Octavo Dialogo de Infraestructura Sociomoral de Puerto Rico

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DIÁLOGO DE INFRAESTRUCTURA SOCIOMORAL

LA CRIMINALIDAD Y LA SEGURIDAD DEL

CIUDADANO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIOMORAL DE PUERTO RICO

L

os estatutos de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, establecen como compromiso estatutario

el desarrollo de un plan de acción estratégico para la revitalización de la infraestructura sociomoral del país.

El plan incluye la investigación, la preparación y la divulgación de indicadores que servirán para definir estadísticamente el perfil de aquellas actitudes, hábitos y conductas sociales que afectan el estado socio-moral del país. El resultado de estos estudios es divulgado por el Presidente de la Universidad en su mensaje sobre la situación sociomoral del país, para propiciar el diálogo, el intercambio de ideas y acciones concertadas respecto a los asuntos tratados.

A partir del 1998 se han ofrecido los siguientes mensajes:

• Primer Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: El Papel de los Agentes Sociales Dr. José R. González, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 21 de enero de 1998 - Recinto de Bayamón

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• Segundo Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: El Estado de Situación Actual de la Familia y la Juventud Puertorriqueña Dr. José R. González, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 19 de febrero de 1999 - Recinto Metropolitano • Tercer Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: Religión y Cultura Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 26 de enero de 2001 - Recinto Metropolitano • Cuarto Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: Educación y Valores Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 6 de mayo de 2002 - Recinto Metropolitano • Quinto Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: La Universidad al Servicio de la Comunidad Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 23 de abril de 2004 - Recinto de Bayamón

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• Sexto Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: Retención y Deserción Escolar: Retos y Alternativas de la Educación Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 16 de marzo de 2006 - Recinto Metropolitano • Séptimo Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: Las organizaciones de Base Comunitaria y su aportación al Bienestar del País: Voluntariado, Solidaridad y Acción Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 3 de abril de 2008 - Recinto Metropolitano • Octavo Diálogo sobre la Situación Sociomoral en Puerto Rico: Criminalidad y Seguridad Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 13 de octubre de 2010 - Recinto Metropolitano Además de convocar presencialmente al público en general, estos mensajes se publican a través de la televisión, la radio, le prensa y los medios impresos y tecnológicos disponibles para llegar a las comunidades puertorriqueñas y aportar aún más a una mejor calidad de vida en nuestro País y hacerlo extensivo a otros lugares con situaciones similares que buscan alternativas viables a su solución. Llega a ustedes en esta ocasión, el Octavo Diálogo sobre la Situación Sociomoral del País tal como ha ocurrido con los mensajes anteriores.

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Mensaje del Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente Universidad Interamericana de Puerto Rico En ocasión del:

VIII DIÁLOGO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOMORAL DEL PAÍS

CRIMINALIDAD Y

SEGURIDAD

13 DE OCTUBRE DE 2010 TEATRO RECINTO METROPOLITANO

MENSAJE DEL PRESIDENTE 13 de octubre de 2010

Criminalidad y Seguridad Ciudadana

M

uy buenos días al distinguido público que nos acompaña en esta mañana.

Agradecemos su presencia en este Octavo Diálogo con la comunidad puertorriqueña, el cual completa la primera serie del Proyecto de Infraestructura Sociomoral que la Universidad Interamericana ha desarrollado desde el 1998.

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El Proyecto de Infraestructura nace como una iniciativa de nuestra Junta de Síndicos y está dirigido a abrir nuevos espacios de diálogo con la comunidad, en los que la Universidad pueda descargar su responsabilidad social delineando caminos hacia una mejor convivencia, propiciando intercambios sobre situaciones apremiantes que afectan adversamente nuestra sociedad.

A lo largo de un periodo de 12 años hemos tratado variados y diversos temas, entre ellos la religión y cultura, familia y juventud, educación y valores, la universidad al servicio de la comunidad, retención y deserción escolar, de las organizaciones de base comunitaria, y otros, abriendo puertas para verdaderos diálogos entre el sector púbico y el privado, entre investigadores, líderes comunitarios y ciudadanos que están comprometidos con aportar al bienestar social.

Esta mañana le ha tocado el turno a uno de los problemas de mayor preocupación entre todos los puertorriqueños: la criminalidad. Es triste la notoriedad que trae este tema a nuestra vida cotidiana, donde día tras día los periódicos y los medios de comunicación nos describen diferentes aspectos de su expresión, y donde vemos que sigue creciendo el número de actos criminales.

La criminalidad, por su complejidad en lo que respecta sus causas, consecuencias, mecanismos de prevención, desaliento, castigo y rehabilitación, requieren no de un solo mensaje de corta duración, sino de un análisis serio, continuo y profundo de parte de todos.

