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El choque con Layda Sansores exhibe fuga en la Auditoría Superior de la Federación
Existen indicios de que el espionaje político contra Alejandro Moreno Cárdenas viene de Campeche, pues la propia Sansores informó que cuenta con 60 horas de grabaciones contra el priista.
Tras su elección como gobernadora, Sansores designó a Sales como fiscal estatal, pese a su trayectoria en el gobierno de Peña Nieto y a su paso por la fiscalía estatal, entre 2009 y 2013, durante el gobierno del priista Fernando Ortega Bernés.
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Sin embargo, la versión de los hechos que Moreno escuchó del “parajito” tiene varias fallas. De entrada, el sistema Rafael no fue robado, sino que nunca funcionó. Además, lo controlaba la PF, un ente dirigido en el sexenio pasado por Enrique Galindo Ceballos y Manelich Castilla Craviotto, que respondía administrativamente a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Moreno Cárdenas respaldó su argumento con dos fotografías de una denuncia que la ASF presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Anticorrupción de la FGR, el 11 de mayo pasado. En ella, la ASF pidió investigar irregularidades por 807 millones 659 mil pesos en la compra del sistema Rafael, por el que la Policía Federal (PF) pagó mil 302 millones de pesos.
La denuncia de la ASF, presentada por Heladio Elías Ramírez Pineda –director de asuntos jurídicos de la dependencia e hijo del exgobernador oaxaqueño Eladio Ramírez–, incluyó a Sales entre los imputados. Contrario a lo que afirmó Moreno, la ASF no imputó al ahora fiscal de Campeche ningún robo: lo acusó de que “no supervisó a la PF a fin de garantizar el desempeño honesto de su personal” durante su tiempo al frente de la CNS, desde julio de 2015 hasta el último día de gobierno de Peña Nieto.
La ASF basa sus denuncias en dictámenes técnicos derivados de las auditorías que realizó, y de las observaciones que contienen los informes. Y la auditoría 2019-5-36L00-20-0006-DN-2019, que dio pie a la denuncia, no menciona en ningún momento la falta de supervisión de la CNS: contiene cuatro pliegos de observaciones, que en conjunto suman 807 millones 659 mil pesos, pero las achacó a funcionarios de la PF o al proveedor. Simulación
El caso Rafael se remonta al 23 de diciembre de 2015. La PF, entonces dirigida por Enrique Galindo Ceballos, contrató a la empresa Rafael Defense Advanced System para un proyecto llamado “Análisis, diseño e implementación de la plataforma del sistema de explotación de la información de inteligencia”, el cual implicaba una combinación de las soluciones Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite y un vehículo de Comando y Control (C2).
La oferta, diseñada para un uso militar o policiaco, pretendía dotar a toda la PF con un dispositivo de captación de imágenes ultraprecisas y georreferenciadas instalado en una aeronave (RecceLite), enriquecido por varias capas de información provenientes de bases de datos (ImiLite) –incluyendo las 60 bases de datos de la Plataforma México– y procesadas en tiempo real (Wisdom Stone) para dar un panorama muy preciso, en tres dimensiones y en tiempo real, de lo que sucede en un terreno.
Para el uso de la tecnología, solicitada formalmente por la División de Inteligencia, la PF puso sobre la mesa 130 millones 800 mil dólares, equivalentes a 2 mil 547 millones de pesos, respaldados por una carta de crédito del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones y a dos días de Navidad. Fue adjudicado de manera directa bajo “las primicias de urgencia, riesgo y confidencialidad”. El dinero salió de la muy opaca partida 4310, correspondiente a “Transferencias para gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
Durante los siguientes tres años se instalaron grupos de trabajo, capacitaciones –incluyendo una en Tel-Aviv, en septiembre de 2016, con viáticos cubiertos por Rafael–, se importó el material físico –con contratiempos de hasta 277 días en aduanas–, se instalaron los sistemas, se llevaron a cabo “Pruebas de Aceptación en Sitio”, y se firmaron dos convenios modificatorios que aplazaron la entrega.
En agosto de 2016 Galindo dejó las riendas de la PF –a Manelich Castilla Craviotto– para dedicarse a la política; actualmente es el presidente municipal de San Luis Potosí por la alianza PRI-PAN-PRD. El 22 de noviembre de 2018 Castilla instruyó formalmente a las Divisiones de Antidrogas, Científica, Gendarmería, Investigación e Inteligencia para que utilicen el sistema Wisdom Stone.
Detrás de este formalismo se escondía una gran simulación: la solución tecnológica de última generación que vendió Rafael resultó una plataforma inutilizable para los agentes de la PF, quienes ni siquiera tenían cuentas de administración para operarla, según la ASF.
La articulación entre los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite nunca funcionó; no podía conectarse con las 60 bases de datos de la Plataforma México, uno de los sistemas operaba sin licencia de uso instalada, sin posibilidad de monitorear los accesos a la tecnología, y los formatos de informes eran tan imprácticos que los agentes elaboraban sus documentos por fuera, en Word o Excel.
Al final, apenas algunos agentes de la PF, pertenecientes a una sola división –en lugar de las cinco planeadas–, utilizaban la potente plataforma como simple “gestor de base de datos y repositorio de archivos”, hasta que en septiembre de 2019 se le venció el soporte técnico.
En junio de 2018 fueron designados “administradores del contrato” César Damián Trejo Vargas y Dante Barrera Aguilar, dos exfuncionarios de la era de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y quienes en el gobierno de Peña Nieto fungían como directores generales del Centro de Alertas y Atención de Riesgos y del Centro de Monitoreo Técnico de la PF, respectivamente.
Después de la toma de posesión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el equipo de Alfonso Durazo Montaño en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomó el control de la PF y pidió una auditoría al Órgano Interno de Control.
