Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia"

año 1 número 7 14 de mayo de 2011

Un suplemento de

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA

Desmontes

y desnutrición

La destrucción del hábitat. La estigmatización de las víctimas. La opinión de los protagonistas y los especialistas.

Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7

DDHH HOY Represión de la protesta social

ARIAS

Páginas 8 y 9

Los derechos de las trabajadoras domésticas Páginas 12 y 13

JUDICIALES Procesan a indígenas que reclaman tierras Página 14 y 15

derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición

LA DESTRUCCIÓN DE UN HÁBITAT

El monte, el hogar COLECTIVO EDITORIAL OTROS TERRITORIOS

ANDREA FERNÁNDEZ

A estas alturas, en que los pueblos originarios han conseguido cierta visibilización, son pocos los que ignoran la estrecha relación, espiritual y física, que estas culturas mantienen con la tierra y el monte, que es hogar y es también medio de subsistencia.

Ese solo conocimiento debería bastar para comprender la dimensión del daño que se provoca a estos pueblos cuando se los priva de la tierra y del monte. Los resultados están a la vista, y se contabilizan con muertos por el hambre. Para mayor vergüenza, la gran mayoría de las víctimas, fatales y de las otras, que seguirán una vida disminuida, son niños y niñas.

otros territorios información y análisis sobre derechos y justicia Suplemento de Nuevo Diario

A pesar de las numerosas advertencias, de los estudios, los informes y fallos que dan cuenta del estado desesperante al que se sume a las comunidades indígenas con el avance de los desmontes, los inversionistas y productores engolosinados con la agricultura extensiva y la ganadería a gran escala no se dan por enterados. Esa es la hipocresía que debe seguir denunciándose, exponiéndose en toda su crueldad.

Las comunidades de Salta, y las de otros puntos del país, y de otros puntos del país grande, ya han dicho, reiteradamente, que se las expone a la desaparición con el avance de los desmontes, que no solo los dejan sin comida, sino que agotan también su ambiente, su derecho a la identidad, estrechamente vinculada a este entorno.

Contra toda advertencia humanitaria, las explotaciones forestales y agropecuarias continúan extendiéndose. Y violan derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la identidad.

Obligados a apartarse del monte sagrado, sin los bienes que este ámbito provee, los pueblos originarios de Salta andan, todavía, sin saber dónde poner un pie. En lugar del territorio, con sus aguas, sus lugares y sus animales, son corridos a lotes de unos cuantos metros, en pobres barrios de pobres localidades o a unas pocas hectáreas rodeadas de campo raso, o sembrado con soja. La abundancia de los frutos y animales del monte trocó en bolsones con comidas extrañas que requieren también de una

preparación extraña a la cultura propia. Y son desnutridos por no comer, y por comer. Porque esos alimentos que se preparan de maneras extrañas no tienen las proteínas que el saber antiguo permitía extraer del monte.

Los recursos que el mundo civilizado blanco otorga son tan exiguos que las familias tienen que contentarse con el puchero diario (con temperaturas que superan los 40 grados) como única comida. No más la variedad estacional montaraz, de mieles, algarrobas, mistoles y otras dulces frutas, no más el sabor de la corzuela, del maján, el pichi, la charata y el mataco.

También los campesinos criollos están siendo severamente afectados por los desmontes. También su forma de vida está siendo atentada por el avance de los desmontes, un buen negocio para pocos y la ruina de muchos. Sobre estas cuestiones se habla en este número.

14 de mayo de 2011 año 1 • número 7

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Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios / Colaboradores: Laura Urbano, Carlos Rodríguez, Alba Silva, Eloy López, Elena Corvalán, Florencia Lance / Arte de tapa: Roly Arias / Ilustraciones: Andrea Fernández / Fotografías: Rolo Díaz Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884

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derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición

DECLARACIÓN DE LA ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

La tierra para vivir La supervivencia física y cultural de las comunidades wichí está en riesgo por el avance de desmontes. Es esto, y no su cultura, lo que está afectándolos.

Ante las críticas condiciones de supervivencia física y cultural en la que se encuentran las comunidades wichí de la provincia; la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta expresa:

tener en cuenta su propia representación 3. Que los problemas aludidos sean del territorio. abordados por parte de los más altos •Que para resguardar los derechos funcionarios provinciales desde el indígenas y proteger el área de los usos prejuicio y el profundo desconocimiento que terceros pretendan hacer de él y de los derechos consagrados por la asegurar la sobrevivencia de las Constitución y por los pactos comunidades resulta imprescindible que internacionales al que adhirió el Estado •Que la degradación y desaparición del éstas cuenten con el título comunitario del Argentino. bosque nativo por el uso del territorio con territorio demarcado.

4. Que por ello se termine culpabilizando fines productivos por parte de terceros a las víctimas, poniendo como excusa su pone en riesgo la supervivencia de las Por lo tanto la Escuela de Antropología propia cultura, para no poner sobre la comunidades y de las personas que las se encuentra hondamente preocupada mesa la verdadera situación de despojo e integran. por: injusticia a la que están siendo sometidas.

•Que la expulsión y el arrinconamiento de 1. El avance de los desmontes para 5. La vigencia del prejuicios respecto a la las comunidades indígenas, en territorios monocultivo y para ganadería, que afectan cultura wichí y a los pueblos indígenas en degradados o en sectores periurbanos, es fuertemente la posibilidad de alimentarse cuanto se propone el asimilacionismo la causa de su hambre y la desnutrición; y y la salud de las personas que viven en la como única posibilidad de solucionar el no su propia cultura, que por largos siglos zona. problema les ha asegurado su supervivencia física y 2. La falta de control estatal sobre la 6. La falta de formación en herramientas cultural. práctica de fumigación con agroquímicos interculturales de los agentes estatales •Que el vínculo con el territorio y con el que inciden negativamente en el agua y la que trabajan con las comunidades monte resulta por tanto irremplazable, no salud de la población. indígenas solo para la supervivencia económica sino 7. La no consideración de la lengua también para la mantención de la cultura, indígena como un factor importante al la lengua y la espiritualidad wichí. momento de una relación intercultural.

•Que las comunidades dependen para su para resguardar los derechos indígenas supervivencia en gran medida de las actividades tradicionales de caza y recolección, las que solo pueden realizarse en el territorio que ocuparon tradicionalmente conservando la flora y la fauna nativa.

•Que las comunidades son sujeto colectivo de derechos consagrados constitucionalmente, entre los que se encuentran el derecho a la tierra, a la subsistencia y a su propia cultura.

