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CONTENIDO
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Superfinanciera publica guía para vincular excombatientes de las Farc
La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso al sistema financiero de las personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las Farc
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Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. El documento se da a conocer a pocos meses de la publicación del informe del evaluación del FMI sobre el sistema nacional contra el LA/FT.
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Así es la minería ilegal en el posconflicto
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La Defensoría del Pueblo presentó el informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’ en el que denunció que en esta etapa de posconflicto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc han permeado nuevos territorios en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.
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Capturados directivos de Elite International por tipología de fraude y lavado
La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro personas en Bogotá, Barranquilla y Cartagena dentro de las investigaciones por las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., realizaba a través de la negociación de libranzas. Los detenidos son los socios funda- dores y miembros de la junta directiva de la sociedad.
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Archivo propio
Quitarle tres ceros al peso colombiano no parece tan buena idea
Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, para eliminarle tres ceros al peso colombiano a finales del mes de febrero pasado, el país vio como un creciente número de actores salió también a respaldar la propuesta. No obstante, Asobancaria quitó el apoyo inicialmente expresado.
Así va la lucha de la Supersociedades contra captadoras ilegales
El día de hoy la Superintendencia de Sociedades informó que, entre enero y marzo de 2018, ha iniciado un total de 13 acciones contra individuos y 10 contra sociedades por promover estructuras de inversión no autorizadas de captación masiva y habitual de recursos del público. Bogotá es la región que mayor incidencia presenta de estos procesos, con un total de 12, seguida por el departamento de Córdoba con siete.
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El Minjusticia radicó proyecto de ley para perseguir organizaciones criminales
El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, pre- sentó con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y así desarticular dichas organizaciones criminales.
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¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018?
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Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que culminaron con la imposición de multas por un total de USD 3.45 millones.
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Hsbc y sus nuevos robots contra el lavado
El Hsbc anunció que implementará una serie de herramientas tecnológicas, entre ellas varios robots, para fortalecer su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así, el Hsbc dijo que integrará un sofisticado software de inteligencia artificial que permitirá contrastar los datos de sus clientes con los datos públicos disponibles para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Lista de sanción de Panamá contra Venezuela
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La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc) expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país.
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La Ofac incluirá monedas virtuales en su programa de sanción SDN
En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que es probable que empiece a incluir monedas virtuales a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) con el objetivo de advertir al público de aquellas criptomonedas vinculadas a los sujetos bloqueados por EE.UU.
ANÁLISIS
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Superfinanciera publica guía para vincular excombatientes de las Farc La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso al sistema financiero de las personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las Farc.
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n enero de 2016 Infolaft publicó un especial titulado ¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados? en el que hizo varias propuestas acerca de cómo se podía vincular a excombatientes de grupos armados ilegales al sistema financiero sin dejar de cumplir con el Sarlaft.
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En ese especial se propuso que la Superintendencia Financiera flexibilizara algunos aspectos del conocimiento del cliente y que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (antes ACR) certificara la calidad de las personas en proceso de reintegración, información que podía permitir a las entidades financieras hacer seguimiento a este segmento de clientes.
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Pues bien, parece que esas propuestas fueron de buen recibo en la Superfinanciera y se incluyeron dentro de la Circular Externa 5 de 2018 de la Superintendencia Financiera, por medio de la cual se fijan “instrucciones para el acceso de los exintegrantes de las Farc al sistema financiero”. De acuerdo con esta nueva norma, “las entidades vigiladas por la SFC [Superfinanciera] pueden vincular como clientes y ofrecer productos y servicios a los exintegrantes de las Farc que se hayan acogido a un proceso de reincorporación a la vida civil y a toda persona jurídica en que figuren éstos como asociados, aportantes o agremiados, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente”. Así mismo, aclara que las entidades financieras “deben abstenerse de exigir requisitos adicionales más gravosos, no contemplados en normas que regulen la vinculación como clientes o la prestación de servicios financieros”.
¿Qué recursos pueden manejar los excombatientes? La Circular Externa 5 de 2018 señala que los reincorporados pueden manejar en sus productos financiero los recursos obtenidos por medio de los programas de reintegración económica establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Los reincorporados también podrán manejar recursos distintos a los derivados de los programas de reintegración, en cuyo caso –señala la norma– “es deber de las entidades vigiladas establecer mecanismos para validar razonablemente el origen de los mismos”.