El tema Rafael ya era un dolor de cabeza para la administración entrante, pues desde el 13 de junio de 2018 la empresa reclamaba 58 millones de dólares a la PF –cerca de la mitad del monto total– y la dependencia se negaba a pagar. Ante el rechazo, la compañía israelí presentó una demanda de nulidad, la cual fue admitida el 8 de enero de 2019 por la Décima Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En septiembre de 2019, la SSPC presentó una denuncia, que permitió a la ASF investigar el asunto. Al revisar los archivos y los materiales los auditores encontraron un caos administrativo: contratación no justificada, inventarios incompletos, facturas que no correspondían con lo entregado, pagos por adelantado no justificados, retrasos de 10 a 17 meses en las entregas.
Al adentrarse a las cuestiones tecnológicas observaron otras aberraciones. Descubrieron que la PF había adquirido una solución tecnológica incompatible con sus propios protocolos informáticos, “por lo que el personal de la Policía Federal no podía utilizar el sistema para el cumplimiento de sus funciones”. En palabras de unos agentes entrevistados por los auditores, la solución “no es un traje a la medida” para la PF.
La disputa con la empresa por el reclamo de 58 millones de dólares terminó de echar a perder la inversión. La PF no pudo activar sus cuentas de usuario y se dejó de aportar soporte técnico. Lo absurdo llegó a que, entre enero y abril de 2019, se realizó una capacitación “sin contar con la participación del proveedor y sólo en ambiente de pruebas del sistema”.
Actualmente, subrayó la ASF, “la Plataforma adquirida no se utiliza para ninguna labor de inteligencia en la Guardia Nacional (que sustituyó a la Policía Federal)”, y “no se ha cargado información en el Sistema WS”.
TAMAULIPAS
El mandatario. Protección legal
UN SUSPENSO EN LA CORTE
BLINDA A GARCÍA CABEZA DE VACA PARA LAS ELECCIONES
DIANA LASTIRI
De cara a la elección de este domingo 5, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dejar en la incertidumbre la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca procesar penalmente por diversos delitos.
Sin dar explicaciones públicas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus compañeros en la Primera Sala posponer hasta el miércoles 8 la discusión de las impugnaciones con las que se resolvería si el gobernador García Cabeza de Vaca goza o no de fuero constitucional.
Con esto el mandatario estatal llegó blindado a las elecciones en las que se definirá quién lo sucederá en el cargo.
Fue así como quedaron en lista las dos impugnaciones presentadas por el Congreso de Tamaulipas contra la resolución de desafuero de García Cabeza de Vaca, emitida el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados, por asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal; y contra la solicitud de orden de aprehensión que la FGR presentó ante un juez del Estado de México por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La decisión de dejar en lista los asuntos respondió a que en enero pasado el Congreso de Tamaulipas se desistió de la con-
El panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca llegará protegido contra el desafuero a los comicios de este domingo 5, cuando se elegirá su sucesor en la gubernatura de Tamaulipas. La Suprema Corte de Justicia va a discutir hasta el miércoles 8 si tiene o no fuero constitucional. Y en otra denuncia, aunque el mandatario estatal no ha logrado descongelar sus cuentas bloqueadas por la UIF, el juez todavía espera las pruebas que ofrecieron las autoridades estadunidenses sobre operaciones ilícitas del gobernador y su familia.
troversia constitucional presentada contra el desafuero dictado por la Cámara de Diputados… y posteriormente se arrepintió.
El ministro decidió, independientemente del desistimiento ratificado de los legisladores locales, entrar al fondo del asunto. Sin embargo, en la sesión privada de la sala celebrada el pasado miércoles 1 los ministros consideraron que el proyecto no incluyó suficientes argumentos para justificar por qué se debía estudiar el asunto.
En consecuencia, el ministro ponente se comprometió a incluir estos argumentos para discutir el próximo miércoles 8 si el desafuero dictado por la Cámara de Diputados contra el gobernador es o no válido.
González Alcántara Carrancá no ha dado a conocer el sentido de sus propuestas; sin embargo, el 14 de mayo de 2021, cuando inicialmente desechó la controversia planteada contra el desafuero, dio a conocer el criterio que, según las fuentes consultadas, se prevé que sea reiterado en el proyecto de resolución.
En su pronunciamiento el ministro señaló que no existió invasión de competencias al Congreso de Tamaulipas por parte de la Cámara de Diputados, pues, aunque dicha instancia resolvió desaforar al gobernador, ordenaron notificar a los legisladores locales para que ellos, en total libertad, decidan si adoptan o no la resolución federal.
Añadió que, debido a que los diputados de Tamaulipas rechazaron homologar su decisión a la de los diputados federales, el fuero del Ejecutivo local permanece vigente hasta que concluya su cargo, es decir, hasta octubre próximo.
Esta posición lleva hasta ahora dos votos en favor, pues en julio de 2021, cuando la Primera Sala revocó el desechamiento dictado por el ministro González Alcántara Carrancá, sólo él y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron por considerar que el fuero del gobernador prevalece, que las competencias del Congreso de Tamaulipas no fueron invadidas y, por tanto, no era necesario estudiar la impugnación.
Será el miércoles 8 cuando los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos den a conocer su posición, ya que conozcan el expediente y lo hayan estudiado.
En la segunda impugnación de los legisladores locales contra la solicitud de la FGR para librar orden de aprehensión contra el gobernador por delitos distintos a los que generaron el desafuero, el ministro presentará un proyecto congruente con el de la primera impugnación.
Es decir, al declarar que el fuero prevalece, se prevé que el ministro proponga invalidar la orden de aprehensión emitida por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, para que García Cabeza de Vaca no sea detenido antes de que concluya su cargo, lo que ocurrirá en octubre próximo
Pendientes, las pruebas de Estados Unidos
Ante la amenaza de que la FGR consiguió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la causa penal 139/2021, el gobernador de Tamaulipas tramitó, desde mayo de 2021, un amparo para evitar su captura, en la que alegó que la fiscalía no esperó a que su desafuero pudiera ser declarado legal.
En noviembre de 2021, en el amparo 669/2021, el juez octavo de Distrito de Tamaulipas falló en favor de García Cabeza de Vaca al afirmar que, efectivamente, el proceso de desafuero no ha concluido.
