Acecho cibernético a periodistas en México, impacto mediático
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n la mañana del lunes 19 de junio Carmen Aristegui, y muchos otros medios de comunicación en México y el mundo, replicaban la información que en primera plana dio a conocer el diario The New York Times: Spyware meant to foil crime is trained on Mexico’s critics o “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, según su propia versión del reportaje en español. Visiblemente molesta, Aristegui exigió que el gobierno mexicano diera una explicación. La investigación del Times consignó que entre los espiados se encuentran los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el economista Juan Pardinas que ayudó a redactar la ley anticorrupción, conocida como Ley 3de3, y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. La gravedad del asunto cobra un matiz distinto, ya que esta vez el espionaje alcanzó a los familiares de los afectados. En el caso de Aristegui, su enojo contra Enrique Peña Nieto es porque en ese programa de vigilancia se incluye a su hijo, cuando éste era menor de edad. El diario neoyorkino publicó que desde 2011 tres agencias federales mexicanas gastaron casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí. El software intrusivo se instala en los celulares para monitorear cualquier actividad del afectado; dice el reporte que incluso el teléfono se convierte en un micrófono oculto, intromisión completa. No es asunto menor que mientras The New York Times publicaba ese reportaje, en México, El Universal, en su nota más importante de portada destacaba una cita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián: “No es el peor momento para periodistas en México: Campa”. La amplia entrevista contrasta por sí sola con el reportaje del Times. Azam Ahmed es el autor del reportaje en el que colaboraron Nicole Perlroth y Paulina Villegas. Ahmed señala que NSO Group es la empresa que desarrolló el software. Afirma que “vende
la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales”. Sin embargo, luego de analizar decenas de mensajes, concluyeron que el software fue utilizado para vigilar a personas críticas a la administración de Peña Nieto. En México, de acuerdo con la ley, “un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas”. En opinión de especialistas es muy poco probable que el gobierno haya recibido la aprobación judicial para realizar el hackeo a periodistas y activistas. De ahí la exigencia de Carmen Aristegui para que el Presidente se pronunciara al respecto. Consultado por Azam Ahmed, un funcionario mexicano reconoció que se recaba información de sospechosos legítimos, pero que el proceso es de acuerdo con la ley. De igual manera, rechazó que alguna dependencia realice acciones de vigilancia sin la previa autorización judicial. Así, además de la suspicacia expresada por Aristegui y los activistas afectados “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable”, dice Ahmed. El software, denominado Pegasus, no deja rastros del hacker que lo utilizó. NSO Group señala que tampoco se puede determinar quién está detrás del hackeo. En su investigación, Ahmed dice que ciberexpertos sí pueden verificar “en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún corrupto interno están involucrados”. Programa Pegasus ¿Cómo se descubre que hay un intento de intrusión? ¿Cómo se infecta un celular? ¿Cómo protegerse? Citizen Lab es un laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, Canadá, enfocado en la investigación avanzada y el desarrollo que se cruza entre la información y las tecnologías de la comunicación, los derechos humanos y la seguridad global. Conjunta las disciplinas de la ciencia política, sociología, computación, ingeniería y diseño gráfico. Les interesa, el monitoreo, análisis y el impacto del poder político en el ciberespacio.