Contralínea 674

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020

Año 18 • Número 674 • $30

CONTENIDO

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PORTADA

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CUERPOS DE SEGURIDAD RECURREN A TORTURA CONTRA ADOLESCENTES Y JÓVENES Tortura y agresión, mecanismos recurrentes de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado durante las detenciones de adolescentes y jóvenes, no siempre legales

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 674, del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz.

Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 27 de diciembre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.

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OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL GENARO GARCÍA LUNA ESTUVO PROTEGIDO POR CINCO PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA Miguel Badillo

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN VERACRUZ, EL GRAN CEMENTERIO DE MUJERES: LA CRISIS DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO Nancy Flores

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ZONA CERO GARCÍA LUNA O TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE Zósimo Camacho ARTÍCULOS

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ARELI CANTÚ: VÍCTIMA DE LA OSCURA “LEGALIDAD” Adrián Ramírez/ Limeddh

CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

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EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

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PORTADA Cuerpos de seguridad recurren a tortura contra adolescentes y jóvenes Aseneth Hernández

ESPECIALES

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ENTREVISTA Posible venta ilegal de malware Pegasus sería muy grave y alcanzaría a NSO Group: R3D Viridiana García

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Imagen de portada: JACOB GARCÍA/ CUARTOSCURO

CONTRALUZ Discriminación y exclusión: la vida de las personas en situación de calle Nayeli Escalona

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CONTRALUZ Mujeres exigen alto a violencia “feminicida” Karen Ballesteros

ANÁLISIS

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INTERNACIONAL ¿Pueden recomponerse las fuerzas progresistas en Brasil? Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina

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INTERNACIONAL El odio al indio Álvaro García Linera

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INTERNACIONAL Ley Económica Urgente: otra derrota de Lenín Moreno Nicolás Oliva/ Celag

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

GENARO GARCÍA LUNA ESTUVO PROTEGIDO POR

CINCO PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA MIGUEL BADILLO

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En 2001, funcionarios de la Secodam de las inculado desde la década de 1980 a los órganos de seguridad nacional y cuerpos áreas Jurídica, de Responsabilidades y de Auditopoliciales y de inteligencia, así como a la ría presentaron cinco denuncias penales en la PGR Procuraduría General de la República, el expolicía en contra de García Luna y Robledo Madrid, pero mexicano preso en Estado Unidos, Genaro García todas fueron archivadas y los funcionarios que se Luna, siempre tuvo la protección presidencial de atrevieron a actuar en contra de los dos policías recinco gobiernos: (cronológicamente) de los priístas cibieron presiones y amenazas.

El mismo procurador general de la República Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, mientras que el en aquellos años, el general Rafael Macedo de la gobierno de Enrique Peña Nieto simplemente dio Concha (2000-2005), presionó a los auditores de carpetazo a todas las investigaciones en contra del la Contraloría para que abandonaran las indagasúperpolicía vinculado a cárteles del crimen orga- torias por corrupción en contra de García Luna y Robledo Madrid; incluso les propuso reuniones nizado.

De acuerdo con documentos oficiales de la en- conciliatorias directamente con esos funcionarios policiacos “para limar tonces Secretaría de la asperezas” y cerrar los Contraloría y DesarroFuncionarios de la entonces Secodam expedientes, pues finalllo Administrativo (Secodam) –ahora Secre- presentaron cinco denuncias penales mente en la PGR nuntaría de la Función Pú- contra García Luna. Pero nada prospe- ca iban a trascender y muchos menos serían blica–, en 2001, cuan- raba contra el llamado ‘superpolicía’ turnados a jueces fededo el panista Vicente rales, por lo que fue un Fox Quesada tenía 1 año de asumir la Presidencia de la República, su acto más de protección e impunidad del gobierno gobierno encubrió irregularidades por 162.2 millo- federal panista de Fox. Cuando la Dirección General Jurídica de la nes de pesos y 17.3 millones de dólares, cometidas en la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los Contraloría presentó las cinco denuncias penales años 1999 y 2000, cuando Genaro García Luna se ante el Ministerio Público Federal, los fiscales citadesempeñaba como titular de la Coordinación de ron de inmediato a los funcionarios de la Secodam para interrogarlos y ejercer presión sobre ellos para Inteligencia para la Prevención de la PFP. El comisionado de ese cuerpo policial era Wil- que se desistieran de las acusaciones.

También desde la PGR hablaron con el entonfrido Robledo Madrid, quien en 1994 fue inhabilitado sólo 5 años por la Secodam; sin embargo, la ces contralor panista Francisco Barrio Terrazas, a Procuraduría General de la República lo exoneró quien solicitaron cerrar las investigaciones contra de cualquier cargo penal, lo que impidió que se re- los entonces policías García Luna y Robledo Madrid, y acusaron a los auditores de la Contraloría de sarciera el cuantioso daño patrimonial.

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OFICIO DE PAPEL

que Raúl Salinas había acumulado por corrupción en el gobierno de su hermano, el expresidente Carlos Salinas. Pues días antes de que fuera asesinado Enrique Salinas, un grupo de agentes de la AFI interceptó al hermano del expresidente para exigirle un millón de dólares para no ser detenido por una orden de búsqueda que había enviado Interpol.

También le ofrecieron la protección de la AFI a cargo de su jefe García Luna. Sin embargo, antes de ceder a la extorsión, Enrique Salinas apareció muerto el 6 de diciembre de 2004… Aunque las investigaciones de aquel asesinato de Salinas involucraron a los agentes de la AFI que estaban bajo el mando de García Luna, una versión de personas cercanas a la familia sostienen que fueron los “guaruras” de la propia familia Salinas a quienes “se les

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

“autoritarios y prepotentes”. El resultado fue que García Luna, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos y sujeto a proceso por vínculos con el narcotráfico, quedara impune en México.

De acuerdo con los informes de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secodam, los daños patrimoniales ocasionados al presupuesto de la PFP desde su creación, 1999-2000, ascendieron a 162 millones 264 mil 504.58 pesos y 17 millones 30 mil 840.72 dólares.

En el desglose de las irregularidades, el expediente de la Contraloría explica que se trató de pagos indebidos por arrendamiento de un avión, correspondientes a 157 millones 60 mil 637.59 pesos y 642 mil 609.42 dólares; adquisición indebida de cinco avionetas, por 1 millón 130 mil dólares; otra adquisición indebida de avión y la contratación de servicios, por 922 mil 760 dólares.

Además, la indebida adjudicación directa y fraccionamiento de pedidos y contratos para la adquisición de bienes y servicios por 5 millones 203 mil 866.99 pesos, efectuadas durante el ejercicio de 2000, evitando injustificadamente el procedimiento de licitación pública y en algunos casos rebasando los montos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En ese mismo documento oficial se señala al entonces Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por adjudicaciones directas improcedentes a la empresa Matra Nortel Comunications, por un monto de 14 millones 335 mil 471.30 dólares.

Puntos suspensivos… Otra vieja historia de abuso e impunidad del súperpolicía Genaro García Luna ocurrió en 2004, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR y envió a agentes bajo su mando para presionar y extorsionar a Enrique Salinas de Gortari, quien por aquellas fechas disputaba con sus hermanos Raúl y Adriana Salinas la propiedad de 3 millones de dólares que habían sido devueltos por el descongelamiento de cuentas bancarias en París, Francia, y que formaban parte del capital de 100 millones de dólares

OPINIÓN

pasó la mano” y asfixiaron a Enrique, quien se negaba a devolver el dinero que sólo había sido transferido a sus cuentas para ocultarlo en la banca de París…

Después que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, consiguió cesar e inhabilitar por 10 años al director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) Miguel Ángel Lozada –aquel funcionario cuyo nombre apareció en la firma de contratos vinculados con la llamada “estafa maestra”–, este trabajador petrolero con casi 40 años de trabajar en Pemex impugnará ante tribunales esa decisión en demanda de ser restituido en su cargo. La disputa legal podría durar unos cuantos meses, por lo que será hasta 2020 cuando sepamos el final de esta disputa entre funcionarios de la Cuarta Transformación.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

VERACRUZ, EL GRAN CEMENTERIO DE MUJERES LA CRISIS DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO NANCY FLORES

C

ada día, en México, 10 mujeres son asesi- ciales y de Opinión Pública. Ello, porque se trata de nadas en promedio por razones de odio. La un asesinato misógino.

Con base en estadísticas del Secretariado Ejecucrisis de los feminicidios y demás formas de violencia contra este género (como la sexual) debe- tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ría generar una reflexión de carácter nacional, pues Observatorio ha señalado que de enero a septiemningún país puede aspirar al pleno desarrollo si con- bre de 2019 se cometieron 2 mil 833 asesinatos de siente que un sector poblacional sea violentado tan mujeres a nivel nacional, de los cuales sólo 726 se brutalmente como sucede con las mujeres por el sim- investigan como feminicidios, lo que equivale al 25.6 por ciento; el resto, 2 mil 107 son investigados como ple hecho de nacer con este género.

Esa reflexión colectiva debería, a su vez, deri- homicidios dolosos.

El OCNF agrega que los estados con mayor var en formas concretas de atención a estos graves problemas, que pasen necesariamente por reducir número de casos de feminicidio son: Veracruz, con 140 casos; Estado los altos índices de imde México, 81; Nuevo punidad con castigos Los estados con mayor número de León, 53; Puebla, 45, y ejemplares para todos aquellos que violenten a feminicidios: Veracruz, el Estado de Ciudad de México, 40.

Y añade que los municibebés, niñas, adolescenMéxico, Nuevo León, Puebla y la Ciudad pios con mayor número tes, adultas y ancianas; de mujeres víctimas de ello, sin importar la in- de México. Impunidad, la constante feminicidio son: Montefluencia que los agresorrey, Culiacán, Ciudad res puedan tener tanto Juárez, Xalapa y Guadalajara. en el ámbito político como en el económico, social, “Como OCNF, a través de solicitudes de inforcultural o de cualquier índole, incluido el religioso.

Y es que los grados de impunidad son alarman- mación a las fiscalías y procuradurías del país, obtutes y empiezan por la manera en cómo se investi- vimos información de Coahuila, Estado de México, gan estos crímenes: de acuerdo con el Observatorio Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sólo Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis el 25.6 por ciento de los homicidios dolosos contra Potosí, que nos refiere que de enero a junio de 2019 mujeres se tipifica como feminicidio e investiga con las autoridades de los estados referidos registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se perspectiva de género.

El feminicidio es el grado culminante de todas las están investigando como feminicidio.”