La Universidad Interamericana abre hoy, pues, un espacio para el diálogo académico, donde comparte con el público trabajos publicados,

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investigaciones y mejores prácticas de organizaciones que sin duda son parte de un esfuerzo colectivo de diferentes niveles de nuestra sociedad.

Los puertorriqueños no podemos responder con desaliento ante la criminalidad que amenaza nuestra seguridad de manera muy profunda. Creemos que hay modos de reducir la criminalidad y nuestro objetivo es dar a conocer nuestra posición, ante las posibilidades que entendemos hay en cada uno de nosotros, individual o colectivamente, para lidiar con el problema.

Se puede definir la criminalidad de dos maneras: por un lado, se llama así al conjunto de características que hacen que una acción sea criminal y por otro lado, se usa la palabra para hablar del número de crímenes cometidos en determinado sitio durante un lapso de tiempo. A fines de esta ponencia, nos ocuparemos de ambas definiciones.

La criminalidad nos conmueve a todos y de muchas maneras. Como universitarios, porque entendemos el impacto que tiene en toda la sociedad donde vivimos la rampante violación de los códigos de ética y moral social, particularmente entre la juventud; como profesionales, porque nos sobrecoge la magnitud del problema frente al esfuerzo y los recursos que conllevan atacarlo, y deseamos aportar en la medida que seamos más efectivos, y como puertorriqueños, porque nos duele, en cada acto criminal, el destrozo físico, mental, emocional y espiritual de nuestro prójimo, de nuestras familias, de nosotros mismos.

A fines de proveer un marco teórico para esta exposición, consideremos cuatro conceptos que concebimos son fundamentales: el contrato social,

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la seguridad, la distribución igualitaria o equitativa de los bienes sociales, y los valores.

El primero, el contrato social, es el acuerdo de una sociedad mediante el cual se constituye en un estado político y se establecen los poderes y deberes del gobierno y los ciudadanos hacen reserva de sus derechos frente al estado y a terceros. En el caso de Puerto Rico, el contrato social es la Constitución del Estado Libre Asociado. En ella se establecen tres ramas de gobierno donde se disponen los poderes y deberes del gobierno. Por otro lado, en la Carta de Derechos se consignan los derechos que la ciudadanía se reservó para sí, frente a los poderes del Estado y frente a terceros. Estos derechos, tales como la dignidad del ser humano, la igualdad de las personas ante la ley, la prohibición de todo tipo de discrimen, la libertad de culto, la libertad de palabra, de reunión y de prensa, el derecho a la educación, a la vida y a la propiedad, constituyen los valores fundamentales de la sociedad puertorriqueña. Quien violenta estos valores, violenta el contrato social, violenta la paz y el orden público. Este conjunto de valores constituyen la base para la prohibición mediante la tipificación de delitos, de aquellas conductas que violentan estas normas de convivencia. En palabras del Jurista Jiménez de Asua, “El Derecho Penal garantiza, pero no crea las normas”.

El segundo concepto de esta exposición, como dijéramos, es la seguridad del ciudadano, la entendemos como el producto de un delicado balance entre las libertades individuales, las normas y leyes, y la garantía de un buen acceso y distribución de las condiciones educativas, económicas, y de la gestión pública, para que todo ciudadano se desarrolle plenamente.

La seguridad incluye, por tanto, la confianza en que la sociedad tomará medidas para que haya una justa distribución al ofrecer las condiciones para el pleno desarrollo de todos sus ciudadanos, para la justa convivencia.

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Fíjense que se dijo distribución y no solamente acceso. Hay una gran diferencia en la responsabilidad que ambas conllevan, y parte de la propuesta que enmarca esta ponencia es que, precisamente, la falta de acción de las instituciones públicas y privadas para asumir responsabilidad por mantener una distribución equitativa de la seguridad en los aspectos identificados (educativo, económico, y de la gestión pública) es una de las condiciones para las altas tasas de criminalidad que hoy tenemos.

A través de la literatura relevante, sabemos que en la historia de todas las sociedades aparecen infracciones a las normas y los valores del contrato social en un mayor o menor grado, y por un número mayor o menor de personas que deciden no seguirlas.

Sin embargo, cuando el número de personas que deciden no aceptar las normas es amplio y sigue en aumento, cuando el número de ofensores supera por mucho la proporción del crecimiento poblacional, cuando el respeto a la vida humana disminuye hasta alcanzar proporciones alarmantes, tal como estamos hoy en Puerto Rico, no se trata de efectuar un análisis meramente conceptual.

Se trata de detenerse, de hacer análisis que vayan a la raíz, al origen de la criminalidad, pero de manera integral, pues la sociedad es un todo, y mirar hacia unas soluciones fragmentadas es ignorar su misma naturaleza.

