Revista El OPPServador, Noviembre

11/14 · Nº3

DESTACADO ENTREVISTA

REPORTAJE

INVESTIGACIÓN

María Teresa ALA: Cuando autonomía Valenzuela: la industria de las personas y la deuda pendiente de la Ley antitabaco manda El derecho a la

eutanasia

REPORTAJE

COYUNTURA

ESPECIAL

OBSTETRICIA

Desde el leaseback Proyecto de ley: hasta la comisión ministerio de la mujer y de la equidad de género. u-chile minsal, avances y desafíos para el Jota Aguirre

¿sólo un “error” conceptual? algo no calza.

editorial

destacado

H

por Cristian González

ablar de discapacidad se pone de moda cuando se acerca la teletón,

el derecho a la autonomía de las personas y la deuda pendiente de la eutanasia

y es que cómo no conmoverse con las historias de pequeños que sufren más que cualquier otro de la injusticia de las determinantes sociales, las cuales les impiden desarrollarse en plenitud en nuestra sociedad. Dudar del aporte que ha significado la Teletón para ellos y sus familias sería ridículo, sin embargo, ¿no debiese ser el Estado quien garantice su rehabilitación?; ¿Y qué pasa el resto del tiempo con estos niños, cuando deben ir al colegio y no tienen cómo llegar?; ¿cuándo necesitan ocupar servicios públicos y éstos no están habilitados para ellos?; ¿o cuándo crecen y ya no existe Teletón?

La Fundación Nacional de Discapacitados define Discapacidad como: “un concepto genérico, que se relaciona con una determinada condición física, sensorial, mental, intelectual, psiquiátrica o multidéficit, que limita actividades y restringe la participación, determinando por lo general, una relación negativa entre quienes presentan una o más deficiencias y los factores contextuales que nos rodean”. Las cifras del último Censo muestran que en Chile hay más de 2 millones de personas con discapacidad y según datos del ENDISC del 2004: el 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años, nunca ha recibido atención de salud y rehabilitación en virtud de su discapacidad; el 56% de las personas es indigente, usuaria de la salud pública; el 81% vive con Pensión Básica Solidaria de Invalidez, esto es $ 82.000 mensuales, mientras que el 19% no califica para obtener Pensión Básica Solidaria ni tiene trabajo; además, un 42% no ha terminado la educación básica y de las personas en edad de trabajar mayores de 15 años, el 75% se encuentra sin empleo. Ante estas cifras ¿qué ha hecho el Estado?

Chile en 1994 otorgó la primera legislación que beneficia a las personas con discapacidad, la Ley 19.284, la cual fue reemplazada en el año 2010, por la Ley 20.422 que establece Normas sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Esto evidencia que existe un marco legal que permite trabajar en mejorar las condiciones de vida de las personas discapacitadas pero a pesar de esto, sigue existiendo una brecha gigante que sortear en lo que respecta a salud, educación, trabajo y transporte.

En lo que respecta a la rehabilitación, el Estado descansa en la Teletón, fundación que se hace cargo de la problemática pero de forma parcial, pues sólo atiende al 85% de los menores de 20 años con discapacidad motora, quedando la población adulta y con discapacidades de otro tipo sin protección. Punto aparte son las 27 horas de amor que permiten hacer una limpieza de imagen de las empresas, las cuales aportan aprovechando el beneficio tributario que les permite disminuir sus pérdidas por concepto de donaciones, aumentando así sus ventas gracias a la conmoción de las personas que ven en la televisión una realidad que como muchos otros problemas, preferirían ignorar. Es necesario por tanto, que la sociedad desarrolle mayor conciencia respecto a esta problemática y entienda que es el ambiente el que discapacita a la persona, y que por tanto es éste el que debe mejorar para ser inclusivo, pues son los ciudadanos quienes deben emplazar al gobierno para que tome cartas en el asunto.

