La Jornada del Campo

17 de febrero de 2024 • Número 197 • Suplemento informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira • Director Fundador: Carlos Payán Velver

TEMA DEL MES

COEDITORA: Martha A. Olivares Díaz Profesora investigadora de la UACM y acompañante de los procesos de defensa del territorio y derechos de los pueblos originarios de la Ciudad de México

ADEMÁS

CRISIS DEL AGUA RAÚL BENET

17 DE FEBRERO DE 2024

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EDITORIAL

Independencia, autogestión, autonomía

P

asamos Apulco y emprendemos la última subida rumbo a Cuetzalan en la sierra nororiental de Puebla. La cooperativa Tosepan Titataniske está cambiando de directiva y me invitaron a platicar sobre el movimiento campesino con quienes han sido propuestos por sus comunidades para participar en el largo proceso de selección, un método laborioso y transparente en que no hacen falta encuestas. Mientras ascendemos repaso una vez más lo que voy a decirles.

Con 47 años resistiendo y construyendo la Tosepan es el mejor ejemplo que conozco de autonomía de modo que puede ser útil que a la joven tercera generación de socios les cuente cómo fue que los campesinos mexicanos y en general los bocabajeados del sistema fueron pasando de la independencia a la autogestión y de ahí la autonomía.

Porque la autonomía es un curso.

En el país de la “revolución vuelta gobierno” donde el burocrático “ogro filantrópico” lo manejaba todo, lo primero era zafarse del control; lo primero era la independencia política que se resumía en no ser del PRI y tomar distancia del gobierno. Así durante los años sesenta del siglo pasado en el agro surgieron organizaciones que proclamaban su insumisión como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

Y los independientes resistieron la cooptación y soportaron la represión. Pero en el campo el control político tenía una base socioeconómica: el manejo clientelar de los servicios públicos y de los programas de fomento. La independencia no era suficiente.

Después de una potente lucha por la tierra desplegada sobre todo durante los años setenta por grupos y organizaciones independientes, en los ochenta va prendiendo la idea de que si los campesinos no se enseñan a manejar por su cuenta el proceso productivo y comercial nunca dejaran de ser hijos o entenados de “papa gobierno”.

Se generaliza entonces el concepto de autonomía entendida como autogestión de los servicios y de la producción por parte de los propios campesinos. La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, en cuya fundación participa la entonces debutante Tosepan Titataniske, es la expresión organizada de esta convicción.

En el cambio de terreno algunos olvidan que la autogestión socioeconómica es una forma superior de la independencia política y cuando el presidente Salinas, que con miras a mercantilizar la tierra y desafanarse de los campesinos descafeinaba el artículo 27 de la Constitución y arrumbaba a las instituciones de fomento agropecuario, les ofrece carretadas de dinero como una suerte de “bono de marcha” a cambio de que se las arreglen solos con el mercado y sus tiburones, muchas organizaciones se van con la finta. Con el tiempo se rectifi-

ca, pero el costo de coquetear con el tecno populismo salinista fue alto.

Son las comunidades indígenas que catapultadas por el alzamiento y ulterior pacificación del EZLN en los noventa estelarizan la escena política, las que al reivindicar su ancestralidad llevan a un nivel más alto la autonomía, entendida ahora como autogobierno en sus territorios. Emblema de esta nueva vertiente del movimiento rural es el Congreso Nacional Indígena fundado en 1996. Así la autogestión se politiza y la independencia cobra mayor radicalidad, pero ni una ni otra se cancelan pues son momentos de un proceso acumulativo.

Los indígenas nos han enseñado que además de ejercer nuestros derechos políticos en los diferentes niveles de gobierno, todas las comunidades identitarias, territoriales o no, tenemos derecho a tomar decisiones en nuestro ámbito. La relativa autonomía respecto del Estado centralizado es un derecho universal, no solo de los que pueden reclamarse ancestrales. Sin embargo, al convertirse en bandera casi patrimonial de los pueblos originarios ha favorecido la bifurcación del movimiento rural mexicano en el protagonizado por indígenas y el protagonizado por campesinos, como si los mestizos no fueran también portadores del estigma colonial y unos y otros no compartieran territorios, predadores y utopías.

Estoy seguro de que en el taller al que voy la idea será fácil de entender pues en la Tosepan participan nahuas, tutunakus y mestizos y en el multitudinario activismo en defensa del territorio escenificado en la sierra nororiental de Puebla y municipios de Veracruz del que es parte la cooperativa, alinean indígenas y no indígenas en un movimiento potente y multicolor que pese a su diversidad o quizá gracias a ella se aglutina en torno a la identidad maseual.

Y es que, como lo saben los bolivianos de quienes tomé la idea, los trabajadores rurales de un continente colonizado no son solo campesinos ni solo indios, son campesindios y esto los unifica, Ya en el taller y gracias al diálogo fue cobrando forma otra idea que se desprende de la experiencia adquirida por el movimiento campesino: la convicción claramente encarnada en la multiactiva Tosepan Titataniske de que, así como no puede haber autogestión sin independencia política, tampoco puede haber autogobierno perdurable donde no hay autogestión económico social. Y si autogobernarse no es fácil, operar con relativa autonomía la producción y los servicios y hacerlo de manera sostenible es aún más cuesta arriba.

Y esto lo hace con prestancia la Tosepan que apoya la producción, transformación y comercialización del café, la pimienta y la miel, ofrece servicios turísticos alternativos, opera un sistema de ahorro y préstamo con más de 50 mil socios y ha creado

Cooperativa Tosepan Titataniske.

cooperativas de mujeres, para mejorar la vivienda, para cuidar la salud, para educar en la propia lengua y cultura, además de impulsar una radio y animar un Centro de formación, el Kaltaixpetaniloyan, que es el corazón de las cooperativas. Autogestionar la vida toda, parece ser la consigna.

Muchos de quienes participan en el taller forman parte también del Consejo Maseual Altepetlajpianij y del movimiento Tiyat Tlali que defienden el territorio amenazado por mineras e hidroeléctricas. Y lo hacen con particular entusiasmo porque ellos no solo defienden el lugar donde habitan y están enterrados sus ancestros, defienden también un amplio sistema solidario procurador de bienes y servicios que sustenta su modo de vida y alimenta sus sueños y utopías. Y es que, así como el autogobierno supone la autogestión económico social, la mejor defensa del territorio está en su apropiación económica autogestionaria.

El énfasis en el aprovechamiento productivo de los territorios rurales se justifica también porque los jóvenes se van. Quizá estén dispuestos a defender el terruño, pero muy pocos tienen proyectos de vida campesinos. Es esta la mayor amenaza que pende sobre nuestro campo, no los transgénicos o las mineras a cielo abierto, sino la deserción las nuevas generaciones.

Y para recuperarlas es necesario inventar alternativas que vayan con sus capacidades y aspiraciones, muy distintas a las de sus padres y abuelos. Los eslabones de la cadena generacional no pueden soldarse y si perdemos una o dos generaciones rurales se acabó el campo como lo conocemos.

Octavio quien viene manejando la camioneta en que vamos a Cuetzalan es un socio ejemplar de la Tosepan: cosecha café, pimienta, canela, miel y esta ensayando con el cacao. Además de que forma parte de la Cooperativa Maseual Xicaualis que acopia transforma y comercializa. Octavio tiene tres hijos de 21, 20 y 17 años… y a

ninguno le gusta el campo. “Pero los tres hablan náhuat”, me dice sin que le tenga que preguntar. Jóvenes quizá con identidad, pero sin vocación campesina, una maldición de la que no escapan ni siquiera los de la Tosepan.

Ya en el taller modero un poco mi pesimismo pues la mayor parte de los 40 socios que después de la primera selección quedan en el grupo del que saldrá la nueva directiva son jóvenes y cerca de la mitad mujeres. Aun así, quise transmitirles mi preocupación por el futuro del campo y después de exponer someramente las luchas por la tierra de los años setenta les propuse como tema de reflexión el contraste entre los jóvenes rurales que hace 40 tomaban latifundios dispuestos a morir por una parcela que les permitiera seguir siendo campesinos y los jóvenes del éxodo que hoy arriesgan su vida en las carreteras y fronteras con tal de no tener que seguir siendo campesinos. Se quedaron callados. Por fin Lety, una muchacha que me pareció de 20 años, tomo la palabra y expuso su punto.

“Cuando yo era niña no quería ser campesina a mi lo que me gustaba era estudiar.

Y estudié. De modo que tengo una carrera.

Ahora que soy grande me gusta viajar y me parece que este no es un sueño campesino.

Pero, que le voy a hacer, a mi lo que más me gusta es viajar”, Luego de un silencio reflexivo Lety continuó. “A lo mejor no tengo gustos muy campesinos, pero aquí estoy en la Tosepan, una organización de campesinos. Y si me elijen seré parte de su dirección También esto es un modo de ser campesino ¿no?”

No, pues sí. •

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Carta da VII Jornada de Agroecologia Bahia. teiadospovos.org

Un mundo salpicado de autonomías Raúl Zibechi Escritor y activista uruguayo que se ha dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina

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l Territorio Indígena Tenondé Porã redactó una carta de presentación al EZLN, firmada por las y los dirigentes de las catorce comunidades guaraní mbya en apoyo de la Gira por la Vida que emprendió el zapatismo en 2021. En el texto presentan su experiencia de autonomía territorial en base a una extensa recuperación de tierras, destacando que en Brasil existen 25 mil guaraníes articulados en la Comisión Guaraní Yvrupa que se articulan en más de 232 comunidades.

En un lenguaje muy cercano al de los comunicados del EZLN, explican que en Tenondé Porã son unas dos mil personas que “estamos luchando por fortalecer nuestra resistencia y rebeldía, buscando más autonomía en distintos temas”, como la educación propia en “escuelas caminantes”, construyendo sistemas de captación de agua protegiendo las fuentes y retomando las sabidurías ancestrales.

La existencia de esa carta que se ofrece para contribuir a la organización de la Gira en Brasil, revela el interés que tienen los guaraní por debatir e intercambiar experiencias con los zapatistas. Sobre todo porque en América Latina son muy pocas las personas de los movimientos indígenas, negros, campesinos y urbanos que han podido viajar a Chiapas en estos 30 años desde que el EZLN apareció a la luz pública.

Sin embargo, el interés por el zapatismo es realmente importante en la porción organizada de los pueblos y sectores sociales. Siempre como referencia e

inspiración ética y política, no como seguimiento o acatamiento, actitudes que el EZLN nunca promovió entre las personas y colectivos que lo apoyan.

A mi modo de ver, hay dos cuestiones centrales que hicieron del

teiadospovos.org

zapatismo referencia en América Latina. La primera es ética. No se rinden, no claudican, no se venden. Algo que contrasta con buena parte de la izquierda y los movimientos de nuestra región, que se han pegado al progresismo, o han sido cooptados o han abandonado la lucha como sucedió con las guerrillas centroamericanas.

El hecho de que el EZLN siga en pie, resistiendo y transformando, que vaya tejiendo redes con otros y otras que resisten en todo el mundo; que se haya empeñado en escuchar de modo horizontal incluso a los más pequeños colectivos, como sucedió en la Gira por la Vida, no puede sino despertar admiración entre quienes siguen en la lucha.

La segunda cuestión que los ha convertido en referencia es la autonomía. Entendida como un proceso de construcción siempre inacabado, no como un conjunto de instituciones permanentes que resultan inamovibles y que a la larga tienden a reproducir el

sistema. La reciente autocrítica zapatista es un ejemplo de este tipo de construcciones, al señalar cómo las autonomías pudieron funcionar como pirámides separadas de los pueblos.

La Teia dos Povos de Brasil, movimiento que aún está en su primera década y mantiene profundo respeto por el zapatismo, destaca la autonomía como uno de sus principales objetivos.

“Autonomía es el orgullo de ser dueños de la propia trayectoria de vida”, puede leerse en el libro Por tierra y territorio. Agregan que entienden la autonomía como “disminuir nuestras demandas al Estado, a los políticos y a las clases dominantes”.

Como puede apreciarse, se trata de una construcción de autonomía diferente a la del EZLN en cuanto a su concreción práctica, pero inspirada en principios similares. Cada pueblo, cada comunidad y sector social que encara la autonomía lo hace según sus modos, sus trayectorias y necesidades concretas. No existe ni puede existir un único modo de ser autónomos. Algo que el zapatismo ha expresado en muchas oportunidades.

La experiencia ha mostrado a muchos movimientos latinoamericanos que no alcanza con resistir al sistema, sino que además es necesario construir lo nuevo aunque sea de forma gradual. Nueva salud y nueva educación controladas por las comunidades. Nuevas formas de justicia y de toma de decisiones. Y así en todos los aspectos de la vida.

Si echamos un vistazo a la región, veremos una gran cantidad de procesos autónomos, quizá no tan integrales como los que construyen las bases de apoyo zapatistas, pero igualmente potentes. En la Amazonia legal brasileña ya son 26 “protocolos de demarcación autónoma”, emprendidos por 64 pueblos en 48 diferentes territorios. Los pueblos decidieron delimitar ellos sus territorios ante la incapacidad del Estado de hacerlo pese a un mandato constitucional de más de tres décadas. En el norte del Perú han nacido nueve gobiernos autónomos de otros tantos pueblos amazónicos, que incluyen más de diez millones de hectáreas, en un veloz proceso que se inició en 2015 con el gobierno wampis.

Habría que sumar las autonomías en la región andina y en las periferias urbanas, para tener un panorama más completo. Todas ellas se han puesto en pie por el mismo motivo: detener la maquinaria infernal de la acumulación por despojo. Por eso creo que estamos recién en la etapa inicial de una segura proliferación de autonomías que cobraron un impulso a partir del 1 de enero de 1994. El camino autónomo de los guaraní mbya se inició recién en 2013, tiene un ancha avenida por delante al igual que tantos otros pueblos originarios, negros y campesinos. •

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Autonomías indígenas y el EZLN. 30 Años después Larisa Ortiz Quintero Abogada nahua, con 35 años de activismo por las autonomías indígenas. Magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario

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ara el 1º de enero de 1994, fecha en que surgió a la vida pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas al interior de los Estados-nación apenas se vislumbraba con la entrada en vigor, en 1991, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

En México, como en el resto del continente Aby Ayala o americano, se acababa de conmemorar, en 1992, los 500 años de colonización y de resistencia indígena, negra y campesina. Pero en nuestro país, no cesaban las protestas contra el gobierno federal que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, quien impulsó e implementó su política económica y social neoliberal sobre los territorios indígenas. Tuvo, por ejemplo, el atrevimiento, en plena conmemoración, de reformar el artículo 27 constitucional para decretar el fin del reparto agrario, es decir, eliminar el derecho de dotación de tierras a las personas campesinas necesitadas, y al mismo tiempo que legalizó los latifundios de tierras extendiendo las medidas de la pequeña propiedad. Si bien su política neoliberal pasó por la reforma al artículo 4º de la misma Carta Magna para reconocer por primera vez a los pueblos indígenas en el país, dicha mención no pasó de una visión culturalista; incluso la creación misma de los Tribunales Agrarios y de la Procuraduría Agraria que se crean en ese mismo año, nacen esencialmente para la concreción de la privatización de las tierras, territorios y recursos naturales.

El surgimiento del EZLN, entonces, no solo vino a reencausar las históricas protestas indígenas, y también las sociales por la entrada en vigor, ese año de 1994, del Tratado de Libre Comercio, sino que aceleró particularmente el proceso de reconocimiento constitucional de los pueblos y sus derechos fundamentales como el de la libre determinación y autonomía.

Fue en el marco de la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés, entre el EZLN y el Gobierno Federal, el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar, Chiapas, que se reconoció por primera vez, públicamente, la condición histórica que los pueblos indígenas habían venido padeciendo por siglos; de diseminación, subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de etnocidio, pobreza, explotación y exclusión social y política. Se acordó, por lo tanto, que para superar esa realidad se requería entre otros, una profunda reforma del Estado mediante el reconocimiento de los pueblos y sus derechos fundamentales en la máxima ley mexicana, es decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, al interior del movimiento indígena nacional se debatían diversos temas, entre los principales, “la expresión con creta” del derecho de los pueblos indígena a la libre determinación, es decir, el tipo de autonomía que debía reconocerse constitucional mente. Articulados los pueblos y comunidades indígenas esencial mente en dos espacios nacionales, uno que se conformó con el surgimiento del EZLN denominado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el otro, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), de conformación previa.

Ambas organizaciones coincidían en que el derecho a la libre deter-

Primera Controversia contra la llamada contra reforma indígena ente la SCJN 2002. Larisa Ortiz

minación tenía que partir del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho, de su derecho a seguir siendo pueblos con culturas diferenciadas a la nacional; y en su caso, al derecho de su reconstitución como pueblos, después de siglos de etnocidio.

Se coincidía también en que el derecho a la libre determinación implicaría la autodeterminación a través de la autonomía, pero surgieron dos posiciones respecto a la forma, tipo o nivel en el que se concretaría la autonomía.

Por una parte, el CNI argumentaba que se debía reconocer principalmente la autonomía comunitaria, pues era la comunidad una expresión real de vida y podía asumirse como punto de partida para, posteriormente, subir a un nivel de autonomía regional aglutinando comunidades, municipios, o regiones indígenas, pues no se trataba de reconocer por adelantado “elefantes blancos” sino de construir la autonomía desde abajo; por su parte, la ANI PA planteaba que aunque menos que las comunidades existentes, también había realidades indígenas organizativas que traspasaban las fronteras comunitarias, por lo que más bien debería reconocerse las autonomías regionales para potenciar las comunitarias. Los debates llevaron a concluir que debía reconocerse la autonomía

en cualquier ámbito y nivel que se hiciera valer por los pueblos.

Así quedó establecido en el documento llamado Propuestas Con juntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen enviar para la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional: “Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que se haga valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, con forme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa… [reconocer] a las comunidades como entidades de derecho público el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fon dos públicos que se les asignen…”

Seis años después, en 2002, entraba en vigor el nuevo artículo 2º Constitucional que como todos sabemos, recortó en mucho los compromisos para la profunda reforma del Estado en materia indígena. No obstante, después de la traición de los tres poderes del

Estado, la consigna de los pueblos fue regresar a los territorios indígenas a construir y fortalecer las autonomías de conformidad con las necesidades y posibilidades. A 30 años del surgimiento del EZLN, sin su presencia no pueden entenderse los procesos territoriales de autonomías indígenas de México, los procesos de reconstitución de los pueblos, como tampoco las futuras reformas constitucionales en materia indígena.

De hecho, la propuesta de reforma constitucional en materia indígena que recientemente envió el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, tiene como base y justificación los citados Acuerdos de San Andrés incumplidos hasta ahora y plantean temas esenciales como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos colectivos de derecho, con obligaciones y derechos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, superando las visiones paternalistas que históricamente los ha asumido como simples sujetos de atención pública. Habría que estar atentos en la discusión de dicha propuesta, esperando no repetir las escenas de hace 22 años cuando visiones neoliberales y racistas impidieron reconocer plenamente los derechos indígenas en este país. Tlazokamati miac. •

El surgimiento del EZLN, entonces, no solo vino a reencausar las históricas protestas indígenas, y también las sociales por la entrada en vigor, ese año de 1994, del Tratado de Libre Comercio, sino que aceleró particularmente el proceso de reconocimiento constitucional de los pueblos y sus derechos fundamentales como Asamblea Oxchuc, Chiapas. Victor Juan

el de la libre determinación y autonomía.

