de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, propuso llegar a un “consenso” nacional para quitarle los tres ceros al peso y así ejercer presión sobre los grupos criminales que tienen su dinero en ‘caletas’. Esta propuesta, que busca obligar a los delincuentes a llevar su dinero a los bancos y así perseguirlos, es una buena idea y seguramente va a cambiar conductas criminales, pero no es suficiente.
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La efectividad de esta medida puede ser relativa por varias razones. En primer lugar, la noticia tuvo gran difusión y los grupos criminales ya están advertidos. Seguramente en estos momentos están pensando en estrategias para lavar el dinero antes de que sea obsoleto. Se perdió el factor sorpresa. En segundo término, es una medida demorada de implementar, toda vez que un ajuste así debe ser tramitado a través de una ley cuya aprobación toma tiempo en el Congreso.
Edición 107
Además, es necesario que se haga una transición para cambiar los billetes y así evitar afectar a los ciudadanos, con lo cual el dinero de los delincuentes no perdería de inmediato su poder económico. En tercer lugar, los delincuentes tienen muchas maneras de burlar la medida. Por ejemplo y como lo han hecho en muchos casos de lavado de activos en Colombia, pueden cambiar los billetes impunemente por medio de empresas fachada, de testaferros, suplantando personas, falsificando documentos o por medio de ‘pitufos’, personas que se prestan para moverles pequeñas cantidades de dinero a los ilegales. Por otra parte, las denominadas ‘caletas’ parecen ser cosa del pasado. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), que dan cuenta de los dineros incautados a los grupos insurgentes y estructuras de crimen organizado, en los 2014 y 2015 apenas se incautaron 1833 millones de pesos en ‘caletas’ de las Farc, y 14 993 millones de las bandas criminales (Bacrim). Si tenemos en cuenta que, según estimaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), el lavado de activos en Colombia supera los 18 billones de pesos al año, el monto incautado de las ‘caletas’ equivale al 0,000000093 % del total de plata lavada. Si se trata de poner sobre la mesa propuestas para perseguir el lavado de activos, a continuación se exponen algunas iniciativas que, de materializarse, tendrían un gran impacto.
ANÁLISIS
Registro único de propiedades
Es necesario que Colombia reconozca la necesidad de tener un registro completo de propiedades que centralice la información de todos los registros públicos de bienes (acciones y otro tipo de participaciones societarias, aeronaves, inmuebles y cuentas bancarias, entre otros) en uno solo, para así incrementar la transparencia de cara a la ciudadanía y facilitar la administración transparente de dichos bienes. Además, este registro es una vía expedita para cumplir con estándares y convenios internacionales suscritos por Colombia en los que se exige establecer mecanismos para el conocimiento real y efectivo de los beneficiarios finales de transacciones con sujetos obligados a prevenir el LA/FT. Incluso dentro de ese registro podría informarse si los bienes están incursos en algún proceso de extinción del derecho de dominio, algo que, sin duda, sería de gran utilidad para los ciudadanos de bien que en la actualidad cuentan con pocas herramientas para evitar relacionarse con delincuentes.
Entre 2014 y 2015 apenas se incautaron 16 800 millones de pesos de ‘caletas’ de Farc y Bacrim, pero el cambio de billetes cuesta más de 400 000 millones.
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ANÁLISIS
Edición 107
Sistema centralizado de información para autoridades
En el año 2012 la Uiaf y la Contraloría General tuvieron una fuerte disputa jurídica debido a que la primera negó el acceso a una información relacionada con el grupo Nule. El caso, incluso, llegó a los estrados judiciales y fue resuelto por el Consejo de Estado a favor del ente de control. Este tipo de situaciones se pueden prevenir si las entidades del Estado facultadas para prevenir, combatir y judicializar el lavado de activos cuentan con un sistema centralizado que les permita consultar en tiempo real la información sobre casos y personas, evitando los engorrosos oficios y requerimientos cuyas respuestas tardan semanas. Además, esto no es opcional. De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) exige dentro de sus estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos que las autoridades de los países “(…) cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno”.
Estatuto contra finanzas ilícitas
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Como parte de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la desaparecida guerrilla de las Farc se previó la elaboración de un nuevo Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas que aún no ha sido expedido. El objetivo de esta norma es armonizar y fortalecer el marco legal contra este fenómeno, y para promover la persecución
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de los eslabones más fuertes de la cadena de valor del narcotráfico, como son las redes de comercialización a gran escala y de lavado de activos. Según lo acordado, el Estatuto contendrá las funciones específicas de las diferentes autoridades para el funcionamiento de los esquemas de prevención del lavado de activos y la manera en que dichas autoridades se coordinarán entre sí. También debe definir cuáles son los sujetos que se encuentran obligados a prevenir el lavado, establecerá el régimen sancionatorio aplicable a los particulares y creará un régimen aplicable a los bienes.
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‘Lista Clinton’ colombiana Crear un listado de sanción financiera similar a la denominada ‘lista Clinton’ –administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés)– para congelar los activos vinculados a redes criminales y bloquear las transacciones con individuos sospechosos de lucrarse se recursos ilegales, parece una manera más eficaz para que el Estado golpee de forma efectiva las estructuras financieras del crimen organizado sin afectar a terceros. De esta manera, sería deseable que la ‘lista Clinton’ colombiana incorpore individuos, organizaciones, empresas, naves, aeronaves, inmuebles y otros bienes relacionados con la delincuencia organizada con el fin de alejarlos del mercado lícito y de aislarlos económicamente, toda
ANÁLISIS
vez que esta herramienta ha demostrado ser muy efectiva en la desarticulación de bandas delincuenciales sofisticadas. Adicionalmente, este esquema ha resultado robusto y efectivo en otras jurisdicciones porque, al materializar las sanciones de forma inmediata, no da tiempo a los delincuentes para desviar los recursos hacia testaferros o hacia el exterior. Algo que si ocurriría con los billetes.
Registro único de beneficiarios finales Esta es una de las mejores prácticas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para perseguir el delito, pero en Colombia no ha sido posible sacarla adelante. El último que lo intentó infructuosamente fue el fallecido Juan Mario Laserna en el año 2012, momento en el que se desempeñaba como Senador de la República adscrito a la comisión económica del legislativo. Un registro de beneficiarios finales, que sería obligatorio para las empresas, permitiría a las autoridades no solo establecer con facilidad qué personas están detrás de las operaciones, sino cuáles son las empresas que se niegan a entregar los datos y por esa vía identificar aquellas que estarían incursas en actividades delictivas. Además, sería una poderosa herramienta para fortalecer los controles de prevención del lavado de activos que deben implementar los bancos, empresas y demás sujetos obligados.
