Nacion 4, edición 12

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Año I, Número 12, 20 de Mayo 2019

TLCAN:

Editorial

MÉXICO

ENTRE 2 GIGANTES Las relaciones comerciales en el mundo se encuentran crispadas.

En el proteccionismo que ha desatado el gobierno estadounidense de Donald Trump y la creciente hostilidad con el gigante chino, se inscribe la renegociación que se echó a andar hace casi dos años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y gracias a la conjunción exitosa del esfuerzo de dos administraciones mexicanas, se logró conservar parte del espíritu del acuerdo original, ahora rebautizado como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin el embargo, el proceso de aprobación por parte de los tres congresos nacionales, así como la ratificación del tratado en persona de los Jefes de Estado y de Gobierno, ha llevado demasiado tiempo.

si bien la versión original del TLCAN sigue vigente y aplicándose, lo cierto es que se corre el riesgo de que se eche para atrás lo alcanzado ante un viraje inesperado en la composición de las cámaras en Estados Unidos o incluso, un nuevo liderazgo en la Casa Blanca. Al respecto, valdría la pena no olvidar que como parte del nuevo texto comercial, se impide a los tres países celebrar acuerdos con Estados que sean considerados como no democráticos, en clara y directa alusión a la República Popular de China, en lo que forma parte de la guerra comercial que Washington D. C. ha declarado al país socialista. Enfrentamiento que ha llevado a México a colocarse como el primer socio comercial de Estados Unidos, así como a lograr que sean suspendidos los aranceles a su exportación de aluminio y acero a aquel país. En este contexto es que México debe desarrollar a su máxima expresión la habilidad comercial de embajadas y consulados, a fin de lograr diversificar una relación que hoy nos tiene completamente dependiente a un solo país y que en estos momentos nos beneficia, pero que pudiera llegar a ser lo contrario.

Ése es el reto.

Ello obedece a agendas políticas locales, como lo es la próxima campaña por la reelección presidencial en Estados Unidos, así como los problemas de crecimiento que enfrenta el país de la Hoja de Maple, ante lo cual el gobierno mexicano ha hecho cuanto le ha sido solicitado para lograr ese cometido, como lo fue aprobar en tiempo récord una reforma laboral que hace unos meses hubiera sido impensable.

La cachetada en el primer trimestre es a la corrupción, no a la economía.

Se trata, sin lugar a dudas, de un tema que debe quitar el sueño a más de un mandatario, pues

Presidente Andrés Manuel López Obrador

LOS DICHOS…


Directorio Año I, Número 12, 20 de Mayo 2019

Consejo Editorial Felipe de los Cobos Mancebo Virgilio Serrano Vera Jose Luis Camacho Vargas John Soldevilla Canales Guillermo Tame Nahas Jordi Martorell Raúl Labastida Mendoza Francisco Estrada Director Comercial Víctor Manuel León Aparicio Coordinadores de Información I. León Montesinos José Luis Rojas Tulio Zaldivar Coordinador de Edición Edgar Barragán García Editor Responsable I. León Montesinos Jefe de Redacción Saúl Ramírez de Arellano Solórzano Jefe de Información Erika Victoria Medina Jefe de Diseño Estefanía Martínez Tapia Asesor Legal Martín Gilberto Adame López Editor Económico John Soldevilla Canales Editor de Negocios Francisco Estrada Noticiero Abel Silva Pacheco Johannes Bahre Alvarez Dirección de Plataforma Ivan Alexander Guerrero Murcia

Contenido P3 Editorial P5 Plataformas Tecnológicas para la Educación. P6 En Portada P10 De San Lázaro a Reforma P12 Las pesquisas de Hertz Manero P14 Semáforo Económico P18 El Rescate Energético en la Refinería Dos Bocas P21 Comercio Exterior P24 En espera de la Reforma al Poder Judicial P26 Plan Nacional de Desarrollo P28 La Lucha de las Trabajadoras del Hogar P30 Superdelegados P32 Migrantes amenazan colapsar a México P33 El Telar de Cronos P34 ¿Qué sigue después con la Reforma Educativa? P37 Inseguridad en el país. ¿Y dónde están los gobernadores? P38 Arrancan los proyectos estrella del Sexenio

Diseño de Portada Estefanía Martínez Tapia

Nación 4, Año I, No 12, 20 de Mayo de 2019, es una publicación quincenal editada

por la Fundación Transformación CN4 y el Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo Calle Insurgentes Sur No. 448 Esq. Eje 3 Baja California Col. Roma Norte Tel. +155-1253 74 03 www.nacioncuatro.com Correo: contacto@nacion4.com Reservas de Derechos al Uso Exclusivo en trámite y Licitud de Contenido en Trámite, ambos otorgados por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Este número se terminó de imprimir en Noviembre de 2018. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización.

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En Portada

México Necesario generar confianza y certidumbre

en busca de inversión y empleo Desde hace décadas se ha destacado la necesidad de fomentar la inversión tanto nacional como foránea, de manera que se generen más puestos de trabajo y de mejor calidad, en términos tanto de las percepciones que las empresas pagan como en cuestión de estabilidad y prestaciones y beneficios asociados a los mismos

Por: Equipo de Análisis de N4

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a aparente paradoja de que la oferta de empleos siempre está por arriba de la demanda, en realidad no es tal si se consideran las características y calidad de los empleos que se ofrecen; de hecho la reforma laboral aprobada recientemente es una respuesta ante las evidencias de que la calidad de los empleos que mayormente se ofrecen en nuestro país está muy lejos de resultar atractiva y ello deriva en que muchas personas a falta de oportunidades de empleo atractivas opten por ser empleados así sea como indocumentados en los Estados Unidos e incluso en Canadá, donde sin tener todos los beneficios de los empleos apagados al marco legal siguen siendo más atractivos.

Atraer inversión, tarea del gobierno Por otra parte, desde hace décadas se ha destacado la necesidad de fomentar la inversión tanto nacional como foránea, de manera que se generen más empleos y de mejor calidad, en términos tanto de las percepciones que las empresas pagan como en cuestión de estabilidad y prestaciones y beneficios asociados a los mismos.

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Todos coinciden en que fomentar la inversión es una tarea que recae en gran medida en el gobierno, el cual debe propiciar las condiciones que hagan competitivo al país en relación con otros destinos a los que pudieran dirigirse esas inversiones.


Determinar la cantidad de empleos que el país requiere no reclama más que hacer algunos cálculos y proyecciones, ahora bien, la calidad de los mismos está relacionada con el tipo de inversión que se está realizando; debemos tener totalmente claro que mientras la inversión en plantas de bienes de consumo generará la creación de empleos estables, la inversión en infraestructura o en proyectos de obra pública derivará en gran parte en empleos temporales y en un impacto marginal en empresas relacionadas con la construcción.

Así como la cercanía con los Estados Unidos ha sido la causa de condiciones no siempre positivas, en este caso, la cercanía es uno de los factores que convierte a nuestro país en un lugar propicio para atraer inversiones, la disponibilidad de ciertos recursos naturales y una mano de obra que a pesar de todo y sobre todo en términos comparativos sigue siendo barata y de acuerdo con diversos estudios de muy buena calidad.

Estabilidad = Continuidad Otro elemento esencial es la estabilidad política, que con todo y la alternancia sigue siendo muy adecuada sobre todo en comparación con otros países de la región que han enfrentado diversas crisis políticas que infunden miedo a los inversionistas. Esta estabilidad está íntimamente relacionada con la continuidad de políticas sobre todo fiscales que aseguren un entorno de certidumbre a los inversionistas e incluso, que consideren incentivos relacionados con el número de empleos fijos que crean o con el impacto en determinadas regiones del país.

De igual manera, los inversionistas requieren tener certeza en relación con un marco jurídico estable e instituciones de impartición de justicia confiables y autónomas, que limiten los riesgos de que sus inversiones o los beneficios que obtengan de los mismos sean vulnerables ante decisiones arbitrarias de autoridades. En general, tenemos que partir del hecho contundente que el inversionista tanto nacional como foráneo, necesitan asegurar que el riesgo que corren al invertir sea el más bajo posible y que los beneficios que obtendrán serán mayores que los que le podrían ofrecer instituciones financieras con riesgos significativamente menores.

El capital es neutral En ese mismo sentido, los inversionistas son neutrales respecto de los proyectos políticos, ellos podrán o no tener simpatías por determinados gobernantes, pero sus decisiones de inversión están determinadas en gran medida por factores cuantitativamente favorables. Es decir, aunque un proyecto político les genere simpatía no arriesgarán un peso en tanto no cuenten con garantías en los aspectos que hemos mencionado.

Adicionalmente, es necesario evaluar el impacto de determinadas industrias en el cuidado y protección del medio ambiente, en el aprovechamiento de recursos naturales y en el impacto social que su operación generará incluso en la imagen que se proyectará al exterior y la respuesta de organismos e instituciones internacionales, además de las restricciones derivadas de los tratados internacionales suscritos por el país.

El diseño de una estrategia de promoción de la inversión y del empleo debe partir de un elemento esencial:

Generar confianza y certidumbre en las decisiones gubernamentales, • Estabilidad construida sobre la estabilidad de las instituciones y • Conciencia de la globalidad de los mercados y la necesidad de construir propuestas competitivas.

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México goza de condiciones que lo hacen atractivo para la inversión, ya sea por su geografía, por sus recursos y por la calidad de su mano de obra, pero es fundamental que los inversionistas tengan la plena seguridad de que el gobierno no adoptará medidas que ellos consideren o interpreten como de riesgo

A raíz de cancelación del NAIM, mayor incertidumbre Cada cambio de gobierno, incluyendo aquellos que se dan entre personas de un mismo partido, genera incertidumbre. En el caso del cambio ocurrido en diciembre del año pasado, es indudable que el nivel de incertidumbre ha sido mayor, ya que si bien se tuvo el cuidado de designar un interlocutor con el sector empresarial que goza de credibilidad, como lo es Alfonso Romo, la credibilidad del gobierno se ha visto diezmada tras la cancelación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto capitalino, lo cual confirmó que en la actual administración se tiene una forma muy particular de tomar decisiones. Desde luego que este estilo de gobernar genera incertidumbre entre los inversionistas y si bien han mantenido una postura que está lejos de generar pánico, no puede minimizarse el hecho de que esto se traducirá en evaluaciones de mayor profundidad y consecuentemente en mayor tiempo para tomar sus decisiones sobre el destino de sus recursos. La confianza que AMLO ha mostrado en sus proyectos y en las políticas que está impulsando, ha sido muy probablemente la causa de que mantenga muy altos niveles de aceptación entre diversos grupos sociales; sin embargo, los inversionistas reclaman para tomar decisiones sobre la aplicación de los recursos indicadores cuantitativos y contundentes y entre ellos no se encuentra el nivel de aceptación del presidente.

