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CONTENIDO
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Cuidado con el riesgo reputacional al patrocinar avisos
La Fiscalía General de la Nación informo sobre la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre unos supermercados que serían usados para lavar activos de las Farc. Sin embargo, llamó la atención que los anuncios de varios de esos establecimientos comerciales -reseñados en la prensa- eran patrocinados por una reconocida marca de café.
14 Relación nedas y
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entre las criptomoel lavado de activos
Las monedas virtuales generan riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y por esa razón es necesario que los oficiales de cumplimiento conozcan sus características, tengan en cuenta casos reales y atiendan el mandato de las autoridades locales.
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Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca corresponsal
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Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca
Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 000 sociedades anónimas off shore en el escándalo conocido como Panama Papers, informó en un comunicado que cerrará sus puertas debido a daños irreparables en su reputación.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Comité de Pagos y Estabilidad del Mercado (Cpmi por su sigla en inglés) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por su sigla en inglés) destacaron la publicación de un nuevo cuestionario de debida diligencia para la banca corresponsal del grupo Wolfsberg.
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Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción
La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían información sobre un contrato suscrito con la Gobernación de Vargas, Venezuela.
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EE.UU. sanciona a traficantes mexicanos de heroína
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su programa de sanción Kingpin de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdntk) a ocho socios del designado narcotraficante de heroína mexicano, Joel Efrén Ruelas Ávila, así como a ocho entidades vinculadas a su organización de tráfico de drogas.
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Perú aprobó el Plan nacional contra el lavado de activos 2018-2021
El Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021 que está encaminado a fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Según dice el decreto, estas medidas son necesarias para contribuir “a la estabilidad económica, política y social del país”.
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Nueva iniciativa del Gafi para aplicar Fintech y Regtech a la lucha ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó la Iniciativa Fintech y Regtech, que consiste en una plataforma online que busca identificar las oportunidades de innovación en el campo de la tecnología aplicada a la industria financiera y al cumplimiento normativo para reducir el riesgo de LA/FT, de acuerdo con las Recomendaciones del Gafi.
La Fiscalía da recomendaciones para protegerse del cibercrimen
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La Fiscalía General de la Nación, en uno de sus programas institucionales de televisión, orientó a la audiencia sobre los hábitos responsables para no caer en estafas de los ciberdelincuentes en internet. La charla, que estuvo dirigida por Armando Colmenares Duque, fiscal del CTI y experto en delitos informáticos, aportó estadísticas y consejos sobre estos delitos en Colombia.
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La Supersociedades decretó liquidación de sociedad dedicada a ‘crowdfunding’ inmobiliario
La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Home Parte S.A.S por ofrecer productos de crowdfunding inmobiliario, es decir, por promover la captación masiva de dinero del público a través de la financiación en masa de proyectos de finca raíz por parte de un colectivo de ciudadanos a quienes se les ofrecía un retorno financiero por una inversión mínima de un millón de pesos.
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Cifras de lavado en Guatemala
Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera, realizado en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente de Bancos (SIB) del país, José Alejandro Arévalo, anunció que en 2017 el lavado de activos a través del sistema financiero local alcanzó los USD 690 millones de dólares en aproximadamente 3000 operaciones sospechosas. en 2016 el monto alcanzó aproximadamente USD 445 millones.
ANÁLISIS
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Cuidado con el riesgo reputacional al patrocinar avisos El pasado 19 de febrero la Fiscalía General de la Nación informó sobre la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre unos supermercados que serían usados para lavar activos de las Farc. Sin embargo, llamó la atención que los anuncios de varios de esos establecimientos comerciales -reseñados en la prensa- eran patrocinados por una reconocida marca de café.
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sta acción, que culminó con la ocupación de más de 60 locales avaluados en 627 000 millones de pesos, se llevó a cabo porque presuntamente las cadenas de supermercados han servido como una red de abastecimiento para la desaparecida guerrilla de las Farc, al tiempo que han sido útiles para lavar activos provenientes de sus actividades delincuenciales. Y aunque en un principio el conflicto social afloró porque la ciudadanía pensó que luego de la ocupación “las tiendas ya no eran de nadie”, con posterioridad al fragor de estos hechos han brotado importantes preguntas alrededor de la gestión de cumplimiento. Una de estas inquietudes surgió luego de que, publicada la información de prensa sobre el caso, aparecieran en los medios de comunicación algunas fotografías que registraban los saqueos a una de las tiendas en las que aparecía el letrero de Supercundi al lado del logotipo de una reconocida marca de café colombiano. Y si bien se sabe a hoy que esta marca no tiene vínculos corporativos con las tiendas incautadas, no es descabellado pensar que la ciudadanía la vincule con una presunta red de lavado de activos.
El riesgo reputacional El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, que son el legal, el reputacional, el operativo y el de contagio. La materialización de alguno de estos riesgos, cuando una entidad enfrenta acusaciones reales o hipotéticas de lavado, tienen un consecuente efecto económico negativo que puede representar afectaciones que vulneren la estabilidad financiera de las empresas e incluso enfrentarlas a situaciones en que se ve amenazada su existencia en el mercado por la pérdida total de su credibilidad. De esta manera, y de forma específica, el riesgo reputacional está definido en el numeral 1.9.1. del Sarlaft de la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Externa 029 de 2014) como “la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales”.