“Quien resuelve estima que no se ha cumplido aún el procedimiento para la privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra el gobernador de Tamaulipas, hoy quejoso, por lo que sigue conservando el fuero o inmunidad procesal y, de momento, legalmente no puede ser puesto a disposición de las decisiones de otras autoridades”, señaló el juzgador.
Y concluyó: “Una vez superado dicho obstáculo constitucional, podría jurídicamente y sólo hasta entonces, abordarse el análisis de la orden de aprehensión respectiva que se reclama”.
En consecuencia, declaró que la orden de aprehensión resultó transgresora de los derechos fundamentales del gobernador y le concedió el amparo para que, mientras se resuelve si tiene fuero o no, o bien hasta que concluya su cargo, no pueda ejecutarse la orden de captura en su contra.
La sentencia fue impugnada por la FGR y desde marzo pasado está pendiente que el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas dicte su sentencia en el recurso de revisión para saber si confirma o no el amparo que protege al gobernador de ser detenido.
Pero en el amparo 677/2021, también tramitado ante el juez octavo de Distrito, el gobernador no logró liberar sus cuentas bancarias, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y deberá esperar hasta el 5 de julio próximo para que defina si le concederá o no el amparo.
En tanto, el juez permanece a la espera de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI remitan unos informes ofrecidos como pruebas en favor del gobernador.
Esto, pese a que la FGR informó el año pasado que recibió información del Departamento de Justicia sobre el gobernador y tres de sus familiares por supuestas operaciones ilícitas en el sistema financiero de dicho país.
En agosto de 2020 este semanario informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, especializada en crímenes trasnacionales, inició una investigación contra el gobernador, que pudiera tener relación con la información que la DEA entregó a la FGR referente a grabaciones telefónicas que presuntamente vinculan al mandatario estatal con el crimen organizado.
En dichas grabaciones se afirma que García Cabeza de Vaca recibió de la delincuencia organizada dinero para financiar su campaña y obtiene ganancias a través de un empresario de Reynosa, contratista de Pemex, acusado de contrabando de combustible y de estar relacionado con Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, empresario “favorito” del expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2059).
Congreso de la Ciudad de México. Polémica aprobación
ELECTORAL
SARA PANTOJA
Luego de la polémica aprobación de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y fusionar, entre otras unidades, la de Fiscalización de recursos de los partidos políticos, diputados locales de oposición advierten que ello traerá mayor opacidad y podría inclusive abrir la puerta al crimen organizado para financiar las campañas electorales en 2024; con ello, dicen, en un futuro no muy lejano en la capital y en el país podría ocurrir algo similar a lo que vivió Colombia en los años ochenta y noventa.
Para evitar eso y “frenar las intenciones del gobierno federal de controlar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)”, así como para defender la autonomía del IECM, ya preparan controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para presentarlas ante instituciones locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso, algunos no descartan acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 27 de mayo, en una sesión ordinaria que duró 26 horas seguidas y estuvo plagada de vicios parlamentarios y hasta de chistes y pasteles de cumpleaños, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 37 votos a favor y 19 en contra, el dictamen presentado por Morena para eliminar o fusionar cinco áreas del IECM: la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y la Unidad de Fiscalización.
La iniciativa, que desde el inicio llevó la anuencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentó con el argumento de “adelgazar” el IECM en cumplimiento de la “Ley de Austeridad” y ahorrar 52 millones 436 mil pesos al año de su presupuesto. Esa cantidad equivale a 4.36% de los mil 201 millones 84 mil 647 pesos de presupuesto asignados para 2022.
También significa el despido de 107 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad, cuyas indemnizaciones –que se elevarían a más de 100 millones en conjunto, según cálculos de diputados– no se ha informado de dónde se pagarán.
Además, se dio en el contexto de la crisis financiera que, desde el año pasado,
A tono con la embestida del gobierno federal contra el INE, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que adelgaza al órgano electoral local y que –a juicio de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– traerá mayor opacidad y, peor aún, abrirá las puertas al financiamiento de las campañas por parte del crimen organizado. Por eso los partidos amagan con impugnar incluso en instancias internacionales.
padece el IECM y que heredó su nueva presidenta, Patricia Avendaño, el 27 de octubre del 2021. Peor aún, la modificación ocurre en medio de una tendencia de reducción presupuestal aplicada al inicio de la gestión de Sheinbaum: de 2 mil 20 millones 180 mil 767 pesos en 2018, bajó a mil 425 millones 479 mil 792 pesos en 2019 y a mil 275 millones 479 mil 792 pesos en 2020. Y aunque en 2021, año electoral, aumentó a mil 586 millones 601 mil 874 pesos, en 2022 bajó 385 millones 517 mil 227 pesos.
Tania Larios, diputada local del PRI y quien presentó más de mil reservas al dictamen, manifiesta su preocupación porque las funciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de vigilar el financiamiento a partidos políticos y el uso de recursos públicos en las campañas electorales, serán asumidas por la Comisión Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Asegura que esa unidad requiere de personal especializado y, con su modificación, advierte, “ya no se va a poder comprobar ni fiscalizar el ejercicio de las elecciones de 2024, que serán muy competitivas, muy cerradas. Vamos a estar en un estado de orfandad y desamparados ante recursos de dudosa procedencia y malos manejos que no van a ser ni justos ni equitativos ni parciales”.
Peor aún, “lo que me preocupa más, dadas las declaraciones en distintos estados de la República, es que el crimen organizado sea el operador y el que financie las campañas de los aspirantes a representantes populares. Lo dije en tribuna: eso es lo que va a llegar y a permear en la ciudad y en el país”. Recuerda que en algunas alcaldías, como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en el país. Eso “es gravísimo si vemos a otros países en América que vivieron esto, como Colombia. ¡Vamos para allá!”.
