SINDICATO Boletín de los Arquitectxs Sindicadxs de Rosario
Rosario, viernes 17 de abril de 2015 . Año 2- Nro 2 Comité Editorial: Carla Berrini, Juan Manuel Rois, Santiago Vescovo. Colaboran en este número: Pablo Demián López, María Soledad Girardo y Sergio Oliveri BLOG: http://arqsindicadxs.wordpress.com FACEBOOK: arquitectxs sindicadxs! E-MAIL sindicadxs@gmail.com
EDITORIAL
Los otros arquitectos
RESEÑA
“Acá vas a aprender un montón…”, ”vos sos un profesional independiente que va a trabajar para esta empresa….”, “son diez horas por día y el sábado inglés, no hay aguinaldo y vos te pagás el monotributo y todo eso ....” y muchas otras frases de este tenor oímos los arquitectos jóvenes o recién recibidos cuando vamos a una entrevista de trabajo en una empresa constructora, estudio de arquitectura o una desarrolladora inmobiliaria. Si bien en los últimos años las presiones sindicales y los controles estatales obligaron a las empresas constructoras a anotar a sus operarios, no ocurrió lo mismo con el personal técnico, es decir todo el universo de arquitectos que trabajan, por ejemplo, como dibujantes, jefes de obra, sobreestantes, y demás tareas por un salario mensual. Según la encuesta realizada por Arquitectxs Sindicadxs, de los encuestados trabajando en relación de dependencia, sólo el 37% está en blanco; mientras que 32% facturan a su empleador como monotributistas y el 31% restante en negro.
El sábado 8 de noviembre se celebró en el Centro Cultural La Toma una ronda de mesas de debates bajo el lema “Debatimos la Ciudad para Transformarla” convocada por el Foro Rosario Para Todos. En la mesa sobre “Boom inmobiliario, crisis habitacional y acceso a la tierra”, participaron Cristina Pradolini (Arquitecta, Consultora en Planificación Urbana y Territorial), Luis Baer (Investigador/ Docente, Conicet-UBA), Franco Carballo (Abogado, Especialista en Política de Tierras) y Juan Manuel Rois (Arquitecto y profesor en la UNR) por Arquitectxs Sindicadxs. El siguiente texto viene a traer algunos de los temas que allí se trataron.
En este punto debemos hacer un mea culpa desde ambos lados del mostrador. Por un lado los empresarios -muchas veces arquitectos- o titulares de estudios, que para aumentar sus beneficios -o no resignar parte de ellos- evaden el “gasto” de anotar un empleado echando mano al recurso del monotributo; y por otro, el de los profesionales jóvenes que, ávidos de insertarse en el mercado laboral, resignan derechos propios de cualquier trabajador en situación legal. Esta mentalidad viene por arrastre desde los tiempos en que al ingresar en la facultad nos recibían con un discurso pesimista que nos auguraba un futuro al volante de un taxi, o como telemarketer de alguna empresa telefónica. A partir de la devaluación de 2002 y el resurgir de las exportaciones agrícolas, el mercado de la construcción se benefició con un gran impulso, el llamado boom de la construcción. Este impulso, a su vez, propició el resurgimiento de los sindicatos obreros que comenzaron a lograr el cumplimiento de sus
Rosario Para Todos
derechos laborales (la implementación de las ART, el cumplimiento del decreto 911/96, registro de las empresas constructoras en IERIC, etc). En el caso de los profesionales de la construcción, en particular de los arquitectos, no existe entidad alguna que represente los intereses de los trabajadores contratados, quedando a merced de nuestra propia determinación el lograr mejores condiciones. Si bien existe un convenio colectivo de trabajo (CCT 660/2013 - EX 151/75) que incluye al personal técnico contratado por empresas constructoras, estudios de arquitectura o relacionados con la construcción, somos muy pocos los que estamos al tanto de la existencia de dichos acuerdos y menos los que conocemos quién defiende nuestros intereses en las negociaciones paritarias o de acuerdos de condiciones salariales. ¿Qué motivo, más que la codicia, es el que nos priva de gozar de los mismos derechos de los demás trabajadores de la construcción? No somos más que nosotros mismos, los arquitectos, los primeros en atentar contra nuestras posibilidades de contar con los beneficios en materia previsional y de salud. Reitero nuestra cuota de responsabilidad motivada por la mentalidad de pensar: “ya me voy a poder independizar, y AHÍ SÍ”… y la pregunta es: Y ahí sí qué?... Ahí le tocará a otro y no a mí estar en esa situación? Ahí sí qué?... Ni siquiera iniciamos reclamos legales pensando que eso es no tener “códigos”…. Pero, los “códigos” de quienes no anotan a un colega, dónde están? Desde este espacio en surgimiento, intentamos revalorizar la figura del arquitecto como trabajador del sector de la construcción, con los derechos que le corresponden; apelando a la conciencia de los muchos colegas empresarios, por una parte, y al apoyo de las entidades que nos agrupan, por otra, como plataforma desde donde el reclamo pueda tomar impulso. SERGIO OLIVERI