Programas sociales, punta de lanza AMLO se esfuerza cotidianamente por insistir en los beneficios que traerán sus programas sociales y ciertamente constituyen una fuente que inyectará sobre todo recursos líquidos a la economía, incentivando las ventas sobre todo de productos perecederos y si bien ello puede alentar el desarrollo de algunos sectores sobre todo de venta de bienes y servicios al menudeo, no puede esperarse que derive, al menos en el corto plazo, en mayores niveles de inversión, más aún hay especialistas que están preocupados por el impacto inflacionario que ello puede provocar y que terminaría por diluir los potenciales beneficios.

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De igual forma, el deterioro de las capacidades de respuesta de diversas entidades gubernamentales podría desincentivar la inversión por la merma que esto traería en la calidad y cantidad de los servicios públicos. Y si a ello agregamos la postura del gobierno federal de gran tolerancia a las movilizaciones sociales, se incrementa el peso de los factores que desestimulan el interés de los inversionistas. Inseguridad, factor de riesgo Un tema de no menor importancia son los altos niveles de inseguridad y de violencia que se ha ofrecido bajarán en unos meses, pero que hoy por hoy representan notables costos para las empresas instaladas, ya por ser víctimas directas de actos delictivos o bien por los efectos que ello tiene en el comportamiento de los niveles de consumo que por lo generar tienden a ser a la baja. Estos niveles de inseguridad y de violencia son una limitante directa para industrias que movilizan cantidades importantes de mercancías por el territorio nacional y que en muchos casos exportan sobre todo hacia la frontera norte. En este mismo tenor, la delincuencia organizada tiene una fuente importante de actividad tanto en la comercialización de productos robados a las empresas como en la producción y comercialización de mercancías “pirata” que tienen sus canales menudistas en gran parte del comercio informal, el cual se mantiene con altos niveles de tolerancia y no se percibe que entre las prioridades del nuevo gobierno se encuentre su regulación y control.


El mexicano, modelo energético a contracorriente En cuanto al sector energético, AMLO ha sido muy insistente en la necesidad de recuperar la salud de las finanzas de PEMEX y dirigirse hacia la autosuficiencia tanto en materia de extracción de crudo y gas como en materia de refinación; no obstante, a nivel internacional es significativo que los países más desarrollados están optando por estabilizar los niveles de actividad de esta industria, afectada tanto por la volatilidad del mercado de hidrocarburos como por la persistente conflictividad en el Medio Oriente donde se concentran los mayores productores mundiales.

Autosuficiencia alimentaria vs. Exportación En cuanto a la agroindustria, es claro que las inversiones se han dirigido a los subsectores orientados a la exportación, lo cual no coincide con la postura del nuevo gobierno que se ha propuesto fomentar la actividad agropecuaria para el consumo interno en el ánimo de desalentar a los campesinos que por necesidad o presiones de la delincuencia organizada se han dedicado a los cultivos ilegales.

Es decir, mientras en los inversionistas privados prevalece el interés por la agroindustria focalizada al mercado interno, la prioridad del gobierno es apoyar la actividad agropecuaria de mediana y baja escala dirigida a lograr la autosuficiencia y el consumo interno y si bien son ámbitos que no resultan incompatibles, llama la atención que en la estrategia gubernamental si bien no hay un rechazo no se está adoptando una postura que estimule la inversión privada.

En contraparte, se han desarrollado y se sigue invirtiendo en el desarrollo de tecnologías para incrementar el uso de fuentes de energía limpias y aun cuando la contribución de éstas sigue siendo marginal, lo cierto es que la tendencia es irreversible y a ella se agregan cotidianamente un mayor número de países. Es indudable que el petróleo sigue siendo una gran fuente de riqueza y un sector industrial de gran peso en la economía mundial, pero nadie puede apostar que a largo plazo lo pueda seguir siendo y la mayoría de los países se prepara con mayor intensidad cada vez para esta reconfiguración energética. Es por ello que llama tanto la atención en el mundo que AMLO esté comprometiendo recursos en proyectos que como el de Dos Bocas, aún en el escenario más optimista no tiene perspectivas de crecimiento en el largo plazo, pues las expectativas del mercado energético global son sumamente inciertas y el consumo interno podría atenderse y de hecho se está atendiendo con combustibles importados que se ofrecen a precios competitivos sobre todo por parte de países que están viendo cómo su capacidad instalada tiende a ser subutilizada por el creciente uso de fuentes alternativas, de tal manera que cuando el proyecto de “Dos Bocas” se concluya es posible que los precios de los hidrocarburos que produzca estén por encima de los que se ofrecerán en el mercado internacional. En conclusión, la meta de crecimiento al 4% anual que se ha autoimpuesto AMLO, requeriría de fuertes dosis de inversión en muchos campos de la actividad industrial, sin embargo, sin llegar todavía a la negativa, es evidente que las señales que se han enviado hasta ahora no están alentando la inversión, sobre todo aquella relacionada con las industrias que reclaman mano de obra calificada y que pueden ofrecer los puestos de trabajo mejor remunerados y más estables. El Presidente de la República y su gobierno han manifestado en el discurso su interés por crear condiciones propicias para fomentar la inversión privada sobre todo de origen externo, pero en los hechos hoy están pesando mucho más las señales de incertidumbre y al menos de intereses no concurrentes con los de los inversionistas. México goza de condiciones que lo hacen atractivo para la inversión, ya sea por su geografía, por sus recursos y por la calidad de su mano de obra, pero es fundamental que los inversionistas tengan la plena seguridad de que el gobierno no adoptará medidas que ellos consideren o interpreten como de riesgo y que las capacidades de gestión y de respuesta institucional sean una garantía para la aplicación correcta de esas inversiones y hoy las prioridades están instaladas en otros ámbitos. 20 Mayo 2019 / 9


De San Lázaro a Reforma

PLENO DE LA CORTE DESTAPA LA PUNTA

DEL ICEBERG El procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados se encuentra en entredicho, debido a la constante violación de normas y prácticas parlamentarias consuetudinarias, que podrían invalidar algunas de las normas que se han aprobado hasta el momento en el Pleno de San Lázaro

Por: José Luis Camacho Vargas

Si existe una labor especializada, que requiere del mayor cuidado, atención, experiencia y conocimiento, ésa es la creación de leyes y reforma de las ya existentes.

Además de los legisladores, quienes son los responsables de acatar la norma, seguir el procedimiento establecido en la ley para reformar, crear, derogar o abrogar una ley y votar su aprobación, existe un cuerpo profesional de servidores públicos que tienen muchos años en las cámaras legislativas, que no tienen militancia ni simpatía partidista y que constituyen un capital humano imprescindible de apoyo a los legisladores.

Pero la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados no lo consideró así, y decidió prescindir de los experimentados y en su lugar, nombrar a gente entusiasta, profesional pero poco familiarizada con el trabajo camaral.

Ello se ha reflejado en actos bochornosos en el pleno de los diputados, en álgidos debates y en argumentos poco fundados y motivados en la norma.

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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

Ello ya lo habíamos detectado quienes seguimos de cerca las actividades legislativas y hablamos con los propios legisladores. Pero en esta ocasión, esta interpretación de la realidad legislativa cobra mayor fuerza tras lo discutido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la • Nación. Con motivo del análisis de la acción de inconstitucionalidad que un grupo de senadores interpuso ante el máximo tribunal del país con motivo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, las y los ministros se han abocado al estudio de los diversos puntos contro- • vertidos. Uno de ellos ha sido la comisión de violaciones graves al proceso legislativo que dio origen a la mencionada ley. • A decir del Ministro ponente del proyecto resolutivo, Alberto Pérez Dayán, el procedimiento legislativo no respetó lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución, ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados, por cuatro razones fundamentales:

Porque la minuta [dictamen aprobado que provino del Senado] no fue dictaminada dentro del periodo ordinario de sesiones, ni tampoco, ante la falta de dictamen, se presentó en sus términos ante el Pleno para su discusión y votación, en los tiempos requeridos; Porque el Reglamento de la Cámara de Diputados en diversos preceptos prevé que no podrá haber más de una prórroga, sin embargo, en el caso concreto, éstas fueron tres, en cuyos plazos respectivos tampoco se emitió dictamen alguno; Porque no se discutió de manera sucesiva, el proyecto de ley, según lo ordena el párrafo primero del artículo 72 constitucional, y Porque la inobservancia a lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados provocó la emisión de un ordenamiento que, por cuestiones naturales y tiempo, no guarda congruencia con el marco constitucional y legal que hoy nos rige.

Es decir, los responsables de hacer las leyes cometieron errores de origen que resultan inaceptables, como es el hecho de haber discutido una iniciativa que no fue producto del análisis de una comisión, puestos que éstas, en septiembre de 2018 cuando fue aprobada esta ley, aún no se encontraban constituidas. Esa falta de análisis y de proceso legislativo se tradujo en lo dicho por el Ministro Pérez Dayán:

En el proyecto se destaca que transcurrieron más de seis años para que se aprobara en la Cámara Revisora, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo que se llevó a cabo desconociendo que ese espacio de tiempo se aprobaran varias reformas constitucionales que impactan en ese y muchos otros ordenamientos; ello, a pesar de que así se destacó durante los trabajos y en la sesión de la Cámara de Diputados de trece de septiembre de dos mil dieciocho, pidiéndose que la minuta se devolviera a la Comisión para su revisión, precisamente para tales efectos.

En la votación de este proyecto de resolutivos de la Corte, seis ministros coincidieron en la grave violación del proceso legislativos frente a cinco que no lo consideraron así, mayoría que no alcanzó los ocho votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero que sí evidencia las ilegalidades que se están cometiendo al interior de la Cámara de Diputados al momento de crear leyes.

Es urgente que los propios diputados conozcan, atiendan y corrijan lo señalado por la Corte, pues de otra forma, se crearán normas inconstitucionales e ilegales.