En la Universidad de Chile, la integración en infraestructura y currículums es aún muy baja, excusándose en que no hay demanda de los servicios que brindan por parte de las personas con capacidades diferentes, pero ¿No debiese habilitarse el espacio antes de esperar que las personas quieran usarlo? En lo que respecta a nuestra realidad local, como opps criticamos que la discapacidad no sea un tema que se trate en nuestra formación, a excepción de carreras como Kinesiología o Terapia Ocupacional, emplazamos a nuestros compañeros a levantar discusiones en torno a esto en las aulas y prácticas. ¶

A

raíz de esto, el diputado Fulvio Rossi reactivó el proyecto de ley que permite la eutanasia en Chile, iniciativa que fue presentada en 2006 y que nunca fue debatida en la comisión de Salud de la Cámara Alta. Frente a esto, varios sectores conservadores de la sociedad manifestaron su rechazo a una posible eutanasia en Chile.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión postergada por muchos años, al intentar evadir el debate ético y social que significan acuerdos sociales respecto a la vida y su término , además nos antepone una interrogante:¿ Es un derecho de los pacientes la eutanasia?

la historia legislativa de la eutanasia en chile

El año 2006 en Chile se instauraba la Reforma a la salud AUGE, la cual dentro de otros objetivos, intentaba hacer un reconocimiento de derechos básicos de los pacientes. Los antecedentes con que se manejaba esta reforma , eran con la consagración el año 2001 del consentimiento informado y la regulación de la muerte digna, centrada en la posibilidad de evitar el ensañamiento terapéutico que atentaba a la calidad de vida o extendía la vida de manera innecesaria. El proyecto original mencionada respecto al derecho del consentimiento informado que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su consentimiento para someterse a cualquier procedimiento invasivo, de cirugía mayor o compleja, y otros que defina el Ministerio de Salud, salvo que la negativa pueda implicar su muerte y siempre que no exista otro procedimiento alternativo”.

Esta definición en el proyecto proponía un rol pasivo del médico al tener que acatar la voluntad del paciente cuando éste determinara limitar su tratamiento y permitir un curso normal de la enfermedad que llevara a su muerte, pero este apartado dejaba la duda respecto a que si este derecho se podía concebir como un derecho implícito de eutanasia, o era un paso previo para comenzar la discusión respecto al derecho de los pacientes de decidir el término de su vida. Esta interrogante la hicieron patente los sectores conservadores y religiosos que miraban con miedo que esta iniciativa abriera la puerta a la eutanasia en Chile, pero respecto a esto, el proyecto también definió que “el médico no tiene la intención de matar al paciente cuando, a petición de este último, suprime los cuidados no debidos, no necesarios y que no tienen sentido. Esta regulación no debe confundirse con la eutanasia”.

En enero del 2014 el Dr. Manuel Almeyda, enviaba una carta al Colegio Médico de Chile solicitando la “creación de una comisión de hombres justos que estudien la mejor forma de ponerle termino a la vida de las personas que estén en una condición de vida terminal y así lo deseen”.

La reforma del año 2006 solo vino por tanto a aclarar estos derechos fundamentales de las personas, intentando definir que la eutanasia no se encontraba resguardada por la ley dándole tranquilidad a los sectores conservadores del país y dejando pendiente el debate de fondo que solamente ahora volvió a la discusión pública tras la irrupción del Dr. Almeyda.

Han pasado más de 12 años desde que la entonces ministra de salud Dra. Michel Bachelet promulgara el inicio de la discusión sobre los derechos y deberes del paciente, donde se reconocía el derecho de autonomía de los pacientes de limitar su tratamiento. Ahora se observa como una ley defectuosa que evade un debate ético de fondo y que asume una postura convervadorapaterlanista que termina por cercar la autonomía del paciente, obligándolo a llevar una condición de vida deficiente y dolorosa cuando su voluntad es lo opuesto. A pesar de que se reconoce la posibilidad de que el paciente limite el tratamiento, este hecho no da solución al sufrimiento prolongado que algunos pacientes deben sufrir contra su voluntad y que extiende su vida por un tiempo incierto junto con una calidad de vida que incluso llega a poner en cuestión la dignidad humana.

eutanasia y desafío actual

Realizar una negación de la eutanasia basándose en el respeto a un principio general de la “vida”, es negar un debate y no permitir instaurar una reflexión que permita dar solución a los conflictos que emergen desde la relación del sistema de salud y los pacientes. La dicotomía entre vida y libertad de decisión del paciente, encuadra un discusión necesaria de la sociedad donde el centro no debe ser la imposición moral de un principio sino en cómo se acompaña a aquél que presenta un dolor intenso o limitaciones de la calidad de vida insoportables. La invitación del Dr. Almeyda de crear una comisión que discuta la eutanasia, es una invitación a abrir el debate social, donde las Universidad Publicas como centro de la reflexión nacional, deberían jugar un rol fundamental. ¶

entrevista

maría teresa valenzuela: ley antitabaco por Javiera Menay & Natalia Lara

“La nueva Ley del tabaco, que comenzó a regir en marzo de 2013 permite corregir, en alguna medida, los problemas que ha acarreado esta “libertad sin límites” en el consumo de tabaco: la esencia de la ley es buscar la protección de los NO fumadores (…) y disminuir la enorme carga de enfermedad que el tabaquismo significa para el país, tanto en costos económicos como sociales y personales”.

