La Jornada del Campo

TEMA DEL MES

EDITORIAL

Buscar vida

Nos conocimos en Sonora. Ellos eran una pareja y vivían allá, yo soy de La Montaña de Guerrero y llegué a trabajar en los campos agrlcolas. Un día que no hubo jale me invitaron a salir. Fuera de las plantaciones de hortalizas y las cuarterías donde vivimos yo de Sonora no conocía nada y el lugar al que me llevaron me impresionó mucho. Me dijeron que era un balneario: tenia varias albercas unas para chicos y otras para grandes, cascadas, resbaladillas y tantísima agua. Pasamos a unos cuartos que eran los vestidores y ellos se pusieron los trajes de baño que traían. Yo no llevaba nada. En el pueblo nosotras nos bañamos en el río y encueradas o con calzones. “No tengo que ponerme” les dije.”No te preocupes yo traigo otro y te lo presto, tenemos el mismo cuerpo y te va a quedar”, contestó ella.

Y que me lo pongo

Yo no quería salir, me daba pena. Pero finalmente me convencieron y nos fuimos a la alberca.Ellos se metieron al agua, yo nomás los veía. “Métete, no te pasa nada, está bajito”, me dijeron. Y me metí. Luego nos fuimos a donde estaba un poco más hondo y me fui animando. Al rato ya no me quería salir. Él traía su celular y cuando salimos del agua nos dijo que nos paráramos junto a la alberca para tomarnos una foto. Salimos abrazadas con la cascada de fondo. Cuando me enseño la foto yo pensé que esa no era yo. Como iba a ser yo con traje de baño y junto a una alberca. Pero era yo. Toda mi vida pensé que mis queveres con el agua no pasarían de lavar ropa sobre una piedra a la orilla del río. Había visto mujeres en traje de baño,claro, pero nunca pensé que yo pudiera ser como ellas. Fue bonito. Y es que una no está condenada a ser lo que es. Una puede ser muchas cosas, todo es animarse. Cuando nos vamos del pueblo a trabajar en los campos agrícolas del norte decimos que vamos a buscar vida. A buscar la vida que no encontramos en La Montaña. Y buscar vida es tener el empleo y la paga que no hay en el pueblo. Pero también es conocer otros lugares, otras gentes, otra forma de vivir.

En los campos la pasamos mal. El trabajo es duro, los jornales bajos, la comida mala y la vivienda peor. Además, extrañamos el pueblo y a los familiares que se quedaron. Y es feo que algunos se tengan que morir lejos de su tierra. Pero nadie dijo que salir a buscar vida iba a ser una elotada. La buena vida que una busca no es meterse en una alberca con traje de baño sino lograr cosas importantes: una casa, una troca, una familia...Pero para mí lo del balneario también fue importante.

Esta historia me la contó Margarita Nemecio de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja) a quien también se la platicaron, de modo que mi relato es de tercera mano y posiblemente se aparta bastante de lo que en verdad le ocurrió en Sonora a la jornalera guerrerense.

Creo, sin embargo, que comunica lo que quiero transmitir. Quizá la experiencia del balneario más que una opción emancipadora es un espejismo consumista, pero el vértigo de posibilidades que para la guerrerense representó la otredad de su imagen de bañista es una iluminación libertaria que habla de apertura al cambio y sugiere que es una idea mala y ofensiva presentar a las jornaleras y los jornaleros como pobres víctimas . Como nómadas sufrientes que al abandonar sus comunidades salieron de una mala vida para ingresar en una peor y para colmo lejos del terruño donde está su identidad, tienen sus raíces y no usan traje de baño.

Pienso que el modo de vida, los valores y las aspiraciones de los trabajadores asalariados del campo conforman una digna y respetable manera de ser campesino, una forma de la existencia rural tan extendida o más que la de los productores por cuenta propia. Como otros migrantes esperanzados los jornaleros no huyen de sus lugares de origen van tras de un sueño, salen a buscar vida y esto es celebrable.

Son tres millones, pero en su caso no hablamos de personas sino de familias pues lo más frecuente es que el contratador emplee al núcleo doméstico entero, niños incluidos. Y son las manos jornaleras las que levantan la mayor parte de las cosechas de este país. Sobre todo, en las plantaciones destinadas al mercado externo como las de aguacate, jitomate o frutos rojos; cultivos que gracias al sudor de los recolectores y las recolectoras hacen de México el noveno exportador agroalimentario del mundo.

Locales o migrantes, itinerantes o asentados los jornaleros conforman el mayor contingente laboral agropecuario de nuestro país, tanto en el norte como del sur pues también la caña, el cacao y el café lo cortan y lo pizcan mayormente jornaleros. Y son los más pobres, no solo por sus ingresos sino también y sobre todo porque su tipo de trabajo, con frecuencia itinerante, dificulta que tengan vivienda adecuada, servicios de salud y escuelas para los niños, además de que por lo general se desempeñan en medro de agrotóxicos sin medidas de protección.

Ellos son los más pobres, y así lo señala el Coneval, pero en el agro el paradigma “primero los pobres’’, que define a la Cuarta transformación, priorizó a los agricultores pequeños; a los campesinos que tienen menos de cinco hectareas. Así los principales programas rurales como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Precios de Garantia y Fertilizantes son para personas que disponen de tierra, la cultivan y gracias a los apoyos pueden incrementar su producción y mejorar su calidad de vida. Quienes son pobres, pero carecen de una parcela quedan fuera y solo se benefician de sus efectos indirectos: generación de empleos, reactivación de la actividad económica. Había un programa para los asalariados del campo (PaJa) que por fallido e insuficiente se eliminó. Y en efecto era malo, pero

era un programa y su existencia reconocía un derecho que se podía reclamar. Desde hace cinco años no hay nada. Y no puede ser. En la segunda etapa de la Cuarta Transformación los jornaleros deben ser una prioridad tanto en los programas sociales rurales como en garantizar que en lo tocante a su trabajo los patrones respeten las leyes laborales y la Constitución. Por fortuna las jornaleras y jornaleros comienzan a organizarse y a defender colectivamente sus derechos. En el Foro nacional de propuesta. Rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, realizado el 5 de agosto de 2023 la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas presentó una ponencia cuyas partes esenciales reproduzco a continuación. Ellxs saben de lo que hablan y sus propuestas deben ser tomadas en cuenta.

(…)

Balance de las políticas de la 4T

El Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado cambios relevantes a la política social del país, y ha planteado que los programas y los recursos de bienestar social tengan como fundamento la atención prioritaria a grupos vulnerables y regiones marginadas. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (https://www.dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&f echa=12/07/2019#gsc.tab=0) se centra en las prioridades de atención de los grupos históricamente excluidos, comprendiendo ámbitos de atención primordiales: el campo, la generación de empleos, el incremento de los salarios y su poder adquisitivo, la

alimentación, la educación y la vivienda. En el Plan Nacional se destacan los nueve programas sociales prioritarios (1) Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 2) Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3) Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 4) Jóvenes Construyendo el Futuro; 5) Jóvenes Escribiendo el Futuro; 6) Sembrando Vida; 7) Programa Nacional de Reconstrucción; 8) Desarrollo Urbano y Vivienda; 9) Tandas para el Bienestar.), destacando: 1) espacios marginados (el campo y el sur del país) y grupos vulnerables (adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas), 2) bajo la modalidad de transferencias monetarias para que 3) la entrega de beneficios sea sin intermediarios y 4) buscando una implementación integral de los programas. (Martínez Espinoza, Manuel Ignacio (2021b). “La política social de la cuarta transformación en México. Un balance del primer año de gobierno de López Obrador”. En Revista Española de Ciencia Política 55. https://dialnet.unirioja. es/servlet/articulo?codigo=7836960)

Si bien es cierto, que estos programas tienen cobertura en las entidades donde habitan las personas jornaleras y sus familias, principalmente las que se ubican en el sur del país, estos programas no proporcionan datos que den cuentan de cómo la política social ha impactado a las personas jornaleras y sus familias en sus distintos contextos, si éstas han establecido mecanismos para la mejora de sus condiciones laborales y de vida en los campos agrícolas; así como contar con balances que permitan medir la cobertura

Jornaleros. Joseph Sorrentino

y acceso a la seguridad social, jurídica y alimentaria de este sector de la población. En resumen, no se cuenta con un programa social focalizado en la población jornalera en México. Si bien es cierto que cuenta con instrumentos programáticos dirigidos a la población vulnerable, solo hay uno que tiene como población objetivo a personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza, el programa Sembrando Vida, que está centrado en el ámbito rural y dirigido a sujetos agrarios propietarios de 2.5 hectáreas; sin embargo, nos hemos encontrado con mujeres jornaleras que no pueden acceder porque no poseen tierra o no reúnen los requisitos de las reglas de operación del programa.

Respecto al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, no proporciona información sobrela cobertura y acceso que tiene en la población jornalera que está en constante movilidad, sobre todo porque sus procesos migratorios se convierten en un factor que en materia educativa coloca en desventaja a las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras, debido a la falta de oferta educativa en los campos agrícolas y de condiciones adecuadas para atender las necesidades específicas de este grupo poblacional.

Otra problemática que se ha agudizado es la falta de operatividad y de presupuesto para mantenimiento, rehabilitación o mejora de las estancias infantiles y albergues que se ubican en algunos estados receptores. Hemos documentado el cobro de los servicios y la estancia de las

familias jornaleras en algunos de estos espacios; otros han estado sin operar desde su construcción, como los albergues que se ubican en el sur delestado de Sinaloa, por mencionar algunos.

Los programas no contemplan ejes de atención integral para el acceso a la justicia de las personas jornaleras que enfrentan procesos judiciales o de exigencia de sus derechos laborales, tampoco tienen estrategias de atención intercultural y ni están lingüísticamente diseñados para su acceso a la salud y la atención médica en los espacios hospitalarios de los estados donde acuden a trabajar.

Además, es importante destacar que las acciones de monitoreo por

parte de las autoridades correspondientes respecto al cumplimento de las obligaciones laborales de las empresas o empleadores que contratan a las personas jornaleras carecen de mecanismos efectivos, recursos suficientes y personal capacitado para proteger sus derechos laborales.

Las necesidades y problemáticas son diferenciales y diversas, cada una depende del contexto de origen, devida y laboral de las personas jornaleras agrícolas y sus familias. En este sentido, enlistamos una serie de propuestas para que sean tomadas en cuenta para la mejora del diseño de la política social enfocada en este sector de la población.

Propuestas

1. Definir una estrategia de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, que permita focalizar estrategias y acciones articuladas para garantizar un acompañamiento integral a las y los trabajadores agrícolas y a sus familias, que durante los momentos más complicados de la pandemia fueron considerados “trabajadores esenciales”.

2. Revisar propuestas que permitan la flexibilidad en los requerimientos de las reglas de operación de los programas sociales, tomando como base las características, los compo -

nentes y los contextos de movilidad e interculturalidad de las y los trabajadores agrícolas y sus familias.

3. El diseño de los programas sociales dirigidos a grupos vulnerables debe tener como base las características de las personas jornaleras agrícolas y sus contextos de movilidad laboral, a partir de una perspectiva intercultural, de género, de infancia y de derechos humanos.

4. La política social y laboral debe centrarse en establecer mecanismos que permitan formar tabuladores salariales acordes con el trabajo que desempeñan, para acotar las brechas y desigualdades salariales entre las y los trabajadores agrícolas, pero sobre todo en el pago a destajo o por producto.

5. El diseño de la política social requiere datos e información actualizada de las personas jornaleras y sus familias en México, por ello es importante el levantamiento de un censo o el diseño de un diagnóstico que comprenda sus contextos, perfil social y laboral, problemáticas, condiciones laborales y de vida, ciclos agrícolas y migratorios y unidades de empleo agrícola, entre otros.

6. Desarrollar protocolos para la verificación de las condiciones de traslado de las y los trabajadores agrícolas.

7. Establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino, en el cual debe preverse la colaboración entre las distintas autoridades laborales de las entidades federativas y las del orden federal en el ámbito de su competencia para planear, ejecutar y supervisar de manera coordinada los programas de inspección, además de la integración de un representante de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la entidad federativa de que se trate, requiriendo que las actuaciones instrumentadas para tal efecto adjunten evidencia fotográfica o videográfica. Dicha inspección deberá considerar como mínimo la edad, condiciones de trabajo y vivienda de las personas jornaleras agrícolas. •

Jornaleros. Joseph Sorrentino

Jornaleros. Joseph Sorrentino

El derecho de regresar a trabajar. Las visas H-2A y el campo mexicano

Ofelia Becerril El Colegio de Michoacán Efrén Sandoval Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Noreste

El Programa de visas

H-2A del gobierno de Estados Unidos, por medio del cual miles de jornaleros mexicanos trabajan cada año en ese país durante varios meses, permite vislumbrar una nueva etapa en la migración temporal de México hacia Estados Unidos. Entre 2009 y 2023, los empleadores han incrementado la contratación de trabajadores mexicanos de forma constante, pasando de 102 mil visas H-2A en 2015 a 289 mil en 2023. Este Programa opera en todas las regiones tanto de nuestro país como de Estados Unidos. La tendencia de expansión de visas H-2A ha continuado, pues entre octubre 2022 y julio 2023, el Departamento de Estado de aquel país ya había aprobado 241 mil visas a jornaleros de México (Gráfica 1). Este incremento también se ha registrado en el número de certificaciones aprobadas. De acuerdo con la Oficina de Certificaciones de Trabajo Extranjero, durante el año fiscal 2023, de un total de 378 mil posiciones certificadas; para Florida fueron casi 52 mil (13.7%), 40 mil (10.8%) para California, 37 mil (9.9%) para Georgia, 35 mil (9.4%) para Washington y 26 mil (6.9%) para Carolina del Norte; el 85% se emplean como trabajadores agrí-

colas y en cultivos de viveros e invernaderos; además, los cinco principales empleadores fueron North Carolina Grower´s Association, Fresh Harvest, Foothill Packing, WAFLA, y Farm-Op Kuzzens H2A. Este sistema privatizado de visas forma parte de las estrategias de sobrevivencia de muchas familias mexicanas que tratan de sortear las carentes condiciones de vida en el campo.

Un estudio de Carlos Rositas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicado en 2023, muestra que la mayoría de los 400 migrantes encuestados y solicitantes de visas de trabajo en el Consulado de Monterrey son originarios de 24 entidades de México. Son jóvenes trabajadores de entre 18 y 37 años (69%); 71% son casados; 92% tienen dependientes económicos; 25% cuenta con educación básica completa y 41% con educación media completa. Mientras que en México el 59% se dedica a la agricultura, en Estados Unidos 78% trabaja en el campo.

La expansión del Programa debe ser entendida en el marco de lo que sucede con la economía norteamericana en general y la industria de la agro producción en particular. Está relacionada con el intento de dar solución a la gran recesión económica estadunidense

AÑO FISCAL 2023- VISAS H-2A MÉXICO Y OTROS PAÍSES (Octubre 2022-julio 2023)

de 2008 y la apuesta del empleo temporal a nivel global, también con las políticas antiinmigrantes y la contención de la migración indocumentada, la crisis mundial de salud pública por el COVID-19, la reorganización del trabajo temporal gestionada por gobiernos, empresarios y reclutadores, la emergencia de reformas legislativas y las nuevas geografías del empleo temporal. La llegada de trabajadores contratados con visa H-2A, se inserta a conveniencia para paliar los intentos de otros trabajadores permanentes para organizarse y defender sus derechos; en algunos casos sustituye a la mano de obra indocumentada. Y claro, los jornaleros contratados con visa H-2A, siguen siendo una opción más económica y explotable para las grandes compañías agrícolas, en comparación con la mano de obra local. Además, se trata de migrantes que no hacen arraigo en su lugar de trabajo, pues al final de la temporada laboral deben regresar a su país de origen.

La operación del Programa no supone mejores condiciones para

los jornaleros H-2A; antes bien, los abusos están a la orden del día para una población trabajadora que, a cambio de una visa y de una posible contratación en la siguiente temporada, se encuentra sujeta al control de los reclutadores, los jefes de cuadrillas y los empleadores, quienes condicionan de manera rigurosa las futuras contrataciones al “buen comportamiento” y desempeño productivo de la mano de obra. En este marco, han surgido iniciativas de organizaciones y sindicatos de migrantes que buscan apoyar en la consecución de derechos a los jornaleros temporales, principalmente aquellos relacionados con el acceso a la salud, pagos justos, condiciones laborales y respeto a sus derechos laborales y humanos. Antes de la pandemia por COVID-19, las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros H-2A ya se caracterizaban por la alta precarización laboral; con la pandemia esta situación se agudizó por: a) la imposibilidad de guardar distancia física durante el reclutamiento y el transporte hacia Estados Unidos y su lugar de trabajo; b) la ausencia de seguro de salud o el desconocimiento sobre su aplicación; c) el no estar cubiertos por la Ley de Protección a Trabajadores Agrícolas y Estacionales; d) las viviendas deficientes, insalubres y con hacinamiento, e) las condiciones de sobreexplotación, racismo estructural, barreras en la atención médica y de idioma para comunicar síntomas y recibir un diagnóstico oportuno en caso

de contagiarse, g) las cotidianas vivencias de incertidumbre, miedo, estrés y ansiedad.