@jlcamachov

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Justicia Sensibilidad y experiencia, sus cartas de presentación

LAS PESQUISAS

DEL FISCAL

GERTZ MANERO Una de las tareas fundamentales para garantizar el Estado de Derecho es ejercer con imparcialidad, profesionalismo y eficiencia la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Destacando que, en el caso mexicano, por mandato constitucional corresponde esta función por antonomasia los Ministerios Públicos de representación popular

Por: El Equipo de Análisis de N4

En el orden federal, el Ministerio Público se organiza a través de la Fiscalía General de la República (FGR) la cual, a raíz de la reforma política-electoral del 10 de febrero de 2014, se transformó en un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. No es menor señalar que se trató de un justo cambio estructural en su fisionomía, pues durante un largo tiempo la otrora Procuraduría General de la República, al tiempo de realizar las diligencias pertinentes en la etapa de investigación se convirtió en una especie de Consejería Jurídica del Presidente de la República, donde prevaleció un vínculo que en algunas situaciones pudo poner en tela de juicio la legalidad de su actuación e independencia. Ahora bien, con conocimiento y sensibilidad a las anteriores exigencias, el Constituyente Permanente destacó en su modificación a la Ley Fundamental que si bien uno de los aspectos que promovería una mayor fortaleza y autonomía a la institución sería la reestructuración de sus funciones y la creación de su propia legislación alejada de cualquier presión de alguno de los Poderes de la Unión, también era de fundamental importancia crear la figura de un Fiscal General que ya no fuera designado libremente por el Presidente de la República, y que tuviera un periodo definido y transexenal.

Años de negociación llevó alcanzar el consenso necesario para que el Senado designara al primer Fiscal General de la República, tratándose del doctor Alejandro Gertz Manero quien habrá de ocupar el cargo por un periodo de nueve años. 12 / 20 Mayo 2019

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por Mont Unión y por la Universidad de las Américas A.C. Gertz Manero es un hombre que cuenta con la sensibilidad y experiencia para hacer frente a todos y cada uno de los retos que asume al mando de la FGR, y buscar pasar a la historia como el Fiscal que logró recuperar la credibilidad de la nueva institución, de la defensa de las personas y los derechos humanos, así como el patrimonio nacional frente al delito. A lo largo de su desarrollo profesional ha estado íntimamente relacionado con tareas de procuración de justicia, pues se desempeñó como Agente del Ministerio Público Federal; Primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico; Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; y Secretario de Seguridad Pública Federal. Además de tener diversos cargos al interior de la Procuraduría General de la República. Experiencias que le han dado una sólida y conocedora visión de las exigencias que con fervor aclama la sociedad mexicana y de los mecanismos para echar a andar la maquinaria que logre realizar el anhelado cambio de paradigma en la procuración de la justicia. Quien lo conoce, ha destacado que es un hombre que se ha ganado la etiqueta de honesto y sensible ante las injusticias; además de poseer una interlocución política plural que lo han llevado a que se defina como un servidor público del Estado. Su prioridad es poder resolver más del 70% de la crisis de injusticia cotidiana que se padece en todo el país. Por ello, el Fiscal ha planteado como tres premisas


básicas: la prontitud en la justicia; la reparación inmediata del daño, y el establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo. A poco más de sus primeros 100 días al frente de la FGR, Gertz Manero se ha encontrado con uno de los retos más grandes de su carrera, pues estar al frente de la Fiscalía conlleva una gran responsabilidad encima, en la que todos los reflectores mediáticos, políticos y sociales están al pendiente de su actuación.

En virtud de lo anterior, el Fiscal Gertz Manero ha iniciado una serie de acciones encaminadas a enfrentar estos rezagos, y para resolver las más de 30 mil nuevas denuncias que han llegado desde el inicio de su mandato, destacando los siguientes puntos: • • •

En este centenar de días, el Fiscal ha diagnosticado como principales flaquezas de la institución que encabeza: el descubrimiento de un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin resolver; un promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas que no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados; la falta de un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; la inexistencia de algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público; no había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas; no existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales sin igual situación; y, se pudo determinar el número de 4 mil elementos policiacos en activo, de los cuales se distraían a 800 elementos para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y diversas personas.

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• •

Se inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del Ministerio Público y de apoyo administrativo. Se creó un programa de operación y seguimiento de la acción penal. Se han recuperado alrededor del 40% de los elementos que prestaban servicios de protección y seguridad, para incorporarlos de inmediato a la atención de investigaciones y al cumplimiento de mandamientos. Se lleva a cabo la coordinación con la Secretaría de Gobernación para aplicar el apoyo de protección a las víctimas del delito. Se han atendido de forma inmediata las 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción presentadas por el Gobierno Federal y sus organismos. Judicializándose más de 400 casos con 620 detenidos. Se llevó a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas, con el propósito de reorientar al mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y ofendidos. Se aplica una política de control en los gastos de operación.

Atención de Casos Relevantes. • Ayotzinapa. La FGR ha propuesto apoyar en la tarea de investigación en coordinación con la Comisión de la Verdad, los padres y familias de las víctimas y la CNDH. • Odebrecht. La Fiscalía ha anunciado que comenzará a judicializar el asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva. • Tlahuelilpan. La FGR, en coordinación con la Fiscalía de Hidalgo, ha realizado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y ha recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro. • Estafa Maestra. La Fiscalía está reestructurando toda la investigación, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público. De forma paralela, el Fiscal Gertz Manero ha señalado que se está trabajando en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGR; una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica Inmediata; y un nuevo Código Penal, teniendo como punto de convergencia actualizar y perfeccionar aquellas disposiciones jurídicas que se requieran para atender integralmente el reclamo de los mexicanos por una mejor procuración de justicia. Sin duda, la dirección de una institución de la talla de la FGR requiere de una dirección profesional, imparcial y eficiente que garantice el pleno respeto a los derechos humanos, la autonomía y la honradez, en un largo camino por recorrer para cerrar la brecha de la falta de injusticia que tanto daño hace a nuestra sociedad.


Semáforo Económico

REFINERÍA DOS BOCAS:

ALGUNAS RAZONES

PARA SU CONSTRUCCIÓN

Por Mtro. John Soldevilla

Hay un debate nacional sobre la propuesta del presiden-

te López Obrador para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Los que se oponen, argumentan algunos factores técnicos como la ubicación geográfica, el costo, entre otros. Se señala que Tabasco no es la zona más apropiada para construir esta refinería, y que1mejor sería una opción alterna como la de Tula, Hidalgo. También se señala que financieramente no es viable el proyecto, ya que, por otras experiencias internacionales, el costo de un proyecto que pretende producir más de 300 mil barriles diarios de combustibles tendría que superar los 15 mil millones de dólares, muy distante de la propuesta de 8 mil md del gobierno.

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Otros argumentos señalan que sería mejor reactivar las seis refinerías existentes, mismas que ahora están operando al 30%-40% de su capacidad. Asimismo, se cuestiona que la propuesta gubernamental de construir Dos Bocas en un tiempo de sólo tres años (y con un presupuesto limitado) puede significar un gran riesgo de seguridad, cuando otras refinerías de similar capacidad en el mundo se han construido en el doble de tiempo y con un presupuesto mucho más elevado. Otros cuestionan la ausencia de un estudio técnico y medio ambiental que justifique su construcción. Al final, se cuestiona por qué una refinería, cuando la tendencia en el mundo es hacia el uso de combustibles alternativos. Si embargo, hay varias razones económicas que el gobierno estaría usando como justificación para la construcción de esta refinería. Para empezar, la producción de petróleo se ha desplomado sistemáticamente, desde su máximo histórico de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 (era el apogeo de Cantarell) hasta menos de 1.7 millones en este año, una contracción de 50%. Todo esto, mientras en Estados Unidos se ha elevado más de 100% y ahora producen casi 12 millones de barriles por día. Si producimos menos petróleo, internamente disponemos de menos materia prima para producir gasolinas. Uno de los argumentos fuertes es que el consumo interno de gasolinas depende ahora de manera significativa de las importaciones. Primero, ante la menor disponibilidad interna de petróleo, la producción de gasolinas se ha contraído desde máximos de casi 500 mil barriles diarios (mbd) en 2004 hasta sólo 190 mbd en este año, un desplome de más de 60%, todo esto en condiciones en que sólo el consumo interno de gasolinas automotrices se mantiene por arriba de los 700 mbd.

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Dado que el consumo interno no se puede satisfacer con producción local, el país ha tenido que acudir a una creciente importación de gasolinas, mismas que han pasado desde menos de 100 mil barriles diarios en 2004 hasta máximos de casi 600 mbd en 2018 (un crecimiento de 500%). Sólo en estos primeros meses de 2019 estamos viendo cierta estabilización de la producción de gasolinas y una reducción de sus importaciones. En otra vista de estas importaciones, la salida de divisas por la importación de gasolinas ha sido impresionante: desde sólo 1,818 millones de dólares en 2004 hasta cerca de 19 mil md en 2018. Esta es una de las razones por las cuales el país ha reportado un cambio radical en su balanza comercial petrolera: sus tradicionales superávits se han convertido en crecientes déficits. El punto toral de los argumentos del gobierno para construir la refinería y reactivar las existentes es que cerca del 80% del actual consumo interno de gasolinas se cubren con importaciones de este combustible. Se trata de una proporción que tiene implicaciones importantes. Primero, se trata de una dependencia extremadamente alta en un producto que es estratégico para el país, ya que, ante una eventualidad o emergencia de desabasto o suministro desde el exterior (puntualmente desde Estados Unidos), la economía mexicana se vería sumida inmediatamente en una profunda recesión. Es decir, México está demasiado expuesto al riesgo de un corte de suministro desde Estados Unidos si ellos enfrentaran un problema de desabasto, un conflicto militar o simplemente una decisión extrema del presidente Trump para presionar comercialmente o por otras razones.

Segundo, y de manera complementaria, el inventario de gasolinas en México es inaceptablemente muy bajo (de sólo tres días), lo que nos hace aún más vulnerables ante el riesgo de desabasto o suministro externo. Está claro, se trata de resolver un problema de seguridad energética para el país (hasta de seguridad nacional). Posiblemente, la solución pasa por producir internamente las gasolinas y reducir esta dependencia o, en su defecto, incrementar la capacidad de almacenamiento de gasolinas de manera significativa y reducir nuestra vulnerabilidad. Hasta cierto punto, al parecer, no sólo se trataría de una decisión con criterios técnico-económicos, sino también de tipo político.

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Es cierto, desde el punto de vista económico, es más rentable producir petróleo que producir gasolinas. Para México, el costo de producir petróleo es alrededor de 10 dólares por barril (dpb) y el precio de exportación está ahora en 60 dpb, por lo que la rentabilidad es evidente. Sin embargo, la decisión gubernamental de producir combustibles no sería por razones económicas; es más bien, por un tema de seguridad nacional, por el riesgo de la dependencia y la vulnerabilidad a que estaría expuesto el país. Eventualmente, ante un escenario extremo, el costo de no producir o no almacenar gasolinas puede ser mucho más crítico que la ganancia por producir petróleo. Es una decisión compleja.


