Antecedentes

En Guatemala, desde 2010, según la Unidad de Planificación Estratégica -UPE- establecida en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala, existe una crisis en el sector de salud, la cual es un efecto coyuntural con base en causas estructurales como la falta de recursos asignados al Ministerio de Salud, la mala administración de los pocos recursos asignados, el saqueo permanente del presupuesto del Estado y la incapacidad para diseñar e implementar políticas públicas que atiendan eficientemente las necesidades de la población (Fundación Libertad y Desarrollo, 2020). Esto se refleja, por ejemplo, en 2016, año en el cual el sistema de salud público no atendió a 29.1% de la población en ningún servicio de salud formal. Es decir que 4.8 millones de personas no tuvieron acceso a servicios ni a tratamientos de salud o se automedicaron para evitar visitar un servicio de salud público o privado. Según el informe del BID, “Mejor gasto para mejores vidas”, el sistema de salud de Guatemala es el menos eficiente ocupando el puesto 69 de 71 países evaluados, entre ellos 22 latinoamericanos (Prensa Libre, 2018).

La pandemia ocasionada por el COVID-19 dejó en evidencia esta crisis del sistema público de salud (Fundación Libertad y Desarrollo, 2020), y la incapacidad de enfrentar la emergencia sanitaria, afectando principalmente a las poblaciones de escasos recursos, quienes dependen de dicho sistema. Para el 12 de junio, tres meses después del primer caso, los contagios

Red de Solidaridad Inmediata RESI - 2021 se concentraban principalmente en el departamento de Guatemala, en donde se ubica el área metropolitana y, con una menor intensidad, en otros municipios del centro-sur. Según un censo llevado a cabo por TECHO Guatemala en 2015, existen en el área metropolitana 314 asentamientos humanos, en los cuales viven casi un millón de personas. Dichos asentamientos se caracterizan por que las familias que los habitan no tienen acceso regular a agua, luz, drenajes, no poseen tenencia de tierra, viven en hacinamiento y en una gran mayoría dependen de la economía informal.

Los datos anteriores nos muestran que la existencia de casos de SARS-CoV-2 (COVID-19) representa un alto riesgo sanitario y humanitario que expone a la población a riesgo contra su vida y seguridad alimentaria, con distintos grados de severidad según los perfiles epidemiológicos asociados a los grupos vulnerables en el país que, en el caso del área metropolitana, están distribuidas en zonas urbanas precarias con alta densidad poblacional, sin acceso a infraestructura y/o servicios públicos. A partir de este entendimiento, distintas personas individuales u organizaciones de sociedad civil ya consolidadas se organizaron buscando mitigar el impacto negativo de la pandemia en los hogares guatemaltecos y reducir la brecha de asistencia que el Estado no cubrió en distintos aspectos como salud, seguridad alimentaria, seguridad económica, entre otros, fortaleciendo así nuestra resiliencia como sociedad.