En abril de 2021, Lusk y Chandra estimaron el número acumulado de trabajadores agrícolas contagiados de COVID-19 en 401 mil (contratados, no remunerados y migrantes) y 7,240 jornaleros muertos. Otro estudio del National Center for Farmworker Health (2022) estimó que, hasta el 20 de diciembre de 2021, se habían confirmado 1 millón de casos de COVID-19 en trabajadores agrícolas, sin incluir jornaleros contratados y temporales; además de 138,060 muertes por COVID-19 en condados rurales, con prevalencia en trabajadores agrícolas hispanos. Tal y como sucede a lo largo del orbe, en donde diversos programas de trabajadores temporales han florecido en aras de abastecer la demanda de la industria de la producción agrícola, el Programa de visas H-2A tiene muchas posibilidades de permanecer y aún de consolidarse. Por ello, es importante conocer cuáles son los principales retos que éste representa para las y los trabajadores mexicanos que año con año buscan obtener una visa para cruzar la frontera legalmente y laborar en Estados Unidos. Con este número de La Jornada del Campo, buscamos poner sobre la mesa algunos de los aspectos que consideramos más importantes en la operación de este Programa y sus implicaciones en la vida de muchas comunidades rurales del país, y de la economía campesina y jornalera nacional. •

La llegada de trabajadores contratados con visa H-2A, se inserta a conveniencia para paliar los intentos de otros trabajadores permanentes para organizarse y defender sus derechos; en algunos casos sustituye a la mano de obra indocumentada.

La legislación migratoria estadunidense y las visas H-2A

Paz Trigueros UAM Azcapotzalco paztrigueros@gmail.com

Estados Unidos siempre ha dependido de fuerza de trabajo extranjera, principalmente en la agricultura, y son los mexicanos a los que más ha recurrido. Inicialmente, no eran muy tomados en cuenta por la legislación migratoria, eran vistos simplemente como trabajadores temporales que entraban y salían sin ningún documento, y cuando la oferta de mano de obra superaba la demanda, eran expulsados por su “ilegalidad” en el país.

Fue debido a la escasez de mano de obra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que ese país aceptó por única vez la firma del Programa Bracero (1942-1964) con México. En él se establecían condiciones laborales adecuadas, aun cuando, a medida que pasó el tiempo, éstas se fueron deteriorando. Por primera vez, los braceros mexicanos accedieron de una manera legal y ordenada.

También en el contexto de la guerra, en 1952, se crearon las visas H para trabajadores temporales, y se dividieron en H-1 para trabajadores calificados y H-2 para los no calificados. Estas últimas se otorgarían únicamente a trabajadores provenientes de las Islas del Caribe Británico que eran contratados para los plantíos del sureste en tanto que se mantenía el Programa Bracero para los mexicanos, con condiciones contractuales mucho mejores.

El Programa Bracero se canceló en 1964, pero la dinámica migratoria ya se había afianzado, por lo que los antiguos braceros continuaron migrando, aunque ahora de manera indocumentada. Su número creció muy rápido y muchos comenzaron a trabajar en actividades urbanas, por lo que sus estancias se fueron alargando.

Con el fin de frenar esta dinámica, en 1986 se aprobó la ley conocida como IRCA, la cual permitió que obtuvieran estatus legal 2.7 millones de personas, la mayoría mexicanos.

Pero, para satisfacer las exigencias de los granjeros habituados a contratar indo -

oficiales vigilaran su cumplimiento. Además, se excluyó la posibilidad de que los gobiernos de los países de origen intervinieran para supervisar y evitar los abusos de los contratistas.

Su aceptación por parte de los empresarios evolucionó lentamente debido a las exigencias burocráticas y a que había mucha disponibilidad de trabajadores indocumentados. Pero fueron las crecientes medidas de control fronterizo las que los obligaron a recurrir a ellas en números crecientes, siendo asignadas casi 300 mil en el 2022.

cumentados, se extendió el programa de visas temporales H-2. Así se institucionalizó la práctica de utilizar de manera legal trabajadores extranjeros temporales, ya no como respuesta ante una emergencia, sino como una forma de complementar la oferta de fuerza de trabajo local.

Las visas se dividieron en: H-2A para trabajadores agrícolas y H-2B para los que laboraran en otras actividades que no exigían mucha calificación y se amplió el número de países que podían participar, incluyendo a México.

Las visas H-2A se reglamentaron cuidadosamente para evitar que estos trabajadores constituyeran una competencia para los locales. Ahora eran los empresarios agroindustriales quienes los solicitaban al gobierno estadunidense, el cual sólo participaba a través de distintas agencias para su aprobación. No había ninguna intención de evitar el intermediarismo en el proceso de reclutamiento, ni los abusos laborales. El gobierno se desentendía de todo el proceso una vez aprobadas las visas, sin garantizar que las dependencias

Debido a la crisis de salud pública motivada por el COVID-19 y al temor de que los trabajadores agrícolas abandonaran sus trabajos, y que escasearan los alimentos, el gobierno entonces dio un giro importante en su trato hacia los trabajadores agrícolas, especialmente a los que entraban con visas H-2A. Ahora se consideraba este programa como una prioridad de seguridad nacional, esencial para la economía y la seguridad alimentaria de Estados Unidos. Se autorizó entonces a los funcionarios consulares para que continuaran otorgando estas visas, aun sin hacer entrevistas,

a pesar de las precauciones por la pandemia. Por otro lado, para mejorar las condiciones laborales, se emitieron nuevas regulaciones para el hospedaje y los alimentos, y se estableció que se inhabilitar ía a los abogados y agentes de mala conducta. Los demócratas, por su parte, impulsaron en el Congreso, en 2022, reformas para facilitar la llegada y permanencia de los indocumentados y así facilitar su contratación a los empleadores. Más adelante, también se ofrecería su legalización y la de sus dependientes, y se autorizarían hasta 26,000 visas para trabajos que duraran todo el año. Sin embargo, ninguna de estas medidas fueron aprobadas por el Senado.

Así pues, las políticas estadunidenses con relación a los trabajadores agrícolas han ido cambiando según las circunstancias, pero han tenido que aceptar la dependencia de su agricultura de los jornaleros mexicanos, a pesar de sus actitudes racistas y discriminatorias. Estos trabajadores llegan a tener un papel protagónico cuando por distintas coyunturas resultan indispensables para la autosuficiencia alimentaria de ese país. •

Las visas H-2A se reglamentaron cuidadosamente para evitar que estos trabajadores constituyeran una competencia para los locales. Ahora eran los empresarios agroindustriales quienes los solicitaban al gobierno estadunidense, el cual sólo participaba a través de distintas agencias para su aprobación.

Suplemento informativo de La Jornada

16 de marzo de 2024

Número 198 • Año XVI

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Enrique Pérez S. Sofía Irene Medellín Urquiaga Milton Gabriel Hernández García Hernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.

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Diseño Hernán García Crespo

La Jornada del Campo , suplemento mensual de La Jornada , editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008121817381700-107.

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Casi cuatro décadas de cuadrillas de jornaleros H-2A listas para trabajar en el Norte

Ofelia

Becerril Quintana El Colegio de Michoacán obecerril@colmich.edu.mx

En enero de 2023, las negociaciones sobre migración temporal entre los gobiernos de México y Estados Unidos quedaron en la retórica de mejores prácticas y derechos laborales. Estamos viviendo una nueva era de migración, cuya apuesta es la expansión de los programas temporales con visas H2. En 2023, el gobierno estadunidense emitió 289 mil visas H-2A a trabajadores agrícolas mexicanos (92.9% de un total de 311 mil), a diferencia de 47 mil visas autorizadas en 2008. El número de visas aumentó en promedio 14% entre 2019 y 2022, a pesar de la pandemia de COVID-19.

¿De dónde son originarios y a qué sitios van los jornaleros?

La Secretaría del Trabajo de México aporta información sobre quienes fueron reclutados por esta

institución, entre 2017 y 2021 (cuadro 1). Esta forma de reclutamiento de trabajadores H-2A inició en 2015 con 61 jornaleros de Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí que se emplearon en Immokalee, Florida. Para 2022 ya se reclutaron 3,704 jornaleros de los 32 estados de la República, aunque principalmente de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán. La gran mayoría son hombres casados, de entre 20 y 40 años, con 1 a 5 hijos, mestizos e indígenas, originarios de múltiples localidades rurales. Como apreciamos en el cuadro 2, la mayoría de los jornaleros se emplean en nichos laborales específicos de cultivo de vegetales y frutas; de empresas de Florida, Virginia, Carolina del Sur y Pensilvania. Si bien es una proporción menor comparada con el total de 276 mil trabajadores H-2A empleados en 2022, nos aproxima al perfil de los jornaleros mexicanos.

CUADRO 1. TRABAJADORES AGRÍCOLAS H-2A RECLUTADOS POR STPS EN MÉXICO, 2017-2021

Son miles las historias de trabajadores agrícolas mexicanos que, desde1986, han laborado por medio de este tipo de visas. Muchas de las narrativas de vida que he recabado en municipios del noroeste de Michoacán hablan de cómo los migrantes han construido largas trayectorias laborales como jornaleros, reclutadores y organizadores de cuadrillas. Una de esas historias es la de Daniel y Gloria quienes han migrado como pareja con sus visas H-2A.

Reorganización de cuadrillas de jornaleros H-2A de Michoacán

Cuando Daniel tenía 17 años emigró a Estados Unidos, primero como indocumentado y luego como jornalero H-2A. Nos contaba cómo ha sido su experiencia de años como reclutador en varias localidades de Villamar y como encargado de cuadrilla en Estados Unidos: “A mí me habló un señor con el que yo voy a trabajar. Me habló fulano de tal, que si tienes chance de que vayas. Sí, como no”. Daniel nos comentaba que no sólo tenía que organizar cuadrillas desde Michoacán sino que debía reorganizar las cuadrillas para que estuvieran listas para garantizar la producción y cosecha de la empresa en Estados

La migración temporal es una experiencia que pone a prueba los conocimientos anteriores para garantizar la permanencia del jornalero y del encargado de cuadrillas. Cuando hay más producción se presiona el trabajo en la cuadrilla, se cambia de empresa o se quedan sin empleo.

Unidos. “Allá, si llueve, se para poquito la máquina en lo que todos se ponen su impermeable y a seguirle. Porque allá no hay hora de entrada ni hora de salida. Allá si te faltan 50 cajones y está lloviendo, a traer tractores pa´sacar el producto, y pa´ jalar la máquina. Allá no hay de que ya me cansé, ya me quiero ir que está lloviendo. No, no, adentro mi canijo, que todavía le hace falta”.

La migración temporal es una experiencia que pone a prueba los conocimientos anteriores para garantizar la permanencia del jornalero y del encargado de cuadrillas. Cuando hay más producción se presiona el trabajo en la cuadrilla, se cambia de empresa o se quedan sin empleo. En 2001, Daniel tuvo que cambiar de empresa pues “hubo un problema, se fusionaron dos empresas. Nunca se comentó a sus trabajadores. Entró nuestro turno y ya estaban nuestras máquinas ocupadas. En ese mismo día se cocinó rápido ´nos van a correr´. Al día siguiente, unos 25 o 30 se quedaron afuera. Llegó la policía y los que estaban afuera se asustaron. Pues todos ´ya no quiero trabajar´. Fue donde presentaron la renuncia. Fue donde me dieron a mi esta carta de: bueno, hasta aquí terminó su trabajo”.

La expansión de visas H-2A no está beneficiando a las

jornaleras mexicanas

Las trabajadoras agrícolas H-2A apenas representan el 3%. La expansión del empleo temporal es básicamente para los jornaleros. Gloria tiene 26 años. Nos decía “pues el primer año se fue él [Daniel] solo, ya estábamos casados. El siguiente año me fui con él. La posibilidad de migrar depende de la demanda de empleo femenino por las agroempresas. Para Gloria, su primera experiencia de trabajo fue “muy pesado, de estar de ´ojera´, es estar todo el día, parada revisando la lechuga. Irle quitando el tronquito que le dejan los cortadores. Lo que más me cansaba era cuando estaba la tierra mojada, porque como nos dan botas, te atascas. Yo estoy muy grandota y si yo me subía al bordo no alcanzaba la lechuga, me quedaba muy abajo y me cansaba más y tenía que ir en medio de los dos surcos y había mucho lodo”.

Experiencias laborales −y contribuciones a las economías estadunidense y mexicana− como las de Daniel y de Gloria, no son consideradas en la expansión de los programas temporales. Es urgente que este tema sea considerado como un problema nacional en México y que se incorpore a una agenda política binacional con compromisos de derechos laborales y de salud de las personas migrantes H-2A. •

¿A dónde van los contratados?

Rubén Hernández-León rubenhl@soc.ucla.edu Oscar Contreras Velasco osfer123@ucla.edu University of California, Los Angeles

El sistema de visas temporales H-2A para trabajadores agrícolas sigue creciendo. En el año fiscal 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expidió cerca de 300 mil visas H-2A, de las cuales, casi 276 mil fueron otorgadas a mexicanos. Pero ¿a dónde van los contratados? La geografía de la contratación de jornaleros agrícolas en Estados Unidos presenta cambios significativos recientes, al mismo tiempo que mantiene cierta continuidad.

Con el fin de analizar la dinámica del destino de los trabajadores H-2A, echamos mano de las certificaciones aprobadas por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en 2010 y 2021. Dichas certificaciones son otorgadas a empleadores que solicitan jornaleros extranjeros, una vez que han demostrado su necesidad de mano de obra temporera y que la importación de dicha fuerza de trabajo no impactará negativamente a los jornaleros locales, además de otros requisitos. Es importante aclarar que las certificaciones laborales no son lo mismo que las visas. No toda certificación se traduce en un contrato con su correspondiente visa, y esto se debe a que algunos empleadores desisten de continuar con el proceso o terminan requiriendo menos trabajadores que los inicialmente planeados. Pero una ventaja de las certificaciones es que son hechas públicas por el Departamento del Trabajo e incluyen detalles tales como la dirección del lugar de trabajo. Es así como podemos obtener una idea bastante precisa de los estados, condados y localidades donde se emplean los trabajadores contratados.

En la docena de años que va de 2010 a 2021, el sureste de los Esta-

dos Unidos fue la región de destino más importante para los trabajadores H-2A. En esa zona, estados como Florida, Georgia, Carolina de Norte y Luisiana ocuparon los primeros lugares en la demanda de contratados. Esto tiene una explicación histórica pues fue en esa región en donde los empleadores comenzaron a utilizar la visa H-2A para reclutar a trabajadores caribeños al menos desde mediados del siglo pasado. Cuando estos jornaleros se organizaron para protestar por las malas condiciones laborales a fines de los años 90, los empleadores los cambiaron por trabajadores mexicanos. En el período en cuestión, el estado de Florida desplazó a Carolina del Norte como la entidad con más certificaciones laborales, no sólo a nivel regional, sino en todo el país. Como lo muestra el mapa, en 2021, las compañías agrícolas de la Florida recibieron permisos para importar casi 45 mil jornaleros. Pero la gran novedad que observamos entre 2010 y 2021, es el surgimiento de California como uno de los principales destinos de los contratados en los Estados Unidos. Para 2021, California se ubicó como el tercer estado que más certificaciones recibió en la Unión Americana, detrás de Florida y Georgia. ¿Por qué la poderosa agricultura californiana apenas despuntó en la contratación de trabajadores H-2A? Esto se debió a que durante décadas, los rancheros californianos no tuvieron que molestarse por reclutar jornaleros mediante un esquema formal de trabajadores huéspedes; los propios migrantes, a través de sus redes familiares y de paisanos, los abastecieron de una abundante mano de obra indocumentada. El cada vez más férreo control fronterizo por parte del gobierno estadunidense, la baja natalidad en México y el hecho de que los

El estado de Washington, en la frontera con Canadá, es un viejo conocido de los contratados, y desde hace tiempo ha importado a miles de trabajadores cada año para laborar en la pizca de la manzana. En 2021, dicho estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en el número de jornaleros aprobados por el gobierno estadunidense.

trabajadores mexicanos estén encontrando alternativas laborales menos riesgosas y costosas que la migración indocumentada, han obligado a los rancheros californianos a fijarse en el sistema de visas H-2A como una fuente de mano de obra.

Lo mismo se puede decir del vecino estado de Arizona, otra entidad con una pujante industria agrícola, pero que también solía recurrir a la fuerza de trabajo in-

documentada. Esto no quiere decir que los contratados apenas hayan aparecido en la región occidental de los Estados Unidos. El estado de Washington, en la frontera con Canadá, es un viejo conocido de los contratados, y desde hace tiempo ha importado a miles de trabajadores cada año para laborar en la pizca de la manzana. En 2021, dicho estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en el número de jornaleros aprobados por el

gobierno estadunidense. Llama la atención que Texas, uno de los destinos tradicionales de la migración mexicana en Estados Unidos, apenas logra colarse en el décimo sitio de los estados de mayor demanda de trabajadores H-2A.

Diez estados con mayor número de certificaciones de trabajadores H-2A Estados Unidos, 2010 y 2021 (Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

Por último, haciendo uso de las certificaciones y las direcciones del lugar de trabajo, hemos logrado identificar lo que denominamos corredores geográficos de empleo H-2A. Existe un corredor de contratación que va del sur de la Florida hasta Carolina del Norte, con importantes concentraciones en el sur de Georgia. Hay otro corredor en la parte sur del río Mississippi, desde Kentucky hasta Luisiana en el Golfo de México. Un tercer espacio de contrataciones va desde Yuma, Arizona, pasa por las zonas agrícolas del sur y centro de California y termina en los condados productores de vid al norte de San Francisco. Una cosa es clara: la demanda de trabajadores H-2A, principalmente de México, ha crecido meteóricamente en pocos años y los contratados, además de concentrarse en ciertos estados, están ahora presentes a lo largo y ancho de la Unión Americana. •

Jornalero en campo de fresa. James Daria

La gente de antes se iba por el cerro

Efrén Sandoval CIESAS – Unidad Noreste esandoval@ciesas.edu.mx

En comunidades rurales de casi todo México es cada vez más común encontrar a personas que han ido a trabajar a Estados Unidos bajo la modalidad del Programa de Visas H2. Este Programa tiene por objetivo la contratación de trabajadores extranjeros que laboran legalmente durante algunos meses para empresas norteamericanas, periodo al final del cual los trabajadores deben volver a su país. De acuerdo con información del Departamento del Trabajo de aquel país, la mayoría de los contratados bajo este Programa son mexicanos que provienen de zonas rurales y se contratan para realizar labores agrícolas (en 2021 se expidieron 353,000 visas H2, y aproximadamente 70% de ellas fueron H-2A).

