Boletín | Naciones Unidas: Debates entorno a los desafíos globales

Asociación Civil Internacia

BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 16

NOVIEMBRE - AÑO 2020

NACIONES UNIDAS: DEBATES ENTORNO A LOS DESAFÍOS GLOBALES

Asociación Civil Internacia Boletín Año 2020. Número 16 Noviembre 2020

Carátula:

Comisión de Imagen - Internacia

Contenido: Comisión de Investigación - Internacia Comisión de Publicaciones - Internacia Edición:

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

02 Resumen

11 Por una Educación Sexual Integral para todos y todas

23 Lavado de Dinero y Finanzas en Organizaciones Terroristas

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Grupos insurgentes con diversas fuentes de financiamiento: el caso de Hezbollah y el reto de detener su adquisición de armas

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Protección de los pueblos indígenas durante la pandemia del COVID-19

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La pandemia del coronavirus y la economía informal: realidades y desafíos en América Latina y el Caribe

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¿Doctrina de “Seguridad Nacional” ?: la violencia civil centroamericana en 1979 y las acciones de Estados Unidos y organismos internacionales

43 Una disputa helada: la lucha por el Ártico

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RESUMEN En el marco de la celebración por el 75° Aniversario de las Naciones Unidas nos planteamos reflexionar acerca del papel de la cooperación internacional como catalizador de soluciones en para un contexto actual con grandes desafíos.

En ese sentido, desde la Asociación Civil Internacia se han recopilado una serie de artículos académicos que abordan diferentes problemáticas globales llevadas a cabo por siete organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas; entre las que se encuentran el Consejo de Seguridad, la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Ello con el objetivo de aportar al desarrollo de discusiones en torno a problemáticas mundiales de larga data.

En ese sentido, en conjunto con la novena edición del Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Católica PUCP MUN 2020- se presentan siete artículos desarrollados por los comisionados de Investigaciones y Publicaciones de la Asociación Civil Internacia. Así, los miembros de las comisiones de Investigación y Publicaciones abordan artículos en torno a problemas sociales, económicos y de seguridad internacional. Desde el aspecto social abarcan la desprotección social, la ausencia de un enfoque integral en la educación sexual y el impacto de la informalidad en los grupos vulnerables. Desde el ámbito económico abordan la economía informal en la región y el lavado de dinero por parte de organizaciones terroristas. Finalmente, desde el ámbito de la seguridad internacional, abordan la violencia civil centroamericana de 1979 acontecida en El Salvador, Nicaragua y Guatemala y la disputa geopolítica en el territorio Ártico por potencias como Rusia y Estados Unidos.

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PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 CLAUDIA VILLENA Y ESTEFANÍA ANTICONA claudia.villena@pucp.pe , eanticona@pucp.pe

Introducción El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe originó una crisis sanitaria, humanitaria y económica sin precedentes (CEPAL, 2020). Esto, como consecuencia de la de las medidas adoptadas para reducir la tasa de contagios. De esta forma, se produjo la desaceleración de la producción, despidos masivos, reducción de salarios, disminución de la demanda de bienes, servicios e inversión privada y la caída de los precios de bienes primarios y la demanda de exportaciones (Manzano y Saboin, 2020). A su vez, la región registró un total de 387 339 fallecidos y 10 783 202 infectados, convirtiéndose en una de las regiones más afectadas por la pandemia en el mundo (Márquez, William, 2020).

No obstante, si bien el COVID-19 en la región es devastador, su impacto varía

en función al grado de vulnerabilidad de la población de estudio. Al respecto, uno de los grupos más afectados son los pueblos indígenas, quienes se han enfrentado a desigualdades históricas en la provisión de servicios básicos como salud y agua potable, fundamentales para hacer frente a la pandemia.

Con ello en mente, el presente artículo aborda un análisis de las medidas de protección adoptadas tanto por los pueblos indígenas, organismos multilaterales, sociedad civil y el Estado para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe.

Así, en primer lugar, se desarrollará una descripción del impacto de la pandemia en las comunidades indígenas de la región. En segundo lugar, se analizarán las principales medidas adoptadas por los pueblos indígenas, organismos

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multilaterales y la sociedad civil para reducir el impacto del COVID-19 en esta población. En una tercera sección, se aborda la inacción de los Estados de la región para la protección de los pueblos indígenas. A partir de ello, se desarrollarán conclusiones ponderando un enfoque de Estado Moderno enfocado en los ciudadanos y la generación de valor público; en ese sentido, se plantea la importancia de desarrollar planes de mitigación de daños en los pueblos indígenas y la necesidad de implementar medidas de protección ante un posible etnocidio.

Impacto de la pandemia en las comunidades indígenas de América Latina y el Caribe El 9 de abril de 2020, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió sobre un posible acto genocida contra las poblaciones indígenas como consecuencia del impacto del COVID19. Este impacto exacerbado de la pandemia en los pueblos indígenas se explica por factores como la falta de acceso a servicios básicos de salud y agua potable, las características y condiciones geográficas que caracterizan el modo de vida ancestral de esta población y la falta de información culturalmente adecuada sobre la pandemia. Específicamente, sobre el acceso a agua que es fundamental para medidas de prevención como el lavarse las manos frecuentemente, pueblos como los Mapuches, en Chile, y Qom, en Argentina, se enfrentan a la ausencia de este recurso como resultado de la explotación forestal (CLACSO, 2020).

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En el caso de las comunidades indígenas de Ecuador y Perú, se presenta la contaminación del agua por actividades extractivas (CLACSO, 2020).

En conjunto, estos factores condicionan la capacidad de la población indígena de contener el número de contagios. A ello se suma que, los pueblos en situación de aislamiento y/o en contacto inicial poseen un perfil inmunológico que los hace más vulnerables al contagio por el COVID19. Tal es el caso de los pueblos transfronterizos como los Awa, Pastos Siona y Cofan ubicados en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú.

En el caso específico del Perú, la población indígena es de 5 972 606 personas; de ellos, solo un 32% accede a un establecimiento de salud que, en un 92% son postas sin personal médico y sin internamiento (Amazon Frontlines, 2020). En estos establecimientos se carece de medicamentos, equipos de atención y no se tiene un enfoque intercultural de atención. En lo que respecta al acceso a agua potable, solo un 25,8% accede a la red pública y un 19% cuenta con desagüe al interior de su hogar (Amazon Frontlines, 2020).

En el caso de Colombia, la cobertura del servicio de agua potable se restringe al 41% de las viviendas indígenas, a lo que se suma la carencia de recursos económicos para insumos de higiene como desinfectante, mascarillas y guantes (Oxfam, 2020).

Además, como reportan líderes y lideresas de la región, se presentan amenazas por parte de los actores armados de asesinar a los pobladores que presenten síntomas de COVID-19,

[1] VLa COICA es la instancia que representa a los pueblos indígenas de los 9 países que comparten la cuenca amazónica, para la defensa de los derechos, territorios y pervivencia (SERVINDI, 2020). Está conformada por nueve organizaciones de los países de la cuenca amazónica, entre ellos están: la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Organización Nacional de los pueblos indígenas de la ,

en el departamento de Putumayo, Colombia (Amazon Frontlines, 2020).

En lo que respecta al acceso de alimentos, la crisis sanitaria agravó la inseguridad alimentaria en las comunidades indígenas de la región. En este caso las medidas de aislamiento y restricción de movilidad impidieron la producción y adquisición de alimentos.

Esto se suma a los altos índices de pobreza, pérdida de territorio y degradación del ecosistema (Oxfam, 2020) A ello se suman los recientes asesinatos de indígenas defensores del territorio durante la pandemia del COVID-19 en respuesta a la poca vigilancia y control territorial por parte de la Policía y Fuerza Armadas que se concentraron en las zonas urbanas para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia. Al respecto, resaltan los asesinatos de cinco defensores indígenas en México; cinco, en Colombia; y, en el caso de Perú, la muerte de dos defensores indígenas en lo que va del año (Ojo Público, 2020).

En el caso específico de las mujeres indígenas, se presenta un impacto en el aumento de responsabilidades de cuidado y, en consecuencia, mayor riesgo de contagio. A ello se suma la reducción en el acceso a atención sanitaria, información en su lengua y el aumento de la posibilidad de sufrir violencia al no poder alejarse de los agresores por las medidas de confinamiento (Oxfam, 2020).

Asimismo, dentro de la población indígena, los adultos mayores, quienes asumen puestos de autoridad en las comunidades, se vuelven aún más

vulnerables.

En específico, esta población se enfrenta a altas tasas de mortalidad por el COVID-19 con un impacto irreparable para los pueblos indígenas, quienes pierden a líderes y autoridades, con gran conocimiento adquirido (Oxfam, 2020).

Fuente: FILAC

Desarrollo de medidas tomadas por los pueblos indígenas, organismos multilaterales y la sociedad civil para el enfrentamiento de la crisis Ahora bien, ¿Cuál es la respuesta de las organizaciones indígenas, pueblos indígenas y organismos multilaterales ante la crisis provocada por el COVID19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe?

Uno de los actores más activos en la defensa de los pueblos indígenas durante el contexto de pandemia fue la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). En este caso, la Coordinadora busca garantizar la salud de los pueblos indígenas mediante intervenciones culturalmente apropiadas, enfocadas en prevenir, detectar y reducir los índices de mortalidad del virus (SERVINDI, 2020b). Para ello, se elaboró un documento técnico que establece

Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela) (ORPIA), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa (FOAG), Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA), Organizaciones Indígenas de Surinam (OIS)

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estrategias de prevención, contención y manejo de la propagación del COVID19 en la cuenca amazónica (SERVINDI, 2020). Asimismo, desde COICA, se propone la creación de Comités de Emergencia para gestionar intervenciones con un enfoque cultural adecuado, de la mano de otras organizaciones de pueblos indígenas (SERVINDI, 2020).

A su vez, en la Declaración Amazónica frente a la emergencia sanitaria y social mundial por el COVID-19 de la COICA, se propone el diseño de campañas de información y prevención en lenguas nativas e implementar servicios de salud públicas que brinden atención a las comunidades (COICA, 2020). Se identifica la importancia del accionar estatal para proteger el territorio de los pueblos indígenas que están invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas a las comunidades, quienes ponen en peligro su supervivencia (COICA, 2020). De igual forma, se aborda la necesidad de activar la cooperación internacional para acceder a fondos solidarios y humanitarios que permitan brindar atención médica a las comunidades.

En la misma línea, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Organización Panamericana de Salud establecen recomendaciones para intensificar la lucha contra la pandemia del COVID-19 de la mano de los Estados de la región. Entre las medidas propuesta se encuentra el Foro Regional para reunir a agencias y grupos internacionales con el objetivo de visibilizar la situación de los pueblos indígenas en la Amazonia (OPS, 2020).

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A estas iniciativas se suma el Fondo de Emergencia para la Amazonía. Se trata de una iniciativa de la COICA para recaudar y canalizar recursos para ayudar a que las comunidades y organizaciones indígenas de la cuenta amazónica puedan enfrentar la emergencia del COVID-19 (Oxfam, 2020). Para ello, se convoca a gobiernos, agencias de cooperación, organismos internacionales, fundaciones y ciudadanos a colaborar con este fondo.

De igual forma, organizaciones indígenas y organizaciones aliadas se han organizado para desarrollar iniciativas educativas y campañas informativas en lenguas originarias de pueblos indígenas como una suerte de herramienta para reducir la brecha de información a la que se enfrenta esta población (Universo, 2020). Este es el caso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que difunde información sobre el COVID-19 en medios de comunicación comunales, además de la Organización Regional de Pueblos indígena del Oriente (ORPIO) de Perú y CONAIE, Ecuador (Clacso, 2020). A estas propuestas se suma la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) que desarrolla campañas informativas en 6 lenguas originarias destinadas a brindar información sobre cómo prevenir el COVID-19 (Universo, 2020).

Por su parte los pueblos indígenas emprendieron estrategias en el ejercicio de su autodeterminación como el cerrar fronteras para impedir el ingreso de foráneos, entre turistas y personas de la propia comunidad que se encontraban fuera del territorio (CLACSO, 2020).

Esta iniciativa fue acatada entre pueblos indígenas del

territorio Macurawe y de la Meseta Purépecha en México, y las comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Confederación Indígena Tairona en Colombia (CLACSO, 2020). En el caso de las comunidades del pueblo Mapuche en Chile, se presentan casos de represión política y detención de autoridades ante los esfuerzos de impedir el tránsito por sus territorios (CLACSO, 2020). Por su parte, en el Perú, se registró el ingreso de personal de empresas petroleras y mineras a los territorios indígenas, a pesar de las medidas de aislamiento implementadas por las comunidades (Oxfam, 2020).