En ese riesgo coincide Ricardo Rubio, diputado local del PAN, quien el día de la votación presentó una moción suspensiva de 461 páginas, cuya lectura llevó más de ocho horas. “La Unidad de Fiscalización va a caer en inoperancia y será un desviadero
Jorge Gaviño, legislador local del PRD, reconoce que lo aprobado por el Congreso fue una intromisión y una violación a la autonomía del IECM de autodeterminar el uso de su presupuesto. “Haberle cambiado las estructuras administrativas, aunque las facultades se mantienen, nada más se trasladan de una unidad a otra, implica una intromisión del Legislativo a los órganos autónomos sin consultarlo con foros o mesas de trabajo”.
Admite que el IECM pudo enviar al Congreso sus observaciones, “pero no tuvimos ni una cosa ni la otra, ni el respeto a su autonomía ni la escucha de ellos. Esto es inconsistente”. De paso pregunta qué pasará con los más de 100 trabajadores que serán despedidos, y confiesa: “ni siquiera merecimos darles un transitorio a las personas que estamos mandando a la calle. Son 107 personas, algunos con años trabajando ahí, y no dijimos que se les respetarán sus derechos laborales adquiridos. ¡Nada! ¡Ni siquiera eso!”.
Días antes de que se aprobara el dictamen, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la CDMX (Coparmex) manifestó su preocupación por la iniciativa: “Si bien los procesos electorales deben ser menos onerosos y más eficientes, no puede prescindirse de áreas centrales que cumplen con una función sustantiva para la transparencia y la fiscalización de las actividades de los partidos políticos, del Gobierno de la Ciudad, alcaldías, ciudadanos y otros posibles actores vinculados a las contiendas electorales”.
Y añadió: “En tiempos en que el combate a la corrupción es la bandera más alta, se necesita tener plena certeza sobre cómo, cuánto y en qué gastan el dinero de los ciudadanos los partidos políticos, así como evitar por todas las vías institucionales ne-
de recursos, o va a haber recursos del narco o va a haber recursos de empresarios metidos en las elecciones. Todo lo irregular que te puedas imaginar se va a dar sin que se pueda revisar, fiscalizar o transparentar”, advierte.
También existe peligro de que haya dinero mal habido en las próximas elecciones. Y suelta: “Lo que va a pasar es que Morena hará lo que quiera, será tierra de nadie. Por eso le están dando un duro golpe a la democracia en la Ciudad de México, están desmantelando al IECM”.
Royfid Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano, recuerda que en el proceso electoral de 2021, “el Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el IECM, redujeron las auditorías en calles de bardas, espectaculares y eventos masivos porque se les venía reduciendo el presupuesto. Si eso, además, se traduce en reducción de personal especializado en fiscalización, se genera una oportunidad inmensa para que partidos políticos, sobre todo los que tienen más recursos, puedan generar mayores gastos sin pasar por fiscalización. Ese es el riesgo”.
cesarias, la presencia de recursos ilícitos en las elecciones”.
Retroceso
El jueves 26 de mayo, cuando se iniciaba la discusión de la reforma, 300 integrantes de las organizaciones Mujeres en Plural y la plataforma Aúna presentaron una carta al Congreso local en la que pedían no debilitar la Unidad Técnica de Género y de Derechos Humanos del IECM, pues ello perjudicaría “los avances institucionales a favor de la igualdad sustantiva, que son logros históricos de los movimientos de mujeres en México”.
Agregaron que esa reforma, “tanto en forma como en fondo, sentaría un precedente que puede afectar a todos los Órganos Públicos Locales y a la democracia misma”, y que sería “un gran retroceso político e institucional”.
Ese mismo día, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), observadora electoral, emitió una carta en la que expresó que las modificaciones al IECM “significan un pésimo precedente” y que esos cambios “pueden afectar gravemente a nuestra democracia y a nuestros derechos político-electorales protegidos por la Constitución”.
Y añadió: “Presentar este tipo de reformas y proyectos por parte del gobierno en turno, sin un sustento, discusión y evaluación en la que se permita el diálogo y la generación de ideas mediante el parlamento abierto, sólo demuestra el simple austericidio por recortar el presupuesto a este instituto autónomo, que en 2022 tuvo 40% de reducción presupuestal”.
Los legisladores consultados coinciden en que, al “desaparecer” esa unidad, las mujeres, la comunidad LGBTTTI+, las personas con discapacidad, indígenas y “se va a comprometer la cadena de custodia de los paquetes electorales, se pondrán en duda los resultados de las elecciones y habrá retraso en los procedimientos y denuncias. ¡Están poniendo en riesgo toda la función electoral!”.
La priista Larios lo secunda; asegura que “ésta fue una iniciativa que mandó el gobierno de la Ciudad de México a través de un diputado, y que, a su vez, viene de una estrategia nacional, de una iniciativa que se mandó a la Cámara de Diputados y que no será aprobada porque la oposición se resistió ante estos embates. Lo que les quedó como alternativa es pasar esta iniciativa a través de los congresos locales para cumplir sus fines político electorales”.
Andrea Murcia /cuartoscuro.com
Tania Larios. Más de mil reservas
migrantes se quedarán sin defensa ni empuje para acceder a espacios de poder por la vía democrática. “Es un retroceso en la progresividad de los derechos que marca el artículo primero de la Constitución, los derechos humanos son progresivos”, afirma Roydif Torres.
También advierten que las reformas concentraron facultades de las cinco unidades en la Presidencia del IECM y alertan de la posibilidad de que el gobierno local y Morena intenten controlar el órgano al controlar, de facto, a Avendaño, exesposa de Néstor Vargas, consejero jurídico del gobierno de Sheinbaum. La consejera presidenta no esperó ni un día después de la aprobación para informar que el Instituto acataría la orden legislativa.
El panista Rubio alerta también que con la eliminación de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, que capacita a los representantes de casillas,
Miguel Dimayuga
Impugnaciones en puerta
En la polémica sesión del 26 y 27 de mayo, la oposición adelantó que si se aprobaba el dictamen, lo impugnarían ante la SCJN, lo mismo con controversias constitucionales que con acciones de inconstitucionalidad. Tras la publicación de las reformas, el 2 de junio en el número 864 BIS de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los diputados consultados confirman la intención y aclaran que tienen 30 días para acudir al máximo tribunal del país para tratar de echar abajo la reforma.