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Abriendo brechas: la autonomía en México Víctor Leonel Juan Martínez Ciesas Pacífico

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n 1982, tres organizaciones indígenas de Oaxaca: la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra Juárez (Odrenasij), el Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra Norte (Codeco) y el Comité de Defensa y Desarrollo de los Recursos Naturales de la Región Mixe (Codremi), demandaban “respeto absoluto a nuestra autodeterminación comunitaria sobre nuestras tierras, sobre todos los recursos naturales y las formas de organización que deseemos darnos”. La autonomía sería una exigencia reiterada a lo largo de esa década y con el surgimiento del EZLN de los ejes centrales de su lucha.

Si bien la autonomía es un concepto polisémico que alude a distintos procesos, luchas y reivindicaciones de los pueblos y comunidades indígenas, también se emplea para delimitar su relación con el Estado. Esta lucha se da, en buena medida, en el ámbito de lo jurídico.

En ese sentido hacemos aquí una rápida revisión de los caminos que se han abierto en las últimas décadas en México, que tienen que ver tanto con la autonomía para elegir a sus gobiernos locales y a sus representantes ante instancias de decisiones que les atañen, como a otros ámbitos de la vida comunitaria.

Los 90 Desde tiempo atrás Oaxaca vivía un proceso previo de reconocimiento a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero el levantamiento zapatista fue clave en la coyuntura para que en 1995 en esa entidad se reconociera la autonomía política para que pudieran elegir por “Usos y Costumbres (UyC) de las comunidades indígenas” a sus ayuntamientos, prerrogativa que de forma natural correría a las comunidades submunicipales (agencias municipales y de policía). Actualmente 417 municipios, de un total de 570 que tiene la entidad, el 17% de los que existen en el país, elige a sus ayuntamientos mediante los Sistemas Normativos Internos o Indígenas y miles de comunidades hacen lo propio. En 1998 esa entidad reconocería a las comunidades como sujetos de derecho público y a la jurisdicción indígena para impartir justicia comunitaria.

En 1995, en Sonora se establece la figura de regidurías étnicas.

Esto es, los municipios con comunidades indígenas tienen la atribución de elegir mediante sus

usos y costumbres, a representantes ante el ayuntamiento al que se incorporan como regidores.

En Tlaxcala, en 1998, las otrora presidencias auxiliares pasan a ser reconocidas como presidencias de comunidad que tienen un doble papel: son representantes del ayuntamiento en su comunidad territorial y son el representante de su comunidad en el ayuntamiento, al cual se integran con las mismas prerrogativas que el resto de concejales. Actualmente 94 presidencias de comunidad se eligen por UyC. Inicia el siglo XXI El siglo XXI inicia con la alternancia en la presidencia de la república, y, en 2001, con una amplia reforma constitucional en materia indígena. Es conocida la contradicción que encierra el artículo 2º, pues reconoce la libre determinación y autonomía a pueblos y comunidades indígenas, para luego enviar a que sean las entidades federativas las que regulen sus alcances y características, y las reduce a ser entidades de interés público.

Para el tema que nos ocupa los cambios fueron menores, en tanto las luchas toman otras veredas no menos importantes, la defensa de sus territorios, central en ellas. Si acaso en esa década hay una redistritación electoral que no hace sino evidenciar la renuencia a reconocer los derechos colectivos y reduce la representación política de los pueblos a los de la “población indígena”, criterio con el que se crean 28 distritos electorales federales.

Del 2010 en adelante Esta década fue prolífica en cambios y ejercicio de praxis autonómicas. En 2011 en Guerrero se

aprueba la Ley 701 que reconoce a la Policía Comunitaria, si bien años después habría una regresión.

En 2011 habitantes de San Francisco Cherán solicitaron al instituto electoral de Michoacán les autorice elegir a sus autoridades mediante sus UyC. La respuesta fue negativa con el argumento de que la legislación estatal no contemplaba esa figura: lo mismo sucedería en el Tribunal Estatal Electoral. Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaría una consulta para determinar su tránsito, o no, a ese régimen electoral. El 22 de enero de 2012 la comunidad purépecha de Cherán eligió a los 12 K’eris que integran el K’eri Janaxkaticha (Consejo Mayor de Gobierno). Se convertiría en el primer municipio fuera de Oaxaca en lograrlo.

La ruta sería seguida por distintos municipios en Guerrero, Puebla, Chiapas. Sólo algunos transitarían los obstáculos legales, políticos, institucionales, para alcanzar su autonomía. En 2015, en la consulta efectuada en Ayutla de Los Libres, Guerrero, ganaría el cambio de régimen, de partidos políticos a UyC, con el cual se elegiría en 2018 al Consejo integrado por un representante del pueblo mepha, uno del pueblo ñu savi y uno de la comunidad mestiza asentada en la cabecera.

En 2019, la consulta en Oxchuc, Chiapas, permitió al tercer municipio incorporarse a la autonomía política indígena para elegir a sus autoridades en abril de ese año.

En 2015, Oaxaca hace nuevas reformas constitucionales para reconocer a las asambleas de los municipios del Sistema Normativo Indígena (SNI) la atribución de la “terminación anticipada de mandato” de quienes integran el cabil-

Bandera nacional ondea sobre ofrenda indigena. Victor Juan

5 do (para el resto de las entidades es facultad del Congreso local); una decena de municipios han hecho uso ya de esa atribución. Asimismo, adecúa su legislación para crear la Sala de Justicia Indígena, que permite atender asuntos de derechos indígenas e impartición de justicia comunitaria.

En 2016 Morelos reforma su Constitución estatal y permite la conformación de “municipios indígenas”. En 2017 se autoriza la creación de cuatro municipios con esta característica: Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, y si bien esta última fue sujeta a una controversia constitucional en la cual la Corte ordenó una consulta, realizada en 2022, se refrendó la constitución del municipio indígena. Esas cuatro municipalidades pueden elegir por UyC a sus ayuntamientos.

En Guerrero, en 2021 se aprueba la creación de cuatro nuevos municipios: Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas. Si bien hay una ambivalencia respecto al régimen bajo el cual elegirán a su gobierno local, una solicitud de Ñuu Savi al órgano electoral para elegirlo por SNI le fue denegada. La Sala Regional del TEPJF, sin embargo, le reconoció ese derecho y, dada la argumentación establecida, podría ser aplicable para los otros nuevos municipios.

Por lo pronto, Ñuu Savi junto con Ayutla de Los Libres elegirán a sus ayuntamientos por UyC. En 2022 Michoacán reconoce en su legislación capacidades de autogobierno a comunidades indígenas, particularmente relativas al ejercicio y administración directa de los recursos de la hacienda municipal. Camino que siguió Hidalgo en 2023.

Un hecho fundamental fue el caso de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (COPUDA), integrada por 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que, tras una larga disputa jurídica y una consulta ordenada en 2014, finalmente en 2019 llegaron a un acuerdo con el gobierno federal que les reconoció

el carácter de sujetos de derecho público y su capacidad para co-administrar recursos del subsuelo (el agua), siendo la primera vez que en América Latina un Estado-nación reconoce esos derechos territoriales. En 2021 el presidente de la república firmó el Decreto que les autoriza concesiones comunitarias y actualmente están en el proceso de generar sus reglamentos.

Las resoluciones jurisdiccionales Como puede verse, las rutas de la autonomía no sólo corren por la vía de las reformas legislativas, también por resoluciones jurisdiccionales (y la lucha social y política, por supuesto). En ese tenor, por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF en 2017, en una jornada histórica en que resolvió los casos de Santiago Matatlán vs San Pablo Güilá, Tataltepec de Valdés vs Santa Cruz Tepenixtlahuaca e Ixtlán de Juárez vs 12 agencias municipales y de policía, reconoció que hay municipios que se integran por comunidades autónomas entre sí y que, por tanto, todas tienen los mismos derechos independientemente de su categoría político-administrativa (cabecera o agencia); que la universalidad del voto se ejerce y agota en su comunidad política; y que todas tienen garantizada su autonomía.

Con ello, se reconoció de facto a la comunidad como el cuarto ámbito de gobierno. En este tenor posteriormente avaló los gobiernos comunitarios de algunas cabeceras municipales (San Juan Ozolotepec, Reyes Etla, Santiago Xiacuí).

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el ejercicio de la justicia indígena en el caso de Santiago Suchixtlahuaca, Oaxaca. Pero en ese mismo año también determinó que las presidencias de comunidad de Tlaxcala son inconstitucionales pues tal figura no aparece en el artículo 115 constitucional (si bien la resolución opera sólo para tres municipios que se habían inconformado).

La Corte también resolvió en 2019 que las comunidades indígenas no tienen capacidad para ejercer y administrar recursos que devienen de las participaciones federales, en tanto que la atribución establecida en el 2º constitucional es ¡para los recursos naturales!, una auténtica regresión de los avances y los derechos reconocidos.

De salida Es claro que el ámbito comunitario es un espacio en disputa en el cual el Estado busca mantener el control de los territorios y sus gobiernos; al mismo tiempo, es el espacio en que las comunidades ejercen su resistencia, sus luchas, sus praxis autonómicas o buscan hacerlo. Sin duda hay insuficiencias, retrocesos, obstáculos, pero es claro que en estas tres décadas se han abierto nuevos caminos para la lucha y ejercicio de la autonomía en México. •

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Geografías de la autonomía. Un mapa somero 30 años después del levantamiento zapatista

Mujeres zapatistas. Global Justice Now

Ramsés Arturo Cruz Arenas ITO - Oaxaca

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A las y los zapatistas. l alba del tercer milenio, los pueblos originarios de nuestro país son un vigoroso sujeto del que forman parte más de once millones de personas, los que forman entre 62 y 78 pueblos. Se estima que son unas once familias lingüísticas y 68 agrupaciones de las que se hablan unas 364 variantes.

Estos mismos pueblos son, además, los garantes del patrimonio biocultural que conservan y diversifican en sus territorios y que hacen del nuestro, un país megadiverso biológica y culturalmente. Muchos procesos sociales hermanan a los pueblos indígenas; sin embargo, desde el levantamiento zapatista del 1ro de enero de 1994, la mayoría se circunscriben en torno a la lucha y demanda por la autonomía. Reclamo profundo, cuya centralidad se le debe en mayor medida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que fue quien la puso en el centro de sus demandas; la reivindicó tanto en los llamados Diálogos de Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como en su propios ejercicios: los municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y los Aguascalientes, que más tarde darían paso a los

Caracoles, con sus municipios, comunidades y regiones autónomas (lo que llaman regiones no tiene nada que ver con la idea primaria de la geografía), en donde se han desarrollado las Juntas de Buen Gobierno, así como los sistemas de salud, educación y justicia autónomas, con economías propias. Espacios que devienen territorios zapatistas en los que la naturaleza y las personas se reconstruyen en un trato digno y en torno a la autonomía como experiencia concreta.

Hace 30 años que el EZ puso a los pueblos indígenas en el mapa de la resistencia mundial, también desde hace 30 años que la autonomía de los pueblos indígenas es una praxis diversa. Así pues, a lo largo de estas tres décadas hemos visto nacer, florecer, pero también decaer, un amplio abanico de prácticas autonómicas.

Algunos procesos se han centrado en el ejercicio de autonomía como autodefensa- algo que también podemos encontrar en origen mismo del EZLN-. Bajo esta lógica surgió, en 1995, la Policía Comunitaria de Guerrero, que buscaba atender los problemas de inseguridad que enfrentaban los pueblos Na´

Savi, Me’Phaa y Nahuas de ese estado, y que se agrupa en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria/Pueblos Fundadores (CRAC-PC). Experiencia de larga data que controla un territorio en el que además procura y administra la justicia.

Otra de las formas que más ha cobrado terreno es la del autogobierno. En el mismo 1995 se daba el reconocimiento legal a que en los pueblos de Oaxaca se pudiera elegir a través de los Sistemas Normativos Internos (SNI); es decir, por usos y costumbres.

Hoy se rigen por esa vía unos 417 municipios, de los 570 que tiene el

Muchos procesos sociales hermanan a los pueblos indígenas; sin embargo, desde el levantamiento zapatista del 1ro de enero de 1994, la mayoría se circunscriben en torno a la lucha y demanda por la autonomía. Reclamo profundo, cuya centralidad se le debe en mayor medida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que fue quien la puso en el centro de sus demandas; la reivindicó tanto en los llamados Diálogos de Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como en su propios ejercicios: los municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y los Aguascalientes, que más tarde darían paso a los Caracoles.

estado. Esto ha llevado a una compleja y rica serie de experiencias de elecciones. Pero no sólo es en Oaxaca. Desde el 2012, el pueblo Purépecha del municipio de San Francisco Cherán en Michoacán, elige por esa vía. En el 2018 siguieron esta ruta los pueblos Me’phaa, Tu’un savi y también mestizos de Ayutla de los Libres, en Guerrero, quienes eligen bajos sus propias formas a sus autoridades municipales; lo mismo que los tzeltales de Oxchuc a partir de 2019.

En este largo periplo han emergido reivindicaciones autonómicas del viejo y del nuevo milenio.

Así, la praxis autonómica puede centrarse el espectro radiofónico que ha devenido en un sin fin de radios comunitarias indígenas, de las que actualmente 51 cuentan con concesión. Han sido ejemplares algunas como Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua del pueblo Nancue Ñomndaa en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; lo mismo que Radio Totopo, espacio de divulgación de la resistencia del pueblo Binnizá en el Istmo de Tehuantepec. Mientras que en el nuevo milenio la necesidad de poderse comunicar rápidamente ha llevado a que lugares como Santa María Yaviche o Villa Talea de Castro, en Oaxaca, estén impulsado de distintas formas, establecer su propia red celular comunitaria, que son administradas por las propias comunidades, es decir: telefonía autónoma.

Y el espectro es sumamente vasto, pues más allá de los municipios están además las comunidades -poco más 24,000- en donde cada día se desarrollan distintas prácticas autonomistas, no sólo en la esfera de la política, sino en una amplísima gama que incluye prácticas de autogestión económica y social, caracterizada en múltiples organizaciones productivas; en los esfuerzos de talante campesino por el rescate y valoración de las semillas nativa, la diversidad productiva o la soberanía/autonomía alimentaria; también podemos considerar las estructuras internas de las que van creándose en las comunidades, como las figuras primarias de los comités de educación, agua, electricidad, que están presentes en todas las comunidades. A eso hay que sumar también los procesos autonómicos en torno a la defensa del territorio y la vida, sea ante mineras o el narco, sea contra el avance de las ciudades o megaproyectos, sea contra el desarrollo o el olvido.

Este 1ro de enero de 2024 se cumplen 30 años del levantamiento zapatista y aún queda mucho por hacer, pero podemos celebrar con las y los zapatistas la autonomía ejemplar que han puesto en marcha; podemos celebrar que su pedagogía está presente en la geografía de los pueblos indígenas de nuestra América. No hay duda compañeras, compañeros: ya se mira el horizonte. •

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Si bien en Oaxaca se reconoció la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, el entramado legal de estos derechos han sido mayormente significativos para aquellas comunidades indígenas que, en el devenir histórico de esta entidad, han lograron obtener y mantener la categoría de cabecera municipal.

Tras su decapitación, la cabeza del conquistador Diego de Mazariegos es llevada por las calles de San Cristóbal de las Casas, 12 de octubre de 1992. Antonio Turok

La autonomía zapatista, resonancias y gramáticas desde Oaxaca Indira Velasco Viloria Doctorado en Antropología UNAM ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono?

Respuesta del EZLN al ofrecimiento de Salinas de Gortarí de otorgarles el perdón

E

l 1 de enero de 1994, tras siglos de injusticia, marginación y racismo, indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales enrolados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantaron en armas y tomaron las cabeceras municipales de Ocosingo, Las Margaritas, Chanal, Altamirano, Huixtán y Oxchuc; así como San Cristóbal de Las Casas, en donde un par de años antes habían decapitado a Diego de Mazariegos, la estatua de metal del conquistador español que yacía soberbia frente al templo de Santo Domingo, en el centro histórico.

Con la toma de estas cabeceras municipales, el EZLN mostraba su rebeldía y oposición al municipio y sus ayuntamientos, por ser estos dispositivos político-administrativos que, bajo la legitimidad del Estado, operaron políticas etnocidas hacia los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas.

Tras su levantamiento en armas, y tras la toma de las cabeceras municipales chiapanecas, el

EZLN crearía sus propios “Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas” (MAREZ) los cuales serían a partir de entonces encabezados por poblaciones preponderantemente indígenas. Además, los MAREZ se organizarían a través de caracoles y juntas de buen gobierno, quedando expulsados de ellos todo rastro partidista. Así, a través de los caracoles y las juntas de buen gobierno, las comunidades del EZLN comenzaron a ejercer una autonomía de facto que se alejó de toda relación con el Estado y sus instituciones.

Mujeres zapatiztas. Juan Carlos Reyes

Mientras en Chiapas el proyecto autonómico del EZLN tomaba su propio curso, en Oaxaca en periodos muy similares intelectuales indígenas y no indígenas, así como académicos y organizaciones civiles discutían el significado, las prácticas y el lugar donde tendría que materializarse la autonomía indígena, existiendo dos propuestas: la “autonomía comunalista” planteada por quienes observaban que, dada la vigencia y la vitalidad de las prácticas de gobierno indígena que existían en las comunidades oaxaqueñas, sería a través del fortalecimiento de las instituciones y autoridades comunales que

se lograría ejercer la autonomía.

Ello significaría reconocer a la comunidad y no al municipio como el territorio en el que se ejercería el gobierno indígena. Si esto se lograba, la autonomía quedaría reconocida desde su origen. Una segunda propuesta fue reconocer e implementar la autonomía indígena por encima de la comunidad y en el nivel municipal, toda vez que algunos sectores consideraron que en Oaxaca, la demarcación municipal y los ayuntamientos habían logrado ya la unión de diversas comunidades indígenas en su interior; una situación que a la luz de tres décadas, más que la regla, ha sido la excepción.

Finalmente, en 1995 a un año del levantamiento zapatista, en Oaxaca la lucha por la autonomía logra canalizarse a través de la vía jurídica, comenzando desde entonces el trabajo legislativo para el reconocimiento de los derechos indígenas, siendo la propuesta del ejercicio de la autonomía en el nivel municipal la que termina por implantarse.

De esta manera, en 1995 en Oaxaca se reconoce en el Artículo 16 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca (CPELSO) el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía. Aunado a ello, en el Artículo 25 de la CPELSO se reconoció a las asambleas y a los “usos

y costumbres” como otro régimen de elección para la integración de los ayuntamientos.

No obstante, dado que en la redacción la legislatura realizó un uso indistinto entre las categorías “comunidad” y “municipio”, a los pocos años de la implementación comenzaron algunos conflictos y desavenencias. Uno de ellos, la exclusión política-electoral de aquellas comunidades indígenas que, perteneciendo a la misma demarcación municipal, no se les permitió participar en la elección de ayuntamientos, quedando por lo tanto al margen de las decisiones para la administración y distribución de los recursos económicos que, desde la década de 1990, comienzan a ser descentralizados hacia todos los ayuntamientos del país.

De ahí que, si bien en Oaxaca se reconoció la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, el entramado legal de estos derechos han sido mayormente significativos para aquellas comunidades indígenas que, en el devenir histórico de esta entidad, han lograron obtener y mantener la categoría de cabecera municipal, mientras tanto la deuda histórica con aquellas comunidades indígenas con categorías submunicipales continúa, toda vez que a éstas sólo les ha sido reconocida la independencia para elegir a sus autoridades comunitarias, las cuales continúan careciendo de personalidad jurídica, facultades y atribuciones para el ejercer su gobierno y consolidar sus propios proyectos de desarrollo.

Todo ello como resultado de una respuesta jurídica que, desde una perspectiva colonial y racista considera que las funciones de gobierno y los proyectos de desarrollo de las comunidades indígena pueden y deben continuar siendo sufragadas y auto gestionadas por los propios pueblos y ciudadanos indígenas, toda vez que la gratuidad y el servicio forman parte de su naturaleza. Y es que, a 30 años del levantamiento zapatista contra el racismo, el olvido y la marginación, para cierta clase política será siempre plausible que las autonomías indígenas resistan y persistan no sólo lejos de la administración de recursos económicos sino también de la propia administración de los recursos naturales que yacen en sus territorios. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

OTRAS PEDAGOGÍAS Y AUTONOMÍAS SON POSIBLES

Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia en la Sierra Mazateca

Presentación de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, 12 de diciembre 2022. MAPOC

Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) y Sarai Piña Alcántara CIESAS

“Yo quiero agradecer a la Escuelita, gracias a ella aprendí a leer y a hacer cuentas”.

A. 10 años. Compañero de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia.

“Gracias por venir al cumpleaños de la Escuelita”.

P. 5 años. Compañero de la Escuelita Comunitaria

E

Agua de Lluvia.

l pasado diez de diciembre del 2023, en las elevadas montañas de la Sierra Mazateca Alta, en la localidad de Agua de Lluvia del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, llevamos a cabo la celebración del segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia.

Se trata de un proyecto que impulsamos desde el Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), colectivo que camina junto al Congreso Nacional Indígena (CNI). Nuestro colectivo está integrado por mazatecos de diversas comunidades mazatecas, así como algunos residentes en la CDMX y la Ciudad de Oaxaca, y otros miembros son acompañantes políticos no mazatecos. En los últimos dos años retomamos el proyecto de educación autónoma y autogestiva, con el objetivo de dotar a las infancias mazatecas de herramientas para que sean humanos reflexivos y colaborativos con sus pares y su territorio.

Este proyecto tiene sus orígenes en el movimiento magisterial del 2006, durante el cual la comunidad de Agua de Lluvia se enfrentó

a una disputa por la educación; por un lado, la sección 59 y padres simpatizantes a ella, tomaron la escuela oficial, y una vez que se replegó la sección 22 para regresar a las aulas, ya no se les permitió hacerlo. Esto conllevó a la división de la comunidad. Fue en el año 2007 cuando se ocupó la casa de un vecino de la comunidad como escuela alterna a la que tomó la sección 59. En el año 2011, algunos miembros de la comunidad, maestros y personas caracterizadas, simpatizantes de la sección 22, se organizaron junto a las infancias, por medio de faenas, para comenzar con la construcción de la Escuelita, creando adobes y un solar. No obstante,

este proceso fue difícil ya que las autoridades magisteriales y del gobierno municipal y estatal hicieron todo lo posible para desacreditar este ejercicio que en primer momento buscó ser reconocido por estas autoridades, ya que se inspiró en el programa del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PETEO). Este programa considera la diversidad cultural como su principal eje.

Años después, ya afianzado nuestro colectivo MAPOC, nos replanteamos retomar el proyecto bajo una lógica de pedagogía radicalmente alternativa, no con el fin de sustituir la educación institucional que lxs niñxs actualmente reciben, sino para complementar desde una vertiente de pertinencia cultural las necesidades de las infancias en su contexto siempre cambiante. Así iniciamos el pro-

yecto y lo dimos a conocer el 12 de diciembre del 2021, inspirándonos en el trabajo de los pueblos zapatistas con las Escuelitas, los caracoles, y de otras ocupaciones de tierras y autonomías.

La Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia la hemos construido a través del trabajo colectivo, desde abajo y con apoyo mutuo, en un espacio que ha sido apropiado tanto por la comunidad y las infancias de Agua de Lluvia, así como de niñxs de otras comunidades mazatecas. Durante dos años algunos colaboradores miembros de MAPOC hemos dado acompañamiento a los infantes con respecto a materias escolares que se les dificultan, también hemos facilitado diversos talleres impartidos por compañerxs solidarixs de distintas geografías, que van desde la creación de cine y radio comunitaria, la creación artística y musical, la improvisación teatral, la realización de manualidades y alimentos. Hemos dirigido el espacio como un lugar de apreciación y aprendizaje de las artes, ya que pensamos que éstas deben ser gratuitas y accesibles en lo más profundo de la serranía. En el año 2023 realizamos caminatas con las infancias para reaprender el territorio y dimensionar en reflexión colectiva, la importancia de todos los seres que hacen posible la vida, y así seguir sosteniéndola desde la política mazateca del respeto y la reciprocidad con la madre tierra.

La Escuelita es un espacio de resistencia en medio de un territorio multidisputado desde hace muchos años, tanto por el Estado e intereses extranjeros, y de ciencias

Segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia. Fotografía Aldo Santiago

aplicadas como la espeleológica y la psicodélica, las cuales han realizado extractivismo epistémico y ontológico de las cuevas, sótanos, el agua y hongos denominados ndi xij’to, seres sagrados para los mazatecos. A este tipo de despojo se suma el turismo psicodélico, impulsado por el Programa de Pueblos Mágicos, activo en el municipio desde el 2015, así como la entrada del crimen organizado, y la ocupación de la Guardia Nacional. Estos procesos han impactado en la forma de habitar el territorio y las formas de imaginar futuros para las infancias mazatecas.

La resistencia que buscamos sembrar desde la Escuelita tiene que ver con las necesidades de las infancias, como el aprender herramientas tanto prácticas como reflexivas ante un contexto cada vez más violento. Esto se hace a través de la escucha y el acompañamiento de la niñez, mirándolos y entendiéndolos como sujetos que producen conocimiento; partimos desde el ser compañerxs para conocer los diversos mundos. La Escuelita es un espacio donde las infancias son tomadas en cuenta como seres valiosos, y que en colectivo resultan tener un potencial político con miras a cambiar prácticas que han dañado el tejido comunitario en la región, como lo ha sido la política partidista y los cacicazgos.

El resultado ha sido palpable al mirar el aprendizaje de los niñxs, infancias más desenvueltas y con la actitud de apoyarse los unos a los otros, así como entender que ante las diferencias siempre hay espacios para el diálogo. El aprendizaje se despliega en su cotidianidad y ha sido posible con la implicación de los padres de familia, al reflexionar que el aprender se desarrolla en espacios domésticos, escolares y comunitarios.

En la Escuelita celebramos nuestro segundo aniversario gracias a una rifa solidaria y a través del trabajo comunitario, en donde diversos artistas asistieron al llamado para la compartición de su arte. Contamos con artistas mazatecos, talleres, conversaciones y la variedad musical de personas de diferentes geografías. Por su parte, las infancias demostraron la receptividad, atención, sensibilidad y respeto hacia las personas que colaboraron en este evento, manifestando una vez más que la autonomía y resistencia son semillas que se están sembrando en sus corazones, y así, tal vez en un futuro sean ellos quienes sigan tejiendo desde el trabajo colectivo, la vida.

Se espera que este ejercicio de educación bajo una lógica no bancaria, sino desde el validar los sentires y reflexiones de lxs niñxs, se replique por medio de otrxs mazatecxs en diferentes espacios comunitarios de la Sierra Mazateca, bajo una organización autónoma y autogestiva, para así, construir otros mundos más sensibles, amorosos, autónomos y libres para las infancias. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

Construcción del régimen jurídico de autogobierno indígena en Michoacán Orlando Aragón Andrade ENES Morelia y abogado acompañante de los procesos Jurídico políticos en Michoacán

“L

a revolución no será transmitida” fue el nombre mediante el cual se dio a conocer en 2003 un famoso video documental sobre el golpe de Estado al entonces presidente Hugo Chávez de Venezuela. Más allá de dicho material, el titulo que se escogió para su difusión en castellano encierra una indudable verdad sobre los cambios sociales y políticos profundos en el sur global; éstos se generan abajo, en los pueblos, lejos de los reflectores mediáticos, incluso lejos de las rebeldías que han conquistado la corrección política o el “deber ser” de la subversión.

Así podemos ubicar los cambios y transformaciones que han logrado un buen número de pueblos y comunidades indígenas en Michoacán en los últimos 13 años. En un contexto adverso caracterizado por la inseguridad, la violencia, el despojo de los territorios y las constantes crisis de la clase gobernante, las comunidades indígenas de Michoacán, inspiradas en el proceso de lucha de la comunidad de Cherán K’eri, han sabido abrirse paso y generar una alternativa, con contradicciones y limites, que se ha basado en la re organización comunal y que ha derivado en la conquista y ejercicio de un régimen jurídico de autogobierno indígena.

Fuera de la experiencia de Cherán K’eri, este proceso ha pasado casi desapercibido, tanto para los medios de información, como para las investigaciones académicas. Las razones de esta falta de atención se deben a múltiples factores, pero uno que suma es, sin duda, el imaginario mediático y académico creado en este y en pasados sexenios sobre que las iniciativas y apuestas de los pueblos y comunidades en México se reducen a dos posiciones: por un lado, en la participación política de las comunidades mediante el sistema electoral y en apoyo al gobierno federal, y por el otro las que siguen los planteamientos del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Fuera de esta dicotomía parece no existir nada, pero justamente en ese espacio de lo “no visible” es desde donde se han abierto paso las comunidades indígenas de Michoacán, que han participado en la lucha y en la construcción del régimen jurídico de autogobier-

no y que al día de hoy suman 39 comunidades pertenecientes a cuatro pueblos originarios de la entidad: el purépecha, el mazahua, el otomí y el nahua.

De esta manera, las comunidades y pueblos indígenas de Michoacán han construido estos trece años su propio camino hacia la autonomía y el autogobierno, basadas no en modelos prescritos, ni en rebeldías autorizadas o consagradas; sino en sus necesidades, en sus condiciones, en sus aspiraciones y sus formas de organización.

Esta senda, además, ha supuesto un ejercicio político inédito en la historia política de las comunidades indígenas de Michoacán, cada una de las que ha decidido seguir este camino del autogobierno indígena lo ha hecho a partir de una decisión asamblearia de sus habitantes, que en la inmensa mayoría de los casos ha sido pública y con posibilidad de revisión judicial para los actores inconformes, a través de la consulta previa.

En la actualidad se han conquistado dos escalas para el ejercicio del autogobierno indígena en Michoacán, con sus coincidencias y con sus particularidades. La primera es la escala municipal y la segunda la submunicipal, que también hemos caracterizado como cuarto nivel de gobierno.

La primera escala fue abierta, construida y definida política y jurídicamente por la comunidad de Cherán K’eri en 2011. Es municipal porque se sobrepone la comunidad al reconocimiento jurídico de cabe-

Movilización kuaricha. Alex Pérez

cera municipal que ha tenido desde el siglo XIX el pueblo de Cherán.

Esto ha derivado en una etnización del modelo colonial del gobierno municipal en México, que ha implicado a su vez el reconocimiento y el ejercicio de los derechos a elegir la autoridad municipal fuera del sistema de partidos políticos y a través de usos y costumbres; a elegir como autoridad municipal una figura de autoridad colegiada denominada Concejo Mayor de Gobierno Comunal, y no a un presidente municipal; a conservar un sistema de seguridad comunal propio en lugar de un modelo de policía municipal; entre otras.

La segunda escala fue abierta en 2016, cinco años después del triunfo judicial de Cherán K’eri, por las comunidades de Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepacua. A diferencia de Cherán, estas comunidades (como la inmensa mayoría en Michoacán) no eran cabeceras municipales, sino “tenencias” que dependían política y administrativamente de otros pueblos y ciudades que históricamente las habían excluido, marginado y discriminado. De tal forma, que estas comunidades, a través de su organización, rebeldía, lucha comunal y movilización jurídica, lograron que por primera vez en la historia del Estado mexicano el Tribunal Electoral (TE) reconociera que para la materialización del derecho al autogobierno es necesario dotar de recursos económicos a las comunidades para que desempeñen funciones de gobierno. Así se logró en 2016 que se otorgara como un derecho humano de las comunidades indígenas, y no como una negocia-

9 ción política sujeta a las voluntades de los presidentes municipales, lo que en Michoacán popularmente se ha llamado “presupuesto directo”.

La escala submunicipal quedó compuesta por el derecho a elegir sus autoridades por usos y costumbres, a ejercer las funciones de gobierno que antes del proceso de autogobierno tenía la obligación de realizar el ayuntamiento en las comunidades; a contar con el presupuesto público (con base al porcentaje de población de la comunidad en relación al municipio) para realizarlas; a mantener instituciones propias de seguridad comunal; y a contar con una personalidad jurídica de un orden de gobierno más. Por esta razón, es que al nivel submunicipal de ejercicio del autogobierno indígena en Michoacán también le hemos llamado cuarto nivel de gobierno, porque suponen en la práctica un orden más adicional a la triada original del Estado mexicano; a saber, federación, entidad federativa y municipio.

La construcción de este régimen jurídico no se hizo de la noche a la mañana, ni debido a una sola experiencia de lucha comunal, ni tampoco en un solo campo de lucha. En efecto, al menos tres grandes etapas han transcurrido desde los primeros reconocimientos judiciales referidos. La primera de ellas fue justamente la ventana que se abrió en el TE, mediante la cual otras tantas comunidades lograron acceder al ejercicio de este derecho en medio de fuertes procesos organizativos en contra, principalmente, de las autoridades municipales y del propio gobierno del Estado. Una segunda etapa se abrió en 2018, a partir de la resistencia jurídica que comenzaron a sostener los gobiernos municipales y los partidos políticos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las resoluciones que el TE emitía a favor de las comunidades indígenas. De tal forma, que con mayor dificultad algunas comunidades lograron acceder al ejercicio de este derecho en medio de resoluciones judiciales incumpli-

das, procesos de impugnación en la SCJN abiertos, movilizaciones sociales y acuerdos políticos con los ayuntamientos. Ni siquiera la pandemia de la COVID logró parar el crecimiento de comunidades que optaron por el autogobierno.

La tercera etapa, que ha sido la de mayor expansión, se produjo a partir del reconocimiento del derecho al autogobierno, específicamente el de escala submunicipal, en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán.

Dicha ley no fue una concesión del gobierno, sino el producto del trabajo e iniciativa de las comunidades que dese 2019 conformaron el Frente por la Autonomía, y que en 2021 lograron su aprobación en el Congreso de Michoacán.

Con este nuevo marco jurídico se pasó de un número de 8 comunidades, que en 5 años habían logrado acceder y ejercer el derecho al autogobierno, a las 39 que actualmente lo ejercen en todas las geografías indígenas de Michoacán. De 2021 a 2024, además, se han reformado gracias a la iniciativa de las comunidades, principalmente las agrupadas en el Frente por la Autonomía, el Código Electoral, la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Michoacán y la publicación de un Reglamento para la coordinación entre las fuerzas de la seguridad comunal como para las fuerzas de seguridad pública en Michoacán.

Con estos cambios legales se ha conformado un escueto, pero lo suficientemente fuerte, régimen jurídico que moldea política y legalmente una experiencia única de autogobierno en México.

Naturalmente al día de hoy este proceso tiene contradicciones, límites y retos que ya no son los que se enfrentaban en 2011 o en 2016. Lo que en esos años parecía algo imposible de lograr, es hoy una realidad cotidiana en Michoacán. A diferencia de esos primeros años de movilizaciones, tomas de carreteras, de presidencias municipales, represiones del gobierno estatal, litigios interminables; hoy las comunidades que ejercen autogobierno reciben puntualmente su presupuesto, son atendidas por los secretarios de Estado, se reúnen con el gobernador, reciben programas antes exclusivos a los ayuntamientos como los programas de FORTAPAZ y FAISPUM. Todo esto, no puede sino considerarse como producto de las luchas que por años, y en distintos escenarios, han mantenido diferentes comunidades de Michoacán, que han abonado a la expansión y fortalecimiento del proceso. Nada se ha regalado, y es considerado como paradigmático por comunidades de otros estados del país. No obstante, no puede desconocerse que los riesgos y desafíos siguen presentes, quizás ya no la represión y el desconocimiento, pero si la cooptación y la burocratización del autogobierno. El tiempo nos dirá si las comunidades y pueblos de Michoacán logran conjurarlos. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

De la Autonomía comunitaria, a la autonomía como derecho en los pueblos originarios de la Ciudad de México Martha A. Olivares Díaz UACM y acompañante de los procesos de defensa del territorio y derechos de los pueblos originarios de la Ciudad de México

L

a autonomía como posibilidad de decisión dentro de un territorio específico y con una cultura propia, ha sido el horizonte de una diversidad de pueblos originarios desde hace varios años, para poder fortalecer su identidad y sus modos de vida, más allá de la modernidad capitalista.

No sólo la autonomía como derecho, sino la autonomía como praxis y como ejercicio permanente para preservar sus culturas y territorios, a pesar de las condiciones adversas y múltiples despojos a los que se enfrentan cotidianamente las comunidades indígenas. El poder en la toma de decisiones en la vida comunitaria dentro de un territorio.

Tal es el caso de los pueblos originarios de la ciudad de México, los cuales han permanecido a lo largo de siglos resistiendo múltiples despojos, coloniales, modernos y actualmente a la vorágine urbana, teniendo como consecuencia la fragmentación de sus culturas y territorios.

Con todo, los pueblos originarios de raíz mesoamericana, que adquirieran elementos del sincretismo colonial y moderno, se caracterizan por tener una organización territorial y vida comunitaria autónoma, pues se trata de identidades culturales diferenciadas que son visibles en la organización de su vida comunitaria, como la vida asamblearia, el sistema de cargos religiosos como las mayordomías, cofradías, comités de fiestas, sistemas normativos propios como las coordinaciones territoriales o subdelegaciones y más recientemente la reinvención de su organización en sus sistemas de representación como los Concejos Comunitarios o Autónomos de gobierno en San Andrés Totoltepec en Tlalpan y San Luis Tlaxialtemalco en Xochimilco, y las Asambleas Ciudadanas en los pueblos de San Sebastián Xoco y Santa Cruz Atoyac en Benito Juárez, así como un fuerte arraigo territorial a la vida agrícola campesina y al paisaje lacustre- cerril que caracterizó la Cuenca del Valle de México, sobre el cual han tejido historias, comidas, saberes, patrimonios naturales y memorias.

El levantamiento del EZLN, en la década de los años 90, significó para los pueblos originarios en la

ciudad un espejo, que les permitió pensarse como diferentes dentro de lo urbano y comenzar una larga lucha por el reconocimiento de sus derechos que continúa a la fecha, a pesar de su reconocimiento en la Constitución local en al año 2018 en los artículos 57 al 59.

Según la estudiosa de los pueblos originarios Teresa Mora, la primera vez que éstos se autonombran como tales fue en Milpa Alta, una vez que los compañeros que participaban en el CNI (Congreso Nacional Indígena), regresaron a organizar el foro nacional permanente de la Región Anáhuac, donde aludieron a su identidad étnica en el mes de agosto del año de 1996.

Los pueblos originarios en la ciudad de México que hoy subsisten a la dinámica urbana, se han lanzado por el reconocimiento real y efectivo de sus derechos, topándose con visiones cortas y monoculturales del poder, que siguen sin tomar en cuenta la existencia de los pueblos originarios en la toma de decisiones y en la

elaboración de políticas públicas como las leyes secundarias, o los instrumentos de planeación de la Ciudad como el PGOT (Programa General de Ordenamiento Territorial), que han terminado en desconocimientos de sus territorios e identidades, principalmente en el Suelo de Conservación.

O bien, como lo hizo la SEPI (Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios e Indígenas Residentes) con el Sistema de Registro, el cual supuestamente terminaría por registrar a los más de 150 pueblos originarios que habían sido sistematizados en anteriores padrones del Gobierno del entonces Distrito Federal, antes de su reconocimiento constitucional, pero que ahora la SEPI con dicho Registro condicionaba sus derechos, por encima de la constitución local, solicitando además una serie de requisitos inadmisibles y re victimizantes. que desaparecía en tal registro a más de 100 pueblos por no acreditar su “identidad originaria”, sobre todo a los

Cartel Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.

Asamblea Nacional Permente de San Gregorio Atlalpulco.

más urbanos, como el de Xoco en Benito Juárez, los de Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A Madero, Azcapotzalco, dejándolos en la indefensión frente grandes inmobiliarias y megaproyectos, negándoles la autoadscripción a su identidad originaria.

También los pueblos originarios se han topado con la negación al ejercicio de sus formas de gobierno propios, como los Concejos de Gobierno en el caso de la alcaldía Xochimilco, así también la negación a su derecho a la consulta sobre obras de mediana y gran envergadura que afectan a sus territorios, además de los múltiples despojos y violaciones en sus espacios tradicionales y formas de organización comunitaria, como la intervención de las autoridades locales en los panteones en el caso de San Gregorio Atlalpulco, espacios naturales como sus bosques, chinampas o espacios públicos como los lavaderos o deportivos que los pueblos han apropiado.

Para los pueblos en la ciudad el gran problema ha sido la permanente urbanización y el repliegue de sus territorios y culturas.

Desde inicios del SXX la ciudad ha crecido sobre los pueblos y sus territorios, los cuales fueron transformándose gradualmente en zonas habitacionales urbanas e industriales encimadas en formas de organización rural con suelos fértiles y agrícolas, replegando y disminuyendo al espacio rural; hoy se calcula la pérdida del 49% de los núcleos agrarios de los 93 que existían originalmente. Ya para la década de 1950, el área urbana comenzaba a desbordarse del territorio central para extenderse sobre los terrenos baldíos de la periferia, generando la pe-

riferia urbana. En la década de los setenta, el área urbana de la ciudad ya ocupaba el total de las zonas centrales, casi la totalidad de Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa y algunos municipios del Estado de México como zona conurbada; ya para la década de los años 80, la ciudad fue incorporando las zonas del sur y de suelo de conservación.

La ciudad entonces seguirá creciendo sobre los territorios de los pueblos originarios pues del 59 por ciento de suelo de conservación que tiene la ciudad, casi el 70 es propiedad social de la tierra. En las últimas décadas y a pesar de diversos esfuerzos de autoridades y de los mismos originarios, se calcula un porcentaje del 14% de pérdida de Suelo de Conservación, que eran áreas ecológicas donde la lluvia reabastecía acuíferos y regeneraba una parte de los bosques en la ciudad, que permiten la sustentabilidad de la misma urbe.

En síntesis, para los pueblos originarios no puede ejercerse autonomía y libre determinación sin la protección a sus territorios y sin la toma de decisiones sobre los mismos, independientemente de políticas que pretendan beneficiarlos. La autonomía para los originarios de la ciudad requiere no sólo la conciencia y la resistencia hacia adentro de las comunidades locales, requiere una transformación del Estado y sus instituciones en comprender el tema de la diversidad cultural y su verdadera inclusión, más allá del slogan y las fotos para el folclor.

La autonomía para los pueblos originarios de la ciudad de México, es romper con los colonialismos internos de una ciudad moderna, hacia una ciudad pluricultural que respete su territorialidad. •

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Los surcos de la autonomía: una mirada maya peninsular

Asamblea. Haizel de la Cruz

Pedro Uc Be Activista y Poeta Maya

E

l tema de la autonomía es relativamente nuevo como el mismo término para el pueblo maya peninsular de estos tiempos, no así la forma de vida de los pueblos rebeldes conocidos en la historia regional como Wi’it’o’ob que defendieron su libertad, entre otras batallas, en la llamada Guerra de Castas, que no se dejaron someter por la conquista ni por la colonización.

Estas comunidades que vivieron libres del encasillamiento de las haciendas estaban asentadas en la “montaña” de la Península Maya de Yucatán que fue fragmentada en dos grandes partes, conocidas ahora como los estados de Campeche y Quintana Roo; una estrategia del gobierno para domesticarlos sin haberlo logrado a pesar de la crueldad.

Estas comunidades no parece que hayan usado la palabra autonomía, pero vivieron con dignidad la autonomía.

Con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 nos llegó la palabra autonomía, revisamos algunos textos de ciertos estudiosos para tratar de entender esta palabra, nos dimos cuenta que habían diferencias entre sus modos de entender e interpretar el término, finalmente en la narrativa y forma de vida comunitaria asumida por el zapatismo pudimos lograr una mayor claridad respecto a lo que se dice y comunica principalmente por este pueblo levantado en armas el primero de enero de 1994 para reivindicar justamente su autonomía, eso es lo que nos

interesó como comunidad maya de la Península de Yucatán.

Así, nos sentimos motivados para convertirlo en tema de nuestro tsikbal o conversación, tanto a nivel familiar como a nivel de organización comunitaria; los talleres, los encuentros, las asambleas y las reuniones fueron espacios de muchas preguntas, de observaciones, de críticas, de propuestas, de testimonios y de hacer memoria histórica donde las emociones generaron risas, enojos, tristezas, esperanzas y posibilidades de soñar como persona, pero también acompañados por nuestras hijas e hijos. Este intento de profundizar la reflexión nos permitió abrir mejor los ojos, el oído, el olfato, el gusto y la sensibilidad en dirección a la libertad, es decir, a la autonomía y autodeterminación de la que nos despojó la conquista y la colonización, primero la externa y luego la interna.

Después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno y el EZLN nos alentó la esperanza, hubo un momento en que nos reímos con alegría cuando vimos que en la Constitución se reconocería nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas, pero “nuestro gozo se cayó al pozo” cuando el gobierno nos dio la puñalada por la espalda al negarse a consagrarlo en la Constitución.

Aquel fragmento del artículo 2° que debió decir que “los pueblos indígenas son sujetos de derecho” lo habían cambiado por “los pueblos indígenas son entidades de interés público”, equiparándonos así con un parque, con una tien-

da o con un prostíbulo. El EZLN rompió el diálogo a raíz de esta traición y se dedicó a construir la autonomía junto con sus comunidades. No tiene caso repetir esta información ya muy documentada y conocida por mucha gente, pero sí creemos importante compartir lo que nosotros como mayas de la Península Maya de Yucatán hicimos después de esta situación.

Si por autonomía y autodeterminación entendemos la capacidad de hacer nuestras propias leyes en las que promovemos la vida, la justicia, la libertad y la democracia como pueblo maya y ser reconocidos dentro del marco constitucional y de los Derechos Humanos, entonces debemos contestar algunas preguntas como estas ¿cómo vamos a poner en práctica nuestra autonomía? ¿cuál debe ser la nueva relación que debemos construir entre nosotros como pueblos indígenas con el Estado? ¿qué medios necesitamos, cuáles nos hacen falta y con cuántos contamos para hacer efectiva nuestra autonomía en los hechos ya que el gobierno nos ha traicionado? ¿cómo lo están haciendo algunos pueblos originarios en el resto del país?

Algunos caminos o surcos por los que pasa la autonomía que tiene posibilidades de ser real en la vida cotidiana de las comunidades es la creencia en ella, la fe en ella es necesaria para llegar hasta su corazón franqueando espinas, montañas, víboras, fríos, calores y oscuridades entre muchos otros obstáculos que el gobierno pone frente a nuestro Múuch’ Xíimbal o caminar juntos; algunos le llaman a estas trampas, contrainsurgencia; llegan estos modos colonizadores a las comunidades

como programas asistencialistas, electoreros, partidistas o finalmente como amenazas directas tanto del ejército que gobierna este país como del narcocrimen organizado con quien cogobierna.

Creer en la autonomía es construir una relación amorosa con ella, como esos encuentros cariñosos que tenemos con Yuum Cháak, Yuum iik’ y Yuum K’áax, relación en la que las palabras se concentran en los verbos abrazar, respetar, caminar, animar, celebrar, alimentar, escuchar y crear, entre muchas otras; esta fe no puede ser pasiva, si no es creadora y formadora no es fe, es necesario, es urgente, es irremediable autonomizarse y autodeterminarse si queremos seguir existiendo como pueblo maya; lo dijo un tal Martín Lutero, aquel gran reformador, “a Dios orando y con el mazo dando”. Ese verbo se tiene que hacer carne y sangre para poder mirar su gloria, por eso en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida comunitaria no es tan importante repetir como un rosario la palabra autonomía; lo que es absolutamente necesario es construirla bajo la sombra de la ley o a pesar de ella. Sucede que quienes la pronuncian a cada momento para incrementar su masa electorera son los mismos políticos de derecha o de “izquierda”, que la combaten con su populismo, su folclorismo, su asistencialismo o su militarismo; pero esto no es nuevo, por eso se hizo popular aquella frase de Marx que dice lo siguiente: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diverso modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

Reivindicar la identidad como pueblo maya es otro de los surcos a caminar para llegar al corazón de la autonomía. Esto lo sabe bien el gobierno, por eso dibuja espejismos en nuestro camino para engañar, ¡y vaya que lo ha logrado en gran medida, sobre todo cuando se ha declarado de izquierda y acabado con el neoliberalismo con un decreto presidencial! muchos han caído en la trampa de ser candidatos indígenas a diputados, las famosas cuotas no son más que carnadas de un mal intencionado anzuelo en que muchas bocas, que han gritado autonomía para el pueblo maya, la han mordido. Nosotros creemos que la autonomía pasa por lo que acuerda la comunidad, no por la propuesta del Estado colonizador que carga una enorme red para lanzar sobre el mar de indios permitidos y confundidos como peces en tiempos de marea

roja. La identidad que reivindicamos está anclada en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestras celebraciones, en nuestro trabajo, en nuestra organización, en nuestra asamblea, en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestras hijas e hijos, en nuestra manera de entender y crear nuestro mundo como pueblo maya; ninguna de estas formas de nuestra vida son reconocidas y menos respetadas por el gobierno, más bien son combatidas, son satanizadas y denostadas como acciones de la derecha y del conservadurismo, pero estos señalamientos son derivados de su temor a perder el control colonizador sobre nuestra lengua, nuestro pensamiento y nuestra creatividad, que mira como amenazas a su poder que se sostiene sobre piernas de lodo.

La defensa y control del territorio maya es fundamental para aspirar a la autonomía, es triste e indignante que quienes controlan grandes porciones del país sean el crimen organizado, las grandes empresas que tienen concesiones mineras y de agua apoyados por el gobierno para despojar a los pueblos originarios de su territorio, y ahora el ejército; pero los pueblos originarios no solo no están protegidos por el gobierno como parece decirlo la Constitución sino están siendo despojados de su territorio milenario con megaproyectos desarrollistas neoliberales disfrazados de “bienestar de todos, primero los pobres”, como el tren mal llamado maya. El arrebato de nuestro territorio con base en este proyecto de muerte, que no es un tren sino un reordenamiento territorial diseñado al gusto de los intereses del tío Sam, se implementa con base a engaños instrumentados en los contratos de usufructo por 120 años, por decretos de expropiación, por amenazas del ejército a las comunidades en resistencia y por la ocupación de “facto” del crimen organizado, todos ellos en la misma complicidad para despojar al pueblo maya de su territorio. La violación a la ley no es el deporte favorito solo del crimen organizado sino del mismo presidente que ha dicho literalmente “a mí no me vengan con eso de que la ley es la ley” ¡y vaya que son decenas de decretos de expropiación de tierras mayas que ha hecho, en contra de la misma Constitución!

Nos corresponde a las comunidades mayas tocar con sentido hermenéutico el caracol, recuperarlo de los folcloristas que sirven al gobierno como comparsas turísticas, hacer de su sonido una gran convocatoria maya peninsular, hacer de su sonido palabras de acción encarnadas en la comunidad, hacer de su sonido música para bailar, hacer de su sonido voces firmes como las de Jacinto Kan Ek’ y Cecilio Chi’, hacer de su sonido memoria y memorial, hacer de su sonido rebeldía, autonomía y autodeterminación. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

Justicias comunitarias en Guerrero

12 aniversario de la policía comunitaria. Joaquín Flores

Abigail Sandoval Cuevas Profesora investigadora, Universidad Autónoma de la Ciudad de México José Joaquín Flores Félix Profesor investigador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

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esde su creación (1994-1995), la Policía Comunitaria de la región Costa Montaña del estado de Guerrero, posteriormente llamada CRAC-PC, se construyó sobre la base de una concepción de justicia y legalidad emanada de un principio de justicia que tiene como fundamento la dignificación de la condición humana, concepción tomada de los primeros cristianos. Concepción que, a su vez, fue el motor de la evangelización por parte de un sector de la iglesia católica militante que llegó a tierras de lo que actualmente es América después de la conquista armada.

Esta versión del cristianismo ha tenido lazos de continuidad en la acción preferente por los pobres de la teología de liberación, cuyo papel ha sido protagónico en el resurgimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos en el Estado mexicano de corte neoliberal, durante el último tercio del siglo XX. Los pueblos y comunidades indígenas de otras regiones del país han tenido que seguir los pasos de la CRAC-PC al no obtener respuestas por parte del Estado a sus reclamos de seguridad y justicia para sus miembros y territorios. En la actualidad, ya no causa asombro enterarse que el mapa de los territorios indígenas se va poblando de instituciones compuestas por miembros de las comunidades que ha decidido recurrir a las figuras de su autoridad tradicional

de procuración de justicia interna, poniendo énfasis en la versión humanista de los primeros cristianos con que se generaron, para hacer frente a las acciones desestabilizadoras provenientes de la violencia característica del proceso de realización de las mercancías en el periodo neoliberal del capital. Justicias Comunitarias como el Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua de Valle de Bravo en el Estado de México; La

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Las Rondas Comunales de Cherán en el estado de Michoacán; La Guardia Comunitaria “Los tigres” de Hueyapan en el estado de Morelos, entre muchos otros.

Ahora bien, el capital neoliberal, para lograr sus objetivos de convertir en mercancía todo lo tangible e intangible de nuestra vida cotidiana, ha tenido que destruir los mecanismos de resistencia que los explotados y los demás sectores subalternos de la sociedad habían logrado negociar para procurarse su reproducción social, como los sindicatos, las

12 aniversario de la policía comunitaria. Joaquín Flores

organizaciones gremiales, las organizaciones sociales y productivas de los campesinos, entre otras instituciones. Este fue el caso de las grandes centrales corporativas que sostenían socialmente y legitimaban al Estado benefactor llamado Estado de la Revolución. Organizaciones que también servían a los productores para negociar su sustento y su reproducción como la CTM para los obreros de las ciudades y la CNC para los productores rurales y campesinos Este fue el panorama ideal que se le ofreció a los socios comerciales de los países del norte en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estado Unidos, Canadá y México que entró en vigor el primero de enero de 1994 y a causa del cual los pueblos mayas de la región de las Cañadas de Ocosingo, Chiapas, Organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, decidieron declararle la guerra al Estado mexicano y morir peleando antes de ser arrasados por la vorágine del capital neoliberal.

Posteriormente, los gobiernos de la alternancia, del PAN, y los de un priísmo resueltamente neoliberal, aplanaron el camino para que el país, las personas, la naturaleza y los valores sociales transitaran hacia las relaciones de mercado plenas, con lo cual se cumplió con el objetivo de incluir dentro del inmenso arsenal de las mercancías, no sólo la fuerza de trabajo y las materias primas, sino también todo lo tangible e intangible susceptible de ser comercializado, como la misma condición humana, la dignidad y la vida misma,

que hoy día son mercancías de uso corriente y de muy alta rentabilidad. Son productos para un mercado cuyo método de realización es la violencia criminal; un mercado regulado por el aparato estatal que privilegia y protege las ganancias del gran capital por medio de un andamiaje legal profundamente distante de la justicia y el bien común. Un aparato estatal marcadamente legalista (para garantizar la realización de las mercancías), y, a su vez, acentuadamente policiaco. Durante el periodo neoliberal los cuerpos de policía y los ejércitos han crecido de forma descomunal.

Uno de los obstáculos más significativos para que el capital se realice es la fuerza que los explotados oponen a su insaciable voracidad. Durante el periodo neoliberal dicha fuerza se expresa, principalmente, en la apropiación, por parte de los explotados y los excluidos, de los mismos recursos que el capital ha construido para la venta de las mercancías, fundamentalmente el uso de las leyes que los explotados se apropian y le dan sentido buscando corregir el gran abismo que se ha creado entre las leyes y el valor de la justicia: por lo que al luchar, resistir, movilizarse o negociar, lo que están expresando es poner en tela de juicio los valores mercantiles hegemónicos del neoliberalismo y hacer vigente el valor humano de la justicia con que han logrado su continuidad como colectividades. Buscando el reconocimiento constitucional de su derecho a ser sujeto colectivo de derecho, como pueblo indígena, como pueblo afro, como mujeres, entre una diversidad que se moviliza buscando ese reconocimiento.

Después de la Campaña Continental 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular, que marca el punto de partida de la nueva epopeya política e identitaria de los pueblos indios, con el posicionamiento frente al Estado, la sociedad y la historia hegemónica del levantamiento zapatista de 1994, los pueblos indios, han marcado la ruta para la construcción de una sociedad que sea capaz de reconstruir la relación equitativa de la legalidad y la justicia. Tarea que no ha sido fácil, pero tampoco imposible, porque lo que en un principio fue un sentimiento de injusticia, hoy día se ha convertido en un río de pueblos, de mujeres, de negros, de niños, de jóvenes, de ancianos, de personas con distintas preferencias sexuales, de ambientalistas, de defensores del territorio y de los recursos naturales, de defensores de los animales, del agua, contra los megaproyectos, por las energías limpias.

Un río de una gran diversidad de seres humanos, iguales en su condición de humanidad y diversos desde su cultura, su identidad y sus circunstancias, todos con un objetivo en común: un mundo en donde quepan todos. •

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Entre milicos, paras y narcos.

Lo que han aprendido de los zapatistas Carlos Alberto Ríos Gordillo Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco

1. Cuando las comunidades y los pueblos que conforman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) votaron por la guerra en 1992, lo hicieron como una medida extrema ante la embestida neoliberal de un Estado genocida, que había arreciado la guerra de exterminio contra los parias del sistema-mundo en estas latitudes del planeta tierra: los pueblos indígenas. Después de casi dos lustros de intensa preparación y de un crecimiento exponencial de sus filas, el EZLN, fundado el 18 de noviembre de 1983, acordó levantarse en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los ricos estaban echando fiesta.

Marco jurídico de la rebelión y justificación histórica de la vía armada, esta primera Declaración fue leída en voz alta la noche del 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de Las Casas, cuando cinco cabeceras municipales de Chiapas habían sido tomadas por las tropas insurgentes, lo cual representó un desafío para el Estado mexicano, que movilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contra los “transgresores de la ley”, hasta el día del cese al fuego (el 12 de enero, aunque los combates se prolongaron hasta el 23), cuando el gobierno de Salinas se vio obligado, por la presión de la sociedad civil que llenó el zócalo de la Ciudad de México exigiendo la paz, a iniciar los diálogos de paz con los “profesionales de la violencia”.

2. Con los diálogos de paz, en febrero de 1994, la guerra regular terminó, estableciéndose una tregua que dura hasta la actualidad, pero en medio de la constante militarización y contrainsurgencia. A pesar de los acuerdos, para el Estado mexicano y la SEDENA todavía estaba pendiente la contención al EZLN, las comunidades y los pueblos zapatistas y la red de solidaridad nacional e internacional. Si no era posible erradicarlos, al menos sí era necesario apostar por su contención y desgaste, para evitar el peligro del

contagio, considerando la extraordinaria recepción del zapatismo en todo el mundo. Así, la escuela de la insurgencia planetaria debía convertirse en la escuela de la contrainsurgencia.

Para tal efecto se diseñó una estrategia contrainsurgente de nuevo tipo, tomando como base los manuales de guerra irregular de la SEDENA y las lecciones de la Escuela de las Américas en Fort Gulick, pulidos durante los años de la contención del comunismo internacional y de la ‘guerra sucia’, creando una estrategia de varios tipos y grados de acción, con el objetivo de acorralar al EZLN, encapsular a las bases de apoyo zapatistas y sembrar confusión en la opinión pública para desgastar su hegemonía moral. Si el zapatismo representaba otro mundo, el objetivo era dinamitarlo con toda la creatividad posible y con todos los medios al alcance.

Desde la edificación de cuarteles militares y carreteras alrededor de la “zona de conflicto” (en cuya órbita gira la prostitución, el consumo de drogas, el tráfico de armas), el adiestramiento de grupos paramilitares y guardias blancas (Máscara Roja, Chinchulines, etc.), la inyección de obras públicas millonarias y programas sociales (Pronasol, Progresa, Procampo, etc.), la inteligencia militar para

30 años del levantamiento del EZLN. Wendy Juárez / @wendy_juarez

capturar al alto mando zapatista (la identidad de Marcos), la guerra psicológica disfrazada de propaganda y la toma de control de la opinión pública, todas las acciones obedecen a una tipología, estudiada por Martín Álvarez Fabela: “contrainsurgencia armada, contrainsurgencia política y económica, y contrainsurgencia cultural y de la información”, que desde 1994 han venido operando de manera simultánea, creando un cerco tras otro, uno u otro aislamiento, para exterminar al zapatismo.

3. Andrés Aubry y Angélica Inda escribieron, en este mismo suplemento, pero en 1998, que el paisaje social en la zona de conflicto se había transformado a causa de los paramilitares, adiestrados y protegidos por la SEDENA: crímenes y criminales de guerra, pueblos paramilitarizados, desplazamiento forzado y campamentos de refugiados en las ciudades (San Cristóbal y Ocosingo, sobre todo), reconstrucción y reordenamiento de las tierras por nuevos pobladores, ahí donde antes hubo destrucción y despoblamiento; sustitución de autoridades ejidales, agentes municipales y usos y costumbres, por guardias blancas y grupos de matones que explotan territorios y poblaciones (cobros de impuestos de guerra o multas, a

30 años del levantamiento del EZLN. Wendy Juárez / @wendy_juarez

pagarse en dinero, en especie o con trabajo). “La guerra ha creado también un nuevo paisaje social”, escribieron Andrés y Angélica: “exactamente como la Conquista destruyó la prehispánica para forjar la colonial, o como cualquier país ocupante de un territorio recién conquistado en la guerra lo reorganizó a su manera”. La conf luencia entre pobladores, que al no poder huir debieron quedarse y aceptar las reglas del nuevo ocupante, con quienes sin colaborar también sufrían la imposición, generó un “modus vivendi” entre la sobrevivencia social y la complicidad. A tan sólo cuatro años del levantamiento armado asomaba la vieja tensión entre resistentes y colaboracionistas, expresión de una sociedad “contaminada, desestabilizada, patológica”. Los paras transformaron el paisaje social.

4. Frontera y “último rincón del país”, Chiapas ha sido durante décadas ruta de trasiego de drogas entre Centroamérica y Norteamérica, pero a raíz de la migración forzada de miles de personas oriundas de Centroamérica y el Caribe, la frontera adquirió otro plusvalor: la migración se convirtió en una jugosa mercancía a merced de autoridades aduanales, migratorias, policías de todos los niveles y narcos: el Cartel de Sinaloa y el

de Jalisco Nueva Generación, que hoy se disputan la soberanía de territorios, convertidos en rutas de trasiego; ciudades, rebajadas al nivel de plazas; personas, consideradas mercancías.

La ‘guerra del narco’, decretada en 2006 por otro usurpador, causó violencia brutal, justicia bárbara, desolación de pueblos, desaparición forzada, fosas comunes interminables y más de 50 mil cadáveres sin identificarse. Ahora, su fantasma ronda por Chiapas, mal gobernada por la 4T. Los tiroteos suceden a plena luz del día, en Tuxtla Gutiérrez o en San Cristóbal; los retenes son temidos en la zona Fronteriza; el desplazamiento forzado ocurre normalmente en pueblos indígenas, la desaparición de personas ha aumentado de manera exponencial y el tejido social se pervierte alrededor del territorio zapatista. Aunque lo peor está por venir: Eduardo Ramírez puede ser el próximo gobernador, cuando en Rompeviento TV ha sido señalado por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa.

5. Durante todos estos años los zapatistas han mantenido su palabra del alto al fuego y se han reorganizado, al grado que, de los cinco Caracoles existentes desde 2001, después de 2018 son doce.

Además, después de haber lanzado la advertencia de que Chiapas estaba al borde de una guerra civil, en sus últimos comunicados han expresado la reorganización de la estructura civil interna, a modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra, según sentenciaron. Ante la embestida de la lógica contrainsurgente que los pone en riesgo, aún consideran que milicos, paras y narcos tienen mucho que aprender de ellos: “Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, para que sobrevivan incluso aislados los unos de otros”.

De nuevo, el método zapatista transforma todo a su paso: las enseñanzas que nacen en la escuela de la insurgencia, subvierten, pese a todo, las que se dictan en la escuela de la contrainsurgencia. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

De acuerdo con sus usos y costumbres, en Oxchuc se elige el presidente municipal por alzada de mano. Orsetta Bellani

La resiliencia del municipio de Oxchuc Chiapas, en su proceso de autonomía Gabriel Méndez López Abogado comunitario y activista

E

l proceso del cambio de régimen de gobierno del municipio de Oxchuc, en ejercicio de la autonomía, libre determinación de los pueblos indígenas, se da bajo el contexto de un hartazgo del caciquismo implantado por el sistema partidista, derivado de que una sola familia llegó a gobernar por más de 15 años, monopolizando el gobierno, usando a la administración pública como una empresa, donde todos sus familiares estaban en los espacios públicos importantes, usando y malversando los recursos públicos en beneficio personal y del partido que éstos representaban.

Ante el hartazgo de la sociedad civil, y después de un proceso de reflexión de que los partidos políticos han sido un sistema que ha cambiado ideológicamente la organización comunitaria, sobre todo en los pueblos indígenas, y esto ha traído enemistad, divisionismo, discriminación, racismo, ante las consecuencias que nosotros vivimos, y una vez que detonó el hartazgo social, dentro de este proceso, es que se llegó a una conclusión que en efecto

los partidos políticos llegaron a dividir a la organización comunitaria, han confrontado al núcleo familiar por las diferencias de ideologías. Tan solo en el proceso electoral por el sistema partidista del 2015, llegaron a haber más de 12 partidos políticos, entonces se determinó iniciar un proceso de concientización social, en las 120 comunidades indígenas y los 25 barrios que conforma el municipio de Oxchuc, con el planteamiento de reivindicar nuestros sistemas normativos; reflexionando entre la diferencia de que los partidos políticos dividen y confrontan.

En nuestros sistemas normativos internos propios, prevalece la determinación colectiva, en cambio en el sistema partidista, los que realmente toman las decisiones, son personas externas que dirigen la cúpula partidista, sin que se tomen en cuenta a las comunidades; a diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, en las que prevalece el diálogo y el consenso. Bajo este proceso de reflexión, se determinó por la mayoría de las comunidades y de los barrios que conforman el municipio, trazar

la ruta legal y social para que el ejercicio del derecho a la libre determinación se haga efectivo.

Dentro del proceso para buscar la judicialización del reconocimiento del derecho colectivo, el 11 de noviembre de 2016, presentamos la solicitud formal ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, para solicitar el cambio de régimen de gobierno, presentando elementos como: más de 27 mil firmas, 25 mil credenciales para acreditar la voluntad colectiva de reivindicar nuestros derechos colectivos, demostrando así la expulsión formal de los partidos políticos, y buscando así el reconocimiento de nuestros derechos

colectivos. Si bien es cierto que en las leyes constitucionales y convencionales se reconocen los derechos de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, no así en la práctica en el estado de Chiapas, ahora son ellos quienes han sido obstáculos principales para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Los primeros obstáculos que nos confrontamos, a pesar de nuestros alegatos vertidos y fundados en las leyes sustantivas, donde se reconocen los derechos colectivos, donde se habla de la garantía del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en Chiapas y en México, nos encontramos con que la autoridad administrativa, determinó negarnos este derecho, excusándose que no existen leyes secundarias para que se nos garantice tal solicitud.

Ante este obstáculo, sobre la ignorancia a la interpretación de los preceptos constitucionales y convencionales, mediante una determinación de la asamblea general comunitaria, acudimos a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para buscar la

protección del reconocimiento de nuestros derechos, este mismo reencausó nuestra causa al Tribunal Electoral del estado de Chiapas, y este último determinó revocar el acuerdo del Instituto Electoral Local. Pero dentro de los efectos de la sentencia, es que se realizara un dictamen antropológico y una consulta indígena para determinar el cambio de régimen de gobierno del municipio de Oxchuc. Ante esto, en su momento, consideramos que dicho dictamen también fue un acto de racismo y discriminación ante los pueblos indígenas. Conscientes de que frente a este obstáculo íbamos a salir resilientes, optamos por darle cumplimiento a dicho mandamiento del tribunal.

El desarrollo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue todo un reto, toda vez que, en su momento, la autoridad electoral mandató que CIESAS que fuera quien realizara dicho dictamen antropológico, pero éste determinó cobrar la cantidad de $500,000.00 pesos; y ante la falta de presupuesto para ejecutar el mandamiento judicial, y ante los obstáculos institucionales, así como de los caciques en complicidad con los partidos políticos, crearon grupos armados paramilitares para contrarrestar las actividades sociales en exigencia del cumplimiento de dicha sentencia.

Hechos como lo sucedido el 24 de enero de 2018: un grupo armado paramilitar dirigido por los caciques y los partidos políticos asesinaron a 3 compañeros y más de 20 heridos por armas de fuego. Ante estos hechos y por intervención del Gobierno Federal, se determinó darle seguimiento a lo determinado por la autoridad judicial electoral. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se emitió el dictamen antropológico, acreditando así la existencia de nuestros sistemas normativos internos propios, transcurriendo más de diez meses para su cumplimiento y enfrentando estos obstáculos. Tal determinación es parte del obstáculo del ejercicio pleno de nuestros derechos colectivos del pueblo indígena de Oxchuc, siempre en el camino de la resiliencia ante el proceso de la autonomía política.

La consulta indígena, para nosotros los pueblos indígenas, es

El proceso de autonomía del municipio de Oxchuc, es un proceso que no se ha terminado, sino más bien, el sistema político mexicano, no ha permitido ejercer este derecho, y esto lo hacen a través de actores políticos externos, que son ellos quienes tienen injerencia y buscan cooptar a líderes indígenas internos para implementar el método maquiavélico “divide y vencerás”, pero siguen siendo los mismos actores políticos quienes se empecinan a satanizar nuestros procesos de autonomía.

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17 DE FEBRERO DE 2024

Comunidad Oxchuc.

una praxis constante, por lo que el proceso de la consulta fue solo un acto procedimental, ya que estábamos seguros que la mayoría estaban convencidos ante el hartazgo social del caciquismo que implantó el sistema partidista. En consecuencia a la consulta indígena, se dio como resultado que el 59.18% determinó por el cambio a sistemas normativos internos propios indígenas y el 38.40 % por conservar el régimen de partidos políticos en el municipio de Oxchuc, por lo que en consecuencia, y por mayoría de los habitantes, es decir, que de las 120 comunidades y los 25 barrios consultados, la mayoría determinó expulsar formalmente a los partidos políticos, siendo esto un gran paso importante para nuestros pueblos indígenas de Chiapas y México.

Entonces Oxchuc, siendo el primer municipio indígena tseltal, da un paso importante para el reconocimiento de los derechos colectivos, sin embargo, no quiere decir que sea el único municipio o pueblo indígena que practica sus formas de vida

comunitaria, sino más bien los diversos pueblos indígenas que se encuentran asentados en el estado de Chiapas ejercen sus derechos colectivos de hecho, mas no por derecho.

El reconocimiento de los derechos colectivos en México no se ha dado por gracia de los que están obligados a garantizarlos, sino que es por exigencia de los mismos pueblos, hasta tal grado de encaminar a procesos de judicialización; casos como el estado de Oaxaca, donde de los 570 municipios, 417 de ellos se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, evidentemente con la reforma constitucional

del año de 1996 se reconocieron legalmente los derechos colectivos, es decir, que los 417 municipios eligen a sus autoridades sin la injerencia de los partidos políticos, evidentemente en este estado existió la apertura de los políticos partidistas de ser garantes a la constitución y a los preceptos convencionales; pero no así en el caso del municipio de Cherán, Michoacán; Ayutla de los Libres del estado de Guerrero, y en este caso, nuestro pueblo de Oxchuc, Chiapas, que se tuvo que recurrir a los tribunales para buscar el reconocimiento de nuestros derechos colectivos.

El reconocimiento de los derechos colectivos en México no se ha dado por gracia de los que están obligados a garantizarlos, sino que es por exigencia de los mismos pueblos, hasta tal grado de encaminar a procesos de judicialización.

Elecciones por la vía de los usos y costumbres en el municipio de Oxchuc. SIPAZ

15 El proceso de autonomía del municipio de Oxchuc, es un proceso que no se ha terminado, sino más bien, el sistema político mexicano, no ha permitido ejercer este derecho, y esto lo hacen a través de actores políticos externos, que son ellos quienes tienen injerencia y buscan cooptar a líderes indígenas internos para implementar el método maquiavélico “divide y vencerás”, pero siguen siendo los mismos actores políticos quienes se empecinan a satanizar nuestros procesos de autonomía, queriendo demostrar que nuestros sistemas normativos internos propios no sirven, o que los indios no saben gobernarse, pero más bien, usan el método de satanizar nuestros procesos para así hacer quedar mal nuestros usos y costumbres y querer hacer prevalecer que el sistema político mexicano que es el de los partidos políticos, deben de estar en todos los rincones del país. Ante la falta o la ignorancia de que nuestro país es un país pluricultural y plurinacional, con gran diversidad cultural y política, donde cada pueblo tiene su propia forma de organización comunitaria.

Mientras tengamos políticos que tengan poca capacidad de entender lo que es la autonomía, siempre vamos a seguir siendo sujetos de satanización.

El ejercicio de la autonomía no es lacerar la soberanía nacional, es la capacidad colectiva que tienen los pueblos para autodeterminarse, la toma de decisiones en su territorio, tanto en lo político, social, cultural y económico.

De esta reivindicación de los derechos colectivos del municipio de Oxchuc, han transcurrido ocho años, pero en el año de 2020, en la segunda elección bajo el método de nuestros sistemas normativos internos propios, un grupo armado paramilitar irrumpió la asamblea general comunitaria, y así fracturarla; posteriormente este grupo de personas, organizados por actores políticos partidistas internos y externos fueron legitimizados por el gobierno del estado de Chiapas, dejándolos como gobierno bajo la figura del Concejo Municipal, atentando y violentando nuestras propias normas de elecciones.

Actualmente se tiene a un gobierno instaurado mediante las armas, solapadas por el gobierno del estado; aun ante las controversias que se tiene ante los tribunales y que éstos han mandatado la reposición de las elecciones, simplemente no hay autoridad que le importe darle cumplimiento. Evidentemente el Estado mexicano no es garante de los derechos constitucionales, menos con los pueblos indígenas. •

Suplemento informativo de La Jornada 17 de febrero de 2024 Número 197 • Año XVI COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Enrique Pérez S. Sofía Irene Medellín Urquiaga Milton Gabriel Hernández García Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.

Publicidad publicidad@jornada.com.mx Diseño Hernán García Crespo La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702.

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OPINIONES, COMENTARIOS Y DUDAS

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Imagen de portada: Lenny Saturno

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Mujeres Originarias y Concejos de Gobierno: posibilidades del autogobierno en Ciudad de México Fernando Vargas Olvera CIESAS-Unidad CDMX/ Justicias y Pueblos Indígenas-FLAD

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a movilización social y legal de los pueblos originarios de la Ciudad de México (CDMX) ha cambiado sustancialmente. Desde 1996, cuando los pueblos originarios del sur reconocieron y ratificaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, y se adscribieron como originarios, largo trecho ha acontecido en su lucha por el reconocimiento y por su territorio. Algunos grupos se oficializaron, mientras otros continuaron trabajando desde la base; desde lo común de los pueblos. La semilla de los activismos de base y comunitarios ha vuelto a renacer, 20 años después. Desde 2016 a la fecha, los pueblos originarios han fraguado nuevas estrategias para defender su territorio, como lo es la recuperación de sus gobiernos locales, usualmente de naturaleza unipersonal (subdelegaciones, coordinaciones territoriales) y aliadas a las agendas gubernamentales y político-partidistas, para volverlos gobiernos comunitarios, o comunales. Ya sea mediante la judicialización o bien en la formación de modelos asamblearios de toma de decisiones, los pueblos originarios han gestado diversas formas de gobiernos colectivos, en forma de Concejos de gobierno, Concejos del pueblo, Coordinaciones territoriales comunitarias, Asambleas comunitarias y ciudadanas, entre otras. Lo que he identificado como “gobiernos comunales”, son las formas en cómo los pueblos originarios modelan -desde la organización comunitaria- órganos de gestión y control de los servicios públicos, de conciliación, impartición de justicia y de representación

Ponencia de Marcela Alvarado en CICADA. Morelia, Michoacán. Fernando Vargas

ante las instancias gubernamentales. Pero, si pudiésemos comprender un ejercicio del “autogobierno” en la CDMX, este debe partir desde una meta política encaminada al ejercicio real de la libre determinación; es decir, que los pueblos originarios puedan ejercer actos de gobierno propio sobre sus territorios, principalmente aquellos que experimentan una continua amenaza de despojo y urbanización inmobiliaria.

Los Concejos de Gobierno constituyen órganos de gobierno (porque hay consejos, con “s” que son organismos estatales de participación ciudadana) que han surgido -en su mayoría- de procesos judiciales electorales que posibilitaron la sustitución de métodos de elección locales, así como las autoridades de representación gubernamental de los pueblos, por órganos de gobierno colegiados. Estos Concejos de Gobierno tienen por objetivo continuar con las gestiones y políticas

públicas frente al gobierno de la CDMX; es decir, no plantean una ruptura ni autarquía con respecto a las alcaldías de pertenencia de los pueblos, o del gobierno central. Al interior de sus pueblos, los concejos de gobierno han posibilitado un reordenamiento en la estructura de autoridades tradicionales y han impulsado agendas de trabajo coordinado.

Luchan continuamente por su reconocimiento y validación frente a las alcaldías y el gobierno de la CDMX, como autoridades tradicionales -sí- pero en un rango de gobierno y no como un mero enlace, o gestor de servicios públicos, o como representación tradicional sin una personalidad de gobierno.

También disputan su reconoci-

miento desde una agenda política donde buscan hacer válidos los derechos de la Constitución Política de la CDMX, y llevarlos a una aplicación real.

Una aclaración fundamental es que la composición de los concejos de gobierno respeta el principio de paridad de género, al tener concejalías compuestas por mujeres y hombres originarios. Sin embargo, en el ejercicio real, las mujeres originarias componen mayormente los Concejos y los han mantenido, frente a los procesos de reordenamiento de autoridades al interior de los pueblos, en sus luchas por el reconocimiento de los concejos, en las acciones de defensa de sus territorios comunales, ejidales y urbanos, y frente a los continuos ataques y desconocimientos por personajes gubernamentales y político-partidistas. Quiero caracterizar esta aclaración con tres experiencias de autogobierno, ejercidas por mujeres concejales originarias.

Marcela Alvarado Santillán fue parte del primer Concejo de Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec, 2018-2022. Este fue el primer Concejo formado en la CDMX (2018). Fue electa como concejal, con base en la propuesta del grupo de vecinos organizados, quienes lucharon intensamente contra la construcción de un Centro de Verificación Vehicular (Verificentro) en la entrada principal del pueblo. Como concejal, Marcela estuvo encargada de diversas comisiones, principalmente en la comisión de enlace con las

Desde 1996, cuando los pueblos originarios del sur reconocieron y ratificaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, y se adscribieron como originarios, largo trecho ha acontecido en su lucha por el reconocimiento y por su territorio. Algunos grupos se oficializaron, mientras otros continuaron trabajando desde la base; desde lo común de los pueblos.

Silvia Cabello en un reconocimiento de plantas medicinales. Fernando Vargas

colonias. Marcela ejerció un trabajo incansable y comprometido con las 37 colonias que componen al pueblo, donde habitan la mayoría de los pobladores conocidos como avecindados. Como resultado de este trabajo, Marcela fue parte de la movilización que pudo detener la construcción de un pozo de agua que estaba destinado, exclusivamente, a un desarrollo habitacional que se construyó en la colonia de La Palma, de alrededor de 160 viviendas. Al ser una obra que no beneficiaría al pueblo, el Concejo de Gobierno tomó la decisión de parar esta obra, así como entablar amparos y denuncias por otras construcciones de vivienda social que no habían sido consultadas a la asamblea comunitaria. En este sentido, el trabajo de Marcela Alvarado frente a los desarrollos de vivienda social es una forma de conocer el trabajo del concejo de gobierno sobre los asuntos que afectan el territorio de Totoltepec, y principalmente el despojo de sus recursos hídricos.

Durante el 2021, Marcela ha incidido y colaborado en los trabajos en favor del territorio, principalmente en la juridificación del gobierno comunal en San Andrés Totoltepec, es decir, en la elaboración del Estatuto de Gobierno.

Junto con Maximiliano Álvarez Pérez, Marcela coordinó la mesa temática del territorio, que tenía por objetivo reunir a diversas familias originarias para que pudieran relatar testimonios, historias y demandas sobre el territorio que pudieran llevarse a la elaboración de los títulos, capítulos y artículos que componen al actual Estatuto de Gobierno de Totoltepec. Actualmente, Marcela Alvarado se encuentra estudiando la licenciatura en derecho, motivada por su trabajo político y jurídico como concejal. Además, Marcela es la secretaria de los Bienes Comunales de los Naturales de San Andrés Totoltepec y colabora en los procesos de formación de “la carpeta básica”, para regular los bienes comunales del pueblo, y que la representación deje de ser “de hecho”, para convertirse en una comunidad “de derecho”.

Silvia Cabello Molina es parte del Concejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Este fue el segundo Concejo de Gobierno constituido en la Capital (2019), meses después de constituido el de Totoltepec.

Silvia es profesora jubilada, con un amplio prestigio por su trabajo en diversas escuelas de educación primaria en Xochimilco. Desde joven, Silvia tuvo un gran interés por la participación política, en favor de su pueblo. En las filas político-partidistas, Silvia formó parte de las juventudes revolucionarias del PRI. De acuerdo con lo relatado por Silvia, la participación político-partidista era uno de los pocos canales de participación que podía acceder, principalmente una mujer, frente a otros espacios

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Jaqueline Martínez y el Concejo en la explanada de San Pedro Cuajimalpa. Fernando Vargas

comunitarios y cívico-religiosos del pueblo donde las mujeres no podían ser partícipes de la toma de decisiones.

A partir del 2015, las reglas de acceso a cargos cívico-religiosos, exclusivamente a hombres, cambió. Silvia Cabello fue la primera mujer en acceder a un cargo en la comisión de festejos de San Luis Tlaxialtemalco. Como tesorera de la comisión, Silvia pudo regularizar la circulación y recaudación de las cooperaciones monetarias. También pudo impulsar el acceso de otras mujeres originarias para que participaran como comisionadas de festejos. Desde la formación del Concejo Autónomo de Gobierno, el trabajo de Silvia Cabello ha sido fundamental para la participación de las mujeres originarias como autoridades; el Concejo ha acompañado la formación de un conjunto de comités en el pueblo (del agua, del panteón, de salud, de lavaderos) que han trabajado de

forma coordinada con el concejo, así como con la comisión de festejos, lo que produjo un reordenamiento de las autoridades tradicionales. El agua ha sido una de las principales agendas del concejo de gobierno, tarea que ha vinculado a las mujeres concejales con el comité del agua, también formado por mujeres del pueblo. Finalmente, en octubre de 2022, Silvia Cabello, Santa Galicia e Isabel Flores -mujeres concejales- junto con otras mujeres de los comités del agua, del panteón y de salud organizaron las asambleas para renovar al Concejo de Gobierno. En dichas asambleas experimentaron un conjunto de actos de violencia política, ejercidos por funcionarios de la delegación de Xochimilco, simpatizantes del partido de MORENA y habitantes de los barrios del cerro del pueblo. El objetivo de estos opositores ha sido el de deslegitimar el trabajo del Concejo de Gobierno,

y tratar de regresar el gobierno a la figura unipersonal del Coordinador Territorial, y a la sujeción política por parte de la Alcaldía.

Norma Jaqueline Martínez Palacios es concejal del Concejo del pueblo originario e indígena de San Pedro Cuajimalpa.

Jaqueline estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la UNAM. La labor comunitaria y en favor de los pueblos, comenta Jaqueline, lo aprendió de sus padres; de ellos conoció la comunalidad, “apoyando a familiares y vecinos, en las fiestas patronales.” A la par de su formación profesional, Jacqueline ha impulsado un conjunto de acciones en favor de las infancias del pueblo, así como en la rehabilitación de la biblioteca de la escuela primaria Kalpilli del turno matutino.

El Concejo del pueblo originario e indígena de San Pedro Cuajimalpa fue constituido el 23 de abril de 2023. La motiva-

Desde 2016 a la fecha, los pueblos originarios han fraguado nuevas estrategias para defender su territorio, como lo es la recuperación de sus gobiernos locales, usualmente de naturaleza unipersonal (subdelegaciones, coordinaciones territoriales) y aliadas a las agendas gubernamentales y político-partidistas, para volverlos gobiernos comunitarios, o comunales. Ya sea mediante la judicialización o bien en la formación de modelos asamblearios de toma de decisiones, los pueblos originarios han gestado diversas formas de gobiernos colectivos, en forma de Concejos de gobierno, Concejos del pueblo, Coordinaciones territoriales comunitarias, Asambleas comunitarias y ciudadanas, entre otras.

17 ción del pueblo de Cuajimalpa para que se formara este Concejo fue que previamente existía uno, aliado a la alcaldía, y que tenía por objetivo la inscripción de los presupuestos participativos, pero bajo las agendas de servicios públicos de la alcaldía, y no por voluntad del pueblo.

Ante estas alianzas gubernamentales, los originarios de San Pedro Cuajimalpa constituyeron un Concejo propio, que pudiera retomar los proyectos del presupuesto participativo a favor del pueblo, y no a intereses de la alcaldía. A diferencia de los concejos de Totoltepec y Tlaxialtemalco, el de San Pedro Cuajimalpa no surgió por un proceso judicial, sino que fue resultado de un impulso político y comunitario por apropiarse de los proyectos del presupuesto participativo de su pueblo.

Otra importante movilización que ha realizado este Concejo ha sido el de denunciar las construcciones inmobiliarias.

En diversos medios de comunicación Jaqueline Martínez ha denunciado que las inmobiliarias que impulsan diversos desarrollos habitacionales han cambiado los nombres de las calles del pueblo, sin previa consulta. Y de la misma manera que la experiencia del pueblo de Xoco en la alcaldía Benito Juárez, los pobladores de San Pedro Cuajimalpa han sufrido la tala de un conjunto de árboles “emblemáticos” que estaban en la explanada de la alcaldía de Cuajimalpa, sin consultar al pueblo ni al Concejo.

Jaqueline Martínez se involucró en el proceso de formación de Concejo, por su interés en participar en el presupuesto participativo 2023-2024 en su pueblo. Posteriormente, gracias a su colaboración con el pueblo y a su trabajo organizativo, coincidió con el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios del Anáhuac, donde conoció las otras experiencias de los concejos de gobierno. Después de este encuentro, Jaqueline y otros compañeros originarios empezaron a reunirse, para conformarlo, y poder disputar los presupuestos participativos con más fuerza. Jaqueline comenta que uno de los grandes retos para las mujeres originarias ha sido el pelear por un espacio donde su voz sea respetada como una voz de gobierno. No obstante, su principal motivación es su familia y sus hijos: “Mis hijos saben lo importante que es para mí defender nuestro territorio, saben lo importante que es dedicarme a hacer algo que me gusta, que sé que es lo correcto y quisiera transmitirles también ese compromiso a futuro que ellos tendrán con su Pueblo, ese amor por defender su territorio.” •

AGENDA RURAL

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Marcha frente al Congreso de la Unión, el 4 de octubre de 2022. Ramón Ramsés

Texcadhó también existe.

Lucha por el autogobierno comunitario en Hidalgo Ramón Hernández Castillo FFyL-UNAM

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uego de dos consultas fallidas y a casi una década de la reforma a la fracción III, apartado A, Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la armonización legislativa correspondiente y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, sigue pendiente y a merced de los caprichos políticos de distintos actores sociales y gubernamentales.

La consulta indígena de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Decreto 203, que reformaba el Código Electoral

del Estado de Hidalgo. Diez días más tarde, el 19 de septiembre, se publicó el Decreto 204, que reformaba el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Ambos decretos daban cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral local en la sentencia TEEH-JDC-056/2018, en relación a la reforma del 22 de mayo de 2015 a la fracción III, apartado A, Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la CNDH y el partido local Más por Hidalgo se inconformaron con la forma en que se llevó a cabo esta armonización legislativa a favor de los derechos de los pueblos y co-

Encuentro nacional de autogobiernos comunitarios IKARANI 2023.

munidades indígenas de la entidad y promovieron sendas demandas de Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto 203 y el Decreto 204, que fueron revocados por la Corte el 5 de diciembre de 2019 y el 12 de marzo de 2020 respectivamente. El reclamo de la CNDH y del partido local Más por Hidalgo, fue que la consulta indígena que el Tribunal Electoral le ordenó realizar al Congreso local el 17 de junio de 2019 (ST-JDC-76/2019), resultaba violatoria de los derechos indígenas, pues no había cumplido con los estándares del Convenio 169 de la OIT. La Corte les dio la razón y ordenó que se repusiera la consulta.

Debido a la contingencia sanitaria que se presentó en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19, la reposición de la consulta que había ordenado la SCJN desde el 5 de diciembre de 2019, se había pospuesto. Y no fue sino hasta el mes de abril de 2022 cuando el Congreso del Estado de Hidalgo inició los trabajos preliminares de la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicanas del Estado de Hidalgo 2022. Es en este momento cuando irrumpe un actor que no había estado presente en la consulta de 2019: la comunidad indígena de Texcadhó.

La consulta indígena de 2022 Texcadhó es una comunidad ñähñu/otomí del alto Valle del Mezquital del estado de Hidalgo que se localiza al sur del municipio de Nicolás Flores, en los límites con el municipio de Ixmiquilpan. Esta comunidad,

de no más de cuatrocientos habitantes, había iniciado su lucha por el presupuesto directo el 20 de marzo de 2021, cuando su delegado municipal acudió a una audiencia con la alcaldesa de Nicolás Flores para hacerle entrega de una particular solicitud. A diferencia de ocasiones anteriores, la comunidad no pedía obra pública ni subvención alguna; esta vez solicitaba “el ejercicio directo proporcional” del recurso que les corresponde del techo financiero asignado al municipio. Aunque en ese momento nada se sabía en Texcadhó del camino andado por las comunidades indígenas de Michoacán, lo cierto es que esta comunidad otomí había iniciado una lucha por el autogobierno comunitario que llegó a los tribunales el 30 de junio de ese año.

La demanda de juicio ciudadano fue radicada el 1 de julio con el número de expediente TEEHJDC-117/2021. Un mes más tarde, el 29 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo se declara incompetente para resolver la controversia planteada. Sin embargo, el TEEH no desecha la demanda y da vista al Congreso local “para que, conforme a sus atribuciones, determine cuál es la autoridad competente

para conocer de la controversia, o en su caso, sea una comisión del Congreso quien decida el destino del asunto”.

Por eso, cuando el Congreso local inició los trabajos preliminares de la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicanas del Estado de Hidalgo 2022, la comunidad de Texcadhó vio la oportunidad de encausar su lucha por la vía jurídica. Y es un logro de la comunidad de Texcadhó que el derecho de las comunidades indígenas a la transferencia directa de recursos se haya incluido en el temario de la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicanas del Estado de Hidalgo 2022, cuya fase consultiva se desarrolló del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

Una parte de los resultados de esta Consulta se vio reflejada en el Decreto 576, que fue aprobado el 18 de agosto de 2023. El Decreto 576, que reforma el Código Electoral del Estado de Hidalgo y reconoce expresamente el derecho de las comunidades indígenas a la transferencia y la administración directa de recursos públicos, fue publicado en el POEH el 22 de agosto y entró en vigor al día siguiente.

Pero la CNDH y cuatro partidos políticos (PAN, MC, PRI y PVEM) se volvieron a inconformar y acumularon cinco demandas de Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto 576, que fue revocado por la Corte el 7 de diciembre de 2023. El reclamo los partidos políticos y de la CNDH es el mismo: que la consulta indígena no cumplió con los lineamientos del Convenio 169 de la OIT. Esta vez, la Corte ordena al Congreso local reponer las tres últimas fases de la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicanas del Estado de Hidalgo 2022.

Mientras tanto, el autogobierno comunitario en Hidalgo tendrá que esperar. Y es que el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, se ha convertido en una auténtica piedra de Sísifo en todas las entidades federativas del país. •

Texcadhó es una comunidad ñähñu/otomí del alto Valle del Mezquital del estado de Hidalgo que se localiza al sur del municipio de Nicolás Flores, en los límites con el municipio de Ixmiquilpan. Esta comunidad, de no más de cuatrocientos habitantes, había iniciado su lucha por “el ejercicio directo proporcional” del recurso que les corresponde del techo financiero asignado al municipio.

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La designación de autoridades municipales por usos y costumbres, como otro camino hacia la autonomía en Guerrero I. Maribel Nicasio González Universidad Autónoma de Guerrero

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a apuesta por los procesos comunitarios entre los pueblos originarios en Guerrero no es nueva, data de la década de los años 80 con la incorporación de jóvenes pertenecientes a los pueblo na savi y m’ephaa, en las primeras organizaciones sociales, como el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), con reivindicaciones propias como indígenas y no como campesinos; luego en 1990, en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500ANRI), como parte de la organización continental por la conmemoración de V centenario del encuentro de tres mundos; y en 1995, con la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para procurarse seguridad y justicia ante el amago de delincuentes y autoridades judiciales. La CRAC-PC surgió, sin proponérselo, como uno de los principales procesos autonómicos en Guerrero y el país.

Con el tiempo y el cambio de siglo, los intereses giraron hacia la lucha por los espacios de autoridad municipal y de participación en los partidos políticos, como una forma de intervenir en la toma de decisiones en lo que atañe a los pueblos originarios. Sin embargo, queda claro que, para los partidos, las necesidades de la ciudadanía indígena no son importantes, sino meramente utilitarias cuando aseguran votos. Es por eso que en 2012 surgió el interés de designar autoridades municipales por “usos y costumbres” en comunidades de 18 municipios de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro de Guerrero (SUPJDC-1740/2012), solicitud que se presentó ante la institución electoral local, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), a través de la naciente Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). A partir de esta experiencia inicial, quedó claro que la lucha sería a base de demandas y contrademandas, de iniciar en las instancias estatales y tener que trascender a las federales, para que éstas instruyan a las estatales qué y cómo hacer. El corolario es que en el siglo XXI, la lucha por la autonomía y la libre determinación se da en el ámbito de los tribunales, y los triunfos son a base de sentencias judiciales.

Dicha solicitud fue la señal de alerta para los partidos e institu-

ciones electorales locales -instituto y tribunal- de que los pueblos estaban tras la reivindicación de derechos político-electorales.

Los partidos tuvieron la tarea de retrasar lo más posible el ejercicio de esta posibilidad, echando mano de argucias, procedimientos judiciales y normativos, porque permitirlo significaba que otros municipios siguieran el ejemplo, como efectivamente sucedió.

San Luis Acatlán fue el primer municipio que transitó el procedimiento para intentar designar autoridades por usos y costumbres, atendiendo los lineamientos que el IEEG creó, como la realización de un peritaje antropológico para verificar si existen prácticas como pueblo indígena en la designación de autoridades, luego llevar a cabo una consulta entre la ciudadanía para establecer si está interesada en cambiar el procedimiento para definir autoridades. Y aunque en San Luis Acatlán no se logró designar a autoridades municipales de esta manera, por las estrata-

gemas de los partidos al echar a andar el sistema electoral partidista para hacer contra campaña ante la propuesta de “usos y costumbres”, comprando votos de la ciudadanía para pronunciarse en contra, en la consulta; confundir a la ciudadanía, al sostener que se perderían los programas sociales en caso de que se hicieran a un lado a los partidos políticos; usar una estrategia de discriminación y racismo, al asegurar que sería un retroceso político de 500 años que los “indios” gobernaran el municipio; y enfrentar a la población mestiza contra la indígena.

Mientras en la instancia electoral los partidos y algunas autoridades actuaban de común acuerdo para dilatar el avance de las solicitudes ciudadanas. Pero la experiencia jurídica adquirida por parte de los demandantes, de la ciudadanía indígena y de un joven abogado comunitario na savi, fue la ganancia de esta experiencia sanluiseña, donde quedó clara que la nueva arena de lucha es la judicial.

A partir de la solicitud de San Luis Acatlán, le siguió el mu-

San Cristóbal, municipio de Tlacoachistlahuaca. Una de las asambleas regionales de los cinco nuevos municipios. Maribel Nicasio González

nicipio vecino de Ayutla de los Libres en 2014, que también fue solicitante en 2012 (SDFJDC-545/2015), donde la organización comunitaria de la CRAC-PC y la UPOEG fueron el pilar para que la ciudadanía indígena discutiera y acordara las posibilidades de cambio de rumbo en el desarrollo municipal. Las estrategias partidistas se volvieron a activar, sin embargo, en esta ocasión el sí a los usos y costumbres ganó en 2018. La libre determinación de los pueblos sentó un precedente en Guerrero que no tiene marcha atrás, y que es replicado en distintas formas. Así es como el municipio vecino de Tecoanapa, mayoritariamente mestizo, en 2017 siguió el mismo recorrido de solicitar la designación de autoridades por usos y costumbres (SCM-JDC-147/2019), sistema normativo propio dicen las instituciones electorales. Y aunque por las dilaciones de la institución electoral, el trabajo de los partidos contra la consulta y la intervención de las autoridades municipales coaccionando a las autoridades comunitarias, el resultado de la consulta fue en contra de los usos y costumbres, el municipio se reconoció como “equiparable a comunidad indígena”, por sus antecedentes como pueblo yope, lo que crea condiciones para que puedan intentarlo otra vez.

La región de la Costa Chica es donde hay más interés en replicar a Ayutla, pues a pesar de la campaña en contra de sus logros, y de los problemas administrativos con el gobierno estatal, que se niega a reconocer y a realizar las adecuaciones administrativas para que los

Huehuetán, municipio de Azoyú. Última asamblea regional por la creación de los cinco nuevos municipios. Maribel Nicasio González

recursos fluyan; ha quedado claro que la administración hecha por los pueblos permite que todas las comunidades accedan a obras y recursos económicos, como nunca había sucedido cuando la elección de autoridades municipales se hacía a través de los partidos. Es así como cinco grupos gestores de nuevos municipios, conformados por comunidades grandes, indígenas y afromexicanas, que han invitado a comunidades vecinas marginadas del mismo municipio y municipios vecinos, se encontraron en el camino y se agruparon para entregar al congreso del estado una petición de creación de nuevos municipios con sistema normativo propio, el 21 de octubre de 2022. Las comunidades promoventes son Chimalapa, que forma parte del municipio de Igualapa, y comunidades de los municipios de Cochoapa El Grande y Tlacoachistlahuaca, con población na savi; San Cristóbal y comunidades vecinas también de municipio de Tlacoachistlahuaca, con población na savi; Huixtepec y comunidades vecinas del municipio de Ometepec; Pueblo Hidalgo y comunidades vecinas, del municipio de Malinaltepec, con población me’phaa; y Huehuetán con comunidades vecinas, del municipio de Azoyú, con población afromexicana. La particularidad de su petición es que, al momento de ser creados los nuevos municipios, nazcan al margen del sistema de partidos, para que sea la ciudadanía indígena quien se responsabilice de la administración de sus recursos y tome en sus manos el poder municipal.

Esta solicitud está apoyada jurídicamente por el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan, que ha encontrado obstáculos de parte del Congreso, dilatando lo más posible una respuesta, para evitar que el caso trascienda a otra instancia judicial.

El interés de quienes buscan otras formas de gobierno municipal, en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, es ejercer su autoridad como pueblos y de manera colectiva, administrar sus recursos de forma transparente y adecuada, definir obras a través de la asamblea y de acuerdo a sus necesidades; ser tomados en cuenta como ciudadanía con identidad propia, indígena o afromexicana; tener representación ante las instancias de autoridad, con voz y voto; cuidar la inclusión respecto del género, la edad, conocimientos y experiencia; hacer rotativos los cargos para formar a la ciudadanía, entre los aspectos más sentidos.

Aspiraciones viejas entre los pueblos, compartidas con gente de otras latitudes, por las que se ha luchado, dejando a compañeras y compañeros en el camino, que han dado su vida, intentando ejercer el “mandar obedeciendo”, “porque otro mundo es posible”, en comunión con los ideales zapatistas, con los que se encuentran, porque las luchas por la autonomía siguen siendo las mismas. •

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Los Katunes de la resistencia en San Andrés Larráinzar: reconstituciones en su propia ontoepistemología Araceli Burguete Cal y Mayor Ciesas Sureste

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l número uno de la Revista Chiapas, que comenzó su publicación en 1995, en una coedición entre la editorial ERA y el Instituto de Investigaciones Económicas, publicó un texto del reconocido historiador Antonio García de León, que recoge las memorias del Primer Congreso Indígena, celebrado del 12 al 15 de octubre de 1974, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Conecta esas memorias con el acontecimiento del primero de enero de 1994, cuando irrumpe una rebelión indígena en el estado; evento que interpreta como una “vuelta del Katún”. El Katún es una medición de tiempo en la antigua cronosofía de los mayas, que contabiliza ciclos de veinte años. Para el autor, la rebelión armada daba cuenta de un Katún de maduración, de un ciclo de la organización social y política de los pueblos indígenas de Chiapas, que se había reunido en San Cristóbal de Las Casas, diez años atrás.

Pensar la historia de las luchas de resistencia de los pueblos indígenas de Chiapas, en particular la desplegada en regiones articuladas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), usando la medición de los katunes, es una estrategia metodológica provechosa, ya que permite dar cuenta de las coyunturas, pero también de las raíces ontoepistémicas que las anudan. El concepto de ontoepistemología da cuenta de entramados de organización, como herencias de larga duración que se van tejiendo; pero que al mismo tiempo se materializan en la actualidad del saber de esos pueblos. La ontoepistemología, como recurso metodológico, es valioso porque permite hacer visibles las formas como se estructura y permanece el gobierno indígena, en sus formas contemporáneas.

Los debates preparatorios al Congreso Indígena de 1974 fueron intensos. La recuperación de los territorios comunales que estaban en manos de finqueros mestizos (ladinos o kaxlanes), estaba en el centro de la preocupación de los pueblos participantes; tal era el caso de los comuneros del municipio de Larráinzar. En esos años, agotados por gestiones infructuosas ante las autoridades agrarias, decidieron pasar a los hechos. Alarmados, los finqueros se armaron para defender su propiedad. En un momento de contacto entre

ambos grupos, el 15 de mayo de 1974, ocurrió un enfrentamiento en la finca Pamal vits; perdiendo la vida padre e hijo, propietarios de la finca; así como un comunero.

Aterrorizadas, las familias ladinas abandonaron sus ranchos y sus viviendas. Pese a la presencia militar que los intimidaba, el retorno kaxlan ya no fue posible. Ante esta situación, el gobierno del estado procedió a realizar un reparto de los lotes urbanos entre los comuneros, y sin presencia ladina. Esta fue la primera reconquista; meses después fue la tierra.

Pese a ello, las condiciones de desigualdad, pobreza, desnutrición y exclusión persistían en el territorio municipal. Al paso de los años, el sistema político de su propio sistema de autoridades se había corrompido. Ya no era suficiente el autogobierno propio que habían conquistado. Las autoridades propias, la mayoría de ellos profesores del sistema educativo bilingüe, habían acumulado tierra y ejercían el coyotaje depredador. El sistema se sostenía con vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Modificar este orden de cosas requería esfuerzos mayores; por lo que decidieron sumarse a la organización armada que se gestaba.

Hubo noticias que desde los años ochenta, grupos de jóvenes, hombres y mujeres, recorrían las comunidades en procesos organizativos y entrenamientos armados en las montañas. Al paso de los años, se supo que la célebre Comandanta Ramona, y el Comandante David, originarios de este municipio, fueron actores relevantes en estas de-

Dignidad rebelde, San Cristóbal de las Casas, 1996. Carlos Martínez Suárez

cisiones y procesos organizativos.

Al cumplir su primer Katún, comunidades del municipio de Larráinzar se incorporaron de manera masiva como integrantes del EZLN; como combatientes y como bases de apoyo. Todavía está viva en la memoria de los habitantes de ese lugar, que el 31 de diciembre numerosos vehículos repletos de personas armadas cruzaron la

Me marthomas (mayordomas), Santa Martha, Magdalenas y San Andrés, templo Magdalenas. Larráinzar, Chiapas, 1998.

cabecera municipal, rumbo a San Cristóbal. Su misión era la captura de esa ciudad y de la presidencia municipal, como símbolo del poder del Estado. Al frente de esta gesta armada, iba la Mayor Ana María; mujer tsotsil, que alcanzó el rango militar más alto en su área.

El segundo Katún de la resistencia en Larráinzar, hizo parte orgánica de los otros katunes del EZLN. En este proceso, fue renombrada como San Andrés Sakam Ch’en de los pobres, en la nueva geografía rebelde zapatista.

Simultáneamente, en la cabecera se instaló la primera mesa de negociación entre representantes del gobierno federal y del estado, y el EZLN, como parte del diálogo hacia el proceso de paz. Esta primera mesa concluyó con la firma del documento “Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena” (febrero, 1996).

San Andrés Larráinzar es uno de los municipios pioneros en la reorganización del gobierno indígena, tejiendo desde sus ontoepistemologías; creando, a partir de allí sus propias instituciones autónomas, en un proceso de permanente reconstitución. El análisis de los procesos organizativos y de resistencia en Larráinzar, dan cuenta de la organicidad con la agenda

del EZLN, y de la suya propia. En el año 1995, instauraron sus propias instituciones de autogobierno en rebeldía, en distintas escalas de autogobierno civil, articulados con los espacios de control militar zapatista. Por un lado, en el mes de octubre, se estableció el “Aguascalientes II”, en la comunidad de Oventik, ampliando estas estructuras de control territorial del ejército rebelde. En este mismo mes, en el ámbito del autogobierno civil, instituyó un Municipio Rebelde, con su propia infraestructura municipal. Esta fue una respuesta en contra del gobierno del estado, que intervino la elección municipal, favoreciendo al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tomaron los edificios, establecieron su propio ayuntamiento en rebeldía.

Unos meses después, el primero de enero de 1996, el EZLN emitió la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, que marcó una ruptura con los partidos políticos y con el Estado; desplegando, al mismo tiempo, procesos de autonomías territoriales, multiescalar, declarando ejercicios de facto en los territorios zapatistas, para hacer realidad lo comprometido en los Acuerdos de San Andrés. A la mitad del nuevo Katún, en la primera década del siglo XXI, el EZLN anunció una reestructuración, dirigida a modificar la relación entre la estructura militar y las bases civiles. Para tales propósitos, los Aguascalientes se renombraron “Caracoles”; en el caso del Aguascalientes de Oventik, pasó a llamarse “Caracol Resistencia y rebeldía por la humanidad”. De forma simultánea, al entregar el poder a las bases civiles, se crearon las Juntas de Buen Gobierno (JBG), integradas por los Municipios Rebeldes Autónomos Zapatistas (MAREZ), de su área de coordinación, en una organización multiescalar: comunidad-municipio-región. El de Oventik fue nombrado “JBG Altos de Chiapas Corazón Céntrico de los Zapatistas, delante del mundo”.

Así las cosas, es previsible que al comenzar la segunda mitad del siglo XXI, ya entrado en su segundo katún de resistencias, San Andrés asista a un reacomodo, ajustándose a la lógica de la nueva estructura del “Gobierno Autónomo Local (GAL)”, anunciada en noviembre de 2023.

Esta nueva propuesta no pone en riesgo al EZLN, ya que la renovación coloca el énfasis en sus bases civiles, en donde la ontoepistemología del gobierno indígena multiescalar, le da coherencia a la estructura. Así, tal y como funciona un “cubo Rubik” que ofrece combinaciones infinitas, la reestructuración propuesta ofrece nuevas oportunidades al EZLN para su permanencia, para afrontar los nuevos contextos y desafíos, que significa hoy día la realidad chiapaneca y sus complejas articulaciones globales. •

AUTÓNOMXS

17 DE FEBRERO DE 2024

Edificio de la sede de la ONU en Ginebra. Creative Commons

Documento oficial de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Autonomías indígenas: una lucha global Priscila Pilatowsky

E

l jurista mixteco Francisco López Bárcenas def ine autonomías indígenas como “la construcción de un régimen político donde los pueblos indígenas pueden organizar su propio gobierno, con facultades y competencias específicas acerca de su vida interna”.

Para entender la historia de las autonomías indígenas en México podemos remontarnos al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994). Entre sus logros están los Acuerdos de San Andrés (1996), aunque no

fueron respetados por el gobierno.

En 2001, Vicente Fox emitió el Decreto de Reforma Constitucional, que entre otros: prohíbe toda discriminación; reconoce la composición pluricultural del país, así como la libre determinación y el derecho de los pueblos indígenas para decidir sus normas en conflictos internos. Un año después se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Varias comunidades indígenas decretaron autonomías. López Bárcenas calcula que en Chiapas se crearon 38 municipios autóno-

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mos. El movimiento se replicó en Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Oaxaca. Sin embargo, “varios de estos procesos sucumbieron porque no contaron con la participación de las comunidades involucradas, porque los líderes de las organizaciones que los impulsaron no resistieron las ofertas gubernamentales para abandonarlos, o también porque cuando no aceptaron la cooptación oficial.”

Poco antes del estallido del movimiento zapatista, la defensa de las autonomías y la autodeterminación indígena se sembraron en el escenario internacional. En 1992, José Martínez Cobo, repor-

Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Presidencia de la República

tero especial de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías presentó ante la ONU un estudio donde se establece una definición internacional (aun reconociendo la falta de consenso) sobre el concepto de “pueblos indígenas”. Según Martínez, el común denominador de los pueblos indígenas es que tienen una continuidad histórica con sociedades “pre-invadidas” o “pre-colonizadas” dentro de sus territorios, por lo que se consideran “distintos de otros sectores de las sociedades, y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, sus identidades étnicas, y las bases para su continua existencia como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.

Otro evento trascendental fue la Convención de la Comisión Internacional del Trabajo (ILO), en 1989. Esta abogó por la creación

de estándares internacionales para mejorar la situación de los pueblos indígenas del mundo. Entre sus puntos destacan: evitar la tendencia de los estados a asimilar a las comunidades indígenas; reconocer el derecho de los pueblos indígenas para ejercer control sobre sus instituciones, formas de vida y desarrollo económico; y el derecho a mantener sus identidades, lenguajes y religiones, dentro del marco del Estado en el que viven. Estos principios interpelan al artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, donde se establece la igualdad de derechos y principio de autodeterminación de los pueblos.

El paso más reciente en favor de los pueblos indígenas es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDPR, 2007). Algunos de sus puntos son: el reconocimiento de los derechos humanos, libertades fundamentales, igualdad y libertad de los pueblos indígenas; rechazo toda discriminación; derecho a la autonomía o auto gobierno en asuntos locales; y el derecho a conservar las instituciones políticas, jurídicas, sociales y culturales.

México firmó la Convención ILO de 1989 y ratificó la UNDPR. En 2018 se fundó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que prioriza la educación y la difusión de las lenguas indígenas.

Pero queda mucho por hacer en materia de derechos humanos y de reconocimiento a las autonomías indígenas. Según reportes de la IWGIA, las comunidades indígenas no son consultadas apropiadamente en procesos políticos.

Un 99% de los casos de impunidad afectan a población indígena.

La marginalización, violencia, falta de acceso a la educación y los servicios, violencia contra la mujer, y la normalización de ciertos “usos y costumbres” siguen alimentando las desigualdades.

Situaciones similares afectan a numerosos grupos indígenas del mundo y los marcos internacionales parecen insuficientes para asumir el reto. •

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Crisis del agua: Hacia una política pública del agua verdaderamente integral y ecosistémica Raúl Benet

Conservación y buen manejo de los bosques. Raúl Benet

C

uando hablamos de agua con frecuencia nos referimos a pozos, tubos, embalses y represas, drenajes, medidores, aforos, organismos de agua, volúmenes, concesiones.

Sin embargo, el tema del agua es un gran ejemplo de un problema ecosistémico diverso y complejo, de largo plazo, con profundas interconexiones e implicaciones en los más distintos ámbitos.

Ver el agua sólo como un problema de abasto y suficiencia, a nivel urbano, industrial y agrícola, impide visualizar los problemas de fondo y largo plazo que subyacen a la escasez y al abatimiento de los acuíferos.

Siempre hemos sabido que el agua sigue un ciclo, pero no hemos logrado consolidar en una política pública integral las diferentes etapas de ese ciclo. Una de las etapas fundamentales que hemos ignorado o abordado de manera insuficiente es el tema de la recarga de los acuíferos, y el control de la escorrentía superficial, sobre todo en la parte alta de las cuencas. Otro de los temas que hemos minimizado y reducido a esa visión de tubos y canales, es la disposición del agua una vez que, gravemente contaminada, es desechada, generando uno de los más graves problemas ambientales que enfrentamos, y que permanece fuertemente invisibilizado, que es el de contaminación de los

cuerpos de agua y los océanos.

Y por supuesto hemos ignorado fuertemente la relación entre las catástrofes sociales provocadas por los eventos hidrometeorológicos extremos, y la pérdida de bosques y cobertura forestal.

Muchas de las ciudades mexicanas que actualmente sufren de escasez de agua dependen de alguna manera de la recarga y la infiltración en los bosques que las rodean. Este es el caso en Monterrey, Guadalajara y claramente en la Ciudad de México.

Esos bosques, como los que abastecen el sistema Cutzamala y Lerma - Santiago, o los que se encuentran en los suelos de conservación en la Ciudad de México, el Bosque de Agua en el Corredor Ajusco Chichinautzin en CDMX, y en los estados de México y Morelos, han sufrido una grave degradación que reduce significativamente la capacidad de infiltración, tanto por el hecho de que las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y urbanas que los han deteriorado destinan el agua para otros fines, como porque además los suelos forestales se han erosionado hasta la roca madre, o se han compactado, reduciendo las tasas de infiltración hasta en un 80 % en algunos casos.

Adicionalmente, los sistemas de tuberías, embalses, represas y bombas se ven severamente dañados y drásticamente reducidos en su capacidad, por la gran cantidad

de sedimentos que son arrastrados desde los terrenos forestales deforestados, sedimentos que los bloquean y saturan, lo cual genera, además de recortes y escasez, un altísimo costo de mantenimiento y gestión.

La mayoría de esos bosques enfrentan diferentes problemáticas que explican la deforestación y el cambio de uso de suelo, pero a lo largo de los años ha quedado plenamente demostrado que la mejor estrategia para conservar los servicios ecosistémicos que prestan los bosques, es un manejo forestal adecuado. Y en el caso particular de México, al igual que en otros países donde las comunidades ejercen la tenencia de los bosques, como en algunas regiones de Perú, Colombia, Brasil, India e Indonesia, el MANEJO FORESTAL COMUNITARIO, a través del reconocimiento del derecho de las comunidades a gestionar su territorio, es la estrategia por excelencia para manejar de manera sustentable los bosques y para garantizar que mantengan sus funciones ecosistémicas. El manejo forestal sustentable y comunitario es además la estrategia más inmediata y costo efectiva para enfrentar otra crisis directamente relacionada con la crisis del agua, que es el cambio climático.

Las políticas orientadas a la conservación y buen manejo de los bosques por lo general se han mantenido en un ‘sector’ diferente al de los usuarios del agua. La Comisión Nacional Forestal y la misma SEMARNAT, pese a que ésta última es en teoría la cabeza de la Comisión Nacional del Agua, han sido básicamente puestas de lado en todo el tema de la problemática hídrica. Un ejemplo de esto es el llamado ‘Programa de Devolución de Derechos de Agua’ (PRODDER) - https://www.gob. mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-devolucion-dederechos-prodder-, que canaliza los recursos federales obtenidos por las autoridades a partir de las contribuciones de las empresas, y que se destina prácticamente en su totalidad a la infraestructura de tubos y alcantarillas, pero que omite por completo ‘devolver derechos de agua’ a las comunidades responsables de cuidar los bosques. Otra expresión de esta política consta en los reportes de la propia Comisión Nacional del

17 DE FEBRERO DE 2024 Agua, en cuyo Sistema Nacional de Información del Agua (https:// sinav30.conagua.gob.mx:8080/) se da cuenta de la fuente y destino de la inversión por los diversos niveles de gobierno en los instrumentos de gestión del agua, y donde se observa que de los 29,436 millones reportados durante el último año, la totalidad se refiere a tuberías, cloradores, saneamiento… pero no se observa un rubro en el que pueda identificarse la canalización de recursos a fomentar la recarga de los acuíferos en los bosques.

Es necesario trabajar en una profunda reforma de los instrumentos legales, programáticos, regulatorios y presupuestales para garantizar que los grandes actores aborden su participación con un enfoque ecosistémico y de derechos. Grandes usuarios como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, los sistemas de agua de los municipios y las ciudades, además de los diferentes agentes privados, deben estar obligados de manera vinculante para destinar recursos técnicos y económicos, además de disponibilidad política y de gestión, para garantizar la salud de sus fuentes de suministro, que son los bosques.

Y deben hacer esto con pleno respeto a la autonomía y libre determinación de las comunidades que habitan esos territorios.

Si bien esto puede ser visto como una carga adicional, en realidad el costo de invertir en los bosques para mejorar la recarga de los acuíferos es muy inferior al costo que se tiene que enfrentar cuando el tema se aborda desde los tubos y las represas, o peor aún, en los tribunales y los medios, y por supuesto los beneficios ambientales, sociales, económicos y climáticos derivados de estas inversiones con visión integral son muy superiores.

Ha habido incipientes iniciativas exitosas para integrar a algunos de esos grandes usuarios públicos y privados en un enfoque integral, sin embargo, no todas esas experiencias han prosperado, entre otros motivos porque el agua sigue siendo vista como una mercancía de la cual actores como las grandes refresqueras y cerveceras, o envasadoras de agua, o bancos y compañías de seguros, han pretendido conducir los procesos. Es necesario que se instrumenten mecanismos para financiar fondos de agua en los que intervengan los diferentes usuarios, pero garantizando el pleno respeto a los derechos tanto de las comunidades propietarias de los bosques, como los de la ciudadanía. El involucramiento de poderosas organizaciones de la sociedad civil internacional en estos procesos ha favorecido una participación abusiva de empresas como Coca-Cola, Femsa, Cervecería Modelo y Danone. Es necesario poner en el centro el agua como un derecho humano y subordinar a esta visión los intereses del sec-

tor privado, y no viceversa.

Por otro lado, todo el tema del impacto de los fenómenos hidro meteorológicos extremos, que debido al cambio climático ocurren con mayor intensidad, duración, y en tiempos y espacios que no lo hacían, es también es un asunto de manejo integral de los ecosistemas.

La inundación de grandes ciudades y pequeños pueblos a menudo está asociada a la pérdida de la cobertura forestal, en dunas y manglares, y también en selvas y bosques. La ciudad de Villahermosa, como ejemplo, está en riesgo permanente de otra grave inundación, en buena medida por la grave pérdida de la cobertura forestal en las partes altas de las cuencas en Chiapas y Tabasco, pérdida que reduce la infiltración y genera una escorrentía superficial intensa en tiempos de tormentas y huracanes, y que amenaza con destruir la integridad de las cortinas de las presas y la consecuente catástrofe, no sólo en la capital sino en todo el estado de Tabasco.

El enfoque ecosistémico que se requiere es también un enfoque de derechos, particularmente el derecho humano al agua y el derecho constitucional a la libre determinación de las comunidades indígenas y equiparables sobre sus territorios forestales.

Conclusión El llamado es urgente: es indispensable transitar de políticas sectoriales a una visión integrada de paisaje y cuenca. Instituciones como la Conafor, la Comisión Federal de Electricidad y los organismos de gestión del agua deben alinearse hacia un enfoque ecosistémico que contemple la interdependencia entre bosques y recursos hídricos.

La formulación de políticas debe ser respaldada por una visión científica y humanista, que considere las interconexiones entre los diferentes niveles de las cuencas y los procesos a largo plazo. Es esencial reconocer que abordar los desafíos del agua implica abordar simultáneamente los desafíos forestales.

El agua y los bosques no son entidades separadas, sino elementos interdependientes en un ciclo vital. Es imperativo que las políticas públicas y las estrategias de gestión aborden esta interconexión de manera integral. El manejo sostenible de los bosques no solo preserva la biodiversidad, sino que también garantiza la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, asegurando así la subsistencia de las generaciones presentes y futuras.

Esta llamada a la acción busca sensibilizar y movilizar a todos los actores involucrados en la gestión del agua y los bosques hacia una dirección común: la protección y preservación de estos recursos vitales para nuestro planeta y la humanidad. •

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17 DE FEBRERO DE 2024

Tenochtitlán en 1519. Museo Nacional de Antropología. Covarrubias, 1964

Territorios de tierra y agua: Acuatorios y Maritorios Jazmín Villegas Calzada Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales UAM Xochimilco.

G

eneralmente pensamos que el agua en nuestro planeta, en cualquiera de sus formas: ríos, lagos, lagunas y mares, es inerte e inhabitable para los humanos; asemejándose a un desierto pero acuático.

La revisión histórica de Latinoamérica muestra que los grupos prehispánicos fueron capaces de establecer ciudades complejas sobre territorios conformados por agua y tierra al mismo tiempo,

aprovechando estas características fisiográficas para su desarrollo socioeconómico, militar, político y cultural.

Los arqueólogos han comparado estas ciudades con las especies anfibias que por sus características biológicas pueden vivir dentro y fuera del agua sin ninguna dificultad; adaptándose a ambos entornos.

Así tenemos a Tenochtitlan, Tlatelolco, Xochimilco, Texcoco, Chalco, Pátzcuaro, etc. Cuyos habitantes concebían y siguen

concibiendo el agua como parte esencial de su cotidianidad.

Algunas de las generaciones actuales hablan del aprendizaje de sus ancestros para “la cosecha del agua”, “caminar en el agua”, o “los nómadas del mar” para describir la dinámica permanente de los pescadores.

Ello hace referencia a la estancia y dominio sobre los cuerpos acuáticos en los que vivieron nuestros antepasados. Algunos ríos y lagos han sobrevivido a la urbanización y aún conservan vestigios de esa comunión con el agua. Actualmente en Xochimilco los canales además de utilizarse para el turismo también son empleados para el transporte y la recolección de basura doméstica, pues resulta mucho más práctico para los vecinos entregar los desechos en la trajinera recolectora que caminar a la alejada avenida donde el camión se detiene para recibir la basura.

Se observa que para estas personas, el río, la laguna, el lago y/o el mar; no constituyen de ninguna forma una barrera, sino que es la continuidad del territorio en el que viven y del cual las comunidades ribereñas obtienen los recursos para su subsistencia y

23 cotidianidad. Por lo tanto, existe una sinergia entre la tierra y el agua a través de las actividades económicas que se realizan aquí, principalmente la pesca artesanal.

Por otra parte, países cuyas características fisiográficas como Chile y Colombia han influido directamente sobre la población para “habitar” en el agua.

Es precisamente aquí en donde recientemente encontramos los conceptos “acuatorio” para designar a territorios de agua continental como ríos, lagos, y lagunas; mientras que “maritorio” se aplica al océano, generalmente para islas e islotes donde la tierra firme es mínima en cuanto a la extensión.

Dichos conceptos son originarios de Latinoamérica, es decir, nuestras poblaciones aún conservan esa conexión vital con el agua a diferencia de otras latitudes.

Lo anterior se constata a través de los vestigios arqueológicos en los que se encuentran en primer lugar, las herramientas de la pesca, es decir, la búsqueda y obtención de alimentos fueron la primera causa para que los antiguos pobladores decidieran entrar al agua, aprendiendo a “leer” los comportamientos de las corrientes y de las especies animales, así como del propio clima; por lo tanto desarrollaron una conexión muy estrecha con la naturaleza, prevaleciendo un estricto sentido de respeto, pues era bien sabido el riesgo que implica adentrarse en estos lugares en permanente movimiento y donde no hay fronteras físicas.

No obstante en el siglo XVI con la llegada de los europeos, quienes se asentaron en tierra adentro para establecer su dominio y explotación de los nativos y de los recursos naturales; se rompió esa concepción territorial del agua, destruyendo los imperios cuyas sedes anfibias habían aprovechado la dualidad de tierra/agua no sólo para su subsistencia, sino también para su progreso.

Desde entonces se perdió la importancia territorial de los cuer-

pos de agua, y el mar fue olvidado; las comunidades ribereñas y especialmente las pesqueras padecen signos de un estatus social degradado y las limitantes políticas son evidentes. México no ha logrado explotar sus litorales y mares, al contrario, se habla de “vivir de espaldas al mar”.

A pesar de ello, encontramos ejemplos donde la sociedad ha logrado habitar los cuerpos de agua, concibiéndolos como parte de su territorio y de su vida misma; tal es el caso de la Isla de Ciudad del Carmen, Campeche; lugar en donde convergen la Laguna de Términos, la Isla y el Golfo de México; un maritorio plenamente identificado con monumentos religiosos y de ingeniería civil; todos construidos sobre el agua; mostrando la capacidad de la humanidad para desarrollar habilidades a fin de poblar los cuerpos de agua.

Es por ello que retomar los conceptos acuatorio, maritorio e incluso anfibio; permitirá retornar a esa concepción en la que se valoraba el territorio formado por agua, aprovechando los recursos naturales; respetando la naturaleza y cuidando ese equilibrio que se ha perdido ante la alta contaminación y el cambio climático.

Comprender el sentido que las comunidades ribereñas otorgan al territorio formado por agua, permitirá profundizar en los problemas ambientales que nos aquejan, pues aun cuando vivamos en las grandes metrópolis del centro del país, los cuerpos de agua, especialmente el mar; estos impactan directamente a nivel del planeta, por ejemplo, en la regulación de la temperatura, la producción de oxígeno, la producción de alimentos proteínicos, la transportación masiva de carga pesada, la recreación e incluso la inspiración para las artes. Esto permitirá la elaboración de soluciones acordes a la realidad con una participación incluyente de los diferentes sectores. •

Algunos ríos y lagos han sobrevivido a la urbanización y aún conservan vestigios de esa comunión con el agua.

Actualmente en Xochimilco los canales además de utilizarse para el turismo también son empleados para el transporte y la recolección de basura doméstica, pues resulta mucho más práctico para los vecinos entregar los desechos en la trajinera recolectora que caminar a la alejada avenida donde el camión Vista de la Virgen del Carmen y del Puente “el Zacatal” en Ciudad del Carmen, Campeche. Archivo propio julio 2023

se detiene para recibir la basura.

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17 DE FEBRERO DE 2024

La violencia del narcotráfico que azota a América Latina es un fenómeno viejo y muy conocido en todo el subcontinente, sin embargo, es importante volver a leerlo desde sus causas estructurales y no desde sus efectos mediáticos.

En el cantón Latacunga se desarrolla la Gran Marcha en contra la Inseguridad. Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

El capital criminal y el necroliberalismo, el ensayo ecuatoriano Natalia Sierra Freire Socióloga ecuatoriana, investigadora, profesora universitaria, defensora de DDHH

E

l 9 de enero de 2024, mediante el decreto No 111, el gobierno del Ecuador reconoce que en el país hay un Conflicto Armado no Internacional, en respuesta a la radicalización de la crisis de violencia desatada por los grupos de delincuencia organizada (GDO) articulados al narcotráfico, en el contexto de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los principales capos que se encontraba recluido en la cárcel de Guayaquil. La violencia del narcotráfico que azota a América Latina es un fenómeno viejo y muy conocido en todo el subcontinente, sin embargo, es

importante volver a leerlo desde sus causas estructurales y no desde sus efectos mediáticos.

Es necesario entender que el narcotráfico es una corporación económica transnacional, eje importante de la expansión del capital criminal, que es hoy, una de las formas principales que garantizan su reproducción a nivel global. No se trata de un fenómeno externo al sistema económico vigente, pues es fácil mostrar cómo el negocio del narcotráfico está ligado a otros negocios ilícitos como la trata y el tráfico de personas, el tráfico de animales y especie vegetales, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, el tráfico de combustibles,

la minería ilegal, etc. A su vez, esta economía criminal se imbrica con la economía legal tanto en el momento de su distribución por carreteras, puertos y aeropuertos, cuanto más en el momento de limpiar el dinero sucio, a través del sistema financiero nacional e internacional.

La expansión del capital criminal requiere de un tipo específico de gubernamentalidad que garantice su reproducción. Una forma de gobierno que administre la violencia y la muerte que conlleva este tipo de economía.

Se entiende, entonces, que la declaratoria de Conflicto Armado Interno y el reconocimiento de los GDO como terrorista, implicaba un acuerdo de cooperación con el Estado gringo, en el mismo mar-

Protesta en contra las políticas económicas y el estado de guerra declarado por el gobierno de Noboa. Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

co de la fracasada guerra contra las drogas del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México. Nos encontramos, así, en la reedición de una política dictada por EEUU que, al contrario de combatir el narcotráfico y la violencia, amplia el negocio de las drogas y exacerba la crisis de violencia.

Dada la justificación para el Plan de Seguridad Nacional, se abre las puertas a todo tipo de violaciones de Derechos Humanos que van dirigidas a la contención de la lucha de los pueblos y organizaciones sociales, que defienden sus territorios en contra del avance del capital criminal, absolutamente, entrelazado con el capital legalizado. Esta estrategia fue clara y cínicamente expuesta por el gobierno de Lasso, cuando acusó a las organizaciones sociales y, sobre todo, al movimiento indígena de ser “terroristas” financiados por el narcotráfico, en el contexto del levantamiento indígena y social del 2022. Estrategia que se cayó por la denuncia de una trama de corrupción que vinculada a un familiar de Lasso y a funcionarios de su gobierno con la mafia albanesa, dedicada al negocio del narcotráfico. Este escándalo generó una crisis de la institución del Estado que concluyó en la salida del gobierno de Lasso y el llamado anticipado a elecciones.

Con la llegada del Noboa al gobierno de transición, el desarrollo de la violencia se aceleró hasta llegar a un punto de su condensación el 9 de enero, con la toma del canal TC televisión y su trasmisión en vivo que causó la espectacularidad de la violencia y, su efecto, el terror de la población. La tormenta per-

fecta para que empiece, con aceptación de la sociedad aterrorizada, la ejecución de la gubernamentalidad, que la llamo, necroliberal.

El neoliberalismo se convierte en necroliberalismo cuando su política de libertad económica y libre mercado está dirigida a garantizar los negocios del capital criminal; y cuando el Estado mínimo en política social y máximo en política represiva, está para administrar la muerte, decidir quién debe morir para asegurar los negocios. Así, podemos observar como toda una generación de jóvenes empobrecidos, a quienes se les ha arrebatado el futuro, son lanzados a ser casi esclavos de los eslabones de trabajo más peligrosos del negocio criminal como vidas desechables, vidas sacrificadas. Jóvenes que mueren en esta guerra de y contra las drogas, que al final es lo mismo y donde participa el Estado y los grupos para-estatales.

Es importante señalar que, el capital criminal está totalmente involucrado en el modelo de desarrollo extractivo que se profundiza por América Latina, de ahí que la ejecución del necroliberalismo como gubernamentalidad está dirigido a acabar con toda forma de resistencia de los pueblos por la defensa de sus territorios. La particularidad de la crisis de nuestro país es, quizá, que se desata en un contexto de profundas disputas geopolíticas por control de mercados, recursos y territorios; en un momento de clara decadencia del imperio estadounidense en el que busca recuperar o fortalecer su presencia en nuestros países, quizá con una reedición del Plan Cóndor. •