En los últimos años nos hemos dedicado a indagar sobre el funcionamiento de este Programa, y también a saber qué tipo de implicaciones tiene para las personas que se contratan y sus comunidades. Entre 2021 y 2023 realizamos varias estancias de trabajo de campo en un área de la Sierra Gorda de Querétaro, desde donde cada año parten muchos hombres, la mayoría de ellos entre 21 y 25 años, para pasar varios meses como trabajadores H2 en invernaderos y campos de cultivo de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias ha traído esto para la zona de estudio? ¿Cómo va cambiando la vida a nivel local?

Los salarios que los trabajadores agrícolas con visas H-2A ganan, rondan entre los 14 y los 15 dólares por hora. Pero ésta no es

la única ventaja que encuentran los jóvenes de la Sierra Gorda al reclutarse en el Programa. También encuentran en éste una forma segura de cruzar la frontera. Y si cumplen con las reglas y las metas de trabajo, muy probablemente sean reclutados para la siguiente temporada laboral, así es que algunos jóvenes queretanos están desarrollando auténticas trayectorias laborales como jornaleros agrícolas legales en Estados Unidos. Esta dinámica está trayendo como consecuencia que un buen número de adolescentes de la zona, en lugar de emigrar a temprana edad como hacían sus padres, prefieran esperar, a veces alentados por sus propias madres o padres, a tener la mayoría de edad para tratar de enrolarse en el Programa y así cruzar legalmente la frontera y tener un trabajo por temporadas en Estados Unidos. Esto supone, al mismo tiempo, que muchos varones, que en otras circunstancias hubieran dejado la Sierra ante la fragilidad de la actividad agrícola y la falta de empleo, permanezcan en la Sierra, concluyan el telebachillerato y, mientras logran enrolarse en el Programa vía la recomendación de alguno de sus parientes o paisanos, se empleen como albañiles construyendo las casas de otros trabajadores que, con ayuda de las remesas, van haciéndose de su patrimonio en la propia Sierra. Y es que, de acuerdo con nuestras indagaciones, más de la mitad de las remesas ganadas por los trabajadores temporales H2 de la Sierra, son destinadas para la compra de terrenos, vehículos, y la construcción de casas habitación.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque estar contratado bajo las reglas del Programa de Visas H2, supone someterse a un alto nivel de disciplinamiento. En el caso de los trabajadores agrícolas, éstos prácticamente no tienen libertad de movilidad en Estados Unidos, pues deben permanecer alojados en el lugar asignado por

el patrón, desde donde cada día son estrictamente transportados al lugar de trabajo. Como en la generalidad de los casos habitan en plena zona agrícola y lejos de poblados o ciudades, dependen también de ser transportados para conseguir víveres, enseres, y acceso a lugares para enviar su dinero a México.

Localmente, la expansión reciente del Programa de Visas H2 supone la llegada de más remesas a la Sierra, y con ello la monetización de la vida doméstica. Muchas familias van dejando de trabajar la milpa, incluso hay jóvenes que ya desconocen muchos detalles de la labor en el campo pues ahora, en lugar de producir sus propios alimentos, es más fácil conseguir víveres en las tiendas de los pueblos más cercanos, y cada vez más se prefiere realizar actividades que implican el uso del dinero. Para muchos jóvenes serranos, el esfuerzo y desgaste del trabajo en el campo no es redituable, sobre todo si se le compara con las ventajas de un ingreso de 15 dólares por hora durante varios meses en Estados Unidos. Así, poco a poco, ciertas actividades agrícolas tradicionales van desapareciendo. Se produce menos pulque, manzana o maíz, y se compra más frijol, tortillas y abarrotes. Incluso los burros son ya escasos a consecuencia de la llegada de vehículos (camionetas y cuatrimotos) que transitan por los muchos caminos de terracería.

Hoy, en la Sierra Gorda, el oficio de reclutador de trabajadores agrícolas H-2A parece sumarse al de otros recientemente instalados, como el de albañil, mecánico o tendero. En el panorama de la generación de varones más jóvenes de esta zona, está cada vez más claro que la forma más conveniente de emigrar ya no es “por el cerro, como la gente de antes”, sino con visa H2. •

Entre 2021 y 2023 realizamos varias estancias de trabajo de campo en un área de la Sierra Gorda de Querétaro, desde donde cada año parten muchos hombres, la mayoría de ellos entre 21 y 25 años, para pasar varios meses como trabajadores H2 en invernaderos y campos de cultivo de Estados Unidos.

Joven migrante. Efrén Sandoval

Sierra Gorda en Querétaro. Efrén Sandoval

El Programa H-2A en el Valle de San Quintín: Notas desde el campo

Christian Zlolniski University of Texas Arlington chrisz@uta.edu

James Daria Spelman College lst18@yahoo.com

Para responder a la demanda de mano de obra, productores y compañías agrícolas en los Estados Unidos usan el Programa de visas H-2A para contratar a trabajadores temporales. El número de trabajadores contratados bajo este programa pasó de 33,292 en 2000 a 586,992 trabajadores en 2021; el 96% de los cuales procede de México.

La expansión del programa H-2A se ha visto reflejada en el Valle de San Quintín, en Baja California, que desde la década de 1980 exporta productos hortícolas de alto valor a Estados Unidos, Canadá, y otros mercados internacionales. Más recientemente, desde la primera década del 2000, también se ha especializado en la exportación de trabajadores mexicanos H-2A a Estados Unidos, cuando compañías agrícolas de California empezaron a reclutar a trabajadores con experiencia por medio de sus cadenas de suministro, y más tarde en los estados del sur de México, en regiones con altos índices de pobreza y marginación. En los últimos años se observan cambios significativos en la forma en que opera el programa H-2A en San Quintín; por ejemplo, el número de empresas que reclutan trabajadores agrícolas pasó de 1, en 2007, a más de media docena en 2023. Algunas de estas compañías

contratan entre 3,000 y 3,500 trabajadores/as al año, de tal manera que en la actualidad el Programa se ha expandido significativamente en toda la región. Un segundo cambio se refiere al proceso de selección de los trabajadores; algunas empresas intermediarias han establecido operaciones agrícolas de producción al sur de la frontera para refinar el proceso de selección de trabajadores temporales de otros estados tales como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.

El proceso de selección consiste en dos etapas. La primera tiene lugar en las cabeceras municipales de las comunidades de origen, donde se somete a trabajadores candidatos/as a pruebas de conocimiento, experiencia y habilidad en una variedad de frutas y hortalizas que se producen en Estados Unidos. La segunda etapa se lleva a cabo en regiones de Baja California, cerca de la frontera, donde estas compañías entrenan y seleccionan a los candidatos para la visa H-2A. Los trabajadores ganan salarios de alrededor de $360 por día mientras aprenden las habilidades necesarias para una contratación exitosa y se alojan en campamentos habilitados por las compañías reclutadoras.

Para seleccionar a los trabajadores H-2A son usados dos criterios principales: el primero se refiere a habilidades como la destreza,

En los últimos años se observan cambios significativos en la forma en que opera el programa H-2A en San Quintín; por ejemplo, el número de empresas que reclutan trabajadores agrícolas pasó de 1, en 2007, a más de media docena en 2023. Algunas de estas compañías contratan entre 3,000 y 3,500 trabajadores/as al año, de tal manera que en la actualidad el Programa se ha expandido significativamente en toda la región.

rapidez, agilidad y experiencia en el manejo de productos agrícolas, sobre todo para la cosecha; el segundo se enfoca en lo que estas compañías denominan “disciplina.” En el ámbito laboral, la disciplina se refiere a acatar las órdenes de los supervisores, puntualidad en los horarios de trabajo, docilidad, y no crear problemas con los productores que los emplean. En la vivienda, las empresas reclutadoras valoran que los trabajadores se apeguen a las reglas de los dormitorios y “no alboroten a la gente” por las condi-

ciones habitacionales. Asimismo, las compañías reclutadoras no sólo asumen tareas relacionadas con el entrenamiento de la mano de obra, sino también en la provisión de vivienda, alimentos y transporte a los trabajadores en Estados Unidos. Para los/as trabajadores con visa H-2A de San Quintín, el programa ofrece importantes ventajas. Destacan los salarios significativamente más altos que los que ganan en San Quintín; una diferencia en términos medios de $313 pesos por día en San Quintín y US$18.65 (MX$317.05) por hora en California. Con los ahorros generados, los trabajadores temporales a menudo invierten en terrenos, vivienda, educación de sus hijos y/o abrir un negocio familiar y, alguno/as, dejar el trabajo agrícola en México. La expansión de compañías que reclutan en la región también ha facilitado una movilidad transversal para trabajadores H-2A con experiencia, quienes pueden escoger con qué compañía contratarse o combinar contratos con más de un reclutador al año durante distintos períodos del ciclo agrícola. A pesar de ello, el uso de compañías

intermediarias implica una mayor distancia con sus empleadores, aumentando el poder disciplinario de la agencia de contratación para contener o reprimir conflictos relacionados con las condiciones de trabajo y/o vivienda en Estados Unidos.

Estos cambios reflejan la vulnerabilidad de los trabajadores contratados bajo programas de empleo temporal en un sistema agroalimentario global, orientado a maximizar las ganancias de las corporaciones y limitar los derechos laborales de los jornaleros/as agrícolas. El programa H-2A podría considerarse una versión sofisticada en el siglo 21, manejada en el sector privado, del antiguo Programa Bracero del siglo pasado. Un mercado laboral transfronterizo, escasamente regulado y organizado en torno a los intereses privados de los productores, restringe aún más la limitada capacidad de respuesta de estos trabajadores. En este contexto, es importante brindar mayores protecciones a los trabajadores temporales, a medida que este tipo de programas continúa su expansión desde México hacia Centroamérica. •

Valle de San Quintín. James Daria

Invernadero de pepinos. James Daria

Migrantes rurales tamaulipecos con visas H-2A

Simón Pedro Izcara Palacios sizcara@uat.edu.mx Karla Lorena Andrade Rubio kandrade@uat.edu.mx Universidad Autónoma de Tamaulipas

Después de 36 años, el Programa de visas H-2A ha pasado de constituir una forma marginal de migración laboral a Estados Unidos para la población rural tamaulipeca, a consolidarse como la principal vía de acceso al mercado laboral estadunidense. Tres décadas atrás, en el medio rural tamaulipeco, emigrar de modo irregular era más frecuente que hacerlo a través del citado Programa. En los años noventa la oferta de visas H-2A era reducida; en la actualidad, la oferta de visas para empleo temporal agrario se ha incrementado al mismo tiempo que los costes económicos y sociales de la migración irregular. Como consecuencia, si a finales de los años ochenta y en los noventa era más atractivo emigrar de modo irregular, hoy el número de trabajadores rurales tamaulipecos que migran al norte de modo subrepticio es limitado. Una excepción

fue el año 2020 y comienzos de 2021, cuando creció la emigración rural irregular a Estados Unidos para hacer frente a la destrucción de empleos y a los gastos sanitarios extraordinarios ocasionados por el COVID-19. La forma como los jornaleros tamaulipecos ingresan en el programa H-2A muchas veces es a través de familiares o amigos que trabajaron anteriormente en Estados Unidos y piden a sus patrones o capataces que den empleo a los primeros. De este modo, durante la siguiente temporada aparecerán en la lista redactada por el empleador estadunidense que hace la petición de mano de obra temporera. Uno de los principales motivos por los cuales los jornaleros tamaulipecos deciden acceder al programa H-2A, aunque tengan que alejarse la mitad del año de sus familias, es la educación de los hijos. Cuando los hijos comienzan la educación escolarizada o cuando inician estudios universitarios, los gastos familiares se

elevan sustancialmente. Para muchos jornaleros sin tierra y pequeños propietarios rurales tamaulipecos la emigración es la única forma de enfrentar estos gastos, y hacerlo de forma legal implica menos riesgos que emigrar sin papeles.

Los trabajadores temporales tamaulipecos empleados con visas H-2A se distribuyen por gran parte de la geografía estadunidense, pero los principales puntos de destino son: las dos Carolinas, Washington, Georgia, Luisiana y California. Las actividades realizadas por los jornaleros tamaulipecos aparecen relacionadas principalmente con el trabajo en los campos de tabaco, manzana, fresa, uva, cítricos y hortalizas.

El perfil de los migrantes tamaulipecos −a quienes los consulados estadunidenses de Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo otorgan visas H-2A− es el de hombres casados en torno a treinta años de edad. La participación de mujeres tamaulipecas en este Programa es baja. Cuando el marido emigra al Norte, la mujer generalmente se queda en el hogar al cuidado de los hijos. También participan en este

Trabajadores temporales tamaulipecos empleados con visas H-2A se distribuyen por gran parte de la geografía estadunidense, pero los principales puntos de destino son: las dos Carolinas, Washington, Georgia, Luisiana y California.

Programa trabajadores solteros más jóvenes, sin embargo, su número no es elevado. Éstos son menos apreciados por los empleadores estadunidenses por ser menos responsables que los casados, pues no tienen cargas familiares. Tampoco es infrecuente la presencia de jornaleros de más de cuarenta años de edad. Algunos son muy apreciados por los empleadores debido a su ética del trabajo y a su capacidad de liderazgo. Sin embargo, el trabajo agrario es muy exigente, y a medida que avanza la edad del trabajador disminuye su productividad, de modo que hay un punto, en torno a los cincuenta años de edad, cuando los empleadores estadunidenses deciden no volver a convocar a un trabajador que en su juventud fue excepcional.

Otra razón por la que algunos trabajadores rurales tamaulipecos no son convocados en una siguiente temporada son los problemas de salud, es por ello que algunos jornaleros dicen que, aunque tienen seguro médico y les informan de sus derechos laborales, no les está permitido enfermarse. Los jornaleros nunca están seguros de que serán llamados para la siguiente temporada. Como consecuencia, las visas H-2A dan lugar a una feroz competencia por rendir más que el resto de los compañeros de trabajo para asegurar la permanencia en el Programa. En este sentido, los salarios no suelen depender del número de horas trabajadas, sino de la cantidad de trabajo realizado (por ejemplo, el número de cajas pizcadas). Al comparar los ritmos del trabajo agrario en Tamaulipas y en Estados Unidos, todos concluyen que en el Norte se trabaja más rápido y las jornadas son más largas, aunque los jornaleros migratorios tamaulipecos siempre elogian los altos salarios recibidos en el agro estadunidense. •

AGENDA RURAL

Pizcador de naranja”. Pedro Izcara

¡Nos vamos a los contratos! De la Huasteca Potosina a la agroindustria estadunidense

María Mayela Blanco Ramírez El Colegio de la Frontera Norte. Consultora y defensora de derechos humanos. Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Red de Defensores de Justicia en Movimiento bmmayela@gmail.com

En el Anuario de Migración y Remesas del 2022, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar de las entidades con un grado alto de intensidad migratoria. La región huasteca del estado, conformada por 20 municipios, cuyos habitantes en su mayoría pertenecen a las culturas nahua y tének, presenta condiciones de pobreza, desigualdad, marginación y violencia. Es característica la expulsión de

jornaleras y jornaleros que migran para trabajar en el sector agrícola al interior del estado, a otras entidades del país, a Estados Unidos y a Canadá. Para Estados Unidos, además de la migración irregular, existe la migración con visas H-2A. La visa H-2A, permite a empleadores ingresar a migrantes para trabajar temporalmente. Su reglamentación obliga al empleador a proporcionar un contrato de trabajo, cubrir los gastos de

reclutamiento, transporte desde la comunidad de origen hasta el lugar de trabajo y el retorno a México; cuando estos gastos los realiza el trabajador/a deben reembolsarse. También se debe brindar vivienda, transporte y alimentación en el lugar de trabajo. Sin embargo, se han detectado casos en donde se pasa por alto la reglamentación, incurriendo en abusos y violaciones a derechos laborales y humanos.

Reclutamiento y migración con visas H-2A

En la Huasteca Potosina, la migración con visas H-2A inició con los contratos en 1990. Este antecedente se recaba del testimonio

retención de documentos, intimidación por defenderse, acceso limitado a servicios médicos, muertes y accidentes en lugares de trabajo, explotación, trabajo forzoso y trata laboral.

de Miguel, originario de Tamazunchale. Él se fue por primera vez en aquel año; cuando migró, salieron de su municipio 5 autobuses con personas de Rioverde, Ciudad del Maíz y de Hidalgo. Al respecto, comentó: “en ese tiempo los contratistas eran más derechos, no cobraban por llevarte, yo sólo pagué por el “derecho de visa”. Otra experiencia es la de Pedro, originario de Tamazunchale, residente en Xilitla; él migró por primera vez en 1992, con su papá. Para iniciar el trámite fue a la casa del contratista en Chapulhuacan, su contrato fue por 6 meses “para el tabaco”, en Carolina de Norte, y pagó al contratista $200 dólares por el “derecho de visa”; cobro indebido solicitado por el reclutador en la comunidad. Desde entonces, las ofertas de trabajo, el reclutamiento y la contratación para este visado llega a las comunidades indígenas y rurales de la Huasteca, sin inspección ni vigilancia del gobierno mexicano, debido a que los reclutadores/as o intermediarios independientes no están en el Registro Central de Agencias de Colocación de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México.