En muchos casos, las autoridades desconocen la formas de violencia contra la mujer, apunta el análisis Feminicidio e impunidad, del Centro de Estudios So- relación o vínculo entre la víctima y el victimario. Para

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

el Observatorio, este vacío de información demuestra que “las investigaciones carecen de las diligencias básicas” que requiere una indagación ministerial para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Por su parte, el análisis del Cesop señala la gravedad del problema reflejada en las estadísticas: entre 2014 y 2015 sumaron 8 mil 904 asesinatos de mujeres; y 2 años después, sólo durante 2017, el total daba 3 mil 256. Lo que claramente muestra una tendencia al alza.

El papel de la impunidad

el mejoramiento del sistema de justicia, así como una estrategia integral que previniera esta tragedia cotidiana.

Y es que en su análisis publicado por el Cesop se señala que “las muertes y desapariciones de jovencitas en Ciudad Juárez, que tantas críticas internacionales le granjearon al gobierno mexicano”, no propiciaron que éste intentase llegar al fondo del asunto. Así, a pesar de sentar un precedente muy importante del fenómeno, “sorprendentemente, no apuraron una solución”.

Resulta hasta una obviedad que la impunidad ha sido y sigue siendo uno de los factores que más potencia este crimen de odio. Para Bellota, en los años posteriores al foco de atención que generaron las muertas de Juárez, el problema del feminicidio se agravó en otras entidades federativas al calor del aumento de la criminalidad.

“Estamos a punto de que se cumplan 20 años de alternancia política pero no vemos la fecha para que las instituciones que la acompañaron muestren una mejoría e impacten positivamente en la calidad de vida de los mexicanos […]. La comisión de crímenes hasta grados inauditos, los comportamientos anómicos en todas las clases sociales, la corrupción institucionalizada en los tres escalafones del gobierno y el sentimiento generalizado de injusticia no pueden ser compatibles con el deseo que la ciudadanía se planteó en el año 2000. Estos adeudos que horadan las perspectivas de futuro y la vida en común parecen ser la antesala de nuestro propio –y muy mexicano– estado hobbesiano de naturaleza”, concluye el investigador.

En ese contexto, lamentablemente, los feminicidios no sólo no cesan, sino que se incrementan a lo largo y ancho del país, dejando una ola de agravios sociales que van mucho más allá de la pérdida de vida de las mujeres. Por ello es urgente generar ya estrategias efectivas para frenar estos crímenes de odio. Nunca será justo ni justificable el asesinato de seres humanos por el sólo hecho de haber nacido mujeres y eso es, en esencia, el feminicidio.

ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

La falta de castigo para cada agresor de mujeres

OPINIÓN

da pie, sin duda, a que otros hombres con tendencias patriarcales y machistas terminen incurriendo en actos de violencia de género, porque en México es muy fácil evadir la ley.

Baste revisar la historia. El problema de los feminicidios en México se visibilizó como un síntoma de una descomposición social más amplia, resultado de una pandemia de impunidad que puede ubicarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace un cuarto de siglo, apunta el investigador parlamentario Luis Ángel Bellota, en su análisis Feminicidio e impunidad.

Agrega que ni siquiera en aquella ciudad fronteriza la crisis de feminicidios fue motivo suficiente para que se tomaran las diligencias necesarias en

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OPINIÓN ZONA CERO

GARCÍA LUNA O TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE ZÓSIMO CAMACHO

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l hoy en desgracia “superpolicía” Genaro la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de García Luna fue pieza clave de la seguridad Marina (Semar) y el área de contrainteligencia del mexicana durante todo el ascenso del Cár- entonces Estado Mayor Presidencial. Y a las oficinas tel de Sinaloa a la cúspide del crimen organizado de inteligencia civil: el propio Cisen, la Unidad de mundial. Pero la protección no habría sido sólo Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienpara esa organización. Al oriente del país otro cár- da y Crédito Público y las de la propia Secretaría de tel, también “histórico” y muy poderoso, terminó Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación por imponerse: el del Golfo. No lo consiguió sin y la PGR, incluso a la de Relaciones Exteriores. ¿Él se quedó con todas las maletas de dólares una ayudadita desde algunas de las esferas del gobierno federal. Y claro, el ingeniero mecánico de que presuntamente recibió? ¿Los generales y almiformación no podría ser el único funcionario de rantes lo vieron enriquecerse sin pestañear?

Tendríamos que señalar que si García Luna está alto rango inmiscuido. Sería imposible.

García Luna inició su carrera durante el priís- inmiscuido, también se tendrá que llamar a cuenmo, en 1989, en el Centro de Investigación y Se- tas, naturalmente, a quienes estuvieron a cargo de guridad Nacional (Cisen, al que hoy se le ha cam- las mayores responsabilidades en materia de seguridad durante el fiasco biado el nombre por el sexenal de Felipe Caldede Centro Nacional de Inteligencia). En 1999 Por muy importante papel que haya rón: el general de divipasó a la flamante Po- jugado, García Luna no es ni de lejos el sión Guillermo Galván Galván, secretario de la licía Federal Preventiúnico responsable de la protección al Defensa Nacional; el alva. En enero de 2001 mirante Mariano Franse integró a la Policía Cártel de Sinaloa. Nunca estuvo solo cisco Saynez Mendoza, Judicial Federal, y en secretario de Marina; septiembre de ese año fue nombrado primer titular de la Agencia Federal el general de brigada Jesús Castillo Cabrera, jefe de Investigaciones, adscrita a la entonces Procura- del Estado Mayor Presidencial; Guillermo Valdés duría (hoy Fiscalía) General de la República (PGR). Castellanos, director del Cisen; Eduardo Medina En diciembre de 2006 se convirtió en el funcionario Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales más poderoso del calderonismo: secretario de Se- Ibáñez, sucesivos procuradores generales de la República; Facundo Rosas Rosas y Maribel Cervanguridad Pública.

Por muy importante papel que haya jugado, tes, sucesivos comisionados de la Policía Federal, García Luna no es ni de lejos el único responsable y los secretarios de Gobernación Francisco Javier de la protección al Cártel de Sinaloa. Sería ingenuo Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont Urueta y pensar que solito el funcionario hubiera burlado a Alejandro Poiré Romero (Juan Camilo Mouriño y las oficinas de inteligencia militar: la Sección Segun- Francisco Blake Mora murieron en sorprendentes da de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), accidentes aéreos).

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OPINIÓN

ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

ZONA CERO

Se trata de toda la estructura de seguridad (nacional, interior y pública) del gobierno que hizo del supuesto combate a los cárteles su principal (si no la única) política de gobierno. Se trata, sí, de todos los hombres del presidente. A las investigaciones, de manera lógica, no podría sustraerse el propio Felipe Calderón. ¿Veremos el juicio de un presidente mexicano por primera vez en Estados Unidos?

De ser encontrado culpable, el nombre de Genaro García Luna será apenas la punta de la madeja.

Tendrían que venir los de cómplices hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba de la estructura de la que fue integrante destacado.

El fraude de la “guerra” contra el narcotráfico es monumental, no sólo porque no hubo tal. Principalmente, por los costos en vidas humanas que se cuentan por cientos de miles, como los de desplazados, y las decenas de miles de desaparecidos. Pero también porque enquistó al crimen organizado en el sistema político mexicano. Y porque dilapidó un presupuesto monstruoso: de alrededor de 750 mil millones de pesos en los 6 años de calderonismo.

García Luna, en específico, contó con recursos a manos llenas, tanto monetarios, como humanos y tecnológicos. Dispuso de más de 4 mil 300 millones de pesos sólo para el ambicioso sistema de

espionaje Plataforma México. Uno de sus juguetes preferidos, con él tuvo colgado no sólo a delincuentes (que hoy sabemos podrían ser sus socios o competidores), sino a periodistas, luchadores sociales, políticos de todos los partidos, funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, subordinados, compañeros y jefe. ¿Quién resguarda esa información? ¿En manos de quién está?

Para protegerse de sus andanzas, entregó información soberana de México a Estados Unidos.

Trabajó con los agentes de sus corporaciones y al final del calderonismo se fue a vivir a ese país.

Hombre de los sótanos de la inteligencia mexicana y educado en análisis prospectivo, creyó que allá estaría seguro, que los gringos estarían agradecidos con él y lo protegerían. La sabiduría popular reza que los estadunidenses no tienen amigos sino intereses. ¿Qué papel le asignarán en la lucha encarnizada entre los republicanos y demócratas? ¿Denunciará a sus cómplices, que los tuvo, allende el Río Bravo?

Todo indica que el plan era que Sinaloa y El Golfo fueran los dos únicos cárteles destinados a sobrevivir luego del baño de sangre al que la “guerra contra el narco” sometió a país. Nos detendremos en este punto en la siguiente entrega.

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OPINIÓN ARTÍCULO

ARELI CANTÚ VÍCTIMA DE LA OSCURA “LEGALIDAD” ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

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a justicia es ciega. ¿Pero qué tan ciega puede casa que después nos enteramos que llamaban casa ser en un mundo de cortinas de humo que sólo de seguridad, donde también fueron golpeados y fodisfraza las violaciones a derechos humanos tografiados. con falsas y manipuladas investigaciones por parte de la comisión estatal de derechos humanos y Fis- Retención ilegal calías y donde las mujeres se vuelven blanco fácil en un mundo de desigualdad, de falta de perspectiva Siete horas después de su detención fueron prede género, de ego y poder machista sin escrúpulos y sentados en la Fiscalía Especializada en Secuestro de conciencia?

Nezahualcóyotl, ante los agentes del Ministerio PúAreli Cinthya Cantú Muñoz y su hijo fueron blico Ricardo Godínez Díaz y Hugo Ortiz Téllez. arrestados de manera ilegal, víctimas de abusos por Ahí policías ministeriales continuaron golpeándolos parte de las autoridades de Seguridad Pública Esta- y amenazándolos, en presencia de los agentes citatal que violaron gravemente su derecho a la libertad dos. Incluso con la participación de uno de ellos. personal, a la integridad Colocaron la cabeza y a la presunción de del niño en una mesa y le inocencia, presa de deAreli Cantú y su hijo, entonces de 13 apuntaron con un arma. litos fabricados, víctima años de edad, fueron arrrestados de Le dijeron a Areli que si de tortura sexual, física no hacía lo que ellos le manera ilegal. Policías del Estado de y sicológica detenida decían, violarían y asesijunto con su hijo, quien México abusaron de ambos narían a su hijo enfrente era menor de edad en el de ella. Así la obligaron a momento de los hechos. firmar una declaración que no pudo leer, donde se declaraba culpable de haber participado en un secuestro.