También se registró el uso de fuerza militar para romper con los cordones sanitarios implementados por las comunidades (Oxfam, 2020).

Asimismo, estas comunidades vienen desarrollando el uso de plantas medicinales y medidas de sanación tradicional, tal es el caso de la organización Ta Iñxemotuam, comunidades de Boyeco del pueblo Mapuche, de Chile, y comunidades del pueblo Qom, de Argentina (Clacso, 2020). También se activaron redes de solidaridad entre pueblos indígenas para acceder a recursos y donaciones; un ejemplo de ello son los pueblos indígenas de la sierra ecuatoriana que distribuyen alimentos en la costa, zona afectada por el COVID-19 (Clacso, 2020). Estas iniciativas de colaboración también incluyen a gobiernos locales, pueblos afrodescendientes, organizaciones populares y redes internacionales, que buscan hacer incidencia política para promover el fortalecimiento de servicios de salud y acceso a alimentos (Clacso, 2020).

Evaluación de la respuesta estatal En palabras de Ivan Lanegra, la capacidad estatal es un asunto determinante en la respuesta frente a los efectos de la COVID-19. En ese sentido, al desarrollar una evaluación de la misma es posible identificar la permanencia de una presencia estatal deficiente y cuyo alcance ha sido muy limitado. Ello se encuentra evidenciado en la inacción del Ministerio de Cultura del Perú “dirigida a ofrecer una respuesta integral, lo cual tiene parte de su explicación en la imposibilidad de resolver con urgencia los efectos de la pandemia. Bajo este contexto han sido las propias organizaciones indígenas las que en diversos países latinoamericanos adoptaron acciones, empleando sus propios recursos y recibiendo apoyo de entidades cooperantes privadas. Entre las mas importantes se distinguió la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados, organismo que intervino en países como Brasil y Venezuela, implementando acciones que aseguraron el alojamiento, la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios de salud de las comunidades indígenas (ACNUR, 2020). No obstante, las demandas y peticiones hacia el Estado siguen siendo vigentes, enfatizando la necesidad de a) atención comunal urgente y b) medidas de salud indígenas permanentes (AIDESEP, 2020).

A este factor se le añade el desconocimiento del Estado en relación a los métodos diferenciados de prevención y relación que podía tener el binomio campo-ciudad para el contagio.

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Bajo esta perspectiva, el conceder las transferencias monetarias si bien resulta un proceso sin precedentes y beneficioso, la introducción de los sistemas de pagos digitales representaría una situación problemática para los pueblos indígenas en tanto su desplazamiento implicaría fuertes riesgos de contagio (Yeckting y Correa, 2020). Bajo este la estrategia de salud formulada por los gobiernos debería de responder a la realidad de las comunidades indígenas (Actualidad Ambiental, 2020).

Como tercer punto, se hace hincapié en el fortalecimiento y la expansión del extractivismo en los países de la región.

Al respecto es clave afirmar que la pandemia no significó una pausa en los conflictos producidos por el extractivismo y que por el contrario estos han respondido más bien a una serie de derrames de sustancias tóxicas que amenazan al medioambiente, así como los miembros de las comunidades (CEJIL, 2020). La continuación de procesos extractivos dentro de un contexto de confinamiento no ha sido una realidad exclusiva para el Perú, extrapolándose a organizaciones campesinas e indígenas del Ecuador, Colombia y Brasil.

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Bajo esta línea, la actividad extractivista se mantuvo y su avance se ha dado en muchos casos a base de continuados incumplimientos de las salvaguardas de los derechos y crecientes usos de la violencia hacia los pueblos indígenas (Gudynas, 2020). Este es el caso de los ndígenas de Napo, quienes desde meses atrás se ven afectados por la extracción minera de la que empresas como Terraearth Resources, la cual sigue operando a pesar de no contar

con una licencia ambiental (Mongabay, 2020). Esta situación resulta similar al contexto peruano, donde se han presentado 14 derrames de petróleo durante la pandemia y la mayoría de estos han sido registrados en el Lote 192, en la región de Loreto (Convoca, 2020). Cabe decir que la envergadura de esta problemática quedó acrecentada por la propuesta de la Ministra de Economía y Finanzas del Perú, al sugerir la implementación de una consulta previa virtual bajo el propósito de acelerar la actividad extractivista. La contemplación de esta medida generó indignación y rechazo por parte de los pueblos indígenas quienes alegaron que la implementación de la consulta previa en dichas condiciones estaría violando el contenido constitucional del derecho de consulta previa, sus principios de buena fe y no condicionamiento ni coacción, así como diversas etapas del proceso de consulta previa (CAAP, 2020).

Conclusiones Los Estados Latinoamericanos no propusieron planes específicos ni medidas diferenciadas para los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19. Tomando en cuenta las exigencias propuestas por la Plataforma Indigena Regional frente a la COVID-19, esta respuesta debe efectuarse de manera urgente, eficaz y contemplar un accionar multisectorial entre los Estados y las comunidades indígenas. Bajo este punto, Norma Correa y Fabiola Yeckting (2020) sugieren “la creación de una comisión de alto nivel, de carácter ejecutivo y con énfasis subnacional, que organice y articule las respuestas sectoriales dirigidas a los pueblos indígenas”,

promoviendo entonces un accionar conjunto y organizado en sincronía con todos los ministerios competentes.

Tomando en cuenta la dimensión social y sanitaria, las autoras priorizan la comunicación oportuna en idiomas nativos sobre las principales formas de prevenir el contagio del virus y los tipos de transferencias económicas que el gobierno está otorgando. Ello debe complementarse con la mejora de la incorporación indígena en la base de datos oficiales para que las mediciones de la pobreza sean adaptadas a su realidad social (Correa y Yeckting, 2020).

Una siguiente reflexión desprendida de este análisis es que por la naturaleza transfronteriza de muchos de estos pueblos, se requiere de la intervención de organismos internacionales y regionales. Los Estados, por sí solos, no podrán contener la crisis que se vive en los pueblos indígenas. se requiere de respuestas coordinadas de cooperación. Al respecto, se destaca el caso de Naciones Unidas y contribución con el gobierno peruano en aras de ampliar sus sistemas de información y georreferenciación para analizar la vulnerabilidad de las comunidades (PNUD, 2020).

Finalmente, teniendo en cuenta las recomendaciones ya mencionadas y estando dispuestos a tener una amplia escucha de las demandas que las organizaciones indígenas solicitan en un contexto post-pandemia, será posible que los Estados latinoamericanos den inicio al diseño de una estrategia de superación y recuperación de las comunidades indígenas.

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POR UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA TODOS Y TODAS MARIA ANGÉLICA FERNANDEZ Y ROSARIO RAMOS a20180632@pucp.edu.pe, r.ramos@pucp.edu.pe

Introducción En las últimas décadas, Latinoamérica ha presenciado un conjunto de demandas que han tenido como objetivo asegurar las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres.

Entre ellos se visualizan temas como la participación política, el aborto, equidad en los salarios, entre otros. Los altos niveles de violencia contra la mujer persistentes en la región han generado cuestionamientos más exhaustivos sobre cómo la educación podría estar contribuyendo en la construcción de una sociedad patriarcal. Dos factores fundamentales aumentaron la preocupación por cómo se estaba llevando a cabo la currícula escolar y si era necesario llevar a cabo modificaciones: los altos niveles de embarazo y el contagio de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes.

En América Latina y el Caribe, cada año alrededor de dos millones de jóvenes entre 15 y 19 años se vuelven madres (UNFPA, 2018), en el Perú durante el año 2019 se certificaron 52, 005 niños cuyas progenitoras oscilaban entre los 15 y 19 años (Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea, 2019). Respecto a las enfermedades de transmisión sexual, la UNICEF (2018a) muestra que en el año 2016 más de 70 mil niños y adolescentes entre 10 y 19 años habían contraído el VIH en América Latina y el Caribe; el Perú supera los siete mil casos (UNICEF, 2018b). Estas cifras reflejan que existe un déficit en los estudiantes que les impide vivir una sexualidad responsable y les brinde las herramientas para saber cómo actuar en sus relaciones sexuales. Por ello, una de las labores centrales de la UNESCO ha sido la promoción de la inclusión de la educación sexual integral en el currículo escolar.

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El presente artículo se divide en seis secciones, incluyendo la introducción. A continuación, se iniciará con la definición de la educación sexual integral para vincularlo a la importancia que conlleva en la etapa escolar de los adolescentes.

Posteriormente, se explicarán las iniciativas que la UNESCO y organismos no gubernamentales han desarrollado en los últimos años respecto a ese tema. Luego, serán mostrados aquellos casos de éxito, pero también las limitaciones que se han presentado en el camino a la implementación de la educación sexual integral. Finalmente, se realizará el cierre con las conclusiones, las cuales mostrarán un balance de lo presentado.

Definición de educación sexual integral y su relación con el currículo escolar La educación escolar no solo tiene como objetivo proveer de información académica a los estudiantes o simplemente hacerlos útiles para el sistema; por el contrario, esta implica un desarrollo integral donde se busquen crear capacidades que les permitan alcanzar el mayor bienestar a nivel emocional, físico y psicológico (UNESCO, 2014). En ese sentido, la educación sexual integral (ESI) constituye una parte fundamental del aprendizaje pleno de cada estudiante.

La ESI es definida por el Ministerio de Educación del Perú (2009) de la siguiente manera:

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Una acción formativa presente en todo el proceso educativo, que contribuye al desarrollo de competencias para que las y los estudiantes vivan su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y responsabilidades con los demás, de una manera saludable, placentera y responsable, teniendo en cuenta las particularidades de cada etapa de su desarrollo. (p.4) Por lo tanto, reconociendo que la sexualidad es parte de toda la vida de los seres humanos y de no existir una educación sexual formal, los adolescentes continuarán aprendiendo a través de medios informales que pueden tergiversar el contenido y exponerlos a mayores riesgos, es menester que la ESI sea aplicada en el currículo educativo. Asimismo, resulta importante enfatizar los enfoques en que esta se basa: derechos humanos, desarrollo humano, interculturalidad y diversidad, y equidad de género. En conjunto, estas perspectivas tienen como objetivo que cada individuo posea los conocimientos necesarios y el desarrollo de habilidades que les permitan planificar su futuro, así como ser responsables de su sexualidad dentro de la cosmovisión que plantea su cultura, pero asegurando la equidad del cumplimiento de derechos entre hombres y mujeres.

La UNESCO (2017) ha realizado estudios empíricos que contradicen la idea de que la inclusión de la ESI en el currículo educativo promueve una iniciación más temprana de las relaciones sexuales entre los estudiantes. Por el contrario, la formación sexual basada en la abstinencia ya ha comprobado no reducir las enfermedades de

transmisión sexual, ni los embarazos a temprana edad y menos aún la cantidad de actividad sexual de los estudiantes (UNESCO, 2017).

Esfuerzos de la UNESCO y de organismos no gubernamentales sobre el tema Desde la UNESCO, la ONU ha realizado diversos esfuerzos para poder incluir un “enfoque más amplio en la educación sexual” (UNESCO 2018). Esto significaría no solo enseñar sobre la reproducción en sí, sino otorgar un enfoque integral (ESI) que abarque los diversos aspectos del desarrollo emocional, físico y psicológico mencionados en la sección anterior.

Dentro de estos esfuerzos podemos encontrar al Manual de Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación Sexual, donde se promueve el enfoque integral de la educación sexual y, en palabras de Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, “el manual promueve el aprendizaje estructurado de la sexualidad y las relaciones de una manera positiva y centrada en interés superior del joven” (2018). Más aún, la UNESCO ha generado documentos que resaltan la importancia del desarrollo de la ESI en diversos países y se pueden encontrar ejemplos de cooperación entre estos y el organismo internacional, tal como en el caso de Perú, en donde se produjo en coordinación con el Ministerio de Educación el documento de “Educación Sexual Integral en el Sistema Educativo (2014).

