"Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia"

Un suplemento de

año 1 número 8 21 de mayo de 2011

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA

Violencia doméstica Un problema mundial que pocos quieren ver.

La situación en Salta.

La oficina de violencia intrafamiliar.

Páginas 2, 3, 4 y 5

DDHH HOY Se seca el Pilcomayo Las consecuencias las pagan los pescadores pobres Páginas 6 y 7

Fondos de la Ley de Bosques Reclamos que no tienen respuesta

ARIAS

Páginas 10 y 11

MEMORIA El juicio por la desarición de Miguel Ragone La actuación de la Triple A en el NOA. Los beneficios de la prisión domiciliaria.

Páginas 12, 13, 14 y 15

derechos humanos hoy / violencia doméstica

UN PROBLEMA MUNDIAL

Lo que nadie quiere ver ANDREA FERNÁNDEZ

COLECTIVO EDITORIAL OTROS TERRITORIOS

La violencia doméstica es uno de los principales problemas en el mundo. Es antiguo; tal parece, desde que los seres humanos existimos como tales.

A pesar de ello, recién en 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dedicó un voluminoso informe. La describió, la tipificó y la exhibió como un problema que aqueja al mundo entero, con sus consecuencias para las economías del mundo, un dato no menor. La OMS señaló también lo obvio, que la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar, como se la llama, se ensaña particularmente con las mujeres, y con los niños en segundo lugar.

Las víctimas se cuentan por millones y hay quienes hablan de un holocausto. En la Argentina se estima que el 85 por ciento de las víctimas son mujeres.

Aunque las estadísticas son parciales, queda claro que en el país la violencia doméstica sigue en

otros territorios información y análisis sobre derechos y justicia Suplemento de Nuevo Diario

crecimiento. Lo mismo ocurre en la provincia, según datos de la Corte de Justicia.

El reconocimiento de la existencia de una violencia en el seno familiar, dirigida en gran mayoría hacia mujeres y llevada a cabo en gran medida por varones, llevó a que desde la década del 90 comenzaran a tomarse algunas medidas, como el dictado de la Ley

24417, de protección contra la violencia familiar, que en Salta tuvo su correlato en la Ley 7403. Hoy existe una Oficina de Violencia Familiar, un equipo de especialistas que trata de ayudar a las víctimas.

Sin embargo, desde la representación pública la violencia (ni hablar de las acciones privadas) doméstica

sigue siendo ninguneada. Tal vez porque este tipo de violencia tiene sus raíces en otras rémoras. Tal vez eso explique la manera en que la expresión pública, la narración pública de estos hechos, tiende a ignorarlos, a invisibilizarlos y hasta a justificarlos.

De eso, y de otras cuestiones de interés, vamos a hablar en este número.

21 de mayo de 2011 año 1 • número 8

/otros territorios otros territorios@yahoo.com.ar

Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios / Colaboradores: Laura Urbano, Alba Silva, Eloy López, Elena Corvalán, Florencia Lance, Martín Ávila / Arte de tapa: Roly Arias / Ilustraciones: Andrea Fernández / Fotografías: Hugo Tapia, Violeta Gil Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884

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derechos humanos hoy / violencia doméstica

CADA VEZ MÁS HORAS CON PROBLEMAS

Golpes, insultos, maltratos Salta sigue la tendencia mundial: la violencia en las familias crece. La mayor parte de las víctimas son mujeres. La mayor parte de los victimarios son hombres.

“Un claro sesgo” En total, en toda la provincia, en 2009 se iniciaron 36.018 causas por hechos de violencia familiar. Más del 78 por ciento se concentró en la ciudad de Salta.

El informe del Poder Judicial detalla que hasta los 18 años “la distribución de sexo no tiene incidencia y afecta a los menores por igual sin distinguir si se trata de varones o de mujeres”. En cambio, a partir de los 19 años, las estadísticas demuestran “un claro sesgo hacia el género femenino, con especial incidencia

en los rangos entre 19 y 21 años (82 por ciento de las víctimas son mujeres) y entre los 22 y 29 años (78,4 por ciento). Hasta los 49 años la porción de mujeres víctimas supera el 70 ciento. Luego de esa edad se mantiene por encima del 60 por ciento.

El 75 por ciento de los señalados como victimarios son varones. La franja etárea más agresiva se concentró a partir de los 40 años, cuando alcanzó el 77 por ciento: “De cada cinco denunciados, cuatro corresponden al sexo masculino”, precisó el Poder Judicial.

el Poder Judicial de Salta viene intentando acciones para detener el crecimiento de la violencia doméstica. Sin embargo, la

tedencia sigue en alza.

El relevamiento también ratifica que en la mayor parte de los casos los agresores son parientes de las víctimas.

En el 43,5 por ciento de los casos se trataba de un “cónyuge, ex cónyuge, novio y pareja del mismo sexo”. Un 16,4 por ciento eran hijos o hijastros; y un 7,7 por ciento eran padres o padrastros.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe precisa que es mayor la incidencia de la violencia doméstica en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

ANDREA FERNÁNDEZ

Desde mediados de la década del dos mil el Poder Judicial de Salta viene intentando acciones para detener el crecimiento de la violencia doméstica. Sin embargo, la tendencia en alza sigue. Los especialistas explican que el sostenimiento de esta mala práctica se debe en buena medidas a la persistencia de la discriminación por género.

En 2010 el 3,39 por ciento de los habitantes de Salta Capital tuvo este problema en su seno familiar, según datos de la Corte de Justicia.

Ese año la Corte registró 14.166 casos de violencia familiar en esta ciudad, cuatro mil más que los contabilizados en 2009. Por su densidad poblacional, la ciudad de Salta concentra la mayoría de estos hechos.

Como en años anteriores el Poder Judicial determinó que “las mujeres son mayoría entre las víctimas”; alcanzan el 67,37 por ciento de los casos. Entre ellas “el rango etáreo más perjudicado es el que va entre los 22 y los y los 39 años donde se ubica más de la mitad de las nueve mil 543 mujeres registradas en las causas”.

En cambio, la porción de víctimas varones adultos es menor: solo el 1,39 por ciento del total. El resto de varones víctimas, el 31,24 por ciento, tienen entre cero y 18 años. Los datos demuestran que en Salta se sigue el patrón mundial para este flagelo: la mayor parte de las víctimas son mujeres, adultas, niñas y adolescentes, y niños.

