V arias tragedias han mar cado el calendario de de sastres ambientales en Méxi co. Citaré tres diferentes:
El funcionamiento durante tres décadas de la empresa Cromatos de México, en la colonia Lechería, ubicada en el municipio Tultitlán, estado de México. La plan ta emitió a la atmósfera toneladas de cromo hexa valente y acumuló en sus instalaciones unas 75 mil toneladas de residuos in dustriales de dicho conta minante (es tóxico y puede ocasionar cáncer), las cua les afectaron a la población local, los mantos acuíferos y el terreno circundante. Fue cerrada en 1978, luego de una lucha ciudadana y de grupos sociales. Las ad vertencias de que Croma tos era un foco de conta minación fueron ignoradas por las instancias oficiales de salud y medio ambien te. Y algunas apoyaron a los empresarios. Cuando cerró, dejó residuos tóxi cos y peligrosos que final mente fueron enviados a un sitio adecuado. Ningún funcionario o dueño de la empresa fue investigado. Y menos condenado.
El 3 de mayo de 1991 se in cendió en Córdoba, Vera cruz, un depósito de pla guicidas y otros productos peligrosos. Era de la em presa Agricultura Nacio nal de Veracruz, Anaversa. Funcionó en pleno centro de esa ciudad, a pocas cua dras de una escuela y de un mercado público, durante treinta años. Las adverten cias de los vecinos de que ese depósito contaminaba tampoco fueron escucha das por las autoridades.
En especial de los maes tros de la escuela cercana. Y es que los niños se “ma reaban”, cuando de Ana versa salían partículas que afectaban la salud. Conde nada por la Comisión Na cional de Derechos Huma nos, ningún funcionario ni empresario fue sancionado por los males que causaron a la población de Orizaba.
El pasado 6 de agosto se cumplieron ocho años por un derrame menordel de rrame de 40 mil metros cú bicos de lixiviados de sul fato de cobre acidulado (CuSO 4) en el arroyo Tina jas y luego fluyendo a los cauces de los ríos Bacanu chi y Sonora. Provenían de la mina Buena Vista del Co bre, filial de Grupo México y dedicada a la extracción de cobre y molibdeno. Es el mayor desastre ambiental ocasionado por la minería en nuestro país. La empre sa opera ahora sin un plan de manejo de residuos pe ligrosos, pese a las prome sas hechas durante el sexe nio de Enrique Peña Nieto y el actual. Y los causantes de la tragedia, siguen cu biertos por la impunidad.
Las organizaciones socia les de la región presentaron en agosto de 2022 un balance sobre las afectaciones provo cadas por ese derrame tóxico. En él documentan una expo sición homogeneizada a me tales pesados en personas de ocho municipios de la cuen ca. Tras un análisis realiza do por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Con trol de Enfermedades (Cena prece) encontró altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y manganeso en el organismo de los habitantes analizados
Aguas contaminadas por un derrame menor ocurrido en el ejido Cananea, el 10 de marzo de 2016
Foto: Miriam Espinoza, periodista ambiental, labora en el medio regional La Bartolina, con sede en Cananea, Sonora
en las poblaciones afectadas. Además, las afectaciones eco nómicas para el estado y sus habitantes superan los 10 mil millones de pesos.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Ti najas, 64 del río Bacanuchi y 190 kilómetros del Sonora, hasta llegar a la presa El Moli nito que abastece de agua po table a una parte de los habi tantes de Hermosillo, capital del estado. Atravesaron des de Cananea los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviáco ra, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Como se informó oportuna mente en todos los medios na cionales y del exterior, ante la tardía reacción de las autorida des y de la empresa, la conta minación se desplazó y los 22 mil 878 pobladores de 38 lo calidades de esos municipios y algunas zonas rurales de Her mosillo, consumieron y se ba ñaron con agua envenenada.
en esa parte del país es de José Luis Moreno, un distin guido integrante de El Colegio de Sonora. En su libro Acapa ramiento y deterioro del agua en el noreste de Sonora. El caso de la mina de Cananea, 18992020, Moreno nos detalla la historia del mineral de Cana nea y su relación con las fuen tes de agua desde el inicio de su historia moderna en 1899.
En portada: El río Sonora sí fue contaminado por metales pesados Foto publicada en laizquierdadiario.mx
Las concentraciones de co bre, arsénico, aluminio, cad mio, cromo, hierro, manga neso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM127-SSA1-1994 y la calidad del agua. A ocho años del derra me, persiste la presencia ma siva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitan tes de distintos puntos de la cuenca.
La investigación más com pleta de lo ocurrido en 2014
Dado que persiste el pro blema causado por el mayor derrame de tóxicos en la his toria de la minería en Méxi co, y que ningún funcionario o integrante de dicha empre sa, propiedad del segundo hombre más rico del país, ha respondido ante la ley por la tragedia causada, La Jornada Ecológica consideró impor tante dedicar una edición es pecial a resumir los aspectos clave que han hecho de Ca nanea un símbolo de lucha social, laboral y ambiental. Y nada mejor para ello que el detallado estudio realizado durante años por José Luis Moreno.
La Jornada Ecológica agra dece a José Luis Moreno y a El Colegio de Sonora la opor tunidad de ofrecer a los lecto res los aspectos esenciales de los problemas que aquejan a la población de tan importan te región.
En un país en que las tra gedias pronto se olvidan, la de Cananea, como la de Cro matos de México y la de Ana versa, deben ser recordadas siempre.
José Luis Moreno analiza en su puntual investigación los mecanismos de apropia ción del agua de una empre sa productora de cobre en una región estratégica en términos hidrológicos para el estado de Sonora.
El estudio demuestra que la producción de mineral durante más de un siglo ha provocado el deterioro de la cantidad y la calidad de las fuentes de agua y el acapara miento del recurso por parte de una sola empresa.
La ubicación de este cen tro minero en el nacimien to de dos cuencas hidroló
gicas (Sonora y San Pedro) y cerca de otras tres (Mag dalena, Santa Cruz y Yaqui) lo convierte en un sitio rele vante para la preservación de las fuentes de agua superfi cial y subterránea que requie ren los ecosistemas, el resto de las poblaciones y las ac tividades económicas situa das aguas abajo, incluyendo la ciudad capital del estado, Hermosillo. Asimismo, tie ne importancia porque tres de estas cuencas (San Pedro, Santa Cruz y Yaqui) se com parten con Estados Unidos, en particular, con el estado de Arizona.
Vista satelital de Cananea y la mina a cielo abierto que opera Buenavista del Cobre Foto: dominio público, https:// commons.wikimedia. org/w/index. php?curid=10394828
Como José Luis Moreno se ñala, inicialmente la mina de Cananea se abasteció de ma nantiales y pozos someros, si tuados en la cuenca del río Sonora para realizar sus ac tividades de forma subterrá nea. Después, empezó a ali mentarse de una batería de 11 pozos profundos, perfora dos en la cuenca del río San Pedro en la década de 1940. Y esto para apoyar el comienzo de la minería a cielo abierto. En la actualidad cuenta con más de 100 aprovechamien tos, situados en varios acuífe ros de la región y considera dos como sobreexplotados.
A lo largo de esta historia, José Luis Moreno expone los rasgos esenciales de la explo tación del mineral y especí ficamente aborda el uso del agua por parte de los distin tos dueños que ha tenido la empresa en los últimos 120 años: la Cananea Consoli dated Copper Company, de 1899 a 1907; la Anaconda Copper Company, de 1907 a 1971; la Compañía Minera de Cananea, de 1971 a 1989, y el Grupo México. Este últi mo, primero como Mexica na de Cananea y, desde 1990 hasta nuestros días, denomi nada Buenavista del Cobre.
E l estudio de José Luis Mo reno consta de seis capítu los y un epílogo. Comprende la revisión de literatura so bre algunas investigaciones realizadas en diversos países del mundo sobre los impac tos ambientales y sociales de las minas de cobre. En el caso de México se citan los traba jos que recuperan una parte de la historia social de mine rales del norte del país y de Sonora, y se destaca la ausen cia de investigaciones sobre la forma en que las empresas mineras se apropian de los re cursos hídricos.
Se aborda también el pe riodo de la minería subterrá nea y el empleo de agua de zonas cercanas, la cual se ex traía mediante bombas y el uso de fuentes de energía, como la madera y el carbón. Se describen los problemas de abastecimiento de agua en la localidad de Cananea y las obras hidráulicas construi das para proporcionar agua a la mina, en los primeros años del siglo XX. Y la forma en que la empresa minera y la em presa ganadera de William Greene se apropiaron de los recursos de tierra y agua. La lucha por la dotación de tie rra por los pobladores de la región, y la incipiente inter vención del gobierno federal en materia de aguas superfi ciales y de conservación de los recursos naturales.
Moreno también refiere el comienzo de la minería a cielo abierto y la perforación de pozos profundos para ex traer agua del subsuelo en una zona situada 20 kilóme tros al noreste de la mina. Analiza el plan de expansión de la década de 1940 ejecu tado por la Anaconda Copper Company, la participación de
consultores estadouniden ses en la identificación y ex plotación de aguas subterrá neas profundas, el periodo de mexicanización de la empre sa, los derrames de las pre sas de jales hacia la cuenca del río San Pedro, y la disputa por las “aguas cobrizas” entre la empresa y los gambusinos. En esta parte de su estudio, Moreno incluye también la expropiación del latifundio ganadero de la familia Gree ne en 1958 y la formación de los siete ejidos colectivos ga naderos de Cananea. Asimis mo, el tema de los primeros decretos de veda a la extrac ción de aguas subterráneas en la región.