La búsqueda de soluciones que puedan implantarse ahora debe guiarse por un análisis de las condiciones del contrato social en todos los grupos sociales, pues está ampliamente demostrado que soluciones que no

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El teatro del Recinto Metro de la Universidad Interamericana fue el escenario de este Octavo Diálogo.

consideran el impacto en todos los grupos resultan superficiales, y efímeras.

La justicia y la seguridad son para todos, no para unos pocos.

La seguridad ciudadana es la certeza de que, en conjunto, podemos recibir las garantías de nuestro contrato social, que se cumplirán nuestros códigos y de que éstos se reforzaran, o se revisaran, según las condiciones sociales lo ameriten. Nuestro sentido de seguridad ciudadana se quebranta cuando se pierde esa certeza de que hay una gestión pública que cuida porque se cumplan los acuerdos del contrato social, y la sociedad comienza a desmoronarse.

Se produce este quebranto en la seguridad por la pérdida de la esperanza en la equidad y las oportunidades para la participación en los procesos

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productivos, pérdida de la confianza en la justicia pública, pérdida en el sentido de que como ciudadanos todos valemos igual. Cuando no se tiene, o se percibe que no se tiene, igualdad de oportunidades, se ignoran normas, se exagera la lealtad a unos grupos, y hasta se cambia la polaridad de los valores.

El orden social se desmorona irremediablemente. Esto va causando aprehensión y temor en otros grupos, los cuales a su vez adoptan normas y valores particulares a ellos, y así sucesivamente hasta que entramos en el efecto de una sociedad desarticulada, donde una alta proporción de sus ciudadanos pierde la confianza tanto en las autoridades como en las instituciones.

Llegamos entonces a la apatía, a una baja en la solidaridad, a mucha intolerancia, a expectativas no cumplidas, a desesperanza. Y a un aumento en la criminalidad. Porque la justicia se hace de otra forma, y los códigos morales se reemplazan, o se ignoran según convenga, continuando ad infinitum la desintegración social.

Bajo estas premisas conceptuales, planteamos, entonces, que la criminalidad desmesurada es resultado, a la vez que causa, del descuido de la sociedad y de sus estructuras públicas y privadas, en cumplir el contrato social.

Creemos, por tanto, que no es posible comprender y eliminar la criminalidad si no conocemos su doble naturaleza: sus orígenes, como respuesta a la falta de un orden social que garantiza la equidad, y sus consecuencias, como desintegradora del orden social.

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La dejadez de los pueblos en mantener vigente su contrato social, tanto en sus estructuras públicas como civiles, la falta de solidaridad entre los niveles sociales, de desinterés en el bienestar del prójimo, ha sido interpretada en la literatura social como el abandono de los valores de la convivencia. Frecuentemente se habla de una crisis en los valores. Y aquí tenemos unos puntos que enfatizar.

Hace algún tiempo, ocho años y medios, aproximadamente, en un dialogo en este mismo lugar, y bajo el tema de la Educación, planteábamos la urgencia de retomar lo que llamamos la educación en valores.

En aquella ocasión, y hoy también, entendemos que la educación en valores es una de las acciones más importantes para regresar a la buena implantación del contrato social. Es el movimiento al centro desde el cual se generan ondas concéntricas que transforman todo a su alrededor.

Planteamos, que por su propia naturaleza, los valores nunca pueden estar en crisis. Los valores, como objetos ideales, no pueden estar en crisis.

No son los valores los que están en crisis, sino nosotros mismos, la sociedad, que ha oscurecido su entendimiento de los valores, tanto para la gestión personal como para la gestión pública o privada.

Estamos en una situación donde, equivocadamente, todas las alternativas nos parecen igualmente validas.

En una sociedad materialista como la nuestra, la riqueza está en la cantidad de los bienes materiales que se poseen, sin importar la forma en

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que se adquirieren. Este afán desmedido por la riqueza material es la que nos ha empobrecido el espíritu. A más riqueza, más pobreza. ¿Las razones? Quizás el empuje de los rápidos cambios estructurales y económicos. ¿Cómo es posible ante tanta ciencia y adelanto estar en una crisis social tan profunda?

Paradoja de la historia social, siendo que, a pesar de que hoy tenemos las posibilidades, gracias a la tecnología, de un control de todo los que nos rodea, de un conocimiento científico que prácticamente nos permite cambiar nuestro propio ser, la existencia material ha tomado el más alto valor sobre el desarrollo del espíritu. El deseo desenfrenado de este poder material ha oscurecido nuestra humanidad.

Lo cierto es que estamos en un momento de vacío, donde todas las opciones tienen el mismo valor, donde la ética del contrato social no tiene claridad, pues no reconocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto.

Igual que planteamos hace ocho años, ha llegado la hora de ponerle límites a una voluntad de poder desenfrenada, que templen nuestras aspiraciones y fortalezcan nuestra voluntad. Estos límites se llaman valores.

