COLOMBIA Rodolfo Hernández: Un candidato multimillonario (inspirado en AMLO) que genera muchas dudas /Rafael Croda

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Los colombianos acudirán a las urnas de nueva cuenta en dos semanas para escoger entre el eterno aspirante de izquierda Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández, el candidato que sorprendió en la primera vuelta y ahora tiene posibilidades de ganar la Presidencia. La clave de su éxito es haber estudiado minuciosamente el estilo de gobernar del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de quien tomó ciertos fragmentos para su narrativa, explica Ángel Becassino, estratega político de Hernández. Sin embargo, Petro lo desestima; dice que carece de programa.

RODOLFO HERNÁNDEZ UN CANDIDATO MULTIMILLONARIO

(INSPIRADO EN AMLO) QUE GENERA MUCHAS DUDAS

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.— El empresario Rodolfo Hernández, quien disputará la presidencia de Colombia el domingo 19 de junio ante el izquierdista Gustavo Petro, es un nuevo fenómeno político que tiene a decenas de analistas tratando de dilucidar por qué un candidato como él –locuaz, deslenguado y sin un programa claro de gobierno– está cerca de convertirse en el próximo presidente del país.

Hernández, de 77 años y con una fortuna de 100 millones de dólares, ha prometido que llevará a todos los colombianos a conocer el mar, ha tenido deslices como confundir a Albert Einstein con Adolfo Hitler y en internet circulan audios y videos que lo muestran como una persona impulsiva que pierde los estribos y que puede ser amenazante y violenta.

Esas características, expuestas en las redes sociales, lo pusieron en el radar del país hace tres años, cuando era alcalde de la nororiental ciudad de Bucaramanga y cacheteó a un concejal, pero él se las arregló para transformar esa incorrección política en materia prima de una candidatura presidencial atípica que, hasta hace poco, nadie tomaba muy en serio.

Como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien es su referente político, el multimillonario ubicó la corrupción como el principal problema del país y dijo que acabará con ella y con los políticos clientelares y corruptos, a quienes llama “la mafia” o “una partida de sinvergüenzas”.

Durante la primera vuelta electoral, el excéntrico empresario de la construcción fue tildado de populista, demagogo, bufón y superficial en sus planteamientos, pero como no era el candidato a vencer, los ataques no se concentraban en él, sino en el izquierdista Gustavo Petro, que siempre encabezó las encuestas.

El pasado 29 de mayo, sin embargo, Hernández se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta de los comicios presidenciales al pasar a la segunda ronda con 28% de los votos. Lo hizo junto con Petro, quien logró 40% de los sufragios. Ambos representan opciones de cambio.

Ingeniero civil y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción –movimiento que él fundó–, Hernández dejó fuera de la contienda al candidato de la ultraderecha oficialista y de los partidos políticos tradicionales, Federico Gutiérrez, a quien todas las encuestas ubicaban en segundo lugar.

Los primeros sondeos realizados tras la jornada electoral del 29 de mayo dan a Hernández una ventaja de entre dos y siete puntos sobre Petro de cara a las elecciones presidenciales del domingo 19 de junio. En México, su referente

Ya se sabía que los colombianos querían un cambio de rumbo tras el impopular gobierno de Iván Duque, pero todas las mediciones indicaban que el protagonista del cambio sería Petro, no el pintoresco multimillonario.

Lo que no se sabía es que una de las claves del éxito de Hernández es haber estudiado minuciosamente el estilo de gobernar del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la estrategia que utilizó el mandatario en la campaña electoral de 2018, la cual lo llevó a la Presidencia.

El candidato colombiano, quien nació en la pobreza y estudió en escuelas públicas, puso especial cuidado en los mensajes que lograron conectar a López Obrador con el electorado y en las partes medulares del programa de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El estratega político de Hernández, Ángel Becassino, dice a Proceso que el ingeniero ha venido observando desde hace mucho tiempo la gestión de gobierno de López Obrador, su desempeño en el ámbito de la política electoral y la forma “tan acertada” en que se comunica con la ciudadanía.

También, señala, Hernández ha estudiado cómo se conduce el presidente mexicano en las conferencias de prensa “mañaneras” y la forma en que dialoga con los medios de comunicación.

