Cider esbozo de estrategia post conflicto

ESBOZO DE UNA ESTRATEGIA POSTCONFLICTO “La paz no depende solamente de tratados y promesas. Depende esencialmente de la creación de condiciones que si bien no modifican la naturaleza de los hombres, al menos guían su comportamiento reciproco en una dirección pacífica” (Jean Monnet)

Jairo Morales Nieto Doctor en Economía, Experto Internacional en Paz y Desarrollo, Ciudad del Cabo, Suráfrica jairo@inafcon.com

Documento preparado por el autor para uso exclusivo de los participantes en el Seminario y Taller “¿Cómo enfrentar el postconflicto en Colombia?” eventos organizados por el Centro de Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de Los Andes.

Bogotá, Colombia durante los días 12 y 13 de Noviembre de 2013.

El autor desea expresar su agradecimiento a la Embajada de Suiza en Colombia por el cofinanciamiento y apoyo al éxito de estos dos eventos.

Índice de Contenido Preámbulo 1. Pensando en el día después 2. Normatividad y ensamblaje de la estrategia 3. Gobernabilidad y gerencia de la estrategia 4. La hermenéutica de la estrategia 5. La dimensión local de la paz 6. Territorios de paz y escenarios de reconciliación 7. Contrato y agenda postconflicto a nivel local 8. Estrategia financiera para la paz 9. Beneficios de la paz y su distribución 10. Duración y evaluación de la estrategia Reflexiones finales

Preámbulo Conforme a una consideración histórica mundial, una transición exitosa del conflicto hacia la paz, no es un producto del acaso, el azar o la espontaneidad. Es el resultado del diseño e implementación de una cuidadosa estrategia postconflicto que posibilite la implementación de los acuerdos de paz en la práctica a partir del primer día de su firma y consagración.

Desde luego, los procesos de paz y desarrollo no pueden verse como obras o construcciones perfectas y absolutamente bien calculadas pues el mundo real funciona a veces muy diferente a lo que deseamos alcanzar, pero una estrategia postconflicto bien concebida y concertada marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de los procesos de transición y desarrollo. Esta es una de las grandes lecciones que he aprendido a lo largo de mi extensa e intensa vida profesional, la cual ha estado vinculada por varias décadas a asistir importantes procesos de transición en diversas partes del mundo por encargo de las Naciones Unidas.

Escribo esta breve propuesta para ofrecer una contribución a la consagración de la paz en Colombia como proceso duradero y sostenible, es decir, una paz basada en la libertad, justicia y equidad que son los principios axiológicos fundamentales sobre los cuales se construye y erige un estado de derecho y una sociedad democrática moderna.

El esbozo de la estrategia postconflicto a discutirse hoy en este seminario tiene un enfoque programático e instrumental pues intenta responder no sólo a la pregunta del qué hacer sino a cómo hacerlo, dónde y con quién. En el taller propuesto por el Cider a realizarse el día de mañana, me ocuparé de los aspectos teórico-metodológicos del diseño e implementación de las política públicas proclives a la paz y al desarrollo en la fase postconflicto.

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1 Pensando en el día después Colombia avanza hacia la firma de un acuerdo de paz con las FARC y, probablemente, con el ELN también. Este hecho histórico debe ocurrir antes de la finalización del 2013 o comienzos del 2014 como es ambicionado por el gobierno. Una pregunta lógica que deviene de ese proceso es: ¿qué debe pasar luego? Es decir, ¿qué se espera debe ocurrir el día siguiente de la firma del acuerdo de paz?

Seguramente el cuaderno de los acuerdos de paz indicará en esencia los compromisos jurídicos, político-militares y económico-sociales de ambas partes para hacer viable la transición del conflicto hacia la paz. Esa hoja de ruta es la pieza más importante de la conclusión de la fase de negociaciones pues dirá qué se debe hacer para garantizar el logro de la paz como proceso duradero. Lo que es poco probable que se diga, por la naturaleza misma de la negociación, es cómo hacerlo, es decir, cómo implementar los acuerdos particularmente económicos y sociales hacia la paz y el desarrollo en la práctica, durante cuánto tiempo, dónde y con quién y, más aún, cómo se verificarán y evaluarán los resultados e impactos de lo que se haga en términos de la estabilidad global del país, seguridad ciudadana, crecimiento económico y distribución del bienestar. Tampoco se espera encontrar referencias a los costos monetarios del proceso de transición hacia la paz y sobre la forma de cómo sufragarlos.

Todas estas cuestiones criticas relativas a el ‘cómo hacerlo’ son el Leitmotiv de esta nota que denominamos ‘esbozo de una estrategia postconflicto’ que se escribe a partir del conocimiento y la experiencia personal directa del autor sobre importantes procesos de transición hacia la paz y desarrollo acaecidos en América Latina, Europa, Asia y África en las pasadas tres décadas; y, también, desde luego, a partir de mi propia vivencia sobre conflicto en Colombia por ser mi país de origen.

2 Normatividad y ensamblaje de la estrategia postconflicto El cuaderno de los acuerdos de paz firmado por el gobierno y las FARC (y lo que a su vez se acuerde con el ELN) será el marco normativo fundamental para la concepción y diseño de la estrategia postconflicto y las respectivas políticas y planes de transición hacia la paz con clara definición de los objetivos teleológicos a alcanzar (paz, seguridad, desarrollo económico, justicia y equidad social), las metas cuantitativas y cualitativas a lograr en periodos de tiempo determinados, los instrumentos de política a utilizar, los recursos

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necesarios y disponibles y la gerencia del proceso de construcción y consolidación de la paz y, su evaluación.

La realización de todas estas tareas debe ser el resultado de un cuidadoso trabajo consultativo durante y luego del periodo de las negociaciones de paz pues la estrategia postconflicto habrá de ser ensamblada dentro de la plataforma de gobierno existente, sus políticas y la entera institucionalidad del estado y, no a la inversa. Es decir, la estrategia debe acomodarse al ordenamiento del estado, sociedad y mercado tal como estas entidades son y están funcionando actualmente, y no al revés, es decir, que dicho ordenamiento societal deba acoplarse a la estrategia postconflicto por perfecta que ella sea. Esto no significa, desde luego, que la estrategia no pueda catalizar reformas y cambios estructurales.

Por su naturaleza, ésta debe ser su misión. Pero los cambios y reformas esperadas transcurren a través de la institucionalidad (normas, leyes y organizaciones) establecida y vigente.