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SECTOR FINANCIERO Edición 107
Las multas más altas emitidas por la Superfinanciera por fallas en el Sarlaft Entre 2011 y lo que va corrido de 2018 la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto multas por concepto del Sarlaft que sumadas superan los 1300 millones de pesos.
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a mayoría de sanciones se han dado contra entidades financieras y representantes legales que han incumplido el deber de tener oficiales de cumplimiento suplentes debidamente posesionados. Otro factor común en las multas son las fallas en la segmentación de factores de riesgo.
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Edición 107 SECTOR FINANCIERO
1. Multa por 420 millones de pesos
Hasta el momento, esta es la multa más alta emitida en Colombia contra una entidad vigilada. La sanción quedó en firme el 11 de enero de 2018 y se dirigió contra un banco por varias fallas en su Sarlaft. La Superintendencia Financiera encontró que el equipo de cumplimiento no cumplía con los perfiles estipulados por el propio banco, se omitieron variables mínimas en la segmentación de factores de riesgo, y hubo desconexión entre las herramientas tecnológicas que detectaban operaciones inusuales y la que definía perfiles de riesgo de los clientes. Además, el supervisor detectó inconsistencias en las señales de alerta y en los mecanismos de conocimiento del cliente, y la junta tampoco se pronunciaba sobre todos los puntos de los informes del oficial de cumplimiento.
2. Multa por 350 millones de pesos
La multa quedó en firme el 16 de diciembre de 2011 y afectó a una fiduciaria. El supervisor encontró numerosas inconsistencias en la metodología de segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Al igual que en el caso anterior, la entidad financiera desconoció las variables mínimas de segmentación. Además, la fiduciaria no pudo garantizar la calidad de la información contenida en sus bases de datos y eso evidenció problemas en el proceso de conocimiento del cliente.
3. Multa por 106 millones de pesos
Esta es la multa más alta emitida en contra de un oficial de cumplimiento en Colombia y quedó en firme el 28 de marzo de 2017. Afectó al oficial de cumplimiento de la entidad fiduciaria sancionada en 2011. En este caso, la Superintendencia Financiera encontró omisiones en su deber de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas del Sarlaft, y por omitir su deber de promover la adopción de correctivos al Sarlaft.
4. Multa por 100 millones de pesos
La multa por 100 millones de pesos quedó en firme el 9 de mayo de 2017 y afectó a un banco por incumplir con la obligación de tener un oficial de cumplimiento suplente debidamente posesionado ante la Superintendencia Financiera.
5. Multa por 100 millones de pesos
El 19 de abril de 2017 el representante legal de una compañía de financiamiento recibió una multa por valor de 100 millones de pesos por no garantizar que los registros de la entidad cumplieran con los criterios de integridad, disponibilidad y efectividad para lograr el adecuado funcionamiento del Sarlaft de la entidad.
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6. Multa por 75 millones de pesos
El 15 de agosto de 2017 el representante legal de otra compañía de financiamiento fue sancionado por la Superintendencia Financiera luego de evidenciar que incumplió con su deber de someter a aprobación de la junta directiva el manual de procedimientos del Sarlaft. El directivo tampoco garantizó que los registros utilizados en el sistema cumplieran con los criterios de integridad, disponibilidad y efectividad.
7. Multa por 70 millones de pesos
El 24 de julio de 2017 la Superintendencia Financiera sancionó a una fiduciaria por omitir el deber de tener un oficial de cumplimiento debidamente posesionado ante la Superintendencia Financiera.
8. Multa por 45 millones de pesos
El 13 de enero de 2016 quedó en firme la multa por 45 millones de pesos en contra del representante legal de una comisionista de bolsa por omisiones en sus deberes de someter a aprobación de la junta directiva el manual Sarlaft, de garantizar que las bases de datos cumplieran con los criterios y requisitos mínimos de calidad, de mantener en funcionamiento el Sarlaft y de garantizar que los registros utilizados en el sistema cumplieran con los criterios de integridad, disponibilidad y efectividad.
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9. Multa por 40 millones de pesos
El 7 de diciembre de 2017 quedó en firme la multa por 40 millones de pesos en contra de una cooperativa que tuvo fallas en su proceso de conocimiento del cliente e inconsistencias en el poblamiento e información de sus bases de datos. La Superintendencia Financiera también encontró incumplimientos de la junta directiva y problemas con las herramientas tecnológicas usadas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
10. Multa por 20 millones de pesos
El 24 de octubre de 2017 quedó en firme una resolución por medio de la cual se impuso una sanción por 20 millones en contra de una empresa corredora de seguros que no tenía oficial de cumplimiento debidamente posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las sanciones se han dado, en su mayoría, por fallas en la segmentación de factores de riesgo y por incumplir el requisito de nombrar oficiales de cumplimiento suplentes.
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NORMAS
Directores de departamentos administrativos no están dentro de Decreto PEP Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) en un oficio enviado a Infolaft.
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l Decreto 1674 de 2016, el cual define una serie de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas expuestas políticamente (PEP), señala que tal categoría la tendrán los secretarios generales, tesoreros y directores financieros de los departamentos administrativos. No obstante, la norma no hace referencia directa a los directores de los departamentos administrativos, quienes son los superiores de los secretarios generales, tesoreros y directores financieros. Ante esa situación Infolaft consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) acerca de si se pueden considerar a los directores de departamentos administrativos como PEP a la luz del decreto.
La respuesta, contenida en un oficio, aclara que dentro del decreto “(…) solamente se relaciona al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. El Dafp agrega que “el decreto establece de manera taxativa las personas expuestas políticamente, para quienes desempeñan uno de los cargos indicados y dentro de los mismos, no está incluido el director de departamento administrativo diferente al de la Presidencia de la República”. Por tal motivo, el Decreto no es aplicable para esos cargos. Así las cosas, no pueden ser considerados como PEP los directores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), ni del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entre otros. Llama la atención que el Decreto no aplique a estos altos directivos, pero sí a varios de sus subalternos.
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JUSTICIA
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Menos del 10 % de noticias criminales de lavado de activos generan condenas La Fiscalía General recibió más de 5100 noticias criminales por lavado de activos en los últimos 10 años. En ese mismo período el 4,8 % de las noticias criminales recibidas terminó en condenas y el 3,7 % en juicios por el mismo delito.
