Volver a índice COLUMNA EXPERTA
Inversión e infraestructura critica
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Abrazar la relación público-privada
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arantizar servicios de infraestructura es uno de los papeles del Estado que se enmarca en su rol económico. A estas alturas entendemos que la infraestructura es un bien público que promueve el crecimiento. Pero a veces se olvida (o se
Cristina Pardo Cristina Pardo es economista de la Universidad de Salamanca, España. Master Degree in Infrastructure Utility Management de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha desarrollado toda su carrera profesional en la relación público-privada en distintos países de los cinco continentes.
31 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Junio 2022
evita) la obligación del gobierno de invertir en infraestructura sin amenazar la estabilidad fiscal. Llevo toda mi vida profesional estudiando la relación entre el Estado, los privados y la sociedad en general en materia de infraestructura, en los cinco continentes. La respuesta a esa necesidad es un único mecanismo: la Asociación Público Privada. No es posible concebir solamente el modelo tradicional, donde la financiación, obra y operación dependerá solamente de los recursos públicos disponibles que provienen de la recaudación de impuestos. Como tampoco es posible concesionar todos y cada uno de los servicios públicos e infraestructura asociada. Esto lo sabían hasta los romanos. Entonces: ¿por qué se genera tanto debate y se convierte en dardo ideológico la provisión de infraestructura? Por los desequilibrios que se generan a partir de algunos contratos erróneamente concebidos o incorrectamente estructurados, que terminan por pasarle la factura al común de los contribuyentes. No culpemos al sistema que ha traído tanto desarrollo a Chile: mejorémoslo. No existe infraestructura sin empresas privadas, y éstas generan empleo, desarrollo y mejoras sociales en general. El Estado es el responsable de dictar las normas que rigen este tipo de contratos de concesión, licitar buenos proyectos y ejercer control sobre las tarifas. Y además debe incentivar la inversión y surtir de proyectos al país. El privado debe colaborar con el Estado aplicando las
mejores prácticas en Responsabilidad Social y Ambiental, porque la tiene. Oliver Hart, estadounidense de origen británico y ganador del Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría de los contratos, apunta a una serie de principios sobre la justicia en las relaciones contractuales y cómo el Estado debe velar por la equidad jurídica, en donde ambas partes ganan y, en consecuencia, lo hace la sociedad. Ello se construye a partir del trabajo transparente y la innovación en los contratos, pero sobre todo desde el conocimiento y la experiencia. Chile tiene eso. Vivimos tiempos dinámicos, con economías y negocios cambiantes. Existen fallos inherentes a los contratos de largo plazo. Lo urgente es trabajar en cómo resolver aquellas situaciones sobrevenidas (COVID-19, por poner un ejemplo), pero sobre todo tratar de incorporar el mayor número de escenarios posibles al contrato, equilibrando los riesgos entre lo público y lo privado en beneficio de las comunidades. El conocimiento profundo del objeto contractual (en este caso del proyecto) es lo más importante. La única política a aplicar es la del respeto al derecho público y privado, evitar la incertidumbre e implementar un sano equilibrio entre las partes desde el conocimiento. N&C
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