Otros territorios / información y análisis sobre derechos y justicia.

año 1 número 3 16 de abril de 2011

Un suplemento de INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA

MEMORIA Inacción en el juzgado de Olivera Pastor Un informe fiscal lo acusa de demorar las causas contra represores Páginas 10 y 11

JUDICIALES Los beneficios de ser juez y parte La ex esposa de Sergio David lo acusa de no cumplir con la cuota alimentaria Páginas 14 y 15

El derecho de

DECIR ARIAS

DDHH HOY Un dictamen a favor de los pueblos originarios Comunidades de Salta y Jujuy presentaron una demanda para que se las consulte sobre la explotación de litio Páginas 6, 7 y 8

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BUENAS Y MALAS NOTICIAS

Otros ganadores Las elecciones provinciales pasaron, con los resultados ya por todos conocidos. Quedan ganadores y de los otros, a los que no les fue tan bien.

Las elecciones del 10 de abril dejaron buenas y malas noticias. Las malas tienen que ver con la insistencia del conservadurismo, que sigue despreciando las vidas que no sean propias y vota a candidatos a pesar de los negociados con los gobiernos y la explotación de personas.

Todo un tema que escapa al espacio de esta editorial.

Del lado de las buenas, creemos que entre los ganadores hay que situar a la memoria, que siempre encuentra resquicios para colarse. Como el que abrió con su ejemplo Clotilde Suárez de Ragone, que eligió ir a votar como un homenaje a su esposo, el desaparecido ex gobernador Miguel Ragone.

También, porque el gobernador reelecto eligió dedicarle su triunfo a este ex gobernador. Y además porque los sucesos se empeñaron en

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recordarlo, porque el hecho de que Juan Manuel Urtubey haya obtenido poco más del 57 por ciento de los votos obligaba a traer a la memoria a aquel otro gobernador, hasta ahora el más votado de la historia política salteña. En 1973 Miguel Ragone se impuso a sus rivales con el 57 por ciento de los sufragios.

Y así, de la mano de estas elecciones Ragone alcanzó la difusión nacional que no había tenido con el inicio del juicio oral y público contra ocho represores acusados de haber participado de su secuestro y desaparición. Tretas de la memoria, que busca, y halla, los intersticios para colarse en el presente.

Y están los otros ganadores, los desposeídos, aquellos para los que Ragone había pensado en el otorgamiento de tierra, parte del plan programático de Héctor Cámpora, que reivindicaba aquello de que la

tierra debía ser para el que la trabaje.

En Coronel Juan Solá, más conocido como Morillo, seis organizaciones de campesinos y una que reúne a 18 comunidades indígenas lograron lo que nadie creía: se enfrentaron y vencieron a un viejo dirigente del justicialismo, Atta Gerala. De resultas, Morillo tendrá intendenta, Marcela Carabajal, que es maestra y es campesina, de los que hace rato eligieron trabajar junto a los pueblos originarios. Este es tal vez el hecho más significativo de los comicios en Salta.

Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios

Las organizaciones de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Defendiendo lo Nuestro, Unión y Progreso, Unidos del Bermejo, la Organización Campesinos Unidos, Herencia Chaqueña y la Organización Zonal Wichí de la Ruta Nacional 81 se unieron para presentar candidatos y trabajar en la campaña, “sin plata y en alpargatas”, e hicieron valer sus derechos.

Este y otros temas importantes, como el derecho de consulta a los pueblos originarios, vamos a tratar en este número.

ANDREA FERNÁNDEZ

COLECTIVO EDITORIAL OTROS TERRITORIOS

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Arte de tapa: Roly Arias Ilustraciones: Andrea Fernández Fotografías: Rolo Díaz

16 de abril de 2011 año 1 • número 3

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Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884

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OPINIÓN / VOLVER A CREER

Los límites de lo posible Campesinos e indígenas demuestran que se puede disputar, y ganar, también en el terreno electoral. En Morillo, de la mano de una mujer, se escribe otra historia.

NICOLÁS HIRTZ

Una marca de estos tiempos de discusión, de debates de ideas e ideales es, por fin, volver a creer en la política. Tomar conciencia que es ella la herramienta que nos permitirá escribir una nueva historia y sus interlocutores, los redactores del nuevo amanecer.

Los jóvenes en Plaza de Mayo, en todas las plazas, recordando al líder, reclamando verdad y justicia cada 24 de marzo, haciendo ejercicio pleno de la memoria, son pruebas irrefutables de este acontecer.

Si hasta quienes aborrecen los procesos populares y demonizan “la política“ –que se entienda bien, la niegan como herramienta porque detentan el poder– están hoy inmiscuidos como nunca en una lucha ideológica sin cuartel por volver a recuperar el terreno perdido, que es sólo eso, cierto terreno simbólico en la construcción de relatos de la realidad.

Otro de los logros que va de la mano de volver a creer en “la política”, es poder día a día correr los límites de lo posible, empujar el techo hacia arriba y las paredes a los costados para cada vez ser más los protagonistas dentro de esta patria grande y en igualdad de condiciones.

Que mejor ejemplo de esto que aquí les cuento, que lo sucedido este último domingo en Morillo (Coronel Juan Solá), en donde desde hace ya un tiempo, criollos y wichí, hartos de la impunidad que a ciertos personajes les da el poder, decidieron no despotricar más, tomar las herramientas que ofrece este nuevo proceso político y salir a disputar el terreno perdido gracias a siglos de “no te metás”, “que sabés vos si ni siquiera fuiste a la universidad”, de miseria, hambre y soledad.