Por otro lado, incluso con los esfuerzos de organismos internacionales como la ONU, la inclusión de la ESI en la currícula escolar no ha logrado abarcar

por completo lo originalmente definido como ESI, sino que se ha perpetuado el clásico enfoque restringido a la prevención de ETS. Es por ello que es importante recalcar el rol de algunas ONG’s tales como CEPESJU, PROMSEX, Red Interquorum, entre otras que siguen buscando implementar la ESI en Latinoamérica y han brindado la información educativa necesaria sobre los temas abordados a quienes lo soliciten. Además, el rol de las ONG’s no se detiene en brindar información, sino que también juegan un importante papel al momento de monitorear que los acuerdos se implementen y respeten en el país, y revisar que los materiales utilizados para impartir la educación cumplan con el ideal de brindar una “educación pluralista con perspectiva de género” y que sean adaptables a las necesidades de la población” (Cladem 2010, 36p). ¿Cómo se ha dado la implementación de la ESI en Latinoamérica? Éxitos y Fallas En la región Latinoamericana, existen casos de éxito como de fracaso con respecto a la implementación de la educación sexual integral en la currícula escolar. Por el lado de los casos de éxito tenemos a Argentina, quienes en el año 2006 publicaron la ley de Educación Sexual Integral; a Colombia, quienes en 1994 establecieron la ley General de Educación, donde marcaban la obligatoriedad de impartir educación sexual; a Ecuador, quienes en 1998 proclamaron la ley de Educación de la Sexualidad y el Amor; a Honduras, que en el 2000 sacó la ley especial de VIH; a México y a sus 5 diversas leyes como la ley General de Educación; a Nicaragua, y su ley sobre Educación Sexual y

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Reproductiva; y al Perú, con los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral (Cladem 2010, 22p).

Sin embargo, si bien los países mencionados legalmente favorecieron la implementación de la ESI, y sacaron legislaciones para respaldar su inclusión; la aceptación por parte de la población sigue jugando hasta el día de hoy un gran rol en la adaptación de ello, lo que demoró el proceso y en algunos casos no se llegó a implementar la educación sexual de manera integral, sino que se quedó a medio camino como ya mencionamos.

Si este de por sí ya es una de las limitaciones para países con legislaciones favorables, los países que aún no dan este primer paso tendrán mayores dificultades para la implementación de la ESI, tanto en temas de la adaptación de la población y sus tradiciones, como en el ámbito legal. A continuación, detallaremos las limitaciones encontradas.

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Limitaciones de la inclusión de la educación sexual integral en el currículo escolar en América Latina De acuerdo con lo explicado en párrafos anteriores, el papel tanto de la UNESCO como de otros organismos internacionales ha generado que en las últimas décadas los Estados busquen incluir la educación sexual integral en el currículo educativo. Sin embargo, esta voluntad política no ha sido suficiente debido a que en el proceso múltiples grupos religiosos con alta influencia nacional se han organizado con el objetivo de impedir que se incluya la educación sexual y el enfoque de género en el currículo escolar.

En América Latina, se creó el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIPVF) con el objetivo de ser el espacio central de los movimientos conservadores religiosos de la región que se oponían a temáticas como la educación sexual, el aborto, el matrimonio igualitario o el enfoque de género.

Entre los líderes más importantes del CIPVF se encuentra Christian Rosas, parte de quienes fundaron el movimiento latinoamericano Con mis hijos no te metas (CMHNTM) o A mis hijos no los tocas de la versión uruguaya. Este movimiento sostiene que los hijos solo deben ser guiados por sus padres y ellos deben ser su modelo a seguir, piensan que el enfoque de género es en realidad una “ideología de género” que les creará ideas erradas a los niños sobre el género debido a que para ellos este solo se vincula a su sexo biológico (Meneses, 2019).

Meneses (2019) encuentra que quienes forman parte del movimiento CMHNTM quieren salvar a los individuos de ir por el camino incorrecto para que no reciban el castigo de Dios, al que incluso atribuyeron el fenómeno del niño, el cual coincidió con el período en que se estaba promoviendo el enfoque de género desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En ese sentido, se han convertido en el contrapeso a los movimientos feministas y a las propuestas de organismos multilaterales como la UNESCO en países como Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador e incluso España. Su poder no solo se basa en la capacidad de congregar amplias masas de población en las calles, sino también de financiamiento extranjero (en particular de grupos conservadores estadounidenses) y de las redes que tienen con múltiples políticos en diversos países de Latinoamérica (Castro, 2019). Por ejemplo, en el caso peruano el congresista Galarreta y Pedro Olaechea han respaldado abiertamente el movimiento y proveído espacios donde puedan alzar su voz.

Actualmente, su misión es lograr una participación activa en espacios internacionales occidentales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como concretar propuestas legislativas en los Estados donde cuentan con contactos políticos importantes (Castro, 2019). El éxito de este movimiento se refleja en la tardía implementación o incluso cancelación de la perspectiva de género y la educación sexual en el currículo educativo. Asimismo, como se mostró en párrafos anteriores, los gobiernos se han visto limitados a enfocar el ingreso de estos temas como prevención a

enfermedades de transmisión sexual o embarazos precoces, dejando de lado temas como el placer en las relaciones sexuales o la diversidad.

Conclusiones El solo implementar la educación sexual en la currícula escolar no será suficiente, pues el plus del enfoque integral apoya a un mejor conocimiento del tema donde se abarquen tópicos como los derechos humanos, el desarrollo de los individuos, la tolerancia y la equidad; además de contribuir al desarrollo de sanas sexualidades. Sin embargo, debido a cuestiones ideológicas o culturales, Latinoamérica es una región donde se debe de realizar mayores esfuerzos para lograr el enfoque integral, puesto que, de no convencer a la población de los beneficios de este, las legislaciones o propuestas serán implementadas de manera incompleta o, en el peor de los casos, se quedarán en papel.

Referencias Castro, J. (2019).

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Con Mis Hijos No Te Metas: un estudio de discurso y poder en un grupo de Facebook peruano opuesto a la «ideología de género». Anthropologica Del Departamento De Ciencias Sociales, 37(42), 129-154. https://bit.ly/31Jdzuk Papagiannis, G. (2018).

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América Latina y el Caribe Tienen la Segunda Tasa Más Alta de Embarazo Adolescente en el Mundo.

Recuperado de UNFPA website: https://bit.ly/37GeuiX

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LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y LA ECONOMÍA INFORMAL: REALIDADES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE VANESSA LEÓN Y JUAN QUICAÑA vanessa.leon@pucp.pe, juan.quicana@pucp.pe

Introducción La totalidad de los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes retos para salir de la situación económica tras el largo confinamiento por la COVID-19, pero las economías altamente informales se enfrentan a retos aún más desafiantes. Antes de la pandemia, la informalidad implicaba en muchos casos baja productividad, condiciones laborales precarias y ausencia de acceso al aseguramiento social. Asimismo, los empleos de calidad estaban desigualmente distribuidos, dado que mujeres, jóvenes, personas con niveles educativos bajos y pertenecientes a zonas rurales están sobrerrepresentados entre los informales.

Por esta razón, se considera de vital importancia el efecto de la informalidad en los países de América Latina y el Caribe en un contexto de emergencia sanitaria global, como la que estamos enfrentando a causa de la COVID-19. En el presente artículo, se analiza la informalidad de la región precrisis y durante la crisis. Asimismo, se pone énfasis a la situación del trabajo informal, de uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: las mujeres. Por último, se estudia las políticas adoptadas por los países de la región para así poder discutir la gestión de ellas y se propone algunas recomendaciones derivadas del estudio.

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Escenario pre crisis ¿Por qué los países de América Latina enfrentan mayores desafíos ante la crisis de la COVID-19 en materia económica? Para responder esta interrogante es importante situarnos en un escenario pre crisis.

América Latina se enfrentó a la llegada de la COVID-19 con tres problemas estructurales: la alta informalidad, la alta desigualdad y la baja productividad. Según cifras del BID (2020), la desigualdad en el 2018 se encontraba en niveles superados solo por África al sur del Sahara, además es importante señalar que la pobreza afecta a una de cada cuatro familias, y más de la tercera parte de las personas no pobres siguen siendo vulnerables a la pobreza. Además, la informalidad en América Latina y el Caribe afecta a uno de cada dos trabajadores.

De esta manera, la principal característica de las economías informales en América Latina y el Caribe se centra en los altos niveles de pobreza, con un crecimiento económico enfocado en el beneficio de unos pocos. Por otro lado, según BID(2020), los sistemas de protección social y de seguridad social vigentes muestran baja cobertura en esta región, es decir existe una falta de protección contra los riesgos de ingreso laboral. Adicionalmente, la situación fiscal de muchos de estos países, al final de 2019, ya era complicada, lo que les da poco espacio para proteger y reactivar el empleo en una situación de shock económico negativo como lo que está causando la COVID-19.

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Según el BID (2020), un promedio de 56% de trabajadores estaban en el sector informal de la economía antes del coronavirus; en contraste, la OIT (2020c) predice que esta cifra subirá a un 62% debido a los efectos de la pandemia. Los países de la región que enfrentan niveles de informalidad más altos, antes de la pandemia, son Honduras (84%), Nicaragua (77%), Guatemala (76%) y Bolivia (71%).

Por ello, la presencia de un shock económico negativo, causado por una crisis sanitaria global plantea a la informalidad como un gran desafío en la recuperación económica emprendida en los países de América Latina y el Caribe.

COVID-19 y economía informal en América Latina La pandemia del nuevo coronavirus ha impactado de manera severa tanto en las actividades productivas como en los mercados laborales de la región. En particular, para los tres primeros trimestres, se ha registrado una contracción del PIB regional de 9.4%, una severa caída en las horas de trabajo de 20.9% y una reducción de 19.3% (495 mil millones de dólares) en los ingresos laborales totales (OIT, 2020a).

Estos mencionados impactos también se han experimentado en el sector informal de las distintas economías de la región. A diferencia de otras crisis en el subcontinente, la ocasionada por la pandemia ha golpeado gravemente al empleo independiente e informal, los cuales solían responder de manera inversa a lo que acontece en el empleo formal asalariado (mecanismo de

[2] Claire Bentata - Jordi Prat - Laura Ripani, Informalidad laboral y coronavirus: una combinación desafiante, junio 2020.

reemplazo contra cíclico). Sin embargo, dadas las medidas de confinamiento y reducción de movilidad adoptadas para reducir la propagación del coronavirus, los trabajadores de dicho sector se han visto impedidos de realizar sus labores económicas usuales, dado que estas no fueron consideradas dentro de las actividades esenciales que debían continuar y en las cuales la posibilidad de implementar el trabajo remoto es reducida. De esta manera, según la OIT (2020a), el nivel de informalidad en la región se ha reducido notablemente, aunque dicho escenario solo es transitorio.

Este fenómeno se explica por diferentes factores, los cuales son la paralización total de sectores económicos no esenciales intensivos en mano de obra informal (servicios domésticos, turismo, etc.) y, el cierre de empresas pequeñas y poco productivas que usaban este tipo de trabajo (OIT, 2020a). Asimismo, es notorio que los impactos de la pandemia en el empleo informal son heterogéneos dadas las desiguales condiciones de los trabajadores en género, edad, nivel educativo, etc.

Por otro lado, a consecuencia de la reducción de horas de trabajo y la paralización de actividades económicas, los ingresos monetarios que percibían los trabajadores del sector informal se han visto seriamente reducidos. En particular, dada la debilidad de la demanda de empleo, es bastante probable que se hagan presentes reducciones en los ingresos laborales reales y nominales, lo cual se agudiza más en la parte informal del mercado laboral (OIT, 2020a).

Dada la importancia de estos ingresos en las canastas de consumo de la mayoría de

las familias en la región, sus caídas podrían impactar de manera significativa en los heterogéneos niveles de pobreza actuales y futuros de la región.

Incidencia de la crisis de la COVID-19 en la informalidad laboral de la mujer La pandemia de la COVID-19 ha causado repercusiones significativas en términos de desempleo y subempleo para los trabajadores informales. Sin embargo, este impacto cobra una mayor repercusión en los grupos más vulnerables como lo son las mujeres, los jóvenes, los niños, los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes.

Es por ello, que en este apartado nos centraremos en analizar el impacto de la COVID-19 en la informalidad laboral de las mujeres.

En América Latina y el Caribe las mujeres son más vulnerables que los hombres al autoempleo y a tener otros empleos informales debido a que se enfrentan a barreras para incorporarse en el mercado laboral después de periodos de inactividad. Esto sumado a la falta de beneficios y pensiones en el empleo informal hace que aumenten más su estado de vulnerabilidad. Según BID (2020), esto es particularmente notorio en países con sectores informales más grandes como México, El Salvador, Perú y Bolivia.

Por otro lado, la OIT (2020b) plantea que la COVID-19 incide en cuatro esferas en las mujeres que trabajan. En primer lugar, una gran proporción de mujeres trabaja en sectores muy afectados por la crisis. A escala mundial, el 40 %, desarrollan su labor en los sectores más afectados, como lo

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son la hotelería, la alimentación, los comercios al por mayor y al por menor, así como en los servicios inmobiliarios, empresariales, administrativos y productivos. Asimismo, en algunos segmentos del sector productivo que no guardan relación con los servicios y requieren una gran cantidad de mano de obra, como lo es el de la confección, las mujeres son vulnerables frente a la pérdida de su trabajo como consecuencia de la interrupción de las cadenas de suministro y la disminución de la demanda de los consumidores.