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derechos humanos hoy / violencia doméstica

ATENDERÁ TAMBIÉN EL BARRIO SOLIDARIDAD

Un equipo para recibir denuncias La comisaría del barrio Solidaridad y una experiencia inédita. Un abogado, una sicóloga y un asistente social estarán ahí todos los sábados para atender casos de violencia familiar.

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ANDREA FERNÁNDEZ

La experiencia es posible gracias a un convenio de cooperación que firmaron esta semana el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner.

Con la finalidad de “seguir avanzando en la atención interestamental de la violencia doméstica”, el acuerdo abre la puerta para que los equipos interdisciplinarios de la Oficina de Violencia Intrafamiliar (más conocida por su sigla, OVIF) reciba denuncias, o consultas, en las mismas comisarías.

La experiencia, piloto, se iniciará hoy en la Comisaría 17, que comprende el populoso barrio Solidaridad, informó la secretaria de la Oficina, Claudia Quiroga.

La atención en la Comisaría será durante todos los sábados, desde las 7 y hasta las 23. “Se elige Solidaridad porque dentro del mapa es la zona de la que más denuncias se reciben”, explicó la funcionaria.

La OVIF es parte del Poder Judicial de Salta. Fue creada en noviembre de 2010 con la finalidad de facilitar el acceso a la administración de justicia. “Es para contar con una atención integral desde que se presenta la denuncia”. Las denuncias son recibidas por equipos integrados por un abogado, una sicóloga y un asistente social y, si el caso lo amerita, la víctima es atendida por un médico.

Este equipo interdisciplinario da contención y apoyo a las víctimas y realizar el “primer informe preliminar de riesgo” que es acercado al juez de Familia de turno para que disponga las medidas que considere pertinentes, de acuerdo a la ley de protección a las víctimas de violencia familiar, 7403, que establece procedimientos sumarísimos.

Orientación Desde que se creó, la OVIF intervino en 1377 casos, de los cuales aproximadamente 400 son denuncias. Es que en la práctica la Oficina funciona también como un lugar de consulta sobre los conflictos familiares y recibe las visitas de mujeres que no saben que están inmersas en una situación de violencia pero son concientes que están ante un problema.

“Estamos para brindarle orientación, información sobre los cursos de acción a seguir, las diferentes alternativas que tiene sobre la problemática que planteas”, detalló Quiroga. De esta manera la persona “se va sabiendo qué tiene que hacer”, cuáles son los recursos con los que cuenta.

La OVIF trata también de articular acciones con otros organismos del Estado, como el Programa de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Promoción de Derechos.

Ni bien se creó, la Oficina recibió mucha afluencia de gente, luego hubo una baja de concurrencia para comenzar después a subir. “Es muy fluctuante, muy cíclico” el requerimiento de los servicios de la OVIF, indicó la secretaria, quien subrayó que este dependencia del Poder Judicial “está para las personas y ojalá la mayor cantidad de víctimas de violencia familiar se vean beneficiadas con la intervención del equipo interdisciplinario”.

Destacó que el abordaje de la problemática es distinto al que se ofrece en las comisarías y es “en beneficio de la víctima”.

Dónde se atiende/ La OVIF atiende todos los días sin excepción, de 6 a 23, en General Güemes 1551. Teléfonos 437 0484/85. Los sábados, de 7 a 23, atenderá también en la Comisaría 17 del barrio Solidaridad. ¿Quiénes pueden denunciar?/ Toda persona que sufriere por acción, omisión o abuso, daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito, por parte de algún integrante del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos.(Artículo 1, ley de protección a las víctimas de violencia familiar).

derechos humanos hoy / violencia doméstica

Las víctimas siempre son víctimas ANDREA FERNÁNDEZ

MARTÍN ÁVILA

Reacciones y acciones El aumento de las causas judiciales por hechos de violencia doméstica provocó que en todo el país los poderes judiciales encaren cambios para tratar de dar respuesta a esta problemática. En Salta el sacudón para iniciar una toma de conciencia de este problema lo dio (entre otros tristes casos) el asesinato de Rosana Alderete y dos de sus tres hijitos, en 2004.

La hija, todavía niña también, que logró salvarse a duras penas, se convirtió en una acusación viviente para los organismos que debían y no habían actuado en tiempo y forma.

En 2006 se promulgó la Ley 7403, de protección a las víctimas de la violencia familiar. En 2008, en Rosario de la Frontera, los superiores tribunales de justicia del NOA y los jueces de familia de la región se comprometieron a atender la violencia familiar “sobre la base de cuatro principios fundamentales: prevenir, proteger, intervenir a tiempo y reconstruir la vida de las víctimas”.

Este compromiso está de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico II del Poder Judicial, que se propone “cerrar la brecha existente entre la demanda de la sociedad y el servicio que realmente presta la justicia, asegurando una atención adecuada, con calidad de servicio, celeridad, información confiable y oportuna y amplia seguridad jurídica”. En mayo de 2010, la Corte emitió la acordada 10.630, de creación de la OVIF, con el fin de dotar a los Juzgados de Familia “de los medios imprescindibles que permitan garantizar a las víctimas un efectivo acceso al servicio de justicia”.

Violencia contra la mujer/ Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad.

ANDREA FERNÁNDEZ

Qué es violencia/ La violencia contra la mujer puede manifestarse de muchas formas. A través del abuso sexual, físico o emocional por la pareja; el abuso físico o sexual por familiares u otras personas; el acoso y el abuso sexual por figuras de autoridad (como profesores, policías o empleadores); el tráfico para trabajos forzados o explotación sexual.

En su programa Susana Giménez le pregunta a Victoria Vanucci “¿qué hiciste para que te pegue el Ogro Fabiani?”.

Vanucci contesta: “no hice nada”. En Duro de domar debaten el tema y las dos panelistas mujeres del programa parecen no estar de acuerdo... Una de ellas dice que Susana Giménez tiene responsabilidad en su rol de comunicadora, por lo que no puede justificar la violencia culpando a la víctima. La otra panelista, dice que la pregunta de Susana es la pregunta de una ex mujer golpeada, porque «¡imaginate!, lo que ella habrá pasado con Monzón» (y con otros). Un mismo hecho, dos miradas diferentes. Interesante debate, pero más interesante aún es que estos temas se debatan.

Un análisis de este tipo, debe siempre darse desde una perspectiva de respeto a los derechos fundamentales de las personas, pero sobre todo desde una perspectiva de género, una mujer que sufre la violencia es siempre una víctima. No hay nada que haya hecho o dicho que pueda justificar o habilitar el maltatro. La mujer golpeada está, siempre, en inferioridad de condiciones: físicas, psicológicas o económicas (o todas al mismo tiempo).