Consultado por Proceso, el especialista Elisur Arteaga asegura que el dictamen votado es inconstitucional, debido a que se violó la autonomía del IECM, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. Dice que los diputados y el mismo Instituto pueden impugnar la decisión con una acción de inconstitucional ante la Sala de Constitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y con una controversia constitucional ante la SCJN, siempre y cuando tengan 33% de firmas del total de legisladores.
El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) añade que organizaciones civiles y personas en particular pueden solicitar un amparo ante un juez de distrito con el argumento de que, al afectar el funcionamiento del IECM, se violan sus derechos político-electorales.
El diputado Rubio confirma que, además de las acciones de inconstitucionalidad de los diputados, ya se prepara la figura Amicus Curie para reforzarla, y que la Coparmex y organizaciones protectoras de derechos humanos, sin mencionar cuáles, fortalecerán las impugnaciones. “De ser necesario iremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego acceder a la Corte, pediremos a la ONU que haya un pronunciamiento y acudiremos a la OEA para que tome cartas en el asunto”.
J. JESÚS ESQUIVEL
WASHINGTON.— La cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado y el narcotráfico padece un gran problema que impide la reducción de los niveles de violencia y la recuperación de territorios mexicanos en poder de los narcos: la desconfianza.
“Se perdió la confianza en el intercambio de información de inteligencia, y con las restricciones a nuestras agencias federales que operan en México la situación empeoró, hay poca colaboración”, denuncia un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
La queja del gobierno de Joe Biden se concentra en dos vertientes: la nueva ley de seguridad para las agencias extranjeras que operan en territorio mexicano impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las restricciones impuestas a los agentes de la DEA.
“Nuestros (54) agentes de la DEA que trabajan en México tienen atadas las manos. Las nuevas leyes mexicanas no les permiten investigar ni operar con base en la información de inteligencia que tenemos”, restriega el funcionario estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.
Cauteloso por una reacción contraproducente de parte del gobierno de López Obrador a las quejas que denuncia a este semanario, el funcionario del Departamento de Justicia pide que se le mantenga en el anonimato y a esta categoría de fuente condiciona sus comentarios.
La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico son síntomas de la realidad de inseguridad y de trasiego de drogas que priva en México y que coloca en el color rojo al semáforo de gobernabilidad en algunos estados de la República.
En Estados Unidos, la falta de colaboración y carencia de confianza se traduce en la imparable demanda, consumo y venta de todo tipo de enervantes que –especialmente los sintéticos elaborados con fentanilo y otros precursores químicos– contribuyen al hecho de que cada 24 horas mueren 274 personas por sobredosis, según estadísticas recopiladas y desveladas recientemente por los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Incapaces de reconocer abusos, errores y violaciones que por años los agentes de la DEA cometieron sobre las leyes y soberanía mexicana, camuflajeados en su mantra de la guerra contra las drogas, las autoridades estadunidenses dicen desconocer la causa de la desconfianza.
“La cooperación fluía como lo hizo por
La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado son síntomas de la realidad del trasiego de drogas que prevalece en el país. El gobierno de Joe Biden se queja de las restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador a los elementos de la DEA, quienes, resentidos, ya no comparten información con sus contrapartes mexicanas. “Aún no sabemos cuál fue la causa del cambio”, lamenta un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
COMBATE ANTINARCO EL REPROCHE DE EU A MÉXICO: “NUESTROS AGENTES
TIENEN ATADAS LAS MANOS”
años hasta que empezaron los cambios a las leyes y acotamiento a los operativos de nuestros agentes de la DEA. Aún no entendemos por qué o cuál fue la causa del cambio en el gobierno de México”, explica el funcionario estadunidense.
Proceso buscó insistentemente la respuesta o posición del gobierno de México ante la queja de los estadunidenses. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, evitó responder a la petición. El caso Cienfuegos
Como ya ha dado cuenta Proceso en números anteriores, el cambio en el trato a los agentes de la DEA –que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto operaron con puertas abiertas– ocurrió por el arresto en Los Ángeles, California, del exsecretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos Zepeda, en octubre de 2020.
Varios funcionarios del gobierno federal mexicano han narrado a este semanario que la decisión de ponerle un alto a la DEA nace del arresto de Cienfuegos y por la reacción que dentro de las Fuerzas Armadas provocó la inédita acción de esa agencia en Los Ángeles. Al caso del exsecretario de la Defensa se le agrega el que, por primera vez desde 1973, cuando la Casa Blanca lanzó su guerra contra las drogas, ahora admite que en Estados Unidos el trasiego de drogas no es exclusivo de narcos mexicanos: ya existen los cárteles estadunidenses.
Los ajustes a las reglas con las que operan los agentes de la DEA y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos se acuñaron como nueva modalidad en el Entendimiento Bicentenario, mecanismo bilateral de cooperación en seguridad que reemplazó a la Iniciativa Mérida.
Desde abril de 2021, los agentes de la DEA y de las demás dependencias federales estadunidenses con presencia en México entregan mensualmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe sobre el tipo de actividades que realizaron en cualquier parte del país. Esquivar el reporte mensual implica la suspensión inmediata de las actividades de todos los 54 agentes antinarcóticos de Biden en México.
“Es grave lo que está ocurriendo en México con respecto a las actividades de los cárteles. Ahí están las estadísticas del propio gobierno mexicano: más movimiento de narcóticos, más desapariciones de personas y asesinatos, y menor control de territorios por parte de autoridades locales y estatales”, alerta el funcionario estadunidense.
El Departamento de Justicia del gobierno de Biden admite que, “en papel”, se mantiene el intercambio de información de inteligencia con el gobierno de López Obrador, pero “no son reportes Top Secret” porque los agentes de la DEA están resentidos y, en represalia ante las restricciones, optan por no informar a sus contrapartes mexicanas.