Si, como expresamos antes, entendemos que el abandono del contrato social es la raíz de la criminalidad, y si el contrato social es la suma de los valores, normas y códigos de una sociedad, entonces la reinstalación de los valores, como el fundamento ético de la cultura, tiene que ser el centro de las estrategias para lidiar contra la criminalidad que nos está desintegrando.

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Si bien se reconoce que hay factores individuales, ideosincráticos, en la criminalidad, creo que es evidente que hay un factor colectivo, al que hemos llamado el abandono del contrato social, que necesita atenderse en todas sus facetas para poder derribar al gigante que nos asedia. Y apuntamos hacia la educación en valores como una de las bases, la principal, para reconstruir la sociedad. Volveremos a esto más adelante.

Bien, para continuar el análisis necesitamos conocer mejor a Goliat.

Tomemos un retrato del Gigante. ¿Cuáles son sus proporciones?, ¿Cuál es la magnitud de la criminalidad que enfrentamos hoy?, ¿Qué tipos de crímenes son más frecuentes?, ¿Quiénes son los responsables de estos actos delictivos?

Necesitamos mirar, aunque nos cause profunda conmoción, las respuestas a estas preguntas. Podemos comenzar por las estadísticas informadas sobre los delitos cometidos.

La más frecuente estadística registrada para el crimen es la tasa de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes. Estos delitos son los informados, y se clasifican como tipo I. Se incluyen en los delitos tipo I dos categorías: los delitos de violencia personal y contra la propiedad. Se incluyen en la primera categoría el asesinato, el homicidio, y la violación; en la segunda, robo y agresión, escalamientos, apropiación ilegal y hurto de auto.

Por otro lado, se clasifican como tipo II los arrestos por los demás delitos. Está claro que los delitos informados, tipo I, no son todos los que se cometen, pero utilizar esta clasificación nos permite tener un elemento longitudinal y poder efectuar comparaciones en diferentes años.

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En Puerto Rico, y según todas las fuentes consultadas, incluyendo el trabajo de nuestra distinguida panelista, Dra. Dora Nevares, las tasas de delito tipo I son mayores que en los Estados Unidos.

De las dos categorías de delitos tipo I, ¿cuáles han aumentado? Para el período entre el 1950 y el 2007, en general, los crímenes contra la persona han aumentado en relación a los crímenes contra la propiedad, que han ido descendiendo.

Para reafirmar la magnitud de la criminalidad en Puerto Rico, veamos los crímenes contra la persona: desde el 2000 al 2010, hay una tasa, oscilante en diferentes años, de entre 18 a 21 crímenes por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos, para esos mismos diez años, la tasa se ha mantenido en cerca de 6 por cada 100,000. ¡Tenemos tres veces más asesinatos y homicidios que los Estados Unidos!

Crímenes contra la persona, asesinatos y homicidios, violencia en su expresión máxima, perpetrada en su mayoría contra jóvenes varones de las edades entre 20 a 29 años, es una de las realidades que confrontamos.

Ante la magnitud de los delitos contra la persona, vale preguntarnos, ¿Quiénes son los ofensores?, ¿Tenemos un perfil del ofensor que nos permita prevenir y rehabilitar? Generalmente, y nos da tristeza decirlo, los ofensores son jóvenes varones entre las edades de 16 y 21 años. ¿Su perfil?

Desertores escolares, mayormente residentes en zonas de pobreza, donde el ingreso familiar proviene mayormente de fondos públicos, jóvenes que han

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sufrido violencia familiar, generalmente han consumido a temprana edad drogas ilegales, y han estado, casi sobra decirlo, en un clima tanto en el hogar de crianza como en la comunidad, que no promueve la socialización en valores.

Por otro lado, hay consenso en los estudios sobre el vínculo estrecho entre la delincuencia y la criminalidad con el uso y tráfico ilegal de las drogas.

Treinta y nueve años después de la aprobación de la Ley de Substancias Controladas es preciso reconocer que la criminalización del adicto a drogas crea un mercado ilícito sumamente lucrativo que promueve la criminalidad y la corrupción de la cual hoy somos víctima. Es hora de que exploremos un nuevo enfoque a las drogas mediante la despenalización del adicto y su tratamiento con un enfoque médico. Reconozcamos que el adicto es un enfermo y como tal debe ser tratado. Un buen ejemplo de lo que respaldamos es Iniciativa Comunitaria, un programa que espera atender cerca de 60,000 adictos mediante la medicación y ayuda sicosocial.

Debemos enfocarnos más en la prevención y en la rehabilitación y utilizar la amenaza del castigo como desaliento de último recurso.