•Que la demarcación de los territorios debe realizarse incluyendo todos los espacios que para las comunidades poseen relevancia cultural (material y/o espiritual). Para esto es recomendable

resulta imprescindible que cuenten con el título comunitario

ANDREA FERNÁNDEZ

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HAMBRE, DESPOJO TERRITORIAL Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Estigmatización de las víctimas En el país “granero del mundo”, ¿se mueren niños por destrucción?

Es necesario un debate serio y una decisión política firme para atacar el nudo del problema.

ANDREA FERNÁNDEZ

HÉCTOR RODRÍGUEZ / CATALINA BULIUBASICH

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Se encuentra instalada en nuestro país la imagen de “granero del mundo”, de productor de alimentos en un planeta hambriento. Imagen que posee no menos de una centuria. Ahora bien, en este granero del mundo ¿mueren niños por desnutrición? También este es un hecho suficientemente difundido por los medios y en su ámbito se destaca nuestra provincia de Salta. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se compatibilizan ambas realidades? ¿O alguna de ellas no se ajusta a lo real?

Siguiendo la información periodística más reciente, se destaca que las víctimas de este terrible flagelo son niños indígenas de la región chaqueña, en general wichí.

Si tenemos en cuenta que expedicionarios de inicios del siglo XX que tomaron contacto con esta población constataban su fortaleza y salud, las preguntas que se imponen son: ¿Qué ha pasado? ¿Qué se abatió sobre su gente?

En el año 1994, una investigación realizada en el marco de una Comisión Oficial del Poder Ejecutivo y publicada por ese mismo gobierno, anticipaba para los indígenas y los criollos, de un importante sector del Chaco salteño, en los Lotes Fiscales 55 y 14 –es decir, su población más empobrecida– un futuro de desarraigo, desnutrición y muerte. Este caso, que luego de los años transcurridos, aún pende de solución, demostraba que la misma provenía de resolver la cuestión de la tenencia de la tierra para ambas poblaciones y de detener y revertir un proceso de desertización en marcha. El estudio ponía de relieve que una alimentación suficiente para estas

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la ausencia de un debate serio

no solo inhibe una solución de fondo sino que permite justificar lo actuado

demostró claramente esta precarización en la tenencia de la tierra y sus derroteros a los cinturones de pobreza: el 90 por ciento de las comunidades indígenas carecen de títulos de propiedad de la tierra que ocupan y ya en una extensión insuficiente para su uso. El proceso desatado desde antaño y acrecentado exponencialmente en las últimas décadas no hizo más que realimentar y catapultar el “círculo de la pobreza”.

Con respecto a la población indígena, posee el agravante de que este proceso se desencadena con más virulencia en abierta violación del marco legal de obligada aplicación en nuestro país. No podemos menos que traer a colación el caso Pizarro, en cuyo contexto tomó fuerza la posible aplicación del delito de genocidio para con las poblaciones originarias.

Entendemos que es una grave ceguera perder de vista que el hambre y la desnutrición de los pueblos indígenas de la provincia de Salta se encuentran vinculados a la tenencia de la tierra, al

continuado despojo territorial y a la pérdida de la biodiversidad que generan los desmontes. A esto se suman las graves consecuencias para la salud de las poblaciones sometidas a fumigación directa con agroquímicos.

En este contexto, preocupa que los procesos previstos en el espíritu de la Ley de Bosques o en el postergado e incumplido relevamiento territorial en el marco de la ley 26.160 (contra los desalojos de los pueblos indígenas de sus tierras) puedan transformarse en oportunidades perdidas para corregir el rumbo y avanzar en una solución concreta del problema.

La ausencia de un debate serio sobre las causas no sólo inhibe una solución de fondo sino que permite justificar lo actuado y continuar con una política a través del uso del mecanismo perverso de estigmatización de las víctimas y del desplazamiento y ocultamiento del eje de la responsabilidad. * Antropólogos

ANDREA FERNÁNDEZ

poblaciones, dependía (y depende ahora) de la biodiversidad, ya amenazada, del monte.

En los años siguientes, la política gubernamental tomó un giro cada vez más embarcado en las políticas neoliberales que ya se estaban ejecutando. Sabemos que en el contexto neoliberal, la visión del “desarrollo”, del “progreso” y de la “productividad” se vinculan estrechamente al “crecimiento” como mero incremento de la producción, al avance de la frontera agropecuaria en manos privadas y a la producción mercantil de los llamados commodities, de los bienes agropecuarios. Esta concepción del desarrollo, completamente acrítica, fue incapaz de ver las consecuencias ambientales y sociales que sobrevendrían de la mano de este crecimiento mercantil y empresarial.

Fue incapaz de distinguir entre formas de utilización del monte, entre diferentes formas de producción agrícola y de adecuada utilización de la mano de obra.

De la mano de esta política, la “sojización” del campo, la “pampeanización” del Chaco y la concentración de las tierras generaron riquezas centralizadas en pocas manos, a la par que se destruía la biodiversidad del monte, que familias enteras de campesinos criollos y de comunidades indígenas eran expulsadas de tierras ancestrales, despojadas de sus medios de supervivencia y obligadas a migrar a sectores cada vez más reducidos para su vida.

Otra investigación, realizada ya entre 2006 y 2007 mediante un Convenio entre la Universidad Nacional de Salta y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el departamento San Martín,

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derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición

COMUNICADO DEL PUEBLO WICHÍ

“Que se nos escuche, que se nos respete” En el verano pasado hubo nueve muertes por desnutrición. Ante los comentarios estigmatizantes de comunicadores y funcionarios, la Organización Zonal Wichí Tch´Ot Lhamejenpe sostuvo que se les niegan sus derechos.

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diecinueve comunidades, unas 4.500 personas.

“Somos un pueblo que habita en la zona hace más de siete mil años, con nuestra forma de estar, con un estilo de vida propio, y con mucha sabiduría acumulada con los años”, recordó la Organización Wichi, que también destacó: “Hay años de negación de nuestros derechos, de la dignidad de nuestras personas, de la sabiduría de nuestra cultura. Siempre, como pueblo indígena, estamos dispuestos al diálogo, a la búsqueda conjunta de soluciones, y no a la imposición de una manera de hacer las cosas”.