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Y aunque es deber de toda organización cumplir sus objetivos empresariales, como por ejemplo mantener una reputación positiva, existen escenarios potencialmente dañinos contra el prestigio de una organización que no han sido previstos por la norma o los sistemas ALA/CFT particulares, pero que son susceptibles de ocurrir en el mundo real y que tienen la capacidad de dañar el nombre de una sociedad como ocurre en el caso planteado.
Recomendaciones El primer llamado que es necesario hacer al realizar este tipo de operaciones, en que una empresa pone sus enseñas en el letrero de otra, es no omitir la evaluación del riesgo reputacional de aparecer vinculado o como financiador de una empresa con la que no se tiene relación jurídica, sobre todo en la hipótesis en que ésta sea salpicada por un escándalo de lavado de activos. Luego de este análisis, y en caso de que la organización opte por prestarse para este esquema, aparece como indispensable realizar una debida diligencia documentada que permita demostrar que, al momento de vincularse, la empresa receptora de las enseñas contaba con una financiación lógica y con una estructura corporativa transparente. Esta debida diligencia debe estar sustentada en un catálogo de señales de alerta que adviertan sobre posibles irregularidades, que para el caso en comento son tres: que la empresa patrocinada se dedicaba a ofrecer o adquirir productos a un precio muy inferior del comercial, que su crecimiento (así como el de sus asociados) era desmesurado, y que existía una falta de claridad en el entramado societario de propiedad. De igual manera, resulta altamente recomendable establecer cláusulas de terminación unilateral de contratos y alianzas por el mero hecho de que la contraparte sea introducida en alguna de las listas de sanción vinculantes para Colombia o que sea acusada formalmente por una autoridad de blanquear capitales o canalizar recursos hacia organizaciones terroristas. Y por último, en caso de que la empresa obligada a prevenir el LA/FT decida aparecer en letreros que contienen la razón social y las enseñas de otra, no puede
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ANÁLISIS
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aplazarse la adopción de un procedimiento o protocolo de desfijación de este tipo de avisos tan pronto como sea conocida un señalamiento formal por lavado.
¿Hay cabida a responsabilidad del oficial de cumplimiento de la empresa patrocinadora? En un artículo de Infolaft de septiembre de 2016, el exoficial de cumplimiento de Interbolsa, Esteban Tobón, afirmó que los profesionales encargados de gestionar el riesgo de LA/FT en las empresas sí están expuestos al riesgo reputacional, pues cuando sucede algo negativo contra una entidad, así no esté relacionado con el tema de LA/FT, “las autoridades y la ciudadanía quieren encontrar un culpable que, a veces, termina por ser el oficial de cumplimiento”.
favoreciéndolo, es decir, puede que el proceso termine demostrando que no existió responsabilidad, pero el riesgo reputacional ya ha generado efectos nocivos para la vida personal y laboral de ese oficial”. Tobón también dijo a Infolaft, en otro artículo de diciembre de 2015, que si le pidiesen comparar el proceso administrativo con el impacto reputacional “diría que el tema administrativo es un saludo a la bandera al lado de lo que siente uno que le hace el mercado. No lo digo de forma defensiva, pues es una cosa natural que tenemos que aprender a manejar. Creo que en este momento el tema en el que deben trabajar los oficiales de cumplimiento es en buscar protegerse muy bien para que ellos mismos no pasen a ser considerados un lavador o incriminado más cuando sucedan las cosas”.
En sus palabras, lo peor es que en este tipo de situaciones la inocencia o la buena gestión es lo de menos: “es posible que el análisis y la investigación sobre el papel desempeñado por el oficial de cumplimiento terminen
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Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca corresponsal
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Comité de Pagos y Estabilidad del Mercado (Cpmi por su sigla en inglés) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por su sigla en inglés) destacaron la publicación de un nuevo cuestionario de debida diligencia para la banca corresponsal del grupo Wolfsberg.
uatro organismos internacionales se manifestaron complacidos por la expedición de este estándar para facilitar la corresponsalía bancaria, que son el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Bcbs), el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (Cpmi), el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi-Fatf) y la Consejo de Estabilidad Financiera (Fsb).
Todos los representantes de dichos organismos coincidieron en que las fallas en los vínculos de corresponsalía bancaria se ha convertido en un foco de atención por parte de la comunidad financiera internacional pues éstas acarrean que en las jurisdicciones afectadas se reduzcan las posibilidades de enviar y recibir pagos internacionales y se promueva la aparición de otros métodos irregulares de traslado de dinero con potencialidad para afectar el sistema económico mundial.
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Así, el presidente del Gafi, el argentino Santiago Otamenti, señaló que el organismo ”le da la bienvenida a esta iniciativa del Grupo Wolfsberg para desarrollar este cuestionario que debe conducir a un cruce de información más eficiente entre las instituciones financieras para facilitar la gestión del riesgo de LA/FT”, mientras que el el director del grupo de expertos en prevención de lavado de activos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Edouard Fernandez-Bollo, indicó que “iniciativas como esta pueden ser un punto de partida útil para evaluar los riesgos de la banca corresponsal mediante la estandarización de la información requerida para ello. A su vez, el miembro del Grupo de Trabajo sobre Banca Corresponsal del Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, Jochen Metzger, dijo que “el cuestionario Wolfsberg puede ayudar a simplificar la creación y el mantenimiento de las relaciones de corresponsalía bancaria para aquellas instituciones que lo utilizan” y, por último, el miembro del Grupo de Coordinación de Corresponsalía Bancaria del Consejo de Estabilidad Financiera, Alexander Karrer, apuntó a que “un uso masivo del cuestionario Wolfsber puede contribuir a reducir los costos fijos de mantener relaciones de corresponsalía bancaria”.