Si algunos se preocupan en pensar que quizás no tenemos suficiente vigilancia y por eso hay el aumento en crímenes, les recordamos el dato, ampliamente difundido por la prensa, que en Puerto Rico hay 597 policías por cada 100,000 habitantes, que tenemos más policías que la mayoría de los estados de los Estados Unidos, con excepción de Washington D.C., y que somos el octavo país del mundo en términos de policías por habitantes. Más aún, en la literatura no se ha encontrado una relación directa entre el número de policías y la disminución en criminalidad. No es pues la cantidad de policías sino la calidad de la policía la que nos debe preocupar.

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Los panelistas Dora Nevares, Jaime Santiago, Donald Vega y Juan A. Panelli tuvieron una destacada participación en el Octavo Diálogo.

El Comité Evaluador Externo de la Policía que rindió un informe en el 2007-08, hizo cien (100) recomendaciones para el mejoramiento de la Policía, veinte de las cuales se referían al control de la corrupción en dicho cuerpo. Algunas fueron implantadas, pero la mayoría no. Basta mencionar dos de ellas. Primero, que las pruebas sicológicas administradas a los candidatos a la policía deben incluir criterios de agresividad y de predisposición a actos violentos. Segundo, la Policía deberá elaborar medidas que insten y respalden a los policías a colaborar en la disminución del uso de la fuerza excesiva, violación de derechos civiles y corrupción. Esto requiere una re-educación y construcción de una cultura organizacional alterna. Cuando una agencia federal, el FBI, arresta 133 personas, la mayoría funcionarios del orden público, ello es indicativo de que la propia

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Policía de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Criminales del Departamento de Justicia por su presupuesto limitado, no han podido mantener la casa limpia.

Veamos ahora cómo se ha atendido el contrato social en Puerto Rico, observando datos sobre sus tres principales ámbitos: la educación, la distribución del ingreso o equidad económica, y la gestión pública.

En cuanto a la educación, reconocemos que su función primaria es, fundamentalmente, formativa y socializadora. Su objetivo principal es transformar a la persona en un ente social, reforzando los valores.

En su estructura no formal, la educación también preparará a la persona para comprender y compartir los valores. Es una enseñanza que se da en la familia y que está en evolución constante en función de las agendas en su ciclo de vida.

La educación formal está institucionalizada, y cronológica y jerárquicamente estructurada. Añade el objetivo de obtener unas destrezas intelectuales que capaciten a la persona tanto para comprender y compartir los valores culturales, como para participar justamente en el mundo del trabajo.

En su estructura jerárquica, la educación condiciona el completar el cuarto año de escuela superior como el umbral mínimo para una educación básica.

En 2008-09, las escuelas públicas atendían el 75% de la matrícula escolar del país. Datos publicados recientemente indican que el 35% de los estudiantes de escuela pública no completan el cuarto año. Por otro lado,

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las estadísticas publicadas en diversas fuentes del gobierno indican que en las escuelas privadas, a nivel de escuela superior, la deserción es mínima.

Si como se ha planteado, además de su función formadora en valores y de preparar a la persona para el pleno disfrute de su cultura, la educación, hoy, se reconoce como el elemento que más contribuye a nivelar las oportunidades de participación en los procesos económicos, es importante, para una sociedad justa, una sociedad educada. En Puerto Rico, entre la población de 25 años o más, el 34% no tiene diploma de cuarto año de escuela superior. ¿Qué sucede entonces, con los que no tienen esa oportunidad? No lo sabemos categóricamente, pero si sabemos que investigaciones recientes sobre menores delincuentes institucionalizados, demuestran que existe una relación inversamente proporcional entre el grado más alto cursado y el grado de reincidencia. Investigación tras investigación se establece una relación entre deserción escolar y criminalidad.

Un resumen de la literatura relevante indica que hay seis factores principales relacionados a la deserción: factores relacionados a la escuela, particularmente al aprovechamiento y la disciplina; factores relacionados a necesidades económicas; factores relacionados a condiciones familiares; influencia de amistades; migración y movilidad geográfica; y factores psicosociales.

Todos son susceptibles de intervención. Sin embargo, ver estos factores de forma separada, sin articularlos dentro del todo que es el contrato social, es como pretender llegar a un lugar tomando pedazos dispersos y sin orden

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de un mapa. Podemos adelantar, podemos atrasarnos, pasar dos veces por el mismo lugar, y nunca llegar.

Juntemos el mapa, veamos sus caminos, obstáculos, conozcamos el todo, y las posibles vías de acceso. Sin duda veremos que hay más de una ruta para llegar. Nuestros valores nos van señalando el Norte.

Ante el panorama de jóvenes que han perdido los horizontes, con padres que también tienen escasa escolaridad, ¿Cuáles son las opciones, las alternativas?

