Voz internet 2767 baja resolucion con separata by partido comunista colombiano

LA VERDAD DEL PUEBLO

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EDICIÓN 2767 SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com

Deben seguir diálogos sin interrupciones

A la mesa, con reglas claras La Agenda para la Terminación del Conflicto fue violentada con la decisión unilateral del presidente Juan Manuel Santos, de suspender los diálogos de La Habana. Su obligación es reconstruir la confianza entre las partes, pues el hecho siembra un mal precedente. Cese de fuegos bilateral exigen amigos de la paz. El cuentazo del general Alzate para explicar su retención deja muchas dudas. Páginas/ 5 y 16 Pastor Alape, de la Delegación de Paz de las FARC, entrega al oficial de más alta graduación en poder de la guerrilla, el general Rubén Alzate y sus acompañantes. La fotografía provocó debate y controversia en el país, así como justificaciones inanes del alto mando militar.

XV Congreso de la JUCO

Unidad por la paz y el socialismo Los próximos 5, 6 y 7 de diciembre, se llevará a cabo en Bogotá el XV Congreso de la Juventud Comunista, organización emblemática de la lucha juvenil democrática y revolucionaria del país. El reto: Construir un gran movimiento juvenil por la paz, la unidad y las luchas juveniles. Un saludo a los jóvenes comunistas Separata especial

VISIÓN

Diciembre 3 de 2014

La vida es como una pincelada El 25 de noviembre día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres, a las 6 de la tarde se abrió al público la exposición de pintura de la insigne artista Blanca Villamil ANA ELSA ROJAS REY

Cartas

l acto se realizó en el teatro León Tolstoi, que dirige con estoicismo Consuelo Rodríguez, quien dio apertura al caluroso evento, rememorando la vida y obra de su querida amiga Blanquita. La iniciativa fue de las alumnas más apreciadas por la artista; Alicia Hernández y Mary Luz Rodríguez, quienes fueron destacadas por Álvaro Oviedo, quien en su sentida intervención recordó el aprecio que expresaron estas dos mujeres hacia su compañera de toda la vida: Blanca Villamil. Álvaro rememoró los instantes vividos con Blanquita; dijo que era una mujer integral en todos los aspectos de la existencia misma, sobre todo en el amor por el pueblo y sus transformaciones para construir una sociedad libre de exclusiones, por ello, en primer plano estaban las mujeres a quienes les enseñó a pintar la existencia de manera diferente y demostró cómo con una pluma de cualquier ave en estado inerte, guiada por su mano, toma movimiento y en giros suaves y apacibles, plasma para siempre la esperanza, dando color a la existencia, para que nadie vuelva a recordar los dolores de la guerra y de esa forma matizar el verde de la naturaleza, el rosado de la vida y el rojo de la sangre que se derrama en las distintas vivencias, superando obstáculos, aun cuando la muerte se empeñe

en arrebatar la luz de la existencia. Entonces es cuando el arte se hace fusil y dispara estrellas para iluminar las ideas del conocimiento. En las paredes del recinto de la exposición, estaban colgados 27 cuadros, que se mecían como un bambú, ese árbol que en la filosofía japonesa representa la flexibilidad, pero también la firmeza. Cada cuadro, tiene su propia filosofía, pues, la artista plasmó con precisión, las emociones y en cada pincelada quedó expresado un continuo movimiento irrepetible. Su obra pictórica Sus cuadros están pintados con una técnica especial llamada suibokuga basada en elementos naturales que emplea pinturas naturales como pimentón, cúrcuma, paprika, entre otros, sobre papel de arroz con fondeado de fríjol de soya y formol, para que al imprimir los colores adquieran su propia dimensión, según cuentan sus destacadas alumnas cuando se dirigen a los y las numerosas visitantes que se interesan en la exposición. El evento contó con la presencia de destacados artistas, entre los y las que estaban Olivia Miranda, quien junto con Rosita Lamprea y Blanquita, impulsaron la creación de la Brigada Javier Baquero, por los años 70, cuya

Salvar el conflicto Una de las condiciones de la Agenda de los diálogos, es la de continuar la guerra en medio de las conversaciones, lo cual indica que no se debían suspender. Diagnóstica esta suspensión: 1) Presión nacional. 2) Que para hechos iguales, no se realiza el mismo tratamiento. El rompimiento absoluto del protocolo de parte del general Álzate al penetrar en zona roja de influencia guerrillera, sin inteligencia antes de incursionar, sin escolta, de civil, etcétera. Peligroso para la Nación que el senador Uribe Vélez, sea informado militarmente, antes que el Presidente de la República y, que lo utilice con fines políticos. La objetividad es primordial para el éxito de los diálogos. Cuando se ignora lo acontecido y se habla como sabedor, se cae en lo más profundo de la ignorancia, conductora del error, polarización y violencia. La norma y la verdad son esenciales para terminar con un conflicto destructor, oneroso y desplazador. Amerita un debate serio para un cese de hostilidades bilateral o unilateral. Todo proceso tiene incon-

base principal eran quienes estudiaban en la Universidad Nacional y pintaban murales alusivos a todo el fervor revolucionario de América Latina. En el evento, estaba sentado el maestro Calarcá, reconocido artista, a nivel nacional e internacional, y caricaturista del periódico VOZ. En este concurrido evento estaban el poeta Armando Orozco, amigos y amigas de la familia Oviedo Villamil y de la Universidad Javeriana, al igual que la presencia del Departamento de Mujeres del PCC. La ceremonia estuvo acompañada de la intervención del famoso músico y profesor Miguel Ángel Gil.