ANDREA FERNÁNDEZ

En febrero último, cuando hubo varias muertes por desnutrición de miembros del pueblo wichi, la Organización Zonal Wichi Tch’Ot Lhamejenpe, expresó su malestar por los comentarios discriminatorios de funcionarios y comunicadores sociales. La entidad recordó que los pueblos originarios vienen soportando “años de negación” de sus derechos y exigió “una reparación pública de lo expresado por la directora del Hospital de Morillo (Fernanda Siuffi)”.

La médica había intentado descalificar a los indígenas para justificar las falencias de salud en esa localidad. Otros funcionarios, incluido el gobernador Juan Manuel Urtubey, hablaron de “una cuestión cultural” que motivaría la desnutrición.

Nunca hubo pedido de disculpas o retractación, ni de parte de la médica ni de parte de otros funcionarios, y comunicadores sociales.

“Hace diez años que solicitamos, organizadamente, que se nos escuche, que se nos respete en la implementación de políticas públicas”, sostuvo la Organización, que reúne a

La mayoría de las comunidades que integran esta Organización están en inmediaciones de la ruta nacional 81, que une a Salta con Formosa. Otras comunidades están en parajes cercanos a la zona urbana y en barrios de los alrededores de los pueblos de Coronel Juan Solá (más conocido como Morillo), Los Blancos, Capitán Pagé y Pluma de Pato.

La Organización Wichi recordó que en estos diez años han realizado reclamos y propuestas sobre tierra y territorio, recursos naturales, educación, salud, documentación y trabajo.

Respecto del primer aspecto, reclaman la titularización de la propiedad; que se aplique la ley nacional 26.160, y que los ayuden a poner en práctica planes de recuperación y renovación del monte nativo.

Solicitan que se instrumente una educación intercultural bilingüe, se formen docentes indígenas, se nombren auxiliares bilingües, se otorguen becas y haya tutores de apoyo.

Sobre la salud, vienen señalando que no cuentan con información ni participación en el Consejo Asesor Sanitario, que no hay una “investigación sostenida” sobre el fallecimiento de niños de 2000 a 2010; que faltan pediatras, bioquímicos, agentes sanitarios con formación intercultural y auxiliares; y faltan medios de movilidad.

“Desde 1989 a la fecha” han presentado reclamos ante autoridades municipales, provinciales, policiales y de salud por venta de alcohol. Y exigen también “respeto y aceptación de nuestra sabiduría tradicional”.

La Organización ha señalado además que se debe agilizar el acceso a beneficios sociales. Y pide ayuda para generar fuentes de trabajo.

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PODER, ACCESIBILIDAD Y DIFERENCIAS CULTURALES EN SALUD

¿Por qué callan?

El próximo martes se presentará un libro de Alicia Torres Secchi y Tomás Torres Alliaga, especialistas en materia sanitaria en la región andina argentina. Aquí, un adelanto.

ALICIA TORRES SECCHI

La desnutrición en los pueblos originarios, es primero un problema socio-económico, desde el momento que la Constitución argentina demoró 130 años en reconocer la preexistencia de esos pueblos, y 200 años hemos celebrado sin devolverles las tierras de las que vivían dignamente. El libro cita una investigación de la que participamos, que demuestra que son casualmente las metas y cultura local, el mayor factor protector de una buena historia nutricional. Uno de cada cinco niños menores de dos años es desnutrido, pero de los otros cuatro, son las actividades de agricultura y ganadería de subsistencia, más las pautas de crianza que fortalecen esa tarea, el recurso que les permite en un contexto generalizado de pobreza estructural, tener una buena historia nutricional.

En los niños desnutridos inciden más otros factores tales como: bajo peso al nacer por historia de enfermedades y anemia de la madre; escasez de recursos propios cuando son varios hijos, escasez de algunos alimentos y episodios de enfermedades infecciosas sin tratamientos oportunos con la consecuente anemia.

Nuestro trabajo muestra cómo, con el aporte de vitaminas que cualquier pediatra da a los niños en servicios privados, y que conseguimos en Iruya por un proyecto especial porque el hospital no los provee regularmente, resolvíamos anemias de embarazadas y niños pequeños.

Las políticas públicas, han llegado a estos pueblos, siempre como políticas asistenciales, nunca llegaron con políticas que rompieran la dependencia.

Para ellos solo hubo políticas para integrarlos considerándolos ignorantes y bárbaros (con la escuela pública que les marcó la identidad nacional a fuerza de desvalorizar su cultura y que implica aún hoy el fracaso en alfabetización, la deserción y repitencia escolar). O controladoras del cuerpo y formas de vida (con la salud pública la biopolítica) o programas de empleo transitorios que llevan ya más de 20 años, propuestas fragmentadas, superpuestas, que llegan a quienes están más cerca de centros poblados y no a quienes más los necesitan.

Planes que los consideran “sin trabajo” (trabajo tienen, lo que no tienen es ingresos) y para darles un subsidio les exigen dejar sus tareas habituales (cultivos, artesanías, animales) para construir caminos, barrer calles o cocinar en escuelas. Siempre quedan en dependencia, aún hoy, con políticas mal llamadas universales, en proporción son menos los niños de comunidades originarias quienes reciben el ingreso universal, porque, al tener planes sociales anteriores (pensiones no contributivas) no les corresponde. En proporción, los niños de pueblos originarios valen para el estado menos, que los niños de sectores pobres en ciudades o centros urbanos.

Y finalmente, la desnutrición es también un problema sanitario. Por la relación enfermedad/desnutrición, pero además, porque en Salta hemos conocido un sistema sanitario que llegaba a todos, con acciones de baja complejidad casa por casa, con acceso a tomografías o cirugías de alta complejidad, por coordinación entre diferentes niveles de atención.

De hecho, con la simple acción de prevención y detección precoz de los

agentes sanitarios casa por casa, más la derivación y oportuna atención médica de madres y niños, más entrega gratuita de medicamentos, desaparece la desnutrición crónica. Lo hemos comprobado. Sólo que, los agentes sanitarios y profesionales que en toda la provincia sostuvieron esa tarea, dejaron de tener reconocimiento, capacitación y sobre todo, relación con servicios de mayor complejidad. Desapareció la motivación que aseguraba calidad en la atención de servicios.

En Salta desapareció hace años un sistema de salud que trabaje en prevención, detección precoz y asistencia oportuna de baja complejidad, para todos en condiciones de equidad, y gratuito en el momento de la prestación. Hace tiempo que la plata, recursos y prioridades está puesta en la coyuntura, en las emergencias, en quienes viven en centros urbanos o tienen recursos, sin visión de conjunto ni planificación sanitaria con responsabilidad sobre toda la población. otrosterritorios / 7

derechos humanos hoy / represión de la protesta social

POLICÍAS CONTRA ESTUDIANTES EN UNA MOVILIZACIÓN

Visiones estrechas

ROLO DÍAZ

Esta semana que pasó el gobierno de Salta puso en práctica una vez más su estrecha concepción de orden público que solo acepta la represión como respuesta a la protesta social. Esta vez los atacados por la Policía fueron los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera, que realizaban una marcha exigiendo mejoras en el edificio y la provisión de elementos para el estudio.