Ejemplo de coraje, unión y valentía, pero además de esfuerzo por dejar de lado prejuicios sobre el otro “indio” y el otro “criollo”, para saberse parte de la misma clase desposeída y humillada.

Pero estos atrevidos de la historia fueron por más, no sólo a disputar políticamente un espacio dominado por un aparato temible, de un terrateniente temible como Atta Gerala –amo y señor de lo que se dice y hace… perdón, decía y hacía en el norte olvidado de Salta–, sino que se lo fueron a disputar con una mujer en un terreno dominado por hombres. A su vez, a través de la herramienta partidaria que comanda otra mujer, odiada y repudiada por estos señores

feudales porque los enfrenta sin retroceder, pero encima es eso, mujeres.

Con el saber popular a su favor, representantes como Alfredo Riera –¿cuántos desalojos en su haber?, ¿cuánta lucha?, ¿cuánta injusticia?, ¡cuánto valor!– no desconocían que el tren de la historia pasa una vez y que el poder no se declama, se ejerce. Hoy en Morillo, se comienza a escribir otra historia, la del Frente para la Victoria con Marcela Carabajal al gobierno y las organizaciones sociales al poder.

Hace poco estuvo aquí en Salta esa “mujer” y la escucharon decir “libertad para la igualdad”, ellos la supieron comprender.

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DESALOJO DE DIAGUITAS EN LAS PAILAS

Cuatro meses de espera Una jueza ordenó el desalojo de nueve familias. Les destruyeron los cultivos. Pero no se van, e insisten en que le reconozcan la propiedad del territorio que reivindican para sí.

La espera se lleva a cabo bajo la modalidad de asamblea permanente, un estado que a veces parece diluirse en las dificultades para trasladarse y movilizarse con pocos recursos, pero que revive en el testimonio de la carpa donde la familia Cruz pasa sus días, sosteniéndose con la ayuda que recibe, mientras aguarda un fallo que la devuelva a su lugar, ese que fue destruido el 17 de diciembre, cuando se concretó el desalojo de nueve familias (39 personas) ordenado por la jueza Correccional de 8º Nominación, Mónica Faber.

El 7 de este mes los integrantes de la Comunidad y de las comunidades vecinas, realizaron una nueva movilización, y distribuyeron comunicados, una forma de decir aquí estamos, aún hay derechos que esperan ser reconocidos.

“La historia sigue en la justicia, la justicia ya todos sabemos que es muy lenta por lo tanto”, contó Ambrosio Casimiro, convertido en vocero de la Comunidad ante las dificultades para comunicarse con el cacique de Las Pailas, Genaro Ismael Viveros.

ANDREA FERNÁNDEZ

El 17 de diciembre de 2010 nueve familias fueron desalojadas por orden de la jueza Mónica Faber, de Salta.

Los policías que participaron del operativo destruyeron dos viviendas y 15 hectáreas de cultivos.

El 17 de abril se cumplirán cuatro meses de esperar por una solución. La Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí Las Pailas, en el departamento Cachi, quiere una respuesta de la administración de justicia. Y espera –pide, exige- que esa respuesta respete sus derechos sobre el territorio que ocupan ancestralmente.

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Las nueve familias desalojadas se han acomodado como pudieron: unas fueron con parientes, otras “han podido construir una habitación y continuar viviendo ahí”, y la familia Cruz, la más numerosa, se quedó en una carpa. Imposibilitados de seguir criando, y destruidos sus cultivos de habas, papas, pimiento y maíz, los Cruz y los otros desalojados viven de la ayuda que les acercan integrantes de la Comunidad.

“No pueden criar nada porque la familia sigue quedándose para resguardar el territorio. La posesión siempre la tuvieron pero estamos en una época en que no se puede sembrar nada, por lo tanto las tierras están como quedaron después del desalojo, Robles (Carlos Alberto, el “terrateniente” que les disputa las tierras) no apareció”, contó Casimiro.

Los miembros de Las Pailas, y de las Comunidades El Algarrobal, La Aguada y Las Trancas están un tanto desilusionados de los funcionarios provinciales: “El Gobierno tampoco hizo nada.

La ministra (de Justicia) María Inés Diez no cumplió”, sostuvo Casimiro. En el comunicado, afirman que la ministra “solo ha enviado un equipo técnico incapaz de resolver la situación”.

Por todo esto, ahora la “Una vez mas queda en evidencia el desinterés por Comunidad está realizando parte de la provincia en trámites para llevar su petición reconocer a nuestros pueblos al gobierno nacional. originarios y nuestras realidades territoriales”, sostienen. Para los diaguitas, el gobierno de Salta trata de “encubrir” a los funcionarios locales (también hay quejas contra la intendenta de Cachi, Fanny Guitián, porque no cumplió con la asistencia social prometida) y tampoco se están reconociendo a sus autoridades y pautas culturales.

“la historia sigue en la justicia,

la justicia ya todos sabemos que es muy lenta”

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LA CORTE DEBERÁ RESOLVER

ANDREA FERNÁNDEZ

Consultá, che Comunidades de Salta y Jujuy demandaron a ambas provincias porque nos las informaron ni consultaron sobre la exploración y explotación de litio y borato en Salinas Grandes.

Comunidades indígenas de Jujuy y Salta recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando que se hagan efectivos sus derechos a la “participación y consulta” en el proceso de exploración y explotación de litio y borato en las Salinas Grandes, que comparten ambas provincias.