Reporte Especial Prioritario garantizar abasto de gasolinas

PROYECTO DE DOS BOCAS, OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL RESCATE ENERGÉTICO

Durante años los mexicanos hemos escuchado en más de una ocasión la importancia del término “autosuficiencia energética”, como uno de los principales aspectos que echarían mano de las riquezas naturales con las que cuenta nuestro territorio en favor del desarrollo económico. Desafortunadamente, la realidad es preocupante y apremiante, pues el sector energético nacional atraviesa un amplio catálogo de retos, destacando en esta ocasión los referentes al rubro de las gasolinas

Por El Equipo de Análisis de N4

De acuerdo con datos del Banco Mun-

dial, la cobertura de la demanda de gasolina con producción nacional en nuestro país apenas alcanza el 23%, mientras que en países como Colombia y Brasil supera el 85%, y en Estados Unidos de América, China y la India, es del 100%. Lo cual nos deja muy lejos de una autosuficiencia y cada vez más cerca de una dependencia que puede elevar los costos y las facilidades de acceso. En este sentido, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, diagnosticó cuáles son los mayores problemas que enfrentaba México para consolidar una autosuficiencia energética, pues como se señaló somos una nación que posee una notable riqueza de hidrocarburos al contar con reservas probadas de 7,900 millones de barriles de petróleo crudo. Mientras que la tendencia del aprovechamiento y desarrollo de las instalaciones energéticas ha ido en detrimento.

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Bajo tal premisa, el presidente López Obrador concibió la prioridad que requiere disminuir la dependencia energética, aumentando la capacidad de producción de PEMEX, junto con la producción que deben realizar las empresas privadas nacionales y extranjeras. Determinando la imprescindible necesidad de incrementar la capacidad de refinación a través de la reconversión de las refinerías existentes y la construcción una nueva refinería, con una capacidad para procesar 300 mil barriles de crudo por día.


La refinería de Dos Bocas, Tabasco es una histórica oportunidad para saldar la gran deuda y exigencia social que las administraciones han dejado al sector energético, pues de una forma donde se observará como pilar el respeto a la soberanía nacional, se buscará recuperar la posición de México frente al mundo como un país autosuficiente en materia energética, aprovechando nuestros recursos y teniendo como eje transversal un marcado contenido nacional en la construcción de esta obra.

Justo es señalar que México cuenta actualmente con seis refinerías ubicadas en Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo; Minatitlán, en Veracruz; Cadereyta, en Nuevo León; Salamanca, en Guanajuato y Ciudad Madero, en Tamaulipas. Sin embargo, para pavimentar un sólido camino hacia el rescate energético se requiere delimitar un cambio de paradigma energético con un plan maestro.

En este sentido, naciendo como un proyecto que buscará alcanzar el rescate de la soberanía energética y la autosuficiencia se eligió como lugar predilecto a Dos Bocas, Tabasco para llevar a cabo la ejecución de la nueva refinería.

En los terrenos aledaños a la Terminal Marítima existente, el próximo 2 de junio iniciará la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tendrá un costo de 160 mil millones de pesos y creará más de 100 mil empleos. Esperando su consumación para el año 2022. Cabe señalar que, en un acto de transparencia y responsabilidad con la sociedad mexicana se declaró desierta la licitación para la construcción de la nueva refinería, en virtud de los altos costos que manejaban las empresas participantes y la no coincidente visión del proyecto de construcción con los lineamientos planeados por el gobierno federal. Por lo cual, se anunció que la construcción de la refinería estará bajo la coordinación, administración y supervisión de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos. Este binomio de coordinación tendrá su base en el propósito de brindar total transparencia, agilidad y rendición de cuentas a todas las actividades necesarias para ejecutar los trabajos correspondientes, haciendo uso del talento mexicano.

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Se priorizará la participación de técnicos y trabajadores mexicanos. Aunado a que desde la etapa de planeación se conformó un equipo que desarrollará el proyecto, integrado por personal de proyectos de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Secretaría de Energía y de la Organización de las Naciones Unidas. Esta última asegurará que durante la ejecución se utilicen las mejores prácticas de transparencia y anticorrupción.

Así, con una inversión sensata, responsable y transparente se promoverá un importante cambio de paradigma que genere una mejora en la calidad de vida de miles de personas, con generación de empleos y una derrama económica que implique un desarrollo social integral en la región del sureste mexicano. Al tiempo de crear un equilibrio armónico que cuide la balanza comercial y agregue un valor a los productos elaborados por el país.

Sin duda, el motor de la economía de un Estado se basa en gran medida en un adecuado manejo de los recursos humanos y materiales; es aquí que, en un acto de congruencia con las exigencias históricas y sociales la 4T ha dado un paso agigantado en alcanzar una verdadera autosuficiencia energética, que respete la soberanía nacional y genere una serie de derramas en favor de la población.

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Comercio Exterior

RETOS DE LA REGION

PARA LA NUEVA REFINERÍA Por: Francisco Estrada

El tratamiento, refinación, almacenamiento, comercialización, im-

portaciones y exportaciones de petrolíferos fueron actividades exclusivas del Estado, limitando por casi 80 años la participación de privados en este sector. El histórico control de precios y la consecuente adversa rentabilidad de las operaciones de refinación ocasionó asignaciones presupuestales insuficientes por un largo período de tiempo, lo cual acumuló rezagos importantes en la modernización de la infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de petrolíferos. En este contexto, México no cuenta con nuevas refinerías desde hace 39 años. La última fue la de Cadereyta, en Nuevo León, en 1979, antes en 1977 se construyeron las refinerías de Tula, en Hidalgo, y la de Salina Cruz, en Oaxaca. Expertos en materia de hidrocarburos han cuestionado la nueva instalación que se pretende en Dos Bocas-Tabasco, este se considera preocupante ya que un estudio económico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y del IMCO ambos señalan que no es un proyecto factible desde el punto de vista técnico económico y logístico. Estudios especializados citan por ejemplo que la refinería de Recife, en Brasil, con una capacidad de 115 mil barriles diarios, costó 18 mil 500 millones de dólares y fue construida en seis años, la refinería construida en 2019 en Turquía tuvo un presupuesto de 6 mil 300 millones de dólares y se hizo en nueve años. Ocho de las diez refinerías construidas en los últimos 10 años han sido construidas en lapsos mayores al estimado por el actual gobierno para la edificación de Dos Bocas. El objetivo de Dos Bocas aparentemente es aprovechar la cercanía con la producción petrolera de la zona para generar ahorros por una menor infraestructura para alimentarla. Sin embargo, está muy lejos del mayor centro de consumo del Centro del País y del Bajío. Llevar los productos refinados puede implicar un mayor costo en ductos para transportarlo y crece la duda sobre si esto incrementaría el riesgo de la logística de distribución. Cabe mencionar, que la infraestructura existente de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos es de suma importancia para conectar los puntos de origen con las zonas de consumo final de petrolíferos, razón por la cual es necesario describir de forma general, las actividades que integran la cadena de suministro del país: Actividades sujetas a permiso de la Secretaría de Energía: • Tratamiento: aquellos procesos industriales previos a la refinación, a los cuales se somete el Petróleo, para llevar a cabo la separación de agua, sedimentos u otros compuestos con los que se encuentre mezclado. • Refinación: Comprende el conjunto de procesos físicos y químicos a los cuales se somete el petróleo crudo, a efecto de convertirlo en productos refinados de uso final, tales como son: gasolinas, diésel, turbosina, entre otros.

Importación: Es el ingreso de petrolíferos a territorio nacional.

Actividades sujetas a permiso de la Comisión Reguladora de Energía: • Transporte: Actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir petrolíferos de un lugar a otro a través de ductos u otros medios. • Almacenamiento: Esta actividad comprende la recepción de petrolíferos propiedad de terceros, en los puntos de recepción de su instalación o sistema, conservarlos en depósito, resguardarlos y devolverlos al depositante o a quien éste designe. • Distribución: La actividad logística que comprende adquisición, recepción y guarda, incluyendo el traslado de un determinado volumen de petrolíferos, desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados, para su expendio al público o consumo final. Comercialización: La actividad de ofertar a usuarios o usuarios finales, en conjunto o por separado lo siguiente: a) La compraventa de petrolíferos; b) La gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o distribución de dichos productos, y c) La prestación o intermediación de servicios de valor agregado en beneficio de los usuarios o usuarios finales. La ubicación de Dos Bocas resulta un obstáculo para llevar a cabo su edificación al estar ubicada en un punto sin la infraestructura suficiente, con caminos poco adecuados y sin servicios secundarios que sustenten el Proyecto, así como la falta de ductos que transporten el producto ya refinado a los diferentes puntos estratégicos del País los cuales se ubican primordialmente en el Centro, Bajío y Norte del País.




Rediseño de poderes Ya operan cambios en el Ejecutivo y Legislativo

EL PODER JUDICIAL EN ESPERA

DE SU PROPIA REFORMA Una de las iniciativas presentadas por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, establece un mecanismo para disminuir la corrupción dentro del Poder Judicial. Para esto se propone reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que ningún magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial, buscando con ello imponer una rotación de los jueces

Por El Equipo de Análisis de N4

Es claro que al contar con la mayoría simple

en la Cámara de Diputados y con el apoyo de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México en el Senado de la República le ha facilitado de cierta manera a Morena llevar a cabo la mayoría de las reformas propuestas. Sin duda, el proyecto de la cuarta transformación desde el mes de septiembre del año pasado se encuentra en marcha. Y el Poder Judicial no es ajeno a todos estos cambios del nuevo gobierno, de hecho hay varias propuestas e iniciativas para modificar la estructura y funciones dentro de este poder de la federación. El pasado 14 de mayo, el Senado de la República aprobó en sesión extraordinaria la reforma para que la paridad de género sea una realidad en los tres poderes, tres órdenes y órganos autónomos. Esta reforma constitucional que aún se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Cámara de Diputados y legislaturas locales, establece la obligación constitucional para que en todos los órdenes de gobierno y en los poderes de la Unión se maneje un criterio de igualdad en su integración por hombres y mujeres. En el caso del Poder Judicial Federal, se establece que la Suprema Corte de Justicia estará integrada por ministras y ministros, asimismo, que la conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres. Cabe señalar que en el mes de octubre del año pasado el Senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para impulsar una verdadera paridad de género en los órganos colegiados. Propuesta que va en consonancia con la ya aprobada.

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No cabe duda que dicha iniciativa va de la mano con la última reforma constitucional, buscando consolidar que la paridad de género sea un principio rector de la carrera judicial y permitir que la mujer pueda tener mayor presencia en cargos dentro del Poder Judicial. Esta iniciativa se fundamenta en que únicamente hay dos mujeres de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, también de siete consejeros únicamente dos son mujeres y en la Sala Superior del Tribunal Electoral únicamente hay dos mujeres magistradas de siete integrantes y por último, con base en datos de 2017 que señalan que de 1,429 jueces dentro del Poder Judicial Federal solo hay 289 mujeres.