Expone igualmente el pe riodo de la combinación de una expansión productiva en la mina con la creciente preo
cupación ambiental en ambos lados de la frontera. Analiza el plan de expansión de la déca da de 1980 y la identificación de nuevas zonas de explota ción de agua subterránea en la cuenca del río San Pedro, al igual que la perforación de pozos profundos en tierras eji dales. Da cuenta de los derra mes de las presas de jales ha cia la cuenca del río Sonora y los esfuerzos gubernamenta les binacionales para proteger los recursos naturales del área en la década de 1990.
En su libro, Moreno inclu ye el estudio geohidrológico que identificó una mayor can tidad de recarga natural en el acuífero del río San Pedro, los síntomas de crisis en la vida de los ejidos colectivos, y la transferencia del servicio de agua potable de la empresa
minera al ayuntamiento de Cananea.
Es el periodo de la expan sión productiva y la extrac ción de agua en acuíferos de las cuencas de los ríos Yaqui y Magdalena. Aborda el plan de expansión del año 2010, el in cremento de aprovechamien tos y el volumen de agua con cesionada a la empresa; los esfuerzos de organizaciones ambientales en ambos lados de la frontera, y el conflicto social derivado del derrame minero de agosto de 2014. Asimismo, expone los resul tados principales de las in vestigaciones realizadas por otros especialistas de desta cadas instituciones nacionales y por las del gobierno, sobre este tema hasta el año 2020 y las respuestas de la población afectada.
octubre 2022
E l derrame de sustancias tó xicas ocurrido el 6 de agos to de 2014 no detuvo el plan de expansión de Buenavis ta del Cobre. El vertimiento de 40 mil m3 de una solución de sulfato de cobre acidula da sobre el arroyo Las Tinajas y el río Bacanuchi, que poste riormente llegaron al cauce principal del río Sonora, solo ocasionó la clausura parcial y temporal de instalaciones del complejo minero por un lapso de seis meses y el pago de una multa de 22.9 millones de pesos (Procuraduría Fede ral de Protección al Ambiente, Profepa, 2 de marzo de 2015).
Para continuar con sus ope raciones y atender la reclama ción de los daños, la empresa minera acordó con autorida des ambientales federales la creación del denominado Fi deicomiso Río Sonora, con un patrimonio de 2 mil millones de pesos.
El derrame se originó en una de las piletas de lixivia dos “por la falla en el amarre de un tubo de polietileno” y por “la falta de una válvula en la pileta de demasías”, se gún sostuvo el gobierno fede ral. El accidente afectó la vida de 22 mil habitantes de sie te municipios. Uno de los im pactos principales fue la res tricción del uso del agua en el río, los pozos y las norias ubi cadas a 500 metros en cada margen del río, durante tres meses. Otro impacto fueron las afectaciones a la salud de la población, con la confirma ción de 360 casos, 80 por cien to de los cuales fueron padeci mientos de la piel: dermatitis, quemaduras e irritación.
La tragedia se dio en un ambiente preelectoral y de confrontación política que provocó protestas, planto
Luis Morenones, bloqueos carreteros, da ños a instalaciones y arrestos de manifestantes.
La acción más radical y sim bólica de un grupo de afecta dos, junto con miembros de la Sección 65 del sindicato mi nero, fue la toma de la planta de rebombeo de agua Los Pa tos, desde el 16 de marzo has ta el 24 de julio de 2015. Des pués de la instalación de un plantón que duró más de cua tro meses que impidió su fun cionamiento, los manifestan tes fueron desalojados por la policía federal. En el plantón participaron aproximadamen te 800 mineros de la Sección 65 y una caravana de mil per sonas del río Sonora, y tenía todo lo que simbólicamente solicitaba la gente:
[…] una acción directa, gol pear a la policía, tomar la insta lación de la mina, esa conme moración de la gesta heroica revolucionaria, la colectivi dad, el acampar, los mineros mataron una vaca, se hizo la discada, tortillas sobaqueras, medios de comunicación, en trevistas, corridos, música, en fin, se creó un movimiento so cial que tuvo por nombre “To dos Unidos contra Grupo Mé xico” y otro que se denominó “Frente Río Sonora”.
Días después, el 28 de marzo, se organizó una ma nifestación en Cananea con la presencia de secciones de mineros de Hidalgo, Zacate cas y Michoacán, así como miembros de los Steelworkers de Arizona. Entre las principa les exigencias estuvieron: 36 plantas potabilizadoras, qui tarle la concesión a Grupo Mé xico, continuar con el reparto del fideicomiso detenido por la veda electoral, reubicar los pozos, y resolver el conflicto minero entre la empresa y la
Figura 1. Área afectada por el derrame minero, 2014
Fuente: José Luis Moreno (2021)
Sección 65. El punto clave de esta lucha fue la creación de los primeros grupos organiza dos de gente del río Sonora y la estrategia de la Sección 65 para reavivar la lucha sindical que llevaban por más de sie te años (Vega, 2019).
Posteriormente, los mo vimientos sociales se desar ticularon y dieron origen a otros bajo el nombre de “Fren te Unido contra Grupo Méxi co”, “Frente Río Sonora, Ures” y “Comités de Cuenca Río So nora”, cada uno con discursos y estrategias diferentes.
Esta acción conjunta de mineros y pobladores del río puede entenderse en el mar co del concepto “el ambienta lismo de la clase trabajadora” propuesto por Stefania Barca (2012); es decir, “el día a día de las luchas que los trabajadores y las bases de los sectores de la agricultura, la industria y los servicios lideran, tanto indivi dualmente como de forma or ganizada, para defender la in tegridad y la seguridad de su
entorno de trabajo y del en torno donde viven sus fami lias y comunidades”.
El conflicto provocó un in tenso debate en los ámbi tos estatal y nacional sobre los privilegios de las grandes empresas mineras y la falta de control por parte de las auto ridades ambientales, así como de los impactos sociales y am bientales que generan en las localidades y regiones donde operan.
Para agravar la situación, un mes después del derra me, a través de un reportaje en televisión, se conoció pú blicamente la existencia de una presa en un rancho pro piedad del gobernador del es tado, Guillermo Padrés. Esta obra construida en el arroyo Manzanares, afluente del río Bacanuchi, afectaba el acce so al agua a la población si tuada aguas abajo. Dos sema nas después se informó en los medios de comunicación que había sido destruida por una “creciente en el arroyo”.
Las consecuencias ambienta les del derrame fueron anali zadas en diversos trabajos de investigación. Destaca el es tudio de la Universidad Na cional Autónoma de México (UNAM, 2016) que se efectuó en el marco de las activida des del Fideicomiso Río Sono ra. Los resultados principales fueron los siguientes:
Los sedimentos mues treados en zanjas a lo lar go del arroyo Tinajas y del río Bacanuchi tienen altas proporciones de metales (hierro, aluminio, cobre, manganeso y arsénico) lo que indica claramente la migración vertical de me tales provenientes del de rrame.
Contaminación residual en muestras de sedimento y algunas de suelo colecta das en zanjas a diferentes profundidades del cauce desde el punto origen del derrame (represo Tinajas 1) hasta el poblado de Baca nuchi (aproximadamente a 50 kilómetros).
Incremento en la cantidad de metales en el ecosiste
ma de la cuenca, con ries go potencial de ser libe rados al ambiente por un nuevo derrame de solución ácida o por la descarga de aguas negras que tiene el potencial de generar un ambiente reductor.
Riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de re ferencia de 400 mg/kg, con un máximo de mil 945 mg/ kg de plomo en fracción de suelo adherible a manos.
Más de 70 por ciento de la población infantil de San Felipe de Jesús po dría tener niveles de plo mo en sangre superiores a 10 microgramos por de cilitro. Este valor represen ta un riesgo para la salud. Con los resultados obteni dos, no es posible descar tar que los altos niveles de plomo observados se de ban al derrame de Buena vista del Cobre, o a la pre sencia de jales históricos asociados a la minería de plomo y zinc de la zona.
Los mineros de Cananea y pobladores de los municipios afectados por la contaminación en el Río Sonora recibieron el apoyo de sus compañeros de otras partes del país y hasta de los steelworkers de Canadá que ayer a las 11 de la mañana marcharon en un contingente de protesta superior a los dos mil manifestantes. 2 de abril de 2015
Foto de noalamina.org
Afectación adversa al há bitat acuático que se ma nifiesta en el cambio en la estructura poblacional de especies de peces endémi cos y amenazados. El cam bio en la estructura pobla cional se caracteriza por la ausencia de estadios juve niles un año después del derrame.
Deterioro de los ecosiste mas ribereños, que se ma nifiesta en la alta mortali dad de árboles ribereños sobre el arroyo Tinajas 1, a 13 kilómetros al sur del re preso, un año después del derrame.
Las afectaciones señaladas –concluyó el estudio– justifi can la instauración de un siste ma de monitoreo y seguimien to para evaluar la eficacia de las medidas de remediación del daño ambiental realiza das por la empresa, en cum plimiento de la obligatoriedad de restablecimiento de los ser vicios ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados, como se marca en la Ley de Responsabilidad Am biental (UNAM, 2016).