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sionado para la Paz o ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). La Superfinanciera es muy tajante en señalar que los reincorporados “deben ser tratados en igualdad de condiciones frente al resto de la población y no ser objeto de discriminación para acceder al sistema financiero”. Es más, agrega que “la calidad de reincorporado no podrá ser considerada por sí sola como una causal válida para negar la vinculación como cliente o la prestación de un servicio financiero”. Respecto a los documentos de identificación de los reincorporados, la Superfinanciera aclara que serán válidos los siguientes:
•Contraseñas expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
•Visa Especial Residente Paz. •Acreditación expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En todo caso, sostiene la entidad de supervisión, “corresponde a la entidad vigilada actualizar dicha información una vez se haya expedido el documento final de identificación del cliente”. Finalmente, la Superfinanciera precisa que las entidades financieras deben consultar a los reincorporados en las listas internacionales vinculantes y restrictivas para Colombia, y tienen la facultad de “establecer mecanismos especiales para determinar razonablemente la fuente y el uso de los fondos, así como llevar a cabo un control y monitoreo continuo y diferencial de la relación comercial”.
Acerca del conocimiento del cliente La norma es muy precisa en señalar que las instrucciones impartidas en la Circular Externa 5 cobijan solamente a los excombatientes de las Farc que se hayan sometido a un proceso de reincorporación, así las cosas, esa calidad se debe verificar ante la Oficina del Alto ComiAbril 2018 Infolaft —7
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Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU. El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. El documento se da a conocer a pocos meses de la publicación del informe del evaluación del FMI sobre el sistema nacional contra el LA/FT.
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Teniendo en cuenta que la publicación es realizada por el Departamento de Estado, entidad que maneja las relaciones internacionales del gobierno de Estados Unidos, es muy posible que su contenido haga parte de la reunión bilateral que sostendrán los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump a mediados de abril en Colombia.
No solo se debe perseguir el narcotráfico, también el dinero que genera
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l Departamento de Estado dio a conocer el ‘Informe 2018 de estrategia internacional de control de narcóticos’, un documento de dos volúmenes en el que el gobierno de EE.UU. analiza el trabajo de varios países del mundo para combatir el tráfico de drogas y el lavado de activos. El informe se publica en marzo de cada año y allí se identifica a las “principales jurisdicciones de lavado de activos” debido a que, entre otras razones, sus instituciones financieras “(…) participan en transacciones monetarias que involucran cantidades significativas de ganancias provenientes del narcotráfico internacional”. También se tienen en cuenta las tendencias del lavado de activos y el rol de las empresas no financieras. En la versión 2018 del informe se resalta que existen 90 países con riesgo de lavado de activos, entre los cuales están los propios Estados Unidos y todos los países de Sudamérica, con excepción de Chile.
Quizá lo más novedoso del informe es que señala que los esfuerzos antinarcóticos del gobierno de Colombia se han centrado tradicionalmente en prevenir el narcotráfico, pero “se han dirigido menos esfuerzos operacionales o de inteligencia para rastrear y confiscar el producto de esas ventas de drogas, que utilizan las mismas rutas de contrabando u otros métodos de transferencia”. Lo interesante es que asegura que las rutas de tráfico de drogas y de contrabando son las mismas, y que usan similares métodos de transferencia del dinero.
Lavado de activos: negocios de mayor riesgo en Colombia El Departamento de Estado señala que a pesar de que Colombia tiene un régimen fuerte contra el lavado de activos, los dineros ilegales provenientes del tráfico de drogas y de la minería ilegal continúan afectando a sus instituciones financieras. El informe sostiene que entre las técnicas más usadas para lavar activos se encuentra el contrabando de efectivo, de gasolina, de licores y de electrodomésticos; así como las transferencias electrónicas, las remesas y el uso de monedas electrónicas. El comercio de elementos falsificados es otro método usado para lavar los activos ilícitos.
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Por su parte, los sectores o negocios más afectados por el lavado de activos son los casinos, los juegos de chance, las loterías, la ganadería, los textiles, la minería de oro y las tarjetas prepago. Mientras que “las 104 zonas francas en Colombia son vulnerables debido a una inadecuada regulación, supervisión y transparencia”. Llama la atención que, a diferencia de los informes de años anteriores, en esta ocasión no se menciona a los giros postales y a los mercados de valores como negocios de riesgo.