En aras de una mayor apertura e inclusión de la mujer dentro del Poder Judicial, la iniciativa presentada en la Cámara Alta aún se encuentra entre los pendientes de los senadores y vendría a reforzar el principio constitucional de paridad de género. Por otro lado, se encuentra la segunda iniciativa presentada también por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en el que se establece un mecanismo para disminuir la corrupción dentro del Poder Judicial. Para esto se propone reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que ningún magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial, buscando con ello imponer una rotación de los jueces.


Se encuentra la segunda iniciativa presentada también por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en el que se establece un mecanismo para disminuir la corrupción dentro del Poder Judicial”

Actualmente, se prevé que los jueces y magistrados pueden ser ratificados al término de su periodo, sin embargo, existen casos en el que algunos jueces o magistrados han aprovechado la situación de su permanencia para beneficio propio, dándose desafortunadas prácticas de corrupción. Destaca el caso de un magistrado de circuito en el Estado de Durango, que contaba con más de 17 miembros de su familia en puestos administrativos, tales como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesores jurídicos y analistas especializados. La iniciativa pretende evitar este tipo de actos o acciones que merman la eficiencia, imparcialidad e independencia de una justa impartición de justicia, y con ello determina que la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal deberá asegurar que no permanezcan menos de tres ni más de seis años, en el mismo sitio de adscripción. La tercera y última iniciativa presentada en el seno del Poder Legislativo, también propuesta por el senador Ricardo Monreal, establece aumentar a 16 los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la creación de una tercera la sala llamada “Anticorrupción” dentro del máximo tribunal de la federación. Esta nueva instancia estaría integrada por cinco nuevos ministros, que ocuparían el cargo por 15 años, la cual contaría con la competencia exclusiva para tratar temas relacionados con delitos o actos de corrupción cometidos tanto por servidores públicos como particulares. Además de la propuesta de desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Hay que tener en cuenta que las tres iniciativas de reforma aún se encuentran en la Cámara de origen y no se ha desarrollado más trámite dentro del proceso legislativo, pero siguen siendo un punto de referencia de las intenciones del Ejecutivo Federal y del partido mayoritario a través del Legislativo

para llevar a cabo un plan de reconfiguración judicial. Por otro lado, se encuentran los cambios internos que se han realizado para dar respuesta a los lineamientos emitidos por la 4T en los que resalta la reducción del 25% de sueldos ante las peticiones del Presidente de la República. Con lo que ahora los ministros ganan alrededor de 201 mil 750 pesos, adoptando también la política de austeridad promovida por el Ejecutivo Federal. También se acaba de nombrar en los recientes meses al ministro Arturo Zaldívar como nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quien se menciona que puede ser alguien progresista y liberal para el Poder Judicial. Sin olvidar también que ha sido señalado por mantener una estrecha relación con el actual gobierno, siendo amigo de John Ackerman, quien es asesor del Presidente de la República y esposo de Irma Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El ministro Presidente ha indicado que su principal objetivo es la renovación de la SCJN y su férrea defensa de la autonomía, así como buscar la forma para conseguir una visión unificada que permita ser al Poder Judicial un verdadero contrapeso del poder y protector de los derechos humanos. Está claro que el Poder Judicial Federal está a punto de vivir una reforma de hondo calado. Solo nos queda analizar y reflexionar qué tan efectivos o perjudiciales pueden resultar estos cambios para seguir manteniendo un sano balance dentro de los Poderes de la Unión, que es la pieza fundamental de un estado de derecho. 20 Mayo 2019 / 25


Hoja de Ruta Su histórica aprobación en la Cámara de Diputados

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024;

GUÍA DE LA 4T El pasado 30 de abril venció el plazo legal para para la entrega del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 (PND). En este sentido y agotando los tiempos marcados tanto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el DOF el 16 de febrero de 2018 de la Ley de Planeación, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el instrumento programático del desarrollo para el país y el cual se encontrará vigente a lo largo de la administración Por El Equipo de Análisis de N4

Justo es señalar que por primera ocasión en la historia,

el Plan Nacional de Desarrollo se envía a la Cámara de Diputados para ser discutido y aprobado por sus integrantes, lo anterior como producto de la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014, la cual responde a una visión democrática y deliberativa de la planeación del desarrollo. Además el propio artículo 74, fracción VII de la Constitución señala que en el caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en los plazos estipulados, el PND se entenderá aprobado por el principio de positiva ficta.

Antes de la reforma constitucional de 2014, el Presidente de la República estaba obligado a enviar el PND a la Cámara de Diputados, pero únicamente con la finalidad de darlo a conocer al Pleno de este cuerpo parlamentario, sin que existiera jurídicamente la posibilidad de abrir un espacio deliberativo para influir en las políticas públicas planteadas por el Ejecutivo y su gabinete. Hoy, esto ya es una realidad. Al ser la primera vez que se pone en marcha este mecanismo, el Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo y los presidentes de las 46 Comisiones de la Cámara de Diputados han planteado la posibilidad de abrir un nuevo periodo extraordinario a finales del mes de junio. Además se tiene pensado realizar una serie de foros, a cargo de algunas comisiones ordinarias para llegar con

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planteamientos plurales de todos los sectores sociales a las deliberaciones del Pleno. Debido a que el PND es uno de los instrumentos programáticos más trascendentales para el país, pues en él se establecen políticas públicas para guiar el desarrollo armónico del pueblo mexicano y se esbozan nuevos objetivos, directrices y estrategias al inicio de cada sexenio, para transformar el rumbo económico, político y social; se vuelve una guía, ahora de carácter deliberativa, para el desarrollo económico y social de la Cuarta Transformación. En este sentido, es justo señalar que el PND responde a un diagnóstico nacional y periódico que se realiza durante cada cambio de administración, en el que se evalúan los niveles de desigualdad y pobreza que existen en el país, así como el estado que guarda la economía.


Además, es justo señalar que la Ley de Planeación le permite al Presidente de la República para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Para ello y a lo largo de un proceso que inició el 15 marzo, las distintas dependencias que conforman a la Administración Pública Federal, se encargaron de realizar una serie de foros de consulta para los distintos sectores sociales, en el orden nacional, estatal y regional, con la finalidad de consensuar y trazar las principales líneas de acción que se encuentran presentes en el PND 2019-2024 que presentó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de abril.

Dicho instrumento de política pública se instrumentó bajo tres grandes ejes torales que guían los objetivos nacionales y la proyección se carácter sexenal, siendo estos: 1) Justicia y el Estado de derecho; 2) Bienestar; 3) Desarrollo económico Además es importante comentar se contemplaron también tres ejes transversales: igualdad de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; territorio y desarrollo sostenible. El proyecto de país que esboza el PND 2019-2024 cuenta con objetivos, tales como: erradicar la corrupción; recuperar el estado de derecho; separar el poder político del poder económico; rescatar los principios de política exterior y migración; fortalecer la democracia participativa con la implementación de figuras como la revocación de mandato y consulta popular; cambiar el paradigma de seguridad para procurar la justicia para garantizar condiciones satisfactorias para el pueblo

de México en materia de empleo, educación, salud y bienestar, así como garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, reformular la estrategia de combate a las drogas y construcción de paz, recuperar y dignificar las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, implementar estrategias para reorientar el papel de las fuerzas armas y el establecimiento de la Guardia Nacional, y mecanismos de coordinación nacional, estatal y regional. Por su parte, en lo que se refiere a la política social, el PND contempla construir un país con bienestar y desarrollo sostenible; fortalecer los servicios de educación y salud; así como echar a andar una serie de programas en favor de la sociedad, tales como el de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de Pensión para las personas con discapacidad, de Becas para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes escribiendo el futuro, sembrando vida, en materia de reconstrucción, de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Tandas para el Bienestar. Por último, en materia económica se plantea detonar el crecimiento y mantener finanzas sanas; no incrementar impuestos; respetar los contratos existentes y alentar la inversión privada; rescatar el sector energético; impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo; crear el Banco de Bienestar; construir infraestructura carretera en zonas rurales, impulsar la cobertura de Internet en todo el país; echar a andar el proyecto aeroportuario de Santa Lucía; impulsar la autosuficiencia alimentaria y rescate al campo, así como la ciencia y tecnología y la salud.

El PND 2018-2024 que discutirá la Cámara de Diputados, tendrá la obligación de analizar si los objetivos se apegan a los instrumentos propuestos por el Presidente de la República y deberán realizar observaciones para lograr un sexenio que logre concretar los objetivos de la 4T.


Reporte Especial Habla a N4 su dirigencia colegiada

REFORMA LABORAL CONSOLIDA

LA LUCHA DE LAS TRABAJADORAS

DEL HOGAR En el año 2000, las entonces conocidas como empleadas domésticas lograron constituir su primer centro de apoyo, pero no fue hasta el 2015 en que alcanzaron su registro sindical; ahora su objetivo es afiliar 2,4 millones de sus compañeras y compañeros en todo el país, explica la líder Norma Palacios

Twitter @SINACTRAHO

Por Erika Victoria

Para más de 2.4 millones de mujeres traba-

jadoras del hogar que hay en toda la República Mexicana, la recién aprobada Reforma Laboral donde se les contemplan sus derechos, es la culminación de una lucha iniciada hace más de 20 años por la pionera de este movimiento, Marcelina Bautista, fundadora en el año 2000 del Centro de Apoyo y Capacitación de Empleadas del Hogar (CACEH), antecedente de lo que es su primer sindicato. Para llevar una lucha de este calibre, explica Norma Palacios, Secretaria General Colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), se ha debido luchar a contracorriente, pues no ha sido una labor fácil en todos estos años organizar y conseguir que las trabajadoras del hogar conozcan sus derechos humanos y laborales, que les permitan mejorar su situación económica y condiciones de trabajo, echando mano de una capacitación continua. En entrevista exclusiva con Nación Cuatro, la dirigente explica que desde el año 2000 la lucha comenzó pero no fue hasta el 30 de agosto de 2015, cuando se constituye el SINACTRAHO, gracias a la organización de las mujeres cansadas del olvido, injusticia laboral y de las condiciones de discriminación a las que eran y siguen siendo sometidas constantemente.