En el estudio participa ron 13 investigadores perte necientes a dos laboratorios (Ecología y Geología) y dos fa cultades (Química y Medicina, Veterinaria y Zootecnia) de la UNAM, un laboratorio (Geo química y Mineralogía) de la Universidad de Sonora, y un laboratorio (Geoquímica y Mi neralogía) del Instituto Tecno lógico de Sonora.
En forma previa se había publicado el informe sobre el incumplimiento de la nor matividad ambiental por par te de Buenavista del Cobre, que contiene el análisis deta llado de las 55 irregularidades en que incurrió la empresa se gún las inspecciones realiza das por la Profepa después de ocurrido el derrame (Proyec to sobre Organización, Desa rrollo, Educación e Investiga ción, PODER, 2015).
En el informe se enfatiza que la autoridad ha demos trado que la empresa minera “ha sido negligente y ha obte nido beneficios económicos al disminuir sus costos por eva dir el cumplimiento de las nor mas ambientales en materia
de manejo de lixiviados, ma nejo de residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”.
En sentido contrario al pri mer estudio citado de la UNAM, dos investigadores de la Facul tad de Química y el Instituto de Geología de la misma ins titución concluyeron que las fuertes precipitaciones ocurri das en la zona fueron un fac tor determinante para la rápi da dispersión y dilución de los metales potencialmente tóxi cos contenidos en la solución ácida derramada. En lo que res pecta a la presencia de meta les, con excepción del alumi nio, fierro y manganeso, a los tres meses, sus concentracio nes eran menores a los límites señalados en la NOM-127 para agua potable.
De acuerdo con los investi gadores, las concentraciones de aluminio, fierro y manga neso que superan los límites para agua potable son simila res a los reportados para los cuerpos de agua de la región antes del accidente. Hay evi dencias suficientes para plan tear que la presencia de estos metales es, en su mayor par te, de origen natural. La pre sencia de metales potencial mente tóxicos (Fe, As, Mn, Pb y V) en algunas muestras de sedimentos y suelos de la par te media de la cuenca, la zona potencialmente afectada por el derrame, está fuertemente relacionada con las anomalías naturales identificadas en am bos flancos de la parte media de la cuenca, y/o con la mine ría histórica.
Finalmente –señalaban los investigadores–, es importan te mencionar que las concen traciones de metales asocia dos al derrame en sedimentos y suelos de áreas afectadas,
están dentro del intervalo de las concentraciones de fondo naturales de la región, lo que podría ser explicado si se con sidera que la empresa realizó la remoción y disposición se gura de aproximadamente 6 mil 093 m 3 de sedimentos y suelos visiblemente afectados por el derrame, entre agosto y octubre de 2014. Por lo que es posible concluir que la mayor parte de la contaminación, en sedimentos y suelos, fue con trolada efectivamente.
Por lo antes expuesto, se considera que el agua, suelos y sedimentos no representan un riesgo ambiental (Gutié rrez y Romero, 2015).
El debate sobre las cau sas y consecuencias del de rrame tóxico continuó en tra bajos posteriores. Toscana y Hernández (2017) dieron cuen ta de la política de la protec ción civil descentralizada y la política ambiental centraliza da que generan vacíos que no son atendidos por ninguna de las dos y se convierten en es pacios de riesgo. Los gobier nos en sus diferentes niveles y competencias no cuentan con suficiente personal profesional adecuado para la formulación, implementación y evaluación de estas políticas. Esto fomen ta la vulnerabilidad institucio nal que impide la adecuada prevención de desastres.
Un grupo de psicólogos analizó el riesgo percibido por la población y encontró que el temor de los participantes por la contaminación de la cuen ca del río es moderado o seve ro. Las consecuencias futuras para el área son especialmen te altas. El riesgo no se redu ce fácilmente y afectará a las generaciones futuras.
Las víctimas también per ciben que los recursos des
Los primeros trabajos después del derrame Imagen: Fundación UNAM
tinados a reducir el daño se distribuyeron de manera des igual. Con respecto a la mag nitud del riesgo percibido, los resultados muestran que los encuestados estimaron que la probabilidad de con traer una enfermedad debi do al derrame es alta (Arago nés, Tapia-Fonllem, Poggio y Fraijo-Sing, 2017).
Los investigadores Díaz Caravantes, Duarte Tagles, Pallanez Murrieta, Moreno Vázquez, Mejía Santellanes y Durazo Gálvez (2018), eviden ciaron el estado de amenaza y vulnerabilidad en el que se encuentra la vida acuática en el río Sonora, al analizar los da tos de los muestreos realiza dos en 2014 y 2015 en el área
afectada. Concluyeron que los lineamientos de calidad del agua y los límites máxi mos permisibles que contie ne la Ley Federal de Derechos en materia de aguas naciona les son parámetros utilizados con un objetivo eminente mente recaudador.
Dado su laxo énfasis en la protección de los servicios am bientales, puede contribuir a su pérdida, mediante el fo mento de una cultura en la que se acepta, sin mayores reper cusiones que las pecuniarias, el hecho de pagar por conta minar y no garantizar la super vivencia de la vida acuática y la no acumulación de los metales pesados en la biota del lugar (Díaz Caravantes et al., 2018).
El derrame de sulfato de cobre afectó los sistemas de acceso al agua para consumo humano, los cultivos y animales, así como la organización local agraria y de riego, exacerbó los conflictos internos en los pueblos y redujo la solidaridad comunitaria tradicional.
El tema del Fideicomiso Río Sonora fue también motivo de polémica. Por un lado, se publicó el resumen del Libro Blanco que contiene la ver sión oficial de las acciones y medidas de remediación, re paración y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud generados por el de rrame (Fideicomiso Río So nora [FRS], 2017). Se trata de un documento de 41 páginas que detalla las acciones reali zadas por cada dependencia gubernamental y describe las acciones y apoyos económi cos por sector y municipio, desde su constitución el 15 de septiembre de 2014 has ta su extinción el 2 de febre ro de 2017.
En este documento llama la atención la alusión a una es timación realizada por el Ins tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) so bre las afectaciones causadas por el derrame. Concluyó que
los costos ascendían a 3 mil 116 millones de pesos. Del to tal, 60 por ciento correspon día al concepto “remediación de suelos y restauración de zonas riparias” y 28 por cien to al de “afectaciones econó micas por la pérdida de agua”.
Según la información publi cada en la página web, el fi deicomiso se estableció con un monto menor de 2 mil mi llones de pesos, y únicamen te ejerció mil 232 millones de pesos. El 50 por ciento del to tal se destinó al pago directo a afectados en los conceptos de salud, sector agropecuario, in dustria, comercio y servicios, y tomas de agua. El 36 por ciento, a los conceptos tina cos, rehabilitación de pozos, suministro de agua en pipas, organismos operadores mu nicipales, y planta potabiliza dora de Bacanuchi. El de “lim pieza del río” apareció en un rubro de “gastos adicionales” junto al concepto de “apoyos
Río Bacanuchi en Tahuichopa, municipio de Arizpe Foto: José Luis Morenosociales”. Entre ambos se ejer cieron 282 millones de pesos (FRS, 2017).
Esto significa que de los mil 856 millones de pesos estima dos por el INECC para la re mediación de los suelos y la restauración de las zonas ri parias, solo se destinó 15 por ciento del total que se incluyó en el vago concepto de “apo yos sociales, limpieza del río”. En otras palabras, se otorgó el mayor porcentaje de dine ro del fideicomiso al pago di recto a los afectados y a brin dar el servicio de agua a la población, más que a la re mediación ambiental.
El documento oficial con tiene también información sobre la imposición de “san ciones económicas” y “fallas detectadas” por el Organis mo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA en Buenavista del Cobre. Sobre la primera, orde nó la remoción y demolición de infraestructura hidráulica y
la clausura de pozos. Sobre la segunda, se refirió a aprove chamientos de aguas super ficiales y subterráneas y que se encuentran “en califica ción” por parte de las oficinas centrales, por lo que existe la posibilidad de que se inicien procedimientos administrati vos adicionales en contra de la empresa (FRS, 2017). En nin guno de los dos casos se pro porcionó más información so bre las causas específicas de las sanciones y los detalles de las fallas detectadas.
Por otro lado, se dio a co nocer el trabajo de Lamberti (2018) que documentó las de ficiencias en la gestión del Fi deicomiso Río Sonora. Seña ló la falta de participación de los afectados en su funciona miento, la poca independen cia de los “miembros exper tos independientes”, y que sea considerado un fideico miso privado cuando su pre sidente fue un funcionario público (Rodolfo Lacy Tama yo, subsecretario de la Semar nat). Resaltó que el gasto para los afectados en su salud (7.8 millones de pesos) fue cuatro veces menor a lo que se otor gó para una estrategia de co municación social (32.4 millo nes de pesos).
Otro aspecto mencionado fue el gasto elevado en el ru bro “tinacos”, que se repartió entre el Colegio de Ingenie ros Civiles de Sonora (150.8 millones de pesos), el Cole gio de Ingenieros Ambienta les de México (28.6 millones) y el resto para tinacos de la empresa Rotoplas (p. 14). Se gastaron 58 millones de pesos para el estudio de diagnósti co y la propuesta de remedia ción (citado aquí como UNAM, 2016) y “nada para poner en marcha dicha remediación”.