La demanda, presentada en noviembre de 2010, es contra los estados de Salta y Jujuy y contra el Estado nacional. La procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, ya entendió que corresponde que entienda el máximo tribunal nacional, debido a que son partes las dos provincias y el Estado Nacional, y también porque la ley general del ambiente 25.675 dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o

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situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”, se consigna en el dictamen.

La procuradora reseñó que en este caso las comunidades indígenas “pretenden tutelar mediante una acción de amparo sus derechos a la identidad y a la consulta respecto del proceso de exploración y explotación de litio y borato sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional como lo son las Salinas Grandes, que constituyen un recurso natural único”.

En el recurso de amparo se solicita que se condene a Salta y Jujuy a “tomar las medidas que sean necesarias” para permitir que las comunidades afectadas puedan dar su

“consentimiento libre e informado” sobre los “permisos de exploración y explotación de litio y borato en la zona de la Sub-Cuenca Laguna de Guayatayoc Salinas Grandes, pertenecientes a ambas provincias, en razón de la omisión de consulta previa, información y participación en que incurrieron las autoridades locales respecto de las comunidades”.

La Argentina es la tercera reserva mundial de litio, un mineral muy apreciado, una fuente alternativa de energía que es utilizada actualmente en medicina, en baterías y, según se anticipa, se usará en autos híbridos y eléctricos. En marzo pasado Salta inauguró la planta productora de carbonato de litio más importante “del mundo”.

Con 17.522 kilómetros cuadrados, Salinas Grandes abarca territorio de Jujuy y Salta. En ese lugar viven 33 comunidades indígenas, ocho de Salta. En la demanda, encabezada por la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos, de Jujuy, las comunidades señalan que estas salinas constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.

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ENFRENTAN UNA ACTIVIDAD QUE MUEVE MILLONES

Proteger el territorio Las comunidades indígenas que viven en el territorio de Salinas Grandes, de los departamentos Cochinoca y Tumbaya en Jujuy, y La Poma y Los Andes en Salta, vienen oponiéndose a la explotación de los recursos naturales de ese lugar por considerar que afectará su forma de vida cultural, social y económica.

Dicen que se enteraron por los diarios de los cambios que se les venían encima, porque nadie se acercó a informarles de la novedad: el hallazgo de litio en el subsuelo de la puna salteña y jujeña.

“Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias. En síntesis: a toda nuestra vida”, señalaron las comunidades en un comunicado de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna Guayatayoc y Salinas Grandes difundido en marzo pasado, casi en paralelo con el dictamen de la procuradora.

ANDREA FERNÁNDEZ

Comunidades de la Cuenca de Guatayoc y Salinas Grandes dicen que se enteraron por los diarios de la exploración de litio, que modificará su forma de vida y usos.

En ese escrito recordaron que habitan “desde tiempos ancestrales la cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes”, que todas tienen reconocimiento jurídico del Estado; son “descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras” y de sus abuelos aprendieron a “cuidar y proteger nuestro territorio”.

Recordaron también que vienen “realizado permanentes reclamos” para que les titularicen las tierras que habitan.

El año pasado comenzaron a “ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (...).

Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy”. Y a pesar de que la noticia despertó el optimismo de las

autoridades provinciales de Jujuy y Salta, para las comunidades significó un nuevo motivo de preocupación, por la posibilidad de que esta actividad afecte negativamente al ambiente y su modo de vida.

Las comunidades decidieron presentar una demanda contra Salta y Jujuy y el Estado nacional, “por la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o cualquier acto administrativo dictado por las autoridades respectivas de cada provincia, que otorguen permisos de exploración y/o cateo o explotación de minerales, en el territorio habitado por las comunidades indígenas, sin

haber cumplido con las normas del debido proceso y las garantías necesarias que permitan el acceso al trámite y el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales a la consulta previa, libre e informada”.

Las comunidades solicitaron a la Corte Suprema que “disponga el cese inmediato de los trabajos y/o actividades que realicen las empresas mineras, en la zona denunciada, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarios que garanticen las reglas del debido proceso”. También pidieron que se les informe qué empresas estaban llevando a cabo los emprendimientos.

Las ocho comunidades de Salta realizarán hoy una asamblea en Matancillo, a cuarenta kilómetros de San Antonio de los Cobres. Entre los temas, analizarán la posibilidad de que más comunidades de la zona se organicen para resistir la extracción de litio.

la explotación de litio afectará su forma de vida

cultural, social y económica

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Herramienta preciosa MATIAS DUARTE

Los pueblos indígenas de nuestro país tienen derecho a la consulta sobre todas las actividades que puedan afectar, de un modo u otro, sus derechos o intereses. Esa consulta debe ser de buena fe, instrumentada mediante procedimientos acordes al asunto y la cultura del pueblo indígena que se trate, y tender a que exprese su consentimiento libre, previo e informado sobre aquellas medidas que los afecten o, en caso contrario, su rechazo.

La consulta a los pueblos indígenas tiene una sólida base legal establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nuestra Constitución Nacional y la Convención Americana sobre derechos humanos, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

El derecho a la consulta es una herramienta preciosa de profunda raíz democrática. El viejo, autoritario y fascista paradigma que intentaba asimilar a los pueblos indígenas a los valores occidentales ha sido dejado de lado desde la sanción del Convenio 169 de la OIT. Hoy ya no existen dudas en el derecho internacional, ni en el nacional, de que los pueblos indígenas tienen derecho a vivir conforme a sus pautas culturales, a elegir sus propias prioridades de desarrollo y a transmitir a las generaciones venideras su legado cultural.