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Explica Palacios que una vez constituidas, lo primero en lo cual comenzaron a trabajar fue en la implementación de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con dos modalidades para los empleadores: de entrada por salida y de planta, esto con la finalidad de tener horarios y sueldos más justos y sobre todo expresa: “que cuando los empleadores se acerquen con las compañeras firmen un contrato por escrito con ellas”. Al respecto, la líder destaca que es prioritario conocer el capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo, ya que es el apartado en donde se habla de las Trabajadores del Hogar y en donde se ven los avances como por ejemplo el término, el cual anteriormente era Trabajadores Domésticos y expresa que ahora ya quedó establecido que son personas Trabajadoras del Hogar.


Es importante que este cambio de nombre se haya dado ya que dignifica, porque en México el término doméstico contiene una carga negativa de discriminación y nosotras ya no queremos que nos llamen con esos nombres despectivos, queremos que se nos llame trabajadoras o trabajadores del Hogar”, subraya Norma Palacios. Comenta que el movimiento deberá fortalecerse ya que se continuará con la capacitación para todas sus compañeras tanto en materia jurídica para que tengan un mayor conocimiento de la ley; y psicológica, para reforzar su autoestima debido a la discriminación y violencia que muchos trabajadores y trabajadoras del hogar han sufrido por parte de sus empleadores. De igual manera, agrega, buscarán fortalecer la capacitación dominical y el proceso de afiliación a la seguridad social y al sindicato de más compañeras y estar al pendiente de la ratificación del convenio 189 en México. Por ello, explica: “La capacitación dominical se da en

nuestro día de descanso y que nosotras utilizamos cada 15 días para capacitarnos, así como aprovechamos y salimos a los Estados para llevar a las compañeras el avance y el conocimiento de sus derechos, para que conozcan que las leyes han cambiado como: la dignificación del nombre, que ya pueden pedir un contrato por escrito sin miedo, que pidan la seguridad social, como el programa piloto, es decir que sepan sus derechos y sus obligaciones, que se organicen y que se afilien al sindicato”. Norma Palacios detalla a N4: “Tratamos de detectar las necesidades que surjan dentro de las compañeras, así como que conozcan la ley, pero es muy importante también trabajar en las necesidades de autoestima y de comportamiento y el cambio que queremos lograr en cuanto a su vida laboral y personal debido a las situaciones de violencia, que muchas compañeras han vivido”.

Refiere que por ello el objetivo del sindicato es que todas las trabajadoras y trabajadores del hogar, cuenten con una relación formal de trabajo, de respeto y apego a los derechos humanos y laborales, y aunque actualmente solo cuentan con mil 500 agremiadas, y 50 hombres aproximadamente, se busca que los números crezcan, ya que son 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar en la República Mexicana, que tienen derecho a esta formalidad, siendo entidades como Puebla, CMDX, Chiapas y Estado de México, donde más trabajadoras del hogar hay. Explica que otro punto medular que se busca es el salario digno: “tenemos sueldos por tabuladores, pero el sueldo mínimo empieza de los 300 pesos por una jornada de 8 horas y aquí empieza el depende porque es acorde a las actividades que realizamos”. Detalla el por qué de los rangos salariales: “No es lo mismo que una trabajadora del hogar haga limpieza, a que una cocine y haga limpieza, o que haga cuidado de niños, es decir que tenga mayor responsabilidad dentro del hogar, esto es como tomamos en cuenta el tabulador”. Finalmente comenta la Secretaria General Colegiada del SINACTRAHO, que dado al programa piloto de afiliación a la seguridad social que lanzó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hombres choferes se han acercado al Sindicato para afiliarse. Al a la vez de agradecer a N4 la entrevista, invita a través de este medio a todas y todos los trabajadores del hogar y hace un llamado a acercarse al Sindicato mediante sus redes sociales, las cuales son: https://sinactraho.org.mx/, en Facebook: Sinactraho CDMX y en Twitter @SINACTRAHO. La organización se encuentra ubicada en la Ciudad de México, en calle Serapio Rendón, Colonia San Rafael número 71 segundo piso, alcaldía Cuauhtémoc. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 am a 5 pm y el teléfono de atención es el: 91 31- 90-97.

“No tengan miedo, que los apoyaremos en las dudas e inquietudes que puedan tener”. Finaliza Norma Palacios. Twitter @SINACTRAHO


Investigación Especial Partidos acusan violación al Pacto Federal

IMPUGNADOS EN LA CORTE, LOS SUPERDELEGADOS AHORA ENFRENTAN LA REPRIMENDA DEL PRESIDENTE Oposición, juristas y gobernadores como Silvano Aureoles de Michoacán, consideran su designación como un atentado a la soberanía de los estados, establecida en la Constitución; también se les critica su desempeño como “vicegobernadores” sin haber sido votados y su falta de austeridad a la hora de asignarse sueldos Por I. León Montesinos

Designados por el presidente desde su

toma de posesión el primero de diciembre del 2018, para tener a su cargo la coordinación e implementación de planes y proyectos federales, al igual que el desempeño de funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas de las secretarías, las dependencias y entidades, los llamados superdelegados no solo han desatado controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por parte de gobernadores como Silvano Aureoles, de Michoacán, y de partidos políticos, además se les acusa de violentar el pacto federal y la soberanía de los estados. Parte directa del equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador desde su campaña electoral, a medio año de su designación, los funcionarios son cuestionados por ser la antítesis de la austeridad al otorgarse altos sueldos, incluso superiores a los de los gobernadores de los estados donde desempeñan su encargo y comenzar a operar programas sociales con claros fines electorales a futuro.

La oposición conformada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano los consideran “vicegobernadores” no elegidos en las urnas, y algunos de ellos ya recibieron su primera reconvención por parte del Primer Mandatario como aconteció el pasado 13 de mayo cuando tras recibir quejas de habitantes de la comunidad huichol de Jesús María, en la Sierra Madre Occidental, les pidió a los delegados federales que salgan del escritorio y aprietan el paso en la dispersión de los Programas Integrales del Bienestar hasta las comunidades más alejadas.

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Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán

Los huicholes recriminaron al presidente que a la fecha ni siquiera se les había incorporado al Censo de Bienestar para recibir las pensiones y becas que se otorgan a los grupos vulnerables


Los huicholes recriminaron al presidente que a la fecha ni siquiera se les había incorporado al Censo de Bienestar para recibir las pensiones y becas que se otorgan a los grupos vulnerables. El superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelín, dijo respecto a la reprimenda:

“Nos pidió que estuviéramos muy pendientes de todas las indicaciones por parte de nuestros superiores y que estuviéramos dándole seguimiento personalizado a todos los programas y que vayamos a tierra, que nos metamos abajo, es allá donde debemos escuchar a la gente y que dejemos el escritorio, que nos vayamos a tierra, hasta el último rincón de los municipios”. El mensaje para que los también clasificados como “supercandidatos”, se ubiquen a ras de tierra no pudo ser más claro pues la propia secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, reconoció que hay atraso en la dispersión de los apoyos económicos en varios estados. Algo sin duda está fallando en la encomienda a los sui géneris funcionarios pues el pasado 22 de marzo, el presidente anunció que para mejorar sus labores, cada uno de los 32 superdelegados contará con subcoordinadores que se encargarán no solo de los programas sociales sino de temas de seguridad, desarrollo económico, energía y comunicaciones. Todo indica que en los hechos no es tan fácil asumir las tareas que venían desempeñando en administraciones pasadas las 2 mil 300 oficinas que, a nivel nacional, operaban las delegaciones de las diversas dependencias. Para avalar su presencia, la Ley Orgánica de la Administración Públicas Federal (LOAPF), fue modificada en el Congreso en noviembre pasado, acentuando el descontento de por lo menos una docena de gobernadores panistas que vieron la llegada de los nuevos funcionarios no como una estrategia de austeridad sino la invasión a la soberanía de los estados. Juristas y partidos han coincidido desde entonces en que con su presencia, los superdelegados violan los artículos 40, 115, 116 y 124 de la Constitución donde se establece que los estados son libres y soberanos.

Pero fue el perredista Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, el que llevó hasta la Suprema Corte una controversia pidiendo la invalidación de los polémicos delegados: reclamo jurídico al que se han sumado por cuenta propia diversos partidos de oposición como el PRI que consideran a los nuevos cargos como la antesala de Morena para fabricar candidatos a los gobiernos de los estados.

De hecho, ya el primer superdelegado en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se convirtió en el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional a esa entidad, punteando en las preferencias electorales ante una menguada oposición. Otro de los puntos discordantes de los nuevos funcionarios es el relacionado con la asignación de sus sueldos que en muchos casos han resultado superiores incluso a los de los gobernadores de sus estados y del propio Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, causó polémica que el delegado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, asignado al estado de Veracruz, donde fue dirigente local, apareciera con una percepción mensual de 131 mil 019, superior a la del presidente de la República que gana 108 mil 744 pesos; y del gobernador, Cuitláhuac García quien apenas alcanza un sueldo de 76 mil 020 pesos. Otros dos casos mostraron que eso de la austeridad no va con los superdelegados; en Chiapas, mientras el gobernador Rutilio Escandón apareció cobrando al mes un salario de 31 mil 886 pesos, el delegado José Antonio Aguilar Castillejos se apuntó con un sueldo de 87 mil 155 pesos. En la CDMX se reportó que la delegada federal, María Cristina Cruz, tiene un ingreso de 87 mil 155 pesos mientras que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum apenas y percibe 73 mil 941 pesos. Más allá del plano jurídico y la determinación de la Corte sobre la legitimidad constitucional de esta nueva figura en la administración pública federal, otro de los temas que seguramente pondrá en entredicho la austeridad en el manejo de los programas sociales y los censos que se levantan en el país para identificar a los beneficiarios, será el asunto de los coordinadores que organizan a los llamados Siervos de la Nación. Los primeros, ha trascendido, cobran un sueldo de 20 mil pesos mensuales y los segundos de 10 mil.

El asunto es que son miles por todo el país, en su mayoría militantes o simpatizantes de Morena. Los superdelegados tendrán que empezar a aclarar de dónde salen los recursos para pagarles y a cuánto asciende el costo total, porque todo apunta a que el país se encamina a una reedición del corporativismo tricolor ahora pintado de guinda. Y por cierto, nada austero.