Detención ilegal

El 8 de noviembre de 2012, Areli Cinthya Cantú Muñoz y su hijo, en ese entonces de 13 años de edad, Óscar Uriel Martínez Cantú, fueron sacados con violencia de su domicilio, por hombres encapuchados vestidos de civiles, quienes rompieron la puerta y robaron objetos de valor.

Fueron paseados en vehículos durante horas, mientras eran golpeados y amenazados. Areli, además, fue abusada sexualmente. Los llevaron a una

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Desaparición forzada transitoria El niño Óscar Uriel fue liberado en la mañana del 9 de noviembre de 2012, al comprobar por medio de su Clave Única de Registro de Población (CURP) que contaba apenas con 13 años de edad.

Fue él quien dio aviso a los familiares de Areli lo que había ocurrido, aunque no pudo precisar el lugar donde los habían tenido retenidos. Fue has-

ARTÍCULO

ta el 10 de noviembre cuando la familia se enteró Areli había estado en la Fiscalía Especializada en Secuestro de Nezahualcóyotl, Cuando la buscaron ahí, el policía ministerial Raúl Rayón Sigüenza les infirmó a los ministeriales que había sido trasladada a Toluca.

La buscaron en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), donde negaron que Areli estuviera ahí. Luego de seguir buscando en otras fiscalías, regresaron a la sede de la Procuraduría y por fin les dijeron que sí estaba ahí pero que no podían hablar con ella porque sería preentada a lo medios de comunicación.

OPINIÓN

HEM/CHA/701/2013. A pesar de las evidencias, la Comisión nunca realizó investigaciones y se limitó a escuchar los testimonios de los policías y agentes del MP. Por el contrario, durante el proceso revictimizó a Areli para concluir en febrero de 2014 que no existían elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos.

En la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Corporaciones Policiacas se inició la carpeta de investigación 333100040052412 por los delitos de abuso de autoridad, robo y lo que resulte.

El 16 de noviembre de 2012 Areli fue vinculada a proceso en el Distrito Judicial de Toluca. El juez or-

El entonces procurador general de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, presentó a Areli y a otras nueve personas (entre ellas un menor de edad) ante los medios de comunicación como una peligrosa delincuente, miembro de una banda perteneciente a los Caballeros Templarios, responsable de diversos secuestros, homicidios y extorsiones cometidos en los municipios de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Todo esto antes de ser presentada ante el juez de control de detención.

Vinculación a proceso Fue hasta el 11 de noviembre de 2012 cuando los familiares pudieron tener comunicación con ella, quien les llamó desde el Centro de Readaptación Social de Santiaguito.

Por los hechos antes mencionados se inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede Chalco. Al expediente se le asignó el número CODHEM/CHA/654/2012 y sus acumulados CODHEM/CHA/719/2012 y CODHEM/CHA/720/2012; y expediente COD-

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Violación al principio de presunción de inocencia

denó declinar la competencia a favor del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco por motivos de territorio.

El 4 de marzo de 2013, la madre de Arelli, quien se desempeñaba como profesora, fue asesinada al salir de su trabajo. Los probables responsables fueron policías ministeriales y agentes del ministerio público de la Fiscalía Antisecuestros, en represalia por las denuncias hechas en su contra ante distintas instancias y por haber mostrado en redes sociales la corrupción de las que eran parte para fabricar culpables, con testimonios de varias de sus víctimas en diferentes municipios de su jurisdicción. Debido a este hecho, días antes de concluir el periodo de investigación, el

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OPINIÓN ARTÍCULO

abogado Álvaro Álvarez renunció por temor a que las represalias también recayeran sobre él.

Defensa inadecuada A Areli le asignan entonces a un defensor de oficio, Juan Carlos Tovar. Como consta en videograbaciones de audiencia intermedia, ella manifiesta al juez su deseo cambiar de abogado, pues no estaba teniendo una defensa adecuada. Su defensor anterior había ofrecido pruebas y éstas se habían acordado favorables, pero el Tovar no las estaba presentando. También consta que manifestó al juez su deseo de mencionar las pruebas que quería se aportaran y que su defensor de oficio no tomaba en cuenta, interrumpiéndola para decirle que eso tenía que hablarlo con su abogado, a pesar de haberle manifestado previamente que no estaba teniendo una defensa que considerara adecuada.

Debido a que las pruebas contundentes de su defensa no fueron presentadas; a la nula valoración que el juez de Juicio Oral dio a los testimonios de la defensa, y pese a las contradicciones de la parte acusadora, Areli fue sentenciada a 35 años de prisión.

La única prueba en su contra era el testimonio de los policías ministeriales del 6 de mayo de 2016 ante el Juez Osvaldo Villegas Cornejo.

La sentencia fue apelada y la Sala resolvió que debía dictarse una nueva sentencia. El Juez Villegas volvió a sentenciar en el mismo sentido el 29 de noviembre de 2016. Para el 13 de diciembre de 2016 un familiar de Arelli se presentó en las instalaciones de los juzgados de Juicio Oral del Distrito Judicial de Chalco para interponer el recurso de apelación a la sentencia. Pero el acceso le fue negado bajo el argumento de que sólo podían ongresar abogados previa identificación con cédula profesional. Por ello, el 16 de marzo de 2017 le fue notificada a Arei el Auto de inadmisión. Tal resolución está siendo combatida a la fecha en juicio de amparo.

Familiares de Areli solicitaron el 28 de agosto de 2013 al titular de la entonces PGJEM, Miguel Ángel Contreras Nieto, audiencia para que se les informara sobre el trámite que se le estaba dando a las carpetas de investigación 302070840567612, 333100040052412 y 302080620075313 (por el secuestro del que la acusan, la denuncia hecha contra policías ministeriales y el homicidio de la madre de

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Areli, respectivamente), expediente que quedó registrado con el número DGJC/EP/1872013. La audiencia les fue negada y en respuesta Jesús Benito Nares Pérez, en sus facultades de director general Jurídico y Consultivo, dijo que las investigaciones se mantenían en trámite, observando los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y estricto respeto a los derechos humanos; y que se resolverá conforme a derecho.

En noviembre de 2013, Areli fue vinculada a proceso por otro secuestro cometido en septiembre de 2012. Una señora se presentó ante el MP a decir que buscando fotos de secuestradores en internet, vio la foto que los medios de comunicación publicaron el 10 de noviembre de 2012, y que “reconoció” a Areli como una de las participantes de su secuestro. Todo, a pesar de que en su declaración inicial en 2012 menciona a una única mujer que participó en su secuestro como delgada, pelirroja y de cabello lacio, cuando Areli es de complexión robusta, cabello negro y rizado. Ese ilegal reconocimiento fue suficiente para que un juez la vinculara a proceso y la Sala confirmara el Auto de vinculación apelada. Quien en ese momento era su defensor de oficio se negó a agotar el recurso de apelación argumentando que su carga de trabajo le impedía dedicar más tiempo a ese asunto. Junto a Areli, vincularon a otras cuatro personas en las mismas circunstancias pero al tener un defensor particular, lograron el amparo y protección de la justicia contra esa vinculación a proceso.

Al mencionarle al defensor de oficio esta resolución e incluso proporcionándole los datos del amparo, dio el asunto por concluido y no hizo nada al respecto.

Por este segundo caso, Arelli fue también sentenciada pero debido a irregularidades durante el juicio, la Sala ordenó reponer el proceso desde la apertura del juicio.

Durante su estancia en prisión, Areli ha sido hostigada e intimidada en diversas ocasiones. La más importante ocurrió en 2015, cuando otra interna la estaba amenazando y extorsionando para obligarla a vender drogas dentro del penal. Debido a que denunció esta situación ante el juez de su causa, quién ordenó a la entonces directora del centro penitenciario, Florencia Genoveva Juárez Coatl, atender el asunto, el 10 de octubre del mismo año las autoridades tomaron represalias contra ella y familiares e hijos el día de la vista familiar.

ARTÍCULO

OPINIÓN

Además, la enviaron a segregación y la despojarton en su momento se hicieron, por la tortura a la que del dinero que ganaba por la venta de artesanías fa- Areli y su sobrino fueron sometidos. En junio la Fisbricadas en el penal. Por estos hechos se inició una calía de Combate a la Corrupción (antes Fiscalía Esqueja en la Comisión de Derecos Humanos del Es- pecializada en Delitos Cometidos por Corporaciotado de México, bajo el expediente CODHEM/ nes Policiacas) informó a la Comisión que extravió SP/791/2015 y por el que el organismo solicitó la carpeta de investigación, por lo que se dio parte a la Contraloría Interna, donde radicaron la queja medidas precautorias.

El 27 de noviembre de 2018, aproximadamente FGJEM/OIC/INV/261//2019. Por su parte, la a las 22:30 horas, Areli fue sacada de su celda para, Unidad de Asuntos Internos (antes Inspección Gesupuestamente, presentarla ante una notificación. neral de las Instituciones de Seguridad Pública) inUna vez en locutorios, vio que no había nadie. Le formó que ha fenecido el plazo para sancionar a los dijeron que pasara al servicio médico. La certifican servidores públicos. y la pasan al edificio de Diiagnóstico, Ubicación y tratamiento. Allí había 13 o 14 hombres internos Propuesta de reparación integral esperando también. Estaban presentes subdirector, comandantes, jefes de turno y nadie le daba una exDerivado de la reforma de 2011 a la Constituplicación de lo que estaba pasando. Empezaron a ción en materia de derechos humanos y derivado de revisar a los hombres. Un sujeto del sexo masculino los principios de convencionalidad y control difuso, del que desconoce su identidad se acercó a decirle: el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar “Ya no le muevas, te conviene dejar las cosas como y reparar el daño por violación a derechos humanos. están”. La mantuvieron Areli Cinthya Cantú por 2 horas hasta que Muñoz y su hijo tienen Es urgente una investigación que se acercó un jefe con el derecho a la verdad y “dos noticias: una bue- sancione a los culpables. Así como una la justicia de la investigana y una mala; la buena indemnización por las violaciones a los ción de los hechos relaes que no alcanzaron derechos humanos de toda la familia cionados con la tortura boleto de avión, la mala que fue denunciada ante es que se regresan a su la Comisión de Deredormitorio”. Nadie le explicó nada y la regresaron chos Humanos del Estado de México y ante la Fisal dormitorio. calía de combate a la corrupción. Es imperante una El 29 de noviembre de 2019 Areli fues traslada- justa investigación a la violación de sus derechos y se da al Centro Federal de Readaptación Social (Ce- sancione a los responsables. También se exige que fereso) 16, ubicado en Morelos, sin ninguna notifi- se le indemnice por la violación grave a los derechos cación para que pudiera defenderse. No se le per- humanos como familia, individualmente y del intemitió avisar a su abogado, ni le dieron explicación rés superior del menor. alguna del porqué del traslado. Por estos hechos se Lo anterior deriva tanto del régimen previsinterpuso el amparo en el Juzgado Sexto de Distrito to constitucionalmente como de los instrumentos en Nezahualcóyotl. El 25 de marzo de 2019 el Juez internacionales ratificados por México y de los cride Distrito resolvió dejar insubsistente el oficio que terios de organismos internacionales, los cuales se ordena su traslado, por lo debe ser devuelta al lugar manifiestan claramente en el sentido de que es un de reclusión de origen (Centro de Readaptación derecho efectivo de las personas agraviadas obtener Social Huitzilzingo, en Chalco). Recientemente el una reparación proporcional a la gravedad de las tribunal de alzada ha confirmado esa sentencia. Se violaciones y al daño sufrido. Dicha recomendación sigue a la espera de que la autoridad responsable reconoce que a Areli le fueron violados sus derechos deje de posponer su traslado. a la libertad y seguridad personales; a la integridad En abril del 2019, se inició ante la Comisión de personal y; al debido proceso.