De allí que la consulta se erija en un vehículo de comunicación intercultural con una doble función: por una lado, permite a los pueblos indígenas que manifiesten su opinión y el consentimiento (o no) libre, previo e informado, frente a las actividades que los afecten; y por el otro, potencia la prevención de daños a bienes culturales de pueblos indígenas que, generalmente, son irreversibles.

El derecho a la consulta ha sido reconocido recurrentemente por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus dictámenes y sentencias.

Actualmente, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina tiene en estudio un caso sometido a su conocimiento por violación del derecho a la consulta en la explotación minera en la cuenca de “Salinas Grandes”, en el que se espera una “recepción nacional” de los estándares internacionales en la materia.

Las sociedades que se rigen por valores democráticos, como la de nuestro país, tienen el deber de encontrar el camino para que las culturas de los diversos pueblos que viven en ella, muchos de ellos indígenas, puedan coexistir conforme a las pautas que las hacen únicas y distintivas.

Este es el desafío democrático del siglo XXI. La consulta a los pueblos indígenas tiende a ese importante objetivo.

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Un recurso estratégico El litio es considerado el mineral del futuro. Se usa en medicina y como fuente de energía.

La pelea de los pueblos originarios que habitan Salinas Grandes y la cuenca de la laguna Guayatayoc es desigual.

Enfrentan un negocio millonario, el de la explotación de un mineral considerado estratégico para la provisión de energía alternativa, ahora que las reservas de petróleo se acaban.

La Argentina es la tercera reserva mundial de litio, un mineral que mueve millones de dólares en el mundo, y con posibilidades de encarecerse aún más.

El jueves último la Legislatura de Jujuy aprobó el decreto 7592 del Poder Ejecutivo que declaró a las reservas minerales que contengan litio un recurso mineral estratégico “generador de desarrollo socioeconómico de la provincia de Jujuy”.

La Mesa de Pueblos Originarios ha dicho que esta

declaración se hizo sin realizar la consulta a las comunidades indígenas que se verán afectadas por esta actividad.

El contexto comercial parece no ser propicio a los pueblos originarios. En mayo de 2010 los consultores económicos se entusiasmaban con el hallazgo de litio en la puna salteña y jujeña. Las salinas de Bolivia (Uyuni, todavía no explotado, estimado en más de 500 mil millones de dólares), Chile (Atacama) y la Argentina concentran el 85 por ciento de las reservas mundiales del mineral.

En febrero de 2010 la Secretaria de Minería de la Nación informaba que Salta y Jujuy se iban a convertir en los principales polos de producción de litio a nivel mundial como resultado de un programa de exploración avanzada a cargo de la empresa Li3.

ANDREA FERNÁNDEZ

DERECHO DE CONSULTA

memoria / crímenes de lesa humanidad / represores de campo de mayo

OPINIÓN / CONDENA PARA MARTIN RODRIGUEZ

Un enorme alivio MARTIN ÁVILA* Cuando el Tribunal Oral Federal número uno de San Martín, integrado por los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain, hacían conocer la sentencia condenatoria a reclusión perpetua contra los genocidas Reynaldo Benito Bignone, Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Martín “el Toro” Rodríguez; y a seis años de prisión a Juan Fernando Meneghini, se sintió el enorme alivio de la sociedad y de las familias víctimas del terrorismo de Estado.

Ninguno de los condenados tuvo un mínimo de arrepentimiento por las aberraciones cometidas y justificaron todo a través de seguir regando la teoría de los dos demonios al demonizar, valga la redundancia, a las víctimas y al justificar el delito.

Cada uno de los condenados sacaron provecho del cepo de impunidad que los mantuvo libres hasta el histórico 14 de abril de 2011. Patti fue intendente de Escobar en la provincia de Buenos Aires y diputado. “El Toro” fue profesor en Salta de la carrera de ciencias políticas. Todos ellos fueron beneficiados en la década entreguista de los 90 que partió de la impunidad hacia el remate nacional.

Es imposible dejar de mencionar la revolución en derechos humanos que generó Néstor Kirchner y, ahora, Cristina Fernández tomándola como política de Estado,

información que permita su efectiva aparición con vida.

nulificando las horrorosas leyes del perdón y sometiendo a un juicio justo, constitucional, sin jueces especiales a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

Quedan muy pocos resabios de aquellos que siguen defendiendo el terrorismo de Estado y, en general, son aquellos cómplices o parientes de genocidas.

Desaparición forzada El miércoles 13 de abril, un día antes de la sentencia condenatoria, el Congreso aprobó la ley que tipifica el delito de ‘desaparición forzada de personas’, incorporándolo en el código penal en el artículo 142: Se impondrá prisión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo

de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuera de una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho años, una persona mayor de setenta años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre.

La escala penal (...) podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen

Asimismo se incorpora en el artículo 194 bis la posibilidad de que, ante denuncia de la querella o de oficio, podrá el juez apartar de la investigación a la fuerza de seguridad que supuestamente estuviese implicada.

Por último, se prohíbe el archivo de la causa tanto para el juez que investigue como para el fiscal: El juez no podrá disponer el archivo de las causas en que se investigue el delito previsto en el artículo 142 del código penal, hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal.

