Chihuahua: Cárteles controlan el tráfico de migrantes en desierto fronterizo

CHIHUAHUA CÁRTELES CONTROLAN

EL TRÁFICO DE MIGRANTES EN DESIERTO FRONTERIZO

PATRICIA MAYORGA, RAÚL FERNANDO PÉREZ Y ÓSCAR ROSALES

CHIHUAHUA, CHIH.– Los migrantes centroamericanos y mexicanos que intentan pasar a Estados Unidos por Chihuahua, en los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Coyame y Ojinaga, se enfrenan a un nuevo riesgo mortal: el Cártel de Juárez.

El patrón de migración ha cambiado, incluso para los chihuahuenses que intentan cruzar “al otro lado”.

El año pasado las autoridades migratorias y la Fiscalía General del Estado (FGE) rescataron a 340 campesinos guatemaltecos de una casa en la periferia de la capital. Esperaban que los polleros les indicaran cómo moverse hasta Ciudad Juárez.

El siguiente paso, según el fiscal Roberto Fierro, sería llevarlos en taxis de aplicación de internet hacia la frontera, pero varios tenían hasta cuatro meses “secuestrados”, cuando uno de ellos perdió el miedo a salir y pidió ayuda.

En una reunión con familiares de perLa investigación de las desapariciones en la franja fronteriza de Chihuahua con Estados Unidos arroja un patrón inquietante: muchos migrantes desaparecen en las zonas controladas por el Cártel de Juárez, especialmente en el desierto, lo que dificulta su búsqueda. Además, los traficantes de personas intentan sacarles más dinero a las familias desesperadas a cambio de información y supuestas búsquedas.

sonas desaparecidas en la frontera, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, reconoció que investigan la “presencia de dos cárteles” en el territorio como móvil de las desapariciones, ya que es una “hipótesis muy fuerte” al menos en 23 casos registrados.

La funcionaria aseguró que realizan la investigación con la Unidad de Análisis de Contexto como una situación sistemática. Pero Gabino Gómez Escárcega, responsable del área de desapariciones en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dio a conocer que esa área sólo cuenta con tres personas para estudiar más de 100 mil desapariciones.

En diferentes casos documentados por Proceso, los jóvenes migrantes pierden comunicación con sus familiares cuando les dicen que ya van a cruzar, que les quitan su celular o perderán conexión varios días. Después de ese plazo les informan que se perdieron o que fueron deportados y les piden más dinero, supuestamente para buscarlos. Al paso de los días pierden contacto con los coyotes y sus hijos quedan en calidad de desaparecidos o los asesinan.

El Cártel de Juárez ha encontrado en su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la posibilidad de afianzar el dominio regional contra el Cártel de Sinaloa. El tráfico de migrantes es una manera de lograrlo, y desde hace años controla municipios como Ojinaga y Coyame. De Ecuador a Juárez

“A los dos o tres días de que se fue a Juárez, perdí contacto porque le quitaron el celular, que lo iban a cambiar de bodega. Nos seguimos comunicando por Messenger. Lo iban a cambiar de bodega a las seis de la tarde, a las ocho el coyote le envió un video a su novia, con el que probaba que estaba en Texas, pero le mencionó una frase clave que mi hijo y su novia habían acordado para alertar que estaba en riesgo”, recuerda Milagros Montilla, madre de Édgar, de 19 años, desaparecido el 24 de febrero de 2021.

Milagros y la novia de Édgar perdieron contacto con el joven el 24 de febrero de 2021. La segunda lo esperaba en Nueva York, pues ella es de Estados Unidos y se conocieron en Ecuador, tres años después de que la familia salió de Venezuela para buscar una mejor vida.

La pareja se encontró en Cancún en diciembre de 2020 y decidieron que él viajaría a trabajar a Estados Unidos para estar juntos. “Yo le decía: ‘Papi, no te confíes de nadie’, pero él ya estaba decidido a pasar, yo qué podía hacer”, lamenta la mujer desde Ecuador.

El coyote, contactado también en Estados Unidos, les dijo 15 días después que Édgar fue deportado, pero que lo iban a volver a pasar, por lo que les cobraba más dinero. Después dejó de responder.