Así por ejemplo, la estrategia tendrá que analizar cómo acomodar el proceso del postconflicto a los tratados vigentes de libre comercio, a la ley de restitución de tierras y reparación de víctimas, a la ley de regalías, a las reformas y programas sectoriales y en general a la política económica, social y ambiental del gobierno contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es obvio, desde luego, que todos estos procesos de política y reforma en curso deben abrir espacios para la ambientación normativa del postconflicto y su inclusión en la agenda pública para evitar choques de procesos y para contemporizar la acción del aparato de gobierno con las nuevas realidades, retos y necesidades que emanan de los acuerdos de paz.

Particular referencia debe hacerse a la necesidad de adecuar y flexibilizar las políticas macroeconómicas (fiscal, crediticia y cambiaria) frente a las necesidades de la reconstrucción y recuperación económica de los territorios, poblaciones y empresas afectados severamente por el conflicto con el objetivo de recuperar capacidades fiscales pérdidas o disminuidas, ampliar la masa crediticia bancaria e incrementar el flujo de divisas por exportaciones provenientes de las zonas de conflicto y también incrementar el flujo de inversión extranjera hacia esas zonas. Todas estas acciones de política macroeconómica son clave para asegurar una recuperación rápida y sostenible.

Por su parte, las políticas microeconómicas (competencia, productividad, competitividad e innovación) deberán cumplir un rol muy importante en términos de colocar las áreas postconflicto y sus organizaciones empresariales dentro de la geografía y las corrientes de comercio internacional, así como en los tratados comerciales entre Colombia y terceras partes para maximizar su beneficio y acelerar procesos de crecimiento económico a ser jalonados desde fuera del país. Todo ello debe hacerse dando especial importancia y apoyo a la inserción de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones en las corrientes de mercados nacional e internacional tanto de productos como de bienes de capital y tecnología.

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Ahora bien, las políticas macroeconómicas y microeconómicas proclives a la paz se verían seriamente limitadas en sus alcances e impactos sin la implementación en paralelo de una agresiva política económica de bienestar en beneficio de las poblaciones y territorios castigados por la violencia. Se trata de la promoción de reformas y otras acciones gubernamentales tendientes a eliminar y/o reducir substancialmente los factores históricoestructurales asociados al origen del conflicto que siempre serán la principal amenaza a la consolidación de la paz. Nos referimos a la extrema desigualdad en la distribución del ingreso, a los elevados índices de pobreza absoluta y relativa y al bajo índice de desarrollo humano que ostentan todas las zonas de conflicto con cifras muy por debajo de la media nacional, de por sí, ya bastante modesta.

No debemos olvidar en ningún momento que el país, además de ser considerado el ‘locus classicus’ de los grandes conflictos armados contemporáneos, según lo registra la historiografía mundial, es también el ‘locus classicus’ de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades sociales en el mundo. Resulta entonces obvio, que si Colombia quiere hacer realizable la paz tiene que corregir rápida y drásticamente los índices de bienestar adversos para evitar una recaída temprana del proceso de reconciliación y una eventual vuelta a un conflicto de alta intensidad.

3 Gobernabilidad y gerencia de la estrategia postconflicto Es al gobierno central –y en particular al Presidente de la Republica- a quien le compete la gerencia global de la estrategia postconflicto mediante el establecimiento de un mecanismo apropiado de consulta, consenso y concertación que involucre a todos los representantes clave provenientes de las organizaciones del estado, sector privado y sociedad civil a nivel local y nacional, incluyendo, desde luego, a las organizaciones políticas y sociales de las víctimas y los ex guerrilleros y, también, a observadores de la comunidad internacional que pueden contribuir de manera vital a la salud y transparencia del proceso de concertación e implementación de la estrategia postconflicto.

La ingeniería del modelo de gobernabilidad de la estrategia a adoptar es uno de los temas más apasionantes y sensibles de todo el proceso, pues a la vez que se organiza la sociedad para el consenso, la concertación e implementación de la estrategia postconflicto, siguiendo derroteros democráticos, se establece un mecanismo de responsabilidad compartida, información, rendición de cuentas, monitoreo y control. El mecanismo a ser seleccionado no solo debe ser un ambiente deliberativo y de pensamiento estratégico. Debe ser un centro de elección pública y decisión y por tanto deberá estar dotado de recursos técnicos y de financiamiento que sirvan para direccionar los procesos y también para apalancar recursos de financiamiento externos adicionales provenientes de empréstitos y de la ayuda de la comunidad internacional.

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El brazo técnico del mecanismo de gobernabilidad debe tener a la cabeza al Departamento Nacional de Planeación cuya función primaria es compatibilizar el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia postconflicto y dotar de coherencia y coordinación a las instituciones del estado involucradas en su implementación, además, desde luego, de asegurar la calidad técnica de las propuestas de inversión provenientes de las áreas postconflicto.

El brazo financiero puede adoptar la figura de un Fondo Fiduciario para la Paz adscrito al mecanismo de gobernabilidad y articulado a la acción del Departamento Nacional de Planeación. El Fondo Fiduciario es una respuesta idónea para resolver la compleja dimensión financiera inherente a todos los procesos de transición y consolidación de la paz y, fundamentalmente, para dotar de transparencia a la acción inversionista del estado frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional. La responsabilidad primaria del Fondo Fiduciario comprende la evaluación de la capacidad técnica, contable y fiduciaria de los entes de implementación propuestos y seleccionados, sean éstos entes públicos, empresas privadas u organismos no-gubernamentales, nacionales o internacionales.

En suma, el mecanismo de gobernabilidad adoptado será el ente encargado de la fijación de las políticas de transición hacia la paz, movilización de recursos de financiamiento y aprobación de la asignación de los fondos de inversión; al Departamento Nacional de Planeación le compete la misión de evaluar las propuestas de viabilidad y factibilidad económica, financiera, social y ambiental presentadas por los territorios y poblacionesobjetivo; y el Fondo Fiduciario es responsable de la entrega de los recursos a los entes de implementación y de la supervisión y control del flujo de fondos fiduciarios recibidos y entregados.

4 La hermenéutica de la estrategia postconflicto Un elemento importantísimo que trasciende toda la dimensión normativa y de gobernabilidad antes descrita es lo que aquí denominaremos la ‘hermenéutica’ de la estrategia, es decir, la manera cómo reconocemos un problema, la manera de analizarlo y la manera de solucionarlo.

La secuencia hermenéutica <identificar<>analizar<>solucionar> es una razón consustancial al diseño e implementación de cualquier estrategia exitosa pues nos dice que si no hay solución del problema, no hay éxito. Es decir, no basta un buen diagnóstico y análisis si no se resuelve el problema y si la solución no produce cambios fundamentales en el sentido de que las condiciones de vida de las poblaciones castigadas por el conflicto sean mucho mejores que antes y que ese ‘antes’ no se repita nunca jamás. En otras palabras, la paz es por encima de todo un proceso de cambio social para vivir mejor hoy y en el futuro.

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Si estamos de acuerdo con este planteamiento general, el problema a esclarecer ahora es: ¿Cómo hacer del pensamiento hermenéutico un hecho práctico y adaptable a una situación postconflicto?

De nuestra praxis y experimentación social, hemos aprendido que una de las claves, prima facie, está en la formulación y adopción de claros principios de acción para la transformación. De una lista más o menos copiosa de principios he seleccionado cuatro que me parecen muy pertinentes para el caso colombiano.

Principio 1: Dueños de procesos, no beneficiarios En el lenguaje hermenéutico moderno se habla de beneficiarios en el caso de individuos y grupos socialmente necesitados de la acción subsidiaria del Estado y la caridad. En el caso de los individuos y/o poblaciones pobres que no entran en esta categoría, es decir, aquellos que estarían en la capacidad de hacer de las inversiones o gastos del Estado una operación socialmente rentable, la denominación cambia por el concepto de dueños de procesos. La transición de beneficiarios a dueños requiere desde luego de cambios en la teoría y práctica social al considerar a los pobres como activos sociales y no como cargas a ‘fondo perdido’.

Para ello habrá que promover conspicuas reformas que posibiliten la capitalización de los pobres con potencial a través del acceso a mercados y medios de producción (trabajo, tierra, capital y tecnología) y, también habrá que promover la creación de instituciones que posibiliten que esas reformas se lleven a cabo y que expandan las capacidades de los pobres con potencial para que dejen de ser pobres.

Principio 2: Participación ciudadana directa con derecho de elección publica En el lenguaje hermenéutico moderno, la participación ciudadana se define como la capacidad de los individuos para acceder de manera directa al proceso público de toma de decisiones y para realizar sus intereses y expresar libremente sus preferencias en temas que afectan su desarrollo y bienestar. El concepto hermenéutico de la participación ciudadana va más allá de la concepción burocrática de reunir y organizar a los pobres para reducir los costos de las inversiones públicas y elevar la rentabilidad de las mismas a cuenta de un trabajo social no remunerado. También va más allá de la praxis de la democracia parlamentaria representativa, que usualmente opera a escalas muy agregadas y muy distantes de los intereses inmediatos de los ciudadanos comunes y corrientes. La idea hermenéutica de la participación ciudadana (siguiendo a Habermas) busca maximizar la praxis de la democracia directa sin excesiva intermediación política y burocrática del centro.

Es decir, se busca facilitar una relación y comunicación franca, transparente y directa entre las autoridades del gobierno local y los ciudadanos en la búsqueda de consensos y acuerdos sobre muchos aspectos de la vida cotidiana y otros más fundamentales.

Principio 3: Igualación de capacidades y oportunidades En la igualdad entre capacidades y oportunidades se encuentra una de las claves del desarrollo humano (siguiendo a Amartya Sen). Las capacidades se asocian al concepto de 6

demanda de bienestar por parte de las poblaciones. Las oportunidades representan la oferta de bienestar por parte del resto de la sociedad. Algunas veces existen capacidades y no oportunidades. En otras ocasiones, hay oportunidades pero no capacidades. Al igualar ambos lados de la ecuación, aparece un vector, una tercera fuerza que tiene una enorme incidencia en el progreso y bienestar humano y en la reducción de la desigualdad social y del potencial de conflicto de una población. En el manejo de procesos postconflicto, la igualación entre capacidades y oportunidades usualmente se realiza a partir de la conjunción de dos vectores esenciales del desarrollo humano. Por un lado, la formación de capital humano en su acepción más amplia (educación, conocimiento e innovación); y, por otro, la disponibilidad de capital físico e institucional para asegurar la potenciación del capital humano. Ambos conceptos van siempre de la mano.

Principio 4: Conexión sistémica entre totalidad y especificidad El arte de la transformación hermenéutica se expresa en la habilidad de combinar el entendimiento de la complejidad social con el entendimiento de la especificidad individual y viceversa. Un pensamiento hermenéutico adquiere su mayor potencial de transformación cuando establece un relación sistémica de causalidad entre el todo y las partes y, cuando ofrece respuestas entradas en lo especifico y tangible. La aplicación de este principio sistémico es central en el manejo de sociedades postconflicto que por definición presentan múltiples fracturas y desligamientos sociales, territoriales e institucionales. Sólo un enfoque sistémico puede ayudarnos a reconstruir las averías locales como parte de un cuerpo social global.

* Como podemos concluir, el pensamiento hermenéutico es un buen punto de entrada para entender una realidad y transformarla. He querido introducir este concepto no sólo con la idea de facilitar la exposición, sino también para mostrar las oportunidades que ofrece una coyuntura de transición para introducir cambios.

5 Dimensión local de la estrategia postconflicto La paz no es un concepto abstracto. Es una realidad muy concreta relacionada con territorios, poblaciones e instituciones que han estado envueltos por más de medio siglo en la tragedia de un conflicto armado de alta intensidad.

Veamos: muchos territorios se han convertido en campamentos militares de uno y otro lado con limitado acceso de la población civil por la intensa actividad militar y bélica; por la extensión de los suelos minados; y por la operación de las bandas criminales dedicadas a los 7

cultivos ilícitos y al narcotráfico. Las poblaciones en esas áreas han sido víctimas de masacres, homicidios, secuestros, desapariciones, violaciones de todo tipo, desarraigo, desalojo y usurpación de sus bienes y pertenecías; miles de personas están refugiadas en países vecinos. Muchas de las instituciones del estado y de la sociedad civil han colapsado debido al asesinado de alcaldes y servidores públicos y a la muerte y desaparición de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, además de actos terroristas de diverso tipo.

Una vívida evidencia estadística sobre la tragedia colombiana la aporta un reciente informe de la Revista Semana que menciona una cifra aterradora: 5.5 millones de colombianos, o sea el 11.5% de la población, han sufrido de manera directa el poder destructivo del conflicto armado en los pasados treinta años! Por su parte, el Centro de Memoria Histórica en su informe “Basta ya!” confirma que “entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas”.

El cuadro siguiente ofrece una perspectiva sobre la magnitud de la ruptura del sistema social en las áreas de conflicto en Colombia a la luz de sus tres dimensiones de variables relevantes: territorios, poblaciónes e instituciones.

La tragedia del conflicto armado en cifras* Dimensión

Territorial

Poblacional

Institucional

Tipo de Daños

Cifras y Descripción

Municipios críticos

100 municipios afectados por el conflicto armado en los últimos 20 anos

Minas antipersonales

10.272 personas

Despojo de tierras

2.985.798 hectáreas

Masacres

2.087 masacres y 9.509 personas asesinadas entre 1983 y 2011

Homicidios

Mas de 100.000 homicidios ligados al conflicto

Secuestros

16.123 secuestros extorsivos entre 1996 y 2012

Desapariciones

17.771 personas desaparecidas entre 1990 y 2012

Niños y niñas

1,163,2818 victimas son menores de 12 anos

Mujeres

2.683.335 victimas son mujeres

Indígenas

2.628 indígenas asesinados desde 1985

Afros

479.795 victimas son afro descendientes

Defensores DD HH

299 defensores de DDHH asesinados desde 1985

Alcaldes

Mas de 3.000 alcaldes, políticos y funcionarios locales asesinados

Sindicalistas

2.994 sindicalistas asesinados entre 1978 y 2012

Periodistas

137 periodista asesinados desde 1977

Terrorismo

15.395 actos de terrorismo en los últimos 10 anos

Ejecuciones extra-judiciales

3.000 son las victimas de falsos positivos

Violencia sexual

489.687 victimas han denunciado violencia sexual

Amenazas

59.352 victimas de amenazas

Refugiados

395.577 colombianos refugiados fuera del país a finales de 2011

Reclamantes de tierra

20 reclamantes de tierras asesinados en uso de derechos de restitución

FUENTE: Cuadro adaptado de Revista SEMANA, ‘Proyecto Victimas ’

Reparar daños humanos y reconstruir la conexión de las poblaciones afectadas con sus territorios de origen y entornos institucionales más inmediatos, es uno de los más grandes desafíos que la sociedad colombiana tendrá que enfrentar en la próxima década. La reparación humana y la reconstrucción territorial e institucional es una labor de alta cirugía societal que involucra a todo el aparato institucional del estado, la sociedad y las fuerzas de 8

mercado y, también, a la comunidad internacional. Si esa cirugía social reconstructiva no ocurre o se hace mal o a medias, es previsible un nacimiento defectuoso del proceso de paz y un pronto renacimiento de diversas expresiones de violencia con severas consecuencias para la estabilidad global del país, su credibilidad e imagen internacional.

6 Territorios de paz, escenarios de reconciliación Entendido así el problema y sus dimensiones, emerge entonces una pregunta clave: ¿Acaso existen métodos y técnicas que nos permitan reparar el sistema social dañado por el conflicto armado? La respuesta es afirmativa: sí existen las formas de hacerlo y además, a bajo costo, con rapidez y efectividad. Veamos en forma resumida cómo responder a esta pregunta.

El objetivo principal es configurar lo que en adelante llamaremos ‘territorios de paz’ o ‘escenarios de reconciliación’. La creación de un territorio de paz es una obra colectiva mediante la cual se hace una simulación en tiempo real de un nuevo orden social deseado a escala local, recreado a partir de cambios en el sistema axiológico (valores) de los individuos, en las instituciones (normas y organizaciones), en las formas de gobernanza, en las formas de generación, apropiación y distribución de la riqueza y el bienestar, y en las formas de convivencia e interacción de los individuos con la naturaleza (biosfera). Por ello, darle una dimensión físico-espacial y local a la estrategia postconflicto es extraordinariamente importante tanto para la implementación como para la evaluación de su impacto.

Los territorios de paz son unidades geográficas delimitadas en arreglo a la descentralización política y administrativa del estado colombiano. El municipio es entonces la entidad territorial natural para la identificación, localización y formación de los territorios de paz.

Ello se entiende perfectamente pues en el municipio confluyen el poder político local y el aparato de la administración pública local y nacional. También, el municipio es el espacio natural de acción e interacción de las poblaciones con las instituciones. Todas estas circunstancias le dan al municipio un rol preponderante en el manejo de la transición hacia la paz y la reconciliación; por ende, estas entidades locales y sus administradores tendrán que prepararse muy bien para enfrentar este gran desafío histórico en el futuro inmediato.

La identificación y localización de un territorio de paz es un procedimiento metodológico que tiene como fuentes de información: los acuerdos de paz; el conocimiento local; y, los estudios que para los efectos tendrá que hacer el Departamento Nacional de Planeación. 1

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La identificación, clasificación y jerarquización de las poblaciones y territorios de paz usualmente es el resultado de un cuidadoso estudio estadístico y econométrico comprehensivo que permita la conformación de un índice clasificatorio de los municipios de paz, construido a partir de la combinación de múltiples componentes y 9

Los pasos metodológicos básicos para la construcción de un territorio de paz son, en versión simplificada, los siguientes: Paso 1: Re-ordenamiento territorial para la paz Este primer paso corresponde a la identificación y estudio de las áreas intra-municipales afectadas directamente por el conflicto armado. En algunos casos, estas áreas pueden cubrir una parte del municipio, en otras, la totalidad de la entidad municipal.

La identificación y análisis de los territorios de paz al interior de un municipio son procesos deliberativos donde participan todas las fuerzas sociales presentes en el municipio, congregadas en un ‘taller de re-ordenamiento territorial para la paz’.

El propósito de este evento es revisar y re-pensar los patrones histórico – geográficos del desarrollo del municipio y sus áreas de conflicto y re-inventar un nuevo modelo de organización territorial que responda en forma más efectiva y eficiente a las necesidades de paz y desarrollo del municipio.

El principal producto de este ejercicio es la conformación de un sistema de micro-regiones y epicentros articulados entre sí y vinculados a la cabecera municipal mediante una red de infraestructura vial y de servicios sociales que tendrá que rehabilitarse o construirse para establecer mejores comunicaciones, un mejor uso de los recursos institucionales y productivos y un mayor control y manejo del medio ambiente por parte de sus pobladores.

Paso 2: Re-organización de un sistema social para la paz Una vez re-ordenado el territorio municipal sobre la base micro-regional y epicentral, el siguiente paso es la promoción de la organización de los ciudadanos que habitan esas microregiones para que participen en su cuidado, administración y desarrollo.

Se trata de la promoción de una red social cuyo objetivo primario es la integración de los individuos con un sistema de participación ciudadana para la paz y desarrollo, incluyendo, desde luego, a las víctimas y a los desmovilizados. Para tal efecto. Es deseable la creación de redes micro-regionales de paz y desarrollo que a la vez que sirven para acortar distancias de comunicación entre las comunidades de base y las autoridades municipales, se ofrecen como vehículo para la participación directa de las comunidades en las decisiones públicas que incumben a su bienestar y desarrollo.

No se busca crear estructuras jerarquizadas sino más bien redes y sistemas horizontales de participación ciudadana y comunicación. Cada organización micro-regional es independiente una de otra y no depende de un poder diferente al de sus constituyentes primarios. En un comienzo pueden operar como asociaciones ad-hoc con la posibilidad de hacer luego una metamorfosis hacia una entidad legal como tal.

variables que cubran temas de orden público, niveles de desarraigo, pobreza, desarrollo humano, potencial económico y aspectos ambientales, entre otros.

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Paso 3: Construcción de una organización institucional para la paz La paz necesita nuevas instituciones democráticas para su materialización. La creación de ‘Comités Municipales de Paz y Desarrollo’ se advierte como una necesidad perentoria para conducir el proceso de reconciliación a nivel local.

La función primaria de un comité municipal de paz y desarrollo es establecer un ambiente democrático y deliberativo que permita que los representantes de las comunidades de base y sus micro-regiones participen e interactúen con las otras fuerzas sociales presentes en el municipio, sean del lado de los poderes públicos, poderes del sector económico y/o de la sociedad civil en general.

El líder natural y constitucional de un comité de paz y desarrollo es el alcalde de la localidad quien tiene la responsabilidad de presidir el comité, legitimar los acuerdos e impulsarlos, mientras que las comunidades de base a través de sus asociaciones micro-regionales tendrán que participar en su implementación, seguimiento y control.

Paso 4: Promoción de un sistema de inversiones públicas para la paz Los pasos uno, dos y tres del procedimiento metodológico no tendrían mucho significado e importancia si no inciden en el proceso inversionista público para la paz. Se busca adoptar un sistema de inversiones públicas que tenga tres características: primero que esté basado en el consenso y la concertación ciudadana; segundo, que esté orientado a la reducción tangible de las desigualdades sociales y territoriales y, a la elevación de la eficiencia del gasto público; y, tercero, que sea el resultado de un balance realista entre necesidades de las poblaciones y el potencial de respuesta del gobierno.

El modelo expuesto de micro-regiones y de la organización social de base está construido para responder eficientemente a todos estos propósitos en la práctica. El resultado principal del proceso inversionista público es lograr que todas las comunidades de base de un territorio de paz cuenten con todos los servicios sociales primarios (puestos de salud, escuelas primarias, agua potable, electricidad y saneamiento) y que en los epicentros microregionales se establezca otra red de servicios secundarios de soporte (jueces de paz, centros de salud, educación secundaria y vocacional, centros deportivos y de rehabilitación y centros de apoyo a la producción). De esta forma se maximiza la cobertura y el impacto de los servicios públicos y se generan externalidades en beneficio de la paz y el desarrollo municipal en general.

* Un territorio de paz puede estar conformado por la asociación de varios municipios que comparten una historia similar del conflicto y que encuentran más ventajas en actuar juntos que separados. Esta es una excelente opción para hacer economías de escala a diversos niveles y tener más de cerca la presencia y apoyo de las autoridades departamentales que tienen mucho que decir y aportar en el proceso de administración del posconflicto y en el 11

manejo de sus consecuencias políticas regionales que son cuasi-determinantes del éxito de la estrategia.

7 Contrato y agenda postconflicto a nivel local La paz no solo es el producto de un acuerdo entre el gobierno nacional y los grupos insurrectos en torno a la finalización del conflicto armado y la reconciliación; es, por excelencia, el resultado de un contrato y una agenda local por la paz a suscribirse y cumplirse por todos los habitantes de los territorios de paz. ¿Por qué es tan importante sellar el acuerdo nacional de paz mediante contratos y agendas locales por la paz? Hay muchas explicaciones y justificaciones. Pero para los propósitos de este breve ensayo quiero mencionar dos razones muy importantes, que tienen su arraigo e inspiración en la teoría sobre las instituciones, el cambio institucional y sus consecuencias en el desempeño económico, magistralmente concebida y desarrollada por Douglas C. North, Premio Nobel de Economía en 1993.

La primera razón responde a la necesidad de reducir la incertidumbre sobre el futuro de la transición como proceso político y social. La segunda razón se fundamenta en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a los actores económicos y empresariales que se comprometen con el proceso de transición en los respectivos territorios de paz.

Poco podrá avanzar un proceso de transición hacia la paz si la gente tiene temor e incertidumbre sobre lo que puede ocurrir mañana y si los actores económicos y empresariales (productores, emprendedores e inversionistas, sin distingo de origen, tipo y tamaño) no tienen plena certeza jurídica sobre los derechos de propiedad de sus activos tangibles e intangibles; sobre la solidez y confiabilidad de las instituciones que los protegen y sobre la evolución de la política económica especial que el gobierno tendrá que diseñar e implementar en beneficio de las poblaciones y los territorios de paz.

Un ‘contrato local por la paz’ es un acuerdo legal mediante el cual todos los ciudadanos de un determinado territorio de paz (municipio y sus comarcas): (a) renuncian libremente a la violencia como método de imposición de objetivos e intereses; (b) se comprometen a actuar y operar a la luz de las reglas del juego democrático y del estado de derecho; y, (c) acuerdan eliminar y/o reducir drásticamente las desigualdades sociales y otros factores colaterales que pueden poner en riesgo la paz, la estabilidad social y el desempeño económico en el respectivo municipio o territorio de paz.

Por su parte, la ‘agenda local por la paz’ es una hoja de ruta acordada por la comunidad municipal y sus autoridades para realizar y poner en práctica el acuerdo nacional y el contrato local por la paz en los términos expuestos anteriormente. La agenda local por la paz es esencialmente un marco normativo que expresa el deber ser de las cosas; por tanto no se debe confundir con un plan de desarrollo municipal para la paz que bien puede ser su 12

consecuencia. Usualmente una agenda local por la paz no excede tres o cuatro cuartillas de texto y describe de manera sucinta y explicita, entre otros, los siguientes contenidos:        

Valores y principios que se acuerdan compartir; Territorios y poblaciones que se espera cubrir; Objetivos y metas concretas que se esperan alcanzar en tiempos determinados; Acciones estratégicas para el cambio; Organización territorial, social e institucional para la acción; Potenciales fuentes de financiamiento e inversión; Modalidades de ejecución; y, Modelos de seguimiento y evaluación.

El alcalde de la localidad es el líder del proceso y es quien impulsa y custodia en cumplimiento del contrato y la agenda local por la paz. El pacto social debe ser promulgado y diseminado profusamente entre los vecinos, los hogares e instituciones localizadas en el municipio.

Los acuerdos de paz a nivel nacional seguramente cubrirán implícita o explícitamente una amplia gama de temas militares (desarme, desmovilización, reinserción, desminado); temas político-jurídicos (esclarecimiento de la verdad, crímenes de guerra y de lesa humanidad, reparación de víctimas, liberación de secuestrados, organización política de excombatientes); temas económicos (recuperación y redistribución de tierras, zonas de reserva campesinas, desarrollo rural, reconversión agrícola de áreas de cultivos ilícitos, infraestructura vial y medios de comunicación); temas sociales (repatriación, reintegración de desplazados y rehabilitación social, educación, salud, agua potable); temas ambientales (protección y conservación de recursos naturales y saneamiento) temas de promoción y protección de los derechos (derechos universales, constitucionales, casas de justicia y jueces de paz). Temas de convivencia ciudadana (pedagogía de la paz y solución pacífica de conflictos) y temas de seguridad ciudadana en general (bandas criminales y reductos guerrilleros).

La resolución de todos estos temas desde luego no concierne enteramente al ámbito municipal, de modo que la agenda postconflicto a nivel local debe ser muy selectiva en cuanto a lo que realmente concierne hacer y a lo que está al alcance de su intervención. Hay que reconocer que muchos de los temas mencionados arriba perteneces a la órbita del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, de modo que un refinado esquema de división del trabajo, comunicación y coordinación vertical y horizontal será requerido. 2

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No abordamos por ahora el tema de la agenda nacional postconflicto pues es prematuro anticipar líneas de acción que están aún en discusión y que devienen de los acuerdos finales del Gobierno y la guerrilla en los campos político-militar, político-jurídico, político-organizacional y políticointernacional. Es decir, campos que conciernen al futuro de las organizaciones exguerrilleras como organizaciones políticas legales y al futuro de los excombatientes en el marco de la justicia transicional que se adopte.

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8 Estrategia financiera para la paz Una bien diseñada estrategia financiera es un elemento clave para el éxito de la transición hacia la paz. Sin ella, es difícil augurar estabilidad política en el corto plazo y menos aún sostenibilidad económica y social en el más largo tiempo. No solo se trata del cálculo del monto de las inversiones requeridas y la identificación de las fuentes potenciales de financiamiento, tareas que desde luego tendrán que hacerse mediante la elaboración de un cuidadoso y comprehensivo ‘business case’, como se dice en el lenguaje especializado.

En realidad, una estrategia financiera para la paz es mucho más que un análisis de demanda y oferta de recursos de financiamiento requeridos. Se trata de la creación de un ambiente institucional, legal, organizacional y técnico que otorgue confianza, credibilidad y seguridad fiduciaria a los contribuyentes nacionales e internacionales que apuestan por la paz en Colombia.

Hay que demostrarles a los inversionistas por la paz que los recursos financieros se utilizaran para cumplir con los acuerdos de paz y alcanzar los objetivos de estabilización política, seguridad ciudadana y recuperación económica y social de las víctimas y territorios de paz; y, además, asegurar que todo ello se hará en concordancia con principios, normas y buenas prácticas de administración financiera, control, supervisión y evaluación universalmente aceptadas.

La construcción de una estrategia financiera para la paz se sostiene en cuatro pilares básicos: (a) un marco legal e institucional; (b) un sistema de financiamiento; (c) un sistema de inversiones; y, (d) un modelo de seguimiento y evaluación. Veamos a continuación las características de todos estos pilares en versión resumida.

Pilar 1: Construcción de un marco legal e institucional para la paz Este primer pilar concierne a la creación de una institucionalidad nacional responsable de la movilización, administración y utilización de los recursos financieros destinados a apoyar el proceso de transición.

En la sección 3 de este documento sobre ‘gobernabilidad y gerencia de la estrategia postconflicto’ resaltamos la necesidad de crear una institucionalidad para la paz dotada con órganos ejecutivos de decisión, operación técnica y financiera, responsables de llevar a la práctica los acuerdo de paz y la implementación de la estrategia postconflicto a ser diseñada por el gobierno nacional.

El argumento principal detrás de la construcción de una organización institucional para la administración de la transición hacia la paz gira alrededor de la necesidad de tener un ente visible, responsable de las operaciones públicas que demanda el proceso de paz y así evitar la proliferación y dispersión de centros de decisión y operación independientes que pueden 14

producir duplicaciones innecesarias y costosas y hacer difícil las actividades de seguimiento y evaluación. Obviamente, para que este propósito de asegurar unidad de mando y decisión se pueda lograr de manera eficiente, el ente a crearse deberá tener un alto grado de descentralización operativa apoyada en organizaciones regionales y locales mediante acuerdos de cooperación con los gobiernos departamentales y municipales.

Pilar 2: Construcción de un sistema de financiamiento para la paz La ingeniería del financiamiento para la paz es un tema bastante complejo pues involucra el acceso a fondos públicos nacionales y, obviamente, a recursos financieros aportados por la comunidad internacional mediante empréstitos y/o donaciones que están reguladas por exigentes marcos normativos y legales para su acceso y aplicación. El modelo ideal a seguir, sería la creación de un Fondo Fiduciario para la paz que tenga plena responsabilidad en la gestión y administración de los recursos financieros nacionales e internacionales.

Algunas de las características principales del Fondo Fiduciario para la paz serían:  El fondo se constituye con recursos financieros líquidos o en efectivo a ser utilizados exclusivamente para asegurar el logro de los objetivos de consolidación de la paz y desarrollo. Los recursos del fondo deben servir para apalancar otros fondos con el fin de multiplicar la capacidad financiera de la estrategia de paz;  Las fuentes de recursos internos corresponden a aportes del gobierno central y contribuciones de los gobiernos locales. Estos aportes provienen de recursos fiscales frescos para la paz y también de recursos derivados del re-direccionamiento de fondos y rubros ya existentes en el presupuesto nacional, plan nacional de desarrollo, plan de inversiones públicas, plan de regalías, etc.;  Las fuentes de recursos externos corresponden a la contratación de empréstitos especiales para la paz suscritos por el gobierno nacional y la banca internacional y también la donación de recursos de financiamiento de la comunidad internacional (bi y multilateral);  Otras fuentes de recursos no-convencionales para la paz podrían ser aportados por fondos filantrópicos nacionales y mundiales de origen privado y los hermanamientos entre municipios y regiones de países desarrollados y sus pares colombianos.

Un excelente mecanismo para la movilización y apalancamiento de donaciones de la comunidad internacional podría ser la realización de una Conferencia Internacional para la Paz en Colombia. Este evento debe realizarse con el apoyo, liderazgo y coordinación de la comunidad donante internacional.

Pilar 3: Construcción de un sistema de inversiones para la paz El sistema de inversiones para la paz usualmente consiste de la identificación y formulación de tres tipos de proyectos: aquellos de respuesta inmediata e impacto rápido; aquellos de maduración más lenta o impacto estratégico; y, aquellos que crean o fomentan capacidades

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comunales y locales para la gestión y administración de los proyectos de inversión para la paz.

Los proyectos de impacto rápido son esenciales pues usualmente están relacionados con la satisfacción de necesidades básicas dentro de un amplio espectro de respuestas inmediatas identificadas por las propias comunidades y los gobiernos locales. Los proyectos estratégicos están orientados a resolver problemas más estructurales relacionados con temas de justicia retributiva, equidad distributiva y recuperación económica. Los proyectos de formación de capacidades constituyen una piedra angular de la estrategia postconflicto pues posibilitan la apropiación de las inversiones por parte de las poblaciones y la creación y fortalecimiento de instituciones que protejan los intereses de las poblaciones afectadas por el conflicto bien sea víctimas o desmovilizados.

Pilar 4: Construcción de un modelo de seguimiento y evaluación La implementación de la estrategia financiera debe estar sujeta a periódicas evaluaciones de resultados considerando aspectos de relevancia (alineación de los proyectos con los acuerdos de paz y las expectativas de la sociedad); eficacia (logro de los objetivos y metas propuestas); eficiencia (economicidad y transparencia en el uso de los recursos); sostenibilidad (expectativa de vida de las acciones y procesos de cambio); e impacto (cambios en el bienestar de la población y seguridad ciudadana).

El modelo metodológico de evaluación a seguir debe diseñarse y adoptarse desde el mismo momento en que comienza la implementación de la estrategia. Se trata de un modelo participativo que comprende el nivel nacional, local y comunitario y envuelve a todos los organismos de concertación, decisión e implementación. Considerando la magnitud de la estrategia es recomendable asignar funciones permanentes de monitoreo y evaluación a un organismo especializado independiente.

9 Beneficios de la paz y su distribución Conforme a una consideración histórica, una paz bien hecha, ciertamente trae beneficios tangibles e intangibles que superan con creces a sus costos. Este axioma universal tiene su evidencia geográfica más próxima para los colombianos en lo ocurrido en el Istmo centroamericano durante la década de los noventa.

La finalización de las guerras y conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, trajo no solo la paz, la estabilidad política, la democratización y el crecimiento económico en esos países sino que fortaleció la integración económica y social centroamericana con el decidido apoyo y solidaridad de Costa Rica, Honduras y Belice, países vecinos que fueron colateralmente afectados por los conflictos bélicos de la región.

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Aun cuando aún persisten serios problemas de pobreza y equidad social (como en el resto de Latinoamérica), hay consenso en medios políticos y académicos especializados acerca de los resultados logrados y su importancia para la estabilidad política, económica y social regional. De hecho, a pesar de muchas adversidades políticas y sociales, la paz en Centroamérica no ha recaído ni por un momento después de dos décadas; tampoco lo han hecho las libertades fundamentales que deben ofrecer las democracias y los estados de derecho que se establecieron en todo lo largo y ancho de la región centroamericana.

Y, ¿Por qué se alcanzaron todos esos logros en tan solo una década (de los noventa)? Bueno, hay muchas y variadas razones según el ángulo de enfoque que se utilice. Para los propósitos de este documento, acaso hay dos factores relevantes que se deben mencionar: la voluntad política por la paz de los gobiernos y pueblos centroamericanos (consagrada en Esquipulas II, 1987) y las estrategias postconflicto de esos países que recibieron pleno apoyo y cooperación técnica y financiera de la comunidad internacional aglutinada alrededor del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC) de la Naciones Unidas y la Conferencia Internacional sobre Refugiados en Centroamérica (CIREFCA).

Sólo un programa de paz y desarrollo de Naciones Unidas (PRODERE/PROGRESS), del cual fui parte, primero como Coordinador Internacional en Nicaragua y, luego como Director Regional para Centroamérica, comprometió recursos directos por más de 120 millones de dólares (sin contar apalancamientos financieros de otras fuentes) para atender la reintegración y desarrollo económico y social de 4.3 millones de centroamericanos (12.5% de la población total). Esta población residía entonces en las áreas más afectadas por los conflictos que comprometían 260 municipios de los seis países que cubrían el 17% de la superficie del Istmo.

Debo mencionar estos antecedentes para decir, finalmente, que la transición hacia la paz duradera y estable no es entonces un efecto automático de los acuerdos de paz, ni menos el resultado del acaso o la espontaneidad. Es el producto de la voluntad nacional por la paz acompañada de una bien concebida estrategia postconflicto que distribuya los beneficios de la paz entre las poblaciones y territorios más castigados por el conflicto armado. Ahí está el meollo de la sostenibilidad de la paz en el largo plazo y la respuesta para que la paz traiga beneficios para todos los colombianos de hoy y sus futuras generaciones.

10 Duración y evaluación global de la estrategia Es difícil establecer tiempos para la ejecución de una estrategia post-conflicto exitosa. No obstante, a partir de la experiencia internacional se podría establecer un periodo máximo de 10 años desarrollados en tres grandes ciclos: construcción de la paz (implementación de los acuerdos de paz en el corto y mediano plazo); consolidación de la paz (irreversibilidad y sostenibilidad de los procesos de paz en el largo plazo); y, evaluación del impacto de la 17

estrategia. Una estrategia de mayor duración puede ocasionar serias distorsiones políticas, además de cargas fiscales excesivas para el resto de la sociedad.

Al final del periodo de implementación de la estrategia, deberá realizarse una evaluación global de impacto en términos de los cambios logrados (paz, seguridad ciudadana, estabilización política, bienestar social y recuperación económica) y las lecciones aprendidas para replicar o para evitar caer en los mismos o similares errores en el futuro. Esta evaluación sería una de las grandes contribuciones de Colombia a la paz mundial.

Reflexiones finales Este documento ‘esbozo de una estrategia postconflicto’ ha tenido un enfoque deliberadamente pragmático y operativo sin mayores desarrollos conceptuales sobre la etiología del conflicto colombiano y sobre las teorías e ideologías que se han formado alrededor del mismo. Sobre ello mucho se ha dicho y escrito y se sigue haciendo como podemos verlo todos los días.

Mi intención original al escribir esta propuesta de estrategia postconflicto no es meterme en ese intrincado debate público. Busco básicamente contribuir a resolver un problema histórico y político estructural como proceso hermenéutico y metodológico a partir de mi conocimiento sobre el conflicto colombiano y del aprendizaje de lecciones que he asimilado provenientes de otros conflictos de alta intensidad en el entorno mundial.

Esta intencionalidad original no obsta para hacer algunas breves reflexiones finales sobre mi entendimiento personal acerca del sentido e importancia de la transición colombiana hacia la paz y el manejo estratégico del postconflicto.

Mi punto de partida es que Colombia, al dejar atrás el conflicto armado insurreccional de más de cinco décadas, tiene la oportunidad histórica de hacer un gran salto desde el estadio inferior de una sociedad cuasi-pre-moderna actual, estructurada sobre la base de la expoliación y la exclusión social, hacia el estadio superior de una sociedad moderna regida por el principio del bien común, la justicia y el bienestar social.

Es decir, si triunfa la paz en Colombia, se abre el camino hacia la posibilidad de la construcción colectiva de un estado moderno, una economía social eficiente y una sociedad justa y equitativa, que han sido las estaciones de destino de las transiciones mundiales más exitosas hacia la paz en las pasadas tres décadas como lo narra y evidencia la historia universal contemporánea al referirse a los casos, por ejemplo, de España, Suráfrica y Chile.

La paz en Colombia se ha demorado excesivamente en llegar pues además de existir fuerzas e intereses pre-modernos extraordinariamente fuertes y poderosos, hay rígidas estructuras mentales y conductuales pre-modernas que nos afectan a la mayor parte de los colombianos sin distinción de clases sociales, ideologías y/o alineamientos políticos. Son 18

estructuras mentales arcaicas que gobiernan nuestro comportamiento frente a lo cotidiano y a lo más transcendente.

Para hablar de lo cotidiano, pensemos por un momento, cuán difícil ha sido el desafío de introducir en Colombia las nociones de bien público y uso del espacio público, dos pilares primarios de una sociedad moderna. Y, ¿por qué? Simplemente, por la superioridad de las fuerzas y mentalidades pre-modernas que claman y luchan por mantener y perpetuar intereses y privilegios individuales a costa del bien de la mayoría de la población.

En cuanto a lo más trascendente, sólo miremos por un momento las formas y modos de generación, apropiación y distribución de la riqueza y bienestar nacional y sus resultados finales en términos de atraso económico y extrema inequidad social para encontrar allí uno de los obstáculos más grandes hacia la modernidad y una de las razones fundamentales de la confrontación social secular que ha persistido en el país desde la época de la independencia en el siglo XIX hasta hoy.

Por todo ello, nuestra preocupación en el postconflicto adquiere particular relevancia pues es el momentum verosímil y la oportunidad histórica que tenemos los colombianos para rediseñar nuestra sociedad a la luz de los cánones y estándares del siglo XXI y ofrecer un salto cuantitativo y cualitativo hacia la modernidad y, porque no, hacia la post-modernidad, es decir, la sociedad de la información, creatividad e innovación que libera derechos y libertades reprimidas de los ciudadanos en el marco de una espléndida aspiración de combinar - dentro del más genuino balance - el ideal de la autonomía individual y el ideal de la responsabilidad pública.

De mi experiencia internacional extraigo la lección de que la fase del postconflicto es acaso más estratégica y fundamental para la estabilidad global del país y el bienestar en el largo plazo que las mismas negociaciones de paz, de por si vitales y sine qua non.

Pero la fase del postconflicto requiere de un libreto sano y sensato y un pacto y contrato social para impulsarlo. Ello es en esencia lo que intenta proponer este documento que es solo un esbozo de las líneas centrales de una estrategia cuyo diseño final debe ser el resultado de un trabajo colectivo mucho más complejo y laborioso de lo que aquí se presenta.

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Bibliografía Seleccionada del Autor, Jairo Morales Nieto, sobre Temas de Paz y Desarrollo Libros     

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Ensayos          

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Creation of an Austerity Dividend Fund to Mitigate the Eroding Effects of the Global Financial Crisis in Greece, Spain and Portugal. AfricaGrowth Agenda. Cape Town, 2012 Efficiency and Equity: Two Conflicting Welfare Objectives? INAFCON, Cape Town, 2013

Artículos de Prensa          

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JAIRO MORALES NIETO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jairo@inafcon.com jairo.mor99@gmail.com Teléfono Ciudad del Cabo (+2721 790 9860) Teléfono Bogotá (+ 571) 475 7000 Praxis Empresarial Hoja Web: www. inafcon.com

RESUMEN DEL PERFIL ACADEMICO Y PROFESIONAL Jairo Morales Nieto es economista colombiano con maestría en economía (Diplom Volkswirt) y título de doctor en economía (Dr.rer.pol.) otorgado por la Universidad de Muenster, República Federal Alemana. Es especializado en teoría de la política económica, desarrollo económico, teoría de la cooperación económica y teoría económica regional.

Jairo Morales Nieto ha sido profesor de análisis económico y financiero de proyectos regionales del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Ha sido además invitado por prestigiosas universidades y centros de investigación económica en Colombia, Argentina, Chile, México, Alemania, Estados Unidos, Venezuela y Suráfrica para dictar cursos y conferencias sobre temas de su especialidad Jairo Morales-Nieto ha sido investigador del Centro de Investigación y Acción Social CIAS (hoy CINEP) en Bogotá; del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes en Bogotá; y del AfricaGrowth Institute en Ciudad del Cabo, Suráfrica. Es autor de los libros La Política de Desarrollo hacia el Futuro y La Estrategia del Desarrollo Local, así como de una extensa lista de ensayos y estudios sobre desarrollo económico y formulación de estrategias y políticas públicas, particularmente, en apoyo a países y regiones en transición hacia la paz, la gobernabilidad democrática, la economía de mercado y la equidad social.

Jairo Morales Nieto ha sido Experto Permanente de las Naciones Unidas en temas de Paz y Desarrollo durante los últimos 25 años. Ha tenido a su cargo la Dirección Ejecutiva de los más grandes programas de desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Bolivia, América Central (seis países), Marruecos, Venezuela, Afganistán, Pakistán, Angola, Macedonia y Suráfrica.

Jairo Morales-Nieto culminó su función permanente con las Naciones Unidas en el año 2011 como Director Ejecutivo del Fondo Fiduciario del Marco Integrado Ampliado para la integración al comercio internacional de los 50 países más pobres del mundo. El Programa Marco Integrado Ampliado tiene sede en Ginebra, Suiza y en él participan representantes de los 50 países recipientes de la ayuda, 22 países donantes incluyendo la Unión Europea, la WTO y seis agencias del sistema de Naciones Unidas: WB, IMF, ITC, UNCTAD, UNDP y UNIDO. El Fondo Fiduciario es administrado por UNOPS y cuenta con un capital suscrito de US$250 millones.

Jairo Morales Nieto es actualmente Director Ejecutivo de INAFCON InterAfrica Consultants (www.inafcon.com) una firma de investigación y asesoría en temas de transición y desarrollo económico, financiero y empresarial con sede en Ciudad del Cabo, Suráfrica, y también profesor del AfricaGrowth Institute en los campos de análisis económico y financiero de proyectos de desarrollo y de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo.

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