El Estado integrador

por compromiso todos los estados nacionales. Desde la década de 1990 el interés internacional se ha concentrado en la necesidad creciente de contar con instrumentos y marcos conceptuales más precisos para definir la pertenencia étnica. Abandonado progresivamente el criterio de clasificación racial, el criterio lingüístico sigue vigente como referente para la identificación de las diferencias étnicas y culturales en general. Así, se habla de “indígenas urbanos” (Valdivia 2002; citado por Pajuelo 2006), siguiendo el criterio lingüístico, y los censos han incluido el idioma como una variable que permite conocer la condición étnica de la población. Además, se consideran actualmente otros principios, como la autoidentificación, la ubicación geográfica y, en menor grado, los rasgos fenotípicos.

Desde la perspectiva nacional, durante la última década han aparecido en el Perú organizaciones que reivindican sus orígenes indígenas, participan activamente en movimientos sociales locales y buscan participar en movimientos de más largo alcance.

Entre los planteamientos de las Naciones Unidas y la hegemonía de lo popular en los discursos dominantes sobre la sociedad nacional, las instituciones del Estado optaron intermitentemente por considerar u obviar referencias a la condición étnica y cultural de la población nacional. Así, los criterios de identificación étnica en los registros censales han tenido una presencia irregular en los últimos años. Refieren Trivelli (2005) y Pajuelo (2006) que el censo de 2005 no consideró ningún factor de identificación étnica, por lo que los resultados arrojaron que los grupos así definidos eran una minoría casi extinta. El censo del 2007, en cambio, recurrió a la lengua materna como un criterio de identificación, con el resultado paradójico de una población hablante de lenguas nativas que había decrecido en un sentido proporcional pero había aumentado en términos absolutos, esto por el crecimiento poblacional de las décadas pasadas.

En los últimos años se está produciendo un notorio cambio de orientación en las políticas del Estado respecto de las poblaciones indígenas, con la creación del Ministerio de Cultura, que incluye un Viceministerio de Interculturalidad, en cuya agenda está la promulgación de la Ley de Consulta Previa sobre las actividades económicas que afectan a los puebos indígenas y campesinos, y sobre Pueblos No Contactados o En Aislamiento Voluntario. En ambas se validan los criterios de clasificación étnicos y la representatividad de las organizaciones indígenas.

Identidades en juego

El alejamiento voluntario de la población respecto del término indio como adscripción étnica fue también consecuencia de su lucha por liberarse del régimen que incluía su estigmatización. Este término nació como parte fundamental de la dominación étnica; era, al fin y al cabo, expresión de una condición colonial (Bonfil 1972; citado por Pajuelo 2006:39). El término indígena, aunque posterior, pasó a cobrar el mismo significado estigmatizador. El uso de esta palabra –de etimología distinta al término indio,12 al que sustituyó en la política indigenista– no significó una variación en las relaciones ni en el estatus del poblador indígena dentro de la sociedad regional o nacional. De hecho, no sustituyó en la práctica social a la antigua denominación. Por otro lado, mantuvo la misma impronta al definir a las poblaciones rurales descendientes de las poblaciones originarias como un conjunto indiferenciado, necesitado de protección, educación y planes de desarrollo. No se trató de un término reivindicado por las poblaciones así definidas. No es común que en la sierra la gente acepte identificarse con estos términos: la identificación étnica no se formula de manera explícita en términos étnicos (Pajuelo 2006:30). En una situación dominada política y simbólicamente por el régimen de hacienda, que aún mantenía el término heredado de la Colonia con sus connotaciones negativas, la desindianización legal era consustancial a la desaparición de la hacienda como sistema.

La literatura académica se dedicó a explicar la desindianización como el producto de la particular dinámica social peruana del siglo XX, presentándola como un proceso natural. Como si su propia percepción, que tuvo implicancias políticas diversas, algunas contradictorias, como la campesinización oficial de la población rural e indígena, la mitología que rodeó el ascenso político de Fujimori y el etnocacerismo–, no hubiera sido también una construcción teórica producida por un programa y una coyuntura específicas.

Según Sánchez (1994) y Pajuelo (2006), las transformaciones sufridas por la población indígena fueron, en términos generales, similares en todos los países andinos, solo que en el Perú este proceso no generó, como en

12 El término indígena proviene del latín, y se traduciría como “originario del país del que se trata” o en su sinónimo “nativo”.El término “indio” es producto de la confusión inicial de los europeos del siglo XVI que creyeron que el continente americano era el extremo oriental del continente asiático, conocido como las Indias. Durante los siguientes siglos de colonización del mundo por Europa, América también sería llamada Indias Occidentales, para diferenciarla de las Indias Orientales, como fue llamado el contienente asiático.