“Estas leyes no van contra los/las fumadores/ as, sino contra las tabacaleras que han recurrido durante décadas a oscuras y perversas maniobras para fomentar el consumo de un producto que mata a quien lo consume directamente y también a quienes se exponen a él involuntariamente”.

Maria Teresa Valenzuela, periodista y docente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad, nos entrega algunos puntos clave para comprender cabalmente, desde la promoción de la salud, la publicidad y la industria, la nueva legislación en torno al tabaco.

carga de enfermedad que el tabaquismo significa para el país, tanto en costos económicos como sociales y personales. Un reciente estudio realizado en Chile y otros países de América del Sur calculó en más de un BILLÓN de pesos anuales el gasto que le significa al Estado las consecuencias del consumo de tabaco en enfermedades asociadas y en muertes prematuras.

La ley prohíbe fumar en espacios cerrados de acceso público (como restaurantes, bares, discoteques, casinos); restringe los espacios para fumar en estadios y recintos deportivos; aumenta el número de advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos; prohíbe la publicidad directa de productos del tabaco en puntos de venta e indirecta en medios de comunicación, especialmente televisión en vivo; faculta al Ministerio de Salud para regular o prohibir los aditivos en los cigarrillos y mejora las condiciones de fiscalización de la ley. Todas estas medidas se basan en amplia evidencia científica y empírica a nivel mundial que promueve estas y otras formas de control de la epidemia del tabaquismo y que están contenidas en un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile en 2005 llamado “Convenio Marco para el Control del Tabaco”. La nueva ley permite ponerlas en práctica y cumplir con su objetivo de disminuir el consumo de tabaco en Chile, especialmente en los menores de edad.

A raíz de las distintas críticas que ha suscitado la Ley del Tabaco en este último tiempo, ¿en qué se fundamentan las leyes de restricción dentro de las políticas públicas en salud?, ¿qué medidas deben ser complementarias para abordar el problema de una forma integral? ¿Qué elementos identifica como principales en los causantes del alto hábito tabáquico en Chile? En ese sentido, ¿en qué consiste la Ley de Tabaco aprobada en 2013 y cómo ésta se hace cargo de lo mencionado?

Creo que los factores que pueden explicar las altas tasas de tabaquismo que hay en Chile hoy, se relacionan con las condiciones sociales, políticas y principalmente económicas, que han primado en nuestro país en las últimas décadas. Factores sociales, como el individualismo que se ha instalado fuertemente en el comportamiento de las generaciones más jóvenes y que hace que lo más importante sea el beneficio personal por sobre el colectivo. Factores políticos, porque la toma de decisiones a todo nivel ha quedado supeditado al mercado, haciendo que éste sea más relevante que la salud de las personas. Y factores económicos, como el tremendo poder que tienen las transnacionales del tabaco, instaladas en Chile desde hace un siglo, y que con un sistema de libre mercado han hecho su negocio multimillonario a costa de la salud de la gente. Una herramienta fundamental y muy poderosa que han utilizado las tabacaleras ha sido la publicidad, especialmente dirigida a jóvenes y a mujeres.

La nueva Ley del tabaco, que comenzó a regir en marzo de 2013 permite corregir, en alguna medida, los problemas que ha acarreado esta “libertad sin límites” en el consumo de tabaco: la esencia de la ley es buscar la protección de los NO fumadores, para que dejen de ser fumadores pasivos y disminuir la enorme

La Salud Pública no es una opción de los Estados; es un deber y debe cumplirse para proteger a toda la población, especialmente a los más vulnerables. No en vano hoy el predicamento mundial en materia de políticas públicas es “Salud en todas las políticas”. Las restricciones a las conductas de las personas es una condición imprescindible para la convivencia en las sociedades y cada vez se hacen más necesarias para corregir las iniquidades en salud y otros ámbitos de la vida. Si dejamos que la convivencia humana se auto-regule, ocurriría lo mismo que con las empresas en un sistema de libre mercado: abuso de los más poderosos y altos costos para los estados a costa de las ganancias de unos pocos. Un componente esencial de estas políticas dice relación con el alza de impuestos al tabaco lo que no se incluyó en la ley del 2013 pero que sí se concretó recientemente en la Reforma Tributaria. Otra de las medidas esenciales que debe complementar la actual legislación anti-tabaco, es la disponibilidad de tratamientos para dejar de fumar en el sector público de salud; en un país donde existen más de 6 millones de fumadores/as, de los cuales un 66% desean dejar de fumar (ENS 2009-2010), el Estado no puede desentenderse y dejarlos a su suerte en circunstancias que la mayor parte de ellos/as requiere ayuda para dejar de fumar.