La ley fue aprobada por los 157 miembros de la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles pasado, incluidos los de la oposición, quienes, más allá de defender los intereses de Clarín, ya no discuten los delitos de lesa humanidad y su condena, como consecuencia de una política de Estado en Derechos Humanos que no significa más que elevar el piso de igualdad de todos ante la ley, sin impunidad, con Verdad, Memoria y Justicia o, como dijo el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, querellante en dicha causa: “Con impunidad y olvido no se construye una sociedad democrática”. *Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

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JUZGADO DE OLIVERA PASTOR

Denegación de justicia Un juez acusado por obstrucción. De setenta imputados solo procesó a diez. Y solo una causa fue elevada a juicio. Un informe fiscal habla de “irritante inacción”.

“Desde hace años” la Fiscalía Federal de Jujuy viene haciendo requerimientos por 70 imputados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar cometidas contra 158 víctimas; hasta ahora solo diez han sido procesados, y hay “una única causa elevada a juicio” por un solo imputado (Luciano Benjamín Menéndez). Las demoras incluso han permitido la fuga del ex jefe del Servicio de Inteligencia de Jujuy, Juan Carlos Jones Tamayo. A esto se suma que casi invariablemente la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechaza los recursos con los que el fiscal federal Domingo Batule intenta remediar algunas acciones –o inacciones– del juez de primera instancia.

Así lo detalla un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación. El informe lleva la firma del fiscal general Jorge Auat y del coordinador de la Unidad, Pablo Parenti.

Es “inadmisible” la demora en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo, sostiene la Unidad Fiscal, para la que el hecho de que solo se haya 10 / otrosterritorios

procesado a diez de los 70 requeridos por la Fiscalía, el que unos 20 represores hayan fallecido sin ser indagados, y la existencia de una sola causa elevada a juicio, y por único acusado y una sola víctima, revelan “claramente la irritante inacción del juzgado a cargo del juez Olivera Pastor o, lo que es más grave aún, una deliberada obstrucción al avance de los procesos, a partir de una sistemática negativa a implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básicos de celeridad procesal”.

Desde su creación, en 2007, la Unidad Fiscal procuró poner en práctica una política de persecución uniforme tratando de reordenar el tratamiento de más de mil causas conexas. Con este objetivo se distribuyó una instrucción general para que los fiscales pidieran la acumulación aquellas causas que tienen alguna vinculación.

De esta manera se logra una mayor rapidez procesal, se evita a los testigos tener que declarar reiteradamente y se ayuda a comprender integralmente el fenómeno del terrorismo de Estado. Al

contrario de esta tesitura, y a pesar de los pedidos del fiscal, el juez Olivera Pastor llevó a cabo “una continua desmembración sustancial de las causas”.

“La jurisdicción de Jujuy exhibe un gran déficit en la investigación y avance de los procesos por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado en esa provincia”, sostuvo la Unidad Fiscal, que consideró que “se impone con suma urgencia que el Poder Judicial adopte las medidas necesarias para revertir lo que prácticamente importa una denegación de justicia de decenas de personas que han sido víctimas de hechos aberrantes”. Para la Unidad Fiscal, el Juzgado de Olivera Pastor “presenta un déficit crónico” que manifiesta “la desidia, el desinterés, frente a una demanda perentoria de celeridad en los procesos”, por lo que consideró necesario que la Comisión para la Agilización de las causas de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “se constituya en Jujuy para tomar conocimiento (…) de estas graves circunstancias”.

“...en Jujuy se impone con suma urgencia que el Poder Judicial adopte las medidas necesarias para revertir lo que

prácticamente importa una denegación de justicia”.

memoria / crímenes de lesa humanidad / salta

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES

El tiro por la culata El informe de la Unidad Fiscal de Coordinación también es crítico con la actuación de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que no ayudó a remediar la situación de Jujuy.

En el informe se recuerda que el fiscal Domingo Batule presentó “múltiples apelaciones y quejas con motivo de las reiteradas negativas a llamar a declaración indagatoria a una cantidad significativa de imputados” pero “la Cámara Federal de Salta ha mantenido el criterio de que la negativa a llamar a indagatoria es una cuestión no apelable, pese a que la fiscalía citó jurisprudencia de otras Cámaras que han entendido lo contrario, especialmente frente a

situaciones que pueden causar efectos irreparables (como claramente sucede en el marco de estas causas tan postergadas y con imputados, víctimas y testigos de avanzada edad)”.

La Unidad Fiscal señaló que el informe fue elaborado con el fin de “confrontar el falaz relevamiento presentado y difundido

por el presidente de la Cámara Federal de Salta, el juez Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, quien con un sofisma contable pretendió soslayar la realidad palmaria que se describe en el presente informe; realidad que, por lo demás, es de conocimiento público y que fue comunicada por este MPF a los órganos

“el falaz relevamiento presentado por el presidente de la cámara federal de Salta” que con un sofisma contable el informe fiscal confronta

pretendió soslayar la realidad del juzgado de Jujuy

FUGA Según recuerda el informe de la Unidad Fiscal de Coordinación, “la falta de diligencia procesal del doctor Olivera Pastor permitió” que el ex jefe de Inteligencia Juan Carlos Jones Tamayo se fugara. La Unidad detalló que el juez prolongó sucesivamente el plazo otorgado a Tamayo por la Cámara Nacional de Casación Penal para cumplir con una caución real, condición para su exención de prisión”. Olivera Pastor hizo lugar a dos pedidos de la defensa y le dio casi un mes de libertad; recién cuando se incumplió el último plazo, dictó una orden de detención. Ante la insistencia del fiscal, el juez consultó a la Policía si había ido a detener a Tamayo; por el informe de la Policía supieron que hacía más de un año que Tamayo no vivía en el domicilio registrado. Igual, el juez no declaró la rebeldía enseguida, ni ordenó su captura internacional, “sino que se limitó a notificar a la fiscalía del informe policial”. El 14 de marzo pasado la fiscalía pidió que se lo declare rebelde, pero el juez rechazó la solicitud; la fiscalía pidió también que se envíen oficios a Migraciones y a la Policía Aeroportuaria. “A la fecha, no hay resolución del juzgado en relación con este pedido”.

de superintendencia, el 11 de febrero de 2009, hace ya más de dos años, y que ha merecido también denuncias ante el Consejo de la Magistratura”.

