CONTRALUZ Arriesgar la vida en el Metro a cambio de una limosna Isaac Hernández

El constituyente debe ser un proceso radicalmente democrático, fundacional y soberano que supere las estructuras partidistas

década de 1990, en varios países latinoamericanos surge la consciencia colectiva de la “brecha” que existía entre la Carta Magna y sus realidades, sus vidas, sus pueblos, y se decide abordar desde la radicalidad democrática la construcción (porque tiene mucho de armar, montar, consensuar) de un texto en el que queden refl ejadas las diferentes identidades, etnias, sensibilidades o cosmovisiones.

Son textos extensos, complejos, porque desde ellos se pretende garantizar la primacía del poder constituyente sobre el constituido, en los que se incorpora un extenso catálogo de derechos a los que se pretende dar la misma cobertura, huyendo de las lógicas iniciadas por el constitucionalismo de postguerra [4], fruto del cual se incorporaron a las cartas magnas derechos sociales y económicos pero que quedaron relegados a pasajeros de de segunda frente a las garantías que disfrutaban los derechos civiles y políticos.

Son textos ambiciosos, que huyen de ser concebidos únicamente como límites a los poderes públicos; pretenden ordenar la acción de las personas, colectivos o entidades particulares de los países donde se aprueban, y que incorporan múltiples mecanismos de participación o de democracia directa, de intervención en las decisiones sobre los recursos naturales, así como garantizan la presencia de pueblos originarios en los diferentes poderes del Estado a la vez que reconocen a la “naturaleza” como titular de derechos y permite al Estado capacidades de intervención en el ámbito económico.

El “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” parece abrir, por fi n, la posibilidad de un proceso constituyente en Chile. Ese proceso, hasta la fecha, ha sido usurpado al pueblo chileno, máxime cuando la Constitución actual, que nace en plena dictadura, sigue estando en vigor; un texto trasnochado, de parte, con sus múltiples modifi caciones (más de 20 modifi caciones de diversa intensidad) que no hacen sino revelar el desfase tan intenso que sufre, y la evidente “brecha” entre la realidad actual y la preconfi gurada en el texto constitucional.

Ahora bien, debemos poner encima de la mesa una suerte de consideraciones no menores, una vez aprobado el mencionado Acuerdo.

Activar un proceso constituyente debería implicar, como hemos expuesto anteriormente, activar un proceso radicalmente democrático en el que el poder constituyente se manifi este en toda su virtualidad [5], un proceso fundacional y soberano que debería superar las estructuras partidarias o de representación política clásica, dando entrada a la participación de sectores, colectivos y realidades diversas.

El “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” es fruto del actual poder constituido, que aparece además en la esfera política envuelto en una fuerte crisis de legitimación. Por tanto, una vez expresada la voluntad del pueblo chileno y conformado –en su caso– el nuevo sujeto constituyente, éste no puede aparecer constreñido por poder constituido alguno. Deberá ser la máxima expresión de su naturaleza, conformando ex novo el acuerdo de voluntades de que se dote el país.

Así, es ilusorio tratar de establecer juegos de mayorías de dos tercios para elaboración de las normas y el reglamento de votación de la asamblea constituyente (como recoge el apartado 6 del Acuerdo), a través de los cuales el actual poder constituido trata de imponerse al futuro poder constituyente, en un intento, por parte del establishment actual, de evitar perder el control del proceso que se abrirá.

Del mismo modo, la comisión técnica que se crea en el apartado 10 del mencionado Acuerdo, para la materialización del proceso, no puede convertirse en la mano alargada de un pasado que pretenda monitorear el futuro cambio; debe limitar su actuación a los aspectos puramente formales y contar con la más alta participación de sectores en liza.

El éxito del proceso que se abre dependerá, en gran medida, de la capacidad de

incorporar a todas y todos, de provocar un auténtico desbordamiento popular, unas ganas de apropiarse, de hacer suyo el “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” en cuestiones postergadas, como sus recursos naturales y qué régimen de protección desean para ellos; sobre la desigualdad y cómo atajarla; sobre los derechos y sus garantías. También que les permita actualizar la normativa a las realidades del siglo XXI con una mirada acorde a las reivindicaciones feministas e igualitarias; que les permita hacer balance sobre su estructura territorial y las deficiencias de recursos de las regiones; que les permita incorporar a los colectivos excluidos, a los pueblos originarios en la realidad institucional y, en definitiva, que les permita armar un Estado en el que se reconozcan, en el que mirarse y verse, en el que crean y en el que puedan confiar, un Estado que sea fruto de la radicalidad democrática.

Notas

[1] Más de un 80% se muestra a favor, según encuestas de Cadem o Activa: https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2019/11/

Track-PP-305-Noviembre-S2-VF-comprimido. pdfhttps://www.activaresearch.cl/es/news/estudio-especial-pulso-ciudadano-proceso-constituyente [2] Todo ello siguiendo las tesis de Martínez,

R y Viciano, R, Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. [3] Martínez, R y Viciano, R, Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. [4] Nos referimos a los textos constitucionales que surgieron tras la Segunda Guerra

Mundial. [5] Estaríamos ante una “necesidad de legitimar la voluntad social de cambio mediante un intachable proceso constituyente de hechura democrática”: Martínez, R y Viciano, R.

DAVID MANRIQUE

ARRIESGAR LA VIDA EN EL METRO A CAMBIO DE UNA LIMOSNA

ISAAC HERNÁNDEZ

Xxx

Porfiria, una anciana que vive en Chimalhuacán —Estado de México—, pide limosna todos los días en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país.

Para ella, su único ingreso fijo –los 2 mil 550 pesos bimestrales que recibe del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores– no le alcanza para sobrevivir. Tan sólo la renta del lugar que habita le cuesta 1 mil 500 pesos al mes.

Obligada a buscar más ingre-

sos, doña Porfiria se traga su orgullo y sale a pedir caridad. Ya por la tarde noche, la anciana empieza a arrastrar su tanque de oxígeno hacia el transbordo de la estación Centro Médico –para ir de la línea 3 a la 9– y así regresar a casa.

Sus pasos son lentos, porque sufre del nervio ciático, las rodillas y tiene dificultades para respirar. A veces, como en esta ocasión, su tanque ha sido insuficiente para cubrir su jornada, por lo cual se aletarga más su andar.

Las cifras más actuales del

Consejo Nacional de Población (2017) indican que en el país viven 12 millones 973 mil 411 personas mayores de 60 años. También refieren que el 41.1 por ciento de la población mayor de 65 años se encuentra en condiciones de pobreza; 34.6 por ciento sufre pobreza moderada, y 6.6 por ciento, extrema. Como doña Porfiria, el 18.4 por ciento carece de vivienda.

La anciana vive con su hija adoptiva Marisela, de 54 años de edad. Esta última también depende de las pocas monedas que consigue su madre, pues al padecer debilidad visual, artritis y úlceras varicosas no puede salir a la calle ni tener un trabajo.

Doña Porfiria nunca tuvo hijos biológicos. Cuenta que durante su vida laboral tuvo dos empleos: uno como costurera y el otro como ama de casa. Actualmente ya no puede trabajar, y por ello recurre a las limosnas.