Derechos Humanos del Estado de México una queTortura nunca más. Ni un culpable fabricado ja con el fin de dar seguimiento a las denuncias que más. Acceso a una indemnización.

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INVESTIGACIÓN PORTADA

CUERPOS DE SEGURIDAD

RECURREN A TORTURA CONTRA ADOLESCENTES Y JÓVENES

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La tortura, mecanismo recurrente de cuerpos de seguridad durante las detenciones de adolescentes y jóvenes. Estas violaciones graves a los derechos humanos se utilizan para obtener confesioneas y fabricar culpables ASENETH HERNÁNDEZ

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“N

os vale madres que sean menores de edad”, fueron las palabras de los policías preventivos antes de agredir a la adolescente Astli y provocarle múltiples heridas de las que tardó 1 mes en recuperarse. Una de estas fue un esguince cervical grado II. En 2019, han ocurrido al menos 18 casos de adolescentes y jóvenes torturados y agredidos por cuerpos de seguridad en la Ciudad de México, y uno de ésos es el de Astli. Al tiempo, otros 52 menores de edad han sido vulnerados por policías y militares a nivel nacional, revelan informes oficiales de derechos humanos.

Después de la agresión, Astli fue llevada a las instalaciones de la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia IZC-3 de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), narra a Contralínea su madre, Adriana Valverde.

Agrega que los hechos ocurrieron el 20 de enero pasado, cuando Astli regresaba de una fiesta en compañía de su novio y algunos amigos aproximadamente a la media noche. Al internarse en la

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calle donde se ubica su casa, la joven se percató de que algunos policías habían detenido a uno de los adolescentes que se encontraba en la fiesta y que había participado en una riña.

De acuerdo con la Recomendación 17/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y con Víctor Caballero, uno de los abogados del caso que forma parte del Colectivo Aequus, Astli se acercó para ver lo que estaba pasando y para preguntarles a dónde iban a trasladar al muchacho. Sin embargo, dos policías preventivos –una de ellos de nombre Beatriz Andrea Gil– empujaron a la adolescente y a su novio. Después de eso, Astli les dijo que no los tocaran porque eran menores de edad, pero no les importó.

La mujer policía volvió a empujar a la menor y ella le quitó sus manos de encima. Enseguida ésta señaló que la adolescente le había tirado sus lentes, motivo por el cual le dio un golpe en la cara con el puño cerrado y la jaló del cabello. La reacción inmediata de Astli fue defenderse, la menor tomó a Beatriz Gil del chaleco, forcejearon y cayeron al piso.

Los demás policías se acercaron: unos la empezaron a jalar para que soltara a su compañera policía, mientras otros le pateaban todo el cuerpo.

Uno de ellos la tomó del cabello para levantarla y cuando lo hizo le dio otro golpe en la cara con el puño cerrado, con el que la volvió a derribar.

Cuando la menor estaba en el piso, la policía Beatriz Andrea Gil empezó a asfixiarla. La tomó de la cabeza para azotarla en el piso en varias ocasiones, mientras el resto de los policías la seguían pateando. “Astli traía en las mejillas marcada la suela de las botas”, contó su madre a Contralínea.

Posteriormente la pusieron boca abajo para esposarla, la levantaron nuevamente de los cabellos cuidando que no pudiera ver los rostros de los policías. Astli les pidió que la dejaran en paz, pero nunca le hicieron caso. Antes de subirla a la patrulla, Beatriz le dio un golpe en el brazo y de un

empujón la subieron para trasladarla a la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia.

Tortura y agresión un mecanismo recurrente La tortura y agresión cometida por cuerpos de seguridad del Estado contra adolescentes y jóvenes es un mecanismo recurrente, coinciden –entrevistados por separado, los abogados Víctor Caballero –experto en defensoría de derechos humanos– y Adriana Greaves, de la asociación Tojil y experta en el Sistema Penal Acusatorio.

“Es práctica común y no hay corporación policiaca de la Ciudad que escape a eso. Desde los policías del metro que son policías bancarios en la mayoría de los casos, la policía auxiliar, la policía preventiva”, así como el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población, señala Víctor Caballero.

De acuerdo con el Informe especial adolescentes: vulnerabilidad y violencia 2017, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “existen fallas importantes en las instituciones de seguridad”, ya que un alto porcentaje de los adolescentes encuestados dijeron haber sido golpeados y maltratados por la policía al momento de su detención y, en algunos casos, durante varios días por diferentes instituciones de policía. Ello, a pesar de que son prácticas que se apartan de las leyes, normas nacionales y tratados internacionales.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas –en el documento Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México– señaló su preocupación por el “uso excesivo y prolongado de la detención preventiva” en los casos de personas menores de edad en conflicto con la ley. Así como por el trato que reciben cuando están privados de su libertad y las condiciones de “detención en régimen de aislamiento prolongado”.

Cuando la menor estaba en el piso, la policía Beatriz Andrea Gil empezó a asfixiarla. La tomó de la cabeza para azotarla en el piso en varias ocasiones

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JACOB GARCIA/CUARTOSCURO

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La violencia contra menores de edad, “práctica sumamente arraigada”

El riesgo de ser adolescente El 22 de junio pasado, personal médico de la CDHCM elaboró un dictamen de salud a Astli con base en el Protocolo de Estambul –el manual para la investigación en casos de tortura– y determinó que los policías preventivos realizaron “actos de maltrato físico a través de contusiones simples en la cara y cabeza, así como jaloneos de cabello y asfixia por estrangulamiento”.

El informe también señala que existen fallas en la etapa del juicio, pues varios de los menores eran inocentes del delito que se les acusa. Además, la Comisión encontró que se trata de “prácticas sumamente arraigadas” en las instituciones de todo el país, ya que ocurren de forma sistemática y son tan frecuentes que los adolescentes lo consideran como un “comportamiento normal”.

Astli fue acusada de robo agravado y pandillerismo, refiere su mamá, Adriana Valverde. Delitos que no cometió. “Yo fui a hablar con el muchachito que la acusó de robo y él claramente me dijo: ‘yo a su hija ni la conozco. Yo no hice nada, todo lo hicieron los policías””.

El 21 de enero fue la primera audiencia de la adolescente. El juez, al ver sus heridas, le preguntó quién la había agredido de esa forma, de acuerdo con su madre. La joven denunció todo lo que había sucedido, por lo que éste decidió dejarla libre con medidas cautelares, es decir, que no podía salir ni acercarse a la calle en la que supuestamente fue el robo, ni a las víctimas.

En la Recomendación 17/2019 de la CDHCM están documentados otros 18 casos de adolescentes y jóvenes que fueron torturados y agredidos por cuerpos de seguridad capitalinos. Mientras que la

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CNDH en su Informe reunió 52 testimonios de menores de edad que también sufrieron la misma violación a sus derechos humanos.

La abogada Adriana Greaves considera que los adolescentes entran en el grupo de poblaciones marginadas, por lo que son más vulnerables a las violaciones de sus derechos humanos “por un tema de desconocimiento de las instituciones”, por lo que puede haber un aprovechamiento de los operadores del sistema, como los policías.

En el Informe de la CNDH se encontró que son muy bajas las cifras del cumplimiento de derechos de los adolescentes cuando fueron detenidos, ya que al 59 por ciento no se le informó de qué delito le estaban acusando y al 69 por ciento no le dijeron cuáles eran sus derechos.

Hay leyes, falta cumplirlas Para Adriana Greaves sí existe un marco legal sólido y firme para proteger a los menores de edad de estos abusos, y está compuesto por convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus leyes secundarias. Estos protegen los derechos no solamente de los adolescentes y jóvenes, sino también de otros grupos vulnerables.

“El problema que nosotros hemos detectado desde Tojil es que desde lo que dice la ley a la operación hay un abismo inmenso”, añade la abogada.

También señala que hay falta de recursos, capacitación e incluso ética por parte de aquellos que ejecutan las leyes.

“Creo que el problema está en cómo traducir esas leyes a que realmente sean aplicadas eficazmente por operadores poco capacitados, con poca seguridad laboral, con poca certeza institucional”, enfatiza la abogada.

Por su parte, Víctor Caballero identifica que uno de los problemas es que hay leyes que no están empatadas con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, y al existir estas lagunas o vacíos legales en la normatividad de los ministerios públicos, a los afectados no les queda de otra “que iniciar quejas en las comisiones de derechos humanos o hacer juicios de amparo para que un juez federal sea el que obligue a las instituciones de justicia a actuar conforme a lo que establece la ley”.

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Prejuicios exacerban ánimos de la policía contra jóvenes y adolescentes

En este sentido, el Comité contra la Tortura en sus Observaciones finales exigió al Estado mexicano adoptar medidas que garanticen el trato digno de todos los menores privados de la libertad y que los mantengan en condiciones de detención adecuadas en los centros de internamiento para menores.

Daños colaterales Astli no fue la única que resultó agredida: varios de los integrantes de su familia también fueron atacados por diferentes elementos de seguridad, señala Adriana Valverde. Después de que le informaron a su madre que la habían detenido, ella se trasladó a la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia IZC-3.

Algunos de sus familiares ya estaban ahí cuando su madre llegó, y algunos policías los agredían

HILDA RÍOS/CUARTOSCURO

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verbalmente. “Incluso a mis hermanas les tocó: a una de ellas le dieron una chachetada; a otra le pegaron en el brazo y la aventaron”, dice a Contralínea.