Hay ejemplos cercanos de la factibilidad de hacer esto cuando existe voluntad política para enfrentar el problema: en Uruguay está garantizado por ley el acceso a tratamientos de cesación del hábito tabáquico.

¿Cuáles son las potencialidades y falencias que identi-

fica dentro de esta ley y su proceso de legislación?, ¿de qué forma el endurecimiento de la ley planteado desde junio aportará al desarrollo de estas potencialidades?

El nuevo proyecto de ley propuesto este año en el seno de la Comisión de Salud del Senado busca cambiar las condiciones de aplicación de las políticas anti-tabaco para hacerlas más estrictas, en especial para proteger a los niños de la exposición al humo ambiental del tabaco y de los modelos cercanos de adultos fumadores (prohibición de fumar en plazas y parques para niños y en automóviles donde viajen menores de edad).

Pretende, también, dificultar el acceso fácil a los productos del tabaco (evitar la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta) y mejorar la eficacia de los mensajes contra el consumo de cigarrillos (utilizar el 100% de la cajetilla de cigarrillos para mensajes que muestren los daños que causa fumar). Si bien son medidas que refuerzan la ley vigente desde 2013, no en todas ellas existe la evidencia tan clara y definitiva que hay en las que promueve el Convenio Marco para el Control del Tabaco, lo que puede ser una desventaja a la hora de conseguir su aprobación en el Parlamento.

Por último, creo que es importante aclarar que estas leyes no van contra los/las fumadores/as, sino contra las tabacaleras que han recurrido durante décadas a oscuras y perversas maniobras para fomentar el consumo de un producto que mata a quien lo consume directamente y también a quienes se exponen a él involuntariamente. La publicidad dirigida a menores de edad, la ocultación deliberada de evidencia científica como el poder adictivo de la nicotina y las subrepticias influencias políticas para evitar medidas de protección de la salud han sido y siguen siendo prácticas comunes de las tabacaleras en todas partes del mundo. Es un poder que sólo la decisión política y la fortaleza de la salud pública de los países puede contrarrestar. ¶

reportaje

investigación

Es más que conocido cómo las industrias son las que llevan las riendas de gran parte de las investigaciones que se realizan en el mundo. Estas empresas, como es de esperar, actúan principalmente para tener más ganancias, por más que digan que tienen otros fines filantrópicos. En nuestra facultad se ha vivido directamente esta influencia de parte del mercado, mostrando su cara más fea.

D

ala:

cuando la industria manda por Melissa Galdames & Juan Villagrán

urante las últimas semanas han salido a la luz pública las amenazas efectuadas a miembros de nuestra facultad debido a la publicación del ya conocido informe “Ácido alfa linolénico y sus efectos en salud: Análisis de la evidencia básica, clínica y epidemiológica”, este informe buscaba dar más antecedentes respecto a los “supuestos beneficios” que habían resultado de la investigación: “Evaluación de la aceptabilidad de dos aceites vegetales con diferentes niveles de ácido alfa-linolénico en embarazadas de la Región Metropolitana de Chile”, financiada por Benexia, una empresa productora de aceites de chía de los cuales puede obtenerse ácido alfa-linolénico. Ambas investigaciones fueron realizadas por parte de nuestra comunidad universitaria, como también la primera fue aprobada por Comité de Bioética de nuestra facultad.

El estudio financiado por Benexia tiene un sinnúmero de falencias, dentro de las que se encuentran el obligar a las madres a obtener el ácido alfa linolénico de manera exclusiva en aceite de chía, siendo que éticamente obligar a actuar de determinada manera no se puede realizar. Por otro lado, destaca la deficiencia en la búsqueda bibliográfica en relación a los efectos adversos de los productos que se recomiendan en la investigación. No hay que dejar

de lado que esto nos hace dudar frente a la seriedad de las investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, pues sí se permitió la realización de la investigación cuestionada, nada nos asegura que no existan más faltas a la ética y/o conflicto de intereses.