La represión a niños, niñas y adolescentes, tuvo el efecto contrario al deseado: otros estudiantes, del Colegio Nacional, la Escuela de Música y la Escuela Técnica Nº 2, se añadieron a la protesta. También los padres y ciudadanos no parientes de alumnos participaron de las marchas y manifestaciones que se sucedieron.

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Los chicos y chicas tuvieron la virtud de descolocar a más de uno. Políticos como los jefes policiales y los funcionarios de seguridad de la provincia volvieron a demostrar que no quieren o no pueden recurrir a la política, ensayar prácticas alternativas de resolución de conflictos, como las que está poniendo en práctica la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

Otra legión de integrantes de la vida pública, legisladores, periodistas, comunicadores sociales y ciudadanos que suelen participar en los medios, también quedaron descolocados, con expresiones contradictorias, como esa que exigía que los alumnos se dedicaran a estudiar y no realizaran protestas, sin advertir que el aprendizaje puede también venir por el lado de un reclamo. Que no hubiera ordenanzas para limpiar el edificio, ni que la construcción estuviera más que deteriorada, parecía un dato irrelevante en algunas expresiones que se escucharon por estos días.

Tras idas y venidas, con más manifestaciones públicas, y con la represión a niños y niñas ya instalada en la Legislatura provincial, y con la perspectiva de que la mecha de los estudiantes de Bellas Artes se extendiera a otras escuelas con problemas similares, el gobierno provincial terminó por desautorizar la represión de la Guardia de Infantería y anunció la construcción de “un complejo de bellas artes” que contendrá a la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera, el Instituto de Formación Docente, la Escuela de Música José Lo Giudicce, el Instituto Superior de Profesorado de Arte y la Orquesta Infanto Juvenil.

Mientras se hacen los preparativos para estas obras, parece que algunos quedaron enojados con los niños y niñas que protestaron y eligieron cobrarse como enseñan las viejas malas prácticas: con persecución policial. El jueves se difundió la novedad de que habían sido detenidos cuatro estudiantes que llevaban bebidas y marihuana. La información destacaba que eran del Tomás Cabrera.

derechos humanos hoy / represión de la protesta social ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD?

Freno a las balas CARLOS RODRÍGUEZ

Cuando era funcionario del gobierno bonaerense, Marcelo Saín dijo que el auge del delito tenía estrecho vínculo con la corrupción policial y que esa asociación ilícita crecía bajo el amparo de sectores políticos.

La ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, acaba de reconocer que el problema más grave del gobierno, en materia de seguridad, es la Policía Federal.

Más allá de lo que se expresa en los discursos, y en algunas medidas concretas, como el juzgamiento a los represores de la dictadura militar, el gobierno de los Kirchner no pudo diferenciarse de los anteriores, respecto de la corrupción policial y el “gatillo fácil”. Desde diciembre de 1983 hasta este año, la represión policial fue la causa de muerte de 3093 personas. Eran trabajadores, estudiantes y sobre todo, jóvenes pobres (el 53 por ciento del total) víctimas del “gatillo fácil”.

Hubo 1634 casos desde 2003 bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El año pasado fue Mariano Ferreyra, víctima de la patota sindical con apoyo policial.

Hubo tres muertos por represión en Bariloche y otros tres en el Parque Indoamericano. En este caso, la responsabilidad fue de las policías Federal y Metropolitana, pero todavía no hay policías detenidos.

Sí los hay, de uniforme, por dos muertos y un herido grave en José León Suárez.

ROLO DÍAZ

Aunque se compartan los dichos de Saín y de Garré, lo que sigue faltando es ponerle freno a policías que siguen metiendo bala.

ACTO POR LOS DESAPARECIDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Convocado por ADIUNSa, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta, el día jueves 19 de mayo a las 16 horas se realizará un acto de recordación y homaneje a los docentes y estudiantes desaparecidos.

La actividad será en la sede de Campo Castañares.

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derechos humanos hoy / comunidad qom la primavera

FELIX DÍAZ Y LA BATALLA POR LAS 1300 HECTÁREAS

Identidad indígena y morena Luego de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los qom se reunieron con funcionarios del gobierno nacional y empezaron a buscar soluciones conjuntas.

ALBA SILVA

El acuerdo firmado el lunes 9 de mayo al filo de la medianoche en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior, no sólo mostró y demostró que a la comunidad La Primavera le asiste la razón, sino que puso en evidencia que cuando el Estado nacional interviene las comunidades y pueblos indígenas sienten el inicio del desagravio, una suerte de reparación a sus históricas demandas.

Es el mismo Ejecutivo nacional, cuyo mayor pecado es la falta de reflejos o desconocimiento de los indígenas que derivó en que su injerencia se produjera seis meses tarde; aunque para la comunidad La Primavera los tiempos son otros porque su protesta en las rutas nacionales de Formosa comenzó a inicios de 2010. El Estado Nacional necesitó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que exigió protección, con nombre y apellido para Félix Díaz y los integrantes de la golpeada comunidad, para tomar en serio el caso y dejar de ver al toba como un opositor ligado a Pino Solanas.

Como corolario de dos extensas reuniones en la Casa Rosada, una el 2 de mayo, con 10 / otrosterritorios

Felix. Enseña a sus hermanos las leyes. presencia de referentes de organismos de Derechos Humanos en el despacho del ministro del Interior, Florencio Randazzo y, en la segunda ocasión ya con el ministro de Gobierno formoseño, el ex abogado de la Pastoral Aborigen, Jorge González, se firmó un acta que contiene en primer lugar el tema de la representación de la comunidad, Cristino Sanabria, cacique legal reconocido por Formosa, y Félix deberían consensuar una fecha para la realización de una asamblea que elija al nataxala (cacique en el idioma de los qom). Si no lograran ese objetivo el Estado, ¿provincial o nacional? lo hará el 23 de mayo venidero cuando se realice una nueva reunión para examinar el cumplimiento del acta firmada.

Se prohibió, como si hiciera falta, arrendar tierras comunitarias. En este punto, el segundo, no se menciona pero ese alquiler se hace a terceros para plantar soja (¿?!!).