E activos.
Entre enero de 2008 y diciembre de 2017 la Fiscalía General de la Nación recibió un total de 5117 noticias criminales por lavado de
Es decir, 5117 informes o reportes sobre la posible comisión de este delito en toda Colombia provenientes de diversas fuentes.
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Así lo revelan estadísticas de la propia Fiscalía General publicadas en el módulo de servicio al ciudadano de su portal web. El 2010 fue el año en el que más noticias criminales se recibieron, con un total de 1100. Mientras que en 2011 se recibieron 331 (ver tabla).
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Total de noticias criminales recibidas por lavado de activos 1100
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387
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De acuerdo con los datos consultados por Infolaft, el 85 % de las noticias criminales están o quedaron en etapa de indagación. Así mismo, en el mismo período el 4,8 % de las noticias criminales produjeron condenas y el 3,7 % llevó a juicios por el ilícito de lavado de activos (ver tabla).
Trámite de noticias criminales por lavado de activos
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JUSTICIA
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Llama la atención que el 2017 fue el año con menor cantidad de condenas en relación con noticias criminales recibidas (se emitieron 2 condenas y se hicieron 12 juicios, de un total de 485 noticias criminales). Estas cifras contrastan con otros delitos. Por ejemplo, si se hace la misma comparación con el concierto para delinquir se encuentra que entre enero de 2008 y diciembre de 2017 la Fiscalía recibió 33 849 noticias criminales. De ese total y en el mismo periodo, el 32 % de las noticias criminales produjeron condenas y el 17,5 % generó juicios. Mientras que en el delito de narcotráfico se denota que en esos 10 años se recibieron 776 233 noticias criminales por este delito. En el mismo periodo, el 18 % de las noticias produjeron condenas y el 8,3 % generaron juicios.
Apenas el 3,7 % del total de noticias criminales por lavado de activos llegan a juicio.
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TIPOLOGÍAS
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Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá A mediados de febrero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), intervino una serie de establecimientos comerciales irregulares en el edificio Epicentro, ubicado en la calle 122 debajo de la carrera 15 frente al Centro Comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá.
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n una rueda de prensa, la Directora de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González, señaló que en el marco de la estrategia global de la entidad contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal, fueron registradas con fines de control a profesionales de cambio ilegales un
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total de 27 oficinas en este reconocido sector comercial del norte de Bogotá en las quefueron encontrados COP 1390 millones cuyo origen no pudo ser justificado y que estaban representados en dólares, euros, bolívares y pesos colombianos.
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TIPOLOGÍAS
La tipología
La funcionaria comentó que al inicio de la investigación fueron identificados algunos locales comerciales que o bien no tenían razón social o que se identificaban como negocios lícitos de cambio de divisas, de coaching para la innovación o de oficinas de inversiones pero que en el día a día no funcionaban como tales porque no prestaban atención al público, no tenían horario de servicio, no contaban con mobiliario de oficina y generalmente permanecían cerradas. El Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Brigadier General Juan Carlos Buitrago, quien también participó en la presentación de este operativo, comentó que al ingresar a los establecimientos se descubrió con ayuda de perros detectores de divisas al menos siete cuartos traseros o ‘guaridas’ en los que había cajas fuertes, cajillas de seguridad con doble fondo y contadores de billetes. Aunque ninguna de las autoridades confirmó a quién beneficiaba este esquema de lavado de activos, si informaron que es probable que el dinero tenga su origen en actividades de narcotráfico y que haya ingresado al país adherido o ingerido por correos humanos procedentes de México y España. Esto concuerda con la más reciente estadística de la policía nacional en la que informó que esta modalidad de transporte ilícito de dinero ha aumentado durante este mes de febrero.
Al interior de los establecimientos comerciales, que no estaban abiertos al público, se encontraron cajas fuertes y millonarias sumas de dinero.
Como recomendación a la ciudadanía a la hora de realizar operaciones de compraventa de divisa, la Dian recomendó exigir el ‘Formulario 18de declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero’ que es el que garantiza que la moneda objeto de la transacción es legal.
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NOTICIA
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Extinción de dominio a los supermercados de las Farc La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de la familia Mora Urrea, presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
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egún el ente acusador los bienes ocupados, que se encuentran en 23 municipios de seis departamentos del centro de Colombia, están compuestos por una cadena de supermercados populares que agrupa al menos 60 locales y que estaría avaluada en COP 627 mil millones (USD 220 millones aproximados) así como por cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos.
Los supermercados de las Farc
Gracias a los testimonios de excombatientes de las Farc, la fiscalía logró detectar una red de testaferros de dicha organización que nació en la antigua zona de distensión del Caguán y cuyas cabezas eran los propietarios de las cadenas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa cuyas tiendas se encuentran en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).
NOTICIA
Tal como lo señalan los testimonios, estos mercados no sólo se caracterizaban por ofrecer productos a precios muy por debajo de su valor comercial, sino que crecieron de forma inexplicable entre 2006 y 2016. Los supermercados, al parecer, fueron arrebatados a su legítimo dueño (un empresario de Cundinamarca) por los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, que tenían una relación directa con las Farc mientras el gobierno de Andrés Pastrana adelantaba sus diálogos de paz. Así, mientras que Norberto y Luis Mora Urrea frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55 de la insurgencia, Luis Alirio Mora Urrea habría estado encargado de identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país.
Las evidencias dieron muestra que la cadena de tiendas sirvió como red de abastecimiento para la guerrilla al tiempo que tenía la utilidad de ser una fachada para el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
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NOTICIA
Edición 107
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Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados en Cundinamarca La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), publicó un comunicado en el que ataca al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por publicar “una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario” del grupo insurgente.
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De manera irresponsable la entidad a su cargo [la Fiscalía] ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las Farc-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios” dice el comunicado firmado por el Consejo Político Nacional del partido, para luego afirmar que “Mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político legal nacido de los acuerdos de La Habana”.
