Experta Cristina Pardo: Provisión de

Inversión e infraestructura critica

PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Abrazar la relación público-privada

Garantizar servicios de infraestructura es uno de los papeles del Estado que se enmarca en su rol económico. A estas alturas entendemos que la infraestructura es un bien público que promueve el crecimiento. Pero a veces se olvida (o se

Cristina Pardo

Cristina Pardo es economista de la Universidad de Salamanca, España. Master Degree in Infrastructure Utility Management de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha desarrollado toda su carrera profesional en la relación público-privada en distintos países de los cinco continentes. evita) la obligación del gobierno de invertir en infraestructura sin amenazar la estabilidad fiscal.

Llevo toda mi vida profesional estudiando la relación entre el Estado, los privados y la sociedad en general en materia de infraestructura, en los cinco continentes. La respuesta a esa necesidad es un único mecanismo: la Asociación Público Privada. No es posible concebir solamente el modelo tradicional, donde la financiación, obra y operación dependerá solamente de los recursos públicos disponibles que provienen de la recaudación de impuestos. Como tampoco es posible concesionar todos y cada uno de los servicios públicos e infraestructura asociada. Esto lo sabían hasta los romanos.

Entonces: ¿por qué se genera tanto debate y se convierte en dardo ideológico la provisión de infraestructura? Por los desequilibrios que se generan a partir de algunos contratos erróneamente concebidos o incorrectamente estructurados, que terminan por pasarle la factura al común de los contribuyentes. No culpemos al sistema que ha traído tanto desarrollo a Chile: mejorémoslo. No existe infraestructura sin empresas privadas, y éstas generan empleo, desarrollo y mejoras sociales en general. El Estado es el responsable de dictar las normas que rigen este tipo de contratos de concesión, licitar buenos proyectos y ejercer control sobre las tarifas. Y además debe incentivar la inversión y surtir de proyectos al país. El privado debe colaborar con el Estado aplicando las mejores prácticas en Responsabilidad Social y Ambiental, porque la tiene.

Oliver Hart, estadounidense de origen británico y ganador del Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría de los contratos, apunta a una serie de principios sobre la justicia en las relaciones contractuales y cómo el Estado debe velar por la equidad jurídica, en donde ambas partes ganan y, en consecuencia, lo hace la sociedad. Ello se construye a partir del trabajo transparente y la innovación en los contratos, pero sobre todo desde el conocimiento y la experiencia. Chile tiene eso.

Vivimos tiempos dinámicos, con economías y negocios cambiantes. Existen fallos inherentes a los contratos de largo plazo. Lo urgente es trabajar en cómo resolver aquellas situaciones sobrevenidas (COVID-19, por poner un ejemplo), pero sobre todo tratar de incorporar el mayor número de escenarios posibles al contrato, equilibrando los riesgos entre lo público y lo privado en beneficio de las comunidades. El conocimiento profundo del objeto contractual (en este caso del proyecto) es lo más importante. La única política a aplicar es la del respeto al derecho público y privado, evitar la incertidumbre e implementar un sano equilibrio entre las partes desde el conocimiento. N&C

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