En conclusión, dice el do cumento, el fideicomiso no ha cumplido con su objetivo, el dinero no llegó en su tota lidad a los afectados directa mente por el derrame, y em presas, asociaciones civiles y gobiernos de todos los nive les “se han beneficiado de es tos recursos en detrimento de las personas afectadas y a cos ta de la impunidad de los res ponsables del desastre”.
Otro trabajo fue la tesis de maestría de Fernanda Ibarra (2018) que analizó la movili zación y defensa legal de co munidades de la cuenca del río Sonora, así como los pro cedimientos de organización, información y judicialización del conflicto. Después del se guimiento de ocho juicios de amparo promovidos por los Comités de Cuenca Río Sono ra y la realización de entrevis tas a habitantes de la cuenca, concluyó que existe un pro ceso de concientización y de reivindicación de derechos, que se construye una alter nativa de “justicia ambiental” mediante la defensa legal, y que se reconocen como “víc timas ambientales” gracias al apoyo brindado por organi zaciones no gubernamenta les como PODER.
Asimismo, destacó la inefi cacia e ineficiencia de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ya que no ha ge nerado restitución de servi cios ambientales ni ha inhibi do comportamiento irregular alguno; la ineficacia de las ac ciones colectivas por sus pro cedimientos lentos, costosos y desgastantes para las partes afectadas. Y también la falta de diseño especializado de los juicios de amparo para la de fensa ambiental. Todo provo ca que, a tres años del derra
José Luis MorenoUno de los manantiales que se han secado intempestivamente en la región de Cananea
Foto: Miriam Espinoza
me, los habitantes afectados del río Sonora “no han podido ejercer sus derechos y lograr la justicia ambiental, relacio nada con la efectiva repara ción, remediación y compen sación del daño ambiental”.
Los trabajos sobre la ca lidad del agua continuaron publicándose. Un estudio de investigadores de la Universi dad de Sonora sobre la con taminación por metales pe sados en los ríos Sonora y Bacanuchi concluyó que am bos ríos están contaminados por metales y representan un peligro para la biota, debido a la alta movilidad y biodis ponibilidad de los metales. También señaló que las con secuencias del derrame de agosto de 2014 no han sido completamente evaluadas, por lo que hacen falta estu dios químicos sobre el agua y los sedimentos (incluyendo la biota) en ambos ríos (León García, Meza Figueroa, Valen zuela García, Encinas Romero, Villalba Atondo, Encinas Soto y Gómez Álvarez, 2018).
Otra serie de artículos so bre el tema se publicaron en una edición especial de la re vista de la Asociación Latinoa mericana de Hidrología Sub terránea para el Desarrollo. Uno concluyó que los valores de concentraciones altas en el periodo de monitoreo de agosto a diciembre de 2014 obedecen más a su origen na tural que a la solución fugada, la cual fue “hidrolizada y dilui da desde el 8 de agosto, dadas las acciones emergentes reali zadas dentro del propio arro yo Tinajas” (Rangel-Medina, Rojas-Galaviz, Obregón-An dría, Trelles-Monge, Botello, Ornelas-Tavarez, Acosta-Ro dríguez, Valenzuela, Villanue va y Zárate-Lomelí, 2019).
Otro artículo que analizó el riesgo para la salud humana por exposición a metales pe sados en suelos residenciales de localidades del río Sono ra concluyó que los resulta dos muestran una distribu ción espacial que indica un origen natural, urbano o agrí cola, y que “aparentemente, los metales no están asocia dos al derrame de 2014”. Para los niveles de contaminación observados, el riesgo es bajo, con la excepción de San Feli pe de Jesús, localidad en don de el riesgo por exposición a plomo es alto y está espacial mente asociado a la presencia de jales inactivos en la zona, es decir, “no asociado al de rrame de 2014” (Meza-Figue roa, Romero, Meza-Monte negro, Duarte-Rodríguez y Vega, 2019).
Una investigación interdis ciplinaria que abordó los as pectos naturales y sociales del derrame fue la de Luque, Mur phy, Jones, Burquez, Martínez,
Manrique y Esquer (2019). Con los resultados de entrevistas aplicadas a pobladores de la región en tres años (2014, 2015 y 2016), una de sus conclusio nes fue que el derrame tuvo “impactos sistémicos” en el ingreso económico, la ocu pación laboral, la salud física y psicológica, los cultivos, la alimentación, la organización local productiva, el nicho que ocupaba en el mercado regio nal, la percepción sobre la sa lud de la biodiversidad y de la vitalidad del río.
Igualmente, afectó los sis temas de acceso al agua para consumo humano, los cultivos y animales, así como en la or ganización local agraria y de riego, y exacerbó los conflic tos internos en los pueblos y redujo la solidaridad comu nitaria tradicional. El impacto fue generalizado en toda la población, aunque sí mostró cierta diferenciación por gé nero, por tipo de ocupación y por estrato socioeconómico.
A demás de las respuestas de tipo social que se ma nifestaron en los días poste riores al derrame, hubo otras que siguieron su curso inicia do años antes, como la lucha de mineros de la Sección 65 ante la Comisión Interameri cana de Derechos Humanos (CIDH), y otras que continua ron, como la de miembros de las comunidades afectadas, organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora.
Un caso de población afec tada que resalta es la comuni dad de Bacanuchi, en el mu nicipio de Arizpe. Con una historia sobresaliente en la época colonial como un Real de Minas productor de pla ta, una importante hacienda propiedad del gobernador Ignacio Pesqueira en el siglo XIX, un reparto de tierras que creó el ejido del mismo nom bre en 1933, y que ha sufrido los impactos de los derrames de la empresa minera desde la década de 1980, Bacanu chi es hoy el núcleo de la lu cha en contra de Buenavista del Cobre y su nueva presa de jales, cuyas dimensiones son impresionantes.
En la figura 3 se muestra una estimación del área geo gráfica, con base en el polí gono que contiene el informe preventivo presentado por la empresa minera a la Secreta ría del Medio Ambiente y Re cursos Naturales (Semarnat).
La extensión territorial es tres veces mayor (6 mil 535 hectáreas) a la que ocupa la presa de jales actual (2 mil 100 hectáreas), representando una obra de alto riesgo para la co munidad de Bacanuchi y las comunidades situadas aguas abajo en el curso del río Sono ra, incluida la ciudad de Her mosillo (Ibarra y Moreno, 2021).
De acuerdo con el antepro yecto de Grupo México, la su perficie total de la cuenca de captación de la presa será de 7 mil 200 hectáreas, pero el área ocupada por los jales, de 4 mil hectáreas. Es decir, el doble de la actual. La presa tendrá una altura máxima de 200 metros, que se alcanzará en aproxima damente 40 años; la longitud de la cortina será de 10 kiló metros y almacenará cien mil toneladas diarias de molienda “geomaterial natural” (Orozco y Muhech, 2012).
La preparación y construc ción del sitio se realizó desde 2013 hasta 2016. La operación y mantenimiento de la presa de jales durará 40 años, y el programa de cierre (desman telamiento, limpieza, reúso de agua, actividades de restaura ción y reforestación, monito reo ambiental) comprende rá cinco años. Su capacidad de almacenamiento es de mil 728 Mm3 de jales provenien tes de la Planta Concentrado ra de Cobre II (Semarnat, 24 de enero de 2020).
El censo de población del año 2010 del INEGI reportó en la localidad de Bacanuchi 206 habitantes, y el Registro Agra rio Nacional, un ejido con una superficie de casi 7 mil hec táreas. El 90 por ciento es de uso común y 618 están parce ladas. Tiene 136 ejidatarios y 64 avecindados. Según el Re gistro Público de Derechos de Agua (Repda), cuenta con 20 títulos para el aprovechamien to de aguas subterráneas, con un volumen concesionado de 1.1 Mm3 al año para uso agrí cola y 0.7 Mm 3 para uso pe cuario. La dotación de tierras se hizo en dos resoluciones: una en agosto de 1933 por mil 643 hectáreas, y otra en abril de 1988 por 6 mil 352 hectá
Fuente: José Luis Moreno (2021)
reas. Esta segunda dotación fue confirmada por el Tribu nal Superior Agrario en no viembre de 1997, y publicada en noviembre de 1999.
La primera dotación fue para 72 “capacitados” y origi nalmente incluía “una acce sión de 6.4 Mm 3 anuales de agua del río Bacanuchi y del nacimiento La Ciénega” para el riego de las tierras. La reso lución final fue que “podrán derivar” un volumen anual de 2.2 Mm3 de agua de las fuen tes mencionadas y por cinco canales. La superficie se tomó íntegramente de la hacienda de Bacanuchi y se dividió en 315 hectáreas de riego, 18 de temporal de segunda y mil 310 de terreno cerril (DOF, 29 de agosto de 1933).
La segunda dotación fue para 117 “capacitados” y 88 por ciento de la superficie de agostadero se tomó de la ex hacienda de Bacanuchi, pro piedad de Elena Pesqueira Sotomayor de Dosamantes
(nieta de Ignacio Pesqueira).
La solicitud databa de 1941 y, en 1953, el gobernador del es tado la había negado “por no estar debidamente aprove chados los terrenos de la do tación”. En los trabajos téc nicos, se llegó a dictaminar que Elena Pesqueira acumu ló 14 mil 500 hectáreas de tie rras en 1952. En tres predios, atravesados por el río Bacanu chi, contaba con áreas de cul tivo en sus márgenes, 14 po zos, 13 represos, 14 potreros, ocho corrales y 850 cabezas de ganado mayor (DOF, 8 de abril de 1988).