Condiciones laborales en el contexto pandémico Durante el COVID- 19, las y los trabajadores H-2A se reconocieron en México y en Estados Unidos como “esenciales”, pese a ello, las condiciones de trabajo permanecieron, como antes de la pandemia, distantes de un cabal respeto a las protecciones y derechos establecidos para la visa. Continuaron casos en los que se detectaron salarios bajos, incumplimiento de contratos, precarias condiciones de vivienda,

Las ofertas de visas H-2A en las comunidades de origen de la Huasteca se potencializaron con el uso de las redes sociales. No pararon las ofertas ni el reclutamiento realizado por agencias y reclutadores independientes que, sin vigilancia y registro, continuaron en las comunidades cobrando por entrar a una lista de espera y/o acceder a la oferta de trabajo, derivando en casos de fraudes, pues los reclutadores, al recibir el dinero, dejaban de responder a las/los solicitantes de visa.

Los fraudes, cobros indebidos y las violaciones a derechos laborales en torno a esta visa H-2A, han sido detectados en más de 19 estados del país y denunciados desde hace más de 10 años por organizaciones, alianzas y redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos, organizaciones que han acompañado algunos casos, aunque lamentablemente éstos continúan.

Algunos trabajadores/as señalan que el empleador y/o reclutador no proporciona el pago ni rembolso de los gastos de transporte, hospedaje y alimentación generados al salir de su comunidad hasta la ciudad donde tramitaron la visa. Otros tuvieron que pagar por el “derecho de visa”. Por ejemplo, Juan, de Xilitla, comentó: “ En el 2021, mi esposa y yo pagamos una camioneta que nos llevó desde la comunidad al crucero de Comoca, luego el autobús hasta Monterrey, más los 200 dólares por el derecho de visa. También pagamos el viaje de regreso a la comunidad”.

Lo anterior muestra la carente salvaguarda de los derechos de quienes migran mediante las visas H-2A. Es necesario que los gobiernos en Estados Unidos y en México, conforme a sus competencias, emprendan acciones que garanticen la operatividad de este visado y brinden una mejor protección, promoción y defensa de los derechos laborales de las/ los trabajadores. •

La visa H-2A, permite a empleadores ingresar a migrantes para trabajar temporalmente. Su reglamentación obliga al empleador a proporcionar un contrato de trabajo, cubrir los gastos de reclutamiento, transporte desde la comunidad de origen hasta el lugar de trabajo y el retorno a México; cuando estos gastos los realiza el trabajador/a deben reembolsarse.

Jornal comunitario. Mayela Blanco

Autoridades comunitarias. Mayela Blanco

Migrantes purhépechas H-2A: una estrategia familiar de sobrevivencia

José Roberto González Morales El Colegio de Michoacán comachuen@gmail.com

La comunidad indígena de Comachuén, municipio de Nahuatzen, Michoacán, cuenta con una población de 6, 213 habitantes según el censo de 2020. El flujo migratorio hacia Estados Unidos data desde la época posrevolucionaria. En la actualidad, los comachuenses participan en la migración laboral documentada con visas H-2A. Alrededor de 400 purhé -

pechas migran de manera temporal (entre dos y nueve meses) hacia los estados de Nueva York, Kentucky, Carolina del Norte, Virginia, Arkansas, Colorado y Texas. Regularmente, se emplean en la plantación de cebolla, en la cosecha de repollo (col), pepino, calabacita, mini pumpkin, squash, kabocha y bellota; en el corte de naranja, manzana, tabaco y cebolla; y en el empaque de ejote, pepino y repollo.

En México se destaca la importancia de las remesas en dólares que envían los migrantes para la economía nacional, pero muy poco se dice de las penurias que viven los jornaleros para obtener dichos ingresos monetarios. Durante mi trabajo de campo en Elba, Nueva York, pude percatarme de cómo los purhépechas tienen que mostrar buena conducta y buen desempeño en el trabajo y, más que nada,

tener la capacidad de soportar extenuantes jornadas laborales y disponibilidad para asumir una explotación hasta el límite de sus capacidades físicas, para demostrarle al mayordomo y al patrón su valía como trabajadores empeñosos y productivos. En Estados Unidos, los contratados obtienen un pago imposible de lograr en México como jornaleros agrícolas, ello es a costa de sufrir arduas jornadas de trabajo de aproximadamente diez horas. Estando en Elba yo no comprendía, ni mucho menos podía asimilar, cómo continuaban contratándose los purhépechas aun sabiendo el tipo de explotación que tenían que vivir en los campos agrícolas. En sus propias voces, ellos expresaban que migraban por necesidad, no por gusto, pero ¿únicamente era eso? Era complejo entenderlos. Sin embargo, los comachuenses hacían alusión a que, al no contar con un empleo bien remunerado en Michoacán, tenían que salir de su terruño forzosamente en busca de mejores oportunidades laborales.

En Comachuén, los impactos de la migración se han manifestado de distintas maneras: a) alrededor de 400 familias indígenas sobreviven con el dinero que envían los migrantes H-2A. Se estima que un 80% de las remesas se invierten para el sostén familiar, el equipamiento de casas y la compra de vehículos, además de atender gastos de salud, vestido, calzado y educación; también la creación de negocios como tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa, papelerías, carnicerías, zapaterías o ferreterías; asimismo para la producción de aguacate, la compra de herramientas de trabajo para carpintería, la construcción de viviendas, la compra de tierras, el pago de deudas y el subsidio de fiestas comunitarias. b) Los contratados cumplen con los requisitos que se requieren para asumir un compromiso dentro del sistema de cargos, como ser carguero de un santo, padrino de boda, bautizo o confirmación, eso les ha permitido obtener un reconocimiento social en la comu-

nidad. c) Los jóvenes no ven como prioridad estudiar los diferentes niveles educativos ante la falta de oportunidades laborales, la carencia de contratos de trabajo estables y de larga duración en el país. Más bien, ahora ven en la migración por contrato una alternativa laboral más atractiva que la educación universitaria o normalista.

Los migrantes purhépechas que se emplean en la compañía Torrey Farms Inc. en Elba, Nueva York, obtienen por su trabajo, en conjunto, seis millones de pesos al año. Un millón lo invierten en la compra de alimentos, ropa y herramientas de trabajo durante su estancia en Estados Unidos, y cinco millones los envían a Michoacán. En los últimos siete años, los trescientos contratados que acuden a Elba han invertido cerca de tres millones de pesos en vitrales, alumbrado y compra de equipo de audio para la iglesia de la comunidad, techado de la plaza de toros, compra de sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas para los comuneros, en el cercado perimetral de la nueva escuela primaria en proceso de construcción, en eventos deportivos, en la donación de ganaderías y bandas de música.

En Comachuén, migrar como contratado es una de las principales alternativas laborales, pero también una estrategia de sobrevivencia para cientos de familias. Esto se ha visto favorecido por el apoyo de redes familiares, de parentesco, de amistad y de paisanaje, además de que se ha convertido en un estilo de vida desde hace más de una década. El trabajo temporal y el envío de remesas les ha permitido obtener prestigio y capital simbólico a los trabajadores agrícolas H2-A, además de que les ha otorgado seguridad y autonomía. Mientras en el país no se generen empleos bien remunerados y estables, y no haya políticas públicas que atiendan a este sector vulnerable de la sociedad, los purhépechas seguirán migrando hacia Estados Unidos por necesidad y no por gusto. •

En Estados Unidos, los contratados obtienen un pago imposible de lograr en México como jornaleros agrícolas, ello es a costa de sufrir arduas jornadas de trabajo de aproximadamente diez horas. Estando en Elba yo no comprendía, ni mucho menos podía asimilar, cómo continuaban contratándose los purhépechas aun sabiendo el tipo de explotación que tenían que vivir en los campos agrícolas.

Donación a la comunidad. Roberto González

Cosecha en Nueva York. Roberto González

Morelenses en el cultivo de tabaco a través de las visas H-2A

Adriana Saldaña Ramírez asaldana@uaem.mx Kim Sánchez Saldaña antropkim@gmail.com UAEM Morelos

Los morelenses han estado siempre presentes en la migración internacional como jornaleros agrícolas, viajando “con papeles” desde su participación en el Programa Bracero (1945 a 1964). Hasta hoy, el flujo de trabajadores que se contratan temporalmente en los campos estadunidenses ha continuado, dando lugar a que se pueda considerar que algunos municipios son fuente de mano de obra especializada para ciertos cultivos. Ejemplo de ello son comunidades del municipio de Tepoztlán, que han incorporado a la migración internacional en sus estrategias de vida, hacia Estados Unidos a

través de las visas H-2A, y a Canadá mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá.

Las visas H-2A son en la actualidad la modalidad migratoria más significativa para las comunidades tepoztecas, destacando la participación de hombres en la cosecha de tabaco en Carolina del Norte y Virginia, una tradición que se ha extendido desde mediados de los años ochenta. Durante ciertos meses del año (marzo – octubre), los trabajadores migran para aprovechar la temporada, y al concluir sus contratos, regresan a sus lugares de origen donde se dedican a diversas actividades en la agricultura de subsistencia y comercial,

la albañilería, la apicultura, en el transporte público, entre otras.

En el caso de Virginia, los jornaleros son empleados a través de Virginia Agricultural Association, Inc. (VAGA), que a su vez contrata agencias de intermediación para establecer contacto con la mano de obra. Estas agencias cuentan con representantes en diversas comunidades morelenses. Los habitantes de Tepoztlán se enteran de las oportunidades de empleo por medio de paisanos, amigos y familiares que los recomiendan a los representantes de esas agencias. Estos intermediarios en los lugares de origen se encargan de gestionar la documentación necesaria para que los trabajadores puedan solicitar sus visas H-2A. Los tepoztecos se relacionan con dos intermediarios: uno radicado

en Ciudad Altamirano, Guerrero, que engancha para labores relacionadas con el tabaco y, el otro, reside en Xalostoc, en el municipio de Ayala en Morelos, que recluta a trabajadores para campos de tabaco, manzanas, uvas y otras actividades como la apicultura. En ambos casos, los aspirantes deberán entregar sus pasaportes y otros documentos que son enviados a las agencias de intermediación en el norte del país, las cuales, a su vez, los hacen llegar a los consulados correspondientes (Monterrey y Tijuana en el caso de los tepoztecos), ahí se lleva a cabo una selección de candidatos para las entrevistas relacionadas con la visa. Aquellos que son autorizados para realizarlas se trasladan en camiones desde Morelos hasta la frontera, donde esperan durante algunos días mientras terminan el proceso. Quienes obtienen la visa, luego se dirigen en camiones hacia los campos agrícolas. Según lo indicado por Juan Manuel Adame (2020), en su tesis “Dinámicas de la migración temporal legal en la región Norte y los Altos de Morelos: el caso de Santa Catarina, Tepoztlán”, las personas de esa comunidad invierten entre 8,000 y 10,000 pesos para cubrir los costos de traslado desde su comunidad hasta los campos agrícolas en Estados Unidos: pago del camión hasta la frontera, hotel y comidas. Los trabajadores que logran obtener su visa reciben algunos recursos de VAGA para financiar

parte de los gastos dentro de territorio estadunidense. En otras palabras, el costo del viaje desde la comunidad hasta la frontera es asumido por los propios trabajadores. Mientras que los aspirantes rechazados deben regresar a sus comunidades habiendo usado recursos que no recuperarán.

La migración de hombres tepoztecos para trabajar en el tabaco ha sido muy importante por tres generaciones, incluso aquellos que habían recibido educación para ser docentes en los ochenta, aprovechaban sus periodos vacacionales para insertarse en los campos tabacaleros y hacerse de recursos económicos extras, según testimonio recogido en San Andrés de la Cal en 2020.

En contraste con esa reiterada experiencia migratoria, en el contexto de la pandemia por COVID-19, algunos campesinos de otros municipios buscaron por primera vez visas H-2A como alternativa, lo cual -aunado al clima de incertidumbre y aislamiento-, propició la presencia de estafadores. De hecho, la delegación estatal del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2020, alertaba a los trabajadores por medio de su página de facebook para que no se dejaran embaucar. Durante ese año se habían detectado 22 tentativas de fraude, sobre todo en los municipios de Ayala y Axochiapan.

Pero, más allá de aquella situación extraordinaria, el SNE no ha tenido una campaña permanente de vigilancia, siendo su papel respecto a las visas H-2A limitado a brindar información en general y fungir como reclutador de una empresa norteamericana de Florida, Lipman Produce, con la cual tiene convenio para canalizar aspirantes. •

Las visas H-2A son en la actualidad la modalidad migratoria más significativa para las comunidades tepoztecas, destacando la participación de hombres en la cosecha de tabaco en Carolina del Norte y Virginia, una tradición que se ha extendido desde mediados de los años ochenta. Durante ciertos meses del año (marzo – octubre), los trabajadores migran para aprovechar la temporada, y al concluir sus contratos, regresan a sus lugares de origen donde se dedican a diversas actividades en la agricultura de subsistencia y comercial, la albañilería, la apicultura, en el transporte público, entre otras.

Jornalero. Dana Ullman

Benjamín López / CIMMYT

El viaje de Xut a los campos de Norteamérica

Oscar Sánchez Carrillo CIMSUR-UNAM oscarsac@unam.mx

Xut es un hombre indígena chol de 38 años. Es alto y robusto, con la piel tostada por el sol debido al arduo trabajo en los campos como jornalero agrícola. Es originario de la comunidad “El Paraíso”, municipio de Sabanilla, situada en las escarpadas montañas del norte de Chiapas.

En marzo 2020, Xut recibió por teléfono celular instrucciones para concentrarse en un hotel cerca de la Central de Autobuses de Monterrey. Tenía planeado viajar en autobús desde la ciudad de Villahermosa hasta Monterrey, sin embargo, se le exigía presentarse urgentemente en el lugar acordado. El trayecto en autobús dura tres días, por lo que corría el riesgo de perder el visado H-2A para el cual se había enlistado meses atrás con un reclutador, además de sus 5 mil pesos pagados.

La única persona a quien Xut podía acudir en busca de ayuda para comprar un boleto de avión era el “antropólogo”, quien visita regularmente su comunidad y hace muchas preguntas sobre las personas contratadas con visas H-2A para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos.

Xut llamó al antropólogo y le explicó la situación y el dilema que enfrentaba. El antropólogo, desde

su oficina, procedió a comprar el boleto de avión con tarjeta de crédito en una aerolínea de bajo costo, para el día acordado, a su nombre. Con el boleto digital, Xut dejó su comunidad con destino al aeropuerto, ubicado en la capital chiapaneca. Era la primera vez que subía a un avión, y tenía algo de miedo.

En 2023, Xut se encontraba en su segunda temporada de trabajo en los campos agrícolas, al igual que el año anterior, desde mayo hasta noviembre. Durante la primera temporada, se implementaron estrictas medidas de salud debido a la pandemia de COVID-19. Anteriormente, Xut completó los trámites para obtener su pasaporte mexicano, un proceso que puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los trabajadores indígenas para obtener y validar su identidad.

Después de obtener el pasaporte, lo envió al reclutador, tal como se había acordado previamente, y realizó el pago correspondiente “por los trámites”.

Meses más tarde, el reclutador le envió por WhatsApp el contrato aprobado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el cual había sido completado por el empleador utilizando los formularios ETA-790 y ETA-790A. Estos formularios contienen información general de la empresa, como la dirección, el representante legal y los medios de contacto. Xut fue registrado con un número de identificación del visado H-2A. Sin embargo, el contrato no especificaba el nombre, origen ni nacionalidad del trabajador agrícola. Es uno más de los 52 trabajadores solicitados y contratados por la empresa Triple J Produce, Inc., una compañía familiar con tres generaciones dedicadas con orgullo a producir una variedad de vegetales orgánicos como pimientos, calabazas, espárragos y camote. La empresa se ubica en la ciudad de Sims, Carolina del Norte, y cuenta con una extensión de casi 2 mil hectáreas destinadas a la producción hortícola.

El contrato establece que el salario de Xut es de 14.16 dólares por hora, trabajando 42 horas semanales durante 6 días, en un horario de 7 de la mañana a 3 de

Los reclutadores abren oficinas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Palenque, ofrecen servicios de tramitación del pasaporte por 15 mil pesos, visa de turista por 45 mil pesos y la visa H-2A por 90 mil pesos, este último se realiza en tres partes.

la tarde, con una hora de descanso para comer, y descansando los domingos. Xut debe recibir 116.80 dólares al día, lo que suma un total semanal de 934.4 dólares y un salario bruto mensual de 3,737 dólares. Además, señala un salario por tarea, sin límite de tiempo por la tarde con un pago de 0.50 centavos de dólar por cada ocho botes de camote de 50 libras. Esta tarea es opcional y depende de la decisión del trabajador. El año pasado, el tipo de cambio era de 19 pesos mexicanos por 1 dólar, lo que equivalía a 71,014 pesos mexicanos al mes. Sumando la temporada de 6 meses, Xut recibió un total de 426,086 pesos mexicanos. Pero, el contrato también especifica que el empleador deducirá los costos de vivienda, electricidad, agua, alimentación y transporte. Sin embargo, la realidad es diferente, ya que Xut recibió mucho menos de lo mencionado anteriormente, además tenía deudas por pagar. Enviaba cada quince días entre 300 y 400 dólares en remesas a

su familia, lo que equivalía en promedio a 7,000 mil pesos. Esta noticia se propagó rápidamente en las comunidades indígenas y ahora muchos hombres jóvenes están buscando obtener sus pasaportes y visas H-2A.

