Infolaft edición 113 by Revista Infolaft

Calle 71 Nº 5 -97 Of. 201 Bogotá www.infolaft.com Director Alberto Lozano Vila Subdirector Sergio Andrés Reyes Díaz Equipo de redacción Sergio Andrés Reyes Díaz Mauricio Ricardo Salazar Santana Edwin Camilo Castillo Cárdenas Wilson Andrés Sánchez Fierro Jaime Luís Posada Diseño y diagramación Paula Daniela Cartagena Rodríguez

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FOROS Infolaft Tel. 3175563 — Ext. 116 comunicaciones@infolaft.com Esta publicación presenta a sus lectores información pertinente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ningún caso constituye un documento legal o responsabiliza legalmente a sus autores. Las opiniones, recomendaciones y documentos técnicos publicados en este medio no responsabilizan por ningún motivo al equipo de Infolaft. Para una asesoría profesional en este tema se debe contactar a Lozano Consultores. Recomendamos que siempre se acuda a la fuente primaria de la información. Los logos de las entidades que son reproducidos en la publicación se incluyen únicamente para efectos informativos. La utilización de los mismos no implica ningún tipo de participación de las mismas en los artículos ni en la publicación. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita de su titular. Derechos reservados. Edición Nº 113 Agosto de 2018 Foto de portada: Freepik Edición portada: Paula Daniela Cartagena Rodríguez

CONTENIDO

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

Son varias las revelaciones que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) a través de la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, publicada a principios de julio.

La Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Colombia, fueron desmanteladas dos organizaciones delictivas implicadas en el lavado de al menos 2,5 millones de euros a través de operaciones de ‘pitufeo’ y de transacciones en criptomonedas.

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compliance

Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia

El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no lleva a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.

Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia

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Supersociedades sancionó a empresa por soborno trasnacional

La Superintendencia de Sociedades anunció en un comunicado que impuso una multa de 5078 millones de pesos a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) por conductas de soborno transnacional. Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la entidad declarara que Inassa había incurrido en esta conducta por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.

Observatorio de Transparencia publica indicadores anticorrupción

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia publicó una serie de nuevos indicadores con el propósito de evidenciar los análisis asociados al fomento del control social, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de Colombia en convenciones internacionales, y el balance de la Política Pública Integral Anticorrupción, entre otros.

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Presidente sancionó ley someter bandas criminales

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Luego de la aprobación en el Congreso de la ley para el sometimiento del crimen organizado, hecho que fue registrado por Infolaft el pasado mes de junio en una nota titulada “Nueva ley para someter a bandas criminales”, el pasado 9 de julio el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la norma para incrementar “la seguridad de los colombianos” y “seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz”.

Farmacéuticas se comprometen a implementar programas de ética

El Ministerio de Salud, la Secretaría de Transparencia, la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro) y la Cámara Ejecutiva de la Industria Farmacéutica de la Andi suscribieron el Pacto de Transparencia e Integridad, un documento que compromete a luchar contra el soborno transnacional y a prevenir prácticas corruptas vinculadas a la compra y prescripción de medicamentos.

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Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas

Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos relacionados con la tecnología Blockchain y las operaciones en monedas virtuales, dentro de los que se han identificado el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y la evasión a los controles del capital.

Fue arrestado el CEO de General Electric Latam por fraude

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El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los denominados ‘profesionales de lavado de dinero’.

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Fue arrestado en Rio de Janeiro, Brasil, el director general para América Latina de General Electric (GE), Daurio Speranzini Jr., en el marco de una extensa investigación sobre fraude en ofertas de equipamiento médico. Además de esta detención, los fiscales dijeron que la policía federal está tras la pista de otros 21 individuos por los mismos hechos.

El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades

El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos.

¿Qué sanciones por Fcpa hubo en el segundo trimestre de 2018?

Durante el segundo trimestre de este año las autoridades norteamericanas culminaron cinco investigaciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés) que motivaron la imposición de un total de USD 985 millones de dólares en multas. En relación con las sanciones personales, en este mismo lapso tres sujetos fueron sentenciados a prisión por violaciones a la Fcpa.

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EE.UU. sanciona a exdirectivo de petrolera por soborno La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) acusó el pasado 17 de julio al exgerente general de Energy XXI Ltd., John D. Schiller Jr., de haber obtenido en 2014 más de USD 10 millones de dólares en sobornos a cambio de que terceros obtuvieran o mantuvieran contratos, y de que un individuo fuera nombrado miembro de junta directiva de la petrolera.