Llamar la atención sobre esto es un deber de los que trabajamos para el respeto y la defensa de los Derechos Humanos. Como miembros de una sociedad debemos comprender que no hay motivo o razón alguna que justifique un hecho de violencia y que la lucha por la igualdad es tarea de todos y todas.

Como hombres nos compete analizar lo que hemos hecho hasta ahora y preguntarnos qué podemos hacer para ser mejores compañeros, mejores padres y mejores personas. Al Estado le queda una ardua tarea de mejorar la asistencia a las víctimas de violencia, de promover la defensa de los derechos de las mujeres y de brindarles todos los medios necesarios para que puedan construir su autonomía y sostenerla. A las mujeres les toca instar el cumplimiento de sus derechos, no cesar en la lucha y saber que no están solas, que pueden pedir y aceptar ayuda a fin de salir –de una vez y para siempre– de una vida caracterizada por la violencia y la inequidad, con todo lo que eso implica. otrosterritorios / 5

derechos humanos hoy / ambiente

EL PILCOMAYO SE SECA OTRA VEZ

El río sin agua El año pasado hubo una mortandad de peces. Mientras que las autoridades siguen entre dichos, el Río de los Pájaros vuelve a secarse. Las consecuencias para los pescadores pobres.

El 14 de mayo, el aniversario de la independencia del Paraguay, le sirvió de excusa a Daniel Nieli –y a través de él, a los habitantes de Misión La Paz– para intentar, otra vez, llamar la atención sobre lo que en la zona se vive como un desastre ecológico: la falta de agua en el cauce del río, que mata peces y deja con hambre a las comunidades originarias ribereñas de Bolivia, Paraguay y Argentina.

A más de 540 kilómetros de Salta capital, Misión La Paz es la localidad argentina más cercana al puente internacional sobre el Pilcomayo, que la separa de Pozo Hondo.

Daniel le escribió una carta al presidente Fernando Lugo.

Le pidió ayuda con el problema de las aguas del Pilcomayo.

Una acción más de las que vienen encarando desde que en julio del año pasado se dieran con el agotamiento del agua que, aunque contaminada por las extracciones minerales en Bolivia, sabía proveer su riqueza de sábalos gordos.

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Dicen que el problema es que los menonitas asentados en Paraguay desvían el agua para sus establecimientos de ganadería intensiva.

Otros, como Pedro Lozano, escribieron cartas al canciller Héctor Timermann. Y el diputado provincial Ramón Villa mandó una nota al Defensor del Pueblo de la Nación.

En su afán por difundir la situación recurren a las nuevas tecnologías. Youtube ayuda a mostrar la sequedad y la mortandad. A mostrar que a tanta gente le afecta, de Colonia Crevaux y de María Cristina; de Santa Victoria y de Boquerón, no importa de qué lado de la frontera se esté. Impacta el montón de peces corroídos por la putrefacción, impacta tanta gente tratando de encontrar las soluciones que se niegan a llegar. Hay reuniones en Argentina, y con Bolivia y Paraguay, en el mejor ejercicio de la política.

La cosa comenzó en julio de 2010 y, luego de que se habían

prometido soluciones, ahora se esta repitiendo, otra vez el río se está quedando sin agua, y los peces están muriendo. “La gente de acá se va hasta Formosa para buscar pescado. Para comer”, contó Hortensia Villa, wichi de la Comunidad Kilómetro II, a la vera de la ruta provincial 54, entre Santa Victoria Este y Misión La Paz. La semana pasada su esposo, el maestro bilingüe Amancio Martínez vio el agua escasa y sábalos muertos.

“La situación es bastante desesperante”, avisó Nieli, quien encuentra el origen del problema en las políticas de la década del 90, “cuando el Mercosur se entiende como la entrega irrestricta de los recursos naturales”.

En 1991 se realizó el proyecto Pantalón, la construcción de dos canales derivadores, a Argentina y Paraguay, de las aguas del río, para que se alimentaran en igual proporción. Según indicaron funcionarios paraguayos, este país hizo una tarea de manteniemiento de su canal, lo que no ocurrió de este lado. Eso

llevó a que las aguas deriven hacia ese lado.

A esta situación se añadió la construcción de un canal realizada por la comunidad menonita. Nieli contó que en la década del 90 del lado paraguayo hubo un desplazamiento de campesinos pobres para permitir el avance de estos ganaderos religiosos, instalados en el país vecino desde hace unos sesenta años “Estos menonitas hicieron un canal y desvían el agua apoyándose en el proyecto Pantalón, que está cinco kilómetros más abajo del actual desvío”, explicó.

La falta de agua, y de peces, que no pueden remontar el río (y la posterior mortandad de animales de los campesinos y originarios), generó el año pasado una movilización de las poblaciones indígenas de los tres países, dado que basan su economía en la pesca.

Para Nieli, es llamativa “la ausencia de acciones de fondo que puedan solucionar de lleno este problema”. El año pasado los gobiernos de Argentina y Paraguay acordaron, en el marco de la Comisión Binacional del Pilcomayo, obras para profundizar el cauce del río. Pero en noviembre pasado otra vez el agua comenzó a decaer del lado argentino y ahora están escurriendo hacia el lado paraguayo.

derechos humanos hoy / ambiente

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO

La mayor de las tristezas DANIEL NIELI*

Ante todo quiero saludarlo, a Usted, a su Gobierno y a todo su Pueblo, que por sentimientos Patrióticos Latinoamericanos, también es el mío.

Este 14 de mayo se cumplirán 200 años desde aquel 1811 en el que los grandes libertarios declararon la independencia del Paraguay; hombres y mujeres del tamaño de Fulgencio Yegros, Vicente Iturbe, Pedro Juan Caballero, José Gaspar Rodríguez de Francia, entre tantos muchos independentistas no pueden quedar ausentes de tamaño homenaje; como es injusto no recordar a quienes día a día lucharon y luchan para que la independencia sea sostenida y defendida.

También quiero señor Presidente, aprovechar esta ocasión histórica para pedirles disculpas a todos los ciudadanos paraguayos que están en su país y a los que se encuentran en cualquier parte del mundo, por los terribles y

horrorosos hechos ocurridos durante la vergonzosa guerra de la triple alianza; 5 años de genocidio por el que aún hoy Argentina, Brasil y Uruguay deberían expresar su más alto repudio público.