“No hay operaciones conjuntas contra el narco, se dejaron de hacer como se hacían antes. Al principio de este gobierno (el de AMLO) se entregó a la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) información confidencial sobre algunos capos importantes, pero no ocurrió nada”, afirma el funcionario estadunidense.
Otra vertiente de la desconfianza en el gobierno estadunidense sobre su guerra contra las drogas es la hipocresía del sistema judicial para tratar a los narcotraficantes, perdonando a unos y castigando a otros.
Sin tapujos, varios funcionarios de la cancillería mexicana critican la manera en que Estados Unidos procesa o enjuicia a los narcotraficantes significativos mexicanos que han sido extraditados.
Es de conocimiento público y a nivel mundial que el Departamento de Justicia, a cambio de información, en ocasiones basada en traiciones, mentiras y revanchas, condona a narcotraficantes y asesinos confesos sus delitos y condenas de hasta cadena perpetua. En contraste, a otros, a quienes se niegan a cooperar con sus fiscales, la justicia estadunidense los castiga con todo el peso de la ley refundiéndolos de por vida en prisiones de súper máxima seguridad; tal es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recluido en la prisión de Florence, Colorado.
Consumo incontenible
Durante los últimos dos años el mercado estadunidense de demanda y consumo de drogas se exacerbó notable y particularmente en el casillero de las anfetaminas, metanfetaminas y todo tipo de variante de enervantes psicotrópicos elaborados con fentanilo. El consumo incontenible de las drogas sintéticas por parte de los adictos estadunidenses generó la expansión de territorios, rutas de trasiego, laboratorios clandestinos y militancia en sus filas de dos cárteles mexicanos particularmente, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
Los informes de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos en el tema del trasiego internacional de drogas sintéticas reconocen que de la mano de Ismael El Mayo Zambada García, los hijos del Chapo Guzmán y otros capos de menor envergadura, el Cártel de Sinaloa le disputa al de Jalisco Nueva Generación –comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho– la venta y exportación a Estados Unidos del fentanilo y la cocaína.
“El desplome de la confianza se palpa precisamente en el crecimiento de las operaciones para enviar drogas del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones criminales siguen extendiendo su poderío y eso es muy lamentable”, anota el funcionario estadunidense.
El Departamento de Justicia de Biden evade responder si la falta de cooperación por la desconfianza en la DEA de parte del gobierno de México se le puede achacar a que el gobierno federal de Estados Unidos no haga nada para contener la demanda y consumo de drogas por parte de su ciudadanía, e incluso, la muerte de 274 personas cada 24 horas a causa de una sobredosis de estupefacientes.
Las actividades de trasiego de drogas comandadas por El Mayo, los hijos del Chapo y El Mencho han significado un incremento notable en algunas ciudades del país, como Zacatecas, Cuernavaca, Chihuahua, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Cancún, entre otras. En estos puntos y otras poblaciones se incrementaron a su vez las ejecuciones extrajudiciales y levantamiento de personas involucradas en el narcomenudeo y transporte de drogas.
La presencia de elementos de la Guardia Nacional no tiene repercusiones en las actividades de los cárteles ni en la violencia que generan. La política de “abrazos, no balazos” que abandera el presidente López Obrador limita a la Guardia Nacional a patrullar calles de pueblos y ciudades bajo el control del narcotráfico. El patrullaje de la Guardia Nacional no implica ni persecuciones ni investigaciones ni mucho menos arrestos de los criminales que aterrorizan a poblaciones enteras y que, incluso, obligan a las personas a abandonar sus casas por temor a ser levantadas si denuncian las actividades ilícitas y no pagan las cuotas que les imponen.
Aunque no directamente por la violencia del narcotráfico, la sociedad estadunidense está pagando con muerte su debilidad ante las drogas.
México, por su parte, continúa asumiendo un saldo anual de decenas de miles de muertos a manos del crimen organizado y los narcos, quienes se aprovechan de la falta de seriedad del gobierno de Estados Unidos para resolver su problemática de salud pública y educación.
José Luis de la Cruz / Procesofoto
Baja California sufre los estragos de las pugnas entre grupos criminales que trafican personas y droga a través de la frontera, se asesinan entre ellos y enfrentan a las fuerzas estatales y federales. Esos generadores de violencia son los cárteles de Sinaloa, de Caborca y de Jalisco Nueva Generación, con sus respectivas células y brazos armados. Se disputan a balazos cuatro corredores de trasiego de fentanilo y metanfetaminas en varios municipios sonorenses y del Valle de Mexicali.
BAJA CALIFORNIA “LOS CHAPITOS”, CARO QUINTERO Y “EL MAYO”
REDACCIÓN
Marina del Pilar Ávila Olmeda llevaba 21 días como gobernadora de Baja California cuando una avioneta cargada con 187 paquetes de fentanilo aterrizó en el ejido Hermosillo, en la jurisdicción de la capital del estado, Mexicali. La aeronave alzó vuelo en Sinaloa.
La droga fue confiscada y los tres tripulantes detenidos por efectivos de seguridad estatal, de la Sedena y Guardia Nacional. Dos semanas después, el 8 de diciembre de 2021, un comando abrió fuego contra fuerzas de la Guardia Estatal que estaban en el Valle de Mexicali.
Los agresores huyeron en dos camionetas pick up, una de ellas modelo Tacoma, rumbo a San Luis Río Colorado, en el vecino estado de Sonora. Fuentes de segu-
SE PELEAN EL VALLE DE MEXICALI
ridad consideran que pudo estar implicado el grupo de Ismael El Mayo Zambada.
En la persecución los agresores pasaron por el ejido Estación Coahuila; ahí se les sumaron dos vehículos del grupo criminal, pero finalmente huyeron. Al ejido Estación Coahuila lo separa un callejón del poblado B. Sánchez, que ya forma parte de San Luis Río Colorado.