Según informó el Grupo Wolfsberg, que agrupa 13 bancos con presencia global con miras a desarrollar marcos de referencia para la efectiva gestión de los del sector financiero, a largo plazo se espera que la adopción de este cuestionario estandarizado genere que el proceso de due diligence sea más eficiente y menos costoso para las entidades en la medida que define de forma clara y certera qué información solicitar de acuerdo a los principios del Grupo y del Gafi.
Iniciativas similares El Gafi publicó en febrero de 2016 la Guía con un Enfoque Basado en Riesgo para los Servicios de Transferencia de Valores o de Dinero, cuyo objetivo principal es exhortar a que las entidades financieras identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos de LA/FT y los mitiguen en un proceso de caso a caso. Asimismo está la guía del mismo organismo dedicado al intercambio de información en el sector privado de noviembre de 2017.
El cuestionario El formulario propuesto por Wolfsberg apunta a estandarizar la información que los bancos corresponsales solicitan de otros bancos cuando inician o buscan mantener relaciones de corresponsalía, esto con el fin de evitar que se nieguen este tipo de servicios por asimetría en los datos. Entre la información parametrizada que se exige solicitar está la estructura de propiedad, los productos y servicios ofrecidos, el programa de prevención del LA/FT y el programa de ética corporativa.
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Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción: Supersociedades
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La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían información sobre un contrato suscrito con la Gobernación de Vargas, Venezuela.
a Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían información sobre un contrato suscrito con la Gobernación de Vargas, Venezuela. Vram Holding SAS tendrá que pagar 156 millones de pesos luego de que su administradora negara a los delegados del ente de supervisión el acceso a los computadores de la compañía en el marco de una actuación administrativa por presunta violación de la ley 1778 de 2016.
La resolución por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la indagación preliminar señala que Vram Holding SAS, empresa domiciliada en Colombia, celebró el 5 de julio de 2016 un contrato de mandato con Vram Holding SA (con sede en Panamá) para comprar, transportar y entregar unos bienes necesarios para la construcción de un estadio de beisbol. El contrato entre Vram Holding de Panamá y la Gobernación de Vargas fue tasado en USD 6 millones de dólares,
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SECTOR REAL Edición 108
de los cuales la gobernación hizo un primer desembolso a la sociedad colombiana por valor de USD 1.5 millones de dólares. Y es que de acuerdo con la Supersociedades, en ese contrato “se encuentra que existen puntos de contacto con los siguientes factores de riesgo de corrupción, como son el riesgo país y el riesgo de la actividad”. En lo que refiere al riesgo país, la Supersociedades señala que “este se presenta por el hecho de realizar directa o indirectamente, operaciones en naciones que tienen altos índices de corrupción” y en el contrato analizado se “tiene al menos un punto de contacto con un país extranjero que representa este tipo de riesgo”. Para justificar su afirmación la entidad de supervisión recuerda que Venezuela obtuvo resultados negativos en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional.
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En cuanto al riesgo de la actividad o sector económico, la Supersociedades recuerda que los sectores que representan un mayor riesgo de corrupción en la modalidad de soborno son el minero energético, de servicios públicos y el sector de obras de infraestructura. La afirmación la justifica en un informe de 2014 realizado por Transparencia Internacional. Finalmente, la Supersociedades sostiene que “no es claro que se haya dado cumplimiento al objeto del contrato de mandato, ni tampoco al de suministro”. Respecto a los desembolsos de dinero, la autoridad colombiana señala que “no parecen haber sido utilizados como parte de la ejecución del contrato, y por el contrario podrían haber sido utilizados con propósitos diferentes”.
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¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll? La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 (el ‘Informe ABC’ por su nombre en inglés), que examina el estado de los riesgos de corrupción y soborno que enfrentan las organizaciones hoy día y las vías para abordar estos riesgos.
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partir de la realización de una encuesta a 448 organizaciones en todo el mundo, el Informe ABC sistematiza conclusiones en temas de debida diligencia de terceros, la corrupción en fusiones y adquisiciones, regulación, reputación e información de seguridad y privacidad. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que existe una creciente preocupación del riesgo de corrup-
ción en un contexto en el que se hace complejo conocer las estructuras de beneficiarios finales de las organizaciones y, por ende, se dejan de cumplir los estándares éticos propuestos en los programas de cumplimiento corporativo. Sin embargo, el documento también concluyó que de cara a la posibilidad de escándalos de corrupción que golpeen la reputación de las empresas, buena parte de los encuestados se siente en capacidad para abordar de manera efectiva estos riesgos.
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Relación entre las criptomonedas y el lavado de activos Las monedas virtuales generan riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y por esa razón es necesario que los oficiales de cumplimiento conozcan sus características, tengan en cuenta casos reales y atiendan el mandato de las autoridades locales.