Bolivia o Ecuador, la afirmación de las identidades étnicas de los campesinos indígenas, sino un proceso masivo de desindianización. Ante una sociedad que establecía fronteras de desigualdad sobre criterios étnicos, se habría optado por disolver estas fronteras; la revaloración se expresó no en el nivel étnico sino en el de las culturas locales y regionales y en la conformación de redes sociales patentes en clubes de migrantes en la ciudad.

Esto refrenda lo que en última instancia ha sido el resultado de un proceso que no solamente proviene de los esfuerzos de la población rural, marginada y sometida a un régimen de servidumbre, por el acceso a la ciudadanía, sino de una serie de disposiciones dadas por el Estado para acceder a estos derechos, inspiradas en los diagnósticos elaborados por las ciencias sociales, que a su vez partían de un proyecto modernizante de país. Los canales de reconocimiento dispuestos por el Estado siempre implicaron una serie de condiciones que a la larga significaron la mediatización, cuando no desaparición de cualquier forma de asociación y organización originaria sobre el presupuesto de rasgos culturales compartidos. La desindianización construyó sus símbolos con las figuras míticas del mundo indígena. Tal pasó con Tupac Amaru, convertido en emblema por la propaganda oficial del gobierno reformista de Velasco Alvarado, a quien se atribuyó la liberación del campesino antes que del indio.

Las poblaciones rurales se acogieron a este discurso en un momento de lucha por sus derechos territoriales –iniciando la toma de tierras que conmovió a la región altoandina en la década de 1960 y casi termina con la desactivación de las cooperativas creadas con la Reforma Agraria– y de acceso a los medios que les permitirían el ejercicio de una ciudadanía. No se ha hablado aquí del papel que cumplen en tal elección el mercado, los medios de comunicación o el sistema judicial y los programas de desarrollo, todos los cuales se encauzan a través de los canales formales, cuyo papel ha sido la difusión de contenidos y procedimientos propios de la sociedad urbana dominante, obviando cualquier referencia a la diversidad cultural, reducida ya a manifestaciones culturales de identidad local. De diversas maneras, la integración a los conductos formales para acceder a los beneficios de la ciudadanía y la modernidad ha significado la limitación de los medios por los cuales una sociedad rural subalterna pueda actuar como entidad propia. Hubo que esperar a la Constitución de 1979 para que el voto incluya a la población analfabeta, dentro de la cual estaba una parte importante de la población monolingüe en lenguas nativas.

Con la campesinización oficial de la población rural en 1969, la dimensión étnica fue invisibilizada y esta fue tratada como una masa común e indiferenciada, tanto de parte de las políticas de Estado como de las agrupaciones políticas. La diversidad de términos y categorías usada por las poblaciones locales y las muy diferentes realidades en que se desenvuelven dichas poblaciones en las áreas rurales desaparecieron oficialmente y fueron sustituidas por criterios de clasificación basados en la ocupación y la propiedad, que se difundieron a través de los canales oficiales, el sistema educativo y la actividad política. Desde una perspectiva de etnicidad, el efecto de tal sustitución de los términos de referencia fue que se siguió subsumiendo bajo otro nombre la diversidad cultural existente en la región altoandina.

Al rebautizar al indígena como “campesino” se pone el acento a la vez sobre el lugar de residencia –el campo–, su situación de dependencia del centro urbano y su posición de clase subordinada frente a otros grupos ocupacionales. Los aspectos culturales y lingüísticos son simplemente condiciones adicionales que agravan la marginalización del campesino en la sociedad nacional que lo explota. (…) por no dar toda la importancia que merece al componente étnico de la subordinación de los indígenas, el Gobierno reformista cae en una especie de paternalismo tecnocrático que, desde el punto de vista del indígena, no va mucho más lejos de una circulación de élites mestizas. El hecho masivo de la barrera étnica entre reformador y “reformado” deja intacta la estructura de dominación étnica, aunque afecte en algo las relaciones de clase dentro del sector no indígena (Van den Bergue 1973:12).

Desde nuestra perspectiva, que la aparición del contingente popular haya sido considerada el producto de una superación, en todos los términos de la existencia humana, de la condición de las poblaciones en proceso de urbanización lleva implícito un tipo muy similar de minusvaloración de los pueblos rurales subalternos en tanto tradicionales, pretecnológicos, atrasados o simplemente pobres. En última instancia esta teoría social ha sido mucho más que un instrumento de análisis, ha sido un programa de acción cuyo fin fue la constitución de una sociedad nacional, ha partido de un modelo de país y ha establecido una normativa acerca de cómo los diversos sectores sociales deben ser vistos y tratados en la acción social por los intelectuales, las instituciones y el Estado.

Partiendo de tal intención, se describe a grupos humanos particulares con categorías generalizadoras según las corrientes teóricas y el discurso