Acecho cibernético a periodistas by Mauricio C. Guzmán

Acecho cibernético a periodistas en México, impacto mediático

n la mañana del lunes 19 de junio Carmen Aristegui, y muchos otros medios de comunicación en México y el mundo, replicaban la información que en primera plana dio a conocer el diario The New York Times: Spyware meant to foil crime is trained on Mexico’s critics o “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, según su propia versión del reportaje en español. Visiblemente molesta, Aristegui exigió que el gobierno mexicano diera una explicación. La investigación del Times consignó que entre los espiados se encuentran los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el economista Juan Pardinas que ayudó a redactar la ley anticorrupción, conocida como Ley 3de3, y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. La gravedad del asunto cobra un matiz distinto, ya que esta vez el espionaje alcanzó a los familiares de los afectados. En el caso de Aristegui, su enojo contra Enrique Peña Nieto es porque en ese programa de vigilancia se incluye a su hijo, cuando éste era menor de edad. El diario neoyorkino publicó que desde 2011 tres agencias federales mexicanas gastaron casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí. El software intrusivo se instala en los celulares para monitorear cualquier actividad del afectado; dice el reporte que incluso el teléfono se convierte en un micrófono oculto, intromisión completa. No es asunto menor que mientras The New York Times publicaba ese reportaje, en México, El Universal, en su nota más importante de portada destacaba una cita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián: “No es el peor momento para periodistas en México: Campa”. La amplia entrevista contrasta por sí sola con el reportaje del Times. Azam Ahmed es el autor del reportaje en el que colaboraron Nicole Perlroth y Paulina Villegas. Ahmed señala que NSO Group es la empresa que desarrolló el software. Afirma que “vende

la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales”. Sin embargo, luego de analizar decenas de mensajes, concluyeron que el software fue utilizado para vigilar a personas críticas a la administración de Peña Nieto. En México, de acuerdo con la ley, “un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas”. En opinión de especialistas es muy poco probable que el gobierno haya recibido la aprobación judicial para realizar el hackeo a periodistas y activistas. De ahí la exigencia de Carmen Aristegui para que el Presidente se pronunciara al respecto. Consultado por Azam Ahmed, un funcionario mexicano reconoció que se recaba información de sospechosos legítimos, pero que el proceso es de acuerdo con la ley. De igual manera, rechazó que alguna dependencia realice acciones de vigilancia sin la previa autorización judicial. Así, además de la suspicacia expresada por Aristegui y los activistas afectados “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable”, dice Ahmed. El software, denominado Pegasus, no deja rastros del hacker que lo utilizó. NSO Group señala que tampoco se puede determinar quién está detrás del hackeo. En su investigación, Ahmed dice que ciberexpertos sí pueden verificar “en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún corrupto interno están involucrados”. Programa Pegasus ¿Cómo se descubre que hay un intento de intrusión? ¿Cómo se infecta un celular? ¿Cómo protegerse? Citizen Lab es un laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, Canadá, enfocado en la investigación avanzada y el desarrollo que se cruza entre la información y las tecnologías de la comunicación, los derechos humanos y la seguridad global. Conjunta las disciplinas de la ciencia política, sociología, computación, ingeniería y diseño gráfico. Les interesa, el monitoreo, análisis y el impacto del poder político en el ciberespacio.

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Agresión a la libertad de expresión En la semana del lunes 19 al viernes 23 de junio, la noticia difundida por The New York Times dio la vuelta al mundo. De inmediato se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag #GobiernoEspía. Además de Aristegui Noticias,

De acuerdo con el reporte GOBIERNO ESPÍA. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el programa Pegasus opera cuando se infiltra en los teléfonos celulares conocidos como smartphones. Cuando una persona es atacada por Pegasus, recibe un SMS, Short Message System (Servicio de Mensajes Cortos, en español) en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso que se hace pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Sólo si la persona hace clic en el enlace su aparato recibe, inadvertidamente, un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular. En agosto de 2016, investigadores del Citizen Lab hicieron pruebas con un iPhone 5 nuevo para comprobar que un software desconocido fue implantado en un equipo de Apple. Descubrieron que Pegasus explotaba una vulnerabilidad de seguridad inédita (zero-day exploit) en el sistema operativo iOS, bautizada como Trident. A través de esta infección se hace jailbreak al dispositivo y se instala un sofisticado software. Asimismo, el programa otorga a los espías acceso a mensajes de texto, así como datos de otras aplicaciones como

