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Demandan académicos inclusión para ley Conacyt
“Las aportaciones no fueron consideradas en la redacción final”, acusan en una carta
VÍCTOR CHÁVEZ vchavez@elfinanciero.com.mx
Académicos de instituciones de educación superior, culturales y de investigación demandaron a las cámaras de Diputados y de Senadores que realicen un parlamento abierto, “libre y plural”, en el que todas las voces tengan un espacio para expresarse en torno a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que expide la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.
En una carta a la opinión pública recursos ejercidos en todo el sexenio por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Eso festejan, el derroche en pérdidas, y lo llaman “rescate de la soberanía”.
Como si Estados Unidos o Canadá, nuestros socios comerciales, fueran menos soberanos que México porque ahí invierten empresas privadas en la exploración y extracción de petróleo y en la generación de energía eléctrica.
Allá ganan dinero el gobierno y los privados con ese esquema.
Aquí pierde el gobierno y pierde el sector privado, porque gracias a Morena “rescatamos la soberanía energética”.
No hay tal rescate. Ni petrolero ni eléctrico.
Lo que hay son ruinas de una industria que en el resto del mundo es próspera, y en México podría generar riqueza para el país y la economía nacional.
Se equivocaron al congelar la reforma energética, porque su vocación es destruir.
El dinero que se le inyecta a Pemex se toma de lo que el gobierno deja de comprar en medicinas y vacunas, entre otros rubros.
Año por año del actual gobierno, señala una documentada nota de Héctor Usla, de El Financiero, el gobierno federal le inyectó a Pemex 177 mil 900 millones de pesos.
Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y Antares Guadalupe Vázquez, de Morena, la misiva destaca que solicitan un parlamento abierto “que sea organizado exclusivamente por el Poder Legislativo, para garantizar la inclusión de los diversos análisis, posicionamientos y opiniones con respecto a la iniciativa”.
Precisa que “los integrantes del personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el Conacyt coincidimos en la necesidad de revisar y modificar la ley vigente y reconocemos los aciertos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, entre otros el garantizar el derecho a la ciencia, la inclusión de las humanidades y el libre acceso al conocimiento”.
En 2020, 111 mil 300 millones de pesos.
En 2021, cuando no había dinero ni para comprar uniformes médicos adecuados para atender a pacientes con Covid, el gobierno destinó a Pemex 389 mil 700 millones de pesos.
Y hasta el tercer trimestre de 2022, inyectó 131 mil millones de pesos.
Se les fue de las manos el control de los estímulos y apoyos a Pemex, porque el Presupuesto de Egresos tenía contemplada la cifra total de 45 mil millones para todo el año 2022. Esto es, el monto de lo inyectado a Pemex fue superior en 140 por ciento a lo presupuestado.
Así sucede con la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía.
No saben gobernar y nos quieren conmover de asombro con una marcha de cientos de miles de acarreados porque “se rescató la soberanía energética”.
El robo de combustible ha crecido 196.6 por ciento en el actual sexenio.
¿No que eso ocurría por la colusión corrupta de altos funcionarios con las mafias del huachicol?
A ver, ¿cuántos detenidos hay de este gobierno por el contubernio para robar combustible?
En Texas, las compañías eléctricas privadas venden a las empresas en 7.03 centavos el kilowatt hora, y ganan dinero.
Aquí, CFE vende el kilowatt hora a las empresas en 19.1 centavos, y pierde dinero.
¿Cuál soberanía energética rescataron?
¿Cuál es el motivo de su marcha?
Propaganda, demagogia, y exhibición de músculo –gracias al derroche de dinero público– para manipular gente.
–firmada por 240 académicos del país–, llamaron a los presidentes de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras del Congreso a abrir el debate, porque, en las consultas que realizó el Conacyt a la comunidad académica, previa a la presentación de la iniciativa presidencial, “nuestras aportaciones no fueron consideradas en la redacción final que se presentó”.
Dirigida a los diputados Javier López, del PVEM, y a Flora Cruz, de Morena, además de los senadores
“Sin embargo, respetuosamente, queremos señalar algunos aspectos de la iniciativa que podrían suponer un retroceso en materia de libertad y autonomía de la investigación y de acceso al conocimiento”, se anota.
Agrega que “consideramos que estos aspectos suponen un riesgo para la vida de los CPI, por ello nos permitimos expresar algunos de los puntos sustanciales que consideramos deben ser revisados y discutidos antes de su aprobación”.
Entre ellos, señalaron la libertad de investigación, la autonomía de los CPI, la vida académica y órganos colegiados, el tema presupuestal y que “el personal académico será considerado como servidor público homologado a funcionario público”.
Ejército ejecutó a jóvenes en Nuevo Laredo, dice Encinas
Aunque faltan las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay elementos para asegurar que los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero, no iban armados y que, “independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados” por elementos del Ejército, acusó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Demandó también que “la investigación debe de abordar la responsabilidad de la cadena de mando en este operativo, no solamente el actuar de los elementos de las Fuerzas Armadas”.
EXIGEN COMPARECENCIA
En el Senado, los integrantes del Grupo Plural presentaron una solicitud para que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, comparezca para que informe sobre el uso del sistema Pegasus, en el actual sexenio, utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
—Víctor Chávez y Eduardo Ortega