Diversas. Reconozco que hay una serie de esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro que han logrado devolver la esperanza a muchos jóvenes, logrando mantenerlos en la escuela. Entre ellos, conocemos mejor la labor de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

Pero, ¿Hemos visto diálogo sobre retención a nivel de política pública?, ¿Hay programas para apoyar a la familia de manera integral?, ¿Se han destacado recursos fiscales especiales para proyectos de retención en áreas de mayor incidencia criminal? Muy poco. Por ejemplo, el proyecto de educación en valores que hace unos años se comenzó en las escuelas públicas, cayó en el olvido.

Los ciudadanos de las comunidades de escasos recursos también tienen derecho a aspirar a una mejor convivencia, para ellos y para sus hijos. Y a que se les apoye en ello.

Segundo, veamos las condiciones económicas. En cuanto a la distribución del ingreso, la teoría política nos dice que el contrato social donde se aseguraba el derecho al salario fue cambiando según se desarrolló la era post industrial.

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En esta era, se separó el ingreso por el trabajo de las condiciones de la convivencia, y así se implantaron practicas que aumentan la ganancia de las empresas, casi siempre mediante la adopción de tecnología, aunque ello implique dejar sin empleo a una gran cantidad de personas.

Ya el salario no fue una relación directa del esfuerzo ejercido, pasó a ser más bien una expresión de una estructura social. Se pasó por alto, para un grupo significativo de la sociedad, que el acuerdo fundamental del contrato social en las sociedades industriales y democráticas, era el derecho de los ciudadanos a vivir de su trabajo. Dicho de otra manera, al acuerdo de recibir reconocimiento social de acuerdo a su aportación mediante su trabajo.

Fue disminuyendo el grupo de los que trabajan y reciben un salario que les permite vivir de su trabajo, aumentando el de los que trabajan y sin ayuda del gobierno no pueden subsistir, y aumentando también el grupo de los que no pueden trabajar. Entendemos que es necesario reconceptualizar la dignidad del valor del trabajo.

Miremos la situación en Puerto Rico. En cuanto al empleo, en los últimos años, periodos de alta criminalidad, y alto desempleo. En el 2006 el desempleo en Puerto Rico fue de 12%, en julio del 2010 alcanza el 16.9%. De los desempleados del 2010, el 35.7% son jefes de familia, el 20.3 % esposa o esposo del jefe de familia.

Según las cifras del gobierno, del Departamento del Trabajo, en el 2010 en el grupo de personas que trabajan disminuyó en 32,000 personas menos, comparado con el 2009.

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Lcdo. Manuel J. Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en su ponencia.

Concedemos que hay unos impactos en la situación del dólar a nivel de la recesión mundial que afectan la condición de empleo. Pero lo interesante es que no todos los grupos se afectan por igual.

Según datos de un estudio reciente de la economista Eileen Segarra sobre la desigualdad económica en Puerto Rico, la distribución del ingreso ha cambiado, exhibiendo alzas y bajas en los últimos veinte años.

Utilizando el índice GINI, una medida de dispersión estadística donde a mayor índice mayor la desigualdad, Puerto Rico tiene, en el 2010, un índice de dispersión de 53.5, mayor que el índice de 50.0 que tenía en el 1990, por lo que la desigualdad económica en Puerto Rico está aumentando. En Estados Unidos la desigualdad es menor, 46.4 en el 2010.

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Las transferencias de fondos y los programas de asistencia federales, sin duda han tenido un efecto paleativo en la desigualdad, aunque pueden fomentar una cultura de dependencia que no contribuye a la autoestima.

Tercero, veamos datos de la gestión pública. La importancia de la gestión pública es evidente: es la estructura que hace política pública para dirigir el desarrollo de la sociedad, y mantiene el orden del contrato social.

Desde sus orígenes, fijamos nuestro Norte en una sociedad de solidaridad, de equidad social, de justicia entre clases, confiados en nuestro desarrollo económico. Históricamente, podemos decir que había una estrecha relación entre las oportunidades de desarrollo individual, el desarrollo económico, y la dignidad del trabajo.

Para comprender la magnitud del contrato social de nuestra sociedad, les invito a leer la Constitución de Puerto Rico. La mayoría de nuestras expectativas como pueblo se cobijan bajo la Constitución y los códigos civiles y penales que tenemos de ahí se sustentan.

Entre los códigos de mayor interés a esta exposición, está el instrumento mediante el cual se definen las conductas delictivas, se establecen las penas correspondientes y se garantizan los derechos de los ciudadanos: el Código Penal. Nuestro Código Penal se revisó recientemente, entrando en vigor en el 2005.

También junto al nuevo Código Penal se formuló la Ley Núm.

377 de septiembre del 2004, llamada Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. Esta Ley recoge la aspiración Constitucional de que el sistema penal debe ofrecer tratamientos adecuados para facilitar la

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rehabilitación de los confinados; así mismo dispone, por otro lado, el derecho de todo confinado a ser rehabilitado. Como parte de esta Ley también se creó un plan escalonado para asignar recursos fiscales para su implantación. Ambas reformas están todavía en proceso de implantación, y sus resultados tomaran algunos años en documentarse.