El 20 de mayo pasado, Juan Carlos Real Niebla, El Mocho, sicario de La Plaza –el brazo armado del Cártel de Caborca que encabezan Rafael Caro Quintero y sus sobrinos– fue ejecutado en Rosarito, Baja California.
Junto con Mexicali, Caborca forma parte del corredor de trasiego de droga que va desde Sinaloa hasta la frontera de Baja California, para llegar a Estados Unidos.
Desde Cajeme (Obregón), pasando por el puerto de Guaymas hacia la ciudad de Hermosillo, atravesando Caborca, Santa Ana y San Luis Río Colorado, todas ciudades de Sonora, se estableció un corredor de droga que se disputan diversos grupos.
El investigador José Andrés Sumano Rodríguez, quien ha estudiado en el Colegio de Sonora la violencia y presencia del crimen organizado en esa entidad, dice en entrevista que al tomar la Secretaría de Marina los principales puertos –Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán–, los grupos criminales migraron hacia Guaymas.
De ahí que la violencia se incrementó en Sonora, pues mientras las dos células se disputan el control del Cártel de Sinaloa, ahora también lo hacen por separado con el Cártel de Caborca, cuyo mando atribuyen las autoridades a Rafael Caro Quintero, su hermano Miguel Ángel y sus sobrinos.
El 21 de mayo de 2021 el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, alertó de las nuevas rutas para traficar fentanilo a las cuales estaban migrando los grupos criminales “ante el reforzamiento de seguridad en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas”.
Google maps
Territorio del CJNG
Frontera insegura
De acuerdo con el mapa de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Baja California se ubica en el cuarto lugar con más delitos cometidos de enero a mayo de este año, llegando a 32 mil 870, mientras que Sonora registra 10 mil 852.
Esas cifras se refieren a la privación de la libertad, enfrentamientos entre diversos grupos por control de plazas, trasiego de droga –en especial metanfetaminas y fentanilo– y disputas por el tráfico de personas. Y del lado de las policías municipales y estatales, a la captura de varios cabecillas del crimen organizado.
En entrevista, Pedro Ariel Mendívil García, director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y quien asumió el cargo el 16 de diciembre pasado, acepta que antes de su llegada llegaban denuncias ciudadanas sobre personas armadas dos o tres veces por semana.
“La denuncia era sobre un convoy armado, con cinco o 10 unidades desplazándose en la zona norte y la zona sur del Valle de Mexicali. Y los reportes que hacían eran: sin novedad, se perdieron, no se localizaron; o de plano los agentes no llegaban al lugar.”
A los 10 días de que Mendívil asumiera el cargo, llegó al C4 una denuncia ciudadana sobre personas que disparaban. Al llegar al lugar se inició la persecución de un vehículo, cuyo conductor chocó, y así se detuvo al segundo hombre del Mayo Zambada en el Valle de Mexicali: Eduardo Barajas Lozano, El Omega.
Actualmente dos células del Cártel de Sinaloa, que dirigía Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se disputan el Valle de Mexicali: de un lado están los hijos del capo, quienes se autonombran los Chapitos y tienen como brazo armado a los Salazar y a grupos locales como los Mena, los Garibay y los Huerta.
El grupo de Los Chapitos controla una parte del valle, el Golfo de Santa Clara, que se ubica en el Mar de Cortés, y la ciudad de San Luis Río Colorado, estas dos últimas en Sonora.
Por su parte, Zambada tiene como operadores a Jesús Alexander Sánchez Félix, El Ruso, y El Omega, quienes dominan otra parte del valle; el segundo se mueve principalmente en Estación Coahuila.
“Más allá de que si el trasiego de droga le corresponde o no a la dirección municipal, el mandato y responsabilidad es que, más allá de las competencias y jurisdic-
ciones, tenemos que cuidar la ciudad”, explica Ariel Mendívil.
El 14 de mayo de 2021 la policía municipal detuvo a 13 personas, entre ellas El Ruso. Los primeros en llegar fueron los agentes municipales, quienes elaboraron erróneamente el informe policial homologado, lo que fue suficiente para dejar libres a los sospechosos porque su aprehensión se consideró ilegal.
Mendívil dice que al llegar a la dirección de la policía municipal su primera decisión fue cambiar a los mandos y comandantes. Se empezó a trabajar con inteligencia y a hacer mapeos de incidencia delictiva. Ello, sostiene, ha llevado a la detención de varios grupos locales que trabajan para cárteles de la droga.
Recuerda que antes era frecuente que circularan vehículos a las seis de la mañana con gente haciendo disparos “y no pasaba nada”. Ahora la orden es hacer las cosas diferentes para que no haya impunidad. “Hemos detenido de todos los grupos delictivos”, aclara.
Los operativos recientes resultaron en varias detenciones importantes, lo que ha llevado a que se muevan los grupos delictivos. A eso atribuyen las autoridades que abril pasado fuera un mes particularmente violento en el Valle de Mexicali.
La disputa entre Los Chapitos y Los Rusos ha generado varios corredores violentos en el Valle y San Luis Río Colorado, Sonora. Uno de ellos es Los AlgodonesCiudad Morelos-Chiapas III (la primera hace frontera con Yuma, Arizona). Otro es Guadalupe Victoria-Ejido Durango-Estación Coahuila. Otro, más pequeño, es Ejido Sansón Flores-La Puerta (rumbo al puerto de San Felipe), por donde entra la gente que está en Tecate (controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa), que se queda un tiempo y se regresa a la ciudad.
La cuarta zona conflictiva es Ejido Zapata-Aeropuerto, donde operan los traficantes de personas.
En la entrevista, Mendívil explica que antes los grupos de traficantes de personas no eran violentos, pero con los cambios en el fenómeno migratorio –ahora llegan por caravanas y algunos grupos del crimen organizado influyen en sus decisiones– se volvió una actividad violenta, por ejemplo, en Los Algodones.
Otro factor del alza delictiva es el narcomenudeo. El jefe policiaco explica que al disputarse los territorios dos células del Cártel de Sinaloa, los pequeños distribuidores locales optan por trabajar con uno de esos grupos, se roban la droga o incursionan en zonas que ya son de otra célula y generan más violencia.