También se manda a la Administración de Parques Nacionales (APN), presente en la reunión, a buscar soluciones ante la superposición de dominios. En todo caso, lo que pretenden los originarios es el libre acceso a la laguna para pescar y así obtener sustento para sus familias.

El último punto pone fecha: 23 de mayo, y lugar: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la calle San Martín al 400 de la ciudad de Buenos Aires para la reunión en la que los organismos intervinientes informarán sobre los avances.

Un triunfo comunitario Hasta acá los resultados de las negociaciones que, como dijimos, se demoraron varios meses y a los que se puede calificar como un claro triunfo de la comunidad.

El acta no se detiene en otras cuestiones como la salud, los documentos de identidad o el agua, porque la cuestión verdaderamente importante, de fondo, siempre son los territorios y los recursos, así como la representación de la comunidad, de los que emana el bienestar de las familias.

Instalado en el cruce de dos avenidas emblemáticas del centro porteño Félix Díaz planteó una batalla por la dignidad que duró casi seis meses. Durante ese tiempo se acercaron todas las agrupaciones de izquierda y sus legisladores, los que no al poder plantar sus banderas en el acampe se retiraban y los qom volvían a su estado natural, ellos y sus problemas, ellos y su modo de encararlos, ellos y sus convicciones.

Contaron con el apoyo incondicional de la Defensoría del Pueblo de la nación y del ministerio Público de la Defensa o Defensoría General de la Nación, organismos que vigilan la observación de los derechos en todo el territorio.

Ellos, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales

derechos humanos hoy / comunidad qom la primavera (CELS), llevaron el caso a Washington, donde la CIDH emitió su resolución el 21 de abril pasado.

En este tiempo, Félix Díaz y las familias qom llegadas de Formosa para sumarse al campamento –que contaba con un solo baño químico y que, según contaban los indígenas, había que presentar notas ante las autoridades del gobierno porteño para vaciarlo– recibían la solidaridad y apoyo de vecinos que se acercaban todo el tiempo, o los turistas interesados en conocer el caso, y, finalmente, el cuerpo de otros originarios, sobre todo jóvenes, que apoyaron a Félix incondicionalmente.

Entre los músicos, sólo el jujeño Bruno Arias se jugó por el caso, al punto que llevó al qom al escenario Atahualpa Yupanqui, durante el Festival de Cosquín. El resto de los artistas habituales defensores de los derechos humanos brillaron por su ausencia en el conflicto. Excepto Nacha Guevara que no se privó de dar su parecer.

Hasta los corredores del rally más famoso del mundo, el Dakar, se acercaron al acampe o los gremios que pasaban encolumnados el pasado 30 de abril para festejar el Día Internacional de los Trabajadores con un acto en el que habló el camionero Hugo Moyano. Ellos también saludaban a Félix. Nunca un insulto, ni siquiera malestar notaron los indígenas por parte de los automovilistas o taxistas que, de a miles, circulan diariamente.

Durante los meses que se desarrolló el conflicto por las tierras y la demanda de justicia por la muerte de Roberto López en Buenos Aires, el Estado nacional consideró que se trataba de un tema “provincial” y mandó funcionarios del INAI a cuadrarse ante Gildo Insfrán que siguió gobernando como si nada pasara.

Una vez más se constató el desconocimiento que tienen –y que a veces ostentan con orgullo– los funcionarios respecto de los pueblos indígenas y sus problemas. En el imaginario continúa fuerte el concepto de que los argentinos “descienden de los barcos”, como dijo alguna vez Carlos Fuentes tras asegurar que los mexicanos lo hacen de los aztecas y los peruanos de los incas.

Un ex montonero definió en muy pocas palabras la situación histórica y, si se quiere, la relación de la sociedad envolvente y los indígenas en el país “la Argentina se fundó en la masacre a los indios. Hay que entender esto para ver cómo se sale de ese paradigma”. ¿Será necesario un acto de contrición de las autoridades? ¿Un pedido de perdón expreso, claro, fuerte y contundente por parte del gobierno como ocurrió en países como Canadá o Australia?

Arrojados a la marginalidad, al racismo y a la permanente vandalización de derechos, los indígenas reciben el tratamiento de meros pobres por parte de los punteros políticos que muchas veces ocupan encumbrados puestos oficiales y así, nadie sabe

cuándo en la Argentina se comenzará a hablar de un verdadero plan o programa político indígena, tal como demandan las organizaciones de originarios.

A un año de la impresionante marcha indígena, que en tres columnas llegó a la Plaza de Mayo desde distintos puntos del país en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, podemos pensar que algo está cambiando.

Pero eso ocurre sobre el sufrimiento hasta niveles insoportables de los indígenas. Me pregunto cómo medir el aporte que Félix Díaz hizo y seguirá haciendo al pueblo argentino en el reconocimiento de su identidad: indígena, morena.

arrojados a la marginalidad, al racismo y a la vandalización

los indígenas reciben el tratamiento de meros pobres por parte de los punteros políticos

¿Por qué callan, si nacen gritando?

Poder, accesibilidad y diferencias culturales en salud. Iruya 1978-2008 Tiene prólogo del obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo y es una edición del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Será presentado el lunes próximo en Iruya, en un taller. En la ciudad de Salta será presentado el martes, a las 19, en el salón auditorium de ATE (Esteco y Rioja), con la presencia del dirigente nacional Víctor De Gennaro. También se harán presentaciones en Humahuaca y en Jujuy.

Tomás Torres Alliaga es médico generalista, especialista en administración sanitaria. Fue diputado provincial por Iruya entre 1988 y 1990. Alicia Torres Secchi es sicóloga, especialista en sicología social y en planificación y administración sanitaria. Fue secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES) entre 1988 y 1990.

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derechos humanos hoy / trabajadoras domésticas

UN PROYECTO QUIERE EQUIPAR SUS DERECHOS

El servicio doméstico también es trabajo La tarea de mucamas y prestadores de servicios similares se rige por un régimen especial, creado por un decreto que data de 1956, limitativo de sus derechos.

ANDREA FERNÁNDEZ

Con una lógica que solo puede interpretarse como una rémora del esclavismo, hasta estos días el trabajo de quienes realizan tareas domésticas se rige por un régimen especial, el “estatuto del doméstico” creado en 1956, mediante el decreto 326 del gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu. Recién el año pasado, en el día internacional de la mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que deroga ese estatuto y regula el trabajo doméstico equiparándolo a cualquier otro trabajo.