Este es el texto completo del comunicado
“Una vez más el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Salcedo, le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno nacional el 15 de agosto de 2017, en atención estricta a los términos establecidos en el Decreto-Ley 903 del mismo año. “Con dicha falsa noticia, el Fiscal General reafirma su ya reconocida trayectoria de entorpecimiento a la implementación del Acuerdo Final, tal y como se manifestó en su oposición a la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Especial de los crímenes del paramilitarismo, y en su trabajo sistemático de alteración del sentido y los contenidos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz durante su trámite en el Congreso de la República. Por cuenta de su actuación, se dio una bofetada a las víctimas del conflicto, al excluir de la JEP a los altos mandos militares y a los llamados civiles terceros y los funcionarios civiles del Estado. “A las declaraciones del año pasado sobre fabulosas cifras de bienes no declarados, desde hace unos días, en una clara maniobra mediática dirigida a crear un clima de expectativa, se le sumó el anuncio de que el país se estremecería con un nuevo listado de bienes no incluidos por las FARC-EP en su inventario. De manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios.
NOTICIA
“Mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político legal nacido de los acuerdos de La Habana. “Todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las FARCEP tendrán que demostrarse. No puede hacer carrera el juzgamiento y la condena a través de los medios de comunicación, por cuenta de un sistema de justicia que evidencia la existencia de un cartel de testigos, como ha quedado demostrado una vez más en providencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que compromete a un senador de la República. “Al señor Fiscal General se le debe recordar que existe regulación constitucional expresa sobre los bienes que hicieron parte de la “economía de guerra” de las FARCEP. Conforme al artículo transitorio 5º del Acto Legislativo No. 1 de 2017, corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal, cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario (subrayado nuestro). Reiteramos, lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático. “Toda Colombia y la comunidad internacional son testigos de nuestro irrestricto cumplimiento de lo acordado. Ha sido el Estado colombiano quién de manera reiterada ha faltado a sus compromisos, tanto por la alteración del contenido de los acuerdos, como por su falta de voluntad en la implementación de los mismos. “Correrá el tiempo y se verá quién miente al país. La verdad nos hace fuertes. “Consejo Político Nacional “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. FARC “Febrero 21 de 2018”
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Las señales de alerta en el caso de ‘los supermercados de las Farc’ El pasado 19 de febrero La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Aquí un inventario de las señales de alerta que se pueden extraer y que bien pueden fortalecer los Sarlaft de toda clase de entidades.
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egún el ente acusador, los bienes ocupados se encuentran en 23 municipios de seis departamentos del centro de Colombia y están compuestos, entre otros, por tres cadenas de supermercados populares que agrupan 60 locales y que estarían avaluadas en COP 627 mil millones (USD 220 millones aproximados): Supercundi, Merkandrea y Mercafusa.
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Esta acción de la fiscalía generó un ambiente de zozobra frente a la estructura de propiedad de los supermercados, lo que llevó a que los pobladores de los municipios de Cundinamarca, Tolima, y Quindío, protagonizaran saqueos aduciendo que “las tiendas ya no eran de nadie”. Pero más allá de la confusión y afectaciones que le causó este hecho a la ciudadanía, ahora se hace necesario distanciarse del calor de la discusión y extraer la mayor cantidad de lecciones aprendidas, ya no para solucionar de forma directa el caso de los Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, sino para evitar que situaciones similares se presenten en el futuro cercano.
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Como aporte a este objetivo, Infolaft se puso a la tarea de recoger las señales de alerta más importantes derivadas de este caso con el fin de que las empresas obligadas a prevenir lavado de activos y la financiación del terrorismo las incluyan en sus sistemas de prevención, sobre todo cuando dentro de sus contrapartes aparezcan sujetos con un perfil similar al de las sociedades intervenidas anteriormente mencionadas.
Recordemos la teoría
Según el Sarlaft de la Superintendencia Financiera de Colombia, las señales de alerta “son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad, en el desarrollo del Sarlaft, ha determinado como normal”. Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) definió el concepto en su Circular 170 de 2002 como “cualquier tipo de información, conducta o actividad que debe llamar la atención, pues puede ser un indicio que permite detectar la realización de una operación inusual o sospechosa de estar vinculada a operaciones de lavado de activos” De esta manera, una señal de alerta es todo hecho o circunstancia genérica que, al ser analizado y comparado respecto al giro ordinario de los negocios, se sale de los comportamientos particulares de los clientes o generales del mercado, por lo que debe ser considerado como un caso atípico que podría estar envuelto en lavado de activos o financiación del terrorismo. Estas señales de alerta, además de que deben considerar cada uno de los factores de riesgo así como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado, son la primera etapa para que una empresa obligada pueda detectar un hecho o situación que a criterio de las políticas de prevención de lavado requiera un estudio cuidadoso por tener la potencialidad de exponer a la entidad a un riesgo de LA/FT.
ANÁLISIS
De esta manera, lo que hace una señal de alerta es facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo, aunque no necesariamente toda señal de alerta es un positivo para blanqueo.
Tres señales de alerta vinculadas a ‘los supermercados de las Farc’
Aun cuando los detalles del caso no han sido revelados totalmente, la información que ha sido publicada por la Fiscalía, otras autoridades y algunos medios de comunicación, ya es suficiente para derivar un catálogo de señales de alerta que las empresas nacionales puedan aplicar a sus procedimientos de prevención de lavado, sobre todo cuando entre sus clientes o contrapartes se encuentren sociedades medianas y grandes, ubicadas en zonas riesgosas, que presten servicios y ofrezcan productos por fuera de los parámetros del mercado y que no se caractericen por la transparencia en su información corporativa y sobre sus asociados.
Empresa dedicada a ofrecer o adquirir productos a un precio muy inferior al comercial
Tal como lo ha informado la Fiscalía en diferentes comunicaciones, las evidencias dieron muestra de que las cadenas de tiendas fungieron no sólo como una eficaz red de abastecimiento para la guerrilla, sino que tuvieron la utilidad de ser una fachada para el lavado de activos proveniente de sus actividades ilícitas. Este esquema estaba sustentado en ofrecer productos con descuentos de más del 80%; es decir, muy por debajo del valor comercial, hecho condujo a que Supercundi, Merkandrea y Mercafusa alcanzaran gran popularidad en las poblaciones donde se asentaron, lo que fue presentado por la defensa como una razón lógica y coherente para el crecimiento anual del 40% en las ventas.
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ANÁLISIS
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No obstante este sistema de fijación arbitrario de precios no es financieramente sostenible y por ende debió ser visto como una alerta de que había alguna irregularidad subyacente.
Crecimiento desmesurado e injustificado tanto del negocio como de sus asociados
En la acción de ocupación en que la que fueron intervenidas las cadenas de tiendas, la Fiscalía General de la Nación también impuso medidas cautelares sobre cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos que también estaban al servicio de los hermanos Mora Urrea. Sin embargo, ni el proceso de crecimiento corporativo de los mercados, ni el camino de acumulación de esta fortuna individual tenía una justificación lícita.
