Tamaulipas: Huachicoleo y trata de personas en la cuna del Cártel del Golfo /Luciano Campos Garza

TAMAULIPAS HUACHICOLEO Y TRATA DE PERSONAS EN LA CUNA DEL CÁRTEL DEL GOLFO

LUCIANO CAMPOS GARZA

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.– El Cártel del Golfo (CDG) y Cártel del Noreste (CDN) –con grupos que se han subdividido de estas dos poderosas estructuras dedicadas al tráfico de droga y combustible, trata de personas, secuestro, extorsión y homicidio– se disputan el control de Tamaulipas.

Al estado ya ingresó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más interesado en la trata de migrantes que en el trasiego de enervantes.

De acuerdo con el mapa de criminalidad que presenta Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Intelligence, las organizaciones que mantienen alto perfil en Tamaulipas son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), CDN, Grupo Sombra, Los Metros, Zetas Vieja Escuela (ZVE), Columna Armada Pedro J. Méndez (CAPJM), Cártel Tropa del Infierno, Escorpiones, Gama 16, CDX y Rojos.

Debido a la volatilidad de los grupos y a los ajustes de cuentas internos, no Dividido en varios grupos y células, lo que fue el Cártel del Golfo sigue peleando los territorios tamaulipecos contra el Cártel del Noreste, el CJNG y las bandas derivadas de escisiones de Los Zetas. El principal objetivo de esas organizaciones es controlar las rutas hacia Estados Unidos, para lo cual tratan de desalojar a sus rivales e incluso a la población de las “plazas” para facilitar operaciones ilícitas muy rentables como el huachicoleo y la trata de personas.

hay cabezas visibles en la mayoría de las agrupaciones.

Para el analista, el CDG se dividió en células y ya no opera como unidad. En el municipio fronterizo de Reynosa, el más poblado de la entidad con cerca de 1 millón de habitantes, el CDN tiene la mayor presencia, seguido por los Ciclones, Escorpiones, Jaibos, Gama 16, Metros, ZVE y Rojos.

Fue en territorio reynosense donde el 19 de junio de 2021 integrantes de los Escorpiones, desprendidos del CDG, recorrieron las colonias populares Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar del Sur de Reynosa, donde dispararon indiscriminadamente a los transeúntes, con saldo de 15 muertos y un número indeterminado de heridos.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado como parte de la confrontación con sus rivales los Ciclones, de este municipio. Al mes siguiente, fue encontrado asesinado Édgar Valladares El Maes-

trín, líder de los Escorpiones en Río Bravo, quien había ordenado la masacre.

Este año la incidencia criminal ha llegado hasta los puntos de cruce hacia Estados Unidos, como pasó en abril, cuando civiles con armas largas despojaron a varios traileros de sus unidades en la puerta del Puente internacional Reynosa-Pharr y les prendieron fuego, bloqueando el paso de vehículos de carga, que suele ser nutrido en ese lugar.

En Matamoros operan Ciclones, Metros y Rojos. En la Región Ribereña, Camargo es ocupado por los Metros, misma agrupación tiene presencia en Miguel Alemán, junto con el CDN, que también controla el crimen en Mier y Guerrero. En Nuevo Laredo se disputan la plaza la Tropa del Infierno, el CDN, el CJNG y los Metros.

En cuanto a Victoria, ahí operan el CDN, los X, Ciclones, Metros y ZVE. Hacia el sur del estado, en Mante, ZVE, y en Altamira, los Metros.

Trata de migrantes y desplazamiento

La diversificación de estas organizaciones criminales las involucró en el floreciente delito de trata de personas, principalmente en ciudades de la frontera de México con Estados Unidos, adonde llegan personas procedentes de otros estados o del extranjero.

En esta actividad criminal destaca principalmente el CJNG junto a los Metros, sus principales aliados en el norte de Tamaulipas.

El CDN también está implicado en la trata de indocumentados, robo de combustible, control de las penitenciarías y narcotráfico, en su variante de narcomenudeo.

Esa organización, emergida de una escisión de Los Zetas, ha crecido considerablemente y ya tiene presencia en Quintana Roo, Campeche, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.

La pugna del CDN por ocupar más espacios criminales se da principalmente contra ZVE, CDX, CAPJM, y contra Los Billys en los límites con Nuevo León.

El CDN recibió su golpe más severo el pasado 13 de marzo, cuando su máximo líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, fue detenido en Nuevo Laredo, donde tenía su refugio. Lo buscaba la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, que ofrecía 2 millones de pesos por su captura. Estados Unidos también lo tenía en la mira y, tras su captura, fue extraditado.

En el actual sexenio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que inició en 2016, se ha consolidado el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la policía estatal para el combate a los grupos criminales.

Aunque tradicionalmente se considera que en Tamaulipas prevalece la violencia, de acuerdo con estadísticas recientes la entidad se encuentra en el sitio 20 nacional de homicidios dolosos, según el dato que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reciente conferencia mañanera.

Eduardo Guerrero menciona que, si bien hay una consolidación de las fuerzas estatales del orden y una baja en los índices de criminalidad en el sur, centro y norte de Tamaulipas, se percibe que el mandatario estatal se ha distraído con temas de carácter político, principalmente el de su desafuero que, precisamente cuando faltaban cuatro días para la elección estatal, fue postergado de manera indefinida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Geovanni Barrios, presidente fundador de la asociación civil Justicia Tamaulipas, que busca desaparecidos, señala que una parte considerable de la violencia se observa en la frontera, donde los grupos criminales pretenden adueñarse del territorio a balazos.

Pone por ejemplo el caso de Mier y Miguel Alemán, en la región Ribereña, fronteriza con Texas, donde los enfrentamientos diarios provocaron un éxodo masivo que dejó prácticamente desiertos esos municipios. Los que se quedan viven entre el pánico y el caos.

En la entidad se observa una sólida presencia de células del CDG en Tampico, Matamoros, Valle Hermoso, y al oriente, en la costa. Hay presencia marcada del CDN en Nuevo Laredo y Victoria.

El caso de Matamoros es singular, dice Barrios, porque pese a las purgas, ajustes de cuentas, ejecuciones e invasiones, prevalecen los grupos ligados al CDG, la organización criminal de la que surgieron Los Zetas y sus derivaciones.

Huellas de violencia

Desorden interno

MONTERREY: CORPORACIONES INFILTRADAS

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, NL.– Cárteles y bandas de menor calado buscan controlar actividades ilícitas y expandir rutas delictivas en Nuevo León, particularmente en su capital.

El estado resiente la presión de grupos criminales que pugnan por entrar de los vecinos Tamaulipas y Coahuila, señala Adrián de la Garza Santos, quien fuera procurador de Justicia con el entonces gobernador Rodrigo Medina, y exalcalde priista de Monterrey.