En segundo lugar, las mujeres que trabajan en el sector de prestación de servicios domésticos han sido muy vulnerables frente a las medidas de contención adoptadas por los gobiernos. Pues, según estimaciones de la OIT (2020b), el 72.3 % de trabajadores domésticos de todo el mundo, corrían un elevado riesgo de perder su empleo y sus ingresos como consecuencia de las medidas de confinamiento y la falta de cobertura eficaz en materia de seguridad social.

De esta cifra, las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores domésticos en situación de riesgo, y su proporción es del 58.2 % en Asia y el Pacífico, el 69.7 % en África, el 86% en Europa y Asia central y el 88.5 % en América.

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En tercer lugar, los sectores sanitarios y de asistencia social están conformados en su mayoría por mujeres. A escala mundial, las mujeres representan más del 70 % de las personas empleadas en los sectores sanitario y social. Sin embargo, las mujeres que llevan a cabo esa labor en dicho sector suelen ocupar puestos menos cualificados y peor remunerados, lo que da lugar a una mayor disparidad salarial de género.

En cuarto lugar, el aumento de la demanda de servicios de atención social durante la crisis incide de forma desproporcionada en las mujeres. En períodos de normalidad, las mujeres llevan a cabo alrededor de tres cuartas partes del trabajo de prestación de cuidados no remunerado. El tiempo que dedican las mujeres a dicho trabajo aumenta si hay niños en el hogar. Con la pandemia, el cierre de centros educativos, así como la interrupción de la prestación de servicios de atención social y la falta de disponibilidad de familiares de mayor edad para prestar ayuda, ha aumentado la demanda de servicios de atención social.

Por ello, es de vital importancia enfocar las políticas de reactivación económica adoptada por los gobiernos tomando en cuenta la situación vulnerable del empleo femenino, esta crisis podría provocar un retroceso con respecto a los avances logrados para la mujer en el mercado de trabajo, en particular con respecto a la distribución del trabajo de prestación de cuidados no remunerado.

Políticas de contingencia aplicadas por los gobiernos de la región Los gobiernos de la región latinoamericana han implementado diversas acciones para poder mitigar los efectos adversos que la pandemia ha tenido sobre el empleo informal. Las principales medidas aplicadas fueron prestaciones monetarias condicionadas, prestaciones no condicionadas, y otras prestaciones no monetarias, las cuales tuvieron como destinatarios a los desocupados, inactivos y trabajadores de la economía informal (OIT, 2020a).

Por ejemplo, en Perú se implementó el “Bono Independiente” para hogares con trabajadores independientes de bajos ingresos afectados por la pandemia y el “Bono Rural” para familias cuya actividad principal es la agrícola, la cual tiene altos índices de informalidad. Por su parte, en Argentina se adecuó la entrega del “Ingreso Familiar de Emergencia” para los trabajadores informales. En Chile se implementó el “Bono COVID-19”, mientras que en Colombia se lanzó el “Ingreso Solidario”, todos destinados a los trabajadores del sector informal de sus economías que han sido afectados (OIT, 2020a).

Los ejemplos presentados y otros más adoptados por países no mencionados tienen como características similares a destacar tales como la velocidad en la respuesta ante la adversa situación y la cobertura de prestaciones monetarias y no monetarias para beneficiarios bastante golpeados por la paralización de sus actividades económicas.

Sumado a estas medidas, los gobiernos de la región han implementado una serie de acciones de intervención directa a sectores seriamente

afectados, los cuales solían emplear mano de obra informal de manera directa e indirecta.

Sin embargo, se ha evidenciado que dichos esfuerzos fiscales han sido bastante heterogéneos, dadas las condiciones económicas pre pandémicas de los países latinoamericanos (OIT, 2020c). De esta manera, las disposiciones adoptadas solo han logrado paliar parcialmente los efectos nocivos de la pandemia sobre la economía informal, lo cual revela que existe un importante margen para implementar mejores y mayores políticas de recuperación económica.

Lo que dejará el COVID-19 en temas del mercado laboral en el futuro.

La crisis surgida por esta pandemia ha evidenciado los graves problemas de informalidad que padece la región latinoamericana. Este sector ha sido el más golpeado ya que muchos trabajadores informales no han podido trabajar y carecen de protección social adecuada para poder ser apoyados en este difícil contexto. Los apoyos económicos recibidos por los diversos gobiernos solo solucionan los problemas de corto plazo (emergencia), mientras que las posibles consecuencias de mediano y largo plazo no están siendo abordadas.

Asimismo, pasada la emergencia sanitaria es bastante probable que se haga presente un despunte de las tasas de informalidad en la región, revirtiendo la tendencia positiva de reducción de dicha economía informal.

Ante tal escenario, los gobiernos de la región deben de llevar a cabo políticas que busquen reactivar y formalizar

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grandes sectores de la economía latinoamericana que aún se mueven dentro de la informalidad. El rediseño de incentivos para la atracción de este sector a la formalización debe ser un aspecto central en las políticas a ser lanzadas.

De igual manera, dichas medidas deben estar focalizadas en los grupos más vulnerables y afectados dentro de la economía informal tales como los migrantes, las mujeres, los jóvenes y aquellos trabajadores con niveles educativos deficientes. Igualmente, esto debe estar acompañado con un correcto cumplimiento de los estándares sanitarios para poder evitar un nuevo cese y posterior recaída de las actividades económicas de los países de la región, lo cual dejaría sin efecto cualquier acción que se pueda llevar a cabo.

La crisis abre una nueva oportunidad para reestructurar las instituciones laborales y protección social, lo cual dará como resultado una política de empleo integral que acompañe a la política de recuperación económica que apliquen los países de la región (OIT, 2020a).

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Referencias Banco Interamericano de Desarrollo. (2020).

La crisis de la desigualdad América Latina y el Caribe en la encrucijada.

Recuperado de https://bit.ly/3kxKoC0 Claire Bentata - Jordi Prat - Laura Ripani. (Junio, 2020) Informalidad laboral y coronavirus: una combinación desafiante.

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Panorama laboral en tiempos de la COVID-19. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina.

Segunda edición.

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Estimaciones actualizadas y análisis. Quinta edición.

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Estimaciones actualizadas y análisis. Sexta edición.

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LAVADO DE DINERO Y FINANZAS EN ORGANIZACIONES TERRORISTAS MAYRA ALEJANDRA HINOSTROZA Y MIGUEL ÁNGEL DEL CAMPO may.hinostroza@gmail.com, miguelangel.delcampo@outlook.com

Introducción El lavado de dinero y finanzas, también conocido como lavado de activos, comprende un desafío para la comunidad internacional. A raíz del proceso de globalización, ha seguido un curso de fortalecimiento en el tiempo, debido a los estrechos vínculos con los que cuentan las distintas estructuras criminales y los métodos adoptados para ocultar el origen ilícito de su patrimonio y atravesar todas las fronteras de los sistemas democráticos.

Estas actividades no solo repercuten en la esfera de la criminalidad internacional y sus integrantes, sino también generan efectos nocivos en la economía (afectaciones al mercado y las leyes que lo rigen), sociales (aumento de la violencia y la legitimación del delito), políticos (fragilidad estatal y debilidad del sistema judicial) y humanos (violaciones a los derechos humanos).

El combatir estas estructuras financieras, las cuales constituyen el núcleo de toda organización criminal, es una labor en conjunto que requiere de cooperación internacional. En este sentido, el máximo exponente para contrarrestar las actividades que afecten la estabilidad democrática, la integridad de los mercados financieros y el bienestar social que, a largo plazo, provocan una distorsión económica, inestabilidad política e inseguridad, es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), específicamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).

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¿Qué es la UNODC?

¿Qué es la UNTOC?

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es reconocida mundialmente como el órgano por excelencia para la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todas sus dimensiones. Sus tres pilares se orientan hacia la adopción de políticas y toma de decisiones a partir de la información recolectada sobre drogas y delitos, el impulso para la incorporación de los tratados y protocolos internacionales en el ordenamiento jurídico interno de los Estados, así como la cooperación técnica para el reforzamiento de la capacidad estatal frente a estos desafíos transfronterizos (UNODC, 2020).

La organización mundial presenta los siguientes objetivos específicos:

En adición, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en noviembre del 2000 por la Asamblea General, es el instrumento jurídico que marca el inicio de los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar este desafío. Nace como una respuesta ante ante los múltiples asesinatos que se cometieron en contra de los jueces que desmantelaban a las organizaciones criminales en Italia.

1. La investigación y análisis para incrementar el conocimiento y la comprensión sobre drogas y delito, y para basar la adopción de políticas y la toma de decisiones operacionales en la evidencia concreta.

2. Trabajo de carácter normativo para asistir a los estados en la ratificación y la puesta en práctica de los tratados internacionales, en el desarrollo de la legislación doméstica sobre las drogas, el crimen y el terrorismo, y en la provisión de servicios básicos y de secretaría a los órganos rectores.

3. Programas y proyectos de cooperación técnica en los países para reforzar la capacidad de los estados miembros para contrarrestar los problemas de drogas ilícitas, delincuencia organizada y terrorismo.

Es un instrumento legal y global, en donde los estados se comprometen a tomar acciones en contra del crimen organizado y cooperar con otros estados a combatirlo. El crimen organizado trata de explotar e infiltrarse en empresas y gobiernos, obstaculiza esfuerzos para promover la paz y las sociedades inclusivas (UNODC, 2019). UNTOC habilita a terceros a combatir y prevenir el crimen organizado transnacional.

La Convención y su Protocolo pone a las víctimas en el centro de la cuestión, protegiendo sus derechos y estatus, en orden de no dejar a nadie atrás (UNODC, 2020).

También conocida como la Convención de Palermo, este instrumento internacional se encuentra respaldado por tres Protocolos adicionales que refuerzan su acción: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional es el primer instrumento de su tipo en recibir adhesión universal por todos los miembros de las naciones unidas. Al unirse a la Convención, las partes se comprometen a tomar una serie de medidas en contra del crimen organizado transnacional, con la respectiva asistencia para su efectiva implementación, que promuevan los siguientes objetivos: la creación de delitos penales nacionales específicos, el apoyo a la extradición, la asistencia legal mutua y cooperación policial y la provisión de asistencia técnica y entrenamiento para las autoridades nacionales (UNODC, 2019) En el año 2018, las partes adoptaron un proceso esencial llamado “Mecanismo para la revisión de la implementación de la convención”. Con el soporte de la UNODC, este proceso ayuda a los Estados parte a identificar sus necesidades para la asistencia técnica durante la implementación de la convención y les provee la oportunidad para intercambiar las mejores prácticas y fortalecer la cooperación por un tiempo de ocho años.

La particularidad de la Convención de Palermo consiste en la ausencia de una lista delictiva cerrada que enumera la diversidad de actos punitivos relativos al crimen organizado internacional, puesto que hubiese quedado limitada rápidamente frente a las nuevas y constantes amenazas emergentes a partir de la globalización. De hecho, el crimen organizado transnacional incluye una gran variedad de actividades criminales, tales como la trata de personas, el narcotráfico, el sicariato, entre otros.

En esta línea, el terrorismo consiste en uno de los desafíos más relevantes para la comunidad internacional. La necesidad de cooperación técnica para frenar los efectos de este tipo de crimen organizado internacional se hace extensiva a partir de la resolución 55/25 de la Asamblea General de noviembre de 2000, cuyo artículo 6 hace hincapié en la “penalización del blanqueo del producto del delito” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2001), así como el artículo 7 que propone “medidas para combatir el blanqueo del dinero producto del delito” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2001).

Asimismo, otro instrumento internacional que exhorta a los Estados a tomar medidas para enfrentar el crimen organizado internacional es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado en 1999 y vigente desde el 2002. En el presente documento, se evidencia una preocupación por el número y la gravedad de los actos terroristas, además de establecer la necesidad de elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores.

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¿Qué medidas se toman frente al crimen organizado?

Otra actividad de la UNTOC consiste en el Programa global para el fortalecimiento de las capacidades de los estados parte para prevenir y combatir el crimen organizado (GPTOC), el cual brinda soporte a las capacidades de los Estados parte para prevenir y combatir el crimen organizado, además de dar soporte al proceso formal de la cooperación internacional en asuntos criminales.

Este programa incluye el desarrollo e implementación de una red de cooperación regional judicial. En la actualidad, 45 países son parte de esta red y se ha establecido 4 redes de cooperación judicial: Oeste de África (WACAP), Este de África (GLCJN), Asia central y el sur de los países del Cáucaso (CASC) y Países del sur y este de Asia (SEAJust). El resultado final es el fortalecimiento de la autoridad central, el entrenamiento correspondiente a los practicantes, la mejora de la legislación y las conexiones entre los intermediarios establecidas en un nivel global.