Como resultado de ese proceso de observación y estudio, el empresario “tomó ciertos fragmentos” de la narrativa y el estilo de López Obrador y los incorporó a su campaña con la asesoría de Becassino, un respetado estratega político y comunicacional nacido en Argentina y radicado en Colombia.

Becassino ya había seguido de cerca las campañas de López Obrador en 2006, cuando según resultados oficiales perdió por estrecho margen ante el panista Felipe Calderón, y en 2012, cuando ganó el priista Enrique Peña.

Ese conocimiento le permitió entender mejor las expectativas de Hernández con respecto al guion lopezobradorista y construir un discurso sintonizado con la realidad de Colombia, donde existe una generalizada indignación ciudadana con la ultraderecha uribista que gobierna el país desde 2018 y con la clase política tradicional que, como en México, tiene fama de clientelista, politiquera y corrupta.

De acuerdo con Becassino, lo que ha hecho el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es tomar de López Obrador “las cosas que le parecen acertadas” y ponerlas en práctica en Colombia. El estratega dice que el presidente mexicano es “un referente” del ingeniero Rodolfo Hernández.

Discursos paralelos

Hay frases y conceptos de Hernández que suenan muy parecidos, o iguales, a los del presidente mexicano.

Entre ellos, que la austeridad presupuestal y la lucha contra la corrupción permitirán al Estado tener recursos suficientes para combatir la pobreza, por lo que no hay necesidad de subir impuestos; o que la mejor estrategia contra la delincuencia es atacar sus causas, es decir, la pobreza.

Hernández habla con un lenguaje coloquial. Cuando hace unos días le preguntaron al ingeniero septuagenario cómo está de salud, respondió: “Tarzán es un pendejo al lado mío”.

El candidato pocas veces abandona ese tono socarrón de abuelo buena onda que a muchos colombianos les parece divertido y que no encaja en el molde del político tradicional. Incluso habla así cuando aborda asuntos serios.

Ha dicho que “la mejor política exterior es la interior” y que un principio rector de sus relaciones con el mundo será no inmiscuirse en asuntos internos de otros países. “Yo tengo que resolver los problemas de aquí, que son muchos, y no los de Venezuela”, afirma.

Como López Obrador, Hernández desconfía de los tecnócratas educados en universidades extranjeras y cree que la honestidad es más importante que la formación académica. Él no sólo rebajaría su sueldo como presidente, de unos 10 mil dólares mensuales, sino que lo donaría a estudiantes pobres.

Como López Obrador, eliminaría el fuero presidencial; revisaría los contratos onerosos; dejaría de usar el avión presidencial y convertiría en museo la residencia de los mandatarios colombianos, la Casa de Nariño.

Estos mensajes los divulga por redes sociales, en entrevistas con medios de comunicación y en videos en Tik Tok en los que promete “cárcel para todos los polí-

ticos ladrones”, a quienes también llama “gavilla de hijueputas”.

Ángel Becassino explica que Hernández identifica la corrupción y el despilfarro de recursos públicos como los grandes problemas del país que atentan contra el progreso y contra la posibilidad de atender las enormes necesidades de la población, que vive mayoritariamente en la pobreza.

Por ello, explica, lo primero que haría el empresario de llegar a la Presidencia sería eliminar, por decreto, todas las consejerías presidenciales; las camionetas blindadas a congresistas y funcionarios, y cerraría consulados y embajadas que no son estratégicos.

Estas medidas ahorrarían al gobierno unos 400 millones de dólares que Hernández destinaría a pagar adeudos de los universitarios que han financiado sus carreras con créditos del Estado.

De acuerdo con Becassino, con ese recorte de gasto se eliminarían las cuotas clientelares que tienen muchos políticos en Colombia y los amigos de los presidentes; se combatiría la corrupción y Hernández pondría en claro que va a atacar los lastres que impiden al gobierno tener una buena gestión.

Petro, el otro finalista de los comicios presidenciales, dijo que su contrincante carece de propuestas y que lo que tiene son “frases de Tik Tok con las que no se cambia un país”. Dos días después, aseguró que Hernández se apropió de sus propuestas.

Y el miércoles 1 de junio Petro dijo: “Tenemos un candidato que está imitando las frases de López (Obrador) porque no tiene programa propio”.