ANÁLISIS

Edición 113

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Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

a Uiaf encuestó a un total de 5170 oficiales de cumplimiento de toda Colombia para conocer su percepción acerca de cuáles son las principales amenazas de LA/FT. Con base en dichas encuestas fue elaborada la segunda versión de la Evaluación Regional de Riesgo de LA/FT. El propósito de la encuesta fue, entre otros, conocer la percepción de los profesionales de cumplimiento -de toda clase de sectores- acerca de cuáles son los productos, canales y servicios de mayor riesgo de LA/FT.

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Es importante mencionar que, según la Uiaf, la evaluación busca ser un insumo para la gestión del riesgo de LA/FT y “no podrá utilizarse como elemento discriminatorio, en desmedro de ningún sector allí enunciado o como mecanismo para afectar el mercado (…)”. Dicho lo anterior, la mayoría de encuestados fueron del sector solidario (32 %), sector notariado (19 %), vigilados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (12 %), sector salud (9 %), sector financiero (6 %) y sector público (5 %).

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ANÁLISIS

De acuerdo con los encuestados las actividades inmobiliarias, el comercio y los juegos de suerte y azar son las tres actividades más usadas para lavar activos (pase el cursor sobre los gráficos para conocer más información):

Proporción de encuestados que perciben que las siguientes actividades económicas son utilizadas para lavar activos en 2017 52% 65% 53% 52% 40% 36% 16% 19%

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ANÁLISIS

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Proporción de encuestados que perciben que las siguientes actividades económicas son utilizadas para lavar activos en 2018 43% 37% 33% 31% 25% 24% 24% 23% 22% 21% 17% 15% 15% 15%

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ANÁLISIS

Mientras que los servicios usados para lavar activos, de acuerdo con los encuestados, son los inmobiliarios, los societarios (creación de empresas) y los contables (pase el cursor sobre los gráficos para conocer más información):

Proporción de encuestados que perciben que los siguientes servicios son utilizados para lavar activos 11%

9% 50%

19%

37%

25%

35% 29% 34%

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ANÁLISIS

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Así mismo, la encuesta señala que los pagos en efectivo, el intercambio de billetes, los giros postales y las transferencias a través del sistema financiero son los principales canales transaccionales de lavado de activos (pase el cursor sobre los gráficos para conocer más información):

Proporción de encuestados que perciben que los siguientes canales transaccionales son utilizados para lavar activos 17% 17%

60%

23%

25% 52% 27% 27%

Infolaft publicará en el transcurso de las próximas semanas, con base en la Evaluación Regional de Riesgo de LA/FT, varios artículos técnicos y de análisis acerca de las diferencias entre riesgo y percepción del riesgo, delitos generadores de LA/FT, regulación en los diferentes sectores de riesgo, entre otros temas. Dichos artículos, al igual que la evaluación, buscan convertirse en insumo para la gestión del riesgo de LA/FT y para que los oficiales de cumplimiento puedan sacar el mayor provecho de la Evaluación Regional.

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SARLAFT

compliance

Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no lleva a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.

a Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, revelada a principios de julio por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se elaboró con base en las respuestas obtenidas a través de más de 5000 encuestas aplicadas a oficiales de cumplimiento de toda clase de sectores obligados.

No obstante, también puso sobre la mesa los puntos débiles de los Sarlaft de toda clase de entidades vigiladas. De acuerdo con la Uiaf, “(…) la elaboración de mapas de riesgo LA/FT y el monitoreo y análisis de las transacciones de los clientes continúan estando entre las acciones que menos implementa el sector privado en la prevención y detección de riesgo LA/FT”.

Por ejemplo, la mencionada Evaluación Regional reveló que los negocios inmobiliarios, el comercio y la construcción son las actividades con mayor percepción de riesgo frente al LA/FT.

Al revisar con detalle la Evaluación se encuentra que el 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplicó medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no llevó a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.

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SARLAFT

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Así mismo, el 42 % reconoció que no elabora mapas de riesgo, mientras que el 26 % no verificó las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Vale la pena recordar que las listas del Consejo de Seguridad son las únicas listas realmente obligatorias para Colombia.

Es posible que en las próximas visitas in situ o en los requerimientos u oficios los supervisores pregunten -justamente- por los mapas de riesgo, los controles a las PEP, y el monitoreo a las transacciones con jurisdicciones de alto riesgo.

La Evaluación Regional de Riesgo de LA/FT es una herramienta de información que puede ser útil para que los oficiales de cumplimiento fortalezcan sus controles para prevenir el LA/FT dentro de las operaciones de sus empresas.

ro de entidades obligadas que sí cuentan con señales de alerta. Mientras que en 2017 la cifra fue de apenas el 36%, en 2018 llegó al 87 %.