Gmail, WhatsApp, Skype, Facebook, Telegram. Pueden escuchar llamadas realizadas mediante WhatsApp o Viber, y grabar activa o pasivamente con el micrófono y la cámara del dispositivo. Para que el objetivo haga clic en el enlace, el atacante debe asegurarse de engañarlo. En la infraestructura de NSO Group, los dominios que pertenecen a ésta buscan suplantar a otros sitios legítimos como medios de comunicación, servicios de telecomunicaciones, redes sociales, portales de gobierno, entre otros. En el reportaje del Times se detalla que para espiar a 10 usuarios de iPhone con Pegasus, el fabricante del software cobra unos 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares. En México, al menos tres dependencias gastaron casi 80 millones de dólares en este programa de espionaje desde 2011: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). NSO Group le dijo al Times “que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software”. No obstante, dice, una vez que otorga la licencia e instala el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espía o contra quién son usadas. Aunque la firma israelí supiera que se hace mal uso de su software, afirma no poder hacer mucho al respecto: “no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware”.

De acuerdo a la ley en México, “un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas”.

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A solicitud de activistas y periodistas, los investigadores de Citizen Lab realizaron el estudio que concluyó que algunos celulares tenían rastros del software Pegasus. En su sitio web (https//citizenlab.org) Citizen Lab publica el reporte Bitter Sweet: Supporters of México’s Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links (Azúcar amarga: activistas que apoyan impuesto a refresqueras son foco de espionaje de la NSO [traducción de revista Zócalo]). Denuncia que los activistas recibieron mensajes de texto con un enlace malicioso que les instaló en sus celulares el spywere Pegasus. El laboratorio concluye que esa herramienta, de uso exclusivo gubernamental para combatir el crimen organizado y el terrorismo, se utilizó con intereses comerciales. Los activistas recibieron el Pegasus mientras en México se desarrollaba una campaña para que las compañías refresqueras pagaran más impuestos que servirían para invertir en salud.

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Contraste informativo que habla por sí sólo, ediciones del 19 de junio.

los portales sinembargo, Animal Político, Proceso, Zócalo, La Jornada y Reforma le dieron relevancia al tema. No así en la prensa escrita que se limitó a consignar, en breves espacios: “acusan de espionaje; gobierno lo rechaza” tal como coincidieron varios medios capitalinos. Jorge Zepeda Patterson, director de sinembargo, dijo a revista Zócalo que “el espionaje a periodistas es muy grave y el hecho de que se publicara en The New York Times es muy sintomático de cómo el prestigio de ese medio puede hacer más eco que si se hubiese publicado en México”.

Carmen Aristegui empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos que le urgían a darle click al enlace: “Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadunidense sobre su visa”. Este tipo de espionaje existe en México desde hace años, afirman vía telefónica los periodistas José Reveles y Jorge Meléndez. Reveles asegura que el estudio realizado por The New York Times y la Universidad de Toronto está muy bien documentado y el gobierno respondió de manera irresponsable: “el gobierno está contestando de una manera muy irresponsable, es decir, muy desdeñosa, como no tomándose en serio esta información, sobre todo en la medida en que el equipo israelí solamente lo vende a gobiernos. Si fuera real la preocupación del gobierno haría algo, porque no nota preocupación, como si nada, sí pasó pero yo no fui…” El columnista Jorge Meléndez reiteró que dicho espionaje viene desde mucho tiempo atrás: “Se da uno cuenta puntual de que somos hackeados muchos críticos de este gobierno y