Quizás uno de los aspectos de la gestión pública más preocupantes es la baja proporción de esclarecimiento de crímenes, donde solamente el 39% de los asesinatos se aclaran. Según la prensa, aclarar se refiere a que los agentes del orden público creen saber quién es el asesino, aunque no tengan prueba para acusarlo ni presentarlo a la corte. Falta de testigos, falta de cooperación ciudadana, que teme exponerse y luego recibir represalias.

Los casos se caen. O se compran. Sobran los casos documentados donde la cadena de valores trastocados llega hasta las figuras públicas.

En resumen, hemos argumentado que la criminalidad puede considerarse, en efecto, una respuesta negativa y compleja ante la crisis de la seguridad o la confianza en el contrato social, crisis que responde tanto a factores internos, como por ejemplo la apatía de las estructuras públicas y privadas a las necesidades de clases sociales excluidas de los procesos educativos, a la falta de solidaridad con los efectos que las crisis económicas tienen en algunos sectores, y a la falta de apoyo de la gestión pública en hacer valer los códigos penales, demostrando los valores correctos.

Afectan también factores externos, como lo son el trasiego de drogas que a nivel mundial consigue sobornar las estructuras de control y se adentra en los pueblos. No podemos continuar haciéndonos ojos ciegos y creer que podemos controlarla sin ayuda externa.

Nos toca llegar a conclusiones ¿Qué podemos hacer para volver a

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encontrar la seguridad de que se cumple el contrato social?

Ante esta pregunta, y las demás planteadas, lanzamos unas propuestas con la aspiración, como universitarios, de abrir caminos; algunas pueden estar también consideradas en los trabajos que hoy se presentan en este Diálogo.

Entendemos la seriedad, y la importancia de estas propuestas para la acción. Son opciones entre muchas otras, y son consistentes con nuestros valores como Institución cristiana ecuménica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. En cuanto a la FAMILIA: La familia es el núcleo de la sociedad. Si falla la familia, si fallan los padres y madres en la crianza, en la disciplina, en la formación del carácter, la educación en valores, basado en una relación de amor y de respeto, sentamos la base de una generación futura incapaz de vivir en sana convivencia comunitaria. Es por ello que es fundamental apoyar a la familia.

Salvo por distintas iglesias que proveen cursos preparatorios para el matrimonio, así como otras entidades, por ejemplo, el programa de Educación Continuada del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, el estado no provee ni requiere tal preparación para contraer matrimonio, para capacitar a los contrayentes como pareja y futuros padres y madres.

Propongo se considere legislar para requerir los cursos preparatorios para el matrimonio y para la paternidad-maternidad. Estos cursos podrían ser ofrecidos en un esfuerzo conjunto entre el gobierno (Departamento

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de la Familia y el Departamento de Educación), las entidades educativas privadas y las iglesias.

2. En cuanto a la EDUCACIÓN: Como seres humanos, aspiramos a realizarnos, a convivir en sociedad y lograr autosuficiencia. Terrible contradicción la de un sistema social que, por un lado, apunta a las oportunidades para la plena realización, mientras por otro, no se ocupa de establecer las bases para garantizar que todos sus miembros tengan igualdad de oportunidades, particularmente la juventud, contando con la escuela pública como base para abrirse las puertas.

Establecer esas bases es misión de todos.

La escuela pública no puede seguir siendo un lugar donde se separan las clases sociales, no puede convertirse en un cedazo para limitar las oportunidades. Por tanto: 1. Urge retomar programas para la formación en valores en las escuelas mediante programas inmersos en el currículo escolar 2. Es imprescindible fomentar los métodos de diálogo, consenso y mediación para resolver diferencias, y desarrollar programas construidos sobre la cultura para la paz en las escuelas y para los ciudadanos 3. Es apremiante desarrollar programas para aumentar la retención escolar, apoyándose integralmente en los seis factores mencionados anteriormente, y considerando incluir en el programa, el hogar del estudiante 4. Es apremiante inculcar disciplina en nuestras escuelas.

Nuestros maestros con frecuencia se sienten amenazados y sin respaldo ni protección. ¿Dónde está la autoridad en ley del profesor a disciplinar?

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Quizás uno de los factores para esta situación es el abandono de la figura, del locus parentis, la escuela como sustituto del padre. Fragmentación de responsabilidades, que, junto con otras condiciones sociales, ha traído una limitación en los roles para la disciplina de maestros y directores que nos ha resultado nociva, casi fatal. ¿Qué derechos y obligaciones les confiere hoy en día la Ley a padres y madres, maestras, maestros y directores de escuela, en la disciplina estudiantil? Es necesario que reexaminemos las leyes que disponen sobre el particular.¿Dónde están los policías escolares?