Internacional Casi 20 mil menores viajan solos

MIGRANTES, UN FENÓMENO

QUE AMENAZA COLAPSAR A MÉXICO En febrero se registraron unas 76 mil personas interceptadas por la policía fronteriza y de seguir así, la cifra podría llegar a 100 mil al mes y un millón para fin de año; ciudades fronterizas como Ciudad Juárez ya entran en crisis por el problema Por Dora Lara

Los 3 MIL 200 kilómetros de frontera que hay entre México y Estados Unidos se han convertido en el punto focal de la relación entre los dos países. Ambas naciones tienen un problema enorme, la migración de indocumentados que

El problema no es nuevo, pero la cantidad de personas que ahora viajan en caravanas, sí. Son miles de bocas que alimentar, dar hospedaje, medicamentos y cuidados para que su tránsito por el país sea lo más seguro posible, esa es la tarea que se ha impuesto el gobierno mexicano. En su afán de ser amigable y solidario el Presidente Andrés Manuel López Obrador, involuntariamente incentivó las caravanas y ahora ya no hay manera de pararlas. “Ahora es más fácil pasar para Estados Unidos, con las caravanas vamos más seguros, nos ahorramos a los coyotes (traficantes) las mujeres y niños son cuidados por todos nosotros y además se nos da dinero con una tarjeta, visas humanitarias, alimentos, donde quedarnos y hasta trabajo cuando pasamos por México, por eso vine, ahora si me aventé”, afirma Atilio Abodija, integrante de una de las caravanas que cruza el territorio mexicano y que busca la manera de quedarse en EU o en México, pero ya no regresar a Nicaragua. Y es que en su afán de ser amable y moderado, buscando incorporar a los migrantes a la sociedad mexicana López Obrador lo que hizo fue incentivar a los indocumentados indecisos. Hoy hay cientos de personas esperando en las ciudades fronterizas, muchos de ellos en albergues controlados, otros deambulando por las ciudades limítrofes, lo cierto es que ya se cuentan por miles, quienes han saturado los refugios, agotan los recursos de emergencia de los Estados en donde esperan, y también ponen a prueba la paciencia y generosidad de los residentes. Un ejemplo es Ciudad Juárez, Chihuahua, a la ciudad llegan migrantes de Centroamérica, el Caribe y otros lugares. Desde hace dos años sus habitantes han visto incrementarse la cantidad de migrantes, cuando llegaron las caravanas, los dos albergues de la ciudad se saturaron rápidamente, se acondicionaron el gimnasio de una escuela, las iglesias se convirtieron en dormitorios y aun así no ha sido suficiente, los indocumentados llegan de cien por día y ya no se dan abasto. Según el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de Chihuahua, el 70 por ciento de los indocumentados en tránsito que llegan a Ciudad Juárez son de origen cubano.

Para aliviar la presión, comerciantes y empresas de Juárez han comenzado a dar empleos temporales a los indocumentados, como en el caso de los cubanos a los cuales colegios privados les ofrecen la plaza temporal de maestros de inglés, lo mismo pasa con restaurantes. Los trámites para solicitar el asilo son lentos y los migrantes deben esperar el fallo en territorio mexicano. Cuando son rechazados ya no saben qué hacer y muchos se aventuran a contratar a los “Coyotes” que muchas veces los estafan ya que les cobran entre 15 a 25 mil pesos por sólo sacarlos de Tapachula y muchas veces los dejan abandonados a mitad del camino. Como fue el caso del niño de tres años que la patrulla fronteriza de McAllen, Texas encontró sólo, llorando en un campo el pasado 24 de abril. El único registro de su identidad era su nombre escrito en la suela de sus zapatos, así como varios números telefónicos. Este pequeño es uno de los 20 mil menores de edad que viajan no acompañados y que han sido rescatados en la frontera. Las autoridades fronterizas han reportado un incremento del 31 por ciento en el intento de cruces ilegales, por lo que en sólo febrero se registraron 76 mil personas interceptadas por la policía fronteriza y de seguir así, la cifra podría aumentar a 100 mil en abril y un millón para fin de año. El gobierno de México no define qué hacer en su política de trato hacia los migrantes; por una parte, les da la mano y los hace sentir bienvenidos, y anuncia que ha habido 44 por ciento menos deportaciones que en el sexenio pasado. De hecho, hasta montó un operativo especial para recibir a las primeras caravanas. Pero por otro lado les cierra los pasos fronterizos de acceso a México, suspendiendo la entrega de las visas humanitarias de manera abrupta, los persigue, a los cubanos en especial y deporta. Actualmente hay más de mil personas esperando en la oficina de migración de Tapachula, Chiapas esperando su pase de salida para seguir su camino.

¿Qué pasará con toda esa gente? ¿Se quedará en México? ¿Se regresará a su país natal? No lo sabemos, pero lo que sí urge es que el gobierno se defina y pronuncie sobre este tema que ya no se puede postergar.


El Telar de Cronos Ocultó la realidad el ex Jefe de Gobierno

EL ORIGEN MANCERISTA

DE LA INSEGURIDAD

EN LA CDMX

Miguel Ángel Mancera, ahora senador por el PRD negó de forma sistemática la existencia de cárteles en la metrópoli para no afectar sus aspiraciones presidenciales y permitió que sus funcionarios encubrieran a peligros grupos delincuenciales que ahora retan a la nueva administración y siembran el terror contra ciudadanos y empresarios en el Centro Histórico Por I. León Montesinos

En su enfermizo afán por ser candidato a la presiden-

cia, el ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se la pasó negando en su gobierno la presencia de cárteles en la CDMX. Su apatía y las cifras maquilladas dejaron crecer a grupos criminales como La Unión Tepito, que ahora aprisiona con sus tentáculos a diversas alcaldías y al Centro Histórico de la metrópoli. En 2017 un operativo de la Secretaría de Marina puso al descubierto al peligroso cártel de Tláhuac y pese a ello, el hoy senador insistió en negar la gravedad de un problema que en enero pasado llegó a uno de sus puntos más álgidos en la naciente administración morenista de Claudia Sheinbaum, al registrase en la capital del país 27 mil 99 ilícitos, 39 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. De igual forma, el número de homicidios dolosos se disparó en forma considerable al pasar de 61 a 157; esto es, un 157 por ciento más. Los desbordados niveles de inseguridad, como era de esperarse, se han aprovechado por partidos de oposición para acusar de incapacidad al gobierno de la CDMX. El asunto es que el terror que viven los habitantes de la CDMX es producto de una gravísima irresponsabilidad y corrupción de funcionarios manceristas que permitieron hacer y deshacer a los capos, echando mano de jueces deshonestos del Tribunal Superior de Justicia para torcer la ley y permitir despojos en infinidad de inmuebles del primer cuadro, en la alcaldía de Cuauhtémoc. De hecho, muchos de estos predios e inmuebles en manos de los rufianes son producto de despojos con apariencia de juicios legales y con la connivencia de las autoridades que participaron incluso para sacar de sus propiedades a sus legítimos dueños. Muchos de los afectados optaron por no promover juicios ante las abiertas amenazas contra la integridad y la vida de sus seres queridos. Hace unas semanas la Jefa de Gobierno anunció el apoyo que dará a su gobierno la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para elaborar un diagnóstico de la situación delincuencial que prevalece en el Centro Histórico, cuyos problemas de inseguridad no se remiten solo a la venta de drogas y asaltos sino a un problema más delicado que es la extorsión o cobro de piso, y que al decir de diversos comerciantes de la zona, le ha costado la vida a muchos propietarios de establecimientos mercantiles, al no acceder a las peticiones de los delincuentes. En este sentido, no todas las ejecuciones han sido por ajuste de cuentas entre grupos rivales sino

asesinatos a mansalva para dar un escarmiento a los que se niegan a pagar las cuotas asignadas. Desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, existían testimonios de empresarios del primer cuadro que eran víctimas de este delito pero no denunciaban por temor a las represalias pues sabían muy bien que los policías estaban coludidos con los jefes de las ahora poderosas bandas. De acuerdo a lo expresado por la titular del gobierno capitalino, la firma del acuerdo con la UNODC, permitirá tener un diagnóstico real de la situación para saber cómo capacitar al personal destinado a abatir estos delitos. Y es aquí donde el hilo de la corrupción y las complicidades se reventará por lo más delgado, pues el personal de la ONU será difícil de corromper por parte de la Unión Tepito y otros grupos rivales; con toda seguridad en sus próximos diagnósticos aparecerán nombres de jefes policiales y políticos que en el pasado les brindaron protección a cambio de obtener parte del jugoso botín, de la infinidad de delitos cometidos contra la ciudadanía, empresarios y comerciantes. La turbia historia a revelarse no se va a constreñir sólo a la zona centro de la CMDX sino a otras alcaldías donde el Atlas de la Inseguridad muestra encendidos focos rojos como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y, por supuesto, Cuauhtémoc. En GAM, por ejemplo, un medio escrito publicó en fecha reciente una información donde se da cuenta del estado de sitio y pánico que enfrentan habitantes de zonas como Cuautepec, donde no se puede andar por las calles más allá de las 8 de la noche. La delincuencia estableció un virtual toque de queda en una demarcación desgobernada por los perredistas Víctor Hugo Lobo y Nora Arias. Una tarea que se apetece a misión imposible es la que espera a Claudia Sheinbaum, y en la que deberá apoyarse en los elementos de la Guardia Nacional para enfrentar un monstruo alimentado y apapachado por la administración mancerista.


De la Aldea Global Educación Aún por definir sus leyes secundarias

HABEMUS REFORMA EDUCATIVA,

Y AHORA, ¿QUÉ SIGUE? La tan llevada y traída reforma es por fin una realidad constitucional. No así los efectos que traerá a las aulas y a la educación de millones de niños. El proceso apenas inicia

Por El Equipo de Análisis de N4

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na vez alcanzada la Independencia de México, el enfrentamiento entre liberales y conservadores marcó todos los ámbitos de la vida nacional, y la educación no fue la excepción, pues si bien ambos bandos la concebían como prioritaria, los medios que consideraban eran distintos, pues los liberales apelaban por el fin del monopolio eclesiástico y en contra de la intervención del Estado, mientras que los conservadores defendían el papel de la Iglesia.

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Debido a las circunstancias, los liberales flexibilizaron su posición y concibieron al Estado como un medio para desplazar a la Iglesia, por lo que apoyaron el control estatal. La inestabilidad económica, política y militar de los primeros años de la nobel nación impidieron la puesta en marcha de políticas educativas, a pesar de los reiterados intentos por quitar a la Iglesia su papel central. El año de 1867 constituye un parteaguas en la historia educativa del país, pues la victoria del presidente Benito Juárez sobre los franceses y conservadores no sólo permitió el restablecimiento de la República, sino la expedición de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en la que se logró la laicidad de la educación, su obligatoriedad para el nivel básico, gratuita para los pobres, la unificación educativa, exclusión de la educación religiosa, inclusión de la moral e impulso de la educación secundaria.


Un segundo parteaguas en la historia educativa del país lo constituye, indudablemente, la Constitución de 1917 en la que el Congreso Constituyente elevó a rango constitucional la obligatoriedad, gratuidad y laicidad del precepto de educación y sustituyó a la Iglesia del papel central que había tenido durante el siglo XIX para colocar al Estado como piedra angular.