Pero, señor Presidente, nuestra alegría este 14 de mayo dista de ser plena; existen dos hechos que, por sí solos, producen la mayor de las tristezas; me refiero al desvío del Río Pilcomayo en la zona conocida como “el Pantalón”, y al asesinato de Claudio González sobre el Puente Internacional Misión La PazPozo Hondo.

El primero de los hechos produjo la mayor mortandad de peces que se recuerde sobre un río internacional; ya durante el año 2010 esa obra de canalización hizo que padecieran hambre miles y miles de pobladores de los pueblos originarios de Argentina, Bolivia y también Paraguay; y ahora, mayo de 2011 la situación se repite con mayor gravedad.

El segundo de los hechos ocurrió el 20 de marzo de 2011, cuando un poblador joven de la Comunidad Indígena de Misión La Paz fue asesinado a golpes por parte de integrantes de la Armada; y aunque ocurrió sobre un puente internacional que no tenía ningún control por parte de Argentina o Paraguay, el hecho al día de hoy mayo de 2011, sigue sin esclarecerse.

Si pensara en un indicador claro de que la República del Paraguay es independiente, lo haría pensando en la Constitución Nacional, por ello, invoco a la Constitución Nacional del Estado que usted tan dignamente representa, para recordar que en el Capítulo ll artículo 15 dice claramente que: “…nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia”, y en el Capítulo l artículos 7 y 8 dicen: “Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el

mejoramiento del ambiente”, “…el delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.”

Este 14 de mayo le pido humildemente señor Presidente, que, además de los festejos patrios, pueda ocupar un espacio de su pensamiento para la familia de Claudio González, y ayudarnos a encontrar Justicia.

Justicia y pensar en el desastre ecológico que está ocurriendo en estos mismos momentos en el Río Pilcomayo, y en las miles de familias que en los meses que siguen no van a tener nada para comer debido a una obra innecesaria Porque de no ser así, como dijo nuestro escritor Eduardo Galeano “Ser independientes es una tarea pendiente”.

Lo saludo atentamente.

*Comunidad Misión La Paz , Salta , Argentina

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derechos humanos hoy / protesta estudiantil

LA POLICÍA DIJO QUE NO ES VIGILANTE

Eso no se hace Viejas y nuevas discusiones. Un comisario fue echado por reprimir a niños y adolescentes.

El ministro de Gobierno aseguró que solo se hace inteligencia criminal. Una militante de derechos humanos, ex presa política, dijo que la D2 no está desmantelada.

VIOLETA GIL

La Jefatura de Policía aseguró esta semana que “no realiza ninguna actividad de vigilancia o seguimiento, aludida y adjudicada errónea o malintencionadamente a nuestra institución”. La desmentida se debe a que en la protesta de los estudiantes del Bachillerato Artístico Tomás Cabrera tres hombres de civil, pelo corto y gorrita, filmaban a los estudiantes. Para los manifestantes, eran policías.

“En el ámbito policial, no existe ninguna actividad o disposición alguna de autoridad policial u organismo

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superior que haya ordenado realizar seguimientos, vigilancias o filmaciones a personas, grupos o entidades en particular”, añadió la Jefatura en un comunicado fechado el miércoles pero que se difundió el jueves último, horas antes de que el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, concurriera a dar explicaciones en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Red por la Defensa de los Derechos Humanos había pedido que fuera interpelado.

El incidente con los supuestos policías que filmaron a los chicos y chicas del Tomás Cabrera ocurrió cuando las actividades de persecución política y espionaje ideológico por parte de la Policía están siendo revisadas en el juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en el que está siendo juzgado el comisario general (r) Joaquín Guil, sindicado como el jefe del área que perseguía a militantes políticos y gremiales.

En el debate se pidió la incorporación de documentos de la Policía que demuestran la existencia de áreas específicas dedicadas a esta actividad: Contralor General, el Departamento de Informaciones Policiales y la Dirección de Seguridad. Todas con acciones de inteligencia sobre las actividades políticas y gremiales. A pesar de que sufrieron cambios en su designación, esas áreas siempre se conocieron en la jerga policial como D2 (Departamento 2). En 2007 se supo que seguían en actividad, cuando realizaron tareas de seguimiento a docentes, políticos y periodistas vinculados a la protesta docente que se llevó a cabo ese año, durante la gestión de Juan Carlos Romero.

“No se realiza inteligencia política, el uso de la inteligencia policial es para cuestiones criminales”, sostuvo Kosiner en Diputados al ser convocado para informar sobre la represión a los estudiantes. El diputado Carlos Morello (Libres del Sur) insistió en que se hizo una filmación de las marchas y pidió que se informe si está en manos de la Policía y con qué objetos se hizo.

Los otros legisladores adhirieron a su pedido.

El ministro insistió en que no se practican tareas de inteligencia sobre partidos o militantes políticos. “No hay ánimo de persecución. Tenemos compromiso con la libertad de expresión”, afirmó. El ministro informó también de su decisión de relevar al jefe de la Unidad Regional Nº 1, Roberto Flores, el funcionario que estuvo a cargo de la seguridad en la protesta estudiantil.

En otro punto de la ciudad, a la tarde de ese mismo día, Mirta Torres, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Gremiales y Sociales, aseguraba, en el acto recordatorio de los desaparecidos de la Universidad Nacional de Salta, que la Policía viene realizando tareas de control y espionaje político desde la década del 50.

“Esa famosa D2, que aún no ha sido desmantelada”, aseguró.

derechos humanos hoy / campesinos EN EL PLANO DEL DERECHO, EN EL PLANO DE LA ORGANIZACIÓN

Ser o no ser indígena ALBA SILVA

ANDREA FERNÁNDEZ

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba absolvió a ocho campesinos enjuiciados como “usurpadores” de sus propios territorios ubicados en el noroeste de Córdoba. El alto tribunal, en lo que el movimiento nacional campesino indígena (MNCI) considera un “fallo histórico”, antepuso los derechos posesorios de las familias campesinas por encima de los títulos de propiedad de un privado.

Sin dudas una medida inédita, que pondría en un plano de igualdad los derechos de los criollos con los de los indígenas con la diferencia que los jueces, para fallar en casos que involucran a los originarios, cuentan con la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de

los Pueblos Indígenas votada en las Naciones Unidas en el 2007.

Los campesinos, en cambio, recién están peleando una ley en el Congreso para impedir desalojos y buscan la manera de titularizar los territorios de ocupación por generaciones los que, justamente, están en la mira de los inversores.