En el norte del estado se da la zona con mayor reporte de violencia, aunque no necesariamente con la mayor actividad criminal, afirma De la Garza, y reconoce que en la entidad se aprecia actividad del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el de Sinaloa.

Para el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero, además de los anteriormente mencionados opera aquí el recientemente surgido Cártel Independiente de Nuevo León (CINL) organización conocida también como Los Billys, derivada de Los Zetas.

De acuerdo con un estudio de inteligencia de esta plataforma de datos sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad

“Es muy variante, y no siempre se mantienen los grupos, porque quienes los controlan deciden cambiarse de siglas y ya no son el mismo. Es algo que no ha sucedido en Matamoros; creo que es el único municipio en Tamaulipas que sigue controlando el mismo grupo (CDG). En Nuevo Laredo primero fue el Cártel del Golfo, luego Los Zetas, luego otra generación, luego Noreste y luego Vieja Escuela”.

San Fernando es uno de los territorios más peligrosos. Es el municipio con mayor extensión, donde se registró una de las peores masacres en la historia reciente de México. Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, en el ejido El Huizachal, un grupo de Los Zetas interceptó a 72 migrantes que iban a Estados Unidos y los asesinó a balazos. Ahora la pugna ahí es entre células del CDG y el CDN, dice Barrios.

Rodolfo Angulo /cuartoscuro.com

El activista señala que el CJNG tiene presencia mayor en los municipios de Mier, Camargo y Miguel Alemán, y aunque se ha esforzado, no ha podido ingresar a territorio nuevoleonés, pertrechado por líneas de contención de la policía estatal Fuerza Civil, la cual registra constantes enfrentamientos con los delincuentes en aquella zona.

El entrevistado observa que a los grupos delictivos les conviene controlar aun las ciudades que no san tan relevantes, como las semidesiertas, porque ahí es más fluido el tráfico de combustible y de indocumentados. La trata de personas, considera, es uno de los negocios más rentables y con menos riesgos, pues las bandas delictivas tienen controladas prácticamente todas las rutas de los autobuses y camionetas, que deben pagarles por permitirles seguir hacia el norte.

El tráfico de combustible en la frontera tamaulipeca cobró relevancia después del asesinato del reynosense Sergio Carmona, el 22 de marzo de 2021, en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Se le relaciona con el tráfico de hidrocarburo a escala industrial, y sus millonarias ganancias le sirvieron para patrocinar a políticos y candidatos relacionados con Morena en la entidad y a nivel nacional, aunque también se ha documentado que facturó cantidades millonarias al actual gobierno panista del estado, lo que ha sido ampliamente detallado en este medio.

social, Los Billys se dedican al narcotráfico y narcomenudeo, extorsión y autogobierno penitenciario. Tienen presencia en Salinas, Victoria, El Carmen, Abasolo, Hidalgo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y Juárez.

En esta capital también se identifican grupos de perfil bajo como la Banda de la Explorer, con presencia en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, dedicados al narcomenudeo y robo de transportistas y vehículos.

Los Meza Flores, banda derivada de los Beltrán Leyva, controla a los grupos La Oficina, los Mazatlecos y Ruela Torres. Los Meza pelean contra el Cártel de Sinaloa y tienen como aliados a los Arellano Félix, los Pilotos y los Trinis. Trafican armas y narcóticos.

También operan en Monterrey los Bronz, pandilla dedicada al narcomenudeo y vandalismo, dice Guerrero Gutiérrez, basado en datos de Lantia.

Una de las mayores organizaciones presentes en el estado es el CJNG, que trabaja con los Metros, célula desprendida del CDG. Tienen actividad mayormente en los municipios de Cadereyta y Jiménez, al oriente de la zona metropolitana, y al norte en Doctor Coss y Los Aldamas, colindantes con Tamaulipas.

Paradójicamente, en el sexenio de Rodrigo Medina (2009-2015), cuando ocurrió en Nuevo León la peor crisis de inseguridad, con apoyo de la iniciativa privada se refundó la policía estatal y pasó a llamarse Fuerza Civil. Se convirtió en una de las mejores de México.

Sin embargo, con la llegada de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador (20015-2021) la corporación fue descuidada. Los policías padecieron desdén, su salario se estancó y se les regatearon incentivos y prestaciones, lo que provocó deserciones y debilitamiento de la corporación, afirma el analista.

Un informe de inteligencia elaborado el año pasado por la Agencia Estatal de Investigaciones señala que en la entidad hay un auge de comercialización de drogas sintéticas que traen al mercado local el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Son ellos los que surten a los distribuidores minoritarios.

Infiltración

De la Garza refiere que la delincuencia organizada se esfuerza mucho por obtener territorio, principalmente en la zona metropolitana, lo que se traduce en ejecuciones.

“Cuando hay un grupo nuevo de delincuencia organizada o espontánea, y hay generación de violencia, significa que hay cuerpos policiacos infiltrados. Y cuando esto ocurre no hay que estar en alerta, hay que realizar acciones muy precisas para sacar de tajo a los policías infiltrados. Hay que quitar a los que no son de vocación o confiables, para que no se les facilite el trabajo a los grupos de la delincuencia organizada”.

Al preguntarle si esta es la situación actual en las policías de Nuevo León, responde: “No tengan duda”.

El exprocurador propone que el combate a la criminalidad se base más en la inteligencia, pues ya son obsoletos los despliegues policiacos para demostrar fortaleza y los patrullajes preventivos.

Reconoce que hay policías como las de Monterrey, Guadalupe, San Pedro, San Nicolás o Santiago que ya generan esquemas de inteligencia con los cuales se sistematizan todas las fuentes, y la información que se obtiene ya no se pierde después de ser utilizada, como ocurría en el pasado. Lo que debe hacerse con esos datos es analizarlos para que se traduzcan en inteligencia.

Pero la inteligencia policiaca “debe aplicarse también adentro de las corporaciones”, advierte.

Barrios señala que por las aduanas binacionales en estos dos municipios se podrán importar vehículos, lo cual implica un potencial negocio en el control del cruce de estas mercancías.

Estima que pasan los años y pese a que delitos como el secuestro van a la baja, persiste el control de grupos criminales en las plazas, ante la indiferencia de las autoridades.

“Lo que está más caliente es el norte del estado. Recordemos que hace dos o tres años Victoria estaba súper caliente. Era una plaza con muchos asesinatos, como también lo era Ciudad Mante. Ahorita ya son muy aislados los homicidios que se dan ahí, y eso se puede palpar en la información que nos llega de estos crímenes por municipio”, dice.