Para comprender mejor la problemática, se realizará a continuación una cronología de los sucesos: La investigación fue realizada el año 2012, entre los meses de Septiembre y Octubre, contando con la participación de 41 embarazadas entre los 17 y 43 años de edad (promedio 30 ± 6.31 años) residentes en la Región Metropolitana, que recibían atención regular en los Centros de Salud Familiar de las comunas de Independencia, Peñalolén, Santiago y de un consultorio en la provincia de Melipilla. Los investigadores concluyen al final de la publicación que “El consumo de aceite de chía durante el embarazo y el período de lactancia podría contribuir en entregar los beneficios nutricionales del ALA en el feto y la madre, y se convertiría en una alterna-

tiva para aumentar su ingesta dietaria”, brindando una posible solución a la baja aceptabilidad por parte de las mujeres beneficiarias de leche purita, ya que al obtener el ALA a partir de aceite de chía “se obtenían los beneficios de este ácido y a la vez un agradable sabor”.

Es así como Benexia, la empresa productora de aceites de chía que comercializa sus productos como un fantástico suplemento nutricional para niños, mujeres embarazadas, adultos jóvenes y adultos mayores, solicita al minsal que se pueda comercializar con la etiqueta de que es buena fuente de Omega-3 vegetal ala. Por esto es que el minsal pide a la facultad realizar una investigación acabada sobre los efectos de este mismo. Con este propósito diferentes académicos, en conjunto con un estudiante arman el famoso informe el que determina que “no posee los beneficios del dha y epa para la salud humana, debido a que la tasa de bioconversión es demasiado baja (cercana al 0,5%)”, lo que en la práctica significa que a pesar de poseer un alto contenido de ala no

proporcionará todos los nutrientes necesarios, por lo que no puede ni debe ser suministrado a las embarazadas. Además el informe concluye que es un factor de riesgo para cáncer de próstata y que produce falencias en el desarrollo cognitivo y visual. Lo anterior deja en evidencia irresponsabilidad detrás de los investigadores financiados por Benexia al presentar conclusiones falsas a las mujeres participantes del estudio y a la comunidad, encontrándose presente los efectos adversos en las diversas revistas electrónicas a las que se encuentra subscrita la universidad.

Posterior a la realización del informe, éste es analizado y aceptado por el minsal, llegando a la resolución de que nadie puede comercializar aceite de chia bajo la etiqueta de buena fuente de Omega 3. A pesar de la clara respuesta del ministerio y la asistencia de representantes de Benexia en el comité encargado de la evaluación de la investigación, la farmacéutica sigue rotulando sus productos como una buena fuente de Omega-3, situación que ya ha sido sancionada por la Seremi de Salud.

El 19 de agosto el Dr. Juan Guillermo Gormaz que fue uno de los investigadores del informe, es amenazado de muerte, dándole como plazo una semana para negar los resultados de éste, petición a la cual se niega realizando las denuncias pertinentes al caso, permitiendo de esta manera que el tema saliera a la luz pública dos años después del inicio de la investigación criticada.

Diferentes espacios de la universidad se han pronunciado frente a las irregularidades en la investigación tales como el ces, la fech y el Senado Universitario, criticando el financiamiento, las falencias éticas de la investigación y las amenazas que recibieron miembros del equipo investigador. La solución más concreta que se ha dado es la creación de comisiones de trabajo por parte del Senado Universitario para que se regulen las relaciones de la industria. Hasta ahora, el decano de la facultad de medicina no ha querido referirse sobre el tema, diciendo que no es su deber y que no puede mediar en las problemáticas entre investigadores realizando un acto de fe por alguno, aún cuando las amenazas y resultados del informe solicitado por el minsal han salido inclusive en los medios de prensa, y que la comunidad universitaria espera que se produzca un pronunciamiento oficial frente al tema, demostrando de esta manera que la universidad le brinda la gravedad y preocupación que el asunto amerita.

Es así como en nuestra facultad han ocurridos sucesos realmente lamentables que creemos no pueden ocurrir en una Universidad que aspira a hacer lo mejor para la sociedad. Consideramos que es realmente admirable la fortaleza que ha tenido el Dr. Gormaz, el cual entendiendo la relevancia de entregar información clara y precisa en función del bienestar de la población y no de las utilidades de una empresa, no se dejó amedrentar y se mantuvo firme sosteniendo lo que sabía era lo correcto.