La irrupción del campesinado organizado en el escenario político trajo esperanzas a un sector que históricamente no había alcanzado a establecer herramientas defensivas, a excepción de la experiencia de las Ligas Agrarias en los 70.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que en 2010 cumplió veinte años, sirvió de inspiración a productores pequeños, agricultores familiares, cooperativistas de todo el país que, tras la experiencia de los 90 y con el auge de la soja, encontraban amenazada la posesión de sus campos por desalojos que de un día para otro los dejaban en las periferias de las ciudades.

En la agenda de los distintas organizaciones campesinas no sólo está el tema de la titularización de las tierras sino también el acceso al agua, que incluye la lucha contra el envenenamiento de los cursos, impedir desmontes por fuera del ordenamiento territorial que la ley de bosques dispone en cada provincia; en definitiva, resguardar el derecho a un ambiente sano que todo ser humano posee y la consecuente reproducción de la vida.

El 19 de abril pasado, día internacional de la lucha campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley para frenar los desalojos de campesinos criollos en todo el país.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser o no ser indígena en el plano judicial? Lo explica la abogada Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena (AADI): “Es cierto que los pueblos indígenas tienen mucha normativa y los campesinos no, por eso

tenemos que hacer un análisis de doble vía, por ejemplo, en Santiago del Estero, los campesinos recuperan identidad ancestral en una acción que puede ser estratégica (es conveniente el paraguas jurídico internacional), pero también auténtica (están buscando realmente esa pertenencia cultural)”.

“Esto se está dando a nivel mundial, sobre todo con minorías nacionales que después del desmembramiento de la Unión Soviética buscan espacios de pertenencia; por ejemplo los kurdos que no tienen territorio, o los serbios. Lo que hacen es intentar entrar en la categoría pueblos originarios para aprovechar el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas”.

“Para mí esto que mencionamos de los países del Este europeo es una complicación porque socava la reivindicaciones de los indígenas. Veamos cuál es el fundamento de los pueblos originarios, el hecho de que estaban asentados en los territorios antes de la llegada de los conquistadores. Son preexistentes” a todas las formaciones históricas que en los distintos continentes se dieron los colonizadores.

“Además están las particularidades espirituales, de territorio, de lengua compartida y pautas culturales que tienen continuidad en el tiempo”, sostuvo Ramírez al agregar que “en el caso de los campesinos no es así, aún cuando hayan llegado hace cientos de años no tienen línea de continuidad histórica. Sí pueden argumentar la necesidad de la protección jurídica de la tierra, por ejemplo. Bueno, está claro que el campesinado tiene que avanzar en sus conquistas”, indicó Ramírez en torno a un debate que se impone y que involucra los derechos para miles de familias de campesinos en todo el país. otrosterritorios / 9

derechos humanos hoy / pueblos originarios

OTRA DISCUSIÓN POR FONDOS PARA REFORESTAR

Resguardar derechos comunitarios Fondos de la Ley de Bosques fueron entregados a empresarios que están en tierras disputadas con comunidades originarias. En la zona de Orán una comunidad kolla reclama revisar la situación. Ambiente no contestó.

LAURA URBANO

Mientras que algunos políticos se pelean por supuestas corrupciones en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques, se sigue omitiendo el análisis que apunta a la ilegitimidad de otorgar esos fondos a quienes tienen conflictos con pueblos originarios y, a pesar de ello, reciben dineros destinados, en teoría, a conservar bosques que siguen talando.

Estos casos no se mencionan. No se denuncian si no surge de las comunidades, o de partidos minoritarios que no son escuchados por sus pares. En enero último el Ministerio de Ambiente recibió una nota en la cual se le pedía que suspenda los permisos, con el propósito de frenar la tala, extracción de madera tirada o parada, desmontar, forestar o criar ganados en tierras que reclama la comunidad Kolla Finca San Ignacio, en la zona de Orán. La cartera ambiental no solo desoyó el pedido, sino que además aprobó y depositó 146.740 pesos a los titulares registrales de la finca, que son señalados como quienes llevan a cabo esas acciones contra la Comunidad.

En mayo la Comunidad pidió la suspensión del pago de estos fondos. Y está en análisis

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“jurídico y técnico por parte de (la Secretaría de) Política Ambiental”, informaron desde la cartera ministerial.

Sin embargo, no llegaron las respuestas sobre los motivos por los que se dieron fondos a privados que están en tierras en disputa con los pueblos originarios. Una de las razones, que seguro se aducirá, es que no existe pelea judicial alguna. Y es que aunque las presentaciones se hicieron, el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, rechazó el año pasado un recurso de amparo presentado por la Comunidad con el fin de que se respeten los derechos protegidos por ley.

A pesar de ese rechazo, la Comunidad Kolla, ya en enero, describía en un largo texto presentado al Ministerio de Ambiente, que su hábitat “es sometido a

un constante proceso de destrucción, desplazamiento y dispersión”. La historia de esa forzada migración de la mayor parte de la Comunidad se remite a más de treinta años, momento desde el cual distintos administradores de titulares registrales que apenas son conocidos por la Comunidad, ingresaron a estas tierras invadiendo en nombre de su ley: el papel que en la Dirección de Inmuebles los sindica como propietarios. Los cementerios, las casas, las mejoras, las huellas de la escuela dentro de la Comunidad, entre otros aspectos (sin contar aquí las normativas que reivindican los derechos de las comunidades originarias), representan una realidad ausente a los ojos de los poderes del Estado.

la Comunidad kolla pidió a Ambiente que suspenda los permisos para frenar la tala.

La cartera ambiental no solo desoyó el pedido sino que depositó 146.740 pesos a favor de la empresa cuestionada.

derechos humanos hoy / pueblos originarios Invasores Según cuentan los pobladores más viejos de la Comunidad, que nacieron allí y ahora tienen 85 años, el primero en llegar al lugar fue Marcos Martinusi, en 1971. Instaló un aserradero y taló el bosque durante dos años. Baleó animales que criaba la Comunidad y, sobre la “base de amenazas y miedos”, logró dispersar a los comuneros, dijo el representante legal de la Comunidad, Hernán Mascietti. En 1974 Martinusi se fue y dejó lugar a la empresa PRECOR SA, con la administración de Alfredo Martínez. Se obligó a los kollas a trabajar por comida bajo amenaza de echarlos del lugar. La reforestación con pinos paraísos y álamos avanzó, y los balazos contra los animales también. En 1980 los kollas fueron intimados a pagar por pastaje 50 pesos el primer mes, 100 el segundo, 150 el tercero “y así sucesivamente”. “Muchos se fueron de la Comunidad. Después vinieron las amenazas directas que se tenían que ir porque les iban a balear todos los animales”, por órdenes de los superiores de Martínez. “A raíz de esta orden mataron gran cantidad de ganado, muchos se retiraron con lo poco que les quedaba”. En 1991, llegó al lugar la firma Serendiliti SRL, representada por Eduardo Olivera hasta 1994, sin que cambien las actitudes, similares a las del administrador anterior.