En efecto, se sabe que la familia Mora Urrea tiene su origen en Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, en una zona que en la década de los 90 tenía una fuerte influencia del frente 53 de la desaparecida guerrilla de las Farc. Allí, la cabeza de la familia Mora Urrea, la señora María Ana Bertilda Urrea tenía una tienda humilde que no tenía una proyección de crecimiento representativa. Sin embargo, con el pasar de los meses, los negocios de los Mora Urrea crecieron exponencialmente hasta convertirse en varias cadenas de almacenes de suministro de productos al detal consolidadas y financieramente robustas. Por ejemplo, se conoció que Supercundi tuvo un llamativo salto en las ventas entre 2014 y 2016 de aproximadamente COP 70 mil millones (al pasar de COP 182 mil millones a COP 259 mil millones), lo que ubicó a la sociedad entre las 600 más grandes del país en relación con ese rubro.
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ANÁLISIS
Así las cosas, la bandera roja se debe levantar cuando se realice un análisis comparativo entre los ingresos de ventas de la empresa y el promedio de este indicador en la industria específica y no exista una correlación clara entre el crecimiento corporativo de la sociedad y la actividad que desarrolla.
Falta de claridad en el esquema societario
Según informó en un artículo cercano a la fecha de ocupación de las tiendas, el periódico El Tiempo ha identificado 12 sociedades vinculadas al Clan Mora Urrea: “Uriel Mora Urrea creó un nuevo supermercado: Merkandrea. Y la familia también está vinculada a Inversiones Marlú S. A., Distribuciones e Inversiones del Sur S. A. S., Inversiones y Representaciones La Estrella de Fusa, Grupo Astone Ltda., Figurados y Mallas Cundinamarca, Transportes Cundinamarca, Smart Card Solution, Inversiones Mora Dusán, Todo Plásticos Bogotá y Fábrica y Comercializadora de Alimentos Colombianos”. Es claro que ser dueño de un entramado societario no es ilícito, pero respecto a un grupo de empresas sí es irregular que no se justifique el origen de los recursos, que se señale que los supermercados fueron consolidados con dinero de la guerrilla procedente de actividades de secuestro extorsivo, y que se sospeche que las sociedades estaban constituidas para facilitar movimiento de efectivo de la guerrilla.
Los supermercados tuvieron crecimientos presuntamente injustificados en sus ingresos, y también ofrecían productos por precios mucho menores a los habituales.
En esta señal de alerta, así como en la referente a la venta de productos a un precio comercial considerablemente inferior, también concurre otra señal de alerta que, aunque más difícil de estructurar y comprobar, es necesario tener en cuenta pues suele ser diciente respecto a la claridad de un negocio: celebrar operaciones, negocios o contratos sin dejar constancia documental de las mismas.
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NOTICIA
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Farc fue señalada de lavar a través de Cuba, Nicaragua y El Salvador El Diario Las Américas de Miami , publicó una nota titulada “Señalan a Cuba de puente para lavado de dinero de las Farc” en la que se consignan las declaraciones del investigador de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Douglas Farah, que señalan que “existen serios indicios sobre un millonario movimiento para lavar dinero de la hoy agrupación política colombiana a través de Cuba como primera escala en un intrincado esquema de corrupción”.
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as declaraciones de Farah fueron emitidas en el foro “Amenazas para Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia (IID) el pasado 15 de febrero en Washington. Según dijo el investigador “tenemos algunas investigaciones que nos indican que ese dinero sale o ha salido de Colombia hacia Cuba, y de ahí a El Salvador y Nicaragua, y de ahí a empresas fantasmas en Panamá”. El Diario Las Américas comentó que esta no es la primera vez que Douglas Farah lanza una alerta sobre presuntos lavados de activos de las Farc, pues durante el segundo semestre de 2017 ya había anunciado ante el Senado de Estados Unidos que “que la principal estructura de lavado de dinero de las Farc es Pdvsa, a través de una “red paralela” que involucra a la compañía petrolera venezolana y a sus aliadas Albanisa, creada en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, que controla el Gobierno de Daniel Ortega, y Alba Petróleos con capital del mismo origen en El Salvador”.
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Farah comentó que tiene importantes indicios que, a través de este esquema que calificó de “tenebroso”, la agrupación política que surgió de la desmovilización de la guerrilla de las Farc ha lavado activos mediante exportaciones de petróleo ficticias o infladas en su precio bajo la protección de Nicaragua y El Salvador y con la coordinación funcionarios del gobierno de Venezuela. “Ahora las Farc tienen dinero que aparenta ser limpio y ahí estamos hablando de unos cuantos miles de millones de dólares. Es obvio que están sacando todo ese dinero para utilizarlo en su nueva vida política, con un ala militar muy fuerte en el que se encuentran los disidentes que no están directamente desvinculados del secretariado de ese grupo”, aseguró Douglas Farah en su intervención en el foro.
De acuerdo con el informe, las Farc lavaron dinero mediante exportaciones ficticias de petróleo.
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Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo ofrezcan servicios de banca corresponsal.
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como una mejor práctica por cualquier entidad bancaria con presencia multinacional), tiene un capítulo dedicado completamente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y otro enfocado en la lucha anticorrupción.
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El Grupo Wolfsberg es una asociación de 13 bancos con presencia global que busca desarrollar marcos de referencia y guías para la efectiva gestión del riesgo de ocurrencia de delitos financieros, en especial los relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y conocimiento del cliente. Son parte de la organización son Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank y UBS.
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largo plazo, el Grupo Wolfsberg espera que la adopción de este cuestionario estandarizado genere que el proceso de due diligence sea más eficiente y menos costoso para las entidades en la medida que define de forma clara y certera qué información solicitar de acuerdo a los principios del Grupo y del Gafi. Según el Grupo Wolfsberg “esto debería, al final, apoyar los objetivos del G20 y otras organizaciones supranacionales hacia un estándar regulatorio bien supervisado y más armonizado en el espacio de la corresponsalía bancaria, con efectos positivos a largo plazo sobre la reducción de riesgos, el acceso a la financiación, el desarrollo del comercio e inclusión financiera”.
El grupo Wolfsberg es una organización internacional que reúne a los bancos más grandes del mundo.