venientes que no están en el libreto de apertura, pero con voluntad, solidaridad mundial y responsabilidad patrióticas, se harán los ajustes necesarios para enrutar y magnificar, logrando por primera vez, en más de cincuenta años, un proceso triunfante, que sitúe a los colombianos en progreso y convivencia. Se volverá a establecer, entonces: “No hay mal que por bien no venga”. Omar León Muriel Arango (vía Internet). En defensa del diálogo El Frente Amplio en el departamento de Meta, manifiesta que: Respaldamos la solución negociada al impase sucedido con el general Álzate y sus acompañantes. Reconocemos que el diálogo entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia, ha avanzado en su agenda durante estos dos años de discusión en La Habana, Cuba, y que debe llevar a un cese bilateral del fuego. Nos identificamos con las declaraciones del ingeniero Alan Jara, gobernador del Meta en reclamar la continuación de los diálogos en La Habana y celebramos el premio y reconocimiento

Desde luego que en primera fila estaban su hijo Álvaro junior con sus tres hijos y demás familia de Blanquita, para ellos y ellas, ésta valerosa mujer, no ha muerto sino que sigue viviendo en el legado que le dejó a los suyos. En su pintura está la huella fresca del saber, como constructora de paz y de esperanza para el pueblo colombiano, en momentos en que todos y todas están en la brega para que la miseria sea cosa del pasado y un nuevo amanecer brillen en el día a día, pues la vida es como una pincelada, que en un continuo movimiento sigue su curso sin detenerse, para alcanzar la felicidad. Su legado es artítsico y político.

que ha tenido el gobernador por su trabajo interminable por la paz y los derechos humanos. Convocamos al conjunto de la sociedad del Meta a seguir haciendo compromisos diarios por la paz, la democracia y defensa de los derechos humanos. Bonifacio Medina, Fernando Vargas, Héctor Torres, William González, Luis Eduardo Betancur, siguen más firmas. “El Vocero” Amigas y amigos: Reciban cordial saludo desde la localidad de Suba. Compartimos con ustedes El Muisca de Oro otorgado por la Alcaldía de Suba a nuestro periódico “El Vocero”, es un estímulo para seguir trabajando. Los invitamos a leer en esta edición: Los muiscas de oro, Educación por competencias, Las víctimas de la violencia (III), 1.500 millones con hambre, Docitea cumplió 101 años, El comparendo ambiental, Tala de árboles, Campeonato de atletismo, Carta de Einstein, Humor paisa, Cese bilateral de fuego ya, Comprando en el barrio. Laureano Monroy (vía Internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. EMail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVII. Distribución vía Avianca.

TEMA DE LA SEMANA

Diciembre 3 de 2014

Historia de una infamia DAVID RAVELO CRESPO

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia aceptó la demanda de casación por la infame condena contra el dirigente comunista David Ravelo Crespo

n el mes de junio del año 2007, el periodista Gerardo Reyes me llamó de Estados Unidos y me habló de un video donde aparecía el presidente Álvaro Uribe Vélez, reunido en Puerto Berrío (Antioquia), con varios paramilitares de Barrancabermeja. Me hizo llegar el video y me informó que había hablado con varias personas y ninguna se atrevió a denunciar ese hecho. A mediados de junio de ese mismo año denuncié esa reunión secreta ante los medios a nivel nacional; a partir de ese momento se desató contra el suscrito una feroz persecución. El 11 de febrero de 2008, la MAPP (OEA), me informó que un comando paramilitar, me estaba haciendo seguimiento para asesinarme, salí de Barrancabermeja y el gobierno me planteó que abandonara el puerto, hecho que rechace porque el Estado es quien debe garantizar la protección y garantía de los derechos humanos. El 17 de febrero de 2011, nuevamente la MAPP (OEA) me abordó para prevenirme que ese grupo paramilitar iba a atentar contra mi integridad física, colocando un artefacto de alto poder explosivo en mi sitio de residencia. Denunciamos el hecho ante organismos a nivel nacional e internacional viéndome obligado a salir de la ciudad. Los asesinos cambiaron de estrategia, desistieron del asesinato físico y emprendieron la persecución para ejercer el asesinato judicial. Es así como el 17 de abril de 2008, en la cárcel de Itagüí (fábrica nacional de montajes), el delincuente confeso Mario Jaimes Mejía, alias El panadero, habló en Justicia y Paz de una falsa reunión en el año 1991, supuestamente para preparar la muerte de una persona, donde el criminal planteó que el suscrito había participado en la susodicha reunión. La Fiscalía Tercera de Barrancabermeja asumió la investigación y al no encontrar pruebas para vincularme al proceso, tomó la decisión de no abrir ninguna investigación porque no existía mérito para ello. Pero de manera sospechosa el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, el 25 de marzo de 2009, trasladó el proceso de Barrancabermeja a la ciudad de Bogotá. Un burdo montaje El 31 de julio, el último día que Iguarán ejercía como Fiscal General, le asignó el proceso al Fiscal 22 Antiterrorismo, William Gildardo Pacheco Granados y este sin ninguna investigación previa y desconociendo lo actuado por el Fiscal tercero de Barrancabermeja, inmediatamente me vinculó de manera formal a la investigación con llamado a indagatoria. A partir de ese momento comenzó todo un mar de arbitrariedades donde se