El politólogo Mauricio Jaramillo considera que en esta segunda vuelta Hernández contará con la mayoría de los votos del uribismo y la derecha colombiana, que llegaron a 5 millones –los que obtuvo Federico Gutiérrez– y que, sumados a los 5.9 millones que logró él, llegarían a 51% del total. Una incógnita

Hernández no nació rico. De hecho, tuvo una infancia pobre en el pequeño municipio nororiental de Piedecuesta, donde vivía con su familia en una casa con paredes de adobe y piso de cemento. “Eso no se olvida”, suele decir.

Aunque logró hacer fortuna en el negocio de la construcción, el ingeniero no pertenece a la élite nacional, como todos los presidentes colombianos de este siglo y la gran mayoría de los del siglo pasado, pero es un empresario acostumbrado a ganar, a hacer negocios y al libre mercado.

“El Trump colombiano”, le llaman en algunos medios. El ingeniero tiene un sentido de autoridad y de ejecución.

Su estratega, Ángel Becassino, lo considera fundamentalmente un hombre pragmático que puede tener algunas ideas de derecha –como la austeridad fiscal–, pero cuyo principal énfasis está en la gente pobre; en eso “lo ubicaría a la izquierda”.

Llama la atención, por ejemplo, que responsabilice al neoliberalismo de la pobreza y de la caída de la producción en el campo colombiano; que quiera hacer la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que asesinó a su hija Juliana en 2004; que prometa reanudar relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro y que apoye la diversidad sexual y de género y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

También, que proponga una renta básica universal para las familias pobres; que favorezca la despenalización del uso medicinal y recreativo de la mariguana y que quiera replantear la fracasada política antidrogas que ha impuesto Estados Unidos a la región por más de medio siglo. “Mientras allá sigan comprando cocaína, esto no se acaba”, señaló.

Becassino, quien en la campaña presidencial de 2018 fue estratega de Petro, asegura que Hernández sería “un presidente de cambio y progresista”, por lo que “va a encajar” con los mandatarios de centroizquierda, como el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el mexicano López Obrador, con quien tendría “una sintonía personal muy especial”.

Para el politólogo Yann Basset, Hernández genera muchas dudas entre amplios sectores porque se presenta como inflexible ante la corrupción, pero tiene una causa penal por corrupción por un contrato que firmó cuando era alcalde de Bucaramanga. Además, señala, tiene muchos rasgos populistas y no tiene una bancada en el Congreso para impulsar sus propuestas.

El candidato dice que eso lo resolverá de dos formas: la primera, declarando un “estado de conmoción interior” por 90 días, lo que le permitirá gobernar por decreto ese periodo, aunque bajo la supervisión de la Corte Constitucional; y la segunda, implementando un formato similar a las “mañaneras” de López Obrador.

En esas conferencias, que no necesariamente serían diarias –Becassino considera que deben ser semanales–, expondría a los congresistas que se opongan a iniciativas que él considere benéficas para los colombianos.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny sostiene que es “preocupante” la iniciativa de Hernández de declarar un estado de excepción porque podría revelar “una nostalgia del hiperpresidencialismo” y un desinterés por la ley.

La periodista Diana Giraldo, que cubrió la alcaldía de Hernández en Bucaramanga, sostiene que el ingeniero es buen gestor económico, pero “no es ningún viejito divertido que acaba de aterrizar en la política”. Más bien tiene un “carácter autoritario”.

Hernández decidió no acudir a debates con Petro porque le parece “muy complicado” explicar sus propuestas con las respuestas cortas que le exigen a los candidatos en esos eventos.

“Tiene miedo”, sostiene el izquierdista, quien ha sido legislador varios periodos y tiene mucha experiencia en el debate parlamentario.

AP photo / Fernando Vergara

Petro. El eterno aspirante

Alejandra Ancheita

Justicia energética es soberanía energética

En el debate internacional sobre las diferentes modalidades de políticas del sector energético está muy presente la idea de “soberanía energética”. En España y Francia, por mencionar sólo dos casos muy notorios, han sido claras las posiciones de los gobiernos de modificar el estado de cosas para depender menos de los modelos de libre mercado.

En el caso de Francia, el gobierno reelecto busca recuperar el control de la producción para asegurar la independencia energética mediante la nacionalización de empresas de ese sector.