El formulario propuesto por Wolfsberg para estandarizar y facilitar el proceso de debida diligencia cuando entidades parte del Grupo se ofrezcan servicios financieros en correspnsalía (que también puede ser utilizado
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Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París Del 18 al 23 de febrero se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en la capital francesa, la cual consistió en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunieron para discutir asuntos importantes relacionados con la lucha internacional contra el LA/FT. 32— Infolaft Febrero 2018
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En febrero de 2016, luego de los ataques terroristas en París, el Gafi adoptó una estrategia consolidada para combatir el financiamiento del terrorismo así como un plan operativo para enfocar su trabajo en las áreas clave de identificación de nuevas amenazas de canalización de recursos al crimen organizado, el fortalecimiento de sus recomendaciones y la evaluación de las mismas para verificar que los países miembro han implementado medidas sólidas y efectivas para detectar, prevenir y sancionar casos de abuso del sistema financiero en apoyo de terrorismo. En desarrollo de esta estrategia, en la plenaria se adoptó un nuevo plan de acción operacional que proporciona una respuesta flexible y dinámica a las amenazas de financiamiento del terrorismo y que estará basado en los resultados existentes. Los temas cuyo enfoque está priorizado en este nuevo plan:
• Mejorar la identificación y comprensión de los riesgos
del financiamiento del terrorismo, tanto a nivel nacional como a nivel más general, con el fin de incrementar la efectividad de los esfuerzos internacionales para abordar el financiamiento del terrorismo.
•
Hacer más eficiente y útil el intercambio de información relevante entre el Gafi y autoridades públicas y entidades privadas.
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T
ras finalizar las sesiones sectorizadas entre el 18 y el 20 de febrero, entre el 12 y el 23 de este mes se abrió una sesión plenaria del organismo, la segunda bajo la presidencia del argentino Santiago Otamendi, en la que se discutieron los siguientes temas:
Financiamiento del terrorismo
Se dejó claro en la plenaria que el Gafi continúa concentrando sus esfuerzos en garantizar que sus estándares proporcionen herramientas fuertes y poderosas para permitir que los países protejan la integridad del sistema financiero nacional y contribuyan así a la seguridad y protección del sistema financiero mundial.
• Garantizar que los esfuerzos para detectar el financiamiento del terrorismo conduzcan a investigaciones, enjuiciamientos y condenas exitosas. •
Asegurar una mejor implementación global de medidas efectivas de financiamiento antiterrorista mediante una coordinación más estrecha con los organismos regionales del Gafi y las medidas que han adoptado. Informe del Gafi dirigido a los ministros de finanzas y directores de bancos centrales de países del G20 Este informe da cuenta del progreso del Gafi sobre las medidas para frenar el financiamiento terrorista de acuerdo con el informe a la Cumbre de Líderes del G20 del pasado mes de julio. Esta socialización busca mejorar la transparencia y la disponibilidad de información tanto sobre beneficiarios reales como en relación con el trabajo sobre corresponsalía bancaria y remesas.
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El informe incluye, además, una actualización sobre el trabajo continuo del Gafi para garantizar un enfoque coherente y consistente para abordar los riesgos y oportunidades ALA/CFT relacionados con tecnología aplicada en el sistema financiero (FinTech), la tecnología aplicada al cumplimiento regulatorio (RegTech), las monedas virtuales, y los flujos financieros asociados con el tráfico humano.
Guía actualizada del Gafi sobre el financiamiento de la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva El Gafi presentó la actualización de su guía sobre la implementación de las disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva. Este documento ayudará a los países a garantizar que se implementen adecuadamente las sanciones financieras a que haya lugar.
Enmienda a la Recomendación 2 sobre cooperación nacional y coordinación
El Gafi aprobó una modificación la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional de las 40 Recomendaciones. En esta se amplía el ámbito de aplicación de la recomendación para incluir el intercambio de información entre las autoridades competentes así como postulados de protección de datos y privacidad.
El informe de evaluación mutua de Islandia
La reunión plenaria del Gafi discutió el informe de evaluación mutua de Islandia, que establece el nivel de efectividad de su sistema ALA/CFT y expone su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones. Sin embargo, el informe aún no se conoce y su publicación será en abril de 2018, después de la revisión de calidad y consistencia, de acuerdo con los procedimientos.
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El informe de seguimiento para las evaluaciones mutuas de España y Noruega
El Plenario discutió el progreso que España y Noruega han implementado desde que fueran conocidos sus informes de evaluación mutua en 2014. Como ambos países han logrado avances significativos desde entonces, el Gafi acordó volver a calificar algunas de las Recomendacionespara cada país con el fin de que la calificación refleje el nivel actual de cumplimiento técnico del país. Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema ALA/CFT En junio de 2016, el Gafi celebró el compromiso político de alto nivel de Irán para abordar sus deficiencias estratégicas en su sistema nacional antilavado y aceptó su decisión de buscar asistencia técnica en la implementación de su plan de acción. De cara a estas acciones, el Gafi suspendió las contramedidas contra esta jurisdicción. Según el Gafi, desde noviembre de 2017 Irán ha establecido un régimen de declaración en efectivo y ha introducido proyectos de enmienda a sus leyes. Sin embargo, el plan de acción de Irán ya ha expirado y la mayoría de los puntos de acción siguen incompletos: no está penalizando adecuadamente el financiamiento del terrorismo, no es posible identificar y congelar activos terroristas de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es posible garantizar un régimen de debida diligencia del cliente, la Unidad de Inteligencia Financiera no es independiente, las instituciones financieras no verifican que las transferencias cablegráficas contengan información completa sobre el originador y el beneficiario, y no hay una legislación y procedimientos adecuados para prever la confiscación de bienes. Dado que Irán tiene un proyecto de ley actualmente en curso, el Gafi decidió en su reunión de esta semana continuar con la suspensión de las contramedidas. Sin embargo, anunció que dependiendo del progreso del país en completar su plan de acción, el organismo tomará medidas adicionales en junio de 2018. El Grupo espera con urgencia que Irán avance rápidamente en el camino
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de la reforma para asegurar que aborde todos los elementos restantes en su plan de acción. Mejora la comprensión de los riesgos de monedas virtuales El Gafi consideró un informe sobre los riesgos de lavado y financiación del terrorismo asociados con las monedas virtuales y las medidas regulatorias que se adoptan en diferentes países. La comprensión mejorada del mal uso y el riesgo de las monedas virtuales conducirá a que el Gafi emprenda flujos de trabajo adicionales y publique guías en el corto y mediano plazo. Mejorar la efectividad del Sistema de Justicia Criminal: compromiso global de Gafi con jueces y fiscales El presidente del Gafi, el argentino Santiago Otamendi, ha establecido como una de las prioridades del organismo fortalecer el compromiso con las autoridades nacionales de control y fiscalización dentro de los Sistemas de Justicia Penal. Según Otamend, los fiscales y jueces son un componente determinante en los esfuerzos de lucha ALA/CFT.