Milagros decidió vender varias pertenencias para viajar a México, ya que su sueldo en un restaurante no le alcanzaba. Pidió ayuda donde pudo, sin conocer a nadie. Pasaron varios días sin que alguien le hiciera caso. Las autoridades no aceptaban su denuncia porque no era su jurisdicción, hasta que logró entrar en contacto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).

En esa organización le ayudaron. El cuerpo de un joven con las características de su hijo estaba en el Servicio Médico Forense desde hacía seis meses. Milagros recibió apoyo para llegar a Ciudad Juárez a finales de julio del año pasado, reconoció los restos y pudo repatriar a su hijo, en medio de un calvario burocrático. Hasta ahora ella no logra recuperar el gasto de su viaje ni hay avances para hacer justicia por el asesinato de Édgar.

Hay un patrón reconocible en diferentes casos de desaparición registrados en la frontera de Juárez, especialmente en el Valle de Juárez, que comprende varios poblados colindantes con la ciudad fronteriza, poco vigilados por autoridades migratorias y bajo control del crimen organizado, señala Carla Palacios Flores, abogada del CDHPN.

Este centro ha documentado varios casos de personas desaparecidas al intentar cruzar la frontera mediante los servicios de un pollero o coyote. En uno de ellos, el migrante avisó a su familia que se encontraba en un lugar sospechoso, el pollero la contactó después para decir que su cliente estaba en custodia de la FGE y que ahí pedían 10 mil pesos para soltarlo. Los familiares pagaron el rescate, pero el pollero dijo que el joven escapó y desde entonces no han vuelto a saber de él.

“Les exigen una cuota para pasar y, en caso de que no lo hagan, los secuestran y exigen rescate a familiares. Si no, los privan de la vida y los depositan en fosas clandestinas. Viendo desde 2014, es una tendencia de los grupos criminales en dichas zonas. Las autoridades conocen ese contexto y han limitado actividades sólo en ir a recuperar cuerpos en fosas clandestinas” –dice Palacios Flores–, pero no han hay acciones de prevención o de investigación contra polleros o posibles responsables.

En entrevista aparte, Laura Ayala, madre de Elfido Alejandro Pérez Ayala, refirió que su hijo conoció en el municipio de Cuauhtémoc a alguien que le ofreció cruzar a Estados Unidos. Le dijo que le faltaban dos personas para juntar el grupo. Como Pérez Ayala no tenía trabajo, accedió.

Iban a cruzar desde un rancho cerca de Ojinaga, en la frontera con Texas, el 22 de diciembre de 2019. Al siguiente día dejó de tener comunicación con su familia. Era normal, pues la travesía iba a durar tres o cuatro días, pero pasó una semana y Elfido no se comunicó.

La persona que se lo llevó llamó a las dos semanas desde Odessa y le contó a la familia que Elfidio se había quedado atrás en el camino a Sierra Blanca, Texas, pero que no tenía exactamente la ubicación. Pusieron una denuncia en Presidio. Hasta ahora no hay avances.

A fin de obtener más información, la familia siguió comunicándose con el coyote. Con el tiempo éste cambió de historia y dijo que a Elfido lo había agarrado “la migra”. Mientras, el coyote continuó operando en la frontera hasta que fue asesinado en Malpaso, cerca de la ciudad de Cuauhtémoc.

“Mucha gente tiene miedo porque los coyotes los han amenazado que dejen así las cosas o no van a saber nada, como si les hubiera pasado algo o no sé”, dijo en entrevista un familiar de un grupo de migrantes desaparecidos en la frontera.

Eduardo Miranda

Autoridades sin coordinación

Una de las grandes dificultades que enfrentan las familias a la hora de buscar a sus familiares migrantes es la lejanía de sus lugares de origen y las trabas que hay para el trabajo coordinado entre las distintas dependencias de justicia e investigación, nacionales y extranjeras.