Los puntos fuertes dentro de Oficiales de cumplimiento: a los Sarlaft ponerse al día La Uiaf destacó en la Evaluación el aumento en el núme-

Sin embargo, también provee información a las superintendencias respecto a qué debilidades tienen sus entidades vigiladas. Por este motivo, es recomendable que los oficiales de cumplimiento de toda clase de sectores obligados revisen internamente si están incumpliendo algunas obligaciones contenidas dentro de la regulación aplicable a su sector y, si es el caso, hacer los ajustes necesarios.

Así mismo, el 97 % de los encuestados dijo guardar los registros de sus clientes, y el 94 % señaló que la lucha contra el LA/FT está contenida en sus manuales y estrategias del negocio. Finalmente, el 91 % de las empresas tienen un oficial de cumplimiento o un profesional que haga sus veces, y el 87 % realiza capacitaciones en prevención del LA/FT. A continuación un gráfico que resume los resultados de la encuesta (pase el cursor sobre las barras para obtener más información):

97% 94% 91% 91% 87% 81% 74% 58% 56% 51%

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CORRUPCIÓN

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Supersociedades sancionó a empresa por soborno trasnacional

La Superintendencia de Sociedades anunció en un comunicado que impuso una multa de 5078 millones de pesos a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) por conductas de soborno trasnacional. Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la entidad declarara que Inassa había incurrido en esta conducta por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.

especto a la sanción pecuniaria, la entidad de control informó que Inassa deberá pagar la multa impuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión, mientras que en relación con la sanción reputacional la Supersociedades señaló que la empresa deberá publicar un extracto de la resolución de sanción en un medio de amplia circulación y en un lugar visible dentro de su página web, y que dicha resolución será inscrita en el registro mercantil de la sociedad.

A pesar de que en marzo de este año esta superintendencia impuso una multa de COP 156 millones en contra de la empresa Vram Holding SAS debido a que sus administradores se negaron a entregar el acceso a los computadores de la compañía en el marco de una actuación administrativa por un presunto caso de soborno trasnacional, el caso de Inassa es el primero en el país en que a una empresa se le habría comprobado el pago de sobornos trasnacionales. Agosto 2018 Infolaft —13

CORRUPCIÓN

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En el mismo comunicado la superintendencia recordó que sus facultades sancionatorias en materia de soborno transnacional, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1778 de 2016 y otras regulaciones administrativas, proceden cuando cualquier persona jurídica por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados dé, ofrezca o prometa a un servidor público extranjero sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones. Por estos hechos la superintendencia puede imponer, entre otras sanciones, multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por último cabe recordar que la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) es la compañía filial para la región de la empresa española Canal Isabel II que se dedica a la gestión integral del agua (captación, tratamiento, distribución, saneamiento, calidad y control) y que presta servicio a 9,73 millones de habitantes de los cuales 6,63 millones se encuentran en España y 3,10 millones en Latinoamérica.

Los esfuerzos de Superitendencia contra soborno transnacional

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Bajo el liderazgo del actual Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, se creó en la superintenencia un grupo de trabajo especializado para detectar, investigar y sancionar las conductas de soborno internacional que cuenta con personal investigador entrenado y un laboratorio de tecnología de investigación forense. En desarrollo de esta iniciativa, el pasado mes de abril el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, comentó en una entrevista con Infolaft que a ese momento había diez investigaciones administrativas por presuntas violaciones de la ley antisoborno transnacional (1778 de 2016), por lo que es de esperar que en las próximas semanas continúen las acciones de persecución de esta conducta.

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Inassa repondrá sanción de Supersociedades por soborno Luego de que el pasado lunes la Superintendencia de Sociedades anunciara en un comunicado la imposición de una multa de COP 5.078 millones a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) por conductas de soborno transnacional, el día de ayer se conoció que la empresa interpondrá el recurso de reposición sobre la sanción.

De acuerdo con el comunicado que publicó Inassa en su página web, el recurso procede porque las conductas se dieron por parte de ex empleados y no de la empresa. En efecto, la empresa aduce “que el accionar de la falta fue adelantado por ex funcionarios de la organización que ya fueron despedidos, pues obraron de manera ilícita y en contravía de las políticas éticas de la organización”. Como argumento adicional para que la autoridad reconsidere la sanción, Inassa enfatizó que “siempre ha estado abierta y con disposición de colaborar con la Superintendencia de Sociedades, pues la compañía misma ha dado información concluyente para que los responsables de dicha infracción sean investigados e imputados”. Para cerrar la comunicación, y luego de reiterar que “el comportamiento fuera de la ley se adelantó por individuos desleales y no por la empresa misma”, Inassa enfatizó en que en la compañía “no se tolera ningún tipo de comportamiento que genere indicios de irregularidad y que su lucha para combatir los procedimientos que ex ejecutivos hayan podido adelantar por fuera del marco legal, serán informados sin excepción a las autoridades correspondientes”.