David Ravelo Crespo, dirigente comunista y activista de derechos humanos a quien le quieren castigar su militancia revolucionaria de toda la vida.

violó el debido proceso y el derecho a la defensa, y hubo una alianza perversa con el falso testigo alias El panadero. Prueba de ello, es que el investigador Jairo Salazar Medina, en dos ocasiones sacó al señor Fremio Sánchez Carreño otro falso testigo del patio siete de la cárcel Picota al patio ERE 3, llamado de Justicia y Paz, que se encuentra en la parte exterior de la cárcel, para que se reunieran con alias El panadero y se pusieran de acuerdo en el montaje, con el fin de enlodar el nombre de David Ravelo Crespo. La prueba reina que tenía la Fiscalía era una foto en la que aparecen varias personas con la insurgencia de las FARC en un proceso de paz, y según alias El panadero, David Ravelo aparecía allí en esa foto. Por eso en varias ocasiones afirmó al dar la descripción de David Ravelo que era delgado, alto y moreno; se demostró que quien aparecía en la foto era el periodista Miguel Ángel Rico García del periódico Vanguardia Liberal, que se encontraba cubriendo dichos diálogos. El doctor Horacio Serpa Uribe quien participó en dicha reunión con otras personas, confirmaron que quien aparece en la foto es el periodista Miguel Ángel Rico García, desmintiendo lo afirmado por el falso testigo. El descaro de este proceso se evidenció cuando William Pacheco como Fiscal, y Jairo Salazar Medina como investigador, ubicaron en el patio siete de la cárcel Picota, a un joven llamado Fernando Barbudo Chávez, para que declarara en contra de David Ravelo, pero cuando mi abogado Alirio Uribe, contrainterrogó a ese falso testigo descubrió que esa persona para la fecha de los hechos que me acusan, tenía solamente nueve años de edad, quedando en evidencia el burdo montaje. Un caballo perchero Otro elemento importante es que la juez nombrada para llevar el proceso, que era de carrera administrativa, de manera inesperada fue cambiada por

una juez temporal que se encargó exclusivamente de mi caso. Esta persona actuó como un caballo perchero es decir solamente estaba pensando en condenarme desconociendo las pruebas documentales y testimoniales que fueron allegadas al proceso y se basó en las afirmaciones de los dos falsos testigos. El mar de irregularidades no paró allí, luego se descubrió que el fiscal William Gildardo Pacheco Granados no podía ni debía ejercer esa función, porque el 6 de marzo de 1991, en la ciudad de Armenia, siendo teniente de la policía nacional, desapareció de manera forzada al joven Guillermo Hurtado Parra, hecho atroz que fue comprobado por la Procuraduría General de la Nación, quien lo destituyó en primera y segunda instancia y la justicia penal militar lo condenó por detención arbitraria; esta persona utilizó todas las instancias de la justicia colombiana como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes confirmaron esta destitución por desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, es decir, está plenamente probado que este criminal, que ejercía como fiscal desapareció al joven Guillermo Hurtado Parra. Como para Ripley ¡Qué paradoja! Un violador de los derechos humanos como es William Gildardo Pacheco Granados, investigando a un defensor de derechos humanos, qué garantías podía brindar en el proceso, obviamente ninguna. Este fue el juez natural que me investigó cuando la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Justicia) artículo 150, numerales 5º y 6º, dice textualmente que quien halla sido destituido disciplinariamente o condenado penalmente, no puede ejercer ningún cargo en la rama judicial, y esta fue la joya que me hizo meter a la cárcel, con falsas pruebas, a sabiendas que tenía un impedimento de orden legal, por la inhabilidad especial que le impuso la Procuraduría General de la

Nación. Otro hecho irregular, fue el del investigador Jairo Salazar Medina, quien para el año 1988 ejercía como teniente de la armada nacional en la ciudad de Barrancabermeja y precisamente el 15 de enero de ese año, fue asesinado el dirigente sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón, por el suboficial de la armada Francisco Pérez, quien fue condenado a 16 años de cárcel por dicho asesinato, siendo el jefe inmediato para la época de los hechos Jairo Salazar Medina. El 6 de marzo de 1992, en el periódico El Tiempo se publicