Leopoldo D. Carrasco Rodríguez Leo Arouet
EL PROBLEMA DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Es revelador que al hacer un análisis de un problema actual, aparezcan diversas definiciones del mismo; es decir, que existan innumerables interpretaciones del problema. Probablemente eso suceda también con el tema de los embarazos adolescentes. Los datos actuales sobre los embarazos adolescentes —Cajamarca ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes después de Lima—son contundentes y lo han colocado en la agenda1. Por lo tanto, es evidente que a estas alturas, los embarazos adolescentes son un problema apremiante al cual el Gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tratan de dar solución. En las siguientes líneas nos sumergiremos en la esencia del problema. Algunos consideran que el objetivo que debe perseguir el gobierno, en relación al embarazo precoz, es combatir y reducir las violaciones sexuales (cada día 9 niñas y adolescentes fueron violentadas sexualmente en el 2016)2. En este caso la disminución de las agresiones sexuales es esencial. Ante la evidencia de estos datos, es posible también preguntarse por los problemas que subyacen en el fondo: La salud mental y la situación de pobreza de todos los peruanos3. Para otros, el objetivo debería ser la educación sexual en escuelas y colegios. Como parte de una enseñanza en valores y cuidado personal dirigida a niñas y
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Lima es la región con mayor número de embarazos adolescentes con 29,645 casos registrados entre el 2010 y 2016; seguidos por Cajamarca (10,625), Loreto (10,018), San Martín(9,643) y La Libertad (8,795). A su vez, según la Dirección Regional de Salud, Cajamarca registra 1200 embarazos adolescentes en el 2017, que representan el 16% embarazos adolescentes, tasa superior al promedio nacional de 13%. 2
Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y setiembre del 2017, se registraron 3 mil 125 violaciones sexuales a nivel nacional, de los cuales casi el 70% de las víctimas fueron menores de edad. Lo que subyace a estos datos indignantes y escandalosos, bien puede ser la salud mental de la población. 3
90% de personas con problemas de salud mental no recibe atención especializada, y la brecha es más amplia en la población con pobreza y pobreza extrema, sin mencionar que estos son más propensos a presentar estos síntomas (Defensoría del Pueblo: Informe anual 2017).
adolescentes de todas las escuelas y colegios. En este tema, vemos que las acciones del gobierno no priorizan la enseñanza de la educación sexual: Según el Instituto Guttmacher, sólo el 9% de los estudiantes encuestados, entre los 15-17 años, recibió alguna vez enseñanza sobre temas de educación sexual. Otros apuntan a la baja o nula prevención de parte de las instituciones encargadas del cuidado de los adolescentes, y también apuntan a su débil coordinación (MIDIS, MINSA, MIMP, GR, MINEDU). Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2017, informa que la Direcciones regionales de educación y de salud ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, entre las instituciones más quejadas a nivel nacional. Otros señalan que lo más importante es garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. Es decir, que las adolescentes accedan a la información, orientación e insumos anticonceptivos sin la autorización de padres, madres o tutores. Aquí juega un rol importante los métodos anticonceptivos como el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), Levonorgestrel, que se da gratuitamente en los centros de salud y se vende en las farmacias, pero que conlleva un dilema moral y también un riesgo a la salud. Finalmente, algunos afirman que el problema está en la inmoralidad sexual y las pocas oportunidades de los adolescentes (37,9% de las adolescentes embarazadas sólo tienen primaria y 22,5% son del área rural, según la Defensoría). Está de más mencionar las consecuencias de los embarazos adolescentes, pero podría valer la pena mencionarlas para tener una perspectiva global. Primero, los embarazos adolescentes ponen en riesgo la salud de las madres adolescentes (muertes maternas)4; segundo, limitan sus derechos a la educación y el libre desarrollo personal; tercero, reducen sus condiciones de vida y, por último, preservan y perpetúan el ciclo de la pobreza. Todas estas razones son las que han catapultado a los embarazos adolescentes a la agenda de gobierno como problema público. De acuerdo a las múltiples interpretaciones, diversas concepciones e innumerables soluciones al problema de los embarazos adolescentes, es natural que el Gobierno dude sobre cual abordar y atacar primero o cual objetivo tomar. Pero incluso,
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Entre enero y noviembre de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 293 casos de muerte materna. Asimismo, del total de casos reportados en el Perú, el 57% se debió a una muerte directa (causas obstétricas, complicaciones durante el embarazo o el parto, etc.); el 35% tuvo un origen indirecto (otras patologías o suicidios); y el 8% fue incidental (muerte por accidentes de tránsito u homicidio). A su vez en Cajamarca, en lo que va del 2017, se han registrado un total de 23 muertes maternas. En su visita a Cajamarca, la ministra de Salud, Patricia García, refirió que 9 adolescentes se encuentran entre las víctimas.