Fue en 1921 cuando, tras haber desaparecido la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, gracias a la obra de José Vasconcelos se instituye la Secretaría de Educación Pública, inaugurando la tendencia federalista de la educación. La alfabetización, misiones rurales en una cruzada por la alfabetización, escuela rural, instalación de bibliotecas, edición de libros de texto gratuito, desayunos escolares, bellas artes, intercambio cultural con el exterior y un férreo nacionalismo heredero del indigenismo e hispanismo, fueron las acciones impulsadas por el autor de La Visión de Anáhuac. Muchos cambios ha tenido este sector de la administración pública desde entonces, pues cada gobierno, cada sexenio, busca llevar su ideología y principios a las aulas escolares. Y el actual no es la excepción. Bajo el lema de revalorizar la función magisterial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pretendido derogar algunos aspectos de la reforma educativa realizada en 2013 por su antecesor, centrándose básicamente en la permanencia como un objetivo dependiente de aprobar la evaluación. 20 Mayo 2019 / 35


Hoja de Ruta AMLO por AMLO en la Educación Convocaremos al movimiento magisterial de todo el país, a padres de familia y especialistas a un congreso para elaborar su propio proyecto de reforma educativa. Va a ser el congreso por la educación y por la unidad del magisterio nacional (…) vamos a revisar un plan educativo para beneficio del pueblo de México, una auténtica reforma educativa. Van a estar invitados maestros del SNTE, desde luego de la CNTE, que son la vanguardia del movimiento magisterial, son los que han manifestado más rechazo a la reforma educativa, y muchos maestros que están en otras organizaciones, porque ya hay muchas organizaciones independientes en los Estados. Ese es el plan que vamos a presentar y que va a sustituir a la mal llamada reforma educativa (…) va a ser un plan para mejorar la educación en México y también para conseguir la unidad de los maestros. Entonces, vamos a hacer una convocatoria amplia para elaborar conjuntamente un plan educativo, y por supuesto con la participación de padres de familia, y de especialistas para tener un buen plan educativo. Teopisca, Chiapas, 21 de enero de 2018.

Dicha medida ha desaparecido e incluso a escasos tres días de publicada la nueva reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió los exámenes magisteriales que estaban organizados. Ante ello, se abre un periodo crítico de la educación en México, pues a la reforma constitucional deben seguir numerosas leyes secundarias que regulen aspectos como el ingreso, promoción, capacitación y mejora continua de docentes, así como nuevos planes y programa educativos. Para ello, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ha dicho que dialogarás 36 / 20 Mayo 2019

más de cerca con el magisterio, a fin de llegar a acuerdos, lo cual resulta en sí mismo un inconmensurable reto. Es previsible que el estímulo creado durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, como lo fue la carrera magisterial, sea retomado por el actual gobierno.

El encuentro que el Presidente de la República ha sostenido con diversos grupos magisteriales apunta a la intención de alcanzar el mayor consenso posible para definir las leyes reglamentarias.



Economía Nacional Inversión en infraestructura generará desarrollo

ARRANCAN LOS PROYECTOS

ESTRELLA DEL SEXENIO El gobierno de la 4T llegó con la iniciativa de implementar varios proyectos fundamentales que buscan contrarrestar la brecha económica entre la región Norte y Sur del país, con la visión de lograr la homologación del crecimiento económico a nivel nacional

Por El Equipo de Análisis de N4

Para lograr esta meta se plantearon diversos proyectos con una gran visión

para poder afrontar los retos del presente y del futuro. En este sentido y ya con la investidura presidencial, el presidente López Obrador adoptó como proyectos estrella el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la refinería de Dos Bocas y también el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucia.

Está claro que la inversión en infraestructura es uno de los factores fundamentales para el crecimiento de cualquier economía y del desarrollo social de la población, ya que son estos proyectos que permiten el progreso y la inclusión social, permitiendo la convergencia de inversiones públicas y privadas en favor de un pleno crecimiento y desarrollo.

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La tendencia internacional señala que la inversión en infraestructura va en declive, principalmente en América Latina, ya que varios de los factores que lo han provocado son el lento avance de la economía mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis e incertidumbre que genera el Brexit en Europa y los recientes cambios de gobiernos, trayendo como consecuencia que diversas naciones busquen cerrar sus economías con la finalidad de proteger sus mercados internos y no depender en demasía del exterior, provocando una complicación para todas la naciones en desarrollo.

En el caso de México, el nuevo gobierno llegó con la iniciativa de comenzar con varios proyectos fundamentales que permitirían contrarrestar la brecha económica entre la región Norte y Sur del país, con la visión de lograr la homologación del crecimiento económico a nivel nacional. Sin embargo, el ambiente nacional no es ajeno a lo que pasa en el ámbito internacional y se han presentado ciertas complicaciones tanto nacionales como internacionales que han ocasionado que estos proyectos estén en la mira de la sociedad y del mismo gobierno, el cual ha postergado algunos proyectos y disminuido el alcance de otros. 38 / 20 Mayo 2019


Nuevo Aeropuerto En particular, destaca la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que originalmente sería en el municipio de Texcoco, el cual ahora se realizará en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para lo cual simbólicamente ya iniciaron los trabajos el pasado 25 de abril durante la Feria Aeroespacial México 2019. El nuevo aeropuerto contará con más de 3,000 hectáreas y será tanto civil como militar. Sin embargo, aunque el Presidente ha mencionado que es un hecho su realización, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que aún hay estudios en proceso, tales como el impacto ecológico y análisis geológicos, pero hay grandes adelantos en el plan maestro, señala. Asimismo, se indicó que su funcionamiento será en coordinación con el aeropuerto de Toluca y de la Ciudad de México. ello con la intención de que entre los tres aeropuertos puedan movilizar alrededor de 95 millones de pasajeros al año. Para ello, es fundamental asegurar que las operaciones aéreas puedan entrar en funciones en la primera fase en el año 2021, mientras tanto para darle una salida a la problemática que vive el aeropuerto de la Ciudad de México se cons truirá una nueva terminal donde actualmente está ubicado el hangar presidencial.

Tren Maya Ahora bien, el proyecto del Tren Maya que recorrerá los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es un plan de infraestructura que busca potencializar el turismo y facilitar el trayecto en la región, dando una oportunidad a estas entidades sureñas para obtener del turismo una gran derrama económica que a la vez facilite la exportación de sus mercancías por medio de los principales puertos de la región. Desde que se presentó el proyecto a la fecha se ha modificado más del 70% del plan original, ya que se están escuchando y cuidando las recomendaciones de las diferentes organizaciones ambientales, así como las zonas arqueológicas existentes. El Tren Maya contará con alrededor de 1,500 kilómetros de longitud y se estima que comience operaciones en los próximos 3 años. No obstante, presenta el problema de que aún no está completo el proyecto maestro, ya que siguen pendientes muchos estudios con un costo de aproximadamente 3 mil millones de pesos. Además, FONATUR ha confirmado que se realizarán 12 licitaciones para la construcción del mismo.

Refinería Dos Bocas Por su parte, el proyecto de la creación de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, ha atraído recientemente amplios reflectores mediáticos, políticos y sociales, ya que el gobierno federal ha declarado desierta la licitación para su construcción, indicando que la Secretaría de Energía junto con Pemex serán los encargados de su realización, reafirmando que tendrá un costo de 8 mil millones de dólares y que deberá estar lista en los próximos 3 años para comenzar su operación. Es de reconocer el optimismo del Presidente López Obrador por consolidar este proyecto que también se ha convertido en una exigencia social, ya que la refinería representa una oportunidad para asegurar la autosufiencia energética. Después de la declaración presidencial, los especialistas aseguran que tanto Pemex como la Secretaría de Energía se enfrentan a un gran reto, pues no cuentan con los técnicos con experiencia en la realización de refinerías, además de que el proyecto aún le falta mucho para que comience con las primeras labores. Pero la Presidencia ha asegurado que se realizará durante este

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Corredor Transístmico El último proyecto y con un mayor retraso es el Corredor Transístmico, ya que aún se encuentra en la misma fase que cuando se presentó durante la campaña presidencial, el cual se confirmó que en una encuesta los pobladores originarios de la región han asegurado estar de acuerdo con el Presidente López Obrador y el proyecto presentado. Este corredor conectará el puerto de Salina Cruz en Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, siendo un medio de comunicación entre los Océanos Pacífico y Atlántico. Este corredor no tendrá inversión extranjera y consistirá en la ampliación de los puertos antes mencionados, así como la creación de una nueva línea férrea de carga y otra de pasajeros. Asimismo, la zona del Istmo de Tehuantepec se volverá zona libre con una reducción en el pago de impuesto de 50%. Sin embargo, aún no se ha avanzado mucho en el proyecto por lo que únicamente esta en aprobación por parte del Ejecutivo federal.

A casi 6 meses de estar al frente del país, los proyectos estrella de infraestructura planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran en revisión, ya que no son los proyectos que originalmente fueron planteados y mucho menos los costos contemplados, añadiendo que esta incertidumbre ha provocado que se pierda la atracción para detonar que se realicen inversiones del sector privado y también el poco esclarecimiento de dónde saldrá todo el dinero necesario para su realización. Es claro que el Estado Mexicano no puede de la noche a la mañana realizar inversiones de este tipo, pues tendría que quitar presupuesto a otros rubros o sectores, pero eso sería también descuidarlos y generar más complicaciones, además, aun haciéndolo no se logaría invertir lo suficiente para terminar las obras a tiempo. Mauricio de María y Campos, investigador asociado del Colegio de México (Colmex), es uno de los economistas mexicanos más destacados y fungió como funcionario del Banco de México y de la SHCP, así como miembro de la CEPAL, y ha sostenido que “todavía no podemos ver un plan congruente con objetivos de política claros y, particularmente no hemos podido ver de dónde van a salir los recursos financieros”. Destacando que es necesario aumentar la inversión pública si se quiere llegar a la meta de crecer económicamente, siendo necesario la inversión del 5% del PIB para lograrlo, esto provocaría mayor fomento de inversión y menos incertidumbre, ya que el sector privado se encuentra a la espera de que se desate el gasto en inversión pública.

La mayoría de los especialistas está preocupada porque son proyectos claves que pueden aun ser una oportunidad para la nación; sin embargo, las últimas decisiones han demostrado que no va del todo bien y sigue aumentando la carga financiera para Pemex. Los proyectos estrella de la 4T están en marcha, pero con un amplio catálogo de retos. Habrá que estar atentos.

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