Lo que es evidente, continúa, es que la policía estatal, con los Gopes, ha podido enfrentar a los grupos delictivos, aunque como resultado éstos se han fragmentado.

Barrios advierte que en la entidad prevalece la crisis por la desaparición de personas, con unas 20 mil víctimas de este delito y 98% de impunidad en los casos denunciados.

“Siguen los números importantes en esto, hombres y mujeres, porque no se ha trabajado en la prevención de ese delito. Mientras eso no se haga y no se enfrente jurídicamente la problemática, seguirá el grado de impunidad”, concluye.

Narcobloqueo

LA PROHIBICIÓN DE VAPEADORES, UNA DENSA CORTINA DE HUMO

MELISSA AMEZCUA

Desde Palacio Nacional se anunció como un triunfo para la salud pública la prohibición de los vapeadores. Sin embargo, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador no incluyó la palabra consumo, sino sólo su circulación y comercialización. De inmediato, los activistas del vapeo, legisladores y empresas advirtieron que esa medida significará un crecimiento del mercado negro y mayores riesgos sanitarios.

El último registro mundial de los efectos fatales de usar vapeadores sin conocer su contenido ocurrió en 2019, cuando un fabricante de cartuchos en Estados Unidos mezcló tetrahidrocanabinol (THC), principal activo del cannabis, con vitamina E, un compuesto liposoluble que al entrar a los pulmones se vuelve una especie de plástico. Eso provocó la muerte de 60 personas y en México se registraron dos casos por complicaciones, uno de los cuales fue letal.

Aunque llegó dos años después, éste fue el contexto detrás de la alerta máxima de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recientemente publicada contra los vapeadores, de acuerdo con Christian Heinrich, médico salubrista y consultor en salud de la Red Latinoamericana por la Reducción de Daños Asociados al Tabaquismo.

Las personas que conocen del uso lúdico de la mariguana, asegura Heinrich, “saben que si haces un brownie pega más entre más aceite le pongas, porque es un medio idóneo para el transporte del THC.

“Esas personas le pusieron aceite de vitamina E (al vapeador) que, al hacerse un plástico dentro de los pulmones, te mata”, dijo. Uno de los casos reportados por la prensa en México ocurrió en 2019 en San Luis Potosí y se trató de un joven de 18 años. Heinrich considera que pudo deberse a que el fabricante clandestino quiso rebajar el contenido. Sin embargo, no todos los vapeadores que se venden en las calles del país o en internet contienen THC.

El problema, planteado por activistas, legisladores y tabaqueras, es que en el contexto actual del vapeo, no se conoce el origen de los aparatos ni al fabricante; tampoco el puerto por el que entra al país, su contenido real ni quién está detrás de las ganancias de esa industria en México.

Ello pese a que hay al menos 1 millón de usuarios activos en el país, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), de ahí que se abogue por su regulación inmediata.

Causó sorpresa entre legisladores, académicos y empresarios relacionados con la venta de vapeadores la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir la circulación y comercialización de esos dispositivos, mas no su uso. Ante el anuncio hecho el pasado 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, especialistas advierten sobre los riesgos que esa medida implica, porque da pie al crecimiento del mercado negro y a la incidencia del narco en ese negocio. Y pese a que algunos sostienen que los vapeadores son menos cancerígenos que los cigarros, el tabasqueño sólo critica a las empresas tabacaleras.

No obstante, el 31 de mayo último, Día Mundial sin Tabaco, desde Palacio Nacional se anunció el decreto presidencial que prohibe la circulación y comercialización de los vapeadores, mas no su consumo. Esa disposición del presidente López Obrador genera dudas, pues lo publicado en el Diario Oficial de la Federación no desarrolla las implicaciones de la circulación o de la comercialización de esos aparatos. Tampoco hay claridad en las sanciones, sostiene Helena Harrington, miembro de la organización Vapeo Informado. Llegó para quedarse

La académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctorante en derecho sanitario por la misma institución cuestiona que el artefacto que usó López Obrador para ilustrar su anuncio fuera un maskking (un cigarro electrónico, no un vapeador), del que se desconoce su contenido pero es de los más vendidos en las calles.

“Se abren las puertas al mercado negro más de lo que ya estaban. Vamos a llegar al punto en que quienes busquen importar y comercializar los productos, van a toparse con que deben tramitar un amparo para obtener los permisos nuevamente”, dijo.

La relevancia de regular la importación, exportación y comercialización de los vapeadores es tener farmacovigilancia sobre los consumidores y prohibir el acceso de los menores de edad, embarazadas y personas con predisposición a complicaciones respiratorias debidas a estos productos, según activistas y legisladores que han pugnado por la regulación, como Heinrich, Harrington y los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano (MC).

“Los vapeadores llegaron para quedarse, y no por un decreto van a desaparecer; lo peor que podría pasar es que el mercado negro se haga incontrolable”, acota Heinrich.

Para los diputados Sergio Barrera Sepúlveda, de MC, y Jorge Insunza, del PAN, así como para Heinrich, mantener el mercado tal cual está, da pie a que en México el crimen organizado se involucre en la oferta de vapeadores y cartuchos, ante la gran demanda que existe en las calles.

Barrera, quien propuso en 2021 la regulación de esos aparatos, asegura a Proceso que en varias ciudades del país el crimen organizado amenazó a jóvenes que vendían vapeadores entre sus amigos.

“Les decían que sólo se los pueden comprar a ellos o que sólo ellos (los criminales) pueden distribuirlos. Es algo muy peligroso, y por no afectar a estos jóvenes no podría decir en qué ciudades, porque no sólo es una”, dijo el legislador por el estado de Jalisco.

Prohibición desde Palacio

El asunto quedó aparentemente cerrado al debate público el 31 de mayo, cuando, en compañía de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, López Obrador anunció la prohibición de los vapeadores desde la mañanera. Un tema que llevaba meses discutiéndose en la Cámara de Diputados, el Senado y en Palacio Nacional.

El último día del segundo periodo de sesiones en San Lázaro se aprobó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE); sin embargo, en ese documento se prohibió expresamente la entrada y salida del país de vapeadores, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.

Tanto Barrera como Insunza –quien es además presidente de la Comisión de Economía– confirmaron a Proceso que los legisladores de todas las bancadas acordaron votar por la regulación de los vapeadores, pero todo se cayó en la conferencia mañanera del 31 de mayo pasado, cuando López Obrador se pronunció contra esos dispositivos y en favor de su prohibición total.

A finales del periodo anterior ya estaba aprobada la LIGIE en San Lázaro como cámara de origen, y se fue al Senado, como lo dicta la ley. Por ello, al diputado Insunza le pareció “un poco raro” que regresara a San Lázaro una minuta donde venía específicamente el tema de la prohibición de los vapeadores. El legislador panista dijo que en esa minuta tuvo influencia directamente López-Gatell.