El caso de Xut es ejemplar debido a su historia de éxito como jornalero indígena chol. Sin embargo, existen otras historias personales de fracaso, frustración y fraudes. Los reclutadores abren oficinas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Palenque, ofrecen servicios de tramitación del pasaporte por 15 mil pesos, visa de turista por 45 mil pesos y la visa H-2A por 90 mil pesos, este último se realiza en tres partes. Indican instruir a los candidatos para la obtención de las visas, y justifican ser eficientes, pero la realidad es diferente. Estos intermediarios operan sin regulación por parte de las autoridades mexicanas. Los fraudes son comunes y los abusadores actúan impunemente en la frontera sur de México. •

Corporativo de Visas Americanas. Oscar Sánchez

Oficinas para visas. Oscar Sánchez

Trabajador en sancos. Oscar Sánchez

De la discriminación local a la global. Trabajadoras agrícolas con visa H-2A

Elizabeth Juárez Cerdi El Colegio de Michoacán, ecerdi@colmich. edu.mx

La producción de frutas y hortalizas en la agricultura intensiva estadunidense requiere la contratación de trabajadores temporales extranjeros, ya que son productos perecederos que se destinan a mercados competitivos, por lo que deben ser entregados en tiempos precisos. Los jornaleros extranjeros entran a Estados Unidos bajo un programa que conlleva un sistema de flexibilidad laboral, promovido con las visas H-2A. Contratarlos solo por meses posibilita que el trabajador quede al margen de la normatividad laboral, pagándoles salarios bajos, comparado con lo que ganaría un trabajador estadunidense, se evadan los derechos laborales que tendrían si fueran empleados permanentes y los expone a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y explotación por ser trabajadores agrícolas extranjeros.

El ingreso a este programa de empleo temporal supuestamente está abierto a hombres y mujeres, pero desde el proceso de selección es evidente que no es así. Un ejemplo de esta situación es el de las michoacanas contratadas con

visa H-2A. Cuando se anuncia que hay trabajo en campos estadunidenses, se precisa el sexo del solicitante, en otras ocasiones no se especifica; sin embargo, al llegar a los centros de contratación o a la oficina del reclutador particular, las michoacanas enfrentan prácticas de discriminación y exclusión, pues la mayoría de las personas seleccionadas son hombres y solo una mínima proporción, mujeres. Algunas trabajadoras han tenido que pagar una “cuota” para ser consideradas en las contrataciones.

Esta situación viola el derecho de las mujeres al acceso a oportunidades laborales, y en particular, si referimos la situación al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se incumple el artículo 23, el cual hace un llamado a cada Estado-nación (específicamente a México y Estados Unidos) a implementar las medidas que “considere apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación en el empleo basada en el sexo (…), orientación sexual, identidad de género (…) y proteger contra la discriminación salarial”.

A pesar de ello, el porcentaje de jornaleras mexicanas se encuentra

es el caso de las michoacanas. A esta discriminación laboral por género, que se da desde el lugar de origen, se suman situaciones de vulnerabilidad como mujeres y como trabajadoras agrícolas al ser contratadas con la visa H-2A, pues solo podrán laborar en la granja o la agroindustria que se especifica en su contrato, por lo que no podrán cambiar de “patrón” ni de lugar, aunque sufran maltrato físico o psicológico, acoso sexual, falta de atención médica, que no les paguen lo acordado, trabajen jornadas extenuantes bajo condiciones mínimas de seguridad, y negligencia por uso de pesticidas cuando ellas aún están trabajando en los campos de cultivo. Además, enfrentan en Estados Unidos la constante amenaza de que si se quejan serán regresadas a México. Las michoacanas que he entrevistado tenían experiencia laboral en la agricultura, adquirida desde niñas. Habían trabajado en cultivos locales, pero eran empleos temporales y de bajo salario, por lo que buscaron ser contratadas con las visas H-2A. La duración de su contrato en Estados Unidos estuvo entre 2 y 5 meses. Entre los factores que propician su migración laboral están: la demanda de fuerza de trabajo a nivel internacional, la oferta de ésta en regiones en las que hay mano

de obra sumisa, experimentada y con necesidad de lograr la sobrevivencia familiar; aunado a condiciones deterioradas social y económicamente a nivel local. A diferencia de la movilidad internacional de trabajadores hombres, la movilidad femenina tiene su propia dinámica y particularidades, relacionadas con factores y condiciones sociales específicas, como el tiempo en que ellas están lejos de su hogar y la forma en que se tiene que reorganizar la vida familiar en su ausencia, y los recursos que posean en Estados Unidos para mantener contacto con su familia en el lugar de origen. Asimismo, se ponen en juego elementos que son importantes para las migrantes, como la relación con sus hijos, padres, pareja, su reputación (lo que los demás piensan de ellas), su estabilidad emocional. Además enfrentan diversos problemas familiares en contextos culturales donde prevalecen prácticas de paternidad y maternidad tradicionales. A esto se suman sentimientos de tristeza, o de culpa, por dejar a sus hijos mientras cumplen su contrato laboral en Estados Unidos. Las situaciones que viven las trabajadoras H-2A también las experimentan otras migrantes latinoamericanas y asiáticas que ingresan a mercados de empleo agrícola temporal fuera de su país. •

entre 4% y 5% del total de trabajadores contratados (en 2018 solo 3% del total de visas H-2A otorgadas a México fue para mujeres), aun cuando ellas tengan conocimientos y experiencia laboral previa en el trabajo agrícola y habilidades en el manejo de cultivos como los frutos rojos (fresa, zarzamora, frambuesa, arándanos), como

A diferencia de la movilidad internacional de trabajadores hombres, la movilidad femenina tiene su propia dinámica y particularidades, relacionadas con factores y condiciones sociales específicas, como el tiempo en que ellas están lejos de su hogar y la forma en que se tiene que reorganizar la vida familiar en su ausencia

Jornalera y blackberries. Lucie Crespo Stupková

Cosecha. Joseph Sorrentino

Las trabajadoras mexicanas que cosechan el cangrejo en Maryland

Rosa Lázaro Castellanos Universidad de Barcelona rosylazaro@ub.edu

En la costa este de Maryland, Estados Unidos, la potente industria de la jaiba y del cangrejo requiere personal para cosechar el cangrejo, cocinarlo, abrirle el caparazón, recoger la carne y empacarlo para su venta. Al ser un empleo temporal, con pago a destajo, desvalorizado y con duras condiciones, pocos estadunidenses están interesados en realizarlo. Desde 1990, esta industria recurre al Programa Trabajadores Huéspedes con visas H-2B para contratar, en los lugares de origen, mano de obra mexicana. La oferta de trabajo es validada por el Departamento de Trabajo (Departament Of Labor) y las autoridades del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Conocí a Luna en la comunidad donde investigué migración circular de mujeres mexicanas a Estados Unidos. Ella forma parte de un amplio contingente de jó -

venes mexicanas que cada marzo viaja de Tlaxcala a Monterrey, o a Nuevo Laredo, a recoger su visa H-2B. Con visado en mano, toma el autobús que la traslada a la planta procesadora de cangrejos ubicada en Newcomb, Maryland, una población pequeña cercana a la orilla del mar. La fábrica emplea a 40 mujeres para trabajar de lunes a sábado, de cinco de la mañana a una de la tarde, hasta el mes de noviembre, fecha en que se les termina el contrato y son devueltas a sus comunidades en México. Luna vive las desigualdades estructurales de ser madre soltera, acceder a empleos mal remunerados y no contar con vivienda propia, por eso, con 23 años decidió emprender su primer viaje al Norte.

Como otras trabajadoras, Luna fue reclutada gracias a la recomendación de una persona conocida, aunque previamente había buscado empacadoras para irse a Canadá, pero sólo contrataban a varones. Si la migración

temporal está conformada mayoritariamente por hombres, es porque así lo ha determinado el Estado mexicano y lxs empleadores de las empresas agrícolas. En estas instituciones y empresarios persiste la visión estereotipada de puestos diferenciados para personal masculino y femenino. Luna me explicaba que se puso contenta cuando fue seleccionada para trabajar, y triste al mismo tiempo, pues en manos de su madre quedaba el cuidado de su hija de dos años y su hijo de cinco. No le resultaba fácil la despedida, por eso, antes de irse, comparte con el pequeño los objetivos de su viaje: “le he dicho que me voy a trabajar lejos para tener una casa, que vaya a la escuela, comprar zapatos y lo que le haga falta. Le digo, me voy a

Luchando por el derecho de regresar a trabajar

Eli Porras Carmona

Vicepresidente de El Futuro es Nuestro info@elfuturoesnuestro.org

La razón más grande de la existencia de tantos abusos por el programa H-2A es la facilidad de los patrones para castigar a los trabajadores agrícolas que se quejan o defienden sus derechos laborales y humanos. Los trabajadores entienden que el derecho de regresar año con año no existe, y por esto muchos trabajadores no se quejan cuando sufren de alguna injusticia. En el año 2004, pensamos que esto cambiaría en Carolina del Norte, Estados Unidos, al luchar por un contrato colectivo entre la North Carolina Growers Association (NCGA) y nuestro sindicato, el Farm Labor Organizing Committee (FLOC). Desafortunadamente el sindicato no ha hecho su trabajo y ahora muchos de nosotros tenemos que luchar por el derecho de regresar a trabajar, cuando los patrones quieren tomar represalias contra nosotros. Esto lo estamos haciendo por medio de la organización El Futuro es Nuestro, una organiza-

ción que trabaja contra las injusticias que sufren los trabajadores H-2A en Carolina del Norte. Mi nombre es Eli Porras, soy un trabajador H-2A. Esta es mi historia: mi patrón es una agencia de contratación, la cual es el empleador más grande de Estados Unidos y sirve a casi 600 rancheros. Mis compañeros Juan, José Guadalupe, Eliud y yo, somos trabajadores que hemos reportado anomalías con el patrón; ya sea abusos de parte del mayordomo, de falta de trabajo, de incumplimientos con el pago, o que se nos ha negado el derecho a ser contratados a pesar de nuestra antigüedad. En 2022 presentamos una queja por nuestra condición de activos: un trabajador que tiene el derecho de regresar a trabajar con la NCGA de acuerdo con su antigüedad, pero aún no tiene un patrón asignado en el sistema de cómputo de ese contratista. Hicimos la queja porque, a pesar de que ejercimos nuestro derecho a ser contratados al entregar nuestros pasaportes, hacer el pago de visa y llenar los formatos correspon-

dientes, se nos negó la contratación bajo el argumento de que la NCGA no autorizaba la contratación de activos hasta nuevo aviso.

Después de mucho insistir y pedirle al sindicato que nos ayudara a que la NCGA autorizara para que los trabajadores en activo pudieran hacer el trámite, por fin el 5 de mayo nos autorizaron a hacer el trámite correspondiente. A pesar de haber cumplido con todo lo establecido, los meses pasaron y nosotros no éramos contratados, por lo que a mediados de julio enviamos un correo al representante de la NCGA pidiendo ser tomados en

trabajar para ganar un poquito más, porque su papá no me ayuda para nada. Como le he dicho que me voy, ya lo acepta”. La movilidad temporal es valorada positivamente por las mujeres que son madres. La ventaja del retorno a casa, después de 8 meses, permite a las madres mantener los vínculos afectivos con sus hijxs, cosa que sería imposible con la migración sin papeles. Además, las familias suelen apoyar la migración temporal, porque las mujeres viajan con empleo seguro, con visado y no se exponen a los peligros de la frontera. Luna rememora las emociones del primer viaje rumbo a Maryland: “en el autobús que nos tocó iban puros hombres, yo era la única mujer, me tocó ir hasta delante. Sentía como el nervio ¿Y si no llego? Pero sí llegue. Me daban nervios, me sentía como angustiada”. Durante el viaje, Luna entabla amistad con un joven trabajador, éste le va indicando cada una de las paradas “aquí es Atlanta, aquí es Carolina”. Luna recuerda que unos trabajadores iban a la cosecha de elote, otros a una lavandería de

cuenta. Literalmente, la respuesta fue en el sentido de que no se nos contrataría y que podíamos hacer una demanda si así lo queríamos. En vista de esta situación, enviamos correos electrónicos a nuestros líderes sindicales solicitando que se reforzaran las cláusulas de contratación. Recibimos una negativa al derecho de quejarnos por la violación en el proceso de reclutamiento. Entonces tuvimos que representarnos a nosotros mismos. La NCGA argumentaba que nosotros no teníamos las visas suficientes para que pudiéramos ser contratados. Nosotros, con copias de las visas, demostramos lo contrario. El día 20 de agosto llegamos a un acuerdo supervisado por la Comisión Dunlop y el acompañamiento de la organización El Futuro es Nuestro. Finalmente, mis compañeros pudieron llegar a trabajar el día 2 de septiembre; empezaron a laborar de inmediato. Yo me quedé una semana más. Al fin, el 13 de septiembre, después de cruzar la frontera por Nuevo Laredo y viajar solo hasta Carolina del Norte por autobús, a las dos de la tarde de ese mismo día empecé a trabajar, logrando así el primer triunfo para mí y para mis compañeros.

En el año de 2023 nos vimos en la misma situación. Desde enero hicimos nuestro pago y la entrega de documentos al contratista. Posteriormente se nos dio fecha de salida y después, misteriosamente, ésta fue cancelada. El tener

Nueva York, otros a cortar árboles en Carolina. Aunque realizan tareas distintas, la mano de obra mexicana alimenta sectores y líneas de producción –como la agricultura comercial y el turismo– que requieren forzosamente del trabajo humano. A pesar de que en las sociedades receptoras existe un fuerte rechazo a las migraciones, el empleo temporal de las mujeres nos permite ver que la competitividad de las empresas y el funcionamiento del capitalismo descansan en la división racial y sexual del trabajo, quien distribuye las distintas ocupaciones según el origen y el sexo-género de las personas. Esto quiere decir que la construcción de cuerpos productivos diferenciados permite que las mexicanas reciban salarios menores y que sus cuerpos sean sobreexplotados. Además, parte de los ingresos generados por las trabajadoras se quedan en Estados Unidos vía pago de viaje, hospedaje, comida, salud e impuestos.

Pese a las dificultades que tienen las trabajadoras temporales para escapar del empobrecimiento y la exclusión social, los visados H-2B representan una alternativa de ingresos y de materializar objetivos. El de Luna es “de aquí a cinco años tener unos cuartitos, aunque sea sencillos, para vivir aparte con mis hijos. Pues más que nada por eso, mi hijo ya quiere estar solo, tener nuestra casa”. •

la oportunidad de trabajar en Estados Unidos es una oportunidad muy rara, nosotros somos el único grupo de trabajadores que ha luchado y ganado este derecho, y aun así seguimos luchando. La inseguridad de tener o no tener empleo cada año es desgastante emocional y económicamente para nosotros, porque tenemos planificada nuestra vida de acuerdo con lo que nos asigna el contratista, pero ante las represalias, no vemos otra situación. Nosotros, y todos nuestros compañeros, lo que queremos es trabajar y ganarnos el sustento para sacar adelante a nuestras familias. Desafortunadamente, por falta de protecciones, tanto en México como en Estados Unidos, estamos forzados a luchar por nosotros mismos, es por eso que hemos creado una herramienta para luchar. Nuestra organización se llama El Futuro Es Nuestro, es una asociación civil de trabajadores para trabajadores en lucha por mejores condiciones y derechos bajo el programa H-2A. Son miles los trabajadores que se quedan sin trabajo a causa de reclamar sus derechos, pero pocos somos los que tenemos la oportunidad de luchar por nuestro trabajo después de quejarnos. Sin la vigilancia efectiva de ambos países de nuestros derechos, éstos seguirán siendo violados. Pero para aumentar la vigilancia hay que organizarnos, sólo así tomamos control de nuestro futuro. •

Temporada de trabajo. Milton Ashley

Mujeres en espera.

Indiferencia, desconocimiento, explotación e intimidación: cuatro obstáculos al derecho a la salud de los trabajadores temporales con visas H-2A

Lidia Esther Muñoz Paniagua University of Oregon lidiaest@uoregon edu

La salud precaria es parte de la experiencia de los trabajadores con visa H-2A. A lo largo de los años, los trabajadores han compartido conmigo relatos de miembros de su cuerpo amputados o con lesiones permanentes, enfermedades degenerativas y padecimientos crónicos.

También están las experiencias de aquellos que, al terminar su trayectoria laboral como trabajadores temporales, quedan sin un acceso pleno a la salud y sin una fuente de ingresos para acceder a tratamientos médicos, muchas veces costosos. A esto se agrega

un nuevo escalofrío poco o nada documentado: los casos de suicidios en los campos de cultivo, que atestiguan el deterioro de la salud mental.

El principal factor para que el derecho a la salud sea quebrantado constantemente es la ausencia de una política pública en México, que vele por los derechos de los nacionales mexicanos en el extranjero; y en Estados Unidos, una política que garantice que los derechos laborales y humanos de los extranjeros sean respetados durante su estancia laboral. Esta falta de política pública no ha atendido los siguientes obstáculos:

Indiferencia

En los albores de la crisis de salud pública por el COVID-19, un grupo de académicos y aliados buscamos alertar y colaborar con distintas entidades del gobierno en México para buscar una estrategia y políticas que protegieran a los trabajadores H-2A. La respuesta abrumadora de las autoridades fue de total indiferencia. Ninguna política pública fue dirigida a atender a una población vulnerable, en movilidad y en contexto pandémico, y cuyas condiciones de trabajo y vivienda imposibilitaban la “sana distancia” y el acceso a clínicas, pruebas de COVID, lugares para cuarentena y a tratamiento médico. De los trabajadores H-2A

Explotación

muertos a consecuencia del COVID-19, hoy en día sabemos por los reportes de periodistas, organizaciones comunitarias y defensores de derechos, pero ningún reporte oficial ha sido publicado o difundido, ni por el gobierno mexicano ni por el estadunidense.

Desconocimiento

La falta de información es un obstáculo para que los trabajadores temporales puedan tomar decisiones informadas sobre su acceso a la salud. Estados Unidos y México tienen sistemas de salud que operan bajo premisas diferentes y los trabajadores reciben nula orientación para navegarlos.