que utilizan todas las herramientas, y ahora una nueva: el software Pegasus; sin embargo, no hay que olvidar que este espionaje viene de mucho tiempo atrás, hay que ver los libros donde se detalla cómo espiaron a Manuel Buendía, Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros más, y cómo eran vigilados incluso los secretarios de Gobernación por parte de la Dirección Federal de Seguridad que dependía directamente del Presidente de la República. Virgilio Caballero, periodista y diputado, dijo a Zócalo que no hay manera de que los periodistas se protejan ante ese tipo de intrusión: “no hay forma ni voluntad para proteger a los periodistas. Dice Roberto Campa que los comunicadores nunca habían estado tan bien como ahora. Desde luego se trata de casi un improperio que revela la complicidad que tiene el Estado en el tema de las agresiones a reporteros", sentenció. Por su parte, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, señaló que “es inaceptable, el espionaje no se puede hacer a los periodistas, ni a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos”. Afirma que eso también se está haciendo a los políticos opuestos al actual régimen. Denuncia que Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, y ella misma son sujetos de espionaje. Resalta que el gobierno debe una explicación de la compra y uso de ese software que sólo debe destinarse a la protección de los mexicanos. Luego de tres días intensos donde diversas organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes y comisiones de derechos humanos fijaron su posición y se unieron a la demanda de una explicación oficial, el Presidente se enredó y dijo que rechazaba tajantemente las acusaciones de que su gobierno espiaba sin justificación y que irían tras de quienes le habían denunciado: “Espero que la ley se aplique contra aquellos que han levantado falsos señalamientos”, dijo. Horas más tarde aclaró que, por supuesto, su gobierno no atentaría contra la libertad de expresión ni contra los periodistas que la ejercen. Acerca de la declaración de Peña Nieto, el periodista Azam Ahmed, del Times, publicó en su cuenta de Twitter: “not 100% sure but I think the president just ordered an investigation into civil society and the NYT for story on espionaje #GobiernoEspia” (No estoy seguro al 100% pero creo que el presidente acaba de ordenar una investigación contra la sociedad civil y el NYT por el caso del espionaje). Un día después, el viernes

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Contra Carmen Aristegui En el reportaje, Azam Ahmed documenta que “quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho”. Recuerda cómo el escándalo de la “Casa Blanca” involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno que es viejo amigo de Peña Nieto. Ahmed explica cómo al final el Presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública (puesto desempeñado por otro amigo de Peña) mientras que Aristegui perdió su trabajo en MVS. Carmen Aristegui empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos que le urgían a darle clic al enlace: “Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la

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23, publicó: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso #GobiernoEspia”.

presunta nota de la embajada estadunidense sobre su visa”, consigna Azam Ahmed. Esos mensajes no fueron suficientes para amedrentar a la periodista. Entonces empezaron a subir de tono, incluso le decían que la iban a arrestar. De acuerdo con Azam Ahmed, los ataques contra Aristegui se mantuvieron. Entonces los mensajes de texto comenzaron a llegar al teléfono del hijo de la periodista, Emilio, entones de 16 años. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui. Ahmed señala que después del despido, por supuestos desacuerdos con MVS Noticias, mantuvo su carrera al publicar noticias en su sitio web. Pero, “la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas”. Revista Zócalo documentó las agresiones y acoso contra Carmen Aristegui desde su despido de MVS: la sentencia judicial porque, según un juez, “excedió su libertad de expresión y de información” en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto; el allanamiento a sus oficinas, así como hackeos a su página Aristegui Noticias. La periodista le dijo a Azam Ahmed: “He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá; el gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”. El lunes 19, organizaciones de activistas y periodistas denunciaron en conferencia de prensa que 16 personas fueron espiadas por autoridades federales mediante un programa informático que se instaló en sus teléfonos inteligentes. Nueve de ellos ya presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Carlos Loret de Mola, periodista de Televisa, no asistió a la presentación de la denuncia, pero compartió un video donde dice que no le parece un asunto menor: “Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas. La impunidad favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue”. Además del enredo por lo que dijo el Presidente y que luego se autocorrigió, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, publicó una carta dirigida al editor de The New York Times para decir que: “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”. (Mauricio Coronel Guzmán)