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En el marco nacional, la oficina de la representación para Perú y Ecuador brinda apoyo a estos Estados para enfrentar la problemática derivada de las drogas ilícitas, la corrupción, el lavado de activos y otros temas vinculados al delito organizado. Esta labor se desarrolla a través de programas de prevención del consumo, proyectos de desarrollo de cultivos alternativos, monitoreo de cultivos, programas de intervención comunitaria y contra el lavado de dinero. Estas acciones prestan especial atención a combatir el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la trata de personas.

Para dar una respuesta integral a la lucha contra el Lavado de Activos, la UNODC, con el auspicio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, desarrolla una serie de actividades de apoyo a las instituciones y operadores competentes. Además, la UNODC une esfuerzos con la Comisión Nacional Para El Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) para prestar asistencia técnica en la implementación de un nuevo sistema de monitoreo para el control de la producción y comercio de cocaína en el Perú, gracias a la contribución financiera de la Unión Europea y del Gobierno peruano.

Algunos Estados en los que el trabajo de la UNODC se ha hecho presente es en Paraguay, por ejemplo, donde lanzó un mapa vial para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego y crímenes relacionados. Este mapa vial dará soporte y fortalecerá su sistema de control de armas nacional, además de prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. Mientras que, en Pakistán, la UNODC co-lanzó una nueva unidad de control de carga aérea en Islamabad, el cual inspeccionará la carga aérea de entrada y salida sospechosa de contener sustancias ilícitas.

Otro aporte relevante de la UNODC es el nuevo UN ToolKit de drogas sintéticas para ayudar a las respuestas de los países ante el problema de las drogas sintéticas (más de cien mil muertes cada año). El ToolKit forma parte de la estrategia opioide de la UNODC y ofrece recursos transversales, un amplio rango de guías, material de entrenamiento y soluciones prácticas (legal, forense, alerta temprana, seguridad postal, respuesta de salud).

El laboratorio de la UNODC opera un sistema global de alerta temprana en nuevas sustancias psicoactivas y hace esa información disponible para los laboratorios, gobiernos y la OMS (UNODC, 2020).

En el contexto de la pandemia, la UNODC brinda asistencia continua a las políticas del este de África, empoderando a las agencias regionales de aplicación de la ley para combatir el crimen organizado trasnacional.

Mientras tanto, en Kirguistán, la UNODC alojó una inclusiva competición deportiva para no dejar a nadie atrás durante la pandemia del COVID19, más de 700 niños participaron, incluyendo niños con alguna discapacidad y aquellos con carente cuidado parental.

Además, la UNODC y otras entidades de la UN como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, están desarrollando y diseminando una guía técnica para el covid-19 en prisiones, proveyendo soporte técnico en el desarrollo e implementación nacional de planes de acción en prisión, suministrando equipo de protección personal a los prisioneros (mascarillas), edificaciones para políticos, autoridades de la prisión y el staff.

Balance del papel de la UNODC

Balance del papel de la UNODC Si bien la UNODC ha realizado una labor loable, lo cierto es que ha disminuido sus actividades y acciones en algunos estados más que en otros.

La actual crisis sanitaria ha tenido un impacto negativo en lo concerniente al financiamiento de la organización y, en países como el nuestro, se aprecia una clara ausencia, observándose menos o incluso ninguna publicación o informes desde hace seis y tres años respectivamente visibles en su página web.

En lo concerniente al lavado de activos, si la UNODC fue una vez una oficina reconocida mundialmente como el órgano por excelencia para la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado transnacional en todas sus dimensiones, ahora otras organizaciones han tomado el protagonismo, como “El Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos” (FATF-GAFI), creado con motivo de la Cumbre del G-7 celebrada en París en 1989. En la actualidad al GAFI pertenecen 34 Estados y dos Organizaciones Internacionales, por tanto, es la entidad supranacional más relevante en este campo. Ante ello, la UNODC debe de retomar sus procesos, reafirmar sus alianzas y tomar como ejemplo a los organismos internacionales con mayor relevancia para seguir generando un impacto positivo en el mundo.

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Referencias Asamblea General de las Naciones Unidas (2001) A/RES/55/25: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. https://bit.ly/3mtTccz Asamblea General de las Naciones Unidas (2002).

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¿DOCTRINA DE “SEGURIDAD NACIONAL” ?: LA VIOLENCIA CIVIL CENTROAMERICANA EN 1979 Y LAS ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES FIORELLA ALMANZA Y MARCIA VALVERDE fiorella.almanza@pucp.edu.pe

y mvalverde2806@gmail.com

Introducción El Salvador, Nicaragua y Guatemala son tres países que comparten más que región geográfica; durante la segunda mitad del S.XX se ha visto cómo los tres países han pasado por un episodio de violencia civil legitimado por dictaduras de derecha. El año 1979 es un año con recuerdos engorrosos para la población centroamericana ya que, en nombre de la defensa a la democracia y a manera de disuadir a revolucionarios, se dieron actos atroces de violencia política y lucha militar donde murieron miles. No obstante, no se puede calificar a los hechos de violencia como “novedosos” en la región, puesto que éstos no empezaron con la inestabilidad de las dictaduras en 1979, sino que son característica propia del sistema de gobierno dictatorial que se solía perpetuar por largos periodos en el poder (Garibay, 2006). Ante dichos eventos, el diálogo y accionar en entidades internacionales como el

Consejo de Seguridad destacó por su silencio, puesto que, durante 1979, el año cumbre y emergente de violencia militar represiva, no se emitió ninguna resolución que señale una postura o accionar específico para esta región (United Nations, s.f). Explicar el silencio de la comunidad internacional, sobre todo proveniente de un ente tan poderoso como el Consejo de Seguridad, respecto a la violencia presente en estos tres países no es tarea sencilla. Pese a ello, se puede intentar trazar conexiones, y tal vez el silencio se puede explicar al vincular una política específica vinculada a la seguridad nacional de un país P5 y su relación con el panorama centroamericano.

Cómo se ha mencionado antes, los tres países estaban dirigidos bajo dictaduras de derecha, las cuales se caracterizaron por controlar a la

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población con métodos represivos y mantener cercanía con la milicia del país o grupos paramilitares. Nicaragua era gobernado por una dictadura consolidada, siendo Anastasio Somoza -proveniente de la familia Somoza- su mandatario (Chomsky, 1987). Por lo tanto, considerando la consolidación de dicha dictadura, la represión y el apoyo de la milicia a las acciones del régimen, se puede decir que Nicaragua configura un Estado Militarizado que atenta contra los DD. HH, especialmente durante las décadas cúspide de crisis política en dicho país (Lowy et. Al, 1985). Por otro lado, si bien ni en Guatemala ni en El Salvador existía una dictadura consolidada, las crisis por las que pasaban ambos países generaban inestabilidad política y constantes golpes de estado. Ello no significa que no exista una dictadura, ya que se pudo detectar una noción de continuidad de violencia durante la década previa a la cúspide de la violencia en 1979 una vez el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ascendió al poder, en el caso de Nicaragua.

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En el caso salvadoreño, se puede atribuir la Guerra Civil al ascenso de las izquierdas y la necesidad de reprimirlas. Del mismo modo, en el caso guatemalteco, la constante —pero controlada— guerra civil, causó que el gobierno atente contra su propia ciudadanía ante la constante sospecha de que cualquiera podría estar alineado al partido de oposición, es decir, al partido de izquierda. Tras las denuncias e investigaciones realizadas a los hechos de violencia contra la población civil durante este período, se concluyó que sí se realizaron crímenes de lesa humanidad cómo genocidios y desapariciones forzadas que tuvieron que haber resultado en juicios en la

CIDH. La comunidad internacional se mantuvo en silencio a raíz de la cercanía existente entre EE. UU., un país con una gran esfera de influencia, y las dictaduras centroamericanas. Dicha relación resultante en años de violencia no atendida proviene como resultado de la Doctrina de Seguridad Nacional propiciada por EE. UU. para no desencadenar un efecto dominó de ascenso de regímenes de izquierda cómo se vio en la Cuba de Castro. En el siguiente artículo se discutirá qué tan nocivo fue el efecto de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense sobre la violencia civil ejercida tanto previo al año 1979 como en el año 1979. Asimismo, se discutirá qué tanto efecto tuvo la postura benevolente estadounidense hacia las dictaduras en los entes internacionales como el Consejo de Seguridad.

Violencia estatal legitimada: las represión civil de las dictaduras centroamericanas Para comprender el panorama completo y así poder analizar el impacto de las relaciones estadounidenses hacia las dictaduras, se tiene que entender cómo funcionaban y qué tanta violencia ejercieron sobre su población durante la crisis del 1979. En el caso de El Salvador, se vivía una constante crisis tanto política como económica a raíz de los conflictos civiles de índole política que se enfrentaban el país durante esta década. A causa de la perpetuación en el poder por 17 años de un partido político conservador represivo como el Partido de Concertación Nacional (PCN), y los enfrentamientos durante los foros de diálogo entre agrupaciones políticas de diversas ideologías, el año 1979 se dio un levantamiento armado cuando la

crisis política se cruzó con la cúspide de la crisis económica que se vivía en el sector productor (Guidos, 1980). Una vez asume el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) y cae el presidente Carlos Humberto Romero, inicia la Guerra Civil Salvadoreña en la que se violaron sistemáticamente los DD. HH de la población civil, agudizando la ya existente violencia civil sentida durante la década de 1970.

Si bien el poder de facto estaba en la JRG, el ejército del gobierno oficialista predecesor (y posteriormente, el ejército de los gobiernos que asuman tras la caída de la JRG) era superior al usar armas bélicas más refinadas, estar mejor organizados y trabajar mediante “escuadrones de la muerte” capaces de desarticular por la fuerza cualquier movimiento opositor. Cabe mencionar que tanto la represión del PCN como la del ejército oficialista fueron legitimadas por EE. UU., puesto que este país calificó de democracia a los múltiples gobiernos del PCN a pesar de ser evidentemente autocráticos, y cooperó con ayuda financiera y armamentística para el Gobierno de El Salvador, contribuyendo a la continuidad de brutalidad y violencia civil vistas durante la Guerra Civil Salvadoreña (Al Jazeera, 2012).

Guatemala era otro de los países sumidos en un régimen dictatorial característico de la época, sin embargo, lo que distinguía al país de los demás casos era el constante estado de crisis estatal que causaba represión civil y atropellos a los DD. HH de la población guatemalteca producto de los movimientos sociales emprendidos en aras de cambiar el sistema. Producto de la inestabilidad gubernamental y al Estado débil acarreado desde 1954, se producen crisis durante las décadas de

1960 y 1970, tanto políticas como económicas. Cabe mencionar que, todos los gobiernos que ocuparon el poder desde 1954 hasta 1970, fueron anticomunistas y en consecuencia a ello han mantenido relaciones estrechas con la superpotencia estadounidense. Ello podría deberse a la alineación pro-estadounidense adaptada en el estado ya que la participación de EE. UU. fue vital para evitar un golpe de estado por parte de grupos de izquierda (Plantamura, 2013). Además, la fortaleza de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fueron clave para sobrellevar la guerra civil declarada a las facciones izquierdistas guatemaltecas. Rumbo a 1975, el régimen militar de Kjell Lauguerud García pierde credibilidad e institucionalidad al reforzar las medidas represivas ante un aparente auge de la movilización social, la cual potencialmente podría causar un escalamiento en el uso de la fuerza, y una mayor actividad bélica en el país.

Sin embargo, el ascenso al poder de Romeo García es el factor determinante para la caída de los militarismos, puesto que la estancia en el poder de gobiernos de corte militar anticomunistas deja de ser tolerada por la población (Solórzano, 2009). Los conflictos del Estado con la oposición se agudizaron, tras haber estado relativamente calmos durante el régimen de Lauguerud. Las reformas económicas al transporte y los alimentos resultaron que la población tienda a la protesta a pesar de los riesgos que la misma conlleva, y las protestas en vez de un reclamo proponían revolución. Durante el año 1979 varios de los líderes políticos e incluso profesionales fueron rastreados y asesinados por militares. Ese año

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también iniciaría la movilización política en la sierra mediante guerrillas, por lo que en los siguientes años se tuvieron cifras de incluso 18,000 desapariciones y asesinatos por año (Ball et.Al, 1999). A partir del inicio de la intensificación a la represión política, Estados Unidos no solo fortalece las relaciones diplomáticas con Guatemala, sino que retoma la ayuda militar paralizada en 1977 para retornar al statu quo político.