El 18 de noviembre de 1997, el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia en rela ción con el juicio agrario pro movido por los campesinos del poblado de Bacanuchi, el cual resolvió la dotación de las 6 mil 352 establecidas en la resolución de abril de 1988. La publicación oficial se efec tuó dos años después (DOF, 9 de noviembre de 1999). Se
gún la consulta del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional se encuentra en “ejecución pendiente de los tribunales agrarios”.
Como resultado de la de fensa legal promovida por pobladores a raíz del derra me minero de 2014 y la reso lución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 5 de septiembre de 2018, en julio y septiembre de 2019 se cele braron dos reuniones públicas de información en Bacanuchi, donde se brindó información sobre la nueva presa de jales. Participaron autoridades de la Semarnat, Conagua y Profe pa. Las reuniones se llevaron a cabo con los representantes de la nueva administración fe deral y posteriormente se re plicaron en otras localidades del río Sonora. El interés de las autoridades era exponer las características de la obra, escuchar a la población, res ponder preguntas y aclarar sus dudas.
Un análisis realizado por la organización PODER al In forme Preventivo presentado por las autoridades, argumen tó que la presa de jales con traviene la normativa ambien tal mexicana; que se autorizó sin considerar el impacto am biental acumulado; que los ja les mineros sí son sustancias peligrosas, y que las medidas de mitigación son insuficien tes en materia de agua, fau na, aire y residuos peligrosos.
En las conclusiones, señaló “la escasa rigurosidad técnica del promovente (Buenavista del Cobre) para documentar los riesgos e impactos am bientales del proyecto y las respectivas medidas de pre vención y mitigación de los mismos” (PODER, 2019). En
diciembre de 2019, el titular de la Semarnat, Víctor Tole do, visitó la región y se reu nió con los afectados del río en Ures. En otro evento reali zado en la ciudad de Hermosi llo, encabezó la presentación de un libro relacionado con el derrame (Luque et al., 2019).
En el evento, el funcionario federal propuso organizar un “foro científico” para presen tar y discutir los resultados de los trabajos de investigación realizados sobre el tema.
El 15 de enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por una nimidad amparar y proteger a los miembros de los Comi tés de Cuenca Río Sonora en relación con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental. El engrose de la resolución se dio a conocer el 30 de marzo.
La Segunda Sala de la Cor te concluyó que se violó “el derecho de los demandan tes a participar de manera informada en aquellos asun tos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano” (SCJN, 2020). Y señaló que “debió consultarse y dar se participación a los quejo sos” en los actos emitidos por la autoridad administra
tiva que tuvieran por objeto la compensación de los daños ocasionados al ambiente, es pecíficamente, los relaciona dos con el cumplimiento de las medidas correctivas.
El alto tribunal igualmen te indicó que las autoridades responsables se encargaran de organizar una reunión pú blica de información en la que les explicaran “a los quejosos” en qué consisten el convenio y las medidas ambientales del Programa de Remedia ción, cómo se llegó a la de terminación de las medidas correctivas y cómo se cercio raron de que los fines del fi deicomiso habían sido cum plidos. Solicitó que se les diera “la oportunidad de manifestar sus preocupaciones y posibles sugerencias”. Una vez hecho lo anterior y habiendo escu chado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes de berían “emitir una nueva de terminación” (pp. 68-70). Sin embargo, la sentencia no de terminó fechas ni estableció un calendario específico para llevar a cabo este proceso.
Después de girar invitacio nes a investigadores y funcio narios gubernamentales para su participación en el foro científico-académico que se
llevaría a cabo el 12 de febre ro de 2020, sorpresivamen te la Semarnat emitió un co municado un día antes en el que informó que “las institu ciones organizadoras del foro consideraron que no se con taba con las condiciones para su realización”, motivo por el cual se tomó la decisión de posponerlo hasta nuevo avi so. El comunicado no precisó cuáles eran esas condiciones.
Las instituciones organizado ras eran el Centro de Investi gación en Alimentación y De sarrollo (CIAD), la Universidad de Sonora, El Colegio de So nora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona cyt) y la Semarnat.
A mediados de julio de 2020 se publicó en un diario local el aviso al público de que se presentó a evaluación ante la delegación en Sonora de la Semarnat, la manifestación de impacto ambiental (modali dad particular) del proyecto del sistema de abastecimien to de agua fresca a la planta concentradora II de Buenavis ta del Cobre (Expreso, 19 de julio de 2020).
Según la manifestación de impacto ambiental, el proyec to consiste en la construcción y operación de un acueducto de 11.7 kilómetros de longi
tud, una estación de bombeo y un campo de ocho pozos de agua fresca con capacidad de 18 lps cada uno, que serán ex traídos “del manto acuífero denominado La Cabellera, ya concesionado”.
Estas cifras significan una extracción total de 144 lps o 4.5 Mm 3 de agua al año. El proyecto se ubica 17 kilóme tros al sur de Cananea, a un costado del camino hacia Ba canuchi, en los límites de los municipios de Arizpe y Cana nea, en una superficie de 31 hectáreas. Respecto al uso del agua, la manifestación señaló lo siguiente:
[…] Dentro de sus opera ciones, la planta Concentra dora II requiere de abasteci miento de agua fresca para su proceso, se estima que se re cuperará un 50 por ciento del agua utilizada en el proceso y vertida en la “presa de jales” y se requerirá 50 por ciento de agua fresca. En este caso, el agua proveniente del sis tema de abastecimiento de agua fresca objeto del presen te proyecto, abastecerá apro ximadamente 720 m 3/h (200 litros por segundo).
Estas cifras, a su vez, sig nifican una extracción de 6.3 Mm3 de agua al año. Además de la discrepancia de las ci fras en el mismo documento, un aspecto que llama la aten ción es la mención a un acuí fero denominado La Cabelle ra, que no existe como tal en la lista de acuíferos del estado de Sonora reconocidos oficial mente por la Conagua. Y ade más, que se afirme que está “ya concesionado”.
La solicitud de la empre sa a la Semarnat se dio en el contexto de la resolución de la SCJN que amparó a pobla dores de Bacanuchi y cuyo
engrose se publicó hasta fi nales de marzo de 2020. La mentablemente para los po bladores, en ese mismo mes el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria genera da por la covid-19, lo que afec tó todas las esferas de la vida nacional. Esta emergencia sa nitaria impidió el cumplimien to de la determinación de la SCJN acerca de organizar una “reunión pública de informa ción” entre las autoridades responsables y los quejosos.
A pesar de lo anterior, la po blación organizada en los Co mités de Cuenca Río Sonora (CCRS) continuó su lucha, con el acompañamiento de la or ganización PODER. Como fru to de la promoción de un jui cio de amparo por madres de niños de la comunidad, el 15 de mayo de 2020 el Primer Tribunal Colegiado dictó me didas para proveer atención médica integral a los niños de Bacanuchi (PODER, 25 de mayo de 2020). El 6 de junio, funcionarios estatales y muni cipales anunciaron la llegada de una doctora que prestaría atención permanente a la co munidad, y la reapertura del Centro de Salud de Bacanuchi (PODER, 9 de junio de 2020).
Asimismo, después de so licitudes de acceso a la in formación, en noviembre de 2020, en una carta enviada a los CCRS, la Comisión Fede ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció que, tras nuevos muestreos realizados ese año, el agua de consumo hu mano en los siete municipios del río Sonora sigue contami nada masivamente con meta les pesados –principalmente arsénico y plomo–, y que “re presenta un riesgo a la salud de la población”.
Según denunciaron los CCRS: “a pesar de la eviden cia, ninguna dependencia gu bernamental responsable, ni autoridades municipales, han desarrollado acciones para alertar a la población y me nos dar solución inmediata a esta emergencia” (PODER, 26 de noviembre de 2020).
La tesis de maestría de Fer nanda Elizalde (2019), realiza da en las localidades de San Felipe de Jesús (cabecera del municipio homónimo), Ma
zocahui (Baviácora), y Puerta del Sol (Ures), reveló que cinco años después del derrame de 2014, la mayoría de los entre vistados afirmó no tomar agua de la llave y preferir comprar agua embotellada o de garra fón (lo que significa un gasto extra); cuando no pueden ha cerlo, recurren a diversos mé todos, como hervirla o filtrar la; viven preocupados sobre la calidad del agua porque du dan de ella, y las plantas po tabilizadoras no están instala
das de manera adecuada, por lo que no se utilizan.
En lo que corresponde a la Sección 65 del sindicato mi nero, se mantuvo su lucha por las afectaciones a los pobla dores, ocasionadas por el de rrame de metales tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, incorporando el tema en el ex pediente de la petición de 832 mineros y familiares, presen tada ante la Comisión Intera mericana de Derechos Huma nos (CIDH) en enero de 2012.
Casi cinco años después, la CIDH comunicó a los peti cionarios y sus abogados que solicitó información al gobier no de México y se ha fijado un plazo de tres meses “para que presente sus observacio nes”. Asimismo, informó que se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, “a fin de llegar a una solución amis tosa fundada en el respeto de los derechos humanos” (CIDH, 22 de noviembre de 2016).
