Nathalia Butrón Gelvez Teoría Unidad Avanzada 2015 - 01
Las cargas urbanísticas, ¿En pro de una Bogotá compacta o en detrimento del gremio constructor? Con la expedición del decreto 364 de 2013 que busca la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2004, han sido muchas las polémicas generadas tanto por dirigentes políticos, gremios constructores, ciudadanos, etc. Uno de los temas de mayor discusión es aquel que trata el manejo de las cargas urbanísticas o bien llamado sistema de distribución de cargas y beneficios. 1. Con la modificación del sistema de cargas urbanísticas propuesto en el decreto 364 de 2013 la Secretaría de Planeación busca redensificación del centro y la consolidación de la bien llamada Bogotá compacta que logre equilibrar el patrón de crecimiento de la ciudad la cual ha generado un desbalance en la distribución de la población dentro del territorio, teniendo una periferia altamente poblada (entre 500 y 1000 habitantes por hectárea) en contraste con un centro que ha perdido población residente (en promedio 200 habitantes por hectárea)1, que a su vez ha permitido observar la necesidad de un equilibrio social y territorial, el cual logre no sólo aumentar la capacidad de soporte de las infraestructuras urbanas en zonas con un déficit de ellas, sino que permite el aprovechamiento de zonas con espacios urbanos superavitarios como causante de un aumento en la densidad del lugar. De esta forma, implementación de cargas urbanísticas tal y como lo expresa el Alcalde Gustavo Petro y la secretaría de planeación, generaría una reducción considerable en la renta, al permitirle un mayor índice de construcción sin elevar los precios del suelo, además de propiciar el crecimiento en altura de las edificaciones proyectadas a través de un sistema de plusvalías en el cual se ofrece la posibilidad de crecer en altura a cambio de cesiones en áreas públicas como parques, plazas, zonas verdes, o equipamientos. Así, se le otorga a la ciudad un crecimiento paralelo entre construcciones y espacio público de mayor uniformidad, pero de grandes diferencias con el POT vigente el cual además de limitar dicho sistema de cargas y beneficios a áreas determinadas al interior de planes parciales o zonas de desarrollo y renovación urbana, tal y como está expresado en la norma, deja de lado tejidos como el del centro de la ciudad, que como centro fundacional y de dinámica han de tener la posibilidad de transformarse igualmente en el tiempo y en paralelo con el resto de la ciudad.
2. Por otro lado la puesta en vigor de dichas cargas urbanísticas supondría mayores costos para los constructores, los cuales tal y como lo expresa la gerente de Camacol Martha Moreno, podría provocar un parálisis en el gremio de la construcción al asumir mayores costos en la preservación del espacio cedido que logran ascender hasta porcentajes del 30% del área adquirida. El Plan de Ordenamiento Territorial, es consciente de la necesidad de un sistema de cargas y beneficios en pro de una ciudad con un crecimiento equilibrado entre edificaciones y espacios verdes, por lo cual establece un sistema de cargas urbanísticas, pero que a diferencia del propuesto por el decreto 364 de 2013, hace hincapié en la diferencia que implica la aplicación de dichos sistemas en zonas de la ciudad ya consolidados, como el centro de la ciudad, y zonas en desarrollo o renovación urbana, en las cuales la aplicación de tales sistemas resulta de menor complejidad. De esta forma el POT vigente implementa el reparto de cargas y beneficios en los instrumentos de planificación aplicables a los tratamientos de consolidación con cambio de patrón, consolidación con densificación moderada, renovación urbana en la modalidad de redesarrollo y mejoramiento integral de barrios, con el propósito de que en ellos se contribuya a la adecuación de las infraestructuras viales y de servicios públicos domiciliarios, a la dotación de equipamientos y a la generación y recuperación del espacio público. Así, se evidencia una preocupación por el tema del crecimiento del espacio público desde la entrada en vigencia del plan en 2004, buscando el beneficio de ambas partes, pues como lo afirmaría Luis Díaz miembro del gremio de la construcción, la aplicación del decreto 364 propuesto por el alcalde Petro sería viable incrementándole el precio a las viviendas entre un 15% y un 25%, lo cual sería contradictorio porque dificultaría el acceso a la población que el alcalde de la ciudad quiere beneficiar, a tales construcciones, generando así una sistema que no genera ningún tipo de beneficio ni para la ciudad, el constructor o el ciudadano.
BIBLIOGRAFÍA
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