El de Inassa es el primer caso en el país en el que a una empresa se le habría comprobado el pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros.

DECRETO PEP

CASOS

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Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia La Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Colombia, fueron desmanteladas dos organizaciones delictivas implicadas en el lavado de al menos 2,5 millones de euros a través de operaciones de ‘pitufeo’ y de transacciones en criptomonedas.

egún lo comunicó Europol, fueron capturados 23 individuos dentro de los que hay españoles, venezolanos y colombianos, mientras que a otros nueve se les abrieron investigaciones. Asimismo, se realizaron 12 allanamientos en viviendas (diez en España y dos en Colombia), se incautaron dos vehículos de alta gama junto con teléfonos móviles, computadoras, documentos bancarios y se bloquearon numerosas carteras virtuales que habrían sido utilizadas para lavar el efectivo. Mientras que los cuerpos de policía de España y Colombia ejecutaron los operativos, la Europol apoyó el golpe facilitando el intercambio de información y desplegando cuatro expertos en España equipados con una oficina móvil y un Universal Forensic Extraction Devices, un aparato que extrae toda la información contenida en dispositivos móviles. Esterespaldo de la Europol permitió realizar controles cruzados en tiempo real de los datos recopilados durante el curso de las acciones contra las bases de datos de diferentes autoridades.

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En el mismo operativo fue identificada una segunda red que operaba en Madrid, España, y que recaudaba grandes sumas de efectivo de otros grupos delictivos vinculados a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o delitos contra el patrimonio, para convertirlo en monedas virtuales como Bitcoin y Altcoin y luego movilizarlo por varias billeteras virtuales controladas por la organización colombiana antes de que las ganancias ilícitas llegaran a América del Sur sin saber su origen.

La tipología

La investigación comenzó en enero de 2017 cuando las autoridades de Colombia advirtieron sobre una familia colombiana vinculada al narcotráfico que operaba en la ciudad española de Zaragoza. Con este dato, la Guardia Civil Española verificó la existencia de una organización delictiva arraigada en España que se dedica al lavado de dinero obtenido por otros grupos delictivos que operaban en diversos lugares de España y Francia. Según se supo en esa ocasión, la red criminal recogía las ganancias ilícitas, las fraccionaba y las enviaba en pequeñas remesas a Colombia y otras jurisdicciones.

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REPORTES

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Observatorio de Transparencia publica indicadores anticorrupción El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia publicó una serie de nuevos indicadores con el propósito de evidenciar los análisis asociados al fomento del control social, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de Colombia en convenciones internacionales, y el balance de la Política Pública Integral Anticorrupción, entre otros.

a coordinadora del observatorio, Aura María Cifuentes, destacó la iniciativa como un gran logro al decir que “publicar indicadores y mediciones que le sean útiles a los ciudadanos, a las entidades y a la academia es un gran paso en el fortalecimiento del control social y la rendición de cuentas”. Además, Cifuentes aseguró que “desde el Observatorio estamos convencidos de la importancia de los datos y del conocimiento abierto para que el ciudadano se sienta parte de esta lucha”. Para acceder a las nuevas mediciones se debe ingresar a la página web www.anticorrupcion.gov.co e ingresar a la pestaña “Medir” en el menú principal que cuenta con

tres secciones: Mediciones de la Secretaria de Transparencia, Indicadores de Sanciones y Mediciones Institucionales. En cada módulo se encuentran diferentes análisis con sus respectivas fuentes en datos abiertos para libre descarga y reutilización. Uno de los objetivos principales del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, es elaborar y difundir mediciones en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia.

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JUSTICIA

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Presidente sancionó ley para someter bandas criminales Luego de la aprobación en el Congreso de la ley para el sometimiento del crimen organizado, hecho que fue registrado por Infolaft el pasado mes de junio en una nota titulada “Nueva ley para someter a bandas criminales”, el pasado 9 de julio el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la norma para incrementar “la seguridad de los colombianos” y “seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz”.

egún dijo Santos, esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectivo toda vez que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales” a través de estrategias como el fortalecimiento de las normas para enfrentar de forma más contundente la delincuencia organizada y la creación de un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia.