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Por otro lado, en Nicaragua también había una dictadura represiva comandada por Anastasio Somoza II, nieto del fundador de la Dinastía Somoza que se había perpetuado en el Estado Nicaragüense por más de dos décadas. Cabe resaltar que, en comparación al caso salvadoreño y guatemalteco, el régimen nicaragüense de los Somoza se caracterizó por la cercanía que se tenía con Estados Unidos incluso antes de la Guerra Fría.

Como agravante de la situación, también se puede detectar que en el país existe una afinidad muy cercana que data del periodo de entreguerras con Estados Unidos desde la generación de Anastasio Somoza I, donde incluso Roosevelt llegó a decir que “Somoza puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” al referirse que tienen control y nivel de cercanía el mandatario (Cavendish, 2011). El carácter represivo del gobierno se caracterizaba por la sistemática violación a los DD. HH de la población a raíz de la inestabilidad gubernamental en el régimen de Anastasio Somoza II, el cual cada vez estaba más débil a causa del aumento de la movilización popular y, en consecuencia, la inestabilidad económica y política del régimen. El incremento en productos de primera

necesidad y falta de importación a causa de la crisis económica exalta la lucha revolucionaria del país. Además, la supresión de derechos constitucionales desde el año 1974 contribuye para el inicio de la “política del terror”, la cual desgasta aún más la reputación nacional e internacional del régimen, donde la violencia civil por parte del Estado se encuentra institucionalizada.

Finalmente, a raíz de la compleja coyuntura causada por la decadencia de la Dinastía Somocista, el 19 de Julio del 1979 se da inicio a la Revolución Sandinista que consolidaba el final de los Somoza en el poder y el ascenso al poder del FSLN, denominado de tal forma al pensar en sus miembros como “hijos del opositor asesinado, Sandino”.

A partir de esta revolución, Anastasio Somoza II huiría del país, pero entre la Guardia Nacional y el FSLN iniciaría una Guerra Civil que tendría de 35.000 a 60.000 muertos en el primer año de su inicio (Gonzales, 2009) Si bien el gobierno de corte sandinista que asumió García Meza no era del todo de izquierdas al favorecer al sector empresarial hasta cierto punto, la ayuda de Estados Unidos fue limitada durante el año 1980 y cesó en 1981. En lugar de conceder créditos y préstamos al gobierno nicaragüense controlado por el FSLN, Estados Unidos le brinda ayuda tanto militar como económica a la Guardia Nacional, ahora denominada “Contras” que le hacía frente al Sandinismo con el fin de fortalecer a esta parte del conflicto y así retornar al statu quo que se tenía con el régimen somocista en Nicaragua (Corte Internacional de Justicia, 1986). De esa forma, se perpetuaba la violencia y el conflicto bélico en el país en aras de recuperar el control político del país,

pese a las víctimas mortales y la violencia iniciada en 1979 y prolongada hacia la década venidera.

La razón detrás de la legitimación de la violencia: Doctrina de Seguridad Nacional Siendo los tres países centroamericanos que mantuvieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la Guerra Fría, estrechando su contacto especialmente tras la Revolución Cubana de 1959 y considerando los eventos bélicos ocurridos tras la alianza de Cuba con la URSS, se puede detectar que la cercana relación de Estados Unidos con las dictaduras de derecha se debe a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), parte de la política externa del país norteamericano. La DSN se define por el dominio estadounidense en países centroamericanos, donde se provee de ayuda política, militar y económica a regímenes de derecha sin importar la naturaleza del tipo de gobierno. De este modo, se consolidaba la visión de Estados Unidos como país heroico y la URSS como atrasada y brutal (Velasquez, 2002). En vista a la fuerte posibilidad de que se dé un efecto dominó en la región tras el triunfo de Castro en el 59, la DSN se encargó de proteger a los regímenes de derecha existentes y fomentar que los líderes de la región también sean de derecha mediante incentivos económicos e incluso militares para apoyar a la represión de izquierdas. Si bien lo ideal era optar por el control pacífico y no por el derramamiento de sangre, la acción bélica no era desestimada, por lo que se vio que EE. UU. apoyó las violaciones sistemáticas de DD. HH para anular la movilización popular y participación de partidos de izquierda.

En definitiva, a EE. UU. le convenía esta política para asegurar una hegemonía en la región y proteger su seguridad nacional. No obstante, es cuestionable que el fomento de esta política haya sido positivo para la región al ocasionar muertes, desapariciones y secuestros masificados que atentaban contra los países objetivo de la DNS. La población centroamericana perdió sus derechos fundamentales y vivió décadas de terror, inseguridad y violencia para que una superpotencia occidental pueda mantenerse a salvo del avance del comunismo.

Pese a las décadas de dictadura con violaciones de DDHH sistemáticas en la región, el Consejo de Seguridad se mantuvo en silencio durante el periodo 1960-1979, incluso durante el año cúspide de las crisis nacionales, guerras civiles y violencia contra la población civil. En ese lapso, solo se emitió una resolución en el año 1965 a favor de un alto al fuego en República Dominicana, sumido en una dictadura de derechas.

Respecto a las situaciones ocasionadas por dictaduras de derecha en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el silencio del Consejo de Seguridad ha sido explícito (United Nations, s.f). Cabe recalcar que EE. UU. es un país P5 en el Consejo de Seguridad, por lo que, ante una directiva o resolución que no sea

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compatible con la política externa, el país tiene derecho a veto. Así, el único caso judicializado de intervención o influencia de EE. UU. dentro de dictaduras o guerras civiles en dichos países ha sido el de Nicaragua, donde este país inició un juicio contra EE. UU. a causa del tema de los Contra y la ayuda dada a este grupo paramilitar con el fin de desestabilizar el país e infundir terror en la población (Corte Internacional de Justicia, 1986). El silencio de la comunidad internacional ha sido un factor importante para tomar en cuenta dentro de las causas y consecuencias de la violencia civil en esta región, puesto que el interés externo de organismos internacionales pudo haber sido clave para desacelerar o cooperar con el derrocamiento de las dictaduras de derecha. Si bien la DSN per se ha sido uno de los factores protagónicos para la legitimación y apoyo a la violencia civil, el rol de poder de Estados Unidos y el silencio de la comunidad internacional también han sido factores que ayudaron a la continuidad de la DSN en la región y la continuación del terror por décadas.

Conclusiones El poder de Estados Unidos sobre Centroamérica, la urgencia por detener el avance del comunismo y crear una esfera de influencia que impida el inicio de un efecto dominó causado por Cuba fueron detonantes para permitir que se ejecute violencia contra la población civil por parte del Estado por más de dos décadas. Bajo la DSN, y la complicidad de la comunidad internacional mediante su silencio acerca de los sucesos, se legitimó la masacre y atropello a los derechos fundamentales. Es altamente discutible la eticidad de la política externa, puesto que el coste en la estabilidad política, vidas humanas y respeto a los DDHH de la población ha sido demasiado alto.

Una vez más, vemos un cómo es que las relaciones de poder y la violencia internacional desmedida ocasionan la legitimidad de la violencia y convulsión de una región para amparar la seguridad de una sola nación.

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GRUPOS INSURGENTES CON DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EL CASO DE HEZBOLLAH Y EL RETO DE DETENER SU ADQUISICIÓN DE ARMAS JOHANNA CARRASCO johanna.carrasco@pucp.edu.pe

Introducción

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El grupo terrorista Hezbollah ha venido construyendo una reputación de singular competencia estratégica y militar que incluso supera las capacidades de algunos Estados de la región del Medio Oriente. El grupo surgió en Líbano durante la Guerra Civil de 1982 como respuesta por parte de miembros de la comunidad chií a la ocupación israelí en el sur del país. En este asimétrico conflicto entre un Estado y una milicia, el apoyo de Irán fue clave para que el grupo pudiera emprender estrategias exitosas, pese a ser una organización no estatal. El financiamiento permitió que los líderes adoptaran un enfoque de largo alcance que combinaba la adquisición de armas sofisticadas, la profesionalización de combatientes con sueldos y la provisión de servicios a la sociedad civil (DeVore, 2012). De esta manera, el sustento ofrecido por Irán fue aprovechado por el Hezbollah para ganar también la

simpatía de la comunidad chií en Líbano, lo cual contribuyó a que el grupo obtuviese legitimidad a partir de su imagen como defensor máximo de la soberanía libanesa ante la amenaza de Israel y como dotador de bienes que el débil Estado era incapaz de ofrecer.

Breve historia de Hezbollah Desde su creación, el Hezbollah se ha establecido como una organización no estatal que ejerce actividades de distintas naturalezas: ha liderado campañas terroristas y operaciones militares, pero también participa en la política partidaria en Líbano y provee servicios sociales a la población.

Además, se ha constituido, en la geopolítica, en uno de los actores más violentos gracias a su alta capacidad en armamentos; esto se refleja en sus operaciones que han cuestionado la eficiencia militar de Israel (DeVore,

2012). Con la entrada del grupo al parlamento sectario libanés en 1992, los intereses del Hezbollah, como organización multifacética, se insertaron en los distintos sectores del Estado. Esto significa que pudieron emplear también mecanismos de la estructura estatal para el logro de sus objetivos como movimiento político y como grupo terrorista. Entonces, considerando que el Hezbollah cuenta con el soporte económico de Irán para operaciones terroristas y, al mismo tiempo, posee reconocimiento político dentro del régimen libanés, surge la problemática de cómo controlar la adquisición de armas por parte de este tipo de grupos no estatales que poseen cuantiosas fuentes de recursos que les facilita incrementar su capacidad militar y reforzar su nivel organizacional.

A medida que Hezbollah se ha consolidado en Líbano y ha expandido sus operaciones a otras regiones, resulta inviable seguir atribuyéndole una naturaleza dual, pues puede direccionar incorrectamente las políticas propuestas para llevar a cabo el desarme de la organización. En efecto, dada la actividad criminal del Hezbollah en distintas regiones, distintos países han abandonado la postura de diferenciar entre su brazo político y el militar. Si bien EE.UU. considera al Hezbollah como una amenaza terrorista desde 1997, la Unión Europea designó solo al brazo militar de Hezbollah como un grupo terrorista recién en 2013, debido a su participación en un bombardeo en Bulgaria (Robinson, 2020). No obstante, Reino Unido y Alemania clasificaron al grupo como una organización terrorista en los últimos dos años. Además, el hecho de que Hezbollah reciba el apoyo financiero y logístico de otros

países determina que sus estrategias no sean obstaculizadas por los tratados que comprometen a Líbano a impedir la adquisición de armas por parte de otros grupos en el país. En adición a ello, la relación del Hezbollah con grupos de crimen organizado significa una fuente más de ingresos para aumentar la capacidad armamentista de sus operaciones. Esta diversidad en los orígenes de sus recursos implica que la adquisición de armas por parte del Hezbollah dependa de un complejo sistema que combina actores estatales, grupos terroristas y redes ilegales.

El financiamiento provisto por Irán y Siria: injerencia de actores estatales en las acciones de Hezbollah En principio, el estrecho vínculo entre el Hezbollah e Irán refleja cómo el apoyo estatal tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de un grupo no estatal. Debido a que contó con una asistencia financiera constante desde sus orígenes, el Hezbollah pudo empoderarse lo suficiente para optar por planes extensivos (DeVore, 2012).

Las estrategias a largo plazo demandan que una organización desarrolle un mayor grado de profesionalismo y acceda a sistemas armamentísticos más sofisticados que alteren el balance respecto a la superioridad militar de la reacción antiterrorista ejercida por las fuerzas oficiales de un país (DeVore, 2012). Asimismo, la transferencia de armas por parte de un Estado a sus grupos protegidos incrementa significativamente las opciones disponibles para que la organización insurgente pueda enfrentar las capacidades tecnológicas de sus oponentes. En este caso, Irán, como uno de los promotores más importantes de grupos violentos no

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estatales, brindó apoyo al Hezbollah desde su fundación porque, en principio, este es un grupo armado islámico y anti-israelita. Así, mediante la provisión de capital y armas, Irán puede ejercer una agencia indirecta en el conflicto israelí-palestino.

Es necesario resaltar que la ayuda financiera de Irán consistió, en los primeros años del Hezbollah, en un estimado de 140 millones de dólares anuales (DeVore y Stähli, 2015). Este cuantioso patrocinio implica, inevitablemente, que Irán cumpla un rol crítico en las decisiones del Hezbollah desde su creación en 1982. Según Byman, el apoyo de Irán a actores no estatales le brinda posibilidades de defender sus intereses contra Israel o EE.UU. mediante el accionar de estos grupos insurgentes armados; de esta manera, Irán ha podido evadir las consecuencias que una intervención más directa supondría (2008).