Falta de cooperación entre autoridades, otra gran problema El informe sostiene que la subdesarrollada capacidad institucional, la limitada cooperación entre agencias y la falta de experiencia en investigación y judicialización de crímenes financieros complejos impiden que Colombia tenga un régimen efectivo de lucha contra el lavado de activos. Respecto a las autoridades reguladoras, entre las cuales están las superintendencias, el informe asegura que carecen de capacidad y de herramientas tecnológicas para examinar efectivamente la gran cantidad de datos disponibles. Sin embargo, estas observaciones no son novedosas. El Departamento de Estado las ha repetido en sus informes a lo largo de los últimos cuatro años.
¿Habrá algún impacto en el examen del FMI a Colombia? Durante el próximo mes de julio el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –organismo continental de lucha contra el lavado de activos al que Colombia pertenece– tendrá que analizar y aprobar un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/ FT).
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Uno de los componentes más relevantes de esa evaluación será la efectividad de las políticas para perseguir el delito. Para hacer esa medición los expertos del FMI tuvieron en cuenta el cumplimiento de las normas emitidas en Colombia para prevenir el LA/FT, el número de sanciones y condenas existentes, y el nivel de cooperación entre entidades públicas. Por esa razón es preocupante que el informe del Departamento de Estado mencione insistentemente que en Colombia hay una “cooperación interinstitucional inadecuada”. De hecho, se refieren al tema en cuatro diferentes apartes y señalan que se debe trabajar para fortalecer aspectos como el intercambio de información. Si bien el Departamento de Estado no participa en la evaluación del FMI, sus informes son referentes en lo que tiene que ver con la lucha internacional contra el lavado de activos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el contrabando de gasolina, de mercancías, de licores y de electrodomésticos es un gran generador de recursos ilícitos en Colombia
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SECTOR REAL
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La Supersociedades recordó deberes de conocimiento de clientes y proveedores La Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los procesos de conocimiento de contrapartes en sus ciclos de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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l Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que “el organismo, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
En el mismo comunicado, la entidad informó que estos riesgos se derivan de que un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, por lo cual es indispensable cruzar a las contrapartes en esta lista y otras semejantes.
Por esta razón, el superintendente Reyes informó que de acuerdo con las normas contra el LA/FT “la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores”.
Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1.200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dentro del cual está establecido el deber de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
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Archivo propio
Quitarle tres ceros al peso colombiano no parece tan buena idea Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, para eliminarle tres ceros al peso colombiano a finales del mes de febrero pasado, el país vio como un creciente número de actores salió también a respaldar la propuesta. No obstante, Asobancaria quitó el apoyo inicialmente expresado..
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n efecto, además de Martínez, quien dijo que la nueva denominación de la moneda ayudaría en la persecución de los millonarios recursos en efectivo que los criminales han acumulado a lo largo de décadas, miembros directivos del Banco de la República, el Presidente de la Republica, el Ministerio de Hacienda, y la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) también se adhirieron a esta iniciativa.
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Así, mientras que el presidente, Juan Manuel Santos, decía en su cuenta de Twitter que “gracias a que se controló la inflación, retomamos, con apoyo del Banco de la República, la idea de quitarle tres ceros al peso”, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, afirmaba que su gremio aplaudía el cambio de denominación y que “la banca está plenamente dispuesta” a colaborar tanto en la estructuración del proyecto de ley como en el eventual proceso de transición.
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En ese escenario de casi unanimidad pocas fueron las voces que plantearon inquietudes a la propuesta. En esa coyuntura, Infolaft publicó el pasado primero de marzo el artículo ‘Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes’ en el que, además de recoger algunas de las dudas suscitadas alrededor de este debate, planteó cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos que son prioritarias por encima del cambio de moneda. En cuanto a los inconvenientes, el artículo puso de presente que dada la difusión del proyecto los grupos criminales ya están advertidos, que de cara a lo largo del trámite de implementación el dinero de los delincuentes no perdería de inmediato su poder económico, y que no existe un alto índice de plata en efectivo incautada toda vez que entre 2014 y 2015 apenas se decomisaron COP 1.833 millones a las Farc y COP 14.993 millones de las bandas criminales. Respecto a las maneras que tiene Colombia para superar el lavado de activos más allá del cambio de billetes, Infolaft propuso establecer un registro único de propiedades, un sistema centralizado de información relevante para las autoridades, un nuevo Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas (que es uno de los compromisos del Acuerdo de Paz), una lista de sanciones financieros (Lista Clinton a la Colombiana) y un registro único de beneficiarios finales.