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Frente a este procedimiento especial el presidente Santos comentó que, con su autorización, el gobierno ha adelantado conversaciones con abogados que representan al Clan del Golfo para el sometimiento de este grupo del crimen organizado según los preceptos de esta nueva ley. En cuanto a la lucha contra las finanzas ilícitas, se estableció que quienes decidan participar de estos procesos de desmovilización voluntaria y que hayan sido

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JUSTICIA

condenados por terrorismo, por narcotráfico o lavado de activos, no podrá hacer transacciones en efectivo por más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ley contempla una declaración de bienes ilícitos

Según la ley los miembros de grupos armados y bandas criminales que colaboren con la justicia, que desmovilicen a los menores reclutados, y que entreguen los activos ilícitos, entre otros requisitos, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena. Para someterse a este sistema, un representante designado por el grupo armado organizado le manifestará de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente a la ley. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, los datos precisos que señalen su estructura y las conductas delictivas que serán reconocidas. Adicionalmente, la manifestación de sometimiento debe incorporar una relación detallada del patrimonio ilícito obtenido como consecuencia del actuar delincuencial. Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su nombre, documentación, firma y huella. En ella, cada persona deberá especificar la fecha de ingreso a la organización, el rol o roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición detallada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.

La ley establece que los miembros de grupos armados y bandas criminales que colaboren con la justicia, que desmovilicen a los menores reclutados, y que entreguen los activos ilícitos, entre otros requisitos, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena.

En cuanto a los delitos que no se encuentren en el acta de sujeción individual, es decir, que no hayan sido reconocidas expresamente por el individuo cuando manifestó su voluntad de someterse a la justicia, serán investigados y juzgados bajo las normas del Código de Procedimiento Penal.

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ÉTICA EMPRESARIAL Edición 113

Farmacéuticas se comprometen a implementar programas de ética El Ministerio de Salud, la Secretaría de Transparencia, la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro) y la Cámara Ejecutiva de la Industria Farmacéutica de la Andi suscribieron el Pacto de Transparencia e Integridad, un documento que compromete a luchar contra el soborno transnacional y a prevenir prácticas corruptas vinculadas a la compra y prescripción de medicamentos.

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SANCIONES Edición 113 ÉTICA EMPRESARIAL

El documento consta de 12 compromisos entre los que se destacan la implementación de mecanismos de prevención de prácticas corruptas vinculadas a la compra y la prescripción de medicamentos, el cumplimiento de las disposiciones legales para luchar contra el soborno transnacional y la adopción de políticas de cumplimiento para regular la relación entre las compañías, los compradores y los distribuidores. Según comentó el Secretario de Transparencia (e), Juan Pablo Charry, en el acto de adopción del Pacto, “todas las estrategias que se implementen para promover la ética y garantizar la competencia justa están directamente relacionadas con la garantía del derecho a la salud y suman al compromiso que necesitamos de todos los sectores de la sociedad para acabar con la corrupción”. Según informó la Secretaría de Transparencia, el Pacto de Transparencia e Integridad de es un hito, pues es el primero que se suscribe con los afiliados de todos los gremios del sector farmacéutico en Colombia, que en total suman alrededor de 90 empresas entre las que se encuentran Bayer, Glaxosmithkline, Sanofi, Roche y Tecnoquímicas.

Las empresas se comprometieron a implementar mecanismos de prevención de prácticas corruptas vinculadas a la compra y la prescripción de medicamentos, al cumplimiento de las disposiciones legales para luchar contra el soborno trasnacional y a la adopción de políticas de cumplimiento para regular la relación entre las compañías, los compradores y los distribuidores.

Frente a este logro el ministro de salud, Alejandro Gaviria, señaló que “estamos construyendo legitimidad y por eso, haremos seguimiento a lo aquí suscrito y socializado con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Logramos ponernos de acuerdo y ahora nos comprometemos a cumplir. Lo más importante es lo que viene después de la firma del Pacto de Transparencia”.

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REPORTES

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El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los denominados ‘profesionales de lavado de dinero’.