En 2009 el juez Carlos Olivera Pastor debió responder ante la Comisión de Agilización de las causas de Lesa Humanidad por su inacción frente a los pedidos de indagatorias del fiscal Batule.

Su excusa fue que no indagaba a los imputados porque no tenía donde detenerlos, una consideración que no aplicó para otros casos de detenidos por delitos comunes. En marzo pasado, frente a los reclamos de organizaciones de derechos humanos de Jujuy insistió en que no tiene “suficiente personal para cumplir con todas las obligaciones”.

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memoria / pensar nuestra historia

ESCUELAS Y GENOCIDAS

Los innombrables La violencia de reivindicar matanzas en establecimientos educativos.

Roca, ¿puede estar en las aulas? La discusión planteada por una ONG.

LAURA URBANO

La violencia que no se ve es la que más perdura porque es socialmente aceptada. Esta violencia simbólica debe ser revelada. En estos días las implicancias de esa simbología se vieron desnudas ante el reclamo del referente de la ONG Defensa Indígena, Vicente Rivero, quien en una carta al Ministerio de Educación solicitó el cambio del nombre Campaña del Desierto, que lleva una escuela ubicada en la entrada de la ciudad de Salta. La Campaña del Desierto rememora la acción del ex presidente Julio Argentino Roca, que en 1879 desató una ofensiva contra indígenas que estaban en tierras patagónicas, y cuyos resultados se enmarcan, al

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entender de las comunidades y de la revisión de la historia, en un genocidio. Como prueba de ese delito las palabras de Roca al ordenar el rastrillaje humano parecen suficientes: dispuso a “seis mil hombres armados con las más modernas armas militares de occidente contra indios que no usan como armas más que lanzas para defenderse”.

Rivero sostuvo que es “indudable” que esta lucha, claramente desigual, “fue un genocidio donde morían valientes guerreros que antes habían tratado amigablemente con San Martín y hasta habían ayudado a la guerra de independencia y habían formado parte de sus filas”.

Estos eran tan “increíblemente pacíficos… que el coronel

Federico Rauch degollaba por docenas ‘para ahorrar balas’.

Las mujeres de estos cientos de miles fueron violadas por los soldados y hechas prostitutas.

Los niños eran regalados por la Sociedad de Beneficencia a las señoras de las familias para que sean esclavizados como ‘criados’, solo algunos sobrevivían después de varios años en edificios húmedos, maltratados, hambreados y desabrigados”.

Un viejo reclamo Directivos de la escuela sostuvieron que en algún momento se planteó cambiar el nombre. Pero nadie supo responder en qué quedaron esas gestiones. Incluso señalaron que es “contradictorio” con el espíritu de los nuevos diseños curriculares, que hablan de revalorizar a los pueblos originarios. La contradicción es mayor. El Reglamento General de Escuelas de la Provincia sostiene la necesidad de que los establecimientos educativos lleven “el nombre de próceres argentinos, de personalidades nacionales de consagrada significación histórica y moral o que se hayan distinguido por sus virtudes, su ciencia, su talento artístico, su

generosidad, su patriotismo, sus realizaciones”. La ironía de esta violencia, disfrazada de ‘contradicción’, no tiene final en el nombre del establecimiento que se ubica en el barrio Autódromo. Pues en pleno macrocentro salteño la escuela fundada en 1889 (a diez años de la masacre encabezada por el ex presidente argentino) lleva el nombre de Julio Argentino Roca, sin que se conozca por ello cuestionamiento formal alguno. El genocida disfrazado de prócer tiene su mejor defensa en billetes argentinos que lo erigen como un ¿patriota? al sindicarlo como el “realizador de la Campaña del Desierto”.

Perdón “La Argentina debe pedir perdón a los pueblos originarios”. Las palabras del historiador Osvaldo Bayer apuntan a una deuda sin saldar, y su propuesta respecto a Roca (a quien califica de genocida), va más lejos. Es necesario bajar monumentos, y sacar el retrato de los billetes de 100 pesos. En Salta no faltaron defensores del ex presidente. Cuando se planteó en el Concejo Deliberante acompañar una iniciativa de Proyecto Sur para cambiar el

retrato de Roca por el de Juana Azurduy, en octubre de 2008, la mayoría justicialista y renovadora rechazó una adhesión. En el Justicialismo, según los archivos de Nuevo Diario, el electo diputado provincial Guido Giacosa sostuvo que Roca “era un humanista para los parámetros de la época”.