La controversia Poco menos de un mes después de que surgiera el debate, el pasado 18 de marzo el diario El Espectador publicó una columna del director de Infolaft, Alberto Lozano, titulada ‘Las caletas de la guerra y el cambio de billetes en Colombia’ en la que, además de exponer las tesis que esta revista había planteado semanas atrás, propuso un proceso nacional de sinceramiento patrimonial que le de ofrezca a evasores, comerciantes informales de divisas, contrabandistas y a quienes escondan efectivo no declarado algunos beneficios de reducción de sanciones y seguridad jurídica a cambio de confesar activos ocultos o ilícitos.
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miento oficial del gremio respecto a la medida, en la que se dijo que la supresión de tres ceros al peso colombiano es una medida excesivamente costosa y poco eficiente “tanto por los desafíos operativos como culturales que incorpora”, como el tiempo de implementación que es largo frente a la necesidad de confiscar los activos ilícitos, o la necesidad de una pedagogía muy detallada. “En Asobancaria hemos concluido que el momento para eliminar los tres ceros no es el adecuado”, señaló Castro, quien además dijo que resulta más conveniente fortalecer el proceso de implementación de la nueva familia de billetes, que está hasta ahora en un 30%. Aunque el Gobierno Nacional sigue con el proceso de presentación del proyecto de ley para quitar los ceros a la moneda colombiana, para lo cual realizó una discusión conjunta con la Junta Directiva del Banco de la República el día de ayer, resulta importante ver cómo el debate alrededor de este tema ha adquirido más nivel con en el paso de las semanas. Esta resulta ser una antesala valiosa y necesaria de cara a la discusión pública y oficial que se dará en el Congreso de la República.
Según Santiago Castro, presidente de Asobancaria, la propuesta de eliminar tres ceros del peso colombiano es una medida excesivamente costosa y poco eficiente.
Dos días más tarde, el presidente de la Asobancaria hizo una rueda de prensa para hacer un nuevo pronuncia-
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JUSTICIA
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Así es la minería ilegal en el posconflicto La Defensoría del Pueblo presentó el informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’ en el que denunció que en esta etapa de posconflicto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc han permeado nuevos territorios en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.
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JUSTICIA
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n el informe se hace referencia al Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño como zonas estratégicas para los actores armados ilegales, como quiera que sirven de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro.
Minería ilegal Según el documento, algunas regiones afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería de oro, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia. Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento. En lo relacionado con esta problemática, los actores armados cometen extorsiones a las empresas que realizan la exploración, así como el secuestro de empleados, tanto de mineros legales como ilegales. A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación aurífera desde la mina. La cifra más reveladora es que para el año 2015, antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país produjo aproximadamente 59 toneladas de oro de las cuales 51 fueron en municipios con presencia de actores armados ilegales, que obtuvieron entre 129 millones de dólares y 258 millones de dólares por explotación ilegal.
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TIPOLOGÍAS
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Capturados directivos de Elite International por tipología de fraude y lavado La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro personas en Bogotá, Barranquilla y Cartagena dentro de las investigaciones por las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., realizaba a través de la negociación de libranzas. Los detenidos son los socios fundadores y miembros de la junta directiva de la sociedad Elite.
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os capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputará, según su participación en las conductas, los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento Ilícito de particulares y lavado de Activos.
La tipología El caso se conoció el 9 de diciembre de 2016, cuando la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite por considerar que la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos del público. En esa decisión se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó COP 441 mil millones. De manera paralela, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía puso al descubierto una captación aun mayor, que superaría el billón de pesos. Las evidencias recogidas por el ente acusador evidenciaron la posible existencia operaciones irregulares de captación como ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y la venta múltiple de una misma libranza. Por esta causa, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.
TIPOLOGÍAS
• Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidación – COOCREDIANGULO.
• Cooperativa Mundocrédito – COOMUNDOCREDITO. • Mundocrédito Servicios S.A.S. • CASAEYMACAG S.A.S. • Cooperativa Multiactiva de Suba – COOPSUBA. • Alianzas Efectivas. • Crediasesoramos Créditos Y Asesorías Profesionales
S.A.S. – CREDIASESORAMOS.