Hace una semana presensié un grupo de estudiantes parados en la calle que desafiaron un carro de la Policía. El policía optó por cambiar de carril y no ordenar a los estudiantes que se movieran a la acera y obstaculizaran el tránsito. El policía falló como policía y falló como educador.

3. En cuanto a la DESIGUALDAD ECONÓMICA: Pensemos, por un momento, en lo que representa para cada uno de nosotros el concepto de igualdad de oportunidades. Pensemos, ¿Igualdad para qué?

Para algunos, se tratará de un asunto de acceso a empleos bien remunerados. Para otros, de oportunidades de competir con justicia, y aún para otros más es asunto de tener derecho a lograr sus aspiraciones de una vida plena. Algunos pensarán en que no se les discrimine por raza o sexo, y así sucesivamente cada uno podrá identificar uno o varios aspectos importantes en los cuales es indispensable la igualdad de oportunidades.

Para alcanzar mayor igualdad, entendemos que: 1) La Reforma Contributiva tiene sentido cuando se inspira en los propósitos del Contrato Social, el cual incluye una justa distribución de las riquezas.

2) Urge promover la autogestión como actividad económica valida y lucrativa

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3) Es importante Cooperativismo

promover

y

facilitar

programas

de

4) Hay que dar mayor reconocimiento y promoción al valor del voluntariado comunitario para la solución de problemas 4. En cuanto a la GESTIÓN PÚBLICA: La seguridad ciudadana no es solamente la seguridad física de no ser violentado por el crimen. Es también la seguridad de que se va a recibir justicia cuando sea necesario, de que se va a recibir ayuda cuando se solicite, como por ejemplo, cuando se pierde el empleo.

Es también la confianza en las autoridades públicas, en que estas toman las mejores decisiones a los intereses de todos y no de unos pocos, y en que se hacen valer los códigos, respetando los valores.

Para renovar la seguridad, entendemos que: 1) Es urgente evaluar la implantación del nuevo código penal 2) Es necesario desarrollar programas de evaluación para la gestión pública, los cuales formarían parte del currículo de los incumbentes de los puestos públicos 3) Tenemos que obtener mayor ayuda de programas federales e internacionales para intervenir con el tráfico ilegal de drogas 4) La despenalización, pero no la legalización, de personas adictas que posean pequeñas dosis de drogas, manteniendo como delito la distribución y venta, y la medicación de los adictos, combinado con programas de rehabilitación, debe ser considerada por el gobierno de Puerto Rico.

5) La Policía debe considerar las recomendaciones que el Comité Evaluador Externo de la Policía hiciera en sus dos informes del 2007-08 para el mejoramiento y el buen funcionamiento

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Miembros de la Junta de Síndicos, Rectores, funcionarios de la Inter, facultad, estudiantes y público en general, se dieron cita en la actividad.

de dicho organismo. En particular se debe prestar atención al mejoramiento del reclutamiento, adiestramiento, la educación continua, la supervisión, la fiscalización y las condiciones de trabajo de la Policía.

Como Universidad, también hemos asumido nuestra responsabilidad ante la criminalidad. Hemos incorporado la educación en valores en nuestro currículo, y la educación para la paz en nuestras escuelas laboratorios.

Contamos con cursos para una escuela de padres y de consejería de parejas dentro del programa de Educación Continuada. Tenemos proyectos de apoyo a muchas iniciativas con diversas comunidades marginadas, y enseñamos el valor del voluntarismo en los cursos de ética.

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Fomentamos en el currículo el espíritu de la autogestión en los estudiantes y apoyamos los programas de pequeños negocios.

Nuestras clínicas de derecho ofrecen servicios gratuitos en diversos aspectos legales, y ofrecemos oportunidades para completar la educación superior a adultos con problemas económicos, mediante becas institucionales.

Aportando en lo que nos toca, nos unimos al esfuerzo que está haciendo Puerto Rico para rescatarse de la criminalidad. Alentamos a cada persona, a cada institución pública y privada a que se una al rescate de los valores.

Al Estado, a que asuma un rol prominente en la evaluación de la gestión pública, y que propicie la participación de todos los grupos.

A los medios de comunicación masiva, que den mayor énfasis a las noticias que le brinden a la juventud los modelos ejemplares que nos acercan a la buena convivencia.

Invito a cada uno de los presentes, a que se integren, en la medida que mejor les sea posible, a una o varias de las iniciativas que se van abriendo para mejorar la situación Sociomoral del País; no perdamos la fe, no perdamos la esperanza.

Muchas gracias.

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OFIC. DE RELACIONES PÚBLICAS Y MERCADEO / OFICINA DEL PRESIDENTE / 787.766.1912 / OCTUBRE 2010