Respecto a la Campaña del Desierto, aseguró que se trató de “una guerra contra un poder ajeno a la Nación, no contra compatriotas”, ordenada por el Congreso de la Nación de aquella época. “No fue una cacería de indios”, sino contra “los araucanos (provenientes de Chile) que invadieron pueblos muy pacíficos de la Argentina y que no eran fáciles de combatir”. Por su parte, la entonces concejala renovadora y actual funcionaria municipal, Cristina Fiore, afirmó que “hay que juzgar a los hombres según su tiempo y su historia” y que “uno puede coincidir o no, pero

ANDREA FERNÁNDEZ

memoria / pensar nuestra historia

su presidencia le legó mucho a la Nación”, en referencia a la Ley de educación 1420, los ferrocarriles y la delimitación del territorio nacional.

EN LAS REDES SOCIALES Desde la indignación hasta las discusiones actuales respecto de las políticas estatales para los pueblos originarios fueron las que primaron en un debate iniciado en Facebook, primer lugar en el que se publicó la denuncia de la comunidad indígena sobre la escuela Campaña del Desierto. “La obligación estatal de respeto a la identidad cultural de los pueblos originarios de la República Argentina es uno de los principios que se viola permanentemente en los billetes de 100 pesos de nuestra moneda nacional, donde aparece de un lado Roca y del otro una imagen de la Campaña del Desierto, que fue uno de los tantos genocidios llevados adelante en nuestra patria”, dijo Alejandro Arroz en ese debate.

“Esta es una provocación más de los sectores de poder que continúan con el genocidio de aborígenes a través de diferentes prácticas, principalmente quitándoles sus tierras y medios materiales de subsistencia. Repudiable”, agregó Lucio Yazlle.

“Persisten en mantener el control de lo simbólico. En ese orden ninguna inocencia, el nombre reivindica un genocidio y los que lo pusieron lo sabían, por eso lo pusieron!”, sostuvo Roberto Amejeiras, al considerar que nadie pudo haberse hecho el distraído.

otrosterritorios / 13

judiciales / causas de familia

LOS BENEFICIOS DE SER JUEZ

Hacete amigo...

La ex esposa del juez Sergio David afirma que el magistrado cuenta con privilegios a la hora de litigar. Y que le debe más de 20 mil pesos por las cuotas alimentarias de sus hijas.

ANDREA FERNÁNDEZ

“Él depositó siempre lo que se le da la gana. Y la jueza lo sabe”. Maida Nallim, ex esposa del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2º Nominación de esta ciudad, Sergio Miguel Angel David, sintetizó con estas dos frases los inconvenientes que afronta en su intento por lograr que el magistrado deposite la cuota alimentaria que corresponde a las tres

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hijas del matrimonio que fue.

Nallim lleva siete años de trámite judicial y se muestra harta de lo que considera un desigual trato en la administración de justicia. La jueza a cargo del caso es Martha Bossini de Aguilar, del Juzgado de Familia de 1º Nominación de esta ciudad.

Para Nallim, su ex marido “actúa como juez y no como parte” en este proceso.

La demanda por la cuota alimentaria se inició

en 2004 y el 22 de marzo de 2006 la jueza resolvió que iba a ser del 40 por ciento de la totalidad de los salarios del magistrado, pero no ordenó la retención de haberes del padre, una práctica habitual en estos procesos. Este descuido permite que el propio David haga el cálculo de ese porcentaje, y “siempre se equivoca a su favor”.

En algún momento Nallim comenzó a sospechar que había diferencias en la cuota alimentaria, entonces pidió

que se le informara cuánto ganaba su ex marido. Así confirmo que, efectivamente, había habido errores a favor de David: por caso, en enero de 2006 depositó 176 pesos menos; en febrero, 365 y en marzo de 2006, se equivocó en 541,60 pesos.

A fines de 2009 la abogada de Nallim, Verónica Huber, inició una ejecución de sentencia por más de 20 mil pesos de diferencia por cuotas alimentarias mal depositadas.

Como es habitual en un procedimiento ejecutivo, Huber pidió un embargo por este monto, pero hasta hoy la jueza no hizo lugar a la solicitud.

Además, el hecho de que a David se le permita hacer el depósito de la cuota alimentaria en la cuenta de sueldos de Nallim (en lugar de una cuenta judicial) provoca que la mujer tenga que pagar impuestos sobre la cuota alimentaria, con lo que también hay una reducción por ese lado.

Para agregar otro eslabón, este comienzo de año se planteó un nuevo conflicto, debido a que la mayor de las hijas, de 18 años, se fue a estudiar a Buenos Aires.

Nallim aseguró que su ex marido primero obstaculizó esta decisión de su hija y luego

judiciales / causas de familia

DESOBEDIENCIA JUDICIAL

Antecedentes decidió, unilateralmente, retener un tercio de la cuota alimentaria, con el argumento de que la joven es mayor de edad y le corresponde a ella recibir la cuota alimentaria y por lo tanto la depositará en una cuenta bancaria que dice haber abierto a nombre de la estudiante para este fin.

Con esta decisión, el juez desobedeció la sentencia de marzo de 2006, que le ordena depositar a la madre el dinero correspondiente a las cuotas alimentarias de sus hijas.

Huber explicó que si David quería cambiar las reglas de juego establecidas en esta sentencia debió hacer un trámite solicitando lo que él presentó como un hecho. Para la abogada, correspondía que la jueza le cerrara el paso con un “concurra por la vía que corresponde”, pero Bossini de Aguilar se limitó a comunicar a Nallim que David “no considera pertinente” seguir depositando la cuota alimentaria de la hija mayor en la cuenta de la ex mujer, y recién cuando Nallim se opuso, la magistrada recordó que hasta que se resolviera esta cuestión, correspondía que se siguiera depositando la cuota alimentaria como está ordenado.