Según la fiscalía, todo este entramado ilegal dejó como resultado operaciones de lavado de activos por un monto todavía por calcular, aunque ya se sabe que Elite sacó del país al menos USD 5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados, y que entregó alrededor de USD 4.5 millones a 6 empresas fachadas en Colombia, dentro de las que se encuentran AFECAFE S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los directivos de Elite y a sus vinculados. Elite International Américas S.A.S. fue constituida en mayo de 2011, y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.
Además, la Fiscalía encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de las siguientes cooperativas y sociedades comerciales:
• Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación – COOVENAL. • Inversiones Alejandro Jimenez A.J. S.A.S. • Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana – COOMUNCOL.
•
Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social REDESCOOP (Ahora SIGESCOOP).
• Credimed del Caribe S.A.S.
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Así va la lucha de la Supersociedades contra captadoras ilegales El día de hoy la Superintendencia de Sociedades informó que, entre enero y marzo de 2018, ha iniciado un total de 13 acciones contra individuos y 10 contra sociedades por promover estructuras de inversión no autorizadas de captación masiva y habitual de recursos del público. Bogotá es la región que mayor incidencia presenta de estos procesos, con un total de 12, seguida por el departamento de Córdoba con siete.
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simismo, la entidad señaló que dentro de las medidas adoptadas se han decretado medidas cautelares de posesión, embargo y secuestro de bienes para proteger el patrimonio de estas sociedades que debe ser utilizado para resarcir a las víctimas de los esquemas irregulares de inversión. En efecto, según informó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, “se ordenó la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de administradores o ex administradores, accionistas o ex accionistas, revisores fiscales o ex revisores fiscales, durante el periodo de captación. Además, se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad, susceptibles de ser embargados a las sociedades implicadas”. Además, el Superintendente Reyes precisó que, en aras de ubicar e identificar bienes y recursos de los implicados en casos de captación ilícita, la entidad de vigilancia dio instrucción a los juzgados para que informen si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o adelantan procesos de los que se pueda derivar algún derecho económico que pueda ser utilizado para reparación a víctimas.
Am re asperspiene noneceperspe nis corionectio qui dicaerunt, omnimagnat quidem quas assedi aut exped ma sinte eossus, sunte ex et etur, quostio tem dolupisim venimillab inti ditis sumquiati samus simperi dolor aut ommoluptat quis
La Superintendencia pudo identificar que algunas de las firmas y empresas intervenidas por captación ilícita este año promueven supuestas inversiones en fondos, en títulos valores, en carteras colectivas y en patrimonios autónomos para atraer inversionistas con la promesa de jugosas rentabilidades. Cabe recordar que durante todo el año 2017 la Supersociedades realizó el mayor número de intervenciones contra mecanismos de captación ilícita desde que se produjo el desplome de las pirámides DMG y Drfe hace 10 años: entre enero y diciembre del año anterior se efectuaron 210 intervenciones, lo que significó un aumento exponencial del 76 por ciento con respecto al 2016.
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El Minjusticia radicó proyecto de ley para perseguir organizaciones criminales El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, presentó con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y así desarticular dichas organizaciones criminales.
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on este proyecto, el gobierno busca fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permitan a fiscales, jueces y servidores de policía judicial enfrentar oportuna y eficazmente a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y a los Grupos Armados Organizados (GAO), según
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los define el proyecto de norma, mientras que en paralelo establece un procedimiento especial para judicializarlos sin que esto signifique reconocer su personería jurídica o política o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. “Este es un proyecto que está dirigido a toda la criminalidad en el país que se encuentra dividida en grupos delictivos organizados y grupos armados organiza-
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dos; buscamos fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas, los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana”, dijo el ministro Gil. El proyecto de ley contempla que, para que un GAO pueda someterse a la justicia, su representante debe manifestar de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo de someterse, y debe incluir toda la información sobre bienes y víctimas que serán reconocidas para repararlas. Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su identificación completa: nombre, documentación, firma y huella. En ella, cada persona deberá incluir la fecha de ingreso a la organización criminal, los roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición pormenorizada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.