En 1995 volvió PRECOR, representada esta vez por Gonzalo Álvarez. Algunos miembros de la Comunidad hicieron

según cuentan los pobladores más viejos, el primero en llegar fue Marcos Martinusi.

Baleó animales y, sobre la base de amenazas y miedos, logró dispersar a los comuneros.

trabajos para esta empresa y actualmente siguen prestando servicios con recibos de sueldo desde hace poco tiempo. En diciembre de 2007 la empresa se renombró como San Ignacio SRL y se solicitó a la Comunidad que vendieran los animales a la firma o los retirasen de estas tierras. Ya en aquel momento solo quedaban las familias Aguirre, Guerrero, Vides, Vázquez, Velazquez, y Soto, con sus viviendas de madera.

En 2008 ingresó la empresa Madera del Zenta SRL que trabaja en sociedad con San Ignacio SRL. “Las aéreas forestadas, en su totalidad, eran partes desmontadas por la misma gente para sus multicultivos y el área donde está la empresa era el

poblado donde más cercanas estaban las casas unas de otras alrededor de la escuela. Tuvimos que mudar la capilla y la cancha hacia donde están ahora”, indicaron los kollas en su relato al agregar que todos los días, entran y salen camiones sacando madera de sus tierras.

A la queja ahora también se agrega la que se encuentran realizando quienes conforman la Comunidad Kolla de San Andrés.

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memoria / miguel ragone / el juicio por su desaparición

LA CARA DE LA TRIPLE A EN EL NOA

Comando Libertadores de América Surgió de fuerzas policiales y parapoliciales de Córdoba. Se espera que este año se haga el juicio por los crímenes en ese ámbito. En Salta, se adjudicó el homicidio de Pedro Ureña, y muchas personas recuerdan sus amenazas.

ELENA CORVALÁN

La revisión de los violentos años setenta que posibilita el juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone está dejando en claro que en Salta, y en la región, la Triple A se manifestó a través del autodenominado Comando Libertadores de América, que concentraba su fuerza criminal en Córdoba, donde aún está por realizarse (se espera que este año) el juicio por los crímenes cometidos por la banda del comisario Vergez.

El Comando Libertadores de América ha resonado en más de una audiencia en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial, en las afueras de Salta Capital. “A mí me mandaban cartas del Comando Libertadores de América, que, tengo entendido, era la filial de la Triple A en Salta”, contó el diputado nacional Marcelo López Arias en su declaración prestada el 16 de mayo. La correspondencia contenía amenazas.

López Arias había sido juez de instrucción y presidía el Colegio de Magistrados. El 24 de marzo de 1976 renunció a estos cargos, conciente de que no había garantías para continuar ejerciendo la magistratura y de que su propia vida corría peligro. Ese día había sido detenido por unas horas. Como abogado, se hizo cargo del estudio de Holver Martínez Borelli, ex rector de la Universidad Nacional de Salta, que había tenido que partir al exilio.

También el testigo Gerardo Bavio, que en 1973 acompañara la candidatura de Ragone a la gobernación y luego fuera intendente de la ciudad de Salta, trajo a la memoria al Comando Libertadores de América, aunque en un contexto más general. Estaba memorando la represión anterior al golpe de Estado del 24 de marzo; se calcula que la Triple A cometió alrededor de 1.500 crímenes, “hasta que a fines del 75 comienza a ser reemplazada

por comandos de las Fuerzas Armadas. Aparece el Comando Libertadores de América”, recordó.

Bavio cree que él mismo salvó su vida gracias a la detención que sufrió. Primero estuvo en el penal de Villa Las Rosas y en diciembre de 1974 lo trasladaron a la cárcel de Devoto. Recuperó la libertad en febrero de 1975 y volvió a la militancia, esta vez con el gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Vaca; el de Buenos Aires, Oscar Bidegain; Jorge Cepernic, de Santa Cruz, y otros dirigentes formaron el Partido Auténtico con el propósito de participar en las próximas elecciones. Bavio lo ve ahora como una actitud “ingenua” de su parte. Ya el golpe se cernía sobre el país.

En septiembre de 1975, vino a Salta, junto a Cepernic y Martínez Vaca, en un intento por incorporar a Ragone pero él ya tenía claro que era imposible sostener al Partido Auténtico en esta región, marcada por la represión desatada,

la revisión que posibilita el juicio por la desaparición de Miguel Ragone está dejando claro que en

Salta la Triple A se manifiestó a través del autodenominado Comando Libertadores de América 12 / otrosterritorios

anticipadamente, con el Operativo Independencia.

Esa fue la última vez que Bavio vió a Ragone. Cuando el médico fue secuestrado, el 11 de marzo de 1976, Bavio ya estaba en México, exiliado luego de recibir amenazas de la Triple A. Recién regresó al país a comienzos del 90.

Aunque no lo dijo en este debate, también el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa sufrió las amenazas del Comando Libertadores de América. Según contó en una nota publicada en mayo de 2007 en el portal iruya.com, en 1970, el periódico salteño Democracia, en el que él trabajaba, recibía “amenazas telefónicas y escritas de la extrema derecha del ‘Comando Libertadores de América’”.

En Tartagal, en diciembre de 1975, Nicolasa Esther Tristán desesperaba tras la desaparición de su marido, Pedro Urueña, que había sido secuestrado de su casa por cinco hombres, cuando en una de las llamadas telefónicas que la amenazaban y le exigían un rescate, le avisaron que le habían enviado un sobre: contenía un comunicado del Comando Libertadores de América que se adjudicaba el secuestro y, ya, la ejecución de su esposo, por “comunista leninista”.

memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone

David Leiva y Marcelo López Arias. Abogado y testigo

Luqui de Pfister Frías y Roberto Perdía. En un cuarto intermedio

El cuerpo de Urueña, médico y militante justicialista, fue encontrado, dinamitado, el 17 de diciembre de 1975, en el lugar que señalaba el comunicado, en el camino a Balbuena, a unos setenta kilómetros de la ruta nacional 34.