Otro grupo de afectados en la región son los antiguos eji dos ganaderos colectivos de Cananea que continuaron su relación de acuerdos y des acuerdos con la empresa mi nera, en una convivencia asi métrica que data de la década de 1980. La tesis doctoral de Alejandra Balzaretti (2020) re veló las diversas estrategias empleadas por la empresa minera para acceder al agua. Además de las legales, están otras que, si bien no son ile gales, son por lo menos irre gulares y pasan por chanta je, presión, castigo e, incluso, ocultamiento. En las entre vistas realizadas en el trabajo de campo, encontró que la es trategia de negociar con pro pietarios privados y con eji dos para que les renten los derechos y permisos de uso
José Luis Morenode aguas nacionales tiene dos formas diferenciadas (Balzare tti, 2020).
La autora señaló que, con el ejido Ignacio Zaragoza, mien tras las negociaciones se han hecho en términos amisto sos, con el Emiliano Zapata la empresa ha echado mano de amenazas, obstrucción de trá mites en la Conagua y en el Registro Agrario Nacional y, fi nalmente, les ha impedido el acceso al líquido que se ha bía acordado con la empresa luego del derrame de agosto de 2014.
Por ejemplo, en el año 2016, la empresa le tenía rentados ocho pozos al ejido Zaragoza, y por lo que cada uno de los ejidatarios recibió un pago de 140 mil pesos. A pesar de que el monto de agua es fijo, no hay medidores en los pozos, por lo que en realidad nadie sabe cuánta agua se extrae de ellos, y aunque los ejidatarios están conscientes de la situa ción, no parece preocuparles.
Las negociaciones se hacen directamente con el geren te de la mina. Si falta agua se manda una pipa de inmedia to, si necesitan alguna inver sión en infraestructura para el ejido, se le puede solicitar a la empresa –aunque no siem pre las satisface– y, lo que es más importante aun, tienen la posibilidad de renegociar
Figura 5. Población por municipio en la cuenca del río Sonora, 19002020
Fuente: José Luis Moreno (2021)
cada año el precio de la ren ta de sus pozos, lo cual los si túa en una posición de venta ja frente a la empresa y frente a otros núcleos agrarios (Bal zaretti, 2020).
El caso del ejido Zapata es completamente distinto, qui zá porque hacen honor a su nombre o quizá porque se ubica mucho más cerca del yacimiento minero, y por ello sufren directamente los efec tos de la explotación minera. A diferencia del ejido Zarago za, los miembros del Zapata han decidido establecer una lucha férrea por el control de su agua. Este caso es particu lar, pues existe un contrato que ampara la renta de los po zos de agua a la empresa por 30 años; sin embargo, cada vez que los miembros del co misariado tratan de revertir el contrato y recuperar alguno de los 27 pozos que la empre sa “les renta”, se encuentran con un sinfín de dificultades técnicas y jurídicas en las ins tancias correspondientes (Bal zaretti, 2020, p. 201).
Las consecuencias que tuvo el crecimiento de la industria minera sobre el espacio local han afectado las principales actividades productivas de los ejidatarios, señaló Balzare tti, citando a un entrevistado: “antes, el agua estaba a ape nas 20 o 30 metros de profun
didad. Ahora nos enfrentamos al problema de que tenemos que cavar hasta 150 metros para encontrar agua, y pues como ejido, no tenemos el re curso. Solo la empresa puede hacer pozos así”.
Por lo que se refiere a Ca nanea, en este periodo la po blación de la localidad creció ligeramente de 30 mil habi tantes en el año 2000 a 31 mil en 2010, lo cual, proba blemente, reflejó los efectos de la huelga de trabajadores en la empresa minera durante 2007-2010. Un aspecto nota ble fue que en la década 20002010, la localidad concentró 95 por ciento de la población total municipal, la cual, a me diados de la década siguien te, se incrementó a casi 36 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 y, para el 2020, a casi 40 mil, según el Censo de Población (INEGI, 2015 y 2020).
El aumento poblacional de Cananea desde principios del siglo XX, en particular, desde el inicio de la minería a cielo abierto en la década de 1940, se muestra en la figura 5, en la que se observa que el nú mero de población total en el resto de los municipios de la cuenca del río Sonora se ha mantenido en un promedio de 23 mil habitantes por dé cada, con un ligero ascenso en
1970-1990 y un ligero descen so en 2000-2020.
La obtención de cobre por métodos rudimentarios, la in equidad en el acceso al agua y los indicadores deficientes en la gestión del agua pota ble persistieron. En marzo de 2016 se reportó el vertimien to de aguas de lixiviación so bre suelo natural en el ejido Cananea Vieja, debido a una maniobra por parte de ejida tarios que trabajan en la ob tención de cobre. Según los inspectores federales, el bor do del estanque fue “presumi blemente derribado con una pala por parte de los gambu sinos”, lo que afectó un área de 150 m2 (Profepa, 9 de mar zo de 2016).
En un acto considerado “histórico”, el ingeniero Ós car González Rocha, directi vo de Grupo México, firmó un convenio con el ayunta miento para la cesión de de rechos de agua por 1.3 Mm 3 (soycobre.com, 7 de noviem bre de 2017). Con esta cesión, Fernando Herrera, presiden te municipal, señaló que “Ca nanea ya es dueño del agua” (Proyecto Puente, 8 de no viembre de 2017). Este con venio se refirió a los 11 apro vechamientos subterráneos situados en la cuenca del río San Pedro, lo cual representó únicamente 2 por ciento del volumen total de agua conce sionado a Buenavista del Co bre en 2018.
En junio de 2020, los indica dores del organismo operador de agua no eran alentadores. El total de la población cuen ta con servicio de agua pota ble, pero 29 por ciento de las tomas no tiene el servicio con tinuo las 24 horas. La eficien cia física es de 50 por ciento, la comercial de 47 por ciento, y el
costo de la energía eléctrica re presenta 56 por ciento del cos to de operación. Aproximada mente, 70 por ciento de la red ya rebasó su vida útil. Del volu men total de pérdidas estima do en 139 lps, 25 por ciento co rresponde a fugas en la red de distribución, 13 por ciento a to mas clandestinas, 9 por ciento a oficinas públicas y 3 por cien to a parques y jardines. En con junto, representan 4.3 Mm3 de agua al año.
La tarifa de cuota fija por 30 m3 es de 132 pesos, la cual es baja en comparación con la de ciudades cercanas como Agua Prieta (198 pesos), Magdalena (178 pesos), Nacozari (143 pe sos) y Nogales (264 pesos).
De los últimos 13 años, solo en cinco se autorizó un incre mento de la tarifa que osciló entre 4 y 6 por ciento. La úni ca excepción fue el año de
2012, en que hubo un 15 por ciento de aumento. El abasto de agua se realiza a través de 15 pozos, de los cuales, 11 se ubican en la antigua zona de El Río, y cuatro en el Ojo de Agua, proporcionando 77 por ciento y 23 por ciento del vo lumen total, respectivamen te (Comisión Estatal de Agua [CEA], 2020).
La transferencia de la pres tación del servicio de la Comi sión Estatal de Agua al orga nismo operador del municipio de Cananea se formalizó me diante la firma de un conve nio en septiembre de 2018, el cual derogó el convenio de di ciembre de 1999 (Boletín Ofi cial, 8 de octubre de 2018); sin embargo, hasta julio de 2020 se mantenía la presencia de la dependencia estatal en la administración del organismo operador municipal.
Un aspecto positivo fue que la planta de tratamien to de aguas residuales en el norte de la ciudad inició ope raciones en 2009. Tiene ca pacidad para tratar 23.2 lps, consiste en una laguna de es tabilización y está a cargo de la Comisión Estatal de Agua. El caudal tratado de 19 lps se reúsa en la siembra de forra jes en ejidos vecinos.
La planta de tratamiento de agua del sur de la ciudad utiliza el sistema de lodos activados, tiene una capaci dad para tratar 60 lps y está a cargo de Grupo México. El caudal tratado de 26 lps se descarga directamente en la presa de jales de la mina (Co nagua, 2019).
A finales de 2020 se publi caron dos trabajos que do cumentaron el proceso de concentración del agua en México. Uno se refirió a las empresas e industrias del pe riodo 2016-2018, entre ellas, las mineras metálicas. Reveló que, mientras las plantas in dustriales gozan de grandes cantidades de agua, no ocu rre lo mismo con la población en general, lo que profundiza la desigualdad en la falta de disposición de agua potable para la población, así como en el acceso a concesiones de agua por parte de comunida des campesinas e indígenas (Colegio de Geografía-UNAM y OXFAM-México, 2020).
El otro trabajo abordó la concentración y acaparamien to de agua por 3 mil 304 gran des usuarios privados, a par tir de la instauración de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, a los que denominó “millona rios del agua”. El estudio se basó en la información obte nida del Repda (Gómez-Arias y Moctezuma, 2020).
L a mina de cobre de Cana nea es un caso más de los impactos ambientales y so ciales que genera la minería a cielo abierto en el mundo. A diferencia de las grandes minas cupríferas que ya no operan en Estados Unidos o Chile, la producción en esta mina muestra su caracterís tica esencial: el incremento sostenido de su producción durante más de 120 años.