Lo primero que Adriana Valverde hizo al llegar a la institución fue pedir que la dejaran ver a su hija, pero no le permitieron hacerlo. Desesperada, intentó entrar a la fuerza y los policías la detuvieron por la fuerza con empujones de por medio.

“Incluso uno de los policías me dijo: ‘ya bájele de huevos, señora’ y yo le dije que lo único que quería era ver a mi hija, que si no les bastaba con lo que habían hecho”.

Después de eso le dijeron que sí le permitirían ver a Astli, pero que se calmara. Cuando entró al área en la que se encontraba la adolescente, se acercaron dos policías mujeres para detenerla, pero Adriana les dijo que no tenían motivos porque ella

sólo quería ver a su hija. “Me metieron un poco más y entre cinco policías me quisieron someter; me lastimaron mis manos porque me querían esposar”.

Finalmente no la esposaron y pudo ver a Astli.

“Mi hija estaba hinchada de la cara, [con] los ojos rojos de la sangre que tenía. Estaba irreconocible”.

Doña Adriana recuerda que escuchó gritos afuera y de repente, madre e hija, vieron como metieron de un aventón a dos sobrinos, una de sus hermanas y una muchacha que estaba grabando.

“Mi hijo me dijo que ellos defendieron a una de mis hermanas que estaban pateando los policías, entonces, en el forcejeo, mi hijo le dio un manotazo a uno de ellos y entre cinco lo agarraron, le rompieron su ropa, le pegaron, lo sometieron y lo metieron [a los separos]. Como si mi hijo fuera un delincuente. Estaba sangrando de la boca y de la nariz. Fue una impresión muy fuerte por todo lo que nos hicieron y ninguno de los que estaban ahí hizo nada”.

Finalmente la adolescente fue trasladada a la Agencia 57 del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJ, y sus familiares se quedaron en la Coordinación Territorial.

Adriana Valverde asegura que constantemente los amenazaban y les decían que los iban a trasladar directamente al reclusorio: a las mujeres, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y a lo hombres, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Sin embargo, los abogados de la familia llegaron y los dejaron salir a las 11 de la noche aproximadamente.

Impunidad garantizada De acuerdo con la Recomendación 17/2019, el 24 de enero se inició la carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ. A su vez arrancó el procedimiento administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Adriana Valverde y Astli acudieron a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a denunciar las agresiones que sufrieron por parte de los policías preventivos.

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PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO

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Acción policiaca, impunidad garantizada

Sin embargo, sólo pudieron hacer la denuncia en contra de Beatriz Andrea Gil porque no tenían los nombres de los demás elementos de seguridad.

“Es el único nombre que nosotros teníamos porque ella tuvo que entregar a mi hija en la Agencia 57. Cuando llegaron, le preguntaron su nombre y la policía no lo quería decir. Mi hija se puso viva y lo escuchó. No tenemos el nombre de los demás policías porque en cuanto dejaron a mi hija en la [agencia de] Iztacalco todos se desaparecieron”.

Cuando fueron a Asuntos Internos dieron el nombre, les enseñaron una foto y Astli la identificó como una de las oficiales que la agredió. Después de que ambas rindieron sus declaraciones, les dijeron que ya no tenían que estar yendo a las oficinas, que toda comunicación iba a ser vía telefónica.

Posteriormente el Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dio una 22

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conferencia de prensa en la que se hizo una denuncia pública por lo acontecido. A partir de eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se puso en comunicación con la familia de Astli para informarles que había iniciado un procedimiento disciplinario en el área de Asuntos Internos.

Luego de esa llamada, la madre de Astli no supo nada del avance de la denuncia. Hasta que volvió a ir a las oficinas de Asuntos Internos le dijeron que regresara una semana después para que le entregaran una constancia con la que le notificaban que Beatriz Gil estaba destituida de su cargo desde el 22 de marzo de 2019. Lo cual no es cierto, señala Adriana Valverde: “la policía sigue trabajando: la hemos visto y la han visto familiares”.

Por ello, volvió a quejarse en Asuntos Internos.

Los funcionarios le pidieron acudir a la Comisión de Honor y Justicia para darle continuidad al caso.

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Fue y le comentaron que para proceder con su denuncia tenía que tomarle una foto a la policía mientras está trabajando.

“Para mí eso es una burla. Cómo es posible que me digan que tengo que estarla espiando”, señala la madre de Astli. Al respecto, el abogado Víctor Caballero dice a Contralínea que eso no está contemplado en ninguna disposición normativa del Ministerio Público, ni en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco en el Código Penal de la Ciudad de México. “Eso se lo inventó el Ministerio Público para que la familia de Astli ya no estuviera asistiendo a la Fiscalía a darle continuidad a esa carpeta de investigación”.

Con la Recomendación de la CDHCM se determinó que la denuncia que Astli y su mamá hicieron en contra de una de las policías que la agredió tiene que continuar hasta las últimas con-

secuencias, indica el abogado.

“Mientras el gobierno le otorgue impunidad a sus policías y a sus mandos cuando cometen este tipo de atrocidades las van a seguir cometiendo”, subraya Víctor Caballero. Por ello considera que el gobierno debe de cambiar esas estructuras de complicidad, encubrimiento y justificación para eliminar este tipo de prácticas.

Por último, el abogado opina que el caso Astli corresponde a la administración de Claudia Sheinbaum, por lo que la administración federal no puede utilizar el discurso de que es culpa de la administración anterior y la Recomendación de la CDHCM obliga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a revisar y modificar el protocolo de actuación para efectos de que cumpla con los estándares internacionales más elevados, con el fin de erradicar y prevenir los casos de tortura.

ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

Mientras el gobierno otorgue impunidad a sus policías y mandos, éstos seguirán golpeando, abusando y torturando a menores de edad

Violencia contra adolescentes.. Imagen ilustrativa

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Posible

ilegal de malware Pegasus venta

sería muy grave y alcanzaría a

nso grouP: r3d De comprobarse la venta ilegal del malware Pegasus, el caso sería muy grave, señala el experto en seguridad digital Luis Fernando García. El director de la organización R3D apunta que ese acto criminal podría implicar a la empresa NSO Group: el sistema no es un software que se puede copiar, lo que se compra es una licencia para utilizar una infraestructura que opera esa empresa

VIRIDIANA GARCÍA

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l sistema de espionaje Pegasus “no es un software como Windows que tú copias: en realidad, tú compras licencias para utilizar una infraestructura que opera NSO Group Technologies. No puedes copiar y llevarte a tu casa Pegasus: es un sistema que se opera desde una infraestructura que tiene la empresa israelí y solamente tienes acceso para utilizar esa infraestructura”, explica Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Entrevistado por Contralínea en torno a las investigaciones que realiza el Centro Nacional de Inteligencia contra exfuncionarios de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, abusando de su cargo, estarían comercializando ilegalmente el malware espía entre gobiernos estatales y empresas privadas, el experto indica que sí es posible que parti-

“Prácticamente está garantizado el abuso con instrumentos como Pegasus, debido a la falta de transparencia, de regulación y de controles democráticos” culares tengan acceso al sistema Pegasus.

Escéptico, indica que si ése fuera el caso “sería muy grave”, porque “implicaría un acto criminal claramente, implicaría la necesidad de que se esclarezca no nada más el origen de los recursos para adquirir esas supuestas licencias de la responsabilidad que la propia empresa NSO Group tendría, porque no podría ser operada de esa manera sin el conocimiento de NSO Group; y también la necesidad de que se identifique a todas las víctimas de esos ataques. Eso es muy importante porque las personas tienen derecho a saber que su privacidad ha sido invadida y que siguen vulnerables a ataques, extorsión, ataques físicos, etcétera”.

La columna Oficio de Papel reveló que además del CNI, la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga la venta ilegal del sistema Pegasus (en el Estado de México, Tamaulipas e Hidalgo), y que los avances apuntan a que estarían involucra-

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dos los exfuncionarios peñistas Humberto Castillejos, Alfredo Castillo y Alberto Bazbaz.

Luis Fernando García señala que el sistema Pegasus –operado por gobiernos, por particulares o por quien sea– representa un grave riesgo para los derechos humanos de periodistas y defensores. Especialmente, apunta, “por este nuevo método de infección que ha sido revelado en este año que ni siquiera implica la necesidad de que la víctima haga algo, no le tiene que dar click a nada, no tiene que bajar nada, no tiene que hacer nada, simplemente tiene que recibir una llamada a la mitad de la noche y en ese momento está infectado”.

El director de R3D destaca que por “el poder que esta herramienta tiene, aunado a la falta absoluta de transparencia, de regulación, de controles democráticos en este tipo de herramientas, prácticamente garantizan que éstas van a ser abusadas, porque solamente depende de la buena voluntad de una persona y eso no es serio: en un sistema democrático, herramientas tan poderosas no pueden quedar sujetas a ‘la buena onda’ de ese funcionario en particular, sino tiene que haber controles para garantizar que esas herramientas van a ser utilizadas de manera correcta”.

Agrega que cualquier uso sin autorización judicial, sin objetivo legítimo ni medidas de control es ilegal, abusivo y violatorio de derechos humanos, como ya se ha demostrado que ha sucedido en este país.

El experto indica que principalmente se viola el derecho a la privacidad, pero si se tiene en cuenta “que en este país la diferencia entre la autoridad y los grupos delincuenciales a veces es inexistente, el que estas herramientas estén a merced de funcionarios corruptos o de la propia delincuencia organizada, implica potenciar riesgos a derechos como la vida y la integridad personal”.

Y agrega: “la vigilancia no sólo genera una invasión a la privacidad, genera una inhibición al hecho de la libertad de expresión, esa sensación inclusive de vigilancia implica una modificación en la conducta externa: dejas de hacer cosas porque te sientes observado y eso ya es una limitación a tu libertad de expresión, a tu libertad personal”.

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ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

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Y es que con los antecedentes en México, señala, “donde no es raro que autoridades terminen siendo también delincuentes –secuestren, maten, desaparezcan, torturen–, el tener estas herramientas tan poderosas con absoluta ausencia de garantía de rendición de cuentas implica potenciar el riesgo a otros derechos humanos como, reitero, la vida y la integridad personal”.

El poder de Pegasus El malware Pegasus tiene la capacidad de espiar más de 1 mil teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional, y fue el elemento central de toda una modernización de la Inteligencia Militar que costó más de 10 mil millones de pesos, reveló Contralínea en julio de 2012. [https://www.contralinea.com.mx/ archivo-revista/2012/07/22/sedena-bajo-escrutiniopor-ocho-contratos-de-5-6-mil-mdp/ Con base en los contratos, este semanario descubrió que la Sedena fue la entidad del go-

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Comprobado, que el gobierno federal utilizó Pegasus para espiar a los ciudadanos: Luis Fernando García

bierno federal mexicano que adquirió, por más de 2 mil millones de pesos, la Plataforma Pegasus: el más sofisticado programa de espionaje existente hasta entonces, desarrollado por NSO Group.