El Gafi adoptó un plan de acción operacional que proporciona una respuesta flexible y dinámica a las amenazas de financiamiento del terrorismo.
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CORRUPCIÓN
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Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2017 Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según informó la organización en un comunicado, “este año el índice hace énfasis en los países que han hecho muy poco o ningún progreso en frenar la corrupción” y que, por ende “son muy peligrosos para periodistas y activistas quienes arriesgan sus vidas cada día en un esfuerzo para denunciar”.
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l índice enlista 180 países y territorios de acuardo a la percepción de expertos y empresarios sobre la corrupción en el sector público de cada jurisdicción a través de calificación entre 0 y 100 (donde 100 es muy transparente y 0 muy corrupto). Este año, el índice muestra que alrededor del 66% de lo países obtuvieron calificaciones por debajo de 50 puntos, en un promedio de 43.
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Los países más transparentes según esta nueva versión del Índice de Percepción de Corrupción 2017 son Nueva Zelandia y Dinamarca, con 89 y 88 puntos respectivamente, mientras que los países con el índice de percepción de corrupción más alto fueron Siria, Sudán y Somalia, con puntajes de 14, 12 y 9, en su orden.
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A su vez, mientras que las regiones de África Sub-Sahariana y Asia Central fueron las peor calificadas con un promedio de entre 32 y 34, la región de Europa occidental fue la mejor promediada con 66.
Análisis de la región de las Américas “En los últimos años, América Latina y el Caribe lograron grandes avances en la lucha contra la corrupción. Existen leyes y mecanismos para frenar la corrupción, mientras que las investigaciones legales avanzan y los movimientos contra la corrupción de los ciudadanos crecen en muchos países de la región. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, la región sigue teniendo una mala calificación por corrupción”, señala el informe de este año.
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De esta manera, si bien en los últimos años la región experimentó un sólido aumento en las leyes e instituciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, la aparición en el continente de grandes casos de corrupción puede haber contribuido a que la percepción no mejorara. Por ejemplo, aunque el caso Odebrecht resultó en sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos en Brasil, Ecuador y Perú debido a su participación en sobornos y financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos, aún es difícil de cuantificar la magnitud y los impactos de este caso en todos los países afectados. Adicionalmente, si bien se han logrado avances para combatir la corrupción en varios países, todavía no existen políticas generales para abordar las causas históri-
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CORRUPCIÓN
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cas y estructurales de la corrupción en toda la región. Los países que priorizan la lucha contra la corrupción y crean una política nacional a través del consenso y la participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo. Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción pueden perder terreno año tras año. Transparencia Internacional, además, lanzó una alerta de cara a que este es un año electoral crucial en varios países de América Latina y el Caribe. Así, el llamado es a que los candidatos y los partidos políticos incluyan fuertes componentes anticorrupción en sus propuestas y plataformas electorales para promover el cambio estructural. Para mejorar verdaderamente los esfuerzos
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contra la corrupción en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben fomentar la voluntad política y demostrar un compromiso sostenido a largo plazo con las reformas anticorrupción. Colombia, por su parte, se ubica en el puesto 96 de la tabla global con un puntaje de 37 (durante las últimas cuatro versiones del índice nuestro país se ha alcanzado la misma calificación numérica), lo que lo ubica en la región de las Américas en la casilla 19 de un total de 32 países en el que Canadá es el mejor país (y octavo a nivel global) y Venezuela el peor, al ubicarse en la casilla 169 de la tabla general.
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Las recomendaciones incluidas en el Índice
Transparencia Internacional reconoció que los activistas y los medios de comunicación son vitales para combatir la corrupción. Para proteger su labor, y hacerla más efectiva, la organización lanzó las siguientes recomendaciones para frenar la corrupción a partir de la transparencia en la información: Es necesario buscar reducir las regulaciones sobre los medios, incluidos los medios tradicionales y nuevos, y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a la represión o la violencia. Además, los benefactores internacionales deberían considerar la libertad de prensa como una causa relevante para la entrega de donaciones. La sociedad civil y los gobiernos deben promover la expedición de leyes que se centren en el acceso a la información. Este acceso ayudará a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que reducirá las oportunidades de corrupción. Sin embargo, es importante que los gobiernos no solo inviertan en un marco legal apropiado para tales leyes, sino que también se comprometan con su implementación. Los activistas y los gobiernos deberían aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidaspara abogar e impulsar las reformas a nivel nacional y mundial. Específicamente, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales y alinearlas con los acuerdos internacionales y las mejores prácticas.
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Los gobiernos y las empresas deberían divulgar proactivamente información relevante de interés público en formatos de datos abiertos incluidos los presupuestos gubernamentales, las estructuras propietarias de las empresas, la contratación pública y las finanzas de los partidos políticos. Esto le permitirá a los periodistas, la sociedad civil y las comunidades afectadas identificar patrones de conducta corrupta de manera más eficiente.
Acerca del Índice de Percepción de la Corrupción
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, la publicación insignia de Transparency International, es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. El índice brinda un análisis anual del nivel relativo de corrupción que clasifica a países de todo el mundo.
De acuerdo con el informe, la sociedad civil y los gobiernos deben promover la expedición de leyes que se centren en el acceso a la información.
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FRAUDE
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PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año La firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico. Como resultado principal, se destaca que el 49% de organizaciones que participaron en el estudio afirmaron haber sido víctimas de fraude o de algún otro tipo de delito financiero, frente a un 36% que afirmó lo mismo en el año 2016.
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FRAUDE
n la región de América Latina los números son aún más escandalosos, pues mientras que en la versión 2016 de la encuesta el 28% de los empresarios latinoamericanos afirmaron que sus organizaciones fueron víctimas de fraude o crímenes económicos, este año la cifra casi se duplica hasta el 53%.
A pesar del aumento en el gasto, PwC hizo manifiesta su preocupación que muchas de las organizaciones todavía atacan el fraude desde un enfoque reactivo y no preventivo, pues tan solo el 54% de las organizaciones globales dijeron que han llevado a cabo una evaluación completa del riesgo de fraude y otros crímenes económicos en los últimos 2 años.