Con la excepción de inte rrupciones originadas por ba jas en el precio internacional del mineral, el periodo revo lucionario, reestructuracio nes productivas o conflictos laborales, las cifras de pro ducción revelan un aumento constante y permanente, des de el inicio de sus operaciones en 1899, hasta la actualidad, en que oscila alrededor de las 450 mil toneladas al año.
Tanto en la época del porfi riato como en el contexto de la segunda guerra mundial, el periodo de la mexicanización de la minería o los años de la apertura comercial, el interés puesto en la historia contem poránea de Cananea ha sido el constante crecimiento de la producción, amparado en los argumentos de la genera ción de riqueza y la creación de empleos.
Este proceso de expansión repercutió en la extracción de agua subterránea, en particu lar, a partir del comienzo de la explotación del mineral a cielo abierto en la década de 1940. También afectó la cali dad del agua superficial y sub terránea como consecuencia de las fallas y accidentes en la operación de las presas de ja les y de lixiviación. El número de pozos en operación, el vo lumen de extracción de agua y las cuencas hidrológicas de
captación aumentaron con la implementación de cada plan de expansión de la empresa. Lo mismo ocurrió con el nú mero, superficie, longitud, al titud y capacidad de las pre sas de jales.
La explotación del agua subterránea se distinguió durante casi medio siglo por aprovecharse como un recur so de propiedad privada. El propietario de la tierra era el dueño del agua del subsue lo. Éste fue el rasgo distinti vo en los años del dominio de la Cananea Consolidated Cop per Company y la Anaconda Copper Company, junto a la Cananea Cattle Company, en una superficie de 270 mil hec
táreas en el noreste de Sono ra. El acaparamiento de tierra y fuentes de agua constituyó el eje sobre el cual se articu ló el poder de estas empresas, propiedad de ciudadanos es tadounidenses. El origen de ese poder lo constituyó la ex plotación del rico manantial del Ojo de Agua de Arvayo, lugar donde nace el río Sono ra. Esta explotación continúa hasta el presente.
Un salto tecnológico nota ble fue la perforación de 11 pozos profundos en la déca da de 1940 en la cuenca del río San Pedro. Con la expedi ción de la Ley Reglamenta ria en Materia de Aguas del Subsuelo en 1948, comenzó
la injerencia del gobierno fe deral en el intento por regu lar su explotación. Esto pro vocó la expedición de varios decretos de veda en los acuí feros de la región en la déca da de 1960 y hasta la década de 1980. Sin embargo, ningu no de estos instrumentos con tribuyó a la conservación del agua, ni a la explotación racio nal del recurso.
El papel que desempeñó el conocimiento científico fue crucial para la determi nación de mayores volúme nes de agua disponible en los acuíferos en cada nuevo estu dio geohidrológico realizado y para que la autoridad fede ral contara con la justificación
José Luis Morenotécnica para otorgar mayores concesiones de agua a la em presa minera. El resultado fue el abatimiento de los niveles de agua y la sobreexplotación de los acuíferos. Un caso reve lador del manejo de los recur sos hídricos fue el estudio del año 2000 que determinó que el acuífero del río San Pedro está “subexplotado” y pue den extraerse hasta 60 Mm 3 de agua al año. Con base en este estudio, la autoridad fe deral aumentó el volumen concesionado de agua subte rránea de 19 Mm 3 a 29 Mm 3 entre 2005 y 2007. No obstan te, en 2016 la misma autori dad federal advirtió que, con base en los resultados de los estudios técnicos, el máximo volumen que puede extraer se “para mantenerlo en condi ciones sustentables” es de 24 Mm3 de agua al año.
Los derrames de sustan cias tóxicas forman parte de la historia de la mina de Cana nea. Aunque se documenta ron desde la década de 1960, los expedientes y los testimo nios muestran la evidencia de su presencia desde principios del siglo XX. Estos derrames primero se dirigieron hacia
la cuenca del río San Pedro y posteriormente hacia la cuen ca del río Sonora (ríos Bacoa chi y Bacanuchi). Los riesgos ambientales de su operación aumentaron en la medida en que las presas de jales y de lixiviación crecieron en nú mero y dimensión.
A pesar de los numerosos estudios realizados sobre la calidad del agua desde la dé cada de 1970, no existe un mo nitoreo amplio, sistemático y actualizado de las corrientes superficiales y subterráneas de la región. Los estudios se hacen de manera reactiva como respuesta a un fenóme no de contaminación particu lar, más que para monitorear de manera permanente la ca lidad del agua y evitar la repe tición de contingencias.
Un caso especial fue la dis puta por el uso de las aguas de desecho de la mina entre la empresa y los gambusinos, que se presentó en la década de 1970. Al final, la resolución judicial favorable a la empresa y la expansión de las instala ciones mineras sobre las áreas vecinas eliminó los intentos por aprovechar legalmente la riqueza que contenían esas
Personeros de Grupo México recorren las poblaciones afectadas por el desastre ecológico causado por ese corporativo ocho años atrás en los ríos Sonora y Bacanuchi, a fin de comprar el silencio de los damnificados. En la imagen, el pueblo de Cananea
Foto: Alfredo Domínguez/La Jornada
aguas por parte de este gru po de trabajadores. No obs tante, las perforaciones en las presas de jales efectuadas por los gambusinos y los ejidata rios continuaron manifestán dose en los años siguientes.
La expropiación del lati fundio Greene en 1958, sig nificó una redistribución en la propiedad de la tierra y de las obras que extraían agua a poca profundidad, pero no transformó el papel central del eje articulador de la eco nomía de la región: la mina de Cananea. El plan de expansión de la década de 1980 y la per foración de 48 pozos profun dos en la cuenca del río San Pedro fue el último clavo en el ataúd para los ejidos gana deros colectivos que ya mos traban signos de crisis.
En 1990, el eje articulador de la mina se trasladó de la propiedad del Estado a una empresa privada de una ma nera poco ortodoxa: la in fraestructura hidráulica finan ciada con recursos públicos –vía préstamos bancarios que significaron un excesi vo endeudamiento externo–, fue transferida a un podero so consorcio minero a un bajo
precio de venta. Su contrapar te fue el alto costo social y am biental para los ejidos y sus te rritorios.
Las solicitudes de dota ción de tierras por parte de pobladores de la región fue ron constantes y algunas con tinúan pendientes de resolu ción, como es el caso del ejido Bacanuchi. En general, las do taciones se hicieron con terre nos de agostadero y con es caso acceso al agua. Un caso notable es la lucha permanen te por la tierra de los pobla dores del municipio de Naco.
Un nuevo competidor por el uso de los recursos acuífe ros que apareció en la década de 1980 fueron los centros ur banos. El crecimiento de ciu dades como Cananea, Naco y Agua Prieta se convirtió en el nuevo demandante de agua en la región. Los afectados fueron fundamentalmente los ejidos vecinos que vendieron o rentan sus derechos de agua a los organismos operadores municipales.
Los esfuerzos de conserva ción y protección de los recur sos naturales en la región da tan de la década de 1930. No obstante, los decretos emiti dos que crearon reservas fo restales no cumplieron con los objetivos planteados. En la década de 1990 se intentó la ampliación de un área na tural protegida, pero fracasó por la oposición de la empre sa minera. Un caso excepcio nal en la década de 1980 fue la solución al conflicto que ge neraban las emisiones de bió xido de azufre a la atmósfera por parte de las plantas fun didoras de Cananea y Naco zari en Sonora y Douglas en Arizona, en el marco del Con venio Binacional de 1983 en tre México y Estados Unidos.
El servicio de agua potable casi gratuito a la comunidad de Cananea durante casi un siglo se interrumpió drástica mente por parte de la empre sa a finales del siglo XX, sin la existencia de un plan de me diano plazo que permitiera llevar a cabo gradualmente la transferencia del servicio al ayuntamiento. Esto gene ró numerosos problemas en la calidad del servicio que se ofreció a la población y que continúan en la gestión de los gobiernos estatal y municipal. En la actualidad, solo se recau da el pago correspondiente al 47 por ciento del volumen de agua facturada.
El acaparamiento de agua se consolidó con la venta de la mina de Cananea al Grupo México. De los 62 pozos en acuíferos de las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro, con una extracción de 28 Mm3 al año en 1990, se ascendió a 109 aprovechamientos en acuífe ros de las cuencas de los ríos Sonora, San Pedro, Magdale na y Yaqui, con un volumen concesionado de 53 Mm 3 al año en 2018. Del volumen to tal concesionado de agua sub terránea en los municipios de Cananea, Agua Prieta y Ariz pe, la mina Buenavista del Co bre posee 61 por ciento del to tal en 2019. A finales de este
Vista del arroyo Tinajas donde se observan árboles muertos de Prosopis velutina Imagen publicada en el Informe final, diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo “Tinajas 1” de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora UNAM, 2016
año, el Repda reportó un to tal de 135 aprovechamientos y un volumen de 63.9 Mm3 de agua concesionada a la em presa minera.
La huelga de trabajadores en 2006 y su desenlace en 2009, eliminó temporalmen te a un actor social relevante en la región: la Sección 65 del sindicato minero. No obstan te, con el derrame de 2014 y sus secuelas, este actor anti guo, en alianza con la pobla ción afectada del río Sonora, abrió una nueva etapa en su larga lucha de reconocimien to de derechos sociales y la borales. Ahora, los Comités de Cuenca Río Sonora y la comu
nidad de Bacanuchi represen tan un nuevo frente de batalla en contra de la empresa mi nera. Las resoluciones favora bles de la SCJN en torno a la presa de jales y la extinción del Fideicomiso Río Sonora brindan la oportunidad para una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el futuro de la región.