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Características del riesgo El Bitcoin, lanzado en el 2009, fue la primera moneda virtual convertible. Su valor no está atado al capital y rendimientos de una empresa, ni depende del producto interno bruto de país alguno, sino de lo que sus tenedores estén dispuestos a pagar en un ámbito tenebrosamente especulativo. Puede ser cambiado por dólares estadounidenses, euros y otras monedas nacionales o virtuales. Se transa en un mercado que no está atado a jurisdicción alguna y sus transacciones pueden opacarse mediante una tecnología denominada Mixer que permite vincular transacciones de diferentes usuarios, lo cual dificulta relacionarlas individualmente a una dirección IP específica. Es el medio de pago favorito de todo tipo de ciberdelincuentes y, al parecer, la seguridad de sus depósitos virtuales todavía no termina de inventarse, conforme se verá más adelante.
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El operador no requería información básica de sus usuarios y no validaba sus identidades, quienes por ello habitualmente establecían cuentas bajo nombres falsos, lo que incluía nombres descaradamente criminales como Russia Hackers (Hackers de Rusia) Hacker Account (Cuenta de Hacker), Joe Bogus (Joe falso) y falsas direcciones como 123 Fake Main Street, Completely Made up City, New York (123 Calle Principal Falso, ciudad totalmente compuesta, Nueva York). Cuatro meses después el mismo Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra el operador de Silk Road, un sitio diseñado para permitir a sus usuarios comprar y vender drogas ilegales, armas y otros bienes y servicios ilegales de forma anónima. Las autoridades incautaron el sitio web aproximadamente 173 991 bitcoins por un valor de más de 33,6 millones de dólares.
A pesar de todo ello, recientemente la Bolsa de Chicago aceptó la negociación de contratos de futuros para proteger a sus inversores frente a potenciales caídas de su valor.
Finalmente, el 14 de septiembre de 2017, fueron formulados cargos por lavado de dinero contra una ciudadana norteamericana nacida en Pakistán, por haber solicitado de manera fraudulenta más de una docena de tarjetas de crédito que usó para comprar aproximadamente USD 62 000 dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en línea. El dinero fue transferido al exterior para apoyar al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS), designadas por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas.
Casos
Después de realizar estas transacciones la demandada intentó viajar a Siria. Si es declarada culpable enfrentará una pena mínima de 20 años de prisión.
En mayo de 2013 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a siete de los directivos y empleados de Liberty Reserve por el blanqueo de más de seis mil millones de dólares, como quiera que este sitio web estaba dedicado a ayudar a los criminales a blanquear capitales derivados de fraude con tarjetas de crédito, tráfico de drogas y pornografía infantil. Llegó a tener más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluyendo más de 200 000 en los Estados Unidos, y a realizar 55 millones de transacciones, casi todas ilegales.
De otro lado, la compañía eslovena Nicehash, especializada en minería de bitcoin, informó en septiembre de 2017 que unos ciberdelincuentes no identificados le sustrajeron más de 4700 unidades de bitcoins. A su turno, la plataforma surcoreana de criptomonedas Youbit anunció su bancarrota en diciembre de 2017 tras sufrir el robo virtual de aproximadamente el 17% de sus divisas digitales, en tanto que en enero de este año una de las casas de cambio de criptomonedas más grandes de Japón reportó que unos hackers le robaron activos virtuales por un valor de USD 534 millones de dólares. “Es el robo de moneda digital más grande del mundo”, dijo la BBC.
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El mandato de las autoridades locales La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Carta Circular 78 del 16 de noviembre de 2016, indicó: “(…) esta Superintendencia considera necesario reiterar en particular recordando a las entidades vigiladas, que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con MV”. Por su parte, el Banco de la República, mediante concepto JDS-25631 del 30 de noviembre de 2016, en similar sentido, precisó que ninguna moneda virtual -MV, incluyendo el Bitcoin ha sido reconocida como moneda por el legislador ni por la autoridad monetaria. En consecuencia, en Colombia carece de poder liberatorio para la extinción de obligaciones y no está autorizado su uso como medio de cumplimiento de las operaciones de cambio. Y concluyó: “las entidades financieras y del mercado de valores que actúan como Intermediarios del Mercado Cambiario no han sido autorizadas, en dicha condición, para emitir o vender Bitcoin”.
A renglón seguido agrega: “una vez identificadas las situaciones que puedan ser fuente de Riesgo de LA/FT, se debe elaborar una relación y dejar documentado el análisis de cada una, con el fin de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento”.
Conclusiones Evidentemente al momento de transar con Bitcoin o con cualquier otra moneda virtual, debe considerarse que estos bien pueden provenir de un delito, que su tenedor sea un ciberdelincuente o sencillamente que sean robados, nada distinto de lo que puede suceder con cualquier billete de banco, cheque, dineros transferidos electrónicamente, activos transados en bolsa, o bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza. Además, hay que recordar que en Colombia, a pesar de no estar específicamente regulados, salvo en lo que se refiere a operaciones de cambio, tampoco le está prohibido su uso a ciudadanos y empresas. Ello explica que la Superintendencia de Sociedades haya optado por calificar a las monedas virtuales como una fuente de riesgo de LA/FT sujeta a controles y seguimiento. En síntesis, el Bitcoin y sus similares han llegado para quedarse y si asumiendo el riesgo financiero, una empresa o una persona decide aceptar monedas virtuales, bien puede hacerlo con la única condición de que también administre el sensible riesgo inherente de LA/FT que le depara. Para ello, valga decirlo, el Sagrlaft contiene reglas útiles y aplicables.
