Y los

¿Y los derechos de los usuarios finales?

Montecristo

Por más de 20 años ha denunciando la injusticia, defendiendo los derechos humanos en el sector energía.

Iniciativa para integrar reguladores, acuerdos de Sener y Cenace, amparos, OPEP: comentarios van y vienen, tuits, enfrentamiento, una mezcla de manifestaciones que ha marcado con claridad que se pelea por todo, menos por la defensa del usuario final, el consumidor de hidrocarburos y electricidad, gas o luz, ante abusos de los prestadores de servicios sean públicos o privados. En este semanario, en el que abordamos constantemente las mejores prácticas de defensa a los consumidores, se ha subrayado que el fomento de los derechos de los consumidores ha sido una larga y dura travesía de las organizaciones de la sociedad civil, en México y en el mundo. En el gobierno, los esfuerzos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), han sido insuficientes, pues no cuentan con peritos o especialistas en materia energética. En los procesos de asistencia de cuantía menor (menos de 460 mil), relacionados con energía, que se llevan a cabo en PROFECO más del 40% de los procesos terminan en desistimiento por parte del usuario que se ve bombardeado por tecnicismos, tales como las «fugas eléctricas» en sus hogares, debido ‘quesque’ a las malas condiciones, o que la «molécula tenía menor capacidad calorífica » o el ya ampliamente conocido

“En México estamos todavía lejos de incorporar, los derechos de defensa necesarios para los consumidores, o usuarios finales, necesarios en el complejo sector energético”

de los «litros que no son de a litro». En instancias donde se atienden temas de mayor cuantía (más de 460 mil), el ciudadano, como consumidor, padece con procesos jurídicos burocráticos que debilitan el ejercicio de sus derechos como consumidor. Es importante señalar, que los «expertos» sólo atienden el tema de la defensa de los derechos del usuario final, cuando se trata de temas propios y que los usuarios finales quedan tan «traumados» a causa del desconocimiento de derechos y del desdén de la autoridad que no vuelven a tocar esos temas en sus profundos análisis. Nada de procesos rápidos y expeditos, las más de las veces, el usuario se desiste de los procesos administrativos, de mayor cuantía y acepta cargar con las consecuencias, con tal de seguir contando con los servicios elementales de energía. Cabe destacar, que la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé la participación de organizaciones dedicadas a la promoción y protección del consumidor, pocas asociaciones de este tipo han aparecido y participado en espacios que hasta ahora se encuentran cerrados. De la CRE ni hablar, la nula inclusión de organizaciones de la sociedad civil en sus Comités es irrefutable, la lucha por el débil, el usuario final, se desdeña vergonzosamente en la pésima regulación y los mal llevados procesos de quejas o controversias, ante gaseros, gasolineros o ante la CFE. En México la defensa de los derechos humanos de acceso a la energía es un movimiento que incluye a los consumidores, a los usuarios finales, como ciudadanos que tienen derechos; son ellos mismos, quienes participan en propuestas de leyes, normalización o procesos jurídicos justos. La inclusión social en el sector energético debe hacer justicia a la integración de los ciudadanos en los procesos de promoción y defensa de los derechos del consumidor. En México estamos todavía lejos de incorporar, los derechos de defensa necesarios para los consumidores, o usuarios finales, necesarios en el complejo sector energético. Pero en las ONGs estamos fomentando los primeros pasos para romper con estas barreras históricas, proponiendo el trabajo conjunto de la sociedad, gobierno y empresas, públicas y privadas, en la promoción y defensa de los derechos de los usuarios. En iniciativas legislativas, acuerdos de la autoridad, acuerdos internacionales e incluso en las redes sociales, donde vale la pena refrendarlo, tomando en consideración que todos somos consumidores o usuarios finales. Adiós.