Luis Baer, nos mostró, por medio de varias gráficas comparativas, cómo el mapa del valor del suelo de Capital Federal coincidía con el mapa de los permisos para edificar en altura (además del desarrollo de infraestructura urbana, nivel socieconómico, etc...), algo cuyas consecuencias no solían contemplarse: el precio de un terreno existe en relación a la cantidad de pisos que el código urbano habilita construir, algo que depende de cada instancia municipal o comunal. Ha habido una estrategia de compra de terrenos baratos (donde no se podía construir en altura o faltaba desarrollar infraestructura urbana) para después presionar a las administraciones para el desarrollo de normativas generales o específicas que habiliten la explotación inmobiliaria intensiva de esos te-rrenos. Algo semejante sucedió en Rosario. La propiedad inmobiliaria fue un mercado seguro y manipulable de rentabilidad creciente para el capital excedente del campo (y de otras actividades) que sacó provecho de las políticas macro-económicas implementadas para impedir la fuga de capitales. La rentabilidad de este negocio aumentó en los últimos diez años casi diez veces más que otras, una inflación que incidió en la inflación en general. Mientras la política nacional tiende a redistribuir el excedente y detener su fuga al exterior, en los municipios se dieron políticas que lo concentraban y acumulaban mediante la especulación inmobiliaria. La regulación del mercado inmobiliario es competencia municipal, la matriz de precios de valores del suelo se ha configurado históricamente por medio de códigos urbanos y ordenanzas municipales. La Arquitecta Pradolini explicó que este proceso por el cuál un barrio “humilde” es adquirido para la especulación para luego construir edificaciones para propietarios de mayor poder adquisitivo, desplazando a la población que estaba allí asentada, tiene por nombre “gentrificación”: la consecuencia socio-espacial de la especulación inmobiliaria. Franco Carballo habló de la ambigüedad de la supuesta solución para resolver la situación de un asentamiento irregular al otorgar la propiedad a los residentes sin contemplar que un capital puede luego adquirir las propiedades por su potencial especulativo produciendo “gentrificación”. Es necesario pensar cómo un barrio puede desarrollarse sin que se vayan sus habitantes por la presión del mercado inmobiliario, por ejemplo, entregando un derecho de usufructo y transferencia pero con la propiedad todavía en poder del estado, o determinar algún tipo de propiedad no monopolizable, alguna figura legal para esas propiedades que favorezca a sus usuarios, permita su desarrollo, pero evite la gentrificación; hasta que no se inventen esas figuras, tal vez sea recomendable que el Estado
preserve los derechos legales sobre esas tierras en favor de sus residentes actuales. La aparente paradoja que a pesar del crecimiento del mercado inmobiliario haya aumentado tanto el déficit habitacional , se explica porque esas construcciones nuevas se hicieron para comprar y vender, para acumulación de excedente de capital (¿silodeptos?) y no para satisfacer las necesidades de vivienda de la población. Muchos países del llamado primer mundo se han prevenido, aunque sea parcialmente, de esta situación gravando con un impuesto especial la vivienda vacía y el terreno ocioso. La construcción de mega-emprendimientos inmobiliarios estuvo monopolizada por algunos pocos “desarrolladores”. Desde el punto de vista del trabajo para los arquitectos es evidente que un complejo de cien o mil viviendas diseñada por un sólo estudio no rinde como cien o mil viviendas diseñadas una por una. En ese sentido el plan nacional Procrear aparece a competir para captar mano de obra de la construcción, y crear nueva, en el mercado de las pequeñas propiedades familiares. Pero ante la demanda que generó la ayuda para adquisición de terrenos, aumentaron los precios y esa ayuda estatal fue absorbida por los especuladores. El arquitecto Rois afirmó que es necesario abordar las contradicciones derivadas de la aplicación del plan Procrear en un contexto de especulación inmobiliaria descontrolada: si por un lado genera trabajo, da acceso a la propiedad a familias que la tenían difícil, por otro lado se esté alimentando -por culpa de la desregulación del mercado del suelo- la construcción en suburbios apartados de los centros urbanos, que no cuentan con la infraestructura de servicios necesaria (costos públicos a futuro) mientras la ciudad cuenta con terrenos ociosos y departamentos vacíos, con toda la infraestructura servida. Este proceso de suburbanización, según la arquitecta Pradolini, multiplicaría los problemas de tránsito y contaminación, aumentaría la desigualdad socio-especial al continuar fragmentando la ciudad en guetos de riqueza y exclusion, e incrementaría el consumo de combustibles en desmedro del objetivo de autoabastecimiento energético. Combinando el acceso al crédito y la propiedad con el acceso a la vivienda que ya está construida y al suelo urbano ocioso (racionalizando de este modo el uso del mismo) prevendríamos la gentrificación, suburbanización y ghetificación de la ciudad, que son en definitiva los procesos materiales y espaciales generadores de eso que en las estadísticas aparece en abstracto como “desigualdad social” y que no es más que la desigualdad en el “derecho a la ciudad”.