aunque no se han mencionado los problemas estructurales de fondo como la pobreza y la salud mental, es evidente que empezar a actuar es lo mejor. Aquí planteamos 2 posibles alternativas de solución al problema; digamos, la primera empezaría por la cooperación y coordinación de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las adolescentes como son MIDIS, MINSA, MIMP, MINEDU, Gobierno Regional, Municipalidad, entre otros5. Por lo tanto, es necesario promover la creación de una norma que facilite y conmine a todas las instituciones del Estado a trabajar juntas, cooperar y coordinar. Por otro lado, tenemos que evitar y debemos rechazar la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), ya que la fusión de ambas en una sola, debilitaría la lucha contra la desigualdad y pondrían en riesgo la implementación de políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes. Programas como INABIF, YACHAY, CONADIS y VIDA DIGNA son clara muestra de ello. Por lo tanto, lo que debería hacer el Estado peruano es fortalecer a estas instituciones y destinarles mayores recursos para mejorar su trabajo, su colaboración entre ellas y, sobre todo, incrementar la cobertura de todos sus programas sociales. La siguiente alternativa más accesible —debido a que no se podrán combatir aquellos problemas estructurales que han permanecido por décadas— es trabajar en fomentar y fortalecer la educación sexual y la prevención de los embarazos en todas las escuelas y colegios del Perú. Por consiguiente, es urgente reformar o cambiar aquellas campañas mal estructuradas, por una política más amplia, estructurada y centrada en la prevención y la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para que los médicos y enfermeras puedan enseñar e informar sobre los derechos sexuales y reproductivos en las escuelas y colegios. Realizando, también, campañas continuas. Se requieren profesionales especializados y capacitados del campo de la salud6. Lejos de crear nuevos programas, es imprescindible ampliar la cobertura de los programas ya existentes. Gran parte del área rural adolece de la cobertura de estos programas. A lo largo del campo se ve a niños en estado de abandono, adolescentes y jóvenes con discapacidades múltiples y muchos de ellos con problemas mentales. Es urgente entonces que estos programas de ayuda lleguen hasta ellos. Pero para 5
El Ministerio de salud es la institución que menos coordina con la Defensoría del Pueblo, calificando su estado de riesgo. Es probable, también, que esta institución tampoco coopere y coordine demasiado con las demás instituciones. 6
Según una encuesta del Instituto Guttmacher, la mayoría de los docentes encuestados no recibió capacitación en sexual previa a la enseñanza. Y 3 de cada 4 profesores indicaron que les faltan materiales sobre educación sexual. Motta A et al., De la normativa a la práctica: la política de educación sexual y su implementación en el Perú, New York: Guttmacher Institute, 2017, https://www.guttmacher.org/es/report/ politica-de-educacion-sexual-peru.
que estas acciones obtengan buenos resultados y sean exitosas, es preciso involucrar a toda la poblaciรณn en general, al sector privado y a los medios de comunicaciรณn. Debemos comprender que esta es una tarea conjunta, de todos, y que mientras mรกs actores comprometidos hayan, mรกs grande serรก nuestro alcance.