Segun explicó PwC, este aumento puede ser explicado por el incremento en la conciencia corporativa frente al fenómeno del fraude, que dejó de ser considerado como un fenómeno aislado para ahora ser tenido como una potencial fuente de riesgo.
Es por esto que más allá las cifras, la firma de consultoría empresarial hizo un llamado para que se fortalezcan las evaluaciones de riesgo de fraude de carácter privado pues, según informó, estos exámenes son el primer paso para prevenir conductas ilícitas que vulneran las finanzas corporativas.
¿Cómo combaten las empresas los delitos financieros?
La encuesta fue completada por 7 228 representantes de empresas en 123 territorios. Del total de personas que contestaron, el 52% correspondió a nivel de ejecutivos senior. Del total de empresas representadas el 55% tiene más de 1 000 trabajadores.
El informe derivado de la Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de 2018 señala que el 42% de las empresas encuestadas han incrementado su gasto corporativo para combatir este tipo de conductas (en 2016 la cifra era de 39%), mientras que el 44% afirmó que durante los dos próximos años sus compañías implementarán planes para incrementar este gasto. Del total de estos recursos destinados a la seguridad la mayoría se destinan a fortalecer los controles tecnológicos, a pagar recompensas en programas de delación y a incrementar el compromiso de las altas directivas con el fenómeno.
La firma de consultoría empresarial hizo un llamado para que se fortalezcan las evaluaciones de riesgo de fraude de carácter privado.
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TIPOLOGÍAS
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Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de tarjetas prepagas de Apple adquiridas con Bitcoin ilícitos, hasta la reventa de artículos de lujo. Pues bien, esta semana fue conocida otra curiosa tipología de lavado que utiliza la venta de libros a través del portal de ventas por Internet Amazon para blanquear capitales.
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l caso fue conocido luego de que el autor Patrick Reames, que ha escrito y comercializado varios libros sobre la industria de materias primas a través de Amazon, denunció que un impostor puso en venta a través de dicha plataforma un libro bajo su nombre que no era más que un texto autogenerado por computador (no tenía ni siquiera párrafos separados) a un precio de USD 555. Pasadas más o menos 12 semanas desde su lanzamiento en octubre de 2017, el libro falso cuyo título es “Lower Days Ahead” había logrado ventas por USD 24 000 dólares, una cifra que el autor nunca había logrado con ninguna de sus publicaciones en tan corto tiemp. Este hecho levantó una bandera roja que puso en alerta a Reames sobre este esquema irregular vinculado a su nombre, pues calculó que, descontando la comisión de la plataforma, con alrededor de 70 ventas se habría alcanzado la suma recaudada.
TIPOLOGÍAS
A partir de ahí, Patrick Reames inició una investigación privada para buscar otros ejemplos similares en que autores relativamente reconocidos lanzaron libros ajenos a su estilo narrativo y a un precio exorbitante y encontró que “podría haber cientos si no miles de libros fraudulentos en la plataforma de Amazon”, según contó en una entrevista al portal especializado en ciberseguridad KrebsOnSecurity. Tal como señalóo el escritor, ninguno de los libros tenía más que líneas de texto autogeneradas y sin sentido. Aunque Amazon no se pronunció acerca de este presunto esquema de blanqueo a través de su portal, es probable que los libros hayan sido adquiridos por los mismos impostores a través de tarjetas prepagadas obtenidas con Bitcoin comprados con dinero ilícito, para que luego Amazon les transfiriera recursos con apariencia de legalidad a título de regalías.
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EE.UU. sancionará a plataforma de intercambio de Bitcoin por fraude
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La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) acusó a una pasarela de intercambio de Bitcoin por haber funcionado como una bolsa de valores no registrada que defraudó a miles de usuarios. La SEC también acusó a este operador de hacer declaraciones falsas y engañosas en relación al ofrecimiento de valores no registrados.
a SEC alegó que BitFunder y su fundador Jon E. Montroll operaron como una bolsa de valores virtual y paralela no registrada que sirvió de trampolín para la defraudación de los usuarios a través del desvío de Bitcoin a cuentas particulares. Además, la comisión cuestionó que BitFunder no informara a sus clientes que sufrió un ciberataque que terminó en el robo de más de 6 mil unidades de Bitcoin. “BitFunder operaba ilegalmente como una bolsa de valores no registrada que participaba en la actividad de la bolsa de valores nacional. Independientemente de si esa actividad involucra activos digitales, fichas o monedas, todos los valores ofrecidos deben registrarse en la SEC u operar de conformidad con una exención” dijo
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Marc Berger, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, cuando informó de este caso. Sustentada en estos hechos, la SEC presentó la demanda en contra de BitFunder y Montroll en la Corte del Distrito Federal en Manhattan con el fin de que los acusados respondan por infringir las disposiciones antifraude y por violar las obligaciones de registro contenidas en las leyes federales de valores. En un caso criminal paralelo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó hoy una queja contra Montroll por perjurio y obstrucción de la justicia durante la investigación de la SEC.
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Dos bancos canadienses prohíben comprar Bitcoin con sus tarjetas El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) informó esta semana en un correo a sus tarjetahabientes que ya no se podrán adquirir criptomonedas, incluido el Bitcoin, con las tarjetas de crédito del banco. Según dijo la entidad, la determinación llegó luego de una de las revisiones periódicas de las políticas de seguridad y de los riesgos asociados a las monedas virtuales.
E
sta no es la primera entidad bancaria en tomar una medida similar. En los últimos meses JP Morgan Chase, Capital One, Bank of America, Lloyds, y Vorgin Money, entre otros, han procedido a prohibir la adquisición de criptodivisas a partir de créditos obtenidos con dichas entidades. Un argumento que aparece como transversal en los procesos decisorios de los bancos mencionados ha sido la preocupación por la excesiva volatilidad de estos activos, pues si los clientes de la entidad adquieren deudas para adquirir Bitcoin que posiblemente pierdan un gran porcentaje de su valor, se corre el riesgo de que los créditos terminen por no ser satisfechos.
En similar medida se pronunció otro banco de Canadá, el Royal Bank of Canada, que en un comunicado advirtió a los poseedores de tarjetas de la entidad sobre los riesgos del de las criptomonedas y la probabilidad que existe de que no se pueda responder al banco en caso de una caída aparatosa de estos activos. No obstante la advertencia, esta institución financiera no restringió la compra de Bitcoin a crédito.
Febrero 2018 Infolaft —45