“Es un poco extraño que la mañanera coincida con ese tema. Sentí que marcó una línea porque cuando platicamos aquí en la Comisión, con los dipu tados de Morena, había apertura para que el tema fuera retirado del documento”, revela Insunza.

El acuerdo era retirar el tema de los vapeadores para legislarlo en una iniciativa aparte y dejarlo fuera de la prohibición de la LIGIE, insiste.

En varias conferencias matutinas López Obrador ha dicho que hay cabilderos de las empresas para influir en las decisiones de los legisladores en este tema en particular. Incluso, el 14 de diciembre de 2021, López-Gatell declaró que estuvieron “rondando el Senado cabilderos de Philip Morris”. Insunza confirmó que, efectivamente, hubo presencia de la cigarrera en la Cámara de Diputados, aunque negó haberse reunido con ellos hasta ese momento.

“Sé que estuvieron aquí, no sé quiénes concretamente, pero sí vinieron. Yo mismo los voy a recibir, pero no quería recibirlos en un momento que es un mensaje, el presidente dijo que andaban dando dinero.”

López-Gatell, en su momento, se refirió a que la LIGIE debía ser actualizada por el Poder Legislativo, y aseguró que Philip Morris era la empresa preponderante en la cruzada por la regulación.

El diputado Barrera, de MC, respaldó la afirmación del presidente de la Comisión de Economía al decir que, en corto, la gran mayoría de sus colegas estaba consciente de las consecuencias sociales y económicas de no regular los vapeadores, pero “les bajaron línea”.

“Les dicen que tienen que votar esa parte en contra, y por eso mismo, cuando metimos la reserva, no fue aprobada por más que les hicimos entender el grave problema que se estaba haciendo si lo cancelábamos”, contó el legislador, quien también negó haberse reunido con la tabacalera Philip Morris.

En respuesta a un cuestionario enviado por la reportera, Catalina Betancourt, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, negó que exista una polémica con las autoridades mexicanas ante los señalamientos de que son la compañía predominante en la búsqueda de la regulación.

“Nuestro interés es contar con reglas claras para ofrecer productos libres de humo a los fumadores adultos mexicanos, que se establezcan candados en la comercialización para proteger a los menores de edad, pues no son libres de riesgo, y que se definan estándares sanitarios estrictos que garanticen una manufactura segura”, dijo la representante de la empresa que, aunque no comercializa vapeadores en México, ofrece dispositivos de tabaco calentado manufacturados en Malasia.

En octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia, mediante la contradicción de tesis 39/2021, estableció la inconstitucionalidad de la prohibición de forma absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea producto del tabaco, argumentando que impacta de forma injustificada los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre comercio.

Miguel Dimayuga Meneses

AMLO y López-Gatell. Decisión polémica

Control de daños

Uno de los argumentos de López Obrador acerca de la prohibición es la defensa de la salud y de los jóvenes. “No hay influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero don Dinero el que domina a México”, dijo desde la mañanera.

Sin embargo, la propia Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017, hecha por la Conadic, revela que para ese año había casi 1 millón de usuarios regulares de cigarros electrónicos y que al menos 5 millones de personas lo habían probado una vez. Y vaticinaba que habría 100 mil consumidores nuevos por año.

Según una encuesta de 2021 de la empresa Povvado, proporcionada por Philip Morris, ocho de cada 10 mexicanos piensan que es necesario que los fumadores adultos tengan acceso a toda la información sobre productos libres de humo.

“Está demostrado que son malos para la salud y que afectan a los jóvenes, y no puede ser que un interés mercantil, comercial, o el lucro estén por encima de la salud”, añadió López Obrador en la mañanera del pasado 31 de mayo.

No obstante, los estudios que hay, según Heinrich, no han demostrado que los vapeadores sean cancerígenos, como sí se comprobó con los cigarrillos clásicos de combustión.

La primera patente de los vapeadores se registró en 1963 y sus creadores fueron fumadores, no empresas tabacaleras. Y desde 2009 en medios de comunicación se empezó a popularizar la existencia de esos dispositivos.

Quienes defienden su regulación sostienen que se trata de un método aliciente para solventar los problemas de los fumadores pasivos que no desean dejar la nicotina. Incluso Heinrich admite que los vapes, como se conoce coloquialmente a los cigarrillos electrónicos, no son inocuos. Tienen tres principales compuestos: glicerina vegetal, propilenglicol y agua, además de la sustancia para fumar, como nicotina o THC.

Pone de ejemplo a Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón, cuya primera acción ante el surgimiento de los vapeadores fue prohibirlos mientras se estudiaban sus efectos, pero una vez que se avanzó en las investigaciones se optó por la venta y el consumo libre.

“Porque ya se estudió que, a pesar de que son inocuos por la glicerina y el propilenglicol, que también encuentras en alimentos procesados, no son sustancias cancerígenas per se. Lo que se conoce es que si las añades a alimentos y las ingieres por vía digestiva no causan mayor efecto, lo que no se sabe todavía es qué pasa si calientas la glicerina o el propilenglicol, que es lo que hace el humito, y se ingiere a través del pulmón”, explica.

“Es una bomba de tiempo que esto se siga consumiendo y que por ley se pueda vender, pero al mismo tiempo no esté regularizada, eso causa mucha incertidumbre entre usuarios, autoridades y médicos”, puntualiza.

Añade que aun cuando los efectos se han estudiado por más de una década, “hasta que no haya resultados como con el tabaco, que causa cáncer y otras enfermedades, no hay forma de contradecirlos”.

A la fecha hay 10 millones de personas que vapean en todo el mundo, añadió Heinrich, y se ha comprobado que los vapeadores son entre 90 y 95% menos cancerígenos que los cigarros de combustión.

Hasta 90% de la madera que se comercializa en Chiapas tendría un origen ilícito, denuncian empresarios y silvicultores que inútilmente han reclamado a los gobiernos federal y estatal que intervengan para frenar este flagelo. A esto hay que sumar el poder de la banda de Los Motonetos, que protege el negocio a plena luz del día sin que las policías locales o la Guardia Nacional lo impidan.

LA TALA CLANDESTINA FLORECE SIN CONTROL

EN CHIAPAS

ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Camiones cargados de madera en las carreteras y caminos sin filtros ni controles a plena luz del día. Aserraderos sin supervisiones estrictas que trabajan las 24 horas del día. Motosierras que retumban en las montañas. La selva chiapaneca y madererías, sin regulación legal. Éstas son escenas cotidianas en los Altos de Chiapas, donde poco a poco la capa forestal se pierde.