A su turno, la Superintendencia de Sociedades, en su Circular Básica Jurídica (Capítulo 10 actualizado el 22 de noviembre de 2017), dentro del capítulo de Evaluación y análisis de operaciones, negocios y contratos advierte que “deben evaluarse y analizarse las operaciones, negocios y contratos que desarrolle la Empresa, para identificar las fuentes de riesgo (…)” y enuncia algunos casos relevantes, dentro de los cuales incluye: “X. Operaciones en las que se utilicen monedas virtuales”.
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Supersociedades alertó sobre captadoras de dinero La Supersociedades incluyó en un boletín jurídico una entrevista al Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, en la que expuso un completo balance acerca de las investigaciones en contra de captadoras masivas y habituales de dinero que está adelantando la entidad.
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n la entrevista, el superintendente Reyes aseguró que hay avances en las investigaciones de libranzas, y ante todo, que se siguen emitiendo alertas frente al resurgimiento de las pirámides que ahora utilizan profusamente la internet para estafar a las personas.
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El funcionario, quien ha liderado varias de las más importantes investigaciones en estos campos, insistió en la necesidad de que los colombianos no sigan cayendo en este tipo de organizaciones, ya que al final pierden su dinero, a pesar del esfuerzo de las autoridades.
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Investigaciones por el manejo Ojo con las pirámides irregular de libranzas Respecto a este tema, Reyes señaló que la entidad ha estructurado tres estrategias. La primera de ellas es la referente al nivel administrativo y judicial, que consiste en todas las gestiones para recaudar activos y consolidar un acervo patrimonial significativo que permita devolver sumas de dinero a los distintos afectados en la crisis de varias compañías. La segunda estrategia, relacionada con la acción es legislativa, está encaminada promover e impulsar una serie de decretos ante el Gobierno Nacional y una ley ante el Congreso. En cuanto a decretos ya salió uno que restringe algunas actividades de comercialización de libranzas y exige garantías para todas aquellas personas que quieran hacer esta clase de comercialización, mientras que respecto a la ley el proyecto está en último debate y se espera que sea aprobado en marzo tan pronto inicie la legislatura. Según este proyecto de ley solamente pueden comercializar libranzas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Francisco Reyes aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la ciudadanía respecto a los riesgos relacionados con pirámides de captación. Según el funcionario, hay varias explicaciones por las cuales los colombianos caen en estos esquemas, una de las cuales es “el atractivo que proviene del monto de los rendimientos que se ofrecen y que normalmente están muy por encima de las condiciones del mercado, pues particularmente en el caso de las libranzas pudimos ver que se presentaban rendimientos tres o cuatro veces superiores que los propios del sector financiero”. Y para finalizar, el superintendente dijo que si bien es evidente que los esquemas de captación piramidal han migrado a ambientes tecnológicos para aprovecharse de las posibilidades de estafa que otorga internet, “aún subsisten las pirámides de garaje en las cuales, al mejor estilo de los años 70, hay personas que con un tablero y una tiza o marcador dibujan la forma como las personas se van a enriquecer y no falta el incauto que termina atrapado en estos fraudes”.
Y la tercera estrategia, que hace referencia a la prevención, busca advertir a los ciudadanos sobre los riesgos que implica hacer inversiones en negocios que no son suficientemente claros, particularmente cuando se ofrece rendimientos exorbitantes que están muy por fuera de las condiciones normales del mercado. Según el superintendente Reyes “esto en parte es educación financiera, a través de la cual se busca concientizar acerca de las dificultades que se pueden presentar cuando las cosas salen mal en una inversión de esta naturaleza”.
Con el propósito de combatir las denominadas ‘pirámides’, la Supersociedades apoya un proyecto de ley que propone que las libranzas solo puedan ser comercializadas por entidades financieras vigiladas.
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NOTICIA
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Así funcionan las redes de narcotráfico entre Colombia y España
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La Fundación Ideas para la Paz y el Real Instituto Elcano (un centro español de estudios), publicaron el documento de trabajo titulado ‘Una aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España’, en el que exponen un panorama completo de cómo funciona el tráfico ilegal de narcóticos entre estos dos países.
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l trabajo se divide en cuatro secciones. La primera hace un análisis conceptual de las diferentes aproximaciones al crimen organizado transnacional (COT), la segunda hace referencia a la evolución histórica del COT y principalmente al narcotráfico en Colombia, analizando los actores predominantes, las rutas hacia España, la distribución y los incentivos que intervienen en su accionar. En la tercera parte se desarrolla un análisis estadístico que ayuda a comprender las dinámicas del tráfico de drogas Colombia-España y en la cuarta se plantean algunos retos y perspectivas generales hacia el futuro.
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Según menciona el mismo documento, esta información es relevante porque sirve de insumo para identificar líneas de investigación sobre el crimen organizado transnacional y sobre las características de las redes de narcotráfico Colombia-España que encaminen acciones y políticas públicas.