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uego de su más reciente reunión plenaria, celebrada en París (Francia) a finales de junio, el Gafi anunció que publicará un documento en el que describirá “los conjuntos de habilidades especializadas que los profesionales en lavado de dinero ofrecen a sus clientes para ocultar o mover sus ingresos”. Así mismo, el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, señaló que proporcionará “una explicación detallada de los roles desempeñados” por parte de los lavadores profesionales para cometer sus delitos. De acuerdo con el Gafi, los lavadores profesionales pueden proporcionar toda la infraestructura para esquemas de lavado complejos (a los que denomina como un ‘servicio completo’) o construir esquemas únicos adaptados a las necesidades específicas de un cliente que desea blanquear sus recursos de origen ilegal. Finalmente, se conoció que el citado informe también tendrá ejemplos recientes de entidades financieras que fueron adquiridas por empresas delictivas o que fueron cooptadas para facilitar el lavado de dinero.

REPORTES

Lavadores profesionales: ya identificados por la Ofac

En noviembre de 2015 Infolaft le hizo una entrevista a Mark Samara, subdirector de investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés). Durante el diálogo, el experto afirmó que “muchas veces cuando un dinero pasa por el sistema financiero se detecta una operación de posible lavado, pero no hay información adicional sobre la conexión de ese dinero con bandas criminales concretas y esos datos son requisito para poder sancionar”. Samara señaló en su momento que verificar esa conexión es muy difícil “porque los lavadores expertos nunca se han sentado a hablar con el narcotraficante, de hecho el lavado lo ponen a varios niveles y lo coordinan muy bien”. “Los traficantes no contratan los lavadores basados en referencias profesionales. Por el contrario, han aprendido que necesitan de su anonimato para operar y que su tarea principal es ocultar el origen de los recursos”, señaló.

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REPORTES

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El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades

El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos.

l Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló, tras su reciente plenaria de junio, que las personas jurídicas, los acuerdos legales y los intermediarios profesionales “pueden ser mal utilizados” y proporcionar a los delincuentes estructuras que los ayuden a ocultar el producto del delito.

los mecanismos y técnicas que pueden utilizarse para ocultar la propiedad y el control de los activos obtenidos ilícitamente”.

Por esa razón tras la reunión, que tuvo lugar en París (Francia), los delegados del Gafi aprobaron un documento hecho con el apoyo del grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera que “analiza

De acuerdo con el Gafi, el propósito del informe es generar consciencia en las autoridades, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales sobre los riesgos a los que se exponen.

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El informe, según conoció Infolaft, se basará en más de 100 estudios de caso, en la experiencia de varios expertos, en los resultados de algunas evaluaciones mutuas y en los conocimientos proporcionados por informes académicos y otros estudios.

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ANÁLISIS

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¿Qué sanciones por Fcpa hubo en el segundo trimestre de 2018? Durante el segundo trimestre de este año las autoridades norteamericanas culminaron cinco investigaciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés) que motivaron la imposición de un total de USD 985 millones de dólares en multas. En relación con las sanciones personales, en este mismo lapso tres sujetos fueron sentenciados a prisión por violaciones a la Fcpa.

esoluciones de aplicación del Departa- • Société Générale S.A.: El que ya es considemento de Justicia (DOJ por su sigla en rado uno de los mayores casos derivados de la inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores aplicación de la Fcpa terminó el 4 de junio pasado, (SEC por su sigla en inglés). cuando la empresa de servicios financieros pagó USD 585 millones para resolver delitos de corrup• Credit Suisse Group AG: el 6 de junio pasado ción en Libia. La mitad de esta multa será transel grupo financiero acordó pagar una multa de ferida a la autoridad de control francesa Parquet USD 47 millonesal DOJ para dar por terminada National Financier. sin enjuiciamiento una investigación por posibles sobornos en procesos de contratación en Asia entre 2007 y 2013. Agosto 2018 Infolaft —25

ANÁLISIS

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• Legg Mason Inc.: este administrador de activos con sede en Maryland pagó el pasado 4 de junio un total de USD 64 millones para resolver las violaciones a la Fcpa en Libia causadas por su socio Société Générale SA. El monto incluye una sanción penal de USD 32.6 millones y la devolución de USD 31.6 millones que habrían sido percibidos ilícitamente. • Panasonic Corporation y Panasonic Aviation Cor-

poration: el pasado 30 de abril estas empresas del

grupo Panasonic acordaron pagar USD 280 millones para resolver las infracciones de la Fcpa por pagos a consultores de entretenimiento a bordo de los EE. UU., Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará USD 143 millones a título de devolución a la SEC, mientras que deberá pagar USD 137 millones en sanciones penales al DOJ.

• Dun & Bradstreet Corporation:

esta empresa de suministro de información comercial y de riesgo pagó más de USD 9 millones el pasado 23 de abril luego de que las autoridades comprobaran que dos de sus subsidiarias chinas usaron agentes de terceros para realizar pagos ilegales con el fin de obtener datos que fueron comercializados.