Actualmente, dice, se detectó que los cárteles tuvieron dificultades para pasar las drogas a Estados Unidos cuando la frontera cerró por la pandemia de co-
Carreteras. Campo de batalla
SEMAR /cuartoscuro.com
vid-19. Los estupefacientes se quedaron en la frontera y esto generó mayor competencia entre las bandas criminales.
Por otra parte, dice, narcomenudistas y traficantes de personas han empezado a tomar partido. “Y no es que los cárteles tengan control sobre estas personas, sino que empiezan a incidir en su toma de decisiones”.
El 21 de mayo último policías municipales patrullaban el ejido Chiapas. Detectaron dos camionetas, cada una con cuatro personas a bordo, quienes les dispararon. Los policías los persiguieron dos horas y media por varios ejidos hasta el Guadalupe Victoria. Finalmente una de las camionetas se atascó y los uniformados detuvieron a cuatro sicarios de los Huertas, que trabajan para Los Chapitos. Se les aseguraron armas largas y cortas, chalecos antibalas y una granada.
El segundo vehículo logró pasar a San Luis Río Colorado, donde hubo otro enfrentamiento a balazos. Uno de los sicarios murió, dos policías fueron heridos de bala y tres personas quedaron detenidas. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que se realizó un operativo táctico para disminuir la presencia de generadores de violencia en la zona noroeste del país.
El pasado 31 de mayo, la misma policía municipal atendió una denuncia ciudadana al C4, donde se reportó que en el ejido Oaxaca andaba una camioneta con gente armada. Los uniformados la detectaron, iniciaron la persecución y en el enfrentamiento murió uno de los miembros de los Mena, otros cuatro resultaron ilesos y una menor de 17 años, embarazada, recibió un rozón de bala en la espalda.
Los Mena se dedican a robar vehículos y los preparan para entregarlos al grupo los Salazar, brazo armado de Los Chapitos. Enfrentamientos a toda hora
Ante la mayor vigilancia en los puertos de Estados Unidos y en los de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los grupos delictivos optaron por la ruta China-Guaymas para introducir fentanilo en el país vecino, detalla el investigador Sumano Rodríguez.
“El fentanilo no sólo es muy atractivo por el precio y la demanda; también porque es más fácil de producir. No tiene grandes plantaciones, no depende de ciclos agrícolas ni de campesinos trabajando. Se facilita porque lo fabricas en laboratorio y lo puedes transportar en forma sencilla, como pastillas”, agrega.
Para trasegar ese fármaco se disputan el corredor Cajeme (Obregón)-EmpalmeGuaymas Los Chapitos y el Cártel de Caborca, que dominan Rafael Caro Quintero y sus sobrinos.
El fentanilo también llega de Guaymas al Golfo de Santa Clara, a escasos 40 minutos del Valle de Mexicali y de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. En ese poblado tienen fuerte presencia los Salazar.
Solo el pasado 7 de abril, en el poblado de San Ignacio Río Muerto, a 40 kilómetros de Obregón o Cajeme, grupos delictivos se enfrentaron a balazos; la refriega quedó grabada en varios videos caseros.
Antes, el 19 de enero, a plena luz del día, se habían enfrentado grupos rivales del crimen organizado en San Luis Río Colorado. El día anterior hombres armados rafaguearon una casa en Cajeme.
El investigador Sumano Rodríguez señala que otra organización criminal pretende controlar el corredor CajemeEmpalme-Guaymas, además de la zona de Caborca. Se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina el corredor Hermosillo-Nogales, ciudad fronteriza con Estados Unidos.
El CJNG controla ya zonas de Baja California y pelea otras con el Cártel de Sinaloa. E igual que éste, el grupo La Plaza ya tiene algunos sicarios en Rosarito.
Apenas el pasado 4 de enero, en Tecate, integrantes del CJNG ejecutaron a Danny Isaac Ortiz Covarrubias, El Moreno, quien había pertenecido a este grupo y luego se unió al Cártel de Sinaloa. Considerado por autoridades del estado como uno de los principales generadores de violencia en la ciudad fronteriza, El Moreno fue asesinado a las dos de la tarde mientras era atendido en una barbería. Sus ejecutores no fueron detenidos. En mayo siguiente el barbero que presenció el crimen, César Plata, de 26 años, fue secuestrado y asesinado.
También en mayo, pero en Rosarito, hombres armados llegaron a la casa donde estaba Juan Carlos Real Niebla, El Mocho, integrante de La Plaza, que está al servicio del Cártel de Caborca. Lo asesinaron. Sus familiares dijeron que hacía cuatro años que radicaba en Rosarito.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, y el secretario de Seguridad Pública estatal, general Gilberto Landeros, no han sido inmunes a la violencia.
El 17 de marzo tres presuntos integrantes del CJNG incendiaron una patrulla y se trasladaron a la zona residencial donde vive la gobernadora. Ahí intentaron colocar una manta, pero al ser detectados la abandonaron. El mensaje reclamaba el robo de droga.
Días después, el 23 de marzo, apareció en Mexicali otra manta en la cual responsabilizaban al secretario de Seguridad Pública de la violencia.
La manta está firmada por “los omegas” que lidera Christian Yael Barajas Lozano, hermano de Felipe Eduardo Barajas Lozano, El Omega, detenido por la policía municipal el 21 de diciembre de 2021.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del SNSP, en lo que va de este año se han cometido en Baja California 3 mil 836 delitos, de los cuales 728 son homicidios dolosos y 508 ataques con arma de fuego. Además hubo seis casos de secuestro extorsivo, lo que no se había visto en el estado desde hace décadas.
En tanto, Sonora tiene un registro de mil 500 delitos en lo que va del año, incluidos 545 homicidios: 449 de ellos dolosos y 296 producidos con arma de fuego. Se reportaron oficialmente dos secuestros extorsivos y dos con víctimas en calidad de rehenes.
Omar Martínez /cuartoscuro.com