Por ejemplo, en los Estados Unidos el sistema de salud se rige principalmente por el mercado de seguros, en un complicado esquema público y privado. Aunque los trabajadores H-2A tienen derecho a una indemnización por lesiones relacionadas con el trabajo, a través de un seguro que los empleadores deben de tener, hay un desconocimiento generalizado de lo que esta protección representa y a quién cubre. Por otra parte, la mayoría de los trabajadores H-2A desconocen que tienen la posibilidad de acogerse al seguro médico subsidiado por el gobierno, que se conoce como planes ACA, con ciertas restricciones, por ejemplo, deben darse de baja del seguro antes de salir de Estados Unidos.

No es difícil entender que trabajar en condiciones climáticas extremas, y en exposición a pesticidas y a otros químicos, tiene como consecuencia un deterioro de la salud. Resulta aberrante que en muchos campos los trabajadores aún tengan que pelear por el derecho a tomar agua y que, en jornadas de más de ocho horas, aún se les limite o impidan descansos de 15 minutos. Cuando el cuerpo no resiste más, platican los trabajadores, los calambres atacan todo el cuerpo, que colapsa engarrotado en el campo. Esta no es una experiencia ni esporádica ni inusual, su frecuencia se puede prevenir, pero para ello se debe atacar la explotación laboral.

Intimidación

Una de las principales vulnerabilidades de las visas H-2A es que no hay ninguna garantía de recontratación. Esta incertidumbre impide que los trabajadores expresen sus necesidades de salud o busquen atención médica oportuna por temor a ser vistos como “mercancía defectuosa”, y que por lo tanto la próxima temporada el patrón decida no contratarlos de nuevo.

Aquellos empleadores que han optado por las prácticas de explotación laboral, frecuentemente utilizan esta vulnerabilidad para amenazar e intimidar a sus trabajadores. En una reunión de trabajadores en que expresaban sus mayores retos, más de la mitad expresó que no podían pedir descanso, expresar que se sentían mal, que tenían síntomas de calor o de intoxicación por la amenaza de ser castigados sin más trabajo para el resto de la temporada o con no ser “pedidos de vuelta” para el próximo ciclo de contratación.

Las vulnerabilidades aquí descritas demuestran la urgente necesidad de crear una política pública integral binacional que resuelva estos obstáculos a la salud y bienestar de los trabajadores temporales. Es importante que se fortalezca el estatus legal pleno de estos trabajadores y que se lleven a la práctica las protecciones que dicho estatus les otorga. •

Trabajador en Texas. Dana Ullman

Hablando de derechos. Dana Ullman

Histórico reconocimiento de derechos a jornaleros agrícolas en tiempos de la 4T

Milton Gabriel Hernández García

Prácticamente pasó de noche en los medios de comunicación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales de los jornaleros y jornaleras agrícolas, aprobado por el Congreso de la Unión el 13 de diciembre pasado y publicado por el presidente

Andrés Manuel López Obrador, el 24 de enero.

Los datos con los que contamos sobre este sector del mundo rural son estremecedores: se estima que en nuestro país casi 2.5 millones de personas trabajan como jornaleros y jornaleras agrícolas en complejos agroindustriales para la producción de hortalizas, granos, berries, tabaco, caña y otros cultivos. La cifra se extiende a casi 9 millones si

consideramos a sus familias (que suelen migrar con los jornaleros). Un 43% pertenece a pueblos indígenas y un 42% recibe menos de un salario mínimo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los jornaleros perciben un salario promedio de 2,600 pesos mensuales. Mayoritariamente viajan desde el sureste a estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua.

Están ampliamente documentadas las condiciones de trabajo tan adversas en las que viven, sin certeza laboral, con jornadas extenuantes de más de 40 horas a la semana, lo que constituye una super explotación de su fuerza de trabajo. Laboran sin contrato, sin prestaciones, y según lo que ha denunciado desde hace años el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en Guerrero, prácticamente viven en condiciones de semi-esclavitud. También se han registrado casos extremos de explotación, como es el caso de las familias jornaleras que trabajan en la zafra de la caña o las infancias que son utilizadas en el corte de tabaco, en la costa de Nayarit.

Los jornaleros y las jornaleras experimentan largos traslados por carretera en condiciones inseguras, además de que enfrentan tratos discriminatorios y diver-

sas formas de violencia. Viven en precarias condiciones de salud e higiene debido al hacinamiento y la mala alimentación, además de una exposición constante a diversos agrotóxicos, sin servicios médicos ni medicinas.

También se ha documentado que existe el trabajo infantil en los campos agrícolas. De hecho, los niños y las niñas jornaleras reciben un pago aún menor que el de los adultos, además de que no tienen acceso a la educación en los sitios de residencia.

Aun a pesar de esas condiciones laborales, no podemos olvidar que los jornaleros y jornaleras agrícolas constituyeron un sector de la economía que nunca paró de trabajar durante la pandemia por COVID-19. Gracias a su trabajo nunca hubo desabasto de alimentos en México durante 2020 y 2021, como en otros países. También se ha documentado ampliamente que muchas personas jornaleras se contagiaron de COVID-19 y murieron fuera de sus comunidades.

Es por todo lo anterior que el Decreto publicado por el presidente es histórico, pues da respuesta a muchas de las demandas que el movimiento de jornaleros y jornaleras agrícolas enarboló desde el año 2014, cuando hubo fuertes movilizaciones en defensa de sus derechos laborales, por un salario

Las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros migrantes mexicanos indocumentados en California, EU

María Antonieta Barrón Pérez IIE-UNAM antonietabarron@yahoo.com.mx

digno y por mejores condiciones de vida, principalmente en San Quintín, Baja California.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma legal, por primera vez se reconoce a las y a los jornaleros agrícolas como “las personas físicas que efectúan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.

También se estipula que el trabajo al que acceda un jornalero agrícola deberá fijarse mediante un contrato por escrito en el que deberán estar establecidas las condiciones laborales. Además, se obliga por primera vez a los empleadores a que otorguen seguridad social a los trabajadores del campo, así como llevar un registro de su tiempo laborado para que generen antigüedad, ya sea que se trate de contratos permanentes o eventuales.

Con esta reforma, ahora se establece como obligatorio que cuando finalice el contrato, el patrón deberá pagar las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, además de que debe entregarle

La expansión de cultivos intensivos en mano de obra en el estado de California, EU, y su concentración en unas cuantas regiones, explica la conformación de mercados de trabajo compuestos principalmente por jornaleros agrícolas mexicanos indocumentados.

La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, levantada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos entre 2019 y 2020, estima que de 650,000 trabajadores agrícolas en California, el 68% se identifica como hispanos, de los cuales, 53% son indocumentados, 25% son ciudadanos de los Estados Unidos, y 21% son residentes permanentes.

Ante estas proporciones, los jornaleros que llegan a través de la visa H-2A resultan una insignificancia. En 2022 llegaron a trabajar con visa H-2A a California 10,065 jornaleros.

La reducida presencia de jornaleros agrícolas con visa H-2A,

permite la presencia masiva de jornaleros indocumentados. De una encuesta a 1,119 trabajadores agrícolas en el estado de California en el año fiscal 20192020, se encontró que del total de trabajadores, el 88% eran nacidos en otro país, de los cuales el 83% habían nacido en México, y 59% de éstos eran trabajadores indocumentados.

Las diferencias entre las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes H-2A y los que llegan por su cuenta o con coyotes es abismal. A los trabajadores H-2A les dan la vivienda gratis, lugar para bañarse y lavar la ropa.

La falta de vigilancia de autoridades del trabajo y de salud en el estado de California, ha permitido que a los jornaleros indocumentados mexicanos los mantengan en condiciones de gran precariedad. De un estudio de caso a 97 jornaleros en Oxnard, en junio de 2022, un pueblo donde el 85% son mexicanos indocumentados, los jornaleros migrantes indocumentados pagan entre US$250 y US$400 al mes por el espacio donde duermen; en un cuarto llegan a dormir 6 personas y en una casa hasta 36 jornaleros; con 2 baños y una cocina, la ropa la lavan por fuera pagando hasta US$8 por lavadora.

Para los jornaleros H-2A, la jornada no excede las 40 horas semanales, excepcionalmente trabajan 48 horas, porque en California, si

Dormitorio de Jornaleros. Antonieta Barrón

una constancia en la que se señalen los días laborados, los salarios totales devengados, la antigüedad acumulada hasta esa fecha, así como retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social. Un dato importante es que también se establece que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) fijará los sueldos de los jornaleros, considerando la naturaleza esencial de su trabajo para la seguridad y la soberanía alimentaria del país.

La reforma también obliga a los empleadores a proporcionar a los trabajadores del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada; agua apta para consumo y uso humano, en cantidad suficiente y servicios sanitarios adecuados e independientes a cada sexo, proporcionales al número de personas, así como asistencia médica o traslados al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. Otra disposición consiste en que ahora la patronal también está obligada a proporcionar vivienda digna y seguro de vida a jornaleros migrantes para sus traslados desde sus hogares de origen a los centros de trabajo y también a su retorno.

Otro logro importante es que se reconoce también el

trabajan más de 8 horas el empleador debe pagar la hora a 50% más de lo establecido. El salario por hora propuesto para estos migrantes es de US$17.51. Solo 33 empleadores de 175 ofrecieron, para 2023, entre US$12.41 y US$14.79, el resto US$17.51

En Oxnard, los jornaleros mexicanos indocumentados trabajan hasta 8 horas al día por hora o por contrato, les pagan US$15.00 la hora, y ya en campo, si es época de cosecha, les pagan a destajo.

A los migrantes H-2A les ofrecen desde antes de ser contratados estímulos por corte, por ejemplo, si cortan tres cajas de aguacates en un día, les dan un estímulo, es decir, le anuncian los estímulos.

Los jornaleros migrantes residentes o indocumentados de Oxnard, reciben estímulos ya en campo. Al llegar al predio el patrón les dice lo que hay que hacer. En la frambuesa, cuando hay poca fruta, les piden hacer 2 cajas por hora, en la época pico llegan a hacer 30-32 cajas diarias. En la fresa llegan a cortar hasta 100 cajas al día. En el chile morrón o manzano cortan entre 40, 50 y hasta 100 botes al día. El limón lo cosechan en cajas que llegan a contener entre 65 y 80 libras, lo más que hacen al día son 4 cajas. En el pepino cortan en promedio 65 cajas al día, de 20

derecho de jornaleros y jornaleras a contar con guardería infantil para sus hijos e hijas. También la prohibición de utilizar el trabajo infantil en los campos agroindustriales, que no se pague menos a las mujeres, que el salario nunca sea menor al mínimo profesional, la obligatoriedad de garantizar escuelas para los niños y niñas, así como dar facilidades para que los adultos también accedan a la educación. Además, se prohíbe el pago con mercancías, vales, fichas o bebidas embriagantes, lo cual era una práctica común en los campos agrícolas. Con estas reformas se da respuesta a una parte de las demandas del movimiento social rural que se ha expresado en las luchas de organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas o el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA). Toca ahora a las instancias de gobierno monitorear que las nuevas disposiciones realmente se materialicen, y al movimiento de la Cuarta Transformación, seguir luchando porque estas conquistas laborales no retrocedan a pesar de la resistencia de las fuerzas reaccionarias de la derecha. •

libras cada caja. Pero si cortan poco fruto, los vigilan, y si no suben la cuota, “los descansan”.

Los ingresos semanales estimados para los trabajadores H-2A oscilan entre US$500 y US$700, lo que los hace estar por arriba del límite de pobreza, que son aproximadamente US$450. De los jornaleros de Oxnard, 35% está en el límite de la pobreza y apenas 24% se encuentra ligeramente arriba del límite de la pobreza, entre US$500 y US$575, el 40% recibe entre US$600 y US$900 dólares semanales a costa de una intensificación brutal de la jornada de trabajo.

Los indocumentados alquilan la tarjeta de numero de seguridad social para conseguir trabajo, pero eso significa que no acumulan antigüedad y no tienen derecho a atención a la salud; hay meses sin trabajo, sólo en la época de cosecha de los diferentes cultivos hay trabajo y buen pago.

Quedan muchos pendientes en la estancia de jornaleros migrantes indocumentados en los campos agrícolas de California, no se puede hablar de ellos sólo como paisanos que mandan dólares a México, es posible que el gobierno mexicano, si no puede parar la migración, tal vez sí pudiera promover convenios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros. •

Jornaleras y Jornaleros Agrícolas Migrantes: Un Retrato de Sonora

Berenice Ochoa Nogales

En los vastos campos de Sonora, donde la tierra se extiende como un lienzo bajo el inclemente sol, se teje una historia de lucha y esperanza protagonizada por jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes. Sonora, una tierra que acoge con brazos abiertos a aquellos que llegan en busca de oportunidades desde el centro y sur del país, se convierte así en el telón de fondo donde convergen las realidades del trabajo en el campo y los sueños de un futuro, aunque difícil, esperanzador. La vida de estos jornaleros y jornaleras migrantes se entrelaza con la historia misma de Sonora, una región de contrastes donde la generosidad de la naturaleza se ve desafiada por las dificultades inherentes a la migración y al trabajo agrícola. En este escenario, los principios de justicia social y ambiental se erigen como faros de esperanza en un horizonte marcado por la desigualdad y la incertidumbre.

Sin embargo, este escenario se desdibuja ante la presencia constante de agroquímicos como los organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Aunque estos compuestos protegen los culti-

vos de plagas y enfermedades, también plantean serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente, creando así una dicotomía entre la necesidad de producción y la preservación de la vida misma.

Los estudios realizados en la región arrojan luz sobre la complejidad de esta situación, evidencian la presencia de agroquímicos en diversas matrices biológicas y ambientales. Desde el suero de los jornaleros hasta los suelos y cuerpos de agua de los campos agrícolas, las muestras revelan una exposición, crónica en algunos casos, a estos compuestos y con ello, surgen interrogantes sobre los riesgos asociados y la necesidad imperante de tomar medidas.

En un esfuerzo por abordar esta problemática a nivel global, diversos foros internacionales han debatido sobre el alcance de los riesgos que presentan los agroquímicos para la salud humana y el medio ambiente. México, en su compromiso por reducir el uso de estas sustancias, se ha unido a tratados y acuerdos internacionales como la Convención de Basilea (1989), la Convención de Roterdam (1998) y la Convención de Estocolmo (2004). A pesar de estos avances, subsisten desafíos significativos que requieren un

compromiso continuo y una acción decidida.

En este contexto, el gobierno federal ha emprendido labores como nunca antes se habían observado para fomentar la transición agroecológica en el país. Programas como Sembrando Vida, Pies Ágiles, Faros Agroecológicos y Producción para el Bienestar son algunos ejemplos de iniciativas destinadas a promover prácticas agrícolas más sostenibles y reducir el uso de agroquímicos. No obstante, aún quedan importantes obstáculos por superar, como el desafío en sí, de cambiar la mentalidad arraigada en los agricultores acostumbrados al uso de estos compuestos.

En su lucha por un futuro más justo y prometedor, las voces silenciadas de jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes claman por ser escuchadas en la conversación sobre el destino de las comunidades rurales y el medio ambiente que todos compartimos. La tierra, testigo silencioso de sus sacrificios, invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia aquellos que cultivan nuestra comida y sobre el cuidado que merece nuestro entorno natural. Es hora de actuar en consecuencia y asegurar un futuro más equitativo y resiliente no para unos cuantos, para todos. •

Jornaleros. CIMMYT

La información sobre muertes por COVID entre trabajadores del programa H-2A es escasa: ¿estaremos preparados para la próxima crisis?

Dana Ullman Fotoperiodista

independiente dana@ullmanphoto.com

En 2020, cuando el COVID-19 estalló en Estados Unidos, surgió la pregunta de cómo la pandemia exacerbaría las ya inseguras condiciones de vida y trabajo de los agricultores en el programa H-2A, donde el hacinamiento, los viajes compartidos y las barreras para acceder a la atención médica ponen en riesgo a los trabajadores. A medida que el COVID-19 cerró comunidades en los Estados Unidos y las fronteras internacionales, los trabajadores H-2A, considerados “esenciales”, continuaron viajan-

do al extranjero para trabajar, a menudo en condiciones previas a la pandemia. El análisis de datos relacionados al programa H-2A es fundamental para abordar los problemas, pero sigue siendo esquivo.

Aunque el programa de visas H-2A es administrado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos, que cuenta con datos concretos sobre las certificaciones laborales y la cantidad de visas autorizadas a los trabajadores, no existe un registro completo de las muertes de trabajadores H-2A por COVID-19 (y otros abusos).

A menudo esta información se compila a partir de investigaciones periodísticas y organizaciones comunitarias, en lugar de un seguimiento consistente y adecuado por parte de agencias estatales o federales a cargo del programa H-2A, como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) o el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL). Es fundamental realizar más investigaciones y aplicar normas para abordar los riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas, una de las ocupaciones más peligrosas en los Estados Unidos. Los funcionarios y las comunidades locales necesitan disponer de información relevante y oportuna para hacer frente a futuras pandemias, y otras crisis.

A lo largo de la pandemia, las investigaciones federales y estatales en los Estados Unidos se centraron en los brotes de COVID-19 y las muertes en hogares de personas de la tercera edad, la industria empacadora de carne y las prisiones, pero no en agricultura. El seguimiento a los brotes de COVID-19 en las granjas y a las muertes de trabajadores agrícolas, se vio limitado por informes inconsistentes y la falta de acceso a los lugares de trabajo.

Los datos insuficientes sobre las muertes de trabajadores agrícolas durante la pandemia son indicativos de la falta de agencia y el aislamiento que soportan los trabajadores H-2A, y subrayan las barreras que comúnmente enfrentan los trabajadores agrícolas que sostienen la industria agrícola en los Estados Unidos.

Organizaciones comunitarias, trabajadores de la salud y periodistas a nivel hiperlocal han encabezado el monitoreo de la salud de los trabajadores agrícolas. Los datos compilados por Food and Environmental Reporting Network, a partir de informes de los medios,

entre abril de 2020 y septiembre de 2021, registraron la muerte de al menos 107 trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Una muerte registrada fue la de un trabajador agrícola mexicano H-2A de 49 años en Texas, quien murió a causa de COVID-19 en julio de 2020. Otros trabajadores resultaron infectados en la misma granja, pero no se informó ningún brote. Después de la muerte del trabajador, decenas de trabajadores H-2A regresaron a sus hogares temiendo un destino similar. Preocupados por los costos y el acceso a la atención médica, algunos dejaron sus trabajos para buscar atención médica en México, lo que facilitaría la propagación del virus a sus propias comunidades. Los trabajadores H-2A son elegibles para recibir seguro médico a través de su empleador y la Ley de Atención Médica Asequible, sin embargo, los trabajadores agrícolas carecen de información para tomar decisiones informadas sobre su salud.

A medida que crece el programa H-2A, los problemas de larga data siguen sin abordarse en los EE. UU. y en México. El programa

H-2A crece rápidamente: en 2022, se certificaron 370,000 puestos de trabajo, frente a 317,619 visas en 2021, según datos del DOL. El 93% de las visas H-2A se otorgan a ciudadanos mexicanos.

El Tratado Comercial Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) incluye a los trabajadores H-2A, pero cuando las protecciones de salud y de los trabajadores se cruzan, no existe un plan o estándar explícito, sólo una invitación a colaborar. Las escasas protecciones para los trabajadores H-2A, exentos de las leyes laborales que protegen a los trabajadores agrícolas estadunidenses, crean un sistema que reacciona, en lugar de responder, a los derechos que los trabajadores agrícolas sí tienen. A medida que expiran las medidas de emergencia de los Estados Unidos para aliviar la pandemia, las reformas H-2A y un fuerte enfoque binacional para proteger la salud de los trabajadores transnacionales, sus familias y las comunidades en las que viven y trabajan siguen siendo fundamentales para prepararse adecuadamente para otra pandemia o crisis de salud pública. •

Trabajador H-2A en Texas. Dana Ullman

Un trabajador agrícola. Dana Ullman

Trabajadores H-2A en México. Dana Ullman

PROFEPA desconoce la lucha y resistencia del pueblo nahua en Puebla

Lizy Peralta Mercado Servicios Integrales Émuri Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles (SINÉ-COMUNARR)

El 27 de junio del 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, oficinas centrales, dictó Resolución administrativa en el caso del relleno sanitario del municipio de Tehuacán, ubicado en propiedad indígena del pueblo nahua de Santa María Asunción Coapan.

Durante 28 años, en este basurero además de residuoss sólidos urbanos, también fueron depositados de manejo especial y peligrosos, provenientes esencialmente de lavanderías, maquiladoras y granjas que por décadas

se ha afianzado en este territorio del Valle de Tehuacán, sin que el municipio contara con autorización en materia de evaluación de impacto ambiental, ni con el consentimiento informado de la comunidad. El basurero creció de 6 a 18 hectáreas sin ningún control.

De tales hechos tuvo conocimiento la PROFEPA, representación en Puebla, desde hace al menos 10 años, cuando en 2014 realizó una visita de verificación al basurero, constatando la presencia de residuos peligrosos en el lugar y advirtiendo de los potenciales riesgos al ambiente y la

salud. La medida de seguridad impuesta en ese momento, clausura total temporal, fue levantada en breve sin que se modificaran los modos de funcionamiento del basurero.

El predio que ocupa el basurero, propiedad de la comunidad, a su vez está comprendido dentro del área natural protegida federal Reserva de la Biósfera TehuacánCuicatlán, ANP inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como sitio mixto por su riqueza cultural y natural. En el Valle de Tehuacán yacen registros iniciales de domesticación del maíz y de varias especies cultivadas, albergando

ecosistemas y especies únicas en el mundo, que incluye el 70% de las familias de flora a nivel mundial y más de 3,000 especies de plantas vasculares, de las cuales el 10% son endémicas, como lo ha expuesto el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En este mismo territorio se encuentran las comunidades y pobladores del Valle de Tehuacán consumiendo tóxicos por diversas vías, pues los lixiviados de residuos de manejo especial y peligrosos mezclados se están infiltrando al subsuelo y caminan con los escurrimientos, mientras los compuestos orgánicos volátiles circulan en el aire, siendo evidente la grave contaminación, daños y potenciales riesgos para el ambiente y salud de todos los seres vivos que habitamos este territorio nahua.

Cuando en 2021 el pueblo de Santa María Asunción Coapan denunció los hechos con PROFEPA, ésta se declaró incompetente pues según se trataba de un basurero de residuos sólidos urbanos. Gracias a la presión de la comunidad y la movilización social, PROFEPA, representación en Puebla, aceptó la denuncia ambiental pero sin realizar diligencia alguna ni solicitar estudios, opiniones o peritajes necesarios para establecer los hechos, el estado en el que se encontraba el lugar, la gravedad de la contaminación, daños y riesgos. Por su parte, la PROFEPA, oficinas centrales, atrajo el expediente de denuncia, aunque la Subprocuraduría Jurídica tampoco lo gestionó.

Con base en la denuncia ambiental de la Comunidad, la Subprocuraduría de Inspección Industrial de PROFEPA, oficinas centrales, dictó resolución al caso, de la cual destacan y preocupan los siguientes aspectos:

En ninguna parte del texto de la resolución se nombra a la comunidad, tampoco que el basurero está en su propiedad. Menos aún, consideró lo que la comunidad denunció, aportando informaciones y pruebas que acreditaban lo denunciado.

Se establecen los hechos a modo. Omite información histórica que sirve para dar cuenta del tiempo que operó el basurero tóxico sin ninguna autorización ni medida de control, de la acumulación de contaminantes y efectos adversos en ambiente, ecosistemas, agua, salud y territorio de la comunidad, y consideró que las infracciones en que ha incurrido el Ayuntamiento

pueden subsanarse, lo que es, aún más, inadmisible. Aunque desde su visita en 2022 la PROFEPA, representación Puebla, impuso como medida de seguridad la clausura total temporal, lo hizo para el depósito de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, omitiendo nombrar que también se depositaban residuos peligrosos. Luego la Subprocuraduría de Inspección Industrial otorgó plazos al Ayuntamiento para que pudiera “corregir” su cochinero tóxico y entonces se levantara la clausura, una vez cumplidas las medidas y hubiera regulado su funcionamiento, incluso como basurero de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y de residuos peligrosos. La comunidad es dueña de ese lugar contaminado que antes del basurero ocupaba de modo respetuoso, por lo que tiene derecho a consentir o no cualquier obra en su territorio, más aún si se trata de residuos peligrosos o si éstos ya han causado daño y afectación. La comunidad tiene derecho a la remediación del sitio contaminado y a una reparación de los derechos que le han sido violentados, conforme a la normativa en materia de Residuos, a la Constitución mexicana y Convenios internacionales que reconocen derechos a los Pueblos y Comunidades indígenas. De acuerdo con la Ley de Residuos y su reglamento, estamos hablando de un pasivo ambiental, es decir, un sitio contaminado por residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente, lo que obliga a medidas inmediatas contenidas en un Programa de Remediación previamente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, consentido por la comunidad y con vigilancia rigurosa por parte de PROFEPA, que sí garantice la recuperación del territorio en su conjunto.

Si bien la resolución determina la clausura total y definitiva del basurero, así como una multa millonaria al Ayuntamiento de Tehuacán, el resto de las medidas simulan remediar el sitio y reparar los daños, lo que muestra complicidad entre autoridades del Estado involucradas.

A pesar de estas omisiones, la comunidad de Santa María de la Asunción Coapan y quienes le acompañamos, tenemos claro que la lucha sigue

¡Por la remediación integral y la recuperación de su territorio, por el respeto a su existencia y dignidad! •

Cuando en 2021 el pueblo de Santa María Asunción Coapan denunció los hechos con PROFEPA, ésta se declaró incompetente pues según se trataba de un basurero de residuos sólidos urbanos.

Clausura impuesta al basurero por la PROFEPA, septiembre 2022. Archivo del Comité de Bienes

Residuos de manejo especial, hospitalarios y residuos peligrosos. Archivo del Comité de Bie

Estimación del potencial productivo de maíz en la República Mexicana

Antonio

ETurrent Fernández Investigador Nacional Emérito

n el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se estudia el potencial productivo de maíz de la República Mexicana desde 1963. Hasta antes del año 2000, el concepto de potencial productivo se ceñía a la evolución de las superficies y a la calidad de la tierra de labor sembrada bajo riego y bajo temporal, y al avance del conocimiento público. Se definía al potencial productivo como el promedio de varios años de producción nacional de maíz si la superficie sembrada fuera tratada con la tecnología pública disponible. Este ejercicio servía como guía para impulsar programas de transferencia de tecnología. En la actualidad también se toma en cuenta a las tierras de labor de ocho estados del SurSureste factibles de ser irrigadas y que se siembran con maíz bajo temporal; también se contabiliza una parte de las tierras con vocación agrícola que se maneja bajo el sistema de ganadería extensiva. Mientras en la definición previa se ponderaba solamente la inversión requerida para generar nuevo conocimiento público y para transferirlo, en la actualidad también se pondera la opor-

tunidad de la inversión pública en varios tipos de infraestructura: interconexión de energía eléctrica para el campo, caminos, irrigación, y otros servicios. El INIFAP ha sido el aportador clave del avance del conocimiento público sobre el cultivo del maíz en México. En el INIFAP se ha realizado mejoramiento genético de maíz a partir de 10 de las más de 50 razas nativas de maíz, desde la década de los años 1940. Se ha desarrollado maíces mejorados para las siete grandes regiones agroclimáticas del país (Trópico Seco y Humedo, Bajío, Valles Altos, Transición, Meseta Semiárida del Norte y Subtrópico semiárido) y cuatro Provincias Agronómicas (PA) de la Tierra de labor (Riego, Muy Buena (En las tierras de labor de la Provincia Agronómica (PA) de Muy Buena Productividad llueve entre 90% y 200% de la evaporación total de junio a septiembre, y los suelos tienen más de 1 m de profundidad; en la PA de Buena Productividad llueve más de 200% de la evaporación junioseptiembre, con suelos profundos y delgados. En la PA de Mediana productividad (a) llueve entre 70 y 200% de la evaporación, con suelos de menos de 1m de espesor, o (b) llueve entre 70% y 90% de la evaporación con suelos de más de

maíz, como proveedor de materiales premejorados a las instituciones públicas y privadas. Los consorcios transnacionales han concurrido al aporte de materiales mejorados, con énfasis en las Provincias Agronómicas (PA) de mayor calidad y manejadas bajo esquemas de tipo de agricultura industrial.

Evaluaciones del potencial productivo Hasta antes de la década de los 1980s, los investigadores del INIFAP y de otras 12 instituciones del país, habían conducido más de 2500 experimentos de campo en terrenos de agricultores cooperantes en las principales regiones productoras bajo temporal del país, y más de 800 experimentos bajo riego. En esos experimentos, típicamente de 0.3 a 0.5 hectáreas, se estudió la respuesta del maíz a la fertilización, a las densidades de población y otras prácticas de producción y protección. Estos experimentos fueron conducidos a lo largo de 30 años, por lo que sus resultados integran las variabilidades en los rendimientos asociadas al clima y a la edafología.

El conocimiento tecnológico y la superficie y calidad de la tierra dedicada al cultivo del maíz, muestran evolución sobre el tiempo, y se asocian cada vez con mayores rendimientos y producción nacional. De aquí que los varios intentos por evaluar el potencial productivo de maíz han conducido a información cambiante.

1m de espesor. En las tierras de labor de la PA de Baja Productividad (a) llueve entre 50y 70% de la evaporación junio-septiembre con suelos de menos de 1m de espesor o (b) llueve menos de 50% de la evaporación y los suelos tienen más de 1m de espesor.; en la PA de Tierras Marginales llueve menos del 50% de la evaporación junio-septiembre y suelos con menos de 1m de espesor.), Buena y Mediana Productividad) en cada una de las regiones. Para estas 28 condiciones agroclimáticas se han sucedido varias generaciones de materiales genéticos cada vez más adaptados a sus condiciones agroclimáticas, con mayor resistencia a enfermedades y con mayor potencial de rendimiento y uniformidad fenotípica. En total el INIFAP ha liberado168 variedades mejoradas de maíz de las que 84 son híbridos y 84 son vari edades de polinización libre. Los híbridos han sido desarrollados para las Provincias Agronómicas de mayor calidad, mientras que las variedades de polinización libre se aprovechan en las PA de menor calidad. El sistema universitario público también ha desarrollado y liberado maíces mejorados, si bien sus contribuciones han sido puntuales. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) ha hecho aportaciones al mejoramiento genético del

Postgraduados, Chapingo, México. 165 pp

La segunda evaluación del potencial productivo de maíz se hizo en 1977, a partir de 2545 experimentos de campo conducidos en el período 1952-1977. Los experimentos involucrados en este estudio fueron sembrados con las primeras generaciones de maíces mejorados y con los maíces de los productores (razas nativas de maíz). En 1991 el programa conocido como PRONAMAT del mismo INIFAP, aportó información fresca sobre el desempeño de la segunda generación de maíces mejorados en las Provincias Agronómicas de Riego y de Temporal de Muy Buena y Buena Productividad. En 1996 se actualizó la información sobre los rendimientos a partir de proyecciones con apoyo empírico; finalmente, en 2000 se incluyeron resultados de experimentos conducidos en ocho Estados del Sur–Sureste bajo riego, que involucran proyecciones sobre tierras potencialmente irrigables, y también se ponderó el uso potencial de tierras con vocación agrícola, que actualmente se subexplotan con el sistema de ganadería extensiva.

Evaluación de 1977 (publicada en 1986) Antonio Turrent Fernández. 1986. Estimación del Potencial Productivo Actual de Maíz y Frijol en la República Mexicana. Colegio de

Los 2545 experimentos conducidos bajo temporal en el período 1952-1977, fueron agrupados en 72 Agrosistemas de maíz, definidos a partir de seis estratos arbitrarios del cociente de la precipitación sobre la evaporación, 3 estratos térmicos y 4 estratos por la calidad de la tierra. El rendimiento óptimo-económico de cada experimento fue ajustado a un modelo de exponentes fraccionarios basado en las variables independientes del Agrosistema, por técnica de regresión. De la ecuación de regresión se obtuvo una estimación del rendimiento potencial para cada uno de los 72 Agrosistemas de maíz. A partir de información de los V Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal y de las cartas edáficas y climáticas del territorio nacional, se estimó la superficie cultivada de maíz correspondiente a cada uno de los 72 Agrosistemas. La integración numérica del rendimiento potencial y la superficie cosechada condujo a la estimación de la producción agregada de maíz para los niveles país, estado, distrito de temporal y municipio. Además se dispuso de 819 experimentos de maíz bajo riego, estimándose la producción por un procedimiento similar simplificado. El resultado de este ejercicio fue que la producción potencial de maíz sería igual a 20.17 millones de toneladas anuales para la escala nacional, mientras que la producción observada en 1977 fue igual a 10.05 millones de toneladas anuales. La superficie cosechada para ambas estimaciones fue 7.48 millones de hectáreas, de las que 0.97 millones fueron de riego y 6.51 millones de temporal.

Evaluación de 1991 (publicada en 1992 y 1996) Rodrigo Aveldaño Salazar y 55 colaboradores. 1992. El Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología. Documento de circulación interna. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. México, D.F. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el status de la tecnología para el cultivo de maíz bajo riego y bajo temporal en las Provincias Agronómicas (PA) de Muy Buena y de Buena Productividad. Se condujo 302 módulos de riego en los ciclos agrícolas OI 87/88 y PV 1988, como muestra representativa de un millón de hectáreas de maíz bajo riego, y 201 módulos de temporal en los ciclos PV 1989 y PV 1990 para muestrear 1.77 millones de hectáreas de temporal de buena calidad. En ambos casos los módulos fueron de una hectárea. Estos módulos fueron conducidos de manera cooperativa entre el productor y el investigador residente del INIFAP. Los insumos, particularmente la semilla para la siembra y la tecnología, fueron aportados por el proyecto, en tanto que el productor aportó la

Maíces. Enrique Pérez S.

mano de obra y la fuente de potencia requeridas. Se estableció por coordenadas al azar dos a cuatro predios vecinos de referencia por módulo, en los que el productor aceptó se diera seguimiento a su operación de campo y resultados. Esta parte del estudio produjo 730 parcelas referentes bajo riego y 567 bajo temporal. Los rendimientos promediaron 6.15 t/ha bajo riego, 4.30 t/ha en la PA de Muy Buena Productividad y 3.80 t/ha en la PA de Buena Productividad; los rendimientos de las parcelas referentes fueron respectivamente 3.63, 2.88 y 2.88 t/ha. La considerables diferencias se asociaron con el mayor potencial productivo de los híbridos recientes del del INIFAP y con mayores densidades de población, aunque similar fertilización, con relación a las parcelas referentes. A partir de esta información y de su comparación con el estudio de 1977 se hicieron proyecciones para la producción nacional de 1985-1989 y para el período 2005-2009. La producción potencial fue 25.77 millones de toneladas anuales, para el período 1985-1989 y de 28.62 millones de toneladas anuales para el período 2005-2009. Se hizo ambas proyecciones usando la superficie cosechada de 7.10 millones de hectáreas, de las que 1.1 millones son de riego y 6 millones de temporal.