El Periférico Norte de San Cristóbal de Las Casas es sólo una muestra de lo que ocurre en Chiapas con respecto de la tala ilegal y clandestina. Acá, los puntos de venta de madera proliferan entre los tianguis de autos y demás comercios, donde el control lo tiene una pandilla que aterroriza a los citadinos desde hace algunos años: Los Motonetos.

Esta zona es vigilada por personas con radio en mano que, a discreción, están apostados en cada tramo. Vehículos con cristales polarizados transitan cautelosos.

Las patrullas de las policías Municipal y Estatal, de la Guardia Nacional o del Ejército pasan este libramiento sin detenerse, por lo que las colonias a lo largo del Periférico, como La Hormiga, Palestina, El Mirador, Anexo El Edén, Bosques del Pedregal o Prudencio Moscoso están a merced de Los Motonetos y otros grupos que dan protección a todos los negocios, incluyendo la compra y venta ilegal de madera.

Todos los puntos de ventas son atendidos por tsotsiles desplazados de los Altos de Chiapas, que se refugiaron en la región norte de San Cristóbal de Las Casas y que ven en este negocio la única forma de subsistir y obtener recursos para sus familias.

Ellos expenden tablas, polines, planchones y otros cortes de madera de pino y ciprés, principalmente, que dicen traer de municipios vecinos como Teopisca, Tenejapa y otros.

La madera es más barata que en los establecimientos legales, pero quienes venden no expiden facturas, sino simplemente una nota sencilla hecha a mano o “nota de remisión”.

El reportero pregunta si pueden hacer el envío a otra ciudad del estado o incluso a otra entidad, pero un expendedor refiere que no es posible que ellos saquen el producto de San Cristóbal de Las Casas, pues hacerlo implica elevar el costo, buscar una factura falsa y documentos de permiso de transporte.

La madera más fácil de traficar en carreteras es la que transportan ya procesada en muebles, como camas, sillas y mesas, cuyos puntos de venta se multiplican por las principales ciudades del estado y otras regiones del sureste del país.

Como pasa en el Periférico Norte de San Cristóbal, en muchos otros tramos carreteros, como San Cristóbal hacia Comitán, o hacia Ocosingo, o a la región Altos de Chamula, Chenalhó y Pantelhó, a orilla de carretera se vende la madera sin registro ni control alguno por parte de las autoridades estatales o federales.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, informó en enero de 2021 que habría unos mil establecimientos donde se expende madera ilegal en la entidad, los cuales “no son revisados por la autoridad facultada, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y por lo tanto realizan estas actividades ilícitas de manera arbitraria”.

René Gómez Orantes, un silvicultor chiapaneco, dice a Proceso que esta entidad tiene una gran vocación forestal pero está atrapada en un círculo vicioso, entre la posición conservacionista y la tala ilegal. Ambos extremos afectan el aprovechamiento de los recursos forestales.

La primera, dice, exige la sobreprotección de bosques y selvas, “pero se sobrerregula, se vuelven más burocrático los permisos y el acceso a programas para el manejo forestal”, por lo que hay quienes se cansan de los trámites y optan por incurrir en la tala clandestina.

Oficios ignorados

Hasta 90% de la madera que se comercializa en Chiapas tendría origen en la tala ilegal, calculan empresarios madereros y silvicultores en esta entidad, quienes –sin éxito alguno– han denunciado ante las autoridades estatales y federal para que intervengan y frenen este flagelo en esta región de la frontera sur mexicana.

Un informe de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, que dirige en Chiapas José Luis Lobato González, señala que la región más crítica en el tema es la de los Altos, con los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Ésta es una región que presenta los más graves daños e impactos por la tala ilegal, dice el empresario Esteban Meza Vargas, integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Región Costa de Chiapas y miembro de la Delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal.

Meza Vargas tiene más de dos décadas luchando contra la tala clandestina y ha denunciado en todas las instancias del gobierno estatal y federal, con muy poco eco, señala. Propietario del Aserradero Sacsamlum, S.A. de C.V., y con casi 80 años de edad, asegura que no se ha cansado ni se cansará de tocar puertas para exigir a las autoridades un control que frene la tala ilegal y la comercialización irregular de la madera.

El empresario mostró diversos escritos que datan de diciembre de 2016 a julio de 2021, enviados a autoridades estales y federales, en los que ha pedido en muchas ocasiones su intervención para frenar la tala ilegal.

Esteban Meza Vargas. Décadas de lucha

Vigilancia. Coordinación federal y estatal

LANGUIDECE EL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.– En un informe de febrero de este año, el gobierno de Chiapas reconoce que el estado vive una situación crítica en materia de degradación ambiental, pues el macizo forestal de gran parte de la geografía estatal languidece.

Bajo el título Prevención y combate a los ilícitos forestales en Chiapas, el informe de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) –al que accedió Proceso– alerta sobre la deforestación y degradación de los ecosistemas, que afectan tanto al medio ambiente como a la sociedad en general por la pérdida de servicios ecosistémicos y del patrimonio forestal de sus pobladores.

El documento detalla que Chiapas está conformado por 7.3 millones de hectáreas, de las cuales 4.2 millones se consideran como áreas forestales, que representan 57% de la superficie estatal.

“Las causas están asociadas a incendios forestales, plagas y enfermedades; la ampliación de la frontera agropecuaria, la tala ilegal tanto por cambio de uso del suelo, aprovechamiento ilegal y delincuencia organizada, y el escaso manejo sustentable de los recursos forestales por parte de propietarios y poseedores, así como una insuficiente atención oficial de las dependencias de los tres órdenes de gobierno”, dice el informe.

Asimismo documenta que se tienen registrados ante la Semarnat mil 210 Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales, 107 aserraderos registrados, 170 autorizaciones de aprovechamiento maderable en 41 mil hectáreas, con 182 mil metros cúbicos anuales y 52 autorizaciones de aprovechamiento no maderable.

“Los ilícitos forestales se han incrementado en los últimos años debido a la falta de atención oficial, por los problemas sociales y por la insuficiencia de recursos humanos, financieros y materiales de las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno”, se reconoce en el texto.

“De lo anterior se puede observar que el universo de trabajo es amplio y por ello se requiere de mayores recursos en general y mayor coordinación interinstitucional”, indica.

Algunos documentos fueron dirigidos al entonces gobernador Manuel Velasco (2012-2018), otros al actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024), además de quejas y solicitudes remitidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), tanto a la del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto como a la de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los escritos los hay también dirigidos a Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente el sexenio pasado, así como a los dos primeros titulares de esa misma oficina en el actual gobierno, Josefa González Ortiz y Víctor Manuel Toledo Manzur.

En todos los casos no hubo respuesta de las autoridades estatales o federales, señala Meza Vargas.