NOTICIA
Este proyecto tiene en 58 artículos toda una política de sujeción y el sometimiento al poder del Estado de los grupos armados que colaboren con la justicia y que entreguen los menores a cambio de una rebaja de hasta el 50% de la pena. “No estamos creando en ningún momento actos de impunidad ni acuerdos políticos” dijo el Ministro de Justicia. Una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, la Fiscalía podrá suspender las órdenes de captura a los miembros del grupo armado organizado siempre que exista una solicitud previa del Consejo de Seguridad Nacional. Esta suspensión se aplicará exclusivamente en el territorio definido para los acercamientos y podrá ser revocada en el momento en el que el individuo cometa nuevos delitos o incumpla con las normas de conductas colectivas. En cuanto a los delitos que no se encuentren en el acta de sujeción individual, es decir, que no hayan sido reconocidas expresamente por el individuo cuando manifestó su voluntad de someterse a la justicia, serán investigados y juzgados bajo las normas penales vigentes a la fecha.
Los grupos armados ilegales que deseen someterse a la justicia tendrán que entregar una carta de voluntad y además incluir información de sus bienes y de las víctimas que serán reparadas
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INTERNACIONAL Edición 109
Hsbc y sus nuevos robots contra el lavado HSBC-Bangalore-Bannerghatta-Road
El banco Hsbc anunció esta semana que implementará una serie de herramientas tecnológicas, entre ellas varios robots, para fortalecer su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así, el Hsbc dijo que integrará un sofisticado software de inteligencia artificial que permitirá contrastar los datos de sus clientes con los datos públicos disponibles para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
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pesar de que este proyecto de inteligencia artificial no se encuentra enteramente consolidado en la actualidad, la responsable de prevención de delitos financieros del Hsbc, Jennifer Calvery, dijo que hace meses el banco logró bloquear un supuesto fraude de aproximadamente USD 500 millones en el que estaba involucrado el hijo de un ex presidente de Angola, lo que demuestra que la nueva estrategia de cruce masivo de datos ya empezó a dar resultados positivos. El proveedor del software de inteligencia artificial que implementará el Hsbc es un start up inglés llamado Quantexa, que fue fundado en 2016 para el análisis de datos estructurados y no estructurados que provienen de diferentes fuentes de información, como bases de datos personales y de noticias, para hallar movimientos sospechosos y banderas rojas. 22— Infolaft Abril 2018
Con esta determinación el Hsbc pasa a formar parte del grupo de entidades bancarias que han aplicado herramientas de inteligencia artificial para hacer más eficiente su operación interna, dentro del que ya está el Royal Bank of Scotland y el Danske Bankl. El anuncio llega luego de que el Hsbc tuviera que pagar cuantiosas sanciones por fallas en su programa de cumplimiento por aproximadamente USD 1.900 millones entre 2012 y 2013 por la incapacidad de la entidad de vigilar transacciones y operaciones con jurisdicciones de riesgo sancionadas por Estados Unidos, entre ellas Cuba, Irán, Libia, Sudán y Myanmar.
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Lista de sanción de Panamá contra Venezuela
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La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc), expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país.
través de la Resolución 02 de 2018 del ministerio de economía, el gobierno panameño recomendó a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada y reforzada a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas. La Cnbc hizo énfasis en que los vigilados deben determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como in-
termediarios directos o indirectos de estos sujetos venezolanos identificados. En desarrollo de esta obligación, las empresas deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado o se hayan intentado realizar. Los individuos y entidades incluidas en esta lista son en su mayoría funcionarios cercanos al chavismo: en el listado están incluidos el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello, el presidente del país, Nicolás Maduro, el hermano de Hugo Chávez Adán Chávez y la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La lista completa se encuentra en la página web de la Ofac. Abril 2018 Infolaft —23
ANÁLISIS
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¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018? Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que culminaron con la imposición de multas por un total de USD 3.45 millones.
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l número de multas es considerablemente bajo si se tiene en cuenta que, a modo de comparación, en el primer trimestre de 2017 hubo seis acciones en contra de empresas que pagaron, en total, más de USD 256.5 millones mientras que en 2016 hubo ocho acciones corporativas de cumplimiento en las que se decretaron sanciones económicas de casi USD 500 millones. En lo referente a las sanciones personales, durante el primer trimestre de este año tres personas se declararon culpables de cargos relacionados con la violación a la Fcpa y otros cuatro fueron condenados.