El software malicioso fue uno de los elementos centrales de toda una reestructuración del “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”, indican los contratos. La otra adquisición central fue un Sistema Táctico de Imágenes para “ver” a través de paredes.

Como lo informó Contralínea, la modernización de toda la Sección Segunda –encargada de las labores de inteligencia militar– se llevó a cabo en tres fases, al final del sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo superior a los 10 mil millones de pesos. Se trató de una restructuración del Centro de Comando y Control, sus subcentros, módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus. [https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/06/22/los-contratos-de-pegasus-espiona-

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Tecnología israelí exclusiva para gobienros “amigos”

je-total-a-los-mexicanos/].

Los contratos revelaban que Inteligencia Militar –y, a través de licencias, otros organismos de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia– podían intervenir, al mismo tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia y 100 smartphones con sistema operativo Android.

La adquisición del “Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones” se realizó por adjudicación directa a la compañía Security Tracking Devices. De acuerdo con fuentes de la Sedena, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tuvo que aprobar personalmente que una compañía estadunidense vendiera tal sistema a un gobierno extranjero.

A la letra, uno de los contratos señala las capacidades de espionaje de Pegasus. Logra el control total del teléfono infectado con el software: “extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea;

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información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Es decir, toda la información procesada por el aparato es recopilada y almacenada por los operadores de Pegasus. Más aún, el dispositivo telefónico se convierte en micrófono y cámara permanentes, y ubica en todo momento dónde se encuentra el usuario espiado.

El mismo documento destaca que el control del smartphone vía remota es un hecho aunque el aparato esté encriptado y esté protegido por antivirus y antiespías. Además, todo ocurre sin que la persona se percate de ello: una de las características de los sistemas adquiridos es “ser indetectables en los dispositivos de hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”, dice textualmente.

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unidades de monitoreo de teléfonos inteligentes y sus estaciones de trabajo. Sólo el módulo central de Pegasus tiene la capacidad de intervenir al mismo tiempo 400 equipos son sistemas BlackBerry, 100 con Symbian (de teléfonos Nokia) y 100 Android (de Google). La Sedena pagó por estos servicios y equipos 1 mil millones de pesos a la cuenta antes citada.

La tercera fase también tuvo un costo de 1 mil millones de pesos. El contrato 4550000006 (folio SAITE-540/2012) da cuenta de la finalización de la instalación y el licenciamiento del software y puesta en operación de Pegasus Mobile Comunication Solution. A las capacidades de intervención de comunicaciones se agregó la de intervenir 400 teléfonos de Iphone.

En esa tercera fase quedó también instalado el Sistema Táctico de Imágenes a través de Paredes.

Un radar que permite ubicar personas y objetos en inmuebles objetivos.

Toda la información procesada por el smartphone es recopilada y almacenada por los operadores de Pegasus.

El dispositivo se convierte en micrófono y cámara A los 2 mil 650 millones de pesos que suman los montos de estos contratos se agregan otros cinco para adquirir productos y servicios relacionados con la modernización de las actividades de inteligencia de la Sección Segunda, por casi 3 mil millones de pesos.

Se trata de cinco convenios –también adjudicados a Security Tracking Devices– para adquirir, entre otros equipos y servicios, dos sistemas de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético; ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos documentos se firmaron entre el 21 de diciembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, bajo los números 4500006718 (folio SAITE-1462/2010), 045 00006876 (folio SAITE-520/2011), 4500006908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147 (folio SAITE-782/2011),4500000525 (folio SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAITE-539/2012).

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La adquisición de los equipos y servicios de la Sección Segunda del Ejército estuvo a cargo de la Dirección General de Administración.

Todos los contratos se adjudicaron de manera directa.

Formalmente, los sistemas se utilizarían para apoyar las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la Sección Segunda (dirigidas especialmente contra los movimientos subversivos), pero también las de la Sección Séptima, encargada de las operaciones contra el narcotráfico.

Además de Security Tracking Devices, la otra empresa a través de la cual se adquirieron los equipos y servicios –sobre todo para la Fuerza Aérea– fue la también estadunidense AV y D Solutions.

Fueron 18 los contratos y convenios que entre 2010 y 2012 celebró la Sedena para adquirir equipos y servicios que modernizarían las capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Contralínea obtuvo ocho de ellos: tres contratos y cinco convenios modificatorios por 5 mil 628 millones de pesos, aquellos que en 2012 eran auditados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran los de la Plataforma Pegasus.

La primera fase del Sistema de Inteligencia para Sección Segunda de la Sedena se adquirió a Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, mediante la firma del contrato 4550000033 (folio SAITE-1203/2010) por 650 millones de pesos. Se trató de la remodelación física del Centro de Comando y Control y su preparación técnica para albergar los equipos que se instarían y garantizar su funcionamiento. La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander.

El contrato 4550000007 (folio SAITE-539/ 2012) da cuenta de la adquisición de la segunda fase del Sistema. Security Tracking Devices comenzó la instalación del Pegasus: el módulo central desde donde se opera esta plataforma de intervención de comunicaciones con sus ocho

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DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LA VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE NAYELI ESCALONA, TEXTO Y FOTOS

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quí nadie roba: si vas a estar aquí, [debes hacerlo] tranquilo y sin ofender”, dice Brayan cuando se le pregunta sobre su vida en la comunidad callejera de La Mariscala.

“Yo vivo feliz y a gusto”, dice, luego de narrar que huyó a la edad de 9 años de su hogar, por decisión propia. Hoy, a sus 54 años, desarrolla su vida en las calles, juntando y vendiendo cartón. Sus herramientas de trabajo son su “carrito tamalero” y una “llave de seguridad”.

Con otras siete personas y un perro llamado Canelo, Brayan vive

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sobre una banqueta, en la esquina de Tacuba y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CMDX).

En la capital hay un total de 6 mil 754 personas en situación de calle, de las cuales 4 mil 354 habitan en el espacio público, y los 2 mil 400 restantes son atendidos en albergues y Centros de Asistencia e Integración Social, refiere el Diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018.

Este análisis divide a las poblaciones callejeras en tres según sus conductas sociales: creación de grupos abiertos de cuidado mutuo, conducta solitaria y conducta adictiva.

Los habitantes de La Mariscala cumplen con la conducta de cuidado mutuo: se reúnen de forma continua durante el día, nunca están completos porque la mayoría trabaja, sólo se ven para comer, descansar y por las noches, para dormir. Aunque no son familia, se tratan como una.

José Luis Parra o Santa Marta también es integrante de la comunidad. Salió de su hogar en Puebla para no dar un mal ejemplo a su familia, debido a su adicción al alcohol y a otras sustancias. Actualmente vende chocolates, rastrillos y cigarros en las calles del Centro Histórico. En su espacio tiene lo necesario para aguantar el frío nocturno junto con su pareja, a quien conoció en las calles. Para Santa Marta, como le gusta que lo

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nombren, el aseo es muy importante, por eso se baña y lava su ropa en las fuentes de la Alameda Central a las 5 de la mañana.

Dentro del grupo también está José Luis, conocido como el

muletas, un hombre de mediana edad, discapacitado, que pide caridad frente a la banqueta. Es de los pocos que tiene pareja dentro del grupo; ella, cuyo nombre no quiso revelar, lo apoya y vende chicles

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para sacar unos cuantos pesos.

Un chico huérfano de nombre Juan Adrián Montalvo, amigo de la comunidad de La Mariscala, se prefiere solitario. “La sangre y el terror me roban la confianza de vivir en

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las calles como ellos”. Por eso, explica a Contralínea, busca espacios cerrados y seguros, como cajeros de bancos y entradas de edificios.

La violencia que aqueja su mundo lo perturba. El joven cree fielmente que el arte de ser payaso le da el poder único de compartir amor, fé, caridad y esperanza.

Se gana la vida sacando sonrisas, pero el dinero que obtiene es insuficiente para buscar asilo seguro.

Para ellos todo es violencia.

Samuel se desplaza de La Mariscala a Artículo 123 esquina con Revillagigedo, donde recolecta cartón para después venderlo. De origen tabasqueño vino a la Ciudad buscando mejores oportunidades de vida. En su anterior trabajo, como recolector de limones en su tierra natal, ganaba mejor: por el cartón nacional obtiene 1 peso; por el de Estados Unidos, 1.50 pesos.

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En esa calle de Artículo 123, sobre todo en la esquina con Balderas, se observa una gran población de personas en situación de calle. Todos son adictos al alcohol y las sustancias psicoactivas.

Adrián y Samuel viven a diario la discriminación y estigmatización, pese a que se ganan la vida honestamente. Lo que ganan no les alcanza para salir de la extrema pobreza en la que sobreviven.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad

de México define a esta población vulnerable como “toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales”.

Estas personas ocupan plazas, puentes, edificios abandonados, camellones y banquetas por diversos factores, que incluyen la falta de opciones, decisión propia, adicciones, desintegración familiar y violencia en el hogar.

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Las cuatro alcaldías con mayor presencia de personas sin hogar son Cuauhtémoc, con 1 mil 303 individuos; Gustavo A Madero, con 1 mil 3; Venustiano Carranza, con 869; e Iztapalapa, con 465, indica el Diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018realizado por el Instituto de Asistencia e Integración Social (ahora Instituto para la Atención de Poblaciones Prioritarias) y la Secretaría de Desarrollo Social local (ahora Secretaría de Inclusión y Bienestar Social).

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MUJERES EXIGEN ALTO A VIOLENCIA

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on pancartas, tambores, silbatos, pañuelos verdes y banderas moradas con la leyenda “Ni una más”;,miles de personas, en su mayoría mujeres, marcharon este 25 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, para exigir un alto a los feminicidios que ocurren diariamente en el país y contra las violencias que atentan la vida y dignidad de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, madres, jóvenes, estudiantes, colectivas feministas, asociaciones civiles y familiares de víctimas de feminicidios recorrieron las calles de la

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capital y reclamaron “justicia para los casos de violencia de género que han quedado impunes y seguridad para que las mujeres puedan vivir sin violencia”.

Desde el inicio de la manifestación, el contingente de aproximadamente 3 mil personas fue resguardado por un “cinturón de paz”, conformado por mujeres trabajadoras de entidades gubernamentales, así como por barricadas formadas por mujeres policías.