También creemos que fue una falta a la ética tremenda por parte de los investigadores financiados por Benexia realizar el estudio para beneficiar a la empresa, los cuales pasaron por alto información que se encontraba en las revistas electrónicas, exponiendo a efectos nocivos a las personas que participaron en el estudio. No está de más mencionar que las autoridades de la facultad no le han tomado el peso a la problemática, los cuales pedirán un nuevo análisis respecto a la bibliografía del trabajo cuestionado, aún cuando el informe que lo rebate fue realizado en la misma facultad. Finalmente, entendemos que este hecho no lo podemos disociar del autofinanciamiento y abandono por parte del Estado que sufre la Universidad, derivando en la incapacidad de desarrollarse en función de lo que necesita el País, favoreciendo la cercanía con empresas deseosas de solo obtener beneficio propio.

Es importante que todos entendamos que para que esto no ocurra, es necesario el empoderamiento de nuestros espacios y hacernos responsables de lo que ocurra en nuestra facultad. En un futuro próximo, cuando ejerzamos como profesionales, es esencial que primemos dar lo mejor de nosotros en función de las necesidades de la sociedad antes que por nuestro bienestar económico. ¶

reportaje

coyuntura

Si bien desde hace años se venía advirtiendo de una crisis financiera y de sentido del hcuch, con la propuesta de efectuar un leaseback � como salida a la premura financiera en la que se encontraba, ampliamente rechazada por la comunidad organizada tanto dentro como fuera de la universidad, se abrió una nueva coyuntura. Aquí se busca repasar los principales hitos del proceso desarrollado desde entonces hasta hoy, buscando establecer avances y desafíos desde la perspectiva del trabajo del ces en la Coordinadora por la Recuperación del Jota. el rechazo al leaseback; el destape de una crisis

A finales de 2013 se conoció la propuesta de leaseback emanada desde la Dirección del Hospital con respaldo de Rectoría y el Consejo Universitario. El revuelo social que generó y la movilización de la comunidad universitaria fueron determinantes en que se produjera un rechazo rotundo a la propuesta en el Senado Universitario (su)².

El rechazo del leaseback en realidad no resolvía el problema de fondo en la medida que el rol público del Hospital Clínico estaba en entredicho, dada la baja proporción de prestaciones realizadas a pacientes de fonasa³ frente a los de isapre, negocio que surgía para enfrentar los problemas financieros, debidos probablemente tanto a problemas de gestión, como al escaso aporte que hacía la universidad al presupuesto del hospital⁴. Esto a su vez tenía su raíz en la lógica del autofinanciamiento impulsada en los 80’ y el término del convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Norte (ssmn) en 1994.

la comisión hospital - facultad

Este espacio surge por mandato del Consejo de Facultad tras la negativa del su al leaseback. Los principales avances fueron en torno a:

desde el leaseback hasta la comisión u-chile minsal,

avances y desafíos para el jota aguirre

Gonzalo Cuadra Malinarich Mesa Coordinadora del Consejo deEstudiantes de la Salud (ces)

» La futura estructura de gobierno; donde se logró conformar un consejo directivo: espacio de decisión política y estratégica del hospital con participación de distintos estamentos y que estaría por sobre el Director, quien pasaría a tener un carácter más ejecutivo. » Reivindicaciones laborales; se manifestó la necesidad de reconocer y favorecer la carrera docente de profesionales no médicos y de regularizar la situación de funcionarios a honorarios, contrata y en planta.

Hay que asegurarse de que el consejo directivo se conforme prontamente y que usuarios, funcionarios no académicos y estudiantes efectivamente estén representados en él.

el cabildo por la recuperación del derecho a la salud de la zona norte

Realizada el 26 de abril en la Facultad de Medicina, con la participación de estudiantes, académicos, funcionarios, usuarios y profesionales de la salud. Fue una iniciativa que tuvo un

impacto social y político relevante, que sinergizó la construcción de organización y movilización en salud y en particular sobre el tema del Jota, desarrollando demandas y propuestas que quedaron como un insumo en este ámbito.

en el congreso nacional: proyecto de acuerdo⁵ y comisión de salud

Antes de que fuera presentado, tuvimos incidencia como Coordinadora en el Proyecto de Acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados sobre el retorno del Hospital JJ Aguirre a la red pública, planteando consideraciones y colaborando en que fueran parte de ello también los usuarios organizados en los consejos de salud, particularmente de la zona norte.