Evaluación de 2000

(publicada en 2004)

Antonio Turrent Fernández, R. Camas Gómez, A. López Luna, M. Cantú Almaguer, J. Ramírez Silva, J. Medina Méndezy A. Palafox Caballero. 2004. Producción de maíz bajo riego en el Sur-Sureste de México:II. Desempeño financiero y primera aproximación tecnológica. Agric. Tec. Mex. 30(2): 205-221.

Por los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Ve-

racruz, fluye el 62% del recurso agua dulce del país. Sin embargo, muy poca infraestructura hidroagrícola ha sido desarrollada en este región Sur-Sureste, donde se cosecha anualmente unas dos millones de hectáreas del cultivo de maíz. Por manejarse bajo temporal, las tierras se siembran solamente en el ciclo PrimaveraVerano, permaneciendo ociosas en el ciclo Otoño-Invierno, que es mayormente seco. Se estima que hay un millón de hectáreas de tierras de labor cercanas a fuentes abundantes de agua (ríos, lagunas, acuíferos someros) que podrían ser sembradas dos veces al año si se dotaran de infraestructura de riego. Con el objetivo de ampliar el potencial productivo conocido de maíz del campo mexicano, se realizó estudios de campo durante los ciclos agrícolas OI 96/97, OI 97/98 y OI 98/99, aprovechando la escasa y regionalmente dispersa disponibilidad de predios con riego. En el ciclo OI 96/97 se condujo experimentos en 261 localidades de los ocho Estados, comparando tres híbridos y cinco variedades de polinización libre del INIFAP con 22 híbridos comerciales ofrecidos por los consorcios transnacionales. En los ciclos OI 97/98 y OI 98/99 se condujo diez experimentos en otras tantas localidades en que se estudió la respuesta de seis híbridos del INIFAP a la fecha de siem-

bra y a la fertilización NPK, y a la densidad de población bajo condiciones de riego. Los resultados muestran que la tecnología actual permite obtener un rendimiento promedio del orden de 8 t/ha en el millón de hectáreas estudiado.

Muy probablemente, la factibilidad de introducir el riego a las tierras de temporal del Sur-Sureste se asocie más con la pequeña que con la grande irrigación, dadas la topografía de lomerío y la profundidad somera de gran parte de esos suelos. El sistema de riego presurizado del tipo pivote central, o de desplazamiento lateral podría ser la alternativa en muchos casos, como ya lo han experimentado productores visionarios del Sureste. Hasta ahora, la escasa interconexión eléctrica actúa como barrera al desarrollo de este tipo de riego.

Finalmente, la consideración de la capacidad maicera del campo mexicano quedaría incompleta si se excluyera la reserva de tierras de labor que actualmente se subutiliza bajo el sistema de ganadería extensiva. Se estima que hay entre 8 y 12 millones de hectáreas bajo tal manejo en los mismos ocho Estados del SurSureste. En el sexenio 1988-1994 el poder Ejecutivo Federal tuvo a consideración y descartó por no ser prioritario el “proyecto de los ríos”, que planteaba construir

infraestructura para el riego de un millón de hectáreas de tierras limítrofes entre Campeche y Tabasco, derivando aguas del Sistema Usumacinta-Grijalva. Gran parte de estas tierras es de uso ganadero extensivo actual. Probablemente en los próximos 10 a 15 años, en la búsqueda de su seguridad alimentaria, la sociedad tomará la decisión de hacer los ajustes necesarios al Artículo 27 Constitucional que permitan dar uso agropecuario integrado a esas tierras. Si en dos millones de esa superficie se siembra maíz bajo riego en el ciclo Otoño-Invierno, se añadirá por lo menos ,16 millones de toneladas de grano al año. La estimación del potencial productivo de maíz para los próximos 10 a 15 años es de 57 millones de toneladas anuales, de las que (a) 33 millones corresponden a lo que se podría producir actualmente a partir de las tierras que ya se cosechan anualmente de maíz: 1.1 millones de hectáreas bajo riego y 6.5 millones de hectáreas de temporal; (b) 8 millones adicionales de toneladas de grano en el SurSureste después de acondicionar con infraestructura hidroagrícola un millón de hectáreas de tierras de labor; y (c) 16 millones de toneladas cosechables en dos millones de hectáreas de la reserva de tierras, actualmente bajo manejo ganadero extensivo, que habrían

Los insumos, particularmente la semilla para la siembra y la tecnología, fueron aportados por el proyecto, en tanto que el productor aportó la mano de obra y la fuente de potencia requeridas. Se estableció por coordenadas al azar dos a cuatro predios vecinos de referencia por módulo, en los que el productor aceptó se diera seguimiento a su operación de campo y resultados. Esta parte del estudio produjo 730 parcelas referentes bajo riego y 567 bajo temporal.

de acondicionarse para el riego. La producción nacional promedio del período 2018-2022 fue 27.18 millones de toneladas de maíz al año (mientras la producción potencial es de 33 millones de toneladas anuales) y se importaron alrededor de 46 millones de toneladas.

Es conveniente aclarar que la potencialidad productiva examinada se refiere exclusivamente al uso de tecnología de origen público y con maíz no transgénico. Para recuperar la suficiencia alimentaria en maíz, no es necesario cambiar de maíz normal a maíz transgénico y asumir colectivamente el riesgo y dependencia tecnológica asociada.

Conclusiones

El potencial productivo de maíz del campo mexicano, ha sido objeto de estudio por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde el año 1963, y continuado en 1977, 1991 y 2000.

Los productores mexicanos cosechan anualmente maíz en 1.1 millones de hectáreas de riego y 6 millones de hectáreas de temporal, y producen 27.18 millones de toneladas anuales. Una fracción de estas tierras se maneja con dosis subóptimas de insumos. La cosecha puede aumentarse a 33 millones de toneladas en la misma superficie, si se aplicara la tecnología pública disponible a la totalidad de las tierras sembradas. En los próximos 15 años y mediando la inversión en infraestructura hidroagrícola e intercomunicación eléctrica y modificaciones a la Constitución, la producción nacional de maíz podría incrementarse hasta el orden de 57 millones de toneladas anuales.

No es necesaria la tecnología de maíz transgénico para que el país recupere su autosuficiencia alimentaria. •

Maíces. Enrique Pérez S.

Maíces. Enrique Pérez S.

Cólera de los agricultores europeos: Malestar de la globalización

Víctor M . Quintana S.

Por lo menos diez países del Viejo Continente vivido la cólera de los productores rurales, manifestada en encarnizadas movilizaciones desde mediados de enero. Se está revelando el fin de época de la de la actual fase del sistema agroalimentario mundial.

Agricultoras y agricultores de Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Países Bajo, Rumana, España, Italia y otros países bloquean carreteras, invaden supermercados y locales de las trasnacionales del procesamiento y distribución de alimentos. En Francia, claman “Que París se muera de hambre ” y amenazan con cerrar todos los accesos a Rungis, el vientre de Francia, el mayor mercado de abastos de Europa.

Los principales detonadores de la cólera de los productores son: el endeudamiento de los productores, la presión de las grandes cadenas comerciales y los gigantes agroalimentarios; el cambio climático que causa severas sequías o inundaciones. Denuncian que tienen que competir con el extranjero en productos baratos, dependientes de un sistema de subsidios que favorece las grandes explotaciones. La guerra RusiaUcrania los ha perjudicado, pues con la abolición de los derechos de aduana y la creación de “corredores de solidaridad” decididos por la Unión Europea (léase la OTAN), los productos agrícolas ucranianos han inundado Europa Oriental, causando una caída de precios que afecta a todo el con-

tinente. A la caída del ingreso de los productores contribuyen también el aumento de los costos de la energía, los agroquímicos, las semillas, el agua.

Los productores de todo tipo se quejan de la enorme burocracia que tienen que recorrer para recibir subvenciones dentro de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Los productores cerealeros, forrajeros y ganaderos arremeten contra las medidas oficiales para ralentizar el cambio climático, la prohibición de agroquímicos como el glifosato, en contraste con los productos importados a la UE que utilizan dichos agrotóxicos, y semillas genéticamente modificadas.

Por eso, los agricultores de grandes extensiones, que siempre buscan aumentar la superficie de sus explotaciones para recibir los apoyos de la Política Agrícola Común muestran un claro rechazo a abandonar los pesticidas para no perder la competitividad.

Por el contrario, los pequeños productores que, sobre todo en Francia, se han orientado a la “Agricultura Bio” a la producción de alimentos orgánicos, aunque no han sido tan tocados por el libre comercio, también han visto elevarse sus costos de producción y denuncian que el gobierno de derecha liberal en Francia ha disminuido a la mitad el apoyo a la agricultura ecológica. Convergen con los demás en la demanda fundamental: restablecer el ingreso de los productores, malherido por las alzas en los costos de producción, la competencia impulsada por el

libre comercio y la baja de las subvenciones estatales y europeas. La cólera de los productores ha hecho dar traspiés a los gobiernos. El gobierno Macron en Francia ha rebautizado al ministerio de Agricultura agregándole “y Soberanía Alimentaria”, justo cuando el nombre resulta más vacío que nunca. Trata de hacer valer las Leyes Egalim que prohíben grosso modo que los productos del campo sean vendidos por debajo del costo de producción. Sin embargo, las grandes procesadoras de lácteos, como Lactalis, Nestlé y Danone y las tres grandes cadenas de distribución, Leclerc, Hipermarché y Carrefour ahora tienen sus centros de compra fuera de Francia para poder comprar ahí productos franceses y evadir las citadas leyes. El novel Primer Ministro Gabriel Attal, para apagar la ira rural promete detener el programa de reducción de agroquímicos, de mejorar el ingreso de los productores y bajar el precio a los consumidores finales…sin tocar a los gigantes agroalimentarios, mimados siempre por el macronismo.

Los partidos políticos buscan como aprovechar las movilizaciones. Destacan aquí los de extrema derecha, como el de Marine Le Pen o el de la Primera Ministra Italiana. Para ellos las elecciones europeas del próximo abril son la oportunidad de cooptar el movi-

Los productores de todo tipo se quejan de la enorme burocracia que tienen que recorrer para recibir subvenciones dentro de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Los productores cerealeros, forrajeros y ganaderos arremeten contra las medidas oficiales para ralentizar el cambio climático, la prohibición de agroquímicos como el glifosato, en contraste con los productos importados a la UE que utilizan dichos agrotóxicos, y semillas genéticamente modificadas.

miento de las y los agricultores con una agenda regresiva: plantear una especia de “Agrexit ”, contra la Unión Europea, detener o abandonar totalmente la agenda para contrarrestar el cambio climático.

Sin embargo, organizaciones de base como la Confederation Paysanne de Francia insisten: el principal motor de la movilización es la remuneración indigna a los productores, sujetos a un sistema económico neoliberal inequitativo. Reiteran la urgencia de prohibir las compras por debajo de los costos de producción. Ponen en cuestión los tratados de libre comercio y rechazan que se pacte uno con Mercosur. No están dispuestos a tolerar que se vuelva a recurrir masivamente a los pesticidas y que se promuevan los transgénicos, que se olvide el

cuidado del agua y no se apoye a los productores que promueven la transición ecológica.

Las presiones de los cárteles agroalimentarios y de las agroquímicas por expandir sus ganancias ; las demandas de los agricultores de grandes extensiones por ser rentables ante la competencia librecambista, aún teniendo costos ambientales; la resistencia de los agricultores campesinos por un ingreso digno y por la auténtica soberanía alimentaria; la demanda de los consumidores por alimentos saludables a precios asequibles; la urgencia de los gobiernos y de los partidos para aumentar sus bases; todo este juego de fuerzas ha puesto en crisis la globalización agroalimentaria neoliberal. Lo que aún no sabemos es cuál será la salida. •

El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. UPA

Agricultores y especialistas unen fuerzas por un campo más próspero

Pablo Meléndez Sentido Común

En la búsqueda de un campo más próspero para los agricultores del país, especialistas e investigadores se reunieron para consolidar sus medios de producción y formas de organización.

En el marco de los “Diálogos por la Transformación”, se abordó la pregunta crucial: ¿Qué tipo de campo se desea para los próximos años? Los asistentes coincidieron en la necesidad de encontrar medios de organización más eficientes y democráticos para asegurar la

perdurabilidad de todas las organizaciones y cooperativas en el país. La cooperativa Tosepan, por ejemplo, se destacó por su forma de organización democrática en la elección de representantes y dirigentes. Compartieron sus métodos organizativos, y los participantes propusieron que el Gobierno Federal futuro respete las asociaciones locales en cada entidad del país, permitiendo que cada región adapte las técnicas a su realidad. Algunos especialistas concluyeron que los productores de las 18 mil Comunidades de Aprendizaje

Campesino (CAC), han desarrollado una alternativa funcional para incentivar el trabajo comunitario en México. Estos pueden consolidar la primera generación de sembradores beneficiarios de “Sembrando Vida” y “Producción para el bienestar”.

Todos los asistentes expresaron su deseo de un campo próspero y de superar el paradigma de “campesinos pobres”. Se hizo un llamado a cerrar filas en busca de una organización más sólida y a incentivar encuentros interculturales con activistas comprometidos para enriquecer las estructuras campesinas, con la

100 pasos por la transformación…

Lo que plantea Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” para el campo y más…Hacia el segundo piso de la transformación. Presentado el pasado 1 de marzo en el Zócalo de la CDMX.

República Justa, Honesta, Libre y Democrática

1 Gobernaré con la obligada división entre el poder económico y el poder político. No me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

2 Gobernaremos con la

máxima de que si la prosperidad no es compartida, no hay desarrollo, ni hay paz, ni hay bienestar.

Dicho de otra forma: por el bien de todos, primero los pobres.

República Fraterna

15 Seguiremos construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de México. Promoveremos la aprobación de la reforma constitucional presentada, que les reconoce como sujetos de derecho. Seguiremos con los Planes de justicia para todos los pueblos y promoveremos el reconocimiento y enseñanza de su cultura, lenguas y arte.

República Educadora,

La Tosepan durante su participación en el foro El campo que queremos Mónica Rodríguez

expectativa de lograr mejores sistemas de trazabilidad. El evento contó con la presencia del sociólogo y filósofo Armando Bartra, así como de diversos dirigentes de organizaciones agroalimentarias, como Fernando Celis, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Ca-

República Rural Justa y Soberana

58 La soberanía alimentaria será el eje rector de nuestra política para el campo, garantizando la autosuficiencia de maíz blanco libre de transgénicos, pues ¡Sin maíz no hay país!

59 Se mantendrá el programa Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; precios de garantía y fertilizantes gratuitos para los pequeños productores del país.

60 Estableceremos un programa especial para las y los jornaleros en la agricultura y la pesca. Para ellas y ellos, para sus hijas e hijos debe haber seguridad social, seguridad laboral, nutrición, salud y educación.

Humanista y Científica

30 Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las Universidades Benito Juárez y se harán nacionales las Universidades Rosario Castellanos y la de la Salud que creamos en la Ciudad de México. Entre todas las instituciones públicas vamos a ampliar la matrícula en al menos 300 mil estudiantes más. Siempre he pensado que la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía.

República de y para las mujeres

51 Más de 150 mil mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como titulares de derechos agrarios.

52 Crearemos centros públicos de cuidados y educación inicial para la primera infancia, dando prioridad a las y los hijos de las jornaleras agrícolas y a trabajadoras de la maquila en la frontera Norte.

61 Produciremos más alimentos para el consumo nacional. Poniendo principal atención en lo que más comemos: maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

62 Aplicaremos una estrategia regionalizada y diferenciada, que dé preferencia a pequeños y medianos productores, con cinco lineamientos: tecnificación del riego, acuerdos entre productores y compradores para precios justos y acceso a mercados, financiamiento a pequeños y medianos productores del campo, la pesca y la acuacultura, y desarrollo científico, técnico y de innovación para avanzar en la agroecología.

República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales

86 Protegeremos y restauraremos bosques, cuerpos de agua y otros ecosistemas, y atenderemos la mitigación y adaptación al cambio climático. Limpiaremos los ríos y otros cuerpos de agua.

87 No se otorgarán más concesiones de minería a cielo abierto y se evaluará ambiental y socialmente la viabilidad de

fetaleras (CNOC), y Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). •

Nota publicada orginalmente en https:// sentidocomunmx.com/agricultoresy-especialistas-unen-fuerzas-por-uncampo-mas-prospero/

las actuales que no han sido desarrolladas. No se permitirá la explotación de hidrocarburos a partir del fracking

República con Derecho al Agua

91 El acceso al agua para consumo humano será una prioridad de nuestro gobierno. Para ello estamos elaborando el Plan Nacional Hídrico que incluye: Cambios en la Ley de Aguas con una visión integral del recurso y no una visión administrativa, que ordene los actuales títulos de concesión de acuerdo a su verdadero uso, que regule y evite los abusos en la transferencia de los títulos a terceros. Todos los usuarios del agua deben poner por encima de un interés particular, el bienestar de todas y de todos y el desarrollo integral de la Nación. Promoveremos la tecnificación del riego agrícola, particularmente de los grandes usuarios: 77% del agua potable se utiliza para riego y un porcentaje muy pequeño está tecnificado; Fortaleceremos el uso de agua tratada para la industria y para riego, la operación eficiente de las plantas de tratamiento en los estados y municipios y la realización de obras estratégicas para el abastecimiento de agua como:

a Rescate de la cuenca del Atoyac en Puebla

b Plan para abastecimiento de agua en Hermosillo, Sonora.

c Presa Vicente Guerrero, Tamaulipas

d Presa Milpillas en Zacatecas

e Plantas desalinizadoras en Baja California

f Presa La Palma en Baja California Sur

g Presa El Naranjo en Colima

h Presa el Tunal en Durango

i Acueducto ActopanPachuca en Hidalgo

j Proyecto Integral para el Valle de México

k Proyecto Nayarit •