“Son tiempos de guerra, de batallas, y muchas son en contra de las mujeres. Nos están matando, violando y obligando a parir. Nos están llevando a la muerte por no obedecerles.

Nos quieren separadas. Tenemos el

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cuerpo hecho de historias diferentes, aquellas que nos recuerdan las heridas y las violencias machistas a las que nos enfrentamos diariamente”, expresó una integrante de la Asamblea Feminista Autónoma e Independiente de México.

Y es que en México matan a 10 mujeres cada día por razones de

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fueron: “¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”; “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”; “Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos; porque vivas, vivas estamos, vivas nos queremos”; y “No, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado”.

Una vez en la plancha del Zócalo, integrantes del colectivo Las Constitu-

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odio al género; además, cada 4 minutos una mujer es violada, y en 1 año; sólo uno de cada 10 agresores llega a la cárcel; seis de cada 10 mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia; y el 41 por ciento han sido víctimas de agresión sexual, informó una miembro de la colectiva feminista Marea Verde.

Algunas de las consignas que se escucharon durante la manifestación

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yentes CDMX aseguraron que “no se dará un paso atrás a nuestra lucha. La Ciudad de México y la República deben ser un lugar seguro para las mujeres y niñas. ¿Cuántas vidas más costará la ineficiencia de las autoridades y servidores públicos?”

Por su parte, Feministas con Voz de Maíz expresaron: “no queremos ser valientes, queremos ser libres. Nos revelamos contra el sistema capitalista, machista, ecocida y neoliberal”.

“Hoy soy la mujer que le exige al Estado su derecho de volver a casa.

Soy la marimacha que toma los puestos de hombre; la pecadora la del pañuelo verde (...) Yo sí te creo. Hasta que quede ningún abuso sin de-

pienso mover de aquí hasta que con vida nos entreguen lo que con vida se llevaron. Soy una de las nueve mujeres enterradas vivas en este impune matadero que llamamos México”.

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Al final de la manifestación, las mujeres hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Más le vale, señor Andrés Manuel, que cumpla su palabra porque no me

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nunciar. Te advierto: mi cuerpo es mi primer patrimonio. Soy la que con el divino talibán prende fuego para calentar la trinchera”, exclamó una de las asistentes.

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¿PUEDEN RECOMPONERSE

LAS FUERZAS PROGRESISTAS EN BRASIL? Las fuerzas progresistas de Brasil tienen el inmenso desafío de recomponerse, unirse y trabajar para un buen desempeño en las elecciones municipales de 2020 o correr el riesgo de ampliar la influencia de la ultraderecha. Lula, llamado a tomar un papel unificador

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AMÍLCAR SALAZAR OROÑO, DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) Y MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO, BRASIL/CELAG

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a salida de prisión de Luiz Inacio da Silva, Lula, suma un elemento importante al espacio de las fuerzas progresistas brasileñas, mejorando sus condiciones de desarrollo. Por el peso político de su figura, seguramente sus intervenciones modificarán la trayectoria que viene evidenciando este sector político desde el fraudulento juicio político a Dilma Rousseff, y que se expresó electoralmente en las municipales de ese mismo 2016 y en las presidenciales del año pasado (que le dieron la victoria a Jair Bolsonaro).

Se trata de un espacio político que, bajo una constante presión mediática, judicial y político-ideológica, ha desplegado dos tendencias de respuestas en su supervivencia: por un lado, tendencias centrífugas y fragmentadoras, con declaraciones críticas y altisonantes de algunos dirigentes contra otros (siendo el caso más notorio la batería de cuestionamientos de Ciro Gomes –Partido Democrático Trabalhista, PDT– al propio Lula), impugnándose conductas, interpretaciones pasadas o posicionamientos frente al propio gobierno de Bolsonaro. Por otro lado, prácticas centrípedas y convergentes hacia la unidad del espacio, intentando homogeneizar miradas, acciones y posturas, tratando de potenciar el rechazo hacia el gobierno actual y a sus soportes mediáticos, institucionales y geopolíticos. Es una versión necesaria para la ciudadanía en general y puede observarse, sobre todo, en el ámbito parlamentario y en determinadas rutinas de reuniones periódicas entre los presidentes del Partido dos Trabalhadores (PT), Psol (Partido Socialismo y Liberdade), PDT y PSB (Partido Socialista Brasileiro). Habrá que ver qué tendencia se impone.

Las fuerzas progresistas y la competencia municipal de 2020 Es importante aclarar que no toda oposición al gobierno de Bolsonaro tiene

un carácter progresista. Hay partidos que en el Congreso (o fuera del mismo) se han opuesto a cuestiones puntuales del Gobierno, más con intenciones de presionar por mayores cuotas de poder que para instalar una determinada perspectiva de resolución de los problemas públicos. En este sentido, el espacio estrictamente político partidario progresista estaría integrado –tomando como criterio la representación parlamentaria federal– PT, el Partido Comunista do Brasil (Pcdob), el Psol, el PDT, el PSB y Rede Sustentabilidade (Rede), fuerzas que, en ese ámbito y en otras arenas de lucha política y social, se acercan, se alejan, se juntan, se critican. No es un bloque muy numeroso: con algunos agregados prestados, el número podría ascender a 100 diputados (de 513), lo que habla a las claras de la posición minoritaria que tiene hoy en día el espacio. Sin embargo, en los últimos meses, una propuesta de modificación a la normativa tributaria vigente los ha acercado de otra manera, lo que permite una consideración de conjunto.

Los recursos institucionales son siempre un parámetro de medición y comparación, cuestión que cada uno de los partidos hace valer al interior del espacio de oposición progresista. Por ejemplo, el PSB, que tampoco fue un ejemplo de conducta moral durante el impeachment a Dilma – hubo parlamentarios que votaron a favor, al igual que en el PDT– es el partido del espacio, respecto del poder territorial, que mayor cantidad de alcaldes tiene –entre las 100 ciudades de más de 270 mil habitantes–. Claro, lo es frente al resto en un contexto objetivamente muy desfavorable: en dicho listado (municipios por partido) el PSB está tercero, administrando nueve ciudades, bien detrás de las 28 que administra el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) y las 16 a cargo del MDB (Movimento Democrático Brasileiro). La amplia mayoría de esas 100 ciudades están gober-

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nadas por partidos conservadores y políticos de derecha que, en su mayoría, buscarán la reelección el año que viene.

El PT, por ejemplo, no gobierna ninguna ciudad de ese listado, lo que es un elemento no menor para pensar en el grado de expectativa de su performance electoral

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venidera. Ello a consecuencia de varios motivos, entre ellos el de cómo organizó el propio PT su coalición gubernamental cuando estaba en el poder: para congraciarse con sus aliados de entonces –buena parte de los cuales terminaron traicionándolo– prefirió, por ejemplo, en las municipales del 2012, dejar que las candidaturas fueran asumidas por “socios” y no por propios, iniciando a partir de entonces una debacle municipalista del partido –justamente “lo local” había sido un sello de crecimiento histórico del PT desde su fundación en 1980– de la cual los números actuales son su efecto manifiesto. Algunos discursos de Lula de los últimos días, y de otros líderes en el reciente Séptimo Congreso Nacional del partido, dan algunas pistas sobre la importancia que le otorga el PT a recuperar esa “capilaridad municipal” para así poder proyectar mejor la “polarización” con Bolsonaro.

El PDT tiene algunos recursos políticos objetivos, una determinada tradición política (el laborismo brasileño), poder estadual, y una figura política nacional con un nivel alto de instalación –Ciro Gomes, tres veces candidato presidencial, exgobernador de Ceará, exminstro de Lula y Fernando Henrique Cardoso– pero que en la última elección presidencial, al no ingresar al balotaje, decidió retirarse de la campaña contra Bolsonaro y no acompañar las recorridas de Fernando Haddad, en sintonía con esas “tendencias centrífugas” que por momentos caracterizan el espacio. Si la posición del PDT está más próxima al PSB, la del PT –que es por afiliaciones, cantidad de gobernadores, mayor número de parlamentarios y conexiones con diversos sectores de la sociedad civil el principal partido (progresista) de la oposición y el principal partido político del país– lo es al Pcdob y al Psol, quedando Rede oscilando entre unos y otros subgrupos. Ello es algo natural, dado que Rede es una agremiación muy pequeña, aunque sus senadores Randolfe

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Rodrigues y Marina Silva tienen bastante predicamento en la opinión pública. Habrá que ver si la consolidación de este espacio progresista se da a partir de estos sub bloques de unidades, si es que se da; esta cuestión seguramente será determinante para su perfil, algo que todavía está por verse.

Los liderazgos y los progresismos Las próximas elecciones municipales –más de 5 mil 500 municipios– del año próximo serán las primeras en las que no se podrán hacer coaliciones electorales para cargos proporcionales [1], lo que impulsa, a nivel de colegiados municipales, que los partidos opten por encabezar listas con nombres propios con capacidad de arrastre

(disminuyendo hipotéticamente el número de partidos competitivos). En todo caso, será una disputa donde prevalecerán las figuras, poniendo a prueba la densidad de los liderazgos progresistas. En ese sentido, seguramente la campaña para la Alcaldía de Río de Janeiro de Marcelo Freixo será la gran apuesta del Psol, con el contrapunto que seguramente tendrá con el candidato oficialista, y por la expectativa de lo que fue su anterior perfomance.

Sucede que los partidos dependen sus liderazgos: más aún en un país como Brasil, donde la instalación y la renovación de los liderazgos progresistas –es decir, aquellos que nunca contarán con el beneplácito de los aparatos ideológicos del Estado para su promoción– es muy trabajoso, y ello estimula la confirmación en el tiempo de un

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determinado elenco de nombres. Sea con Flavio Dino o Manuela D’Avila (Pcdob), o con Joao Campos o Carlos Siquieira (PSB) en un contexto como el actual, los partidos priorizan a aquellos dirigentes que pueden establecer el mejor contrapunto con quien está en el centro de la escena política: Jair Bolsonaro. Por eso también la importancia de Lula para el PT y para el conjunto del espacio progresista; porque Lula es la posibilidad de unificar impactos contra el discurso preparado desde el dispositivo gubernamental.