Sin embargo, la joven hija de David y Nallim aún no

percibió su cuota alimentaria, porque el juez apeló y sostiene que no debe depositar hasta que se resuelva la apelación, una postura con la que disienten Nallim y su abogada.

David también intimó a Nallim para que informe el domicilio de su hija en Buenos Aires, lo que fue rechazado por la madre. Le recordó que la joven es mayor de edad, que ella no está autorizada a dar su domicilio y que él tiene su número de teléfono, con lo que puede hacerle la consulta en persona.

Sergio David es el juez que intervino en el trámite judicial de unas diligencias preparatorias iniciadas por Nuevo Diario en 2007, con el propósito de determinar si había sido discriminado en el otorgamiento de la pauta publicitaria del gobierno de Juan Carlos Romero.

Si bien el juez dictó una orden para que el Gobierno informara sobre la pauta publicitaria oficial desde 2003 a febrero de 2007, luego no se preocupó de hacer cumplir su propia orden, y los funcionarios de la Secretaría de Prensa y Difusión nunca recibieron sanción alguna por su desobediencia judicial.

En 2007 los abogados de Nuevo Diario plantearon que el magistrado llegó a “una resignación inadecuada de la jurisdicción (…) en beneficio del Poder Ejecutivo de la provincia y de una empresa particular, de propiedad de la familia del actual titular del Poder Ejecutivo (Juan Carlos Romero)”, sobre cuya empresa familiar, Horizontes SA, editora del diario El Tribuno, también pesaba un pedido de información sobre la pauta publicitaria recibida.

Los antecedentes del juez parecen indicar que en el tratamiento de esta causa fue fiel a sus orígenes. En el libro Salta, el narcopoder, el periodista Sergio Poma da cuenta de las presiones ejercidas en 1988 por el entonces diputado provincial Emilio Cantarero, el ex senador nacional, el mismo de las coimas en el Senado, que fue también funcionario del Ejecutivo provincial, para que se designara a Sergio David en el cargo que hoy ocupa.

“Roberto (Romero) (…) me pidió que te llamara por un pedido para Segunda Nominación de Sergio David”.

“Escuchame Lalito, olvidate del Ejecutivo (en referencia al gobernador Hernán Cornejo), te hablo en nombre de Roberto, sacámelo, Lalo”, le dice Cantarero al entonces senador de la provincia Arnaldo Estrada en una conversación que se cierra con un pedido del interpelado para que el diputado también transmitiera el pedido a los senadores Machuca y Liquín.

el juez David decidió unilateralmente retener un tercio de la cuota alimentaria con el argumento de que lo iba a depositar en otra cuenta

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DISCUSIONES SOBRE LA FUNDACION DE JUJUY

Colonizaciones y resistencias por Eloy López Hace un tiempo que empezamos a re-informarnos y a repensarnos. Desde el regreso de la democracia para acá.

En estas líneas, propongo, entonces, volver a analizar el concepto “fundación” para poner sobre la misma línea el origen de lo que quiero hablar o discutir. En este caso, y debido a la proximidad de la fecha, de las fundaciones que tuvo la provincia de Jujuy.

Y a exponer, brevemente, ideas de los que llevaron y llevan adelante la construcción de un pedazo de historia de esta parte de nuestro país.

Siguiendo a las escuelas tradicionales de la enseñanza formal, la provincia de Jujuy tuvo tres fundaciones en distintos años y con distintos protagonistas: la primera, el 20 de agosto de 1561, por disposición de Juan Pérez de Zurita, gobernador de Tucumán, en donde actualmente se emplaza el barrio Ciudad de Nieva; la segunda, el 13 de octubre de 1575, por don Pedro Ortiz de Zárate, en la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi, lugar conocido como Punta Diamante; y el 19 de abril de 1593, en donde actualmente está ubicada la plaza Belgrano, Francisco de Argañarás y Murguía realizó la tercera fundación con el nombre de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy.

Este tramo de historia muestra el lugar estratégico que tenía Jujuy en relación al comercio con el Alto Perú y otros centros de colonización de la América. En el territorio residían grupos de la etnia omaguaca que ponían resistencia a estas fundaciones. Y también, este tramo de la historia, marca un hito socio-geográfico: la separación de Jujuy y Salta en el año 1834, como parte de la construcción de nuestro país.

otros tramos de otras historias cuentan, en otros conceptos y en otras voces, que la fundación de Jujuy no fue más que un avasallamiento y una expropiación de territorios a comunidades originarias que residían en la zona con Sin embargo,

su organización social y política. Existían ciudades complejas, con un desarrollo cultural propio y con producción diversificada de productos que hasta el día de la fecha seguimos apreciando y admirando: ruanas, ponchos, cerámicas, instrumentos artesanales, comidas, calzados, arquitectura, danzas y festejos como el

Inti-raimi, la Pachamama y el Arete

Guazu. la de los colonizadores y la de los que resisten esa colonización. La historia ha atravesado diversos La historia ha seguido se curso sobre estas dos realidades:

momentos de convivencia compleja, brutal y tozuda. Tan tozuda como las diversas organizaciones que nuclean a trabajadores en blanco y en negro, a las madres solteras, los desocupados y a otros resistentes, a veces plenos y a veces desorientados, en los días que corren en la provincia minera. Mientras, se sigue construyendo testarudamente una nueva fundación de nuestra provincia (y de nuestro país) que pelea para el cuarto inicio de otro pedazo de historia.