En la cámara empresarial a la que pertenece sólo quedan siete integrantes, pues 10 de ellos han sido expulsados por las malas prácticas que en dicha asociación se han comprometido a combatir.

El empresario dijo a Proceso que calcula que alrededor de 65% de la madera que se comercializa en Chiapas es de origen ilegal o de tala clandestina, aunque hay quienes hablan de 80 y algunos más hasta de 90%.

Betania, una comunidad indígena entre San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, donde hay unos 2 mil habitantes, tiene ocho madererías, mientras que Tapachula, donde viven unas 354 mil personas, tiene seis madererías en todo el municipio, lo que da una idea de la explotación que se da en esa región de los Altos de Chiapas, expuso el empresario.

Con madera de evasores

La mayoría de los puntos de venta se concentran en San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Teopisca, Altamirano, Ocosingo y Comitán. Y aunque hay más de 300 madererías legalmente establecidas en Chiapas, muchas lavan madera ilegal con documentación legal. Entre las denuncias que ha presentado Meza se prueba que algunas de estas madererías son evasoras fiscales.

Por ello, el empresario propone exigir a las madererías de Chiapas la emisión de certificados “producto libre de la tala ilegal” para combatir el tráfico y la comercialización ilícitas, “dando por buena la premisa de que, si no hay tráfico ni comercialización, tampoco habrá tala ilegal”.

Sobre todo, explica, porque los beneficiarios de la tala y tráfico ilegal no son los ejidatarios dueños de los bosques, sino los traficantes que los engañan y convencen “despertando su ambición por el dinero fácil”.

En este escenario, el silvicultor René Gómez Dorantes y otros empresarios madereros y silvicultores lograron que, en junio de 2019, el diputado federal chiapaneco Raúl Bonifaz Moedano propusiera un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para hacer un exhorto a la Profepa y a la Semarnat a fin de que realizaran una reunión de trabajo con diversos grupos de productores, técnicos, industriales, académicos y funcionarios del sector forestal

Entre las causas de la tala ilegal y tráfico clandestino de madera cita la falta de programas sociales y productivos, la disminución de empresas forestales legales, la desincentivación de autorizaciones de aprovechamiento forestal, la migración rural a zonas urbanas, la falta de cultura silvícola y conservación, y la restricción de acceso a las autoridades en las comunidades.

También se reconoce “la insuficiente inspección a los Programas de Manejo Forestal y de Saneamiento Forestal, así como a los centros en general”.

Todo ello ha derivado en la pérdida de servicios ecosistémicos (alteraciones en el ciclo del agua, clima, erosión de suelos, emisión de gases efecto invernadero), biodiversidad, paisaje, patrimonio forestal y vegetación medicinal.

También ha propiciado que haya más deslaves e inundaciones, desertificación de suelos, azolvamiento de cuerpos de agua y limitación al desarrollo forestal sustentable.

Y se ha propuesto como objetivo “la atención a los ilícitos forestales mediante una estrategia integral, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, atendiendo las demandas intensas de la sociedad civil”.

Pocos resultados

Yucundo Coutiño, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos de la Semahn, dijo en entrevista que las especies de madera más amenazadas por la tala ilegal son el pino, el encino, el cedro rojo, el guanacaste y la caoba.

El funcionario aseguró que hay en Chiapas “un esfuerzo coordinado entre el estado y la Federación para combatir la tala ilegal”, y mencionó que el Código Penal de la entidad contempla el ecocidio como un delito que no alcanza fianza.

Pero más que el combate frontal, señala Yukundo Coutiño, es necesario dotar de proyectos productivos a los pueblos y comunidades donde hay alta tala clandestina para que retomen actividades dentro de la legalidad, como programas de manejo forestal, empresas comunitarias y plantaciones comerciales.

Sobre todo, destaca, se requiere trabajar mucho en la educación ambiental. “Eso es muy importante”.

En este sentido, el informe del propio gobierno del estado incluye un apartado con la “Estrategia de atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales en Chiapas” entre dependencias federales y estatales, así como la sociedad civil organizada, misma que fue validada por el Consejo Estatal Forestal.

Hay una larga lista de dependencias que, de acuerdo con el informe, deben coordinarse para aplicar la estrategia: la propia Semahn, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía Ambiental Estatal, apoyadas por la Semarnat, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de los cuerpos policiacos y militares, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, y la Fiscalía General de la República (FGR).

Este “grupo operativo” tiene como tareas proponer estrategias de combate al trafico y comercialización de materias primas y productos forestales, revisar la documentación oficial de transporte y proponer operativos de vigilancia forestal en la zona metropolitana y las regiones críticas del estado.

De 2019 a la fecha “se han realizado 238 operativos en la zona metropolitana y regiones críticas con mayor índice de ilícitos forestales”, además de que se realizaron 80 recorridos de vigilancia en diferentes tramos carreteros de esas regiones del estado.

Además, fueron revisados más de 140 vehículos con materias primas y productos forestales con documentación legal; se aseguraron 30 vehículos con materia prima y producto forestal, y se remitieron a la Fiscalía Ambiental 20 vehículos con 37 mil 660 metros cúbicos de madera.

También fueron remitidos a esa dependencia tres vehículos con 3 mil 821 kilogramos de carbón vegetal, mientras que se pusieron a disposición de la FGR siete vehículos con 120 mil 539 metros cúbicos de madera.

Como resultado de 32 trabajos de investigación en materia de ilícitos forestales se generaron 18 denuncias ante la Profepa.

Sin embargo, el informe omite precisar si a partir de los decomisos, aseguramientos y denuncias hubo procesos judiciales que derivaron en sentencias o sanciones por los delitos señalados.

Para todo el territorio chiapaneco, la Semahn sólo tiene actualmente 31 peritos forestales con 25 patrullas.

y ambiental de Chiapas para trabajar en “la estrategia de atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales”.

Gómez Orantes plantea como urgente diseñar e implementar una doble estrategia: por un lado, generar incentivos para que los poseedores de la tierra con cubierta forestal encuentren atractivo el no convertirla a otros usos. Y, por el otro, hacer efectivas las sanciones por actos ilegales que afectan la cobertura vegetal.

En otro documento de julio de 2017, enviado por la delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal al entonces director general de gestión forestal y de suelos de la Semarnat, Augusto Mirafuentes Espinosa, se alertaba ya sobre los daños ambientales propiciados por la tala ilegal, tales como un grave deterioro a los ecosistemas del bosque templado, en las zonas Altos, Sierra Madre, Meseta Comiteca, Fronteriza y Selva.

Se habló también de la desertificación a mediano plazo de las zonas afectadas por la tala ilegal y el impacto negativo a los mantos acuíferos.