En el caso de España, el gobierno negocia, a nivel europeo, una “isla energética” que permita fijar precios máximos en el mercado eléctrico de la zona. Los incrementos de precios energéticos generados por la guerra en Ucrania son el más reciente recordatorio sobre los riesgos de someter a los vaivenes del mercado el estratégico sector eléctrico.

En México existe, desde al gobierno federal, un claro cuestionamiento político sobre las ganancias de las corporaciones privadas (nacionales e internacionales) y los modelos de autoabastecimiento y contratos “leoninos” que las reformas eléctricas de 1992 y 2013 generaron, pues afectan sustantivamente a las finanzas públicas del país.

Con esa idea como corazón argumentativo, la actual administración ha defendido un proyecto que le devuelva soberanía energética y poder operativo a la empresa estatal de energía (CFE).

La reforma energética de 2014 se ha venido enmarcando en un discurso de apertura y mundialización de mercados, pero ha invisibilizado aún más a quienes se han visto afectados sustantivamente con ese modelo de gestión energética: las comunidades agrarias e indígenas, que han tenido que soportar los abusos y las violaciones sistemáticas y prácticas corporativas abusivas, ya presentes antes de esa reforma, pero potenciadas con esas nuevas “reglas del juego”.

En esa “nueva” visión del sector, que mira a la competitividad como el valor supremo a lograr, se han consolidado prácticas ilegales y abusivas de las empresas.

Los casos de abusos crecen y están documentados: falta de mecanismos reales de consulta a las comunidades, ausencia de información sobre los proyectos y sus efectos sociales y medioambientales, estigmatización y agresiones a defensoras y defensores, división comunitaria del tejido social, despojo violento de tierras, fabricación de contratos ilegales, entre un largo etcétera.

En síntesis: la apertura del sector eléctrico a la libre competencia y la llegada de proyectos de energía renovable ha generado que las comunidades indígenas y agrarias atestigüen “transiciones energéticas” mediante violaciones a sus derechos y el despojo de sus tierras.

Los únicos beneficiarios son aquellos quienes han torcido leyes, quienes han acaparado más tierra y quienes reciben “pagos” de empresas, lo que ha acentuado la desigualdad preexistente. ¿Cómo darle vuelta a esta lógica de injusticias? Una vía es la de aportar evidencia, a través de casos, que permita ampliar la perspectiva para cuestionar de fondo el modelo vigente de producción de energía. El caso de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, es ejemplar e ilustrativo en ese sentido.

El caso se inicia en enero de 2017 cuando la CFE Suministrador de Servicio Básicos (CFESSB) y Eólica de Oaxaca SAPI de CV, filial mexicana de la empresa francesa Électricité de France (EDF), celebraron un contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de energía y certificados de energía limpia por 818 mil 264.52 MWh, por un costo anual de 572 millones 609 mil 625.29 pesos.

El contrato prevé también la obligación de CFESSB de pagar a Eólica de Oaxaca una bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida, hasta por la energía contratada; es decir, el costo por transmitir y operar 818 mil 264.52 MWh.

Para cumplir el contrato de compraventa de energía, Eólica de Oaxaca se obligó a construir, operar y mantener la central eléctrica Gunaa Sicarú, a partir de la cual pueda generar la cantidad de energía eléctrica con los certificados de energía limpia establecidos en el contrato.

El contrato no estableció la fecha de construcción de la central eléctrica, pero el permiso de generación de energía E/1922/ GEN/2017 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, que recientemente multó a la española Iberdrola por prácticas presuntamente irregulares en el modelo de autoabastecimiento, preveía el inicio de construcción el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de terminación para el 31 de mayo de 2019, iniciando la operación comercial el 1 de junio de 2019 o, en su caso, la que resulte de las prórrogas que se realicen conforme a los supuestos establecidos en el contrato.

Sin embargo, en términos del contrato, por ninguna circunstancia la fecha de operación comercial podrá modificarse para que sea posterior al 1 de enero de 2022, situación que ya aconteció, pues el proyecto Gunaa Sicarú se encuentra detenido por mandamiento de un juzgado federal que ordenó a la Secretaría de Energía realizar un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de los miembros de la comunidad de Unión Hidalgo, apegado a los más altos estándares de derechos humanos.

En este contexto, la CFESSB puede dar por terminado el contrato, sin responsabilidad de las partes, mediante una simple notificación a la empresa Eólica de Oaxaca, sin necesidad de declaratoria judicial.