Un asunto pendiente es el curso que tendrá el Plan de Desarrollo para la Zona Eco nómica Especial del Río So nora (ZEERS) 2018-2030, im plementado por el gobierno estatal durante la segunda mitad de la administración de Claudia Pavlovich, con base en una ley creada el 20 de febrero de 2017. Su inte gración con representantes de dependencias guberna mentales y con los presiden tes municipales de la región fue cuestionada por los Co mités de Cuenca Río Sonora, quienes se ampararon ante la medida por no garantizar el derecho de la población a participar de forma directa e informada durante el proce so de creación de la ZEERS. La pregunta es si continuará con sus acciones y el ejercicio de recursos presupuestales en la administración 2021-2027 y si tendrá alguna reestructura ción en su integración y fun cionamiento.
Además, está pendiente la difusión pública de un infor me sobre las acciones realiza das en el marco del antedicho plan de desarrollo, el origen de los recursos financieros y el monto asignado duran te los tres primeros años de su implementación, así como el grado de cumplimiento de los objetivos para los que fue diseñado.
El levantamiento de las vedas en acuíferos por decreto presidencial significa la liberación de volúmenes adicionales de agua para su posible concesión a grandes usuarios y no necesariamente conduce a la protección de ríos y acuíferos...
La contaminación del río en 2014 recordó la fragilidad de numerosas poblaciones situadas en sus márgenes y aguas abajo de las instalacio nes del tercer complejo mi nero productor de cobre en el mundo, incluida la capital del estado: Hermosillo. Ante esa gran amenaza y riesgo, los esfuerzos de los grupos ambientales son reducidos, tanto en México como en Es tados Unidos. El crecimiento acelerado de Fort Huachuca y Sierra Vista, en el sur de Ari zona, continúan presionando la disponibilidad de recursos acuíferos en la cuenca del río San Pedro y las proyecciones a futuro no son optimistas.
El nuevo proyecto minero de El Pilar, perteneciente al Grupo México, que se desarro lla en la cuenca transfronteriza del río Santa Cruz a 45 kilóme tros de Cananea, representa el ingrediente más reciente del auge minero en el noreste de Sonora. Con una inversión de 310 millones de dólares y una concesión de 3.5 Mm3 de agua subterránea, en un área cer cana a la zona de captación de agua que abastece a la ciu dad de Nogales, este proyecto de minería a cielo abierto se guramente tendrá un impac to en la quinta cuenca hidro gráfica del estado de Sonora que suministrará agua subte rránea a las empresas mineras de Germán Larrea. Se estima que su producción comience en el año 2023.
Mientras eso ocurre, nu merosos ejidos, comunida des agrarias, unidades de rie go y poblaciones pequeñas de la región, carecen de los volúmenes de agua necesa rios para desarrollar activida des productivas y satisfacer sus necesidades, además de
sufrir los impactos de los de rrames mineros. Un ejemplo revelador es lo que acontece con los antiguos ejidos gana deros colectivos como el Igna cio Zaragoza y el Emiliano Za pata y su lucha desigual por el agua frente a la poderosa em presa minera.
La expedición de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 re presentó un cambio de pa radigma en la gestión del agua que benefició a empre sas como Buenavista del Co bre. El pago de derechos por cada metro cúbico de agua utilizada ha sido una fuente importante de recaudación de recursos económicos para el gobierno federal, pero tam bién es un factor decisivo para fomentar su acaparamiento por parte de grandes corpo raciones que cuentan con los medios para adquirir mayo res volúmenes de agua con cesionada.
Según la Ley Federal de De rechos de 2018, la cuota por metro cúbico de agua subte rránea utilizada fue de 21.8 pe sos (en zona de disponibilidad 1), de 8.4 pesos (en zona 2), y de 2.9 pesos (en zona 3), por lo cual Buenavista del Cobre pagó aproximadamente 919 millones de pesos conforme al volumen total concesiona do de agua en cuatro acuífe ros en ese año. Una cifra nada
despreciable para las finan zas de la Conagua, que hace poco atractivo para la autori dad federal negar las solicitu des de nuevas concesiones de agua o ser más estrictos en la aplicación de la normatividad en diversos ámbitos, como en los riesgos de la operación de una nueva presa de jales o en monitorear de manera perma nente los parámetros de la ca lidad del agua.
La propuesta para imple mentar un “nuevo modelo de manejo de agua” con el enfo que de crear reservas de agua, representa un riesgo de ma yor acaparamiento por par te de las grandes empresas. El levantamiento de las ve das en acuíferos por decreto presidencial significa la libe ración de volúmenes adicio nales de agua para su posible concesión a grandes usuarios y no necesariamente conduce a la protección de ríos y acuí feros. La cuenca del río San Pedro es un caso que, con el pretexto de la protección del agua superficial, corre el ries go de que su agua subterrá nea quede concesionada a una sola empresa minera, en detrimento de otros usuarios demandantes del recurso.
El cierre programado de la actual presa de jales en 2025, después de 40 años de fun cionamiento, será un tema
que seguramente tendrá un mayor escrutinio público. Su extensión representa un reto para las autoridades ambien tales que tendrán que autori zar el plan de cierre que pre sente la empresa con absoluta transparencia y con el antece dente de esfuerzos realizados en otros países para limpiar sitios contaminados como el Programa Superfund de la EPA en Estados Unidos.
La incertidumbre sobre el contenido que tendrá la nue va Ley de Aguas que se discu te en el Congreso de la Unión desde el año 2015, es un ele mento que abona a la dificul tad de predecir el escenario futuro. Pero desde 2018 hay indicios de que se incluirán temas como la distribución equitativa de las concesio nes, garantizar el derecho humano al agua en localida des rurales, y la participación más activa de grupos y acto res sociales en la gestión de este recurso.
De continuar la tenden cia observada en los últimos treinta años, se corre el ries go de crear un nuevo imperio como el de William Greene en 1911, pero en esta ocasión no basado en el acaparamiento de la tierra ni en la actividad ganadera, sino en el acapara miento del agua y en la acti vidad minera.
L a primera mitad del año 2021 fue testigo de acon tecimientos relacionados con el acceso al agua en canti dad y calidad para la pobla ción en la región de estudio. Uno fue la reunión pública de información convocada por la Semarnat y la Profepa con los pobladores del río Sono ra afectados por el derrame minero de 2014 y cuya cele bración fue en cumplimiento de una sentencia dictada por la SCJN en marzo de 2020. Se efectuó en la ciudad de Ures, el 22 y 23 de mayo y, tanto ciu dadanos como representan tes de la empresa, manifesta ron sus opiniones y aportaron pruebas para que las autorida des competentes emitan una nueva determinación.
El comunicado oficial se ñaló que esta reunión se “tra duce como la activación del Fideicomiso Río Sonora, de jando sin efectos los actos de autoridad anteriores” (Semar nat, 24 de mayo de 2021). Es decir, dejó sin efecto la extin ción del fideicomiso dictada en febrero de 2017.
El segundo acontecimien to fue el anuncio del Plan In tegral de Atención a Cananea, en el mes de julio, realizado por el presidente de la repú blica, Andrés Manuel López Obrador. Además de aten der conflictos laborales, brin dar atención médica a toda la población y mejorar el siste ma de salud, planteó cuatros aspectos vinculados al agua y que se analizaron en este libro. Éstos fueron “resolver el abasto de agua potable” como parte del plan de me joramiento urbano de Cana nea, monitorear la actividad minera y la calidad del agua, dar seguimiento al procedi miento y reactivación del Fi
deicomiso Río Sonora, y “re visar pozos y concesiones de agua” (Presidencia de la Repú blica, 4 de julio de 2021).
A su vez, la lucha de los mineros recibió un impulso al difundirse públicamente la decisión de la Comisión Inte ramericana de Derechos Hu manos (CIDH) de admitir la pe tición de 828 individuos que trabajaban en el proyecto mi nero “Cananea” y que fueron afectados por la terminación de las relaciones de trabajo y el contrato colectivo “en vir tud del cierre del proyecto”.
Los peticionarios alegan la responsabilidad internacio nal del Estado por la violación
de los derechos humanos de los trabajadores mineros sin dicalizados que laboraban en la mina Cananea y de sus fami liares inmediatos. Una de esas violaciones es “la contamina ción con metales pesados de los ríos Bacanuchi y Sonora por la empresa responsable de la destitución”.
Este epílogo muestra que el debate sobre la relación entre el agua y la minería en el no reste de Sonora no está con cluido y se mantendrá en los años siguientes como resul tado de las determinaciones y políticas públicas que em prendan las dependencias gu bernamentales ambientales,
las decisiones que emitan or ganismos internacionales, la persistencia de la moviliza ción, defensa legal y lucha de los afectados, las estrategias que adopte la empresa mine ra frente al nuevo entorno, y el rol que asuma el gobierno estatal de Alfonso Durazo du rante su mandato. Ante ello, los hallazgos de investigacio nes académicas y las acciones de organizaciones no guber namentales seguirán siendo relevantes para comprender mejor los impactos y los ries gos de esa relación en el en torno natural y social de dicha región estratégica para Sono ra y México.
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