Entre la diferencia y la desigualdad
por compromiso todos los estados nacionales. Desde la década de 1990 el interés internacional se ha concentrado en la necesidad creciente de contar con instrumentos y marcos conceptuales más precisos para definir la pertenencia étnica. Abandonado progresivamente el criterio de clasificación racial, el criterio lingüístico sigue vigente como referente para la identificación de las diferencias étnicas y culturales en general. Así, se habla de “indígenas urbanos” (Valdivia 2002; citado por Pajuelo 2006), siguiendo el criterio lingüístico, y los censos han incluido el idioma como una variable que permite conocer la condición étnica de la población. Además, se consideran actualmente otros principios, como la autoidentificación, la ubicación geográfica y, en menor grado, los rasgos fenotípicos. Desde la perspectiva nacional, durante la última década han aparecido en el Perú organizaciones que reivindican sus orígenes indígenas, participan activamente en movimientos sociales locales y buscan participar en movimientos de más largo alcance. Entre los planteamientos de las Naciones Unidas y la hegemonía de lo popular en los discursos dominantes sobre la sociedad nacional, las instituciones del Estado optaron intermitentemente por considerar u obviar referencias a la condición étnica y cultural de la población nacional. Así, los criterios de identificación étnica en los registros censales han tenido una presencia irregular en los últimos años. Refieren Trivelli (2005) y Pajuelo (2006) que el censo de 2005 no consideró ningún factor de identificación étnica, por lo que los resultados arrojaron que los grupos así definidos eran una minoría casi extinta. El censo del 2007, en cambio, recurrió a la lengua materna como un criterio de identificación, con el resultado paradójico de una población hablante de lenguas nativas que había decrecido en un sentido proporcional pero había aumentado en términos absolutos, esto por el crecimiento poblacional de las décadas pasadas. En los últimos años se está produciendo un notorio cambio de orientación en las políticas del Estado respecto de las poblaciones indígenas, con la creación del Ministerio de Cultura, que incluye un Viceministerio de Interculturalidad, en cuya agenda está la promulgación de la Ley de Consulta Previa sobre las actividades económicas que afectan a los puebos indígenas y campesinos, y sobre Pueblos No Contactados o En Aislamiento Voluntario. En ambas se validan los criterios de clasificación étnicos y la representatividad de las organizaciones indígenas.
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