Esta es una dimensión en la que la fragmentación del espacio conspira sobre la eficacia del conjunto: en la medida en que prevalezcan los recelos y las “tendencias centrífugas” la visión bolsonarista del mundo seguirá expandiéndose. Y se sabe

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que no es cualquier cosa. En estos meses de gobierno, el discurso –y la práctica– gubernamental ha demostrado ser francamente tan deprimente o peor que los dichos del candidato cuando estaba en campaña. Es un coro de absurdos y agresividades permanentes –donde, como muestra, sirva el hecho de que el ministro de Educación se define como monárquico [2] y el ministro de Justicia justifica la impunidad policial–, un rol atento y fiscalizador del progresismo debería contrarrestar todo el tiempo. Eso mismo es lo que Lula intuye como tarea política para la etapa y por lo cual se lanzará –él mismo no puede candidatearse por la legislación de “Ficha Limpia”– a recorrer el país empujando las candidaturas del PT, con una pedagogía que instale otras interpretaciones y lenguajes sobre la dialéctica

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Molon –exmiembro del PT y actual líder de la oposición en Diputados, por el PSB– al comentar lo ocurrido en el caso del Frente de Todos en Argentina, que posibilitó poner fin a Macri en el gobierno [5]. Como sea, Brasil necesita más que nunca de su espacio progresista y de las imaginaciones que de allí surjan.

Notas [1] https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/reducao-de-partidos-e-efeito-incerto-com-nova-lei-eleitoral.shtml [2] https://www.huffpostbrasil.com/entry/ polemicos-educacao-bolsonaro_br_5dd01e6ee4b01f982f02be66 [3] https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/ noticias/lula-fala-sobre-pt-bolsonaro-lava-jato-e-economia-veja/ [4] https://www.pdt.org.br/index.php/ pdt-traca-estrategias-para-eleicoes-municipais-de-2020/ [5] https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/ noticias/aras-chama-de-celebre-o-dia-do-golpe-militar-de-1964/

Brasil necesita más que nunca de su espacio progresista y de las imaginaciones que allí surjan.

Lula unificará pero será rebasado

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social. Lula se ha dado cuenta que hay un “mundo nuevo con el cual el PT tiene que dialogar”, donde ya no hay una clase trabajadora como cuando se inició el partido, sino nuevos jóvenes trabajadores que “la única relación de trabajo que conocen no es la de la contratación formal sino un teléfono celular que tiene que recargar todo el tiempo desesperadamente” [3].

Ese será un eje de la “campaña política” del PT. El otro lo mencionó Gleisi Hoffmann al asumir un nuevo mandato como presidenta del partido: “queremos a Lula recorriendo el Brasil; queremos a Lula presidente de la República nuevamente”.

Habrá que ver qué hacen los restantes partidos con esa afirmación de principios. El PDT parece ser el más decidido a no participar de un “lulismo” rejuvenecido [4]; se verá. El Psol, más cercano; luego de ciertos amagues, también el Pcdob. Pero quizás no todo deba reducirse a ir detrás de Lula. También puede haber otras fórmulas, un frente democrático bien amplio (incluso más amplio e inclusivo que los partidos mencionados) como lo sugirió Alessandro

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EL ODIO AL INDIO El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida; también en sociedades poscoloniales, es el éxito de una democratización material alcanzada. Las clases medias tradicionales no pudieron soportar una democractización del Estado que incluyera a los indígenas

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ÁLVARO GARCÍA LINERA, EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIA

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omo una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados.

Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan –como si fuera un destacamento de caballería– sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con

igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51 por ciento de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60 por ciento del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40 por ciento de los votos y más de 10 por ciento de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios.

En la noche del lunes 21 se quemaron cinco de los nueve órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

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de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares– vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas.

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Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos –y el balance

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Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían ocho balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18

Para proteger al indio se requería un decreto.

Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba

muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es: ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las Fuerzas Armadas y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15 por ciento), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50 por ciento de los funcio-

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En 1 década el porcentaje de personas de la clase media pasó del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas narios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9 mil millones de dólares a 42 mil, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35 por ciento al 60 por ciento, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de

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los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado –reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes– sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase me-

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piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

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dia por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la

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LEY ECONÓMICA URGENTE OTRA DERROTA DE LENÍN MORENO El rechazo legislativo a la Ley Económica Urgente deja al gobierno aún más debilitado, aunque todo indica que seguirá buscando imponer esos objetivos. Lo cierto es que la administración de Lenín Moreno cada vez se queda con menos aliados y menos margen de maniobra

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NICOLÁS OLIVA, MAESTRO EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO POR LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y MAESTRO EN ECONOMÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA/ CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

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l gobierno de Lenín Moreno sufre la segunda derrota consecutiva en menos de 2 meses: en el pasado octubre tuvo que recular en la subida de los combustibles y el pasado 17 de noviembre la Asamblea decidió negar y archivar la Ley Económica Urgente que pretendía, entre otras cosas, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer algunos impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT) y, tal vez lo más determinante, “entregar” la dolarización a la banca privada.

Este segundo revés deja al gobierno aun más deslegitimado y con pocos resortes políticos. Los pactos a conveniencia le fallaron y casi todos sus eventuales socios le dieron la espalda. Para la vieja política, el gobierno ya huele a naftalina. Jaime Nebot, su amigo y con quien ha cogobernado hasta ahora, no lo apoyó para esta última intentona: el mismo Partido Social Cristiano (PSC) propuso la moción en el pleno para que la Asamblea vote por archivar el proyecto, lo cual se logró en segunda votación y con escasos votos: de 70 de 137). El bloque de Moreno (Alianza País) se dividió y un grupo importante de sus asambleístas se abstuvo de la votación, lo que dejó al gobierno sólo con el banquero Guillermo Lasso, contrincante de Moreno en las últimas elecciones – y quien, como es lógico, tenía únicamente intereses concretos y personales en el proyecto–. Estos intereses estaban puestos en: i) la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; ii) una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía, y iii) la ley rompía algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

¿Por qué no pasó la ley?

Ayer la Asamblea no rechazó el proyecto

porque quisiera respetar la voz de las mayorías sociales, sino que la correlación de fuerzas estaba indicando: Que el PSC ya avizora la carrera presidencial del año 2021, y un proyecto impositivo no es lo mejor para sus aspiraciones.

Moreno comienza a ser un pasivo para sus intereses.

Que la ambición de la banca por controlar la dolarización a conveniencia les hizo cometer el error de enviar un proyecto que modificaba todo el marco monetario en una ley urgente que sólo tiene 30 días para su tratamiento. La ambición les costó caro. Era un proyecto con más de 400 artículos, que mezclaba materias, con muchos rasgos de inconstitucionalidad y sin un sustento técnico ni respaldado en cifras. En este contexto, Alianza País se dividió ante el miedo de dejar al Ecuador a las puertas de una virtual salida de la dolarización. Esto provocó que una parte del bloque de AP se abstuviera de votar e hirió de muerte al proyecto.

Que la dolarización es, tal vez, el único pacto tácito entre clases. El gobierno, con profundo desconocimiento, no supo cómo justificar por qué la “independencia” del Banco Central (BC) salvaba la dolarización al mismo tiempo que proponía bajar el ISD, eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse. El famoso eufemismo de la “independencia del BC” no evitó el feriado bancario de 1999 y nada pudo impedir que la banca socialice las pérdidas privadas en su momento. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? El miedo a una crisis monetaria, articulada desde las redes sociales, debilitó la correlación de fuerzas del gobierno.

El frente popular festeja, con razón, esta derrota de la plutocracia. No obstante, Moreno insiste y en estos días volverá a enviar un nuevo proyecto urgente evitando los errores políticos cometidos. En este caso, y con

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un débil marco democrático creado por él mismo, no es fácil saber qué pasará con la nueva ley. Con excepción del correísmo, el resto de bloques en la Asamblea se mueve a conveniencia. Probablemente, Moreno termine imponiendo la agenda tributaria mas no las reformas monetarias, que tendrán otro tratamiento en la Asamblea. Al menos por ahora.

La crisis económica es grave no sólo por ¿Qué futuro le espera a impericia, sino la política económica de porque el equipo Moreno?

La crisis económica es grave, no sólo por empresarial del la impericia en la política económica, sino gobierno prefirió porque el equipo empresarial del gobierno contratar deuda demostró que prefirió contratar deuda externa más que ajustar la economía. Ya van externa antes 30 meses de descuido de la economía mienque ajustar tras el gobierno vive de la política. Hoy el dé-

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ficit fiscal es incontrolable, el sector externo está desequilibrado, la economía ya entra en recesión y el empleo comienza a precarizarse y a escasear. No hay ningún síntoma de que la política económica vaya a llevarnos al

crecimiento económico. El gobierno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6 mil millones. Claramente insuficiente. Propone una proforma presupuestaria con supuestos de difícil cumplimiento (monetización de activos) y con un gran componente de pago de deuda (21 por ciento). Habla de cerrar déficit, pero propuso bajar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las tabacaleras, bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los periódicos, ampliar las devoluciones a los exportadores, bajar aranceles, más incentivos al sector empresarial y eliminar el anticipo y algunas retenciones del Impuesto a la Renta. Reduce el poder de la administración tributaria para defender y cobrar deudas impositivas en los tribunales. En fin, socava al sistema de impuestos.

En segundo lugar, y sabiendo que el ajuste debe ser llevado a cabo, el ministro de Economía ha sido claro en que el ajuste será hecho por abajo y no por arriba. Es decir, buscan un ajuste del salario y las condiciones de vida de los trabajadores mientras siguen apostando por favorecer la tasa de ganancia

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de grandes importadores y comerciantes. No advierten, hasta ahora, que un ajuste fiscal con déficit de cuenta corriente es un suicidio económico y van directo a ello. No existe tal oxímoron de “austeridad expansiva”: la austeridad no conduce al crecimiento sino a la recesión. El ministro Richard Martínez sigue esperanzado en que la inversión privada despegue y la “lluvia” de Inversión Extranjera Directa comience a llegar copiosamente.

Todo indica que eso no ocurrirá, menos aun en un contexto donde el gobierno deja ver su falta de norte económico. La crisis está en marcha y no hay nada que la detenga.

En esta situación Lenín Moreno tiene 2 opciones: 1) un ajuste más profundo o 2) continuar con la ilegítima deuda externa. Lo primero es probable, y el PSC y los grupos económicos buscan aquello. No obstante, en un contexto de descrédito del gobier-

no, le tocaría aplicarlo con una estrategia militar en las calles. Lo segundo parece ser lo más probable, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al gobierno. Este escenario nos dejaría, a todas luces, con el gobierno con más deuda externa tomada desde la dolarización; ello porque sólo estará 4 años, ha tenido precios del petróleo aceptables y recibió una economía con problemas pero en recuperación, que necesitaba medidas a tiempo.

Tenemos que entender que la deuda externa de Lenín Moreno ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública. Por ende, la deuda de Moreno es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró.

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020

Año 18 • Número 674 • $30