Los tres casos Kinross Gold Corporation: el 6 de marzo de marzo la minera de la referencia dio por terminados los cargos por violaciones a la Fcpa presentados por la SEC mediante el pago de una multa civil de USD 950 mil. La SEC citó el “fracaso repetido” de la compañía para implementar programas de cumplimiento anticorrupción y controles contables adecuados en dos subsidiarias africanas.
ANÁLISIS
Elbit Imaging LTD: el 9 de marzo el holding empresarial israelí acordó pagar USD 500 mil para dar por terminados los procesos por prácticas corruptas transnacionales luego de que las autoridades comprobaron, a través de la contabilidad, que una de las compañías del grupo Plaza Centers NV pagó millones de dólares a consultores externos y un agente de ventas “por servicios”, sin saber si los servicios se proporcionaron alguna vez. Los pagos estaban relacionados con un proyecto de desarrollo inmobiliario en Rumania y la venta de una gran cartera de activos inmobiliarios en los Estados Unidos. Transport Logistics International Inc.: dos días después, el 13 de marzo, esta empresa de transportes fue acusada de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Fcpa por lo que se declaró culpable y pagó una multa USD 2 millones. El caso comprendió la entrega de coimas a un funcionario ruso para otorgar contratos de transporte de uranio.
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La Ofac incluirá monedas virtuales en su programa de sanción SDN En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que es probable que empiece a incluir monedas virtuales a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) con el objetivo de advertir al público de aquellas criptomonedas vinculadas a los sujetos bloqueados por EE.UU.
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n efecto, el pasado mes de marzo la Ofac informó que las estrategias de todo el gobierno para combatir las amenazas mundiales como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, la actividad cibernética maliciosa y el tráfico de narcóticos no pueden desconocer la existencia de casos de abuso de monedas digitales para evadir a las autoridades.
rística) para evidenciar que el sujeto es propietario o ha estado asociado a operaciones irregulares con cierta criptodovisa o monedero virtual. Las primeras monedas digitales que ya han sido incluidas para vigilancia son: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR) y Petro (PTR)
Para frenar este fenómeno, la Oficina informó que podrá agregará en la información relacionada con un individuo designado un identificador (que es código de tres letras que hace referencia a un vínculo o una caracte-
La Ofac también solicitó que, dado este nuevo parámetro de acción, cualquier actor en Estados Unidos que identifique monedas digitales o billeteras que puedan estar asociadas con un individuo o empresa designada en la lista SDN deben reportarlo a la Ofac.
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ANÁLISIS
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La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista negra de jurisdicciones de alto riesgo. Según informó la comisión, “las directrices adoptadas marcan el primer paso para detener el tránsito de fondos de la UE a través de jurisdicciones fiscales que no cooperan” para que “los fondos de la Unión Europea no contribuyan inadvertidamente a la evasión fiscal global”.
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a decisión principal es que ningún recurso para inversión y desarrollo externo de Europa no puede ser canalizado o transitar a través de entidades financieras afincadas en países incluidos en la lista común de la UE de paraísos de evasión tributaria. Los nuevos requisitos buscan alinear el objetivo de la UE de abordar la evasión fiscal a nivel global con las normas que rigen el uso de los fondos de la UE por las instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), las instituciones financieras de desarrollo (IFD) incluido el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (Efsd) y otras contrapartes elegibles. Las directrices establecen, además, cuál es la legislación aplicable a la evaluación que se debe realizar cuando existan proyectos que involucran a entidades en jurisdicciones enumeradas por la UE como no cooperativas a efectos fiscales. Esta evaluación incluye una serie de controles que deben señalar cuál es el riesgo real de evasión fiscal antes de canalizar el financiamiento a través de una entidades potencialmente riesgosas.
La Comisión Europea hizo un llamado a las entidades financieras internacionales para que tengan en cuenta, dentro de sus políticas de riesgo, a aquellas jurisdicciones señaladas de facilitar la evasión fiscal.
La Comisión también hizo un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y otros organismos implicados en la gestión del presupuesto de la UE para que revisen sus políticas internas sobre jurisdicciones que no cooperaron en el transcurso de 2018. Esto es para garantizar que las políticas reflejen los esfuerzos de de la UE para hacer frente a la evasión fiscal, tanto dentro de la Unión como fuera de ella.