Los condenados • Ng Lap Seng: el 11 de mayo este desarrollador inmo-

biliario de 69 años con sede en Macao, China, fue multado con USD 1 millón y se le ordenó pagar más de USD 300 mil en restituciones por haber sobornado a funcionarios de la Organización de Naciones Unidas a cambio de apoyo para un centro de conferencias. El sujeto también fue sentenciado a 48 meses de prisión.

• Lawrence W. Parker Jr.: este dueño de varias empresas con sede en Florida fue sentenciado el pasado mes de abril a 35 meses en una prisión federal por sobornar a un funcionario de la empresa estatal de telecomunicaciones de Aruba para obtener negocios y contratos. • Julia Vivi Wang: la ciudadana estadounidense de 57

años nacida en se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por conspirar para violar la Fcpa al aceptar ejecutar y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas en un complot para sobornar al ex presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el fallecido John Ashe.

Empresas multinacionales como Panasonic, Credit Suisse y Societé Générale acordaron pagar millonarias multas para resolver las infracciones cometidas a la ley de prácticas corruptas de EE.UU. (Fcpa por su sigla en inglés).

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NOTICIA

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Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos relacionados con la tecnología Blockchain y las operaciones en monedas virtuales, dentro de los que se han identificado el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y la evasión a los controles del capital.

ara proteger al sistema financiero mundial de estas amenazas, algunos supervisores y autoridades de control de Norteamérica, Oceanía y Europa optaron por crear dos grupos de trabajo conjunto que tienen como objetivo fortalecer las investigaciones criminales e impulsar la estandarización de políticas a antilavado: el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) y el Comité Especial de la Unión Europea sobre Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Evitación de Impuestos (TAX3).

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El primero, cuyo nombre podría ser traducido como Autoridades Unidas de Control Fiscal Global, fue creado el 2 de julio pasado por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por su nombre en inglés) como un grupo de trabajo internacional conformado por las autoridades de recaudo y control tributario para realizar investigaciones criminales que busquen reducir los riesgos de delitos fiscales y lavado que suponen la operaciones en criptomonedas.

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Dentro de los miembros del J5 están los directores de delitos tributarios y altos funcionarios del IRS, Ingresos y Aduanas de Su Majestad del Reino Unido, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal y la Agencia de Ingresos de Canadá. En relación con el Comité Especial de la Unión Europea sobre Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Evitación de Impuestos (TAX3), fue creador por el Parlamento Europeo el pasado 1 de marzo como respuesta a las filtraciones conocidas como LuxLeaks y los Papeles de Panamá que dieron cuenta de la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción en los Estados miembros de la UE. Este grupo, que involucra a todos los Estados miembro de la Unión Europea, intentará que todas las jurisdicciones de la unión adopten los controles sobre el lavado de dinero y otros delitos financieros, pues esta sigue siendo en gran medida una función nacional de leyes domésticas, lo que llevó a un desajuste en todo el continente.

¿Qué les preocupa a los reguladores?

Principalmente, los reguladores del mundo están preocupados porque las criptomonedas se pueden transferir de forma anónima y pueden almacenar grandes cantidades de dinero sin el control de las autoridades.

• Negociación anónima Peer 2 Peer: los usuarios pueden transferir, de manera anónima, activos con cifrado digital de extremo a extremo que impiden la identificación de las partes intervinientes en la transacción.

• Minería de criptomonedas: los usuarios pueden obtener activos criptográficos extrayendo incluso desde sus teléfonos inteligentes y sin la participación de emisores centralizados. La ausencia de un emisor central hace que el valor de estos activos digitales sea inestable. • Almacenamiento:

los usuarios pueden almacenar activos criptográficos inmateriales en varias carteras que no están reguladas por las normas antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo y quedan fuera del control de los reguladores.

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Fue arrestado el CEO de General Electric Latam por fraude Fue arrestado en Rio de Janeiro, Brasil, el director general para América Latina de General Electric (GE), Daurio Speranzini Jr., en el marco de una extensa investigación sobre fraude en ofertas de equipamiento médico. Además de esta detención, los fiscales dijeron que la policía federal está tras la pista de otros 21 individuos por los mismos hechos.