Por este crimen están procesados, desde noviembre del año pasado, el general (r) Héctor Ríos Ereñú, y el también militar Luis Arnaldo Bruno. Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal. Como tal, estaba a cargo de la Subárea 322-1.

avanzado, está acusado el militar Héctor Vergez, quien lideró el Comando Libertadores de América, que en Córdoba se considera como una suerte de “versión local” de la Triple A, aunque también tuvo participación en tota la región bajo el mando del III Cuerpo del Ejército. Eso es lo que se desprende de la experiencia de perseguidos políticos de Salta, y la información que se ha logrado reunir en distintas causas que se tramitan aquí, como la causa por Ragone.

De acuerdo a las constancias presentadas en la denuncia judicial realizada en febrero de 2007 por la CONADEP

El eje del mal El Comando Libertadores de América se fundó en Córdoba, sede también del III Cuerpo del Ejército, bajo cuyo jurisdicción estaba toda la región NOA, a los fines de la lucha antisubversiva.

Se espera que este año se lleve a cabo el juicio por los delitos cometidos, antes del 24 de marzo de 1976, por militares y policías que integraban el Comando Libertadores. Se trata de ciento seis crímenes, si se acumulan las dos causas en las que se investigan estos hechos.

En una de estas causas, cuyo proceso está más

Córdoba, el Comando Libertadores de América actúo “desde mediados del año 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”. En aquella provincia el grupo terrorista estaba integrado por militares y agentes del D2, el Departamento de Informaciones que también tenía la Policía cordobesa.

Además del entonces capitán Vergez, en la lista de fundadores se cuentan suboficiales del Ejército, jefes y agentes de la Policía cordobesa y civiles que están adscriptos como “personal de inteligencia” del Ejército.

VOLANTE/ El abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Orán, pidió al Tribunal Oral en lo Federal de Salta que se incorpore como prueba un volante que, según dijo, fue rescatado de ser quemado en una biblioteca de esta ciudad. El volante es de octubre de 1974. Es de un tal Comando Antiimperialista Argentino y tiene una nómina de condenados a muerte por “actividades antipatria”. Entre otros, figuran Miguel Ragone, Héctor Manuel Canto, Holver Martínez Borelli, Enrique Pfister Frías. La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) al principio fue conocida como Alianza Antiimperialista Argentina.

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EL TRIBUNAL NEGÓ LA PRISIÓN COMÚN PARA LOS ACUSADOS

Los beneficios de ser represor Ni bien se inició el juicio, el programa Verdad y Justicia pidió que se levanten las prisiones domiciliarias y las excarcelaciones, en resguardo de los testigos. Pero para el Tribunal no hay riesgo alguno. Como ser represor y esquivar, una vez más, la prisión.

El 7 de abril último el coordinador del Programa Verdad y Justicia, Juan Guillermo Valera Laterrade, recomendó al Tribunal Oral en lo Federal, integrado por los jueces Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez, modificar de modo “extremadamente urgente” las condiciones de detención de los imputados en la causa Ragone.

El Programa, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ya había hecho manifestaciones verbales en tal sentido en diciembre de 2010 y el 5 de abril de este año y por escrito en un “informe de riesgo” entregado el 1 de abril.

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En la última presentación argumentó que con el régimen de prisión domiciliaria o libertad “los procesados pueden fugarse o perjudicar el desarrollo del proceso eliminando pruebas, amedrentando testigos o extorsionándolos, aprovechando sus vínculos con elementos que aún revisten en las fuerzas de seguridad y en el medio social”. En esta causa están siendo juzgados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía salteña, Miguel Raúl Gentil; el ex director de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil; los policías (r) Andrés del Valle

Soraire, Pedro y Raúl Herrera y el civil Héctor Zanetto.

Entre los hechos “demostrativos de que el peligro anunciado es una realidad”, el Programa recordó las amenazas y acciones intimidatorias que recibieron algunos testigos, como Luis Obrero Iñíguez, el secuestro temporal de su pequeña hija; y la presencia intimidatoria de un ex policía que soportó el abogado querellante David Leiva el día antes del inicio del juicio.

Además, el Programa destacó el hecho de que Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso, “está relacionado con una empresa de seguridad privada en Salta, que emplea numerosos policías retirados, al igual que el ahora imputado en otra causa por crímenes de lesa humanidad, Gustavo Mosquera, con alrededor de 300 empleados de las mismas características, con el agravante, en el último caso, de que su empresa es la contratada por el Poder Judicial provincial para la custodia del edificio en el que se desarrolla actualmente la causa Ragone”.

La presentación no lo refirió, pero el nombre de esta empresa es Guardián SRL, que efectivamente ganó la

licitación para proveer la seguridad privada en la Ciudad Judicial. Sus empleados están presentes en las audiencias. A Mosquera, que en la década del 70 se desempeñaba en la Policía Federal de Salta y fue director técnico del Club Gimnasia y Tiro, se lo vincula con estrechos vínculos con Guil.

Para el Programa Verdad y Justicia, estos hechos y datos “tornan imprescindible la prisión efectiva de los encausados”, algunos de los cuales, recordó, ya están condenados a prisión perpetua en otras causas. Es el caso de Menéndez; Mulhall y Gentil.

A casa Menéndez ya cuenta con seis condenas a prisión perpetua, a pesar de lo cual sigue con el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumple en la casa de un hijo en San Miguel de Tucumán. Ni siquiera abandonó la casa para asistir al juicio por Ragone, que sigue por videoconferencia.

Mulhall y Gentil fueron condenados en diciembre del año pasado por la matanza de once presos políticos cerca de la localidad de Palomitas, hecho cometido el 6 de julio de 1976.

De ellos solo Guil conoció la cárcel común. Fue en otra

memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone etapa, en 1973, cuando en el gobierno de Ragone fue acusado por los apremios ilegales y torturas cometidos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Denunciado por la Jefatura de Policía, entonces a cargo de Rubén Fortuny, el hombre fuerte de la Policía de Salta fue detenido, como parte de un grupo de más de veinte oficiales, integrantes de la conocida como “banda de los comisarios”, por orden del juez Mario Salvadores.

Los comisarios recuperaron la libertad a fines de 1973, cuando ya Fortuny había sido asesinado. La amnistía que dictó el gobierno nacional les permitió volver a la fuerza. Y Guil siguió sus andanzas (antes y durante la última dictadura cívicomilitar), que lo llevaron a nuevas acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, solo estuvo detenido unos pocos días, en 2007.