Luego de ello, presentamos en la comisión de salud de misma cámara, planteando las propuestas y demandas de la Coordinadora sobre el hcuch y del Cabildo, que involucran también al conjunto del sistema de salud.

la comisión u chile - minsal y lo que viene

Con el cambio de Decanato y sobre todo de Rectoría, con la relación que establecería lentamente con la Ministra de Salud, se configura un escenario de inercia, que recién comienza a romperse con este anuncio: » La comisión contaría con 18 integrantes de la Universidad de Chile y del Ministerio de Salud, quienes constituirán 5 grupos de trabajo: I.-Relación del Servicio Metropolitano Norte y Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

II.-Abordaje y resolución de la situación financiera del hospital.

III.-Modelo de desarrollo estratégico para el Hospital José Joaquín Aguirre.

IV.-Formación de especialistas V.-Implementación de telemedicina y tele radiología (tele asistencia). » En una asamblea multiestamental sobre este tema se planteó como necesario: • Garantizar la transparencia del espacio de trabajo (cuentas y actas periódicas) e incidencia de actores sociales en la comisión buscando que se logren avances hacia la transformación del hcuch, entendida como un paso en la del sistema de salud en su conjunto.

• Buscar tener incidencia y/o participación directa en las mesas de trabajo.

En virtud de lo anterior, como Coordinadora se sostuvo una reunión con el representante del Rector para este tema, el Dr. Solimano, el 08/10. Además, el 09/10 se hizo entrega al Rector por medio de la oficina de partes, una serie de documentos que recogen los diagnósticos y propuestas de la Coordinadora y donde se solicita la inclusión de la Coordinadora en las primeras 3 mesas nombradas anteriormente, puesto que las consideramos prioritarias.

Por último, durante la semana del 20/10 se sostuvo una reunión con el Director del ssmn (Dr. Alvaro Lefio) en los mismos

términos, con quien se logra obtener información acerca del trabajo de la mesa 1), se obtiene el compromiso de que se solicitará a los otros responsables de dicha mesa y luego a la Ministra de Salud, la inclusión de la Coordinadora en ella y se decide tener instancias de trabajo en torno a este asunto por medio de reuniones periódicas.

conclusiones

• Este conflicto tiene profundas implicancias, es una institución emblemática tanto para salud como educación y se deben buscar cambios significativos en él que se constituyan como el primer paso hacia la transformación de ambos sistemas, desde un arreglo de mercado hacia uno de derechos sociales garantizados por el Estado y con participación de las comunidades en su gobierno, lo que implica superar las lógicas del Estado Subsidiario como el autofinanciamiento.

• Se requiere un aumento ostensible de los recursos que le entrega el Estado al Hospital, tanto en forma directa desde el minsal como desde la universidad por medio a un aumento de los aportes basales a la Universidad de Chile desde el mineduc.

• Es Importante incidir en la coyuntura del corto plazo, marcada por la Comisión U Chile - minsal puesto que se darán algunas definiciones cruciales para el curso que seguirá el Hospital en los próximos años.

• Es indispensable continuar con la organización y lucha tanto por afianzar los avances alcanzados como profundizar la transformación del proyecto de hospital que le permita recuperar un verdadero rol público y servir a las necesidades de la población, especialmente la de la zona norte. ¶

� Que implicaba ‘enajenar’ la propiedad del Hospital desde la Universidad hacia la entidad financiera, arriesgando su pérdida en caso de no pago, eventualidad que no parecía tan lejana. � 30 votos en contra y sólo 2 a favor. � Cerca de un 30% del total, en condiciones que representan aproximadamente un 80% de la población. � Un 5%, versus el 30% de principio de los años 90. Coherente con el 10% del presupuesto de la Chile aportado por el Estado. � Solicitud que hace la Cámara de Diputados al Ejecutivo sobre un determinado tema, no es vinculante, pero sí le exige un pronunciamiento al respecto y la realización de gestiones coherentes con esa respuesta.

especial:

obstetricia

proyecto de ley:

ministerio de la mujer y de la equidad de género. ¿sólo un “error” conceptual? algo no calza. por Daniela Paredes Fernández, Obstetricia v nivel.

E

ste año fue enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que entre varios aspectos propone la creación del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, en el cual se propone la separación de funciones del aún operativo Servicio Nacional de la Mujer (sernam), en un Ministerio –encargado del diseño y evaluación de políticas públicas pro-mujer- y en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que junto con los Servicios Regionales Ministeriales (sernam), estarán a cargo de la ejecución de las tareas emanadas a partir de dichas políticas. Todo esto como una forma de dar respuesta desde el Estado, a los cambios y necesidades de una nueva sociedad chilena que busca avanzar hacia la erradicación de las desigualdades, cautelar los derechos y libertades de las mujeres, y promover con ello una sociedad más justa e igualitaria.

La igualdad, se trata de dar goce pleno de derechos a ambos géneros por igual, en relación al ejercicio de sus derechos como ciudadanos, y finalmente, como evento resultante de la eliminación total de cualquier forma de discriminación bajo la premisa que todos somos iguales en derechos y oportunidades. Mientras que la equidad, parte del supuesto de que existe alguien – que actúa como un filtro- que entiende o decide qué es justo para cada persona y en base a dicho criterio se brinda lo que se considera apropiado, por ejemplo, en materia de seguridad social. De ello se desprende que la equidad no busca eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, sino que podría incluso llevar a profundizarlas aún más conforme a que muchas soluciones equitativas no siempre son igualitarias. Esto nos puede llevar a verla como un parche para zanjar las brechas de este producto socio-bio-histórico, a través de la aplicación de medidas tales como: los bonos para la mujer trabajadora; siendo que probablemente bajo una mirada igualitaria correspondería también generar bonos para el hombre trabajador… Y es que se desconoce el rol que puede tener la masculinidad en la igualdad de género.

Muchas veces se entiende el fortalecimiento de lo femenino en función del debilitamiento de lo masculino o viceversa, obedeciendo más bien a una inercia feminista, siendo que la sinergia de ambos puede llevar a generar una sociedad más consciente de sus potencialidades. Es así, que el fortalecimiento del género masculino en planos tales como la salud sexual y reproductiva, desde la afectividad hasta la prevención de las infecciones de transmisión sexual, paternidad responsable y educación en violencia de género, puede ser un mecanismo altamente efectivo para avanzar hacia la igualdad de ambos también.

El reconocer necesidades en la mujer no significa que el hombre no las tenga. Por qué no entonces desde lo estatal hacerse cargo de aquellos temas. ¿Estamos tan bien como para suponer el pleno goce de derechos de los hombres? Ejemplo claro de esto, es que no se cuente con un Programa diferenciado de la Salud del Hombre que tome problemáticas en base al género para resolver temas de salud relevantes.

Sabido es que los conceptos de igualdad y equidad arrastran varias confusiones, que sobre todo en el contexto latinoamericano, han llevado a malentender que la igualdad es querer homologar una mujer a un hombre, llevando a mal usar el concepto de equidad en su lugar.

Algunas corrientes valoran la equidad como un mecanismo para llegar a la igualdad, más bien vista ésta última como un principio. El pensar en la creación de un Ministerio en base al concepto de equidad puede ser la puerta de entrada o mecanismo para avanzar hacia la igualdad, no dejando de considerar que la equidad sin igualdad podría resultar en una demagogia. Esperamos que si la idea detrás de la creación de este ministerio es la búsqueda de la igualdad, se generen instancias reales que promuevan el bienestar del género masculino también en función del respeto a su condición ciudadana.

Según el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (cedaw) el concepto de igualdad es un derecho humano y por tanto es una obligación legal ineludible de los estados. Existirá igualdad en tanto no exista discriminación hacia la mujer, siendo éstos dos conceptos simbiontes.

¿Estaremos listos para hablar o vivir en la igualdad?, ¿Será necesario partir desde un concepto de equidad para zanjar las brechas en una primera instancia, y dar así paso a un contexto más ideal e igualitario?, ¿Cuenta Chile con las herramientas para vivir la igualdad en su plenitud? ¶

eje de comunidad y cultura El eje de Comunidad y Cultura ces es un espacio amable donde se busca catalizar los intereses de los estudiantes de la facultad, propiciando actividades basados en función de estos mismos, con el objetivo de recomponer y generar comunidad universitaria. Además busca ser una plataforma para impulsar proyectos que generen espacios de convergencia estudiantiles y están participando actualmente gente de Centros de Estudiantes, además de gente del ces. Están todos invitados a sumarse y si les interesa el eje, contactarse con Victoria Ramírez al correo vframirezm@gmail.com