Esa iniciativa está actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, sostuvo el año pasado que con la sanción de esta ley se producirá “un acto de reparación con un sector que había sido excluido de los derechos laborales argentinos, poniendo fin a una situación que no tiene ninguna explicación ni justificación”. Se considera que el viejo estatuto, calificado como “el colmo de la flexibilización” por el ministro de Trabajo, facilitó que el 90 por ciento de estas trabajadoras no estuviera registrado. En Salta, el Ministerio de Trabajo de la provincia lanzó ahora una campaña de

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información sobre los derechos que asisten a los trabajadores de este sector.

La campaña apunta a lograr conciencia para que las propias empleadas de casas particulares insistan para que su empleador las registre debidamente y realice los aportes que corresponden por ley. Las trabajadoras domésticas no pierden el beneficio de la asignación universal por hijo aunque estén registradas como empleadas.

Todo mal El decreto 326 establece categorías de empleados domésticos, con distintos sueldos: institutrices, preceptores, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, damas de compañía y nurses; cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares; cocineros/as, mucamos/as y niñeras en general, auxiliares para todo

trabajo, ayudantes/as, jardineros y caseros; aprendices en general. Y permite que estos aprendices se inicien a los catorce años. En general estatuto de 1956 establece condiciones de trabajo desfavorables para los empleados. Solo rige para aquellos que trabajan al menos cuatro horas por día y cuatro días por semana con el mismo empleador, con lo que deja fuera de toda protección a las trabajadoras que se desempeñan por horas en distintas casas. El preaviso por despido solo es obligatorio en el caso de que el empleado tenga un mínimo de noventa días de antigüedad. Y se debe realizar con solo cinco días de anticipación si la antigüedad es inferior a dos años, y diez días antes si la antigüedad fuera mayor. La indemnización por despido es de solo medio mes de sueldo por cada año o fracción superior a tres meses de servicio si la antigüedad es mayor de tres años. El estatuto prevé que luego de diez años de trabajo un empleado puede tener veinte días hábiles de vacaciones, el máximo posible. Si el empleado tiene entre cinco y diez años de trabajo, las vacaciones son de quince días hábiles; y si la antigüedad fuera inferior a cinco años, pero superior a un año, de solo diez días hábiles. Además, determina que “el empleador tendrá el derecho de fijar la fecha de las vacaciones, debiendo dar aviso al empleado con veinte días de anticipación”. En cuanto al reposo diario, otorga nueve horas consecutivas de descanso para las empleadas, aunque podrá ser interrumpido por “causas graves o urgentes”, un descanso diario de tres horas entre las tareas matutinas y las vespertinas y un descanso semanal de 24 horas corridas “o en su defecto dos medios días por semana”. El decreto 326, y su

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decreto reglamentario, establecen también que los “empleadores podrán convenir especialmente, en caso de que el empleado conviva con un miembro de su familia, la reducción del sueldo en dinero a pagarse, teniéndose en cuenta las prestaciones que en alojamiento y/o comida reciban del principal”. El artículo 11 del decreto reglamentario autorizaba expresamente al empleador a “requerir el auxilio policial” para echar a un empleado despedido. El artículo 19 de este reglamento carga la obligación de contar con la libreta de trabajo a los propios empleados, sobre los que se prevén multas onerosas para el caso de que se los descubriera “prestando servicios sin poseer” la libreta.

Cambios El proyecto de ley que está en tratamiento ahora mejora la situación de quienes trabajan en casas particulares.

Ahora el régimen alcanza a todos los trabajadores, sin importar la cantidad de horas y de días laborables. El preaviso por despido tiene que ser dado con un mes de anticipación para el caso de los que tengan menos de cinco años de antigüedad y de dos meses a los que superen este tiempo.

La indemnización por despido será de un mes por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses.Las vacaciones serán de catorce días hasta los cinco años de antigüedad, de 21 días hasta los diez años y de 28 días para quienes cuenten con más

de diez años de trabajo. Y se prevé que tengan cobertura por accidentes de trabajo y licencia por maternidad.

Datos del Ministerio de Trabajo de la Nación indican que en el país hay alrededor de un millón de empleadas en casas particulares. El 90 por ciento que trabaja sin estar registrado no cuenta con obra social ni se le hacen aportes para la jubilación. Tampoco tiene un seguro alguno y no tiene vacaciones pagas ni licencias por enfermedad o maternidad.

El 74,3 por ciento del total de empleadas domésticas se retira cada día. El 77 por ciento tiene un solo empleador y el 55 por ciento trabaja más de cuatro horas.

las trabajadoras domésticas

no pierden el beneficio de la asignación universal por hijo aunque estén registradas Buenas costumbres Dos artículos pintan el espíritu del decreto 326. Exigen lealtad, respeto y confidencialidad a los trabajadores del servicio doméstico. “Será obligación de los empleados domésticos guardar lealtad y respeto al empleador, su familia y convivientes, respetar a las personas que concurran a la casa, cumplir las instrucciones de servicio que se le impartan, cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia, observar prescindencia y reserva en los asuntos de la casa de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones, guardar la inviolabilidad del secreto familiar e materia política, moral y religiosa y desempeñar sus funciones con celo y honestidad, dando cuenta de todo impedimento para realizarlas, siendo responsables del daño que causaren por dolo, culpa o negligencia”, dispone el artículo 5.Y el 6 advierte: “Además del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, las injurias contra la seguridad, honor, intereses del empleador o su familia, vida es honesta del empleado, desaseo personal, o las transgresiones graves o reiteradas a las prestaciones contratadas, facultan al empleador para disolver el vínculo laboral sin obligación de indemnizar por preaviso y antigüedad”.

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PROCESAN A INDÍGENAS QUE DEFENDÍAN SU TERRITORIO

Con distinta vara

ROLO DÍAZ

Para la justicia salteña, fueron violentos los lules que trataban de impedir el avance sobre tierras que reinvidican. La denuncia la hicieron los policías, que estaban armados y los reprimieron. Para la justicia no hay violencia en la falta de aplicación de las leyes que suspenden desalojos.

LAURA URBANO

La acción conjunta del aparato estatal en la que se incluyen el proceder policial avalado al calor de la resolución de un juez penal, admite solo la “violencia” de la comunidad indígena de Finca Las Costas sobre la fuerza policial. Por el contrario, cuando se trata de evaluar a la otra parte del enfrentamiento, omite la represión de hecho de los uniformados, y la otra violencia que se construye al dejar en el olvido leyes que insisten en la necesidad de reconocer los territorios indígenas.