Asimismo, el autor sostiene que Hezbollah, como intercambio al soporte económico, ha servido lealmente a Irán mediante el ataque a los enemigos extranjeros de este, el asesinato de disidentes iraníes y la continua contribución a los objetivos del Estado islámico en la región (2008).

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Un claro ejemplo de cómo la organización se desempeña como proxy o subcontratista de Irán es la ejecución, por parte del Hezbollah, de distintos actos terroristas contra los oponentes del régimen iraní desde los 80s (Zohar, 2014). En adición a ello, el Hezbollah ha entrenado operativos de otros proxys, grupos subvencionados por Irán, en Iraq, Yemen y Bahréin como parte de los esfuerzos de Irán para consolidar su infraestructura militar en la región (Zohar, 2014).

Un reciente ejemplo de la influencia de Irán en la toma de decisiones del Hezbollah es el ataque que este grupo habría llevado a cabo contra un bus ocupado por turistas israelíes en Bulgaria en 2012.

Por otro lado, este grupo insurgente también ha recibido apoyo logístico de Siria. Si bien este país ya servía de nexo para el tránsito ilegal de armas desde Irán al Hezbollah en Líbano, se convirtió en un importante proveedor de armas desde el 2001 (Zohar, 2014). A partir de entonces, el país cumple un rol crucial en el almacenamiento y abastecimiento de las mayorías de armas avanzadas de Hezbollah, como sistemas de antitanques rusos (Zohar, 2014). El compromiso de Irán y el Hezbollah para rescatar al gobierno de Bashar Assad de la oposición durante la Guerra Civil Siria confirma el papel trascendental del régimen de Assad en el tránsito de los cargos de armamentos para Hezbollah y su soporte como suministrador de recursos militares vitales para los intereses de la organización (Zohar, 2014). Es decir, Hezbollah asegura su acceso a sistemas de armamentos sofisticados mediante su asistencia al gobierno de Assad para que este se mantenga en el poder. Este apoyo incluyó el entrenamiento en guerra de guerrillas, en inteligencia y uso de armamentos, así como apoyo en combate (Zohar, 2014). En este sentido, el patrocinio de los Estados a grupos insurgentes puede asegurar la preservación de estas organizaciones mediante el aumento de sus capacidades militares. Asimismo, la adquisición de armamentos, posibilitada por el apoyo de otros países, supone un compromiso con el Estado benefactor para extender los objetivos del grupo a los intereses de este actor estatal.

La conexión de Hezbollah con redes criminales: recursos y operaciones logísticas Según Levitt, en adición al apoyo que Hezbollah recibe por parte de Estados, este grupo también busca desarrollar una red criminal propia que diversifique sus fuentes de ingresos (como se citó en Shaw, 2019). Esto también contribuye a ampliar el sistema de adquisición de armas de grupos como el Hezbollah. Por ejemplo, la organización ha cooperado con redes de droga entre Líbano e Israel, y las ha aprovechado para actividades operacionales como el contrabando e intercambio de armas (Zohar, 2014).

Además, es importante considerar que la globalización amplía las posibilidades que un grupo insurgente dispone para realizar actividades de contrabando de material bélico, como el acceso al mercado negro o la viabilidad de transportar grandes cantidades de armamentos por tierra o mar a lugares remotos.

En este escenario, los grupos no estatales deben desarrollar capacidades logísticas necesarias para coordinar el traslado a sus bases de operación. Así, el apoyo de un Estado agiliza los procesos, pues los grupos patrocinados pueden contar con el aparato de transporte que posee su benefactor y, por ello, reduce los riesgos de esta operación. Por otro lado, el apresurado avance tecnológico determina que sea imposible que un grupo insurgente produzca armamentos capaces de enfrentar el nivel militar de un Estado. En consecuencia, la adquisición de armas mediante la compra directa o la recepción de estas por parte de Estados patrocinadores concede mayor

trascendencia a las redes de transporte y logística, pues solo maniobras organizadas pueden asegurar el éxito del traslado de armamento.

Los obstáculos para limitar la adquisición de armas de Hezbollah Las consecuencias del financiamiento y colaboración interestatal en el armamento de Hezbollah por parte de Irán y Siria se evidenciaron en la Guerra del Líbano en 2006. En esta, el grupo no estatal demostró el resultado de años de operaciones para mejorar su capacidad militar: a inicios de la guerra, contaba con 20 mil misiles de alcance necesario para atacar hasta áreas del norte (Zohar, 2014). El prominente nivel bélico que disponía le permitió emprender el lanzamiento de misiles contra Israel. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 intentó resolver este conflicto; en él, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se comprometió a detener el fuego contra Israel.

Asimismo, en el documento se dispuso que Líbano reafirmará su soberanía, para lo cual debía asegurar que no se llevarán a cabo operaciones de

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adquisición de armas y materiales bélicos relacionados por parte de grupos no estatales. Es decir, la provisión de armas, manufactura, producción y uso de estas eran exclusivas al gobierno de Líbano. De esta forma, se sobreentendía que las fuerzas armadas libaneses debían obstaculizar los intentos del Hezbollah por aumentar su suministro bélico.

No obstante, tales objetivos eran inalcanzables para un Estado con una fuerza armada que poseía menor capacidad militar que la organización apoyada y financiada por otros Estados, y que participaba en redes criminales que facilitaban su acceso a medios de guerra. El fracaso de ejecutar estas metas se evidencia en el hecho de que, a pesar del bloqueo de envíos de armas a grupos no estatales en Líbano, las operaciones conjuntas de Irán y Siria reabastecieron, incrementaron y mejoraron los recursos armamentísticos, en calidad y cantidad, de este grupo (Zohar, 2014). Esto se evidenció en la intercepción israelí a un cargamento enviado desde Irán a Siria que estaba destinado a llegar a Hezbollah (Zohar, 2014). Es así como, gracias a su estrecha conexión con ambos estados, la organización pudo continuar con su red de provisión de armas a pesar del embargo impuesto sobre el envío de estas que dictaminó la Resolución 1701 de la ONU. Por este motivo, pudo mantenerse como una facción con significativa capacidad militar que continuaba cuestionando el monopolio de la violencia del Estado de Líbano.

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La red Irán-Hezbollah y la asistencia crucial de Siria también han emprendido esfuerzos para armar a otros grupos islámicos insurgentes en

distintas regiones. Desde el 2000, Hezbollah ha formado parte de las operaciones de Irán para desarrollar la infraestructura militar de Hamas y, además, se ha convertido en un paradigma de cómo contrarrestar un asimétrico poder bélico al aprovechar las debilidades de Israel (Zohar, 2014).

Por otro lado, Hezbollah estuvo involucrado también en el contrabando de armas a los territorios palestinos y llevó a cabo estrategias en Egipto para apoyar a los grupos islamistas ubicados en las fronteras con Israel (Zohar, 2014).

Consideraciones para la intervención de la ONU en el desarme de Hezbollah A partir de lo anteriormente expuesto, se evidencia la complejidad de la problemática de cómo contrarrestar las operaciones terroristas de Hezbollah.

En principio, debido a que la adquisición de armas de este grupo implica una red de actores estatales, privados y redes criminales, bloquear el contrabando de material bélico resulta ser una medida de difícil definición. El contexto actual de globalización determina que las redes sean flexibles, es decir, es posible renovar fuentes de armamentos y utilizar nuevas rutas para el tráfico ilegal de estos (Zohar, 2014). Entonces, las políticas que buscan concretar el desarme de grupos insurgentes no puede limitarse a colocar un embargo sobre una única fuente de adquisición de recursos bélicos. Incluso sancionar a un Estado como Irán, uno de los mayores promotores de grupos islámicos, resulta ineficiente, ya que no considera que grupos islámicos como el Hezbollah ya participan en redes criminales independientes que les proveen una importante cantidad de

recursos, además de ofrecerles una nueva vía de tránsito de estas.

En este sentido, las resoluciones de la ONU que priorizan únicamente el monitoreo del comercio de armas son inefectivas porque optan por un enfoque de contención que simplifica excesivamente la red por la que grupos como Hezbollah acceden y se abastecen de medios necesarios para sostener conflictos bélicos con otros Estados. Asimismo, es necesario recalcar que el Hezbollah actúa como un Estado dentro de otro y capitaliza la debilidad institucional del gobierno libanés para legitimarse y consolidarse, por lo que evadir las restricciones sobre la compra de armas no supone un reto mayor para un grupo con capacidad militar y eficiencia organizacional superiores.

El fracaso de obtener el monopolio de la fuerza y la consecuente fragilidad estatal de Líbano podrían sugerir que una alternativa más plausible para disminuir el poder de Hezbollah consistiría en financiar las mismas fuerzas armadas del país para menoscabar la predominancia de este grupo en la región. Dado que actualmente el ejército libanés carece de los recursos necesarios para desarmar a Hezbollah, se cree que el mejor enfoque para una asistencia en el problema sería mejorar las capacidades de las fuerzas armadas libanesas para socavar la idea de que Hezbollah es el único grupo capaz de defender la soberanía de Líbano (Blanford, 2018). Sin embargo, la infiltración de Hezbollah en el gobierno mediante su movimiento político supone un riesgo para la malversación del apoyo que Líbano pueda recibir de otros países para constituirse

verdaderamente como un centralizador del poder y violencia.

Estado de la

La crisis política en Líbano y las posibles implicancias para Hezbollah Las protestas civiles en Líbano que iniciaron en 2019 y que tomaron mayor vigor a partir de la explosión en Beirut ofrecen una oportunidad trascendental para reconfigurar el enfoque de las políticas de desarme y antiterroristas que abordan a grupos no estatales altamente capaces y organizados como Hezbollah. Esto se debe a que las protestas contra el gobierno son una explícita manifestación del rechazo hacia el gobierno, en el cual también se incluye a los líderes de Hezbollah. Las demostraciones son indicios de la pérdida de legitimidad del Hezbollah ante la percepción de una población cansada de décadas de disfunción y corrupción de un régimen que, en gran medida, ha sido conformado por miembros de este mismo grupo islámico.

Si consideramos que la legitimidad que ostentaba Hezbollah como partido político en Líbano se ha basado en su capacidad de generar simpatías a partir de la provisión de servicios no dados

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por el Estado libanés, se puede sustentar que el grupo estaría perdiendo uno de los mayores soportes para su estrategia a largo plazo que ha posibilitado su sostenibilidad en el tiempo. Además, en caso se reforme el sistema político libanés y Hezbollah pierda presencia en la clase política, el grupo ya no contaría con una estructura estatal para facilitar sus operaciones de adquisición de armas. Esto se debería a que, al no formar parte del gobierno, estaría obligado a rendir cuentas por sus violaciones a las resoluciones impuestas sobre Líbano respecto al tráfico de material de guerra.

Es importante señalar que, a diferencia de otros grupos insurgentes, Hezbollah cuenta aún con la ventaja de formar parte del parlamento de su país base; este reconocimiento como partido político disminuye las posibilidades de ejercer una intervención directa contra el permanente incremento de su suministro de armas que emplea en acciones terroristas y en operaciones que defienden los intereses de Irán respecto al Estado Islámico en la región.

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UNA DISPUTA HELADA: LA LUCHA POR EL ÁRTICO JOEL ANDRE VISURRAGA RODIL andre.visurraga@pucp.edu.pe

Introducción El continuo aumento de temperatura en todo el globo repercute en el mapa internacional, creando a menudo problemáticas nuevas entre los países.

El derretimiento de los glaciares representa un cambio en la dinámica geográfica del mundo, especialmente aquel retroceso en los polos (Ártico y Antártico). Según Smink (2011), estos terrenos “vírgenes” son codiciados por sus cuantiosas reservas de recursos minerales y petrolíferos. En el caso de la Antártida, aún se mantiene como área libre de medidas de carácter militar o económico gracias a la implementación del Tratado Antártico en 1959, logrando un consenso entre países de destinar la cooperación para la investigación científica (INACH, 2020).

es el segundo año consecutivo que se generan incendios forestales devastadores en la Siberia, parte importante del Ártico (ONU, 2020). En este sentido, las implicancias del cambio climático han repercutido en la política internacional, y no solo en torno a la protección y conservación del ecosistema Ártico, sino también al escenario post derretimiento.

El reclamo de soberanía de algunos países; los intereses geopolíticos de los países árticos; la búsqueda de satisfacciones económicas incluso por parte de países que no pertenecen al Ártico; y la presencia de pueblos indígenas en el círculo polar ártico convierte a esta región fría en un terreno controversial.