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Guía para preparar el examen de certificación en prevención del LA/FT de México 3495788987_9d93acdab6_o
Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese país que agrupa todos los datos, documentos, leyes, referencias y fechas que se deben tener en cuenta para preparar el examen de certificación en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo aplicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv).
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egún informaron los autores, Check está diseñada con una metodología educativa basada en competencias que se dividen en bloques temáticos ilustrados. Además la guía contiene juegos, diagramas, ejercicios, evaluaciones y estrategias de estudio con más de 600 que emulan los interrogantes contenidos en el examen oficial. La guía fue escrita por Alejandro Espinosa Cabrero, socio fundador y Oficial de Cumplimiento de Calfer Soluciones Financieras (una firma con más de 7 años en el mercado dedicada al otorgamiento de créditos con descuento vía nómina), Gerardo Mendoza Ghigliazza que es socio fundador de la firma especializada en prevención del LA/FT Blinda e Hipólito Monroy Macías, también socio fundador de Blinda.
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A partir de 2016 la Cnbv empezó a certificar en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, esto con el fin de verificar que los dichos profesionales cuentan con los conocimientos necesarios en materia de prevención del LA/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales para el ejercicio de sus funciones.
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Comerciante de Bitcoin fue condenado por lavado en EE.UU. Un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado de dinero relacionados con intercambio de Bitcoin para narcotráfico.
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a investigación contra Costanzo inició en 2014, luego de las autoridades identificaran un anuncio que este sujeto publicó en un sitio web de intercambio de Bitcoin en el anunció que estaba dispuesto a participar en transacciones en efectivo de hasta USD 50.000. Cuando los agentes federales encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran traficantes de drogas, el hoy condenado les proporcionó Bitcoin y les señaló cuál era la mejor manera para usar la criptomoneda para evitar consecuencias legales. El jurado encontró además que, durante un período de dos años, Costanzo recibió USD 164,700 en efectivo de los agentes que creía eran traficantes de heroína y cocaína para cam-
biarlos por criptodivisas, lo que según la fiscalía sirvió para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, y control de activos ilícitos. Cada una de las cinco condenas por lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de USD 250.000. Asimismo, los Bitcoin que fueron objeto de las transacciones fueron confiscación por las autoridades competentes. La investigación en este caso fue llevada a cabo conjuntamente por la agencia de impuestos del país, el Internal Revenue Service, la agencia antidrogas DEA Investigation, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. Abril 2018 Infolaft —31
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“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20 El pronunciamiento fue dado a conocer luego de una reunión entre los máximos dirigentes y jefes de bancos centrales de los países agrupados en el G20.
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La declaración, que tocó temas transversales al sistema financiero mundial, tuvo dos puntos relevantes en la lucha mundial contra el LA/FT: de un lado el Grupo reconoció que existen severas preocupaciones alrededor de las criptomonedas, mientras que de otro aprovechó para hacer un llamado a que se implementen de forma inmediata los estándares antilavado del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en todo el mundo. “Reconocemos que las innovaciones tecnológicas, incluyendo aquellas subyacentes a los criptoactivos, tienen el potencial de mejorar la eficiencia y hacer más inclusivo el sistema financiero y a la economía en su conjunto. Los criptoactivos, sin embargo, plantean cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores e inversores, la integridad de los mercados, la evasión impositiva, el lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo”, dijo el comunicado, para luego asegurar que “los criptoactivos carecen de los principales atributos que tienen las monedas soberanas”.
Según se lee en el documento, la preocupación principal es que, dadas estas características, en algún momento las monedas virtuales puedan amenazar la estabilidad financiera global. Para evitar este riesgo, el G20 dijo que hay que implementar los estándares del Gafi para lo cual se espera que este organismo haga una revisión de dichos estándares y los difunda para su implementación en todos los países. Asimismo, el Grupo pidió a otros organismos que establecen estándares internacionales que continúen el monitoreo de los criptoactivos y sus riesgos y que evalúen las acciones multilaterales necesarias. De manera concreta en relación con los riesgos de LA/FT, el G20 se comprometió a intensificar nuestra lucha contra el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el financiamiento de la proliferación, para lo cual convocó “a la implementación completa, efectiva y rápida de los estándares del Gafi en todo el mundo”. Respecto al Gafi, la declaración comentó que lo reconoce como el organismo normativo mundial contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
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