Primero fue retenido unas horas apenas, en junio de 2007, cuando la jueza ad hoc Gladis Comas lo indagó en

Joaquín Guil está relacionado con una empresa de seguridad privada en Salta que emplea policías retirados, al igual que el ahora imputado por crímenes de lesa humanidad Gustavo Mosquera cuya empresa de seguridad custodia el edificio de Tribunales relación a la masacre de Palomitas. Para entonces ya había cumplido setenta años y podía solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, cosa que hizo y obtuvo en pocas horas. En noviembre de ese mismo año el juez federal Abel Cornejo lo mantuvo en prisión durante varios días, por el secuestro y homicidio del militante Eduardo Fronda.

Luego volvió al calor hogareño, bajo la custodia de su esposa.

Ninguno de los acusados está en la cárcel porque también Soraire fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Y los otros tres, los hermanos Herrera y Zanetto, están excarcelados.

En una resolución del 19 de abril, el Tribunal decidió mantener estos beneficios porque no se ha registrado que

los acusados hayan incumplido los requisitos que se les exigen.

Además, “no se han logrado establecer, con la certidumbre que es necesaria, acciones en detrimento de la integridad de los testigos”. Consideró también que se debían aplicar los parámetros establecidos por la Cámara Nacional de Casación Penal para el otorgamiento de la prisión domiciliaria y la excarcelación en delitos de lesa humanidad.

El Tribunal compartió que los testigos están en situación de vulnerabilidad, “en cuanto a que los hechos juzgados generan gran expectativa en la sociedad salteña y en toda la Nación” y teniendo en cuenta que entre los testigos hay víctimas de la dictadura y familiares de víctimas. Pero añadió que tomó los “recaudos

necesarios” para evitarles malos momentos. Entre esas medidas señaló, precisamente, que dio intervención al Programa Verdad y Justicia para que sean sus integrantes quienes los notifiquen, en lugar de policías; se evitan dar sus datos filiatorios e interviene el Programa Nacional de Protección a los Testigos.

AMENAZAS A SNOPEK/ La presidenta del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, Liliana Snopek, fue amenazada en relación al proceso que se sigue por el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone. El dato se conoció en el marco de la presentación realizada por el Programa Verdad y Justicia para que se revoque la prisión domiciliaria o las libertades de los ocho acusados en este proceso. “El goce de la libertad o la farsa de la prisión domiciliaria constituyen en este caso un privilegio inaceptable que la responsabilidad derivada del artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación obliga a eliminar, dada la peligrosidad” de los acusados, advirtió el Programa Verdad y Justicia.

Recordó lo que ya se sabe: que los acusados tienen capacidad para “perturbar el desarrollo del proceso”, para eliminar pruebas y para poner en riesgo a los testigos (cuyas declaraciones pueden ser limitadas o impedidas), a los querellantes, el fiscal y los propios jueces y los otros funcionarios judiciales. Y señaló que las amenazas a la propia presidenta del Tribunal son una evidencia de esto. otrosterritorios / 15

LA MISOGINIA EN LA LITERATURA POPULAR

Mujer muerta, mujer buena por Elena Corvalán aprovecharlos hay que golpearlos”, recomiendan en Alemania.

“Una mujer, un asno y un nogal, dan más fruto cuando más les pegas”, añaden en Inglaterra.

Y en Panamá aconsejan: “Al dar la bendición matrimonial, al pie del altar, se les dice a los recién casados, dirigiéndose al hombre: ‘Ahí te entrego esa mujer/ trátala como mula de alquiler’”. “A las mujeres, pija y palo”, se dice en algunas partes de la Argentina. Y en España: “El asno y la mujer, a palos se han de vencer”.

“Espuela quiere el caballo, sea bueno o sea malo; una buena mujer y una mala, por igual quieren palo”, afirma el proverbio italiano. En Japón tampoco se quedan atrás: “Golpea a tu mujer el día de la boda y tendrás un matrimonio feliz”, aconsejan. Los rusos los superan: “Golpea a tu mujer con un martillo y encontrarás oro”, recomiendan.

En Polonia profetizan: “El que bebe, engordará, el que hace el amor, estará sano; el que golpee a su esposa, se salvará”. En China son más detallistas: “Puedes golpear a tu mujer tanto como gustes, siempre que la vara no sea más gruesa que tu pulgar”.

La antología, extensa –y recomendable, por lo esclarecedora-, incluye también este proverbio alemán: “Hay muchas mujeres buenas, pero están muertas.”

Otras obras universales recomiendan mejores curas.

“Darle una paliza a tu mujer de vez en cuando es algo saludable. Si tu no sabes por qué, ella sí lo sabe”, sentencia el proverbio árabe. “La mujer, el burro y la nuez, para 16 / otrosterritorios

ANDREA FERNÁNDEZ

En 1998 la escritora Ana María Shúa publicó una obra imperdible: Mujeres, cabras y mulas, una antología que reúne cuentos, poemas y refranes de transmisión oral con la sola condición de “ser violenta y groseramente contrarios a la mujer”.

Shúa señala en el prólogo que estas obras “cumplen una función didáctica y tienden a demostrar que la mujer es un ser maligno en diverso grado”. La antología, que “expresa de manera brutal y directa el odio y el miedo a la mujer”, reúne obras de todas las culturas. La autora aclara que esta literatura da cuenta de la misoginia presente en todos los estratos de la cultura, en hombres y en mujeres, “influidas por muchos siglos de propaganda en contra”.

Para la cultura occidental y cristiana la mujer es la portadora de los males, la causante del pecado, como lo describe la Biblia en el Génesis (incluido también en la antología). Luego de que Adán probara la fruta prohibida y fuera con el cuento, “Yahvé Dios le dijo a la mujer: ‘Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás a tus hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará’.

“Y al hombre le dijo: ‘Por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida’.”

Quedó así habilitada, por la vía divina, la opresión de la mujer. Declarada culpable, el propio Dios había dictado la sentencia: ser dominada por el hombre.

Tal vez el relato bíblico explique el odio y el temor a las mujeres expresado en la literatura popular. Como el que expresan estas coplas populares argentinas reunidas en la antología: La mujer que sale mala, no hay que andarle con tristeza; con un palo bien grandote, se le rompe la cabeza.

De la mujer celosa, yo sé el remedio, cortarle las orejas como a los perros.