Se habla aquí de la reciente resolución del juez de Instrucción Formal de 3ª Nominación, Pablo Farah, que procesó a quince integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas por “turbación de posesión en concurso ideal con resistencia a la autoridad, agravado por la participación de un menor”. Esta resolución se refiere a los incidentes que se produjeron el 20 de enero de 2010, cuando la Comunidad decidió oponerse a que el Jockey Club construya canchas de rugby en el territorio que entienden, les pertenece.

La historia de lucha de los lules no se reduce a este hecho. Desde el gobierno de Juan Carlos Romero se los viene amenazando con desalojos en tierras cuyo 14 / otrosterritorios

precio inmobiliario, según las estimaciones, es de 55 dólares por metro cuadrado.

Incluso funcionarios romeristas hablaron con integrantes de la Comunidad de su intención de hacer un “country”.

El Poder Ejecutivo también salió a arremeter contra la Comunidad con el fundamento de que Finca Las Costas es una zona calificada como reserva hídrica y de usos múltiples. Se omitió recordar esta característica cuando se decidió que los autos que competían en un rally internacional pasaran por las tierras en las que la Comunidad cría sus animales.

Para esta competencia se dispusieron horarios estrictos para que los indígenas no salgieran de sus casas. O cuando se decidió otorgar las tierras en “comodato” para entidades como la Asociación de Caballos Peruanos de Paso o el Jockey Club, organizaciones cuyos socios, se presume, no tendrían en principio necesidad de contar con un terreno donado por el Estado.

Esta realidad es diametralmente distinta a la de las comunidades indígenas, que hacen posesión y defensa de sus territorios de los que son desalojados. La mayoría de los administradores de los poderes estatales vuelcan (con parcialidad), los códigos

penales y civiles para imponer mediante la fuerza, más que por la razón, su visión: los indígenas están equivocados en su lucha, porque la ejercen con violencia. De hecho, Farah describe en su fallo de procesamiento que “armados con palos de hierro y escoba”, además de “arrojar piedras”, los indígenas actuaron por órdenes de “cabecillas” que incitaron “en todo momento a hacer uso de la fuerza y de la violencia colectiva en contra de las fuerzas de seguridad”. Los policías, que protegieron en aquella jornada los arcos de rugby del Jockey Club con itakas, gas pimienta, y cubiertos con chalecos, cascos y escudos, son los damnificados y denunciantes de los lules. Las denuncias de la Comunidad contra los uniformados, al menos hasta ahora, no tienen resolución ni procesados.

El “goce pacífico” de la posesión Dos meses antes de la situación que generó la resolución judicial de procesamiento, los lules habían tomado conocimiento de que el Jockey iba a instalar canchas de rugby. Con este fin Walter Condorí, a cargo de ese terreno, había hecho un contrato con el Jockey, para subarrendar cinco hectáreas. Condorí adhirió a un comodato que hizo firmar Juan Carlos Romero durante su gobierno.

judiciales / pueblos originarios LA MUERTE DE UN MILITANTE DE LA VIDA El instrumento indica que “queda terminantemente prohibido al arrendatario, el cambio de destino del predio cedido en arrendamiento, su cesión sea por arrendamiento o subarrendamiento, comodato, concesiones totales o parciales, transitorias o permanentes, gratuitas y onerosas, en general a todo título”. La excepción para el Jockey Club -que pagará entre 12 y 16 pesos por mes por las hectáreas subarrendadas, fue permitida por orden del gobernador Juan Manuel Urtubey.

Los lules hicieron conocer su desacuerdo con la pretensión de instalar canchas en terrenos que reclaman como propios y radicaron las denuncias por usurpación en contra del Club. No obtuvieron respuestas.

El Jockey, durante la feria judicial y con un procedimiento que duró dos días, consiguió una medida cautelar para que se evitara la intervención de los indígenas en los terrenos. Esa medida cautelar se usó como excusa para ordenar la represión del 20 de enero de 2010. Con esa medida se vulneró “el principio de defensa que bajo ningún concepto puede ser ignorado”. La jueza Milagros López actuó “con ligereza” por “mero pedido del fiscal” Guillermo Akemeier, y “sin indagar previamente en base a qué eventual derecho los miembros de la Comunidad obraron en consecuencia” para impedir el ingreso del Jockey a su territorio. Estos últimos argumentos fueron vertidos por los jueces Adolfo Figueroa y Edgardo Albarracín, integrantes de la Sala III de la Cámara de Acusación, que anularon la medida cautelar por la cual se justificó la represión contra los lules. Pero para otro juez, Farah, esta anulación no cuenta frente a la manifiesta violencia de los lules contra “el goce pacífico de los derechos posesorios” que hacía el Jockey Club. El juez no concibe que la Justicia que administra y en la que se garantiza el goce de algunos, tenga como respuesta la defensa con palos de escoba y piedras, de quienes sufrieron un claro avasallamiento de sus derechos.

Partió de la Pacha ELENA CORVALÁN

A los 28 años de edad, cuando era considerado un engranaje fundamental en la lucha de los pueblos originarios de Salta, Ambrosio Casimiro, autoridad de la Comunidad Diaguita La Aguada, falleció el 10 de este mes en el Hospital Del Milagro, adonde había sido internado cuatro días antes, para ser tratado de una neumonía. Si la muerte es injusta por definición, cuanto más cuando se lleva a un joven, y más todavía si es un actor social: “Es como que el poder sigue dominando.

Porque no tendría que existir esto de andar así. Tendría que haber estado en su casa, comer bien”, se lamentó Cristina Pérez, de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND). Es que Ambrosio viajaba todo el tiempo.

Sin embargo, la Pacha le concedió el don sagrado de dejar semilla. Su amor por esta Tierra y por sus hermanos representa hoy, aún en el dolor, una enseñanza que las comunidades que lo conocieron sabrán reconocer y seguir. Como lo planteó su amigo Daniel Viqui, de la Coordinadora de Pueblos Andinos: convocó a la unión de los pueblos originarios, a que “reciban el legado del hermano Ambrosio”.

Si la partida de Ambrosio fue un golpe para las comunidades que habitan el territorio de la provincia, y lo fue más para el pueblo diaguita calchaquí, fue también una oportunidad para la reunión y la reflexión. Para verificar, una vez más, la luz de algunas personas que, por cercanas, suele costar ver. Hasta que un golpe como éste de la partida las muestra en toda su extensión, en toda su luminosidad.