DESPUÉS DE UVALDE, 20 TIROTEOS MÁS WENDY SELENE PÉREZ

HOUSTON, TEXAS.—Jo Esmeralda Ledezma, de 18 años, llegó al mediodía del 27 de mayo frente al Centro de Convenciones George R. Brown, en Houston, para protestar por primera vez en su vida en una manifestación multitudinaria. Se paró sola bajo la sombra de un árbol, sin una pancarta, vestida con una ligera blusa de tirantes amarillos y un short de mezclilla en un día sofocante de más de 37 grados.

“Es ridículo lo que está pasando en este país, las escuelas deberían de ser el lugar donde los niños estén más seguros y protegidos”, dijo Ledezma, con gesto serio, a Proceso, apenas si se podía escuchar su voz en medio de los gritos de una multitud enojada y triste por la reciente masacre de 19 niños y dos maestras en la Robb Elementary de Uvalde, una localidad de 16 mil habitantes en el sur de Texas, a menos de dos horas desde Piedras Negras, Coahuila.

En Uvalde el agresor pudo comprar fácilmente un arma AR-15 justo después de cumplir 18 años; además almacenó mil 657 cartuchos, disparó contra su abuela y se atrincheró en una escuela primaria.

/ESTADOS UNIDOS

Cada que ocurre un tiroteo en Estados Unidos se reaviva el debate sobre la posesión de armas en ese país. Sin embargo, no ha ocurrido nada para frenar este tipo de terrorismo doméstico. Tras los hechos de Uvalde, Texas, con saldo de 19 niños asesinados y dos maestras muertas, en menos de 10 días se han reportado 20 agresiones armadas en territorio estadunidense. Ante ese escenario, la posición de la Casa Blanca de endurecer la venta de rifles de asalto choca, de nuevo, con los fabricantes y defensores de la posesión de armamento.

La indignación

Una nación acostumbrada a las armas quedó enlutada, esta vez eran niños, nuevamente ocurría algo similar a la masacre de Sandy Hook, de 2012. Eran pequeños con grandes sueños a largo plazo y unas vacaciones de verano por comenzar en dos días.

Abuelas con sombreros, agrupaciones de mujeres, jóvenes, niñas y niños con pancartas tan grandes como sus cuerpos se movilizaron hacia el centro de Houston para plantarle cara a los integrantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y a los políticos que se reunieron por tres días para mostrar, comprar y defender las armas.

Maestras cargando carriolas con bebés, activistas del Black Lives Matter y posibles votantes en la elección de noviembre para gobernador de Texas se concentraron para exigir una mayor regulación en la venta y portación de armas.

“Greg Abbott, shame on you! Ted Cruz, shame on you!”, corearon una y otra vez los manifestantes sobre la avenida de las Américas que ese viernes se convirtió en una metáfora del país.

De un lado de la calle estaban los inconformes, los que quieren que cambien las leyes que hacen posible que un chico de 18 años compre un potente rifle, pero no una cerveza; del otro, una pequeña parte de los 5 millones de miembros que dice tener la NRA, la mayoría hombres rubios desafiantes que cruzaban hacia el estacionamiento entre groserías y abucheos.

Quienes protestaron estaban molestos también por la inacción de la policía de Uvalde. Mientras las víctimas eran heridas y ejecutadas, los policías se quedaron 78 minutos inmóviles, fuera del aula donde una niña llamó cinco veces al 911 pidiendo auxilio. Un médico le dijo a un reportero de televisión en días posteriores que el efecto de una AR-15 era como si les estallara una bomba en el cuerpo. Las mamás y papás de los niños tuvieron que someterse a pruebas de ADN para poder identificar a sus hijos.

Nada de eso fue suficiente para que la NRA cancelara su reunión anual, al contrario.

El expresidente Donald Trump, vestido con un traje azul y una corbata roja, fue el invitado central de los defensores de las armas en la reunión custodiada por el Servicio Secreto estadunidense. El republicano dijo a sus seguidores lo que esperaban escuchar, cosas como que los maestros tenían que armarse para defender a sus estudiantes. Greg Abbott canceló su discurso en vivo, pero envió un video. En unos meses será la votación en la que espera reelegirse.

En la esquina de la avenida de las Américas, frente a la policía montada resguardando el centro de convenciones, los amigos de Ledezma se abrieron paso entre la masa de gente, uno cargaba una cartulina naranja en la que había escrito “Uvalde”, con un corazón rojo dibujado al lado. Casi todos eran hispanos como ella, hispanos como la mayoría de las víctimas en la escuela Robb.

“Estoy aquí porque no vamos a dejar que esto vuelva a pasar”, dijo la chica antes de moverse hacia otro lugar de la protesta. Volvió a ocurrir

Después de Uvalde se han contabilizado 20 tiroteos masivos, según los registros de Gun Violence Archive, una agrupación que alimenta un archivo en línea de incidentes de violencia con armas de fuego recogidos diariamente de más de 7 mil 500 fuentes policiales, mediáticas, gubernamentales y comerciales, casi en tiempo real.

Sus datos indican que 18 personas han sido asesinadas y 88 han sido heridas en tiroteos masivos en menos de 10 días.

Un tiroteo masivo es considerado cuando hay cuatro víctimas o más, heridas o fallecidas, de acuerdo con esta organización y académicos de otras agrupaciones.

El miércoles 1 de junio se registró una agresión masiva en un hospital de Tulsa, Oklahoma, cuando un hombre mató al doctor que lo había operado días atrás, a otra médica, a una recepcionista y a otro paciente. La más reciente ocurrió el jueves 2, esta vez en el cementerio Graceland, en Wisconsin, durante el sepelio de Da’Shontay Lucas King Sr; hubo cinco heridos. ¿Qué sigue después de Uvalde?, era la pregunta. El presidente Joe Biden, después de las matanzas en Búfalo, Uvalde y Tulsa, dirigió un mensaje a la nación el jueves 2.

“Los derechos no son ilimitados”, dijo. Y agregó que respeta la Segunda Enmienda de la Constitución, pero exige prohibir las armas de asalto.

“Esos objetos matan más niños en Estados Unidos que el cáncer”, señaló. Si no es posible prohibir la venta de rifles de asalto, se debe aumentar la edad para comprar uno, fortalecer los procesos de verificación y eliminar la inmunidad contra los fabricantes, añadió.

No está claro qué acciones se tomarán para llegar a más regulaciones, los políticos también parecen estar separados por una imaginaria avenida de las Américas. “No basta con condolencias y oraciones, necesitamos una reforma”, decía una de las pancartas en la concentración antiarmas.

Cada que ocurre una nueva masacre se reaviva el debate sobre el control de armas en un país que tiene más armas que personas: 393 millones de armas en circulación contra 372 millones de habitantes, refieren datos de Small Arms Survey. Armas en el mercado legal e ilegal, como el que salpica también a México.

Los estadunidenses representan 4.4% de la población mundial, pero poseen casi 42% de todas las armas del mundo, calcula el profesor de la Universidad de Alabama, Adam Lankford; la mayoría de los propietarios dicen que es para proteger su casa, otros dicen que para caza y deporte. Sea por la razón que sea, las armas están disponibles en cualquier lugar y es fácil comprarlas, como una hamburguesa. Agresores y víctimas

Los homicidios por arma de fuego en Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en 2020, justo durante la pandemia, cuando también se dispararon los problemas de salud mental.

Los homicidios relacionados con armas de fuego aumentaron 35% en ese tiempo. Y son los jóvenes los que más usan las armas, como el tirador Salvador Ramos, y también los que más mueren a causa de éstas, como los 19 pequeños estudiantes de Uvalde.

El promedio mínimo de los agresores en tiroteos masivos son chicos entre los 18 y los 21 años, de acuerdo con un estudio codirigido por el académico Daniel Webster, de la Universidad Johns Hopkins.

En la escuela Sandy Hook, donde fueron asesinados 20 niños y seis adultos en 2012, el atacante tenía 20 años. En la escuela de Columbine, donde murieron 12 estudiantes y un profesor, el tirador tenía 18. En la masacre de Búfalo de mayo último, con un saldo de 10 muertos y tres heridos, el tirador tenía 18 años. En la masacre de latinos en El Paso el pistolero tenía 21 años.

“¿Para qué necesita un joven de 18 un AR-15 si no es para una masacre?”, dijo Ailín Darín, 23 años, durante la manifestación.

“Esos niños (de Uvalde) sólo tenían 10 años y sólo querían disfrutar el verano. ¿Cuántas vidas más se necesitan para hacer algo?”

Una de las discusiones centrales en Estados Unidos es la revisión de antecedentes antes de vender un arma y aumentar la edad mínima para la compra de un arma de fuego.

Cada estado tiene su propia legislación, y Texas tiene una de las más permisivas. El año pasado el gobernador Greg Abbott impulsó y firmó una ley que permite que una persona de 21 años o más tenga un arma sin necesidad de una licencia estatal y la pueda portar de manera oculta en el automóvil. Eso ha generado miedo y desconfianza entre la población porque es posible que la respuesta a cualquier inconformidad sea un disparo.

“En Texas cada vez es más fácil comprar armas, y armas extremadamente potentes, nadie necesita una AR-15”, dijo a este semanario América García, coordinadora de candidatos del partido demócrata del condado de Harris, al que pertenece Houston.

Las leyes federales y estatales permiten que jóvenes de 18 a 21 años compren sus propias armas de fuego, incluidas las que están diseñadas realmente para la guerra, lamentó Webster en una entrevista publicada por la Universidad Johns Hopkins.

“Nuestras leyes son anticuadas, están orientadas a la idea de que, cuando éramos una sociedad más agraria, la posesión de armas de fuego consistía en llegar a cierta edad y conseguir un rifle para ir de caza con tu padre o tu tío o lo que fuera. Ahora las armas están diseñadas de forma diferente”, dijo el investigador.

“Principalmente la industria ha creado una demanda de lo que parecen ser estas cosas realmente geniales: ‘Vaya, tienes un gran poder si tienes una de estas armas’. Cuando pensamos en los tiroteos en las escuelas, lo que hemos aprendido es que la mayoría de las veces los tiradores son estudiantes de esas escuelas y, por lo general, están recibiendo armas de fuego de sus propios hogares que se dejaron sin seguridad.

“Ese es un problema solucionable. Los propietarios de armas pueden simplemente empezar a guardarlas bajo llave, y menos de estos eventos ocurrirán. Algunos estados exigen que, por ley, se conserven las armas bajo llave si hay usuarios menores de edad en la casa, y muchos establecen esa línea en los 18 años.”

Leyes de bandera roja

Kim Milburn, una médica que acudió a la protesta frente a la convención de la NRA en Houston, dijo que la gente debería de saber lo difícil que es atender a pacientes cuando llegan con lesiones por armas de fuego, sobre todo si son niños y jóvenes.

“Y tienen que tratar de recuperarse de esas heridas por el resto de su vida”, dijo a Proceso. “Algo que no sólo afecta a los niños que fueron agredidos físicamente, también a los otros que fueron dañados mentalmente. Tienen que hacer algo. La comunidad está muy traumatizada.”

Milburn iba vestida con un uniforme azul de médica en servicio, tomó tiempo de su agenda para ir a apoyar en favor de la regulación de las armas.

Un día después de la tragedia en Uvalde, Daniel Guzmán, doctor del hospital Cook Children’s, en Fort Worth, Texas, dijo en una conferencia sobre la salud mental en niños y jóvenes, y sobre el almacenamiento seguro de las armas en el hogar: “Jóvenes y armas es una mala combinación. No me voy a meter en temas políticos, sólo pido que, si tienen armas en casa, por favor, las guarden bajo llave”. ¿Qué sigue después de Uvalde?, sigue siendo la pregunta.

Un grupo bipartidista de senadores se reunió esta semana para hablar de la respuesta a los tiroteos masivos: una de las propuestas con más posible consenso tiene que ver con las llamadas leyes de bandera roja, 19 estados del país ya las tienen y consisten en retirar las armas a personas consideradas como peligrosas, por ejemplo, en casos de violencia doméstica.

En 2020, el mismo equipo del académico Webster analizó datos de 50 estados desde mediados de los ochenta hasta 2018 y examinó el impacto de las políticas públicas con las armas de fuego.

Encontró que hay dos políticas que parecen tener un fuerte efecto protector: una de ellas es la exigencia de licencias a los compradores de armas de fuego y la otra son las restricciones o prohibiciones de los cargadores de gran capacidad.

Los cargadores de gran capacidad permiten que un tirador pueda disparar más número de balas en menos tiempo. Y, de acuerdo con Webster y los estados que ya tienen estas leyes, tener menos capacidad de carga hace posible que las víctimas puedan protegerse o correr frente a un tirador.

“¿Cambiará algo después de Uvalde?”, pregunto a Mageida Sopon, una joven de ascendencia guatemalteca que fue a la manifestación acompañando a Mom Demand Action, una organización de mujeres que surgió días después de la masacre de Sandy Hook en Connecticut, hace ya nueve años.

Pone su esperanza en el poder del voto. “Un punto importante es que lo que pasó en Uvalde afectó a los latinos, la mayoría de los niños y las maestras eran latinas. Es importante que la comunidad entienda que nosotros nos podemos armar con el voto”, dijo.