Según los fiscales, existen sólidas pruebas de que Speranzini participó en la manipulación de licitaciones públicas para el ofrecimiento de equipos médicos cuando era jefe de Philips Medical Systems en Brasil y que, por su actuar, incrementó ilícitamente tanto su patrimonio como el de la empresa donde laboraba. Además de los arrestos, la policía dijo que ejecutó 44 órdenes de allanamiento el miércoles anterior, que incluyeron registros a edificios ocupados por Philips y la multinacional estadounidense Johnson & Johnson. Un tribunal federal también ordenó congelar aproximadamente BRL 1.200 millones (USD 307 millones) en activos. GE dijo en un comunicado de respuesta a la operación policial que resultó en el encarcelamiento de Daurio Speranzini Jr., que “las acusaciones se refieren a un

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período en el que el ejecutivo dirigía una empresa diferente”. Agregó además que está claro que la empresa no es el objetivo de la investigación ni hace parte de ella y que espera que los hechos sean aclarados por los tribunales. Por su parte, la empresa Philips Medical Systems (cuyo nombre es Koninklijke Philips) se pronunció en un comunicado diciendo que los actuales líderes de la compañía no estaban involucrados en la operación policial y que la firma estaba colaborando con las pesquisas. “Philips todavía no tiene acceso a las acusaciones oficiales, sin embargo, la compañía está cooperando con las autoridades para ofrecer todas las aclaraciones con respecto a las acusaciones que se remontan a muchos años”, dijo la compañía.

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e acuerdo con información de la SEC, los recursos fueron entregados al ex CEO a título de créditos personalestanto por los proveedores de la empresa para asegurar sus negocios, como por Norman Louie, gerente de cartera del mayor accionista de Energy XXI (la firma Mount Kellett Capital Management LP), quien al mes de esta transacción fue nombrado miembro de la junta directiva de Energy XXI. “Los ejecutivos de las empresas públicas tienen el deber de actuar en el mejor interés de los inversores”, dijo Anita B. Bandy, directora adjunta de la División de Aplicación de la ley SEC, para luego asegurar que “las transacciones clandestinas secretas en beneficio de los empleados internos de las empresas violan esos deberes y privan a los inversores de información importante”. La acusación también alega que Schiller recibió com-

pensaciones y ventajas en forma de fastuosos eventos sociales, viajes en primera clase, compras, donaciones a organizaciones benéficas seleccionadas por el sujeto gastos legales personales y un bar de oficina abastecido con bebidas alcohólicas de alta gama y cigarros. Además de la sanción, Schiller consintió en una orden judicial permanente no volver a violar la regulación antifraudes ni las disposiciones de las leyes federales de valores, aunque no admitió ni negó los cargos de la SEC, además de que le fue prohibido servir como funcionario o director de compañías públicas durante cinco años. En el momento de la supuesta mala conducta, Energy XXI estaba en la lista Nasdaq y era uno de los mayores productores de petróleo y gas en la plataforma del Golfo de México. Agosto 2018 Infolaft —31

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Las empresas más grandes son más propensas al cibercrimen La firma estadounidense experta en prevención de la ciberdelincuencia Coalfire publicó un informe titulado ‘Penetration Risk Report’, en el que concluye que las grandes empresas son las menos preparadas de todas para enfrentar las amenazas del delito cibernético, a pesar de tener mayores presupuestos y recursos para estos efectos.

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egún informó Coalfire, contrariamente a lo que se creía “las empresas de gran tamaño obtuvieron los peores resultados cuando fueron evaluadas en parte debido a su compleja estructura organizativa y a que, por su dimensión corporativa, tienen una gran superficie de ataque” que, tal como lo explicó la firma, están construidas a partir de diferentes unidades vinculadas entre sí que no siempre tienen los mismos estándares de seguridad. A pesar de que los investigadores arrancaron el estudio con la convicción de que encontrarían que las pequeñas y medianas empresas estarían en mayor riesgo debido a la falta de procesos y a deficiencias de personal y presupuesto, el documento da cuenta que estas compañías de menor dimensión son las que mejor se enfrentan a estos nuevos fenómenos criminales. Los hallazgos del informe están basados en 310 pruebas de penetración (es decir de simulacros de ataques electrónicos) en 148 organizaciones de diversos tamaños. Entre todos los tipos de pruebas de penetración realizadas en grandes organizaciones, el 49% de las vulnerabilidades encontradas se consideraron de alto riesgo, frente al 38% para las pequeñas empresas y el 34% para las medianas empresas. Otra de las causas para que las grandes organizaciones estén más expuestas a ataques del crimen organizado por internet que las de menor tamaño es que, en muchos de los casos, el crecimiento de esos conglomerados se debe a procesos de fusiones y adquisiciones, lo que genera una acumulación de bienes cuyo tratamiento de protección de ciberseguridad es disímil y que, de nuevo, amplían la superficie de ataque.

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