Los que conocieron a Ambrosio lo van a recordar por su militancia, su rebelión frente al injusto trato que siguen recibiendo los pueblos originarios. Pero también lo recordarán por su alegría, su sonrisa clara, su paz, su sabiduría para entender que había que apropiarse de los conocimientos de los que dominan, para liberarse.

Ese conocimiento que se preocupó en transmitir a su gente. “El luchaba por los más necesitados, por los pueblos originarios. Nos enseñaba mucho en el tema de la comunicación social”, lo recordó Ismael Viveros, autoridad de la Comunidad de Las Pailas que en diciembre del año pasado sufrió un desalojo y aún continúa luchando para que le restituyan sus tierras. Ismael dice que la partida de Ambrosio es “una pérdida irreparable” para ellos. Claro que el joven dirigente era imprescindible, como imprescindibles son las personas. Pero habrá otros Ambrosios. Que no dude Ismael.

Los representantes de distintas comunidades que llegaron el miércoles a Cachi para rendirle honores, lo llevaron en una última recorrida por esos lugares que tanto visitó cuando pisaba la Pacha. Hasta que lo dejaron en el cementerio, “con la cabecita mirando al Nevado de Cachi”, contó Daniel Viqui. Si es verdad que los muertos no están muertos mientras alguien los recuerda, no es cierto que Ambrosio esté muerto. Lo atestiguan tantos sentimientos compartidos. “El debe estar sentado al lado de Juan Calchaqui, conversando, viendo cómo iluminar a su gente”, piensa, reza, Daniel.

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Señor Vargas Llosa: por Josefina Adrover Soy, como usted, una comunicadora. Usted lleva la ventaja de la pluma literaria. Yo me remito a la comunicación popular, oficio que aprendí en el diario La República, en el Perú. Soy argentina y me crié en el Perú. Por lo tanto, tengo una sola Patria: la Grande.

Esa mayúscula identidad me invitó a leer las obras de nuestros escritores latinoamericanos. Entre ellos, uno que le recomiendo: El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Por mi parte quiero contarle que leí su libro Pantaleón y las visitadoras. Me gustó mucho. Aprendí con usted lo patéticos que son nuestros militares moldeados por las potencias gringas (…)

Si algo me enseñó mi país es que hay mucho que desaprender.

Para eso sacamos la nueva ley de medios en Argentina, una revolución cultural que llevó el bisturí hasta el hueso en eso de cuestionarnos ¿quien cuenta “la realidad”? ¿desde dónde? ¿qué intereses se defienden? ¿cómo se moldea un pueblo? ¿quién gana? ¿quién pierde? (…)

Tanto geográfica como ancestralmente Salta es igual al Perú. ¡Bueno, es una región propia del Tahuantinsuyo! (…)

Por eso Salta tiene dos mundos, qué digo mundos… ¡dos galaxias! Un patriciado rancio, heredero hasta en la última vocal de su doble apellido de la vieja colonia española; conservador, acumulador, apropiador de tierras originarias; cuya única actualización histórica, es la tecnocracia neoliberal, visible en la administración empresarial del Estado provincial, en el más alto índice de desempleo del país, en las relaciones con los poderes transnacionales de intereses concentrados, en un falso federalismo que esconde la autonomía separatista provinciana, similar a la medialuna boliviana… o en el diámetro minúsculo del brazo de un niño de Tartagal cuando se muere por desnutrición.

La otra Salta (…) es la del inmenso mosaico cultural. Una joya en la Argentina que cuenta con todos los climas, todas las geografías, todos los colores y la mayor concentración étnica de la Nación: ¡Nueve Culturas! (…). Si tiene suerte podrá ver en vida los pómulos gastados de los niños en la puna tal como lo exhiben los niños momias del incanato, hace 500 años ofrendados a la Pachamama y hoy exhibidos en los museos profanadores de tumbas y cultos, en el centro de la Ciudad frente a la plaza, a un costado de la Catedral.

No se asombre cuando descubra que la Cultura está bajo el ejido del Ministerio de Turismo. Por lo que se reduce a la imagen de un aborigen tejiendo en la vidriera de la Casa de Salta, en Buenos

Aires, a las gigantografías con la foto de una llama o al palabrerío de la oligarquía criolla en un libro ponderando al gaucho… o a un poncho que seguramente le regalarán.

Los medios informaron que se quedará varios días para hacer turismo, pero que primero iba a almorzar con el gobernador.

Seguramente le habrá contado a Urtubey cuáles son los principios de la Sociedad de Mont Pelerín. Seguramente también le habrá hablado de la unidad en esa sociedad, de personajes como Aznar, cómplice de Bush en la guerra contra Irak, la cual usted mismo promovió transmitiendo desde el lugar; de cómo se reacomodan los nuevos generales, herederos de Milton Friedman en la Escuela de Chicago (…). Se habrá tentado de convencer al gobernador reelecto y actual adalid del peronismo de derecha en la Argentina, que reúne todas las condiciones para referenciar otro modelo de país, distinto al del matrimonio de los Kirchner; que se avecinan los tiempos en que las potencias desarrolladas del norte aleccionarán de una vez por todas a las subdesarrollas del sur, y que para eso está la cuarta flota.

Habrá elogiado en la mesa no sólo el buen vino, sino también la actitud díscola y prudente del joven gobernador cuando no apoyó las leyes de matrimonio igualitario, la de medios o las retenciones a los exitosos de la soja. Le habrá aplaudido el gabinete de expertos de la anterior administración, la mansa relación con los amigos del opus dei, la enseñanza del culto católico obligatorio en las escuelas, la prohibición de la educación sexual y la mesura en cada declaración para no quedar evidenciado en una sola línea ideológica. (…)

Desde el respeto que me inspiran sus obras y desde el rechazo que me pueden sus declaraciones políticas, me despido con una aclaración y un par de pedidos: Aclaración. Más allá de si le importa o no, quiero decirle que elegí ser comunicadora popular porque a diferencia de sociedades como la de Mont Pelerín, la comunicación popular defiende intereses populares. (…)

Primer pedido: cuando elija ser más que un escritor y husmear en el a veces lodo y otras prado mundo de la política, tiene que hacerse cargo. Y cuando saque el estilete del hombre político no saque el escudo o el preservativo del escritor.

Segundo pedido: reflexione sobre el concepto libertad. Vea la película Revolución de nuestro compartido libertador José de San Martín quien dice sabiamente: “¡No luchamos por cualquier libertad!”

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