En el caso de Elfido, su familia llamó al consulado en Presidio, pero se sintieron discriminados por no hablar inglés. Al final lograron comunicarse con alguien en español, pero el consulado se limitó a publicar pesquisas con su fotografía. Después les pidieron una muestra de ADN, porque han encontrado cuerpos, pero no han sabido enviar el material a Estados Unidos y en la FGE no les ayudan.

Luis Ángel Córdoba Romero intentó cruzar a Estados Unidos por la zona del Valle de Juárez. El 11 de febrero de 2021 fue el último día que sus familiares tuvieron comunicación con él. Su madre cree que lo detuvo la Border Patrol porque un mes después esta dependencia subió a las redes sociales una fotografía de un hombre de características muy similares, aunque su rostro se ve difuminado.

Aunque la señora intentó investigar con las autoridades de Estados Unidos, no ha localizado a su hijo. En las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las que ha acudido tampoco le han ayudado.

Karla Quintana indica que la CNB está trabajando en planes regionales para “romper este problema de las fronteras” agilizando la comunicación entre las autoridades estatales y las federales.

Chihuahua entraría en el Programa Regional del Noroeste, pero aún no se ha implementado. Aun así, Quintana aclara que se tomará en cuenta que Chihuahua tiene un territorio muy extenso y que sus dinámicas no están separadas de la región Noreste.

El 25 de septiembre de 2021, 13 personas salieron de la ciudad de Chihuahua en dirección a Ojinaga para intentar cruzar la frontera con Texas; 11 eran del estado y otras dos del centro del país. Con ellas iba José Luis Pallares, el coyote, y Luis Carlos Islas, el guía, que los ayudarían a adentrarse el desierto por el desolado municipio fronterizo de Coyame del Sotol.

Antes de viajar estuvieron en casas de seguridad en Aldama y la ciudad de Chihuahua. Estaban tranquilos porque con ellos iba un muchacho de 14 años. El sábado entraron al desierto y perdieron contacto.

Días después, apareció el menor y contó que unos sujetos los “levantaron” y golpearon. Según él, después subieron a todos en una camioneta blanca, pero a él lo dejaron ir más adelante y caminó dos días en el desierto. Logró cruzar el río Bravo, pero fue deportado por oficiales de migración de Estados Unidos.

Desde entonces el adolescente es custodiado en calidad de testigo protegido. De sus compañeros de viaje nada se sabe.

Familiares entrevistados expresaron su inconformidad con las autoridades estatales en las primeras semanas de la desaparición de los migrantes. A finales de 2021, cuando el caso fue atraído por la Fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez, sintieron que por fin se hacía algo.

El 10 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la capital del estado. A través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), los familiares solicitaron al gobierno federal apoyo para la búsqueda. La Sedena facilitó un helicóptero con la capacidad de maniobra necesaria para operar y descender en el difícil terreno del desierto, pero las condiciones climáticas de esos días, con frío y fuertes vientos, no fueron óptimas.

Desde entonces, tanto el Cedehm como los familiares han insistido en la necesidad de realizar más búsquedas áreas.

“Hace unos días hicimos junto con la gente de la fiscalía de Chihuahua un nuevo recorrido a la zona desértica de la ruta de Coyame hasta el río. Entonces ahí nos dimos cuenta de que es necesario seguir volando porque no es posible buscar con efectividad por tierra, a pie, porque es una zona muy complicada”, dijo durante una protesta en febrero Gabino Gómez, quien coordina el área de búsqueda de personas en el Cedehm.

Los familiares han tenido reuniones con la Fiscalía de la Zona Norte, la más reciente en los primeros días de mayo. Les dicen que hay avances en las investigaciones, pero en los reportes que les muestran hay mucha información censurada. A decir de los familiares, la Comisión Estatal de Búsqueda también ha actuado con secretismo, aludiendo a motivos de seguridad.

Recientemente la fiscalía local les informó que ya cuenta con un helicóptero apto para realizar la búsqueda solicitada, pero que el clima no ha permitido el vuelo.

Mientras tanto, los familiares siguen exigiendo que se disponga de mayores recursos para realizar la búsqueda y la investigación.

Miguel Dimayuga

Quintana. Coordinación

Alejandro Saldívar