Sin embargo, el caso Ártico es lo contrario, generando disputas en este círculo polar. Según la Organización Metereológica Mundial (OMM), el 2020

Por consiguiente, el presente artículo analiza los factores principales que reflejan la lucha por el Ártico en la dinámica internacional. En primer lugar,

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se describirá el interés de los Estados árticos en esta región como un territorio estratégico. En segundo lugar, se desarrollará un alcance de los principales intereses económicos en el territorio, teniendo en cuenta algunos Estados no árticos importantes. En tercer lugar, se abordarán los efectos de esta problemática en los pueblos indígenas que habitan el Ártico. A partir de ello, se realizarán reflexiones sobre escenario actual y futuro.

Por ello, los Estados ribereños anunciaron la Declaración de Ilulissat en 2008 en Groenlandia, afirmando que la cooperación sobre el océano Ártico, “que se basa en la confianza mutua y la transparencia”, se fortalecerá mediante dicha declaración (Heininen et al, 2019).

No obstante, el cambio climático ha afectado los intereses mutuos de los Estados, alimentando disputas territoriales, reclamaciones marítimas y militarización en el territorio ártico.

La geoestrategia de los Estados en el territorio Ártico

Por ejemplo, Rusia realizó un reclamo territorial ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en torno a la cresta de Lomonósov, dorsal oceánica que generó la expedición marítima rusa en 2007 (Márquez, 2016). Ante ello, el reino de Dinamarca y Canadá afirman que dicha dorsal es una continuación de su propia plataforma continental; sin embargo, Estados Unidos reitera que es una cordillera oceánica y no una extensión de la plataforma. Otros ejemplos de disputa son Canadá y el reino de Dinamarca que aún mantienen una disputa por el estatus de la isla de Hans, y la lucha entre Canadá y Estados Unidos sobre el alcance marítimo de Alaska que chocaría con el alcance del ártico canadiense (SMITSON, 2013).

Estos conflictos entre países demuestran un incesante deseo por obtener territorios estratégicos en el Ártico.

Según la Estrategia de Protección Ambiental en el Ártico, o más conocida como la iniciativa finlandesa, los ocho Estados árticos se reunieron en 1991 en torno a las problemáticas del Ártico.

Esto dio inicio a la creación del Consejo Ártico, el cual promovería la cooperación, coordinación e interacción entre Estados árticos, comunidades indígenas y otros habitantes del Ártico sobre cuestiones comunes en relación con esta región (Consejo Ártico, 2020).

En este sentido, si contemplamos a los Estados pertenecientes al círculo polar ártico, entonces tenemos a Rusia, Estados Unidos, el reino de Dinamarca, Noruega, Canadá, Finlandia, Islandia y Suecia. Los cinco primeros son Estados árticos ribereños, cuyas costas están a orillas del océano Ártico; mientras que los tres últimos son Estados árticos no ribereños, aquellos que no se encuentran en dicho océano, pero sí hay una salida hacia este. Por este motivo, los Estados que poseen mayor presencia en el Ártico son los ribereños.

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Asimismo, las actuales tensiones entre países han evidenciado una creciente militarización del Ártico. Rusia es el país que ha puesto mayor esfuerzo en este ámbito, reactivando, en 2018, cincuenta bases militares ex-soviéticas en el Ártico, además de incluir nuevas Brigadas árticas, vehículos militares para operaciones polares y

La disputa territorial del Ártico

Fuente: El Orden Mundial, 2020.

rompehielos en su fuerza naval (Hambling, 2018). Por su parte, a pesar de sus solo cinco rompehielos frente a los cuarenta en posesión de Rusia, Estados Unidos ha comenzado a realizar ejercicios militares tales como el despliegue de su armada naval en el mar de Barents por primera vez en más de 30 años (Woody, 2020), una zona ubicada estratégicamente frente a las costas del norte de Noruega y Rusia.

Por lo tanto, los conflictos actuales reflejan la inquietud de los países árticos sobre lo que se avecina con el derretimiento de los glaciares y la nueva dinámica internacional que puede mostrarse en el hemisferio norte. Suvato (2016) señala lo siguiente: “Canadá se define como un país del norte; Dinamarca como actor global en el Ártico; Noruega como administrador del patrimonio natural y cultural en el Alto Norte; Rusia como una de las principales potencias árticas; y Estados Unidos como una nación ártica”.

Así, cada país plasma un discurso que encaje con sus intereses nacionales en el Ártico, coincidiendo en un punto: ser un actor ártico imprescindible.

Las nuevas rutas y riquezas del Ártico El Ártico ha recobrado protagonismo a causa de acciones que van desde la bandera rusa colocada en el fondo marino del Polo Norte hasta las aspiraciones de Donald Trump por comprar Groenlandia. Estas iniciativas se encuentran inmersas en una lucha silenciosa por parte de los países del círculo polar, especialmente los Estados ribereños. Por eso, el interés económico es un factor influyente cuando hablamos de la presente disputa, basándose en los abundantes recursos naturales de la región ártica y las posibles nuevas rutas marítimas.

Esta región esconde bajo ese manto helado recursos energéticos y minerales que países como Estados Unidos y Rusia desean explotar. Heske (2015) indica que “del total de reservas mundiales de petróleo y gas, 5.3% y

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21.7%, respectivamente, se encuentran en el Ártico”. Asimismo, resalta que el 10.5% del petróleo y el 25.5% del gas mundial es producido en el Ártico. En esta línea, el 97% del petróleo del gas del Ártico se realiza en Alaska y el norte de Rusia, siendo este un punto importante del interés económico de estos países árticos (2015). Cabe resaltar que casi todos los yacimientos de gas se encuentran en territorio ruso, lo cual evidencia la preocupación de Moscú, no solo por la protección de estos yacimientos, sino por los que podrían aparecer en cada retroceso glaciar.

En este sentido, Schionning (2020) explica que zonas árticas como Groenlandia ocultan depósitos inmensos de metales de tierras raras tales como neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. A esto se agrega la riqueza de minerales como el oro, zinc. uranio, los cuales paulatinamente se vuelven más accesibles a causa del desvanecimiento de capas de hielo (Dickie, 2020). Por ello, acontecimientos como la apertura del consulado estadounidense en Groenlandia en junio del presente año demuestran el interés latente, en este caso de Estados Unidos, en estar presente y controlar más tierras árticas en busca de nuevas riquezas.

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A pesar de que las miradas se centran en los recursos energéticos y minerales, la pesca es parte fundamental de la atracción por el Ártico. Durante el período 1975-2006, la pesquería en la región polar representaba el 4% de la pesca mundial, siendo los países árticos los responsables del 90% de la pesca (Heske, 2015). Por ello, tratados como la Declaración Concerniente a la

Prevención de la Pesca No Regulada en Alta Mar en la Zona Central del Océano Ártico han contribuido para que la pesca comercial sea sostenible para el ecosistema ártico (Dasgupta, 2016). Sin embargo, el cambio climático sigue abriendo nuevas áreas de pesca en el Ártico, lo cual significa una nueva configuración de la normativa internacional y nuevas tensiones jurídicas e institucionales, especialmente entre los países árticos ribereños.

Por otro lado, el escenario post derretimiento del Ártico plantearía la creación de nuevas rutas comerciales trans árticas o la mejora de caminos ya existentes. Un ejemplo de ello es la Ruta Marítima del Norte del gobierno ruso que va desde Vladivostok hasta Róterdam. Desde el comienzo, ha sido un desafío volver transitable esta vía que ha generado más de un dolor de cabeza a los almirantes rusos; sin embargo, con el retroceso del hielo, la navegación por estas aguas resulta más sencilla y rápida (Merino, 2019). A su vez, los Estados Unidos podría tomar ventaja del deshielo al conectar rápidamente San Francisco con Róterdam a través del Ártico. Por lo tanto, esto podría significar un aumento del tráfico en el Ártico, compitiendo con los canales de Suez y Panamá, ya que el Atlántico y Pacífico estarían más cerca, ahorrando tiempo, combustible y dinero (Muñoz, 2020).

Profundizando en el tema, la India ha puesto la mirada en el Ártico, especialmente en la Ruta Marítima del Norte. Rao (2020) indica que Delhi y Moscú podrían firmar un Acuerdo Mutuo sobre Apoyo Recíproco Logístico en relación con la promoción del corredor marítimo Chennai-Vladivostok,

Rutas ante el deshielo del Ártico

Fuente: France 24, 2020..

conectando a la India con la ruta comercial rusa del Ártico.

Además, ha surgido un interés por el gobierno de Xi en estas nuevas rutas comerciales. Esto se ha plasmado en el Libro Blanco sobre una Política Ártica publicado en el 2018. Este menciona que China jugará bajo las leyes internacionales existentes en el Ártico, exhortando la cooperación en todo momento (Liu, 2020). De esta manera, China busca construir una “Ruta de la Seda Polar”, facilitando la conectividad y el desarrollo económico y social sostenible del Ártico. Con ello, China principalmente fortalecerá aún más la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Xinhua, 2018).

Los Pueblos Indígenas representación en el Ártico

y

su

Según Heininen et al (2019), “en las estrategias nacionales de los Estados árticos, el Ártico se describe como una región remota, dispersa y con una escasa población”. Sin duda, los pueblos indígenas no son un tema ajeno a la zona ártica, ya que han estado presentes mucho antes que los

mismos Estados. Es más, el territorio polar no es el único disperso, sino también las comunidades indígenas que a menudo poseen un pasado cultural similar, pero no necesariamente se rigen bajo los parámetros limítrofes de los Estados.

En esta línea, las más de 500 mil personas de más de 40 pueblos indígenas del Ártico incluyen a los samis con una presencia en zonas de Finlandia, Suecia, Noruega y el noroeste de Rusia; los inuits ubicados en Rusia, Estados Unidos, Canadá y Groenlandia; además de otros grupos como los aleutianos, nenets, khanty, etc (Lucas, 2019).

El espacio principal donde existe representación indígena es el Consejo Ártico, el cual sí reconoce la participación colectiva de dichos pueblos, incluyendo organizaciones como la Asociación Internacional Aleutiana, el Consejo Ártico de Athabaskan, el Consejo Internacional Gwich’in, el Consejo Circumpolar Inuit y la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (Consejo Ártico, 2020).

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Participantes permanentes en el Consejo Ártico

Fuente: Consejo Ártico, 2020.

No obstante, pese a los espacios abiertos para los pueblos indígenas y los acercamientos directos con los diferentes Estados, los intereses nacionales de estos últimos podrían no incluir la visión del mundo que poseen los pueblos indígenas. Ejemplos de ello son las declaraciones de líderes de los pueblos sami e inuit. Por un lado, Gunn-Britt Retter, jefa del Consejo Sami de Noruega, explica que la consideración del pueblo sami en la toma de decisiones sobre el Ártico aún es deficiente, así manifiesta que: “ante los cambios rápidos a los que nos enfrentamos necesitamos regulaciones y decisiones rápidas. Más flexibilidad entre las partes para encontrar soluciones, tener la capacidad para adaptarnos y que nuestros conocimientos sean considerados como una fuerza” (Lucas, 2019) Por otro lado, en la cumbre ministerial del Consejo Ártico del 2019 en Rovaniemi, Finlandia, el jefe del Consejo Circumpolar Inuit, Dalee Sambo Dorough resalta la falta de compromiso del discurso los Estados árticos en relación con los problemas medioambientales:.

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“Los inuit sienten los efectos del cambio climático todos los días. Mientras que el gobierno de Estados Unidos se preocupa por la semántica, juega con las palabras, nuestra gente está siendo testigo de los impactos adversos del cambio climático. ¿Qué pasa con nosotros y nuestra realidad?” (George, 2019) De esta forma, la mayor accesibilidad del Ártico a causa del aumento de la temperatura podría estrechar irónicamente la cooperación entre los Estados árticos y los máximos defensores de la sostenibilidad del medio ambiente, los pueblos indígenas.

Conclusiones El Ártico se ha convertido en un terreno polarizado debido a las crecientes intenciones de los diferentes Estados por participar en la dinámica internacional del futuro ártico, reflejándose en sus intereses geopolíticos de la zona reflejado en las presentes disputas territoriales, reclamaciones marítimas y militarización. Asimismo, relacionado con ello se visualizan los intereses económicos en torno a la riqueza natural escondida en el hielo ártico; y a la mayor accesibilidad de las rutas comerciales ya existentes y la aparición de nuevas. Para complementar la controversia ártica, las decisiones

estatales afectan a los pueblos indígenas, implicando la necesidad del fortalecimiento de la representación indígena en el Ártico.

La lucha por el Ártico es una carrera contrarreloj, ya que el cambio climático cada vez avanza más rápido. Los Estados árticos, incluso Estados no árticos, buscan asegurar una mayor ventaja en este terreno polar. Por ende, el devenir del Ártico es incierto, y podría estar perdiéndose la verdadera razón de la búsqueda de cooperación en el Ártico: la preservación de la sostenibilidad del medio ambiente.

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