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NOTICIA
¿Qué se dice del lavado de activos? Para hablar del LA/FT, la investigación empieza por exponer la forma cómo las bandas criminales llegaron a Europa, que fue mediante un proceso de “transplante criminal” consistente en la migración de una parte de la organización pero sin la capacidad de crear redes de expansión de tipo mafioso. En ese sentido restringido, la célula que viajaba se especializaba según la necesidad de la banda, que podía ser desde el tráfico y venta minorista de drogas hasta el lavado de activos producidos en dicha actividad. Según el documento, esta especialización le ha aportado a los actores un aprendizaje criminal que les ha permitido hacer frente a las acciones del Estado mediante la tecnificación de los procesos, lo que ha complejizado la lucha contra el narcotráfico. ”De acuerdo con lo anterior, es necesario revaluar el concepto de “cadena criminal” y pensar el narcotráfico como un “sistema de las drogas ilícitas” que contiene subsistemas encargados de tareas específicas en cada una de las etapas”, afirma el documento. De hecho, una de las conclusiones principales del texto es que ninguna organización tiene el control de todo el negocio, por lo que se deben ver como un sistema, en la medida en que cada uno es un engranaje que se necesita para mover al otro. Cuando las organizaciones se ven como cadena los eslabones se analizan aislados, que era como trabajaban los narcotraficantes en los 80 y 90.
De acuerdo con el informe, las agrupaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas ya no están jerarquizadas, sino que se han transformado y se dividieron en subsistemas encargados de tareas específicas en las etapas de fabricación y comercialización.
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NOTICIA
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Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 000 sociedades anónimas offshore en el escándalo conocido como Panama Papers, informó en un comunicado que cerrará sus puertas debido a daños irreparables en su reputación.
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a empresa dijo que luego de haber sido “víctima de un ataque cibernético de escala mundial” que le permitió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos presentarle al mundo “un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales, divulgando una serie de publicaciones plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto que lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales”, deberá cerrar luego de cuatro décadas de funcionamiento. Según informaron, tras el escándalo, Mossack Fonseca tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en todo el mundo hasta quedar actualmente con menos de 50 colaboradores. “El deterioro reputacional, la campaña mediática, el
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cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país”, se lee en el comunicado de la firma. La compañía informó que un reducido grupo de colaboradores continuará atendiendo solicitudes y consultas de las autoridades, así como de otros entes públicos y privados.
NOTICIA
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Argentina expidiรณ nueva norma contra el LA/FT para el mercado de capitales La Unidad de Informaciรณn Financiera (UIF) de Argentina dictรณ una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulaciรณn, contenida en la Resoluciรณn UIF 21/2018, plantea un necesario viraje hacia la prevenciรณn del LA/FT con un enfoque basado en riesgo, ademรกs de que incorpora los estรกndares y mejores prรกcticas internacionales, en especial las 40 Recomendaciones del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (Gafi).
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a norma obliga a nuevos sujetos, como a los Agentes de Negociación, a los Agentes de Liquidación y Compensación y a los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, a los que se equiparó en sus obligaciones a las sociedades fiduciarias. Entre los principales cambios que introduce la norma para el sector se destacan:
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La segmentación de los clientes con base al riesgo (bajo, medio o alto), que permitirá la aplicación de medidas de debida diligencia diferenciadas y que admitirá incluso identificar a clientes y cuotapartistas de fondos en el exterior mediante normas de debida diligencia simplificada.
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Se incluyen nuevas tecnologías como herramientas de prevención del LA/FT, en especial para los procedimientos específicos deidentificación de clientes no presenciales con impacto directo en la apertura de cuentas comitentes.
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Se autoriza a los sujetos obligados a tercerizar las tareas de identificación y verificación de la identidad de sus clientes.
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Los clientes que inicien una relación comercial o deseen abrir una nueva cuenta podrán requerirle al sujeto obligado que comparta su ficha de identificación con otros sujetos obligados dentro del sector.
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Se prevé la posibilidad que los sujetos obligados puedan prescindir del Comité de Prevención de LA/FT y del equipo de soporte del Oficial de Cumplimiento en determinadas circunstancias.
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Respecto al incumplimiento parcial o defectuoso de cualquiera de las obligaciones y deberes establecidos en la resolución se menciona que, en virtud de la valoración de su impacto, la UIF podrá aplicar acciones correctivas proporcionales. El presidente de la UIF, Mariano Federici, dijo “con esta reforma, la Unidad contribuye a fortalecer la integridad y transparencia del mercado de capitales en línea con los estándares y mejores practicas internacionales para alentar la inversión sana al sector, preservando el orden económico financiero”. A su turno, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Verra, destacó que la norma “habilita elonboarding digital y la colocación internacional de fondos argentinos, temas clave para el desarrollo de nuevas tecnologías y la integración internacional de nuestros mercados”. La modificación de la normativa se desarrolló a partir de un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) así como con las empresas del sector que participaron a través de sus respectivas asociaciones y gremios.
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Los sujetos obligados deben realizar una autoevaluación anual de riesgos, que les permita evaluar y determinar el nivel de riesgo de sus clientes, productos y servicios, canales de distribución y zonas geográficas.
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Se establece la revisión externa independiente acerca de la calidad y efectividad del sistema de frevención de LA/FT del sujeto obligado por parte de profesionales con experticia acreditada en la materia.
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Las empresas del mercado de capitales tendrán que segmentar a sus clientes y realizar una autoevaluación anual de riesgos, entre otras medidas.
Los grupos de dos o más entes pertenecientes a una misma organización societaria podrán designar un único Oficial de Cumplimiento corporativo, e implementar un único Comité de Prevención de LA/FT.
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EE.UU. sanciona a traficantes mexicanos de heroína La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su programa de sanción Kingpin de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdntk) a ocho socios del designado narcotraficante de heroína mexicano, Joel Efrén Ruelas Ávila, así como a ocho entidades vinculadas a su organización de tráfico de drogas.
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egún informó el Departamento del Tesoro, “el uso de heroína es una epidemia en el país que ha sido avivada por traficantes como Joel Efren Ruelas Avila y su organización que han traído narcóticos mortales a través de la frontera sur para luego lavar las ganancias de vuelta en México”. La acción de la Ofac designó a los nacionales mexicanos María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Avila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero y Cruz Sánchez Medrano, todos
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miembros de la familia Joel Efren Ruelas Avila, así como a dos socios importantes en la empresa criminal, Pedro Sanchez Medrano and Reyna Isabel Rivera Sandoval. Asimismo, la decisión de la oficina designó también designó a las empresas Alondra Produce, Comercializadora Gael 4, Dispersora Gael, Felixtapia; Constructora Joel, S.A. de C.V, Constructora Vania, y la boutique Cruzita Novedades. Las compaías están basadas en el estado de Sinaloa, en donde operaba la organización de tráfico de heroína de Ruelas Ávila.
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Perú aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018 - 2021 El Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021 que está encaminado a fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Según dice el decreto, estas medidas son necesarias para contribuir “a la estabilidad económica, política y social del país”.
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egún han informado distintas autoridades, y como está consignado en el mismo documento, la norma se hizo apremiante de cara al avance de bandas delincuenciales dedicadas a blanquear capitales y al terrorismo que cada vez son más internacionales y más avanzadas desde el punto de vista tecnológico.
El plan divide la lucha anti LA/FT en tres grandes enfoques, prevención, detección e investigación, y enjuiciamiento y represión y amplía los sectores obligados de tal manera que las industrias de los de juegos de casinos y maquinas tragamonedas, micronfinancieras, abogados, contadores, corredores de seguros, cambistas, prestamistas y notarios, deberán realizar una evaluación sectorial que les permita extender acciones preventivas que reduzcan la incidencia de este fenómeno. Marzo 2018 Infolaft —27
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Ojo si su empresa es contratante del Estado en Brasil Las autoridades del estado de Rio de Janeiro, en Brasil, informaron que las obligaciones existentes para la prevención de la corrupción corporativa en el sector financiero han sido extendidas. En efecto, a partir de este año se les exigirá a las empresas, fundaciones o entidades extranjeras que quieran ejecutar obras públicas o vender productos o servicios al gobierno implementar un programa de cumplimiento de ética empresarial que mitigue estos riesgos.
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l nuevo paquete de normas busca ir más allá de la actual ley brasileña contra el soborno, puesto que plantea fuertes sanciones contra las organizaciones internacionales que no puedan demostrar la existencia de un programa de cumplimiento que sea útil y efectivo. Así, la ley establece multas diarias de hasta el 2% del valor del contrato estatal hasta alcanzar hasta el 10% del valor total del contrato, y la posibilidad de suspensión de las actividades hasta que se corrijan las infracciones. En otros estados del país, como el Distrito Federal, también se han aprobado leyes que buscan fortalecer la lucha contra el soborno transnacional. Por ejemplo, en febrero pasado fue expedida la Ley 6.112 de 2018 que exige que las empresas, fundaciones o entidades extranjeras adopten e implementen programas de cumplimiento de ética corporativa en una forma similar a la obligación impuesta por Río de Janeiro.
Bajo el amparo de estas nuevas normas, las agencias públicas que tienen competencias de supervisión y control de la contratación estatal adquieren facultades para evaluar la implementación de los programas de cumplimiento obligatorios, aunque todavía no están definidos los estándares que utilizarán los supervisores para medir la efectividad del programa.
El diseño e implementación de programas de ética será obligatorio para todas las empresas que quieran contratar con el Estado brasileño.
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Nueva iniciativa del Gafi para aplicar Fintech y Regtech a la lucha ALA/CFT
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó la iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online que busca identificar las oportunidades de innovación en el campo de la tecnología aplicada a la industria financiera y al cumplimiento normativo para reducir el riesgo de LA/FT, de acuerdo con las Recomendaciones del Gafi.
a página funciona como un foro en el que todos los miembros de la red global ALA/CFT del Gafi pueden presentar propuestas y desarrollos en esta área, siempre manteniendo el enfoque en la reducción de los riesgos de blanqueo de capitales y de canalización de recursos a organizaciones terroristas. Luego de recibidas dichas propuestas, la plataforma las clasifica y centraliza con el fin de hacerla accesible a todos los gobiernos y entidades del sector privado.
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En el video de presentación el presidente del Gafi, el argentino Santiago Otamendi, señaló que la iniciativa materializa una de las prioridades de su presidencia, que es fortalecer el diálogo en materia de FinTech y RegTech justo en el momento en que esta industria tecnológica y el organismo internacional han encontrado objetivos comunes en la lucha antilavado, como lo es mantener la integridad del sistema financiero global.
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La Fiscalía da recomendaciones para protegerse del cibercrimen La Fiscalía General de la Nación , en uno de sus programas institucionales de televisión, orientó a la audiencia sobre los hábitos responsables para no caer en estafas de los ciberdelincuentes en internet. La charla, que estuvo dirigida por Armando Colmenares Duque, fiscal del CTI y experto en delitos informáticos, aportó estadísticas y consejos sobre estos delitos en Colombia.
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as cifras presentadas en el programa son preocupantes. De enero a febrero de 2017 el índice de crecimiento de denuncias relacionadas con delitos financieros fue del 26.34%, mientras que de enero a febrero de este año la cifra de aumento en las noticias criminales de cibercrimenes se ubicó en 60%. Adicionalmente se informó que el 90% de los usuarios de internet a través de móviles o computadores están expuestos a este riesgo, y que es justamente de este número que se deriva la la necesidad de asumir comportamientos seguros. El fiscal Colmenares Duque resaltó que el robo de las cuentas o datos bancarios a través de plataformas sofisticadas que suplantan personas e imágenes corporativas es la conducta delictiva que más crece masivamente en la web porque ya lleva muchos años y es rentable. Sin embargo, destacó que hay otros delitos que requieren
la atención de los usuarios como el secuestro de datos, que es una técnica que impide el acceso a los archivos digitales a través de un proceso de encriptación abusiva que termina hasta que la víctima pague un rescate. Como recomendaciones prácticas para los usuarios en internet se señalaron en tres aspectos que favorecen la seguridad de la información: crear contraseñas que contengan letras más números y símbolos para que no sean fáciles de descifrar, cambiar dichas claves cada tres o cuatro meses, y rechazar correos sospechosos o desconocidos para evitar entrar en contacto con programas maliciosos diseñados para apoderarse de los datos personales almacenados en los computadores. Fiscalía para Todos Radio emite los martes de 14:30 a 15:00 horas por los diales de la Radio Nacional de Colombia en todo el país.
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SECTOR REAL
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La Supersociedades decretó liquidación de sociedad dedicada a ‘crowdfunding’ inmobiliario La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Home Parte S.A.S por ofrecer productos de crowdfunding inmobiliario, es decir, por promover la captación masiva de dinero del público a través de la financiación en masa de proyectos de finca raíz por parte de un colectivo de ciudadanos a quienes se les ofrecía un retorno financiero por una inversión mínima un millón de pesos colombianos.
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Según informó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, “la decisión de ordenar la liquidación de Home Parte S.A.S se da luego de que la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control realizara investigaciones administrativas y visitas” y detectara que la información financiera no sólo estaba desactualizada, sino que reportaba una suma total de activos excesivamente baja para la actividad desempeñada. Según la orden de liquidación judicial, contenida en el Auto 405-002694 del 23 de febrero pasado, “la entidad no cuenta con información financiera y de la única que se tiene conocimiento consiste en un balance a 31 de diciembre de 2016, entregado en la diligencia de toma de información realizada el 31 de mayo y 1, 2 y 9 de junio de 2017 en la cual se evidenció que los activos ascienden a la suma de $4.181.084, valor que será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso, en la etapa procesal correspondiente”.
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A partir de esta decisión Home Parte S.A.S no podrá desarrollar su objeto social ya que únicamente conserva la capacidad jurídica para los actos tendientes a su liquidación. Adicionalmente, la superintendencia les advirtió a los administradores, ex administradores, asociados y controlantes sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable de Home Parte o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial. Respecto a este llamado, la entidad de vigilancia amenazó con que “el incumplimiento de la anterior orden puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales de conformidad con lo previsto en la Ley 1116 de 2006.
Luego de la orden de liquidación, se prohibió a los administradores, exadministradores y asociados de Home Parte SAS disponer de cualquier bien que forma parte del patrimonio liquidable de la empresa.
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Cifras de lavado en Guatemala
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Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera, realizado en febrero en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente de Bancos (SIB) del país, José Alejandro Arévalo, anunció que en 2017 el lavado de activos a través del sistema financiero local alcanzó los USD 690 millones de dólares en aproximadamente 3 000 operaciones sospechosas. en 2016 el monto alcanzó aproximadamente USD 445 millones.
egún el funcionario, esta cifra requiere que el gobierno prepara un plan de choque que intensifique los controles antiblanqueo, que persiga decididamente a los lavadores, y que promueva la actualización de la infraestructura tecnológica y de seguridad de las entidades financieras. Y es que en lo que va corrido de este año ya se han reportado al menos 719 operaciones sospechosas equivalentes a USD 9 millones de dólares, por lo que este plan no da espera.
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En la actualidad la SIB tiene en ejecución una campaña de pedagogía para reducir conductas de blanqueo de capitales en la que exhorta a que las personas obligadas redoblen los esfuerzos para conocer a su cliente e identificar el origen de sus recursos para evitar operaciones con recursos ilícitos. Asimismo, la SIB exhorta a que los obligados reporten para combatir el lavado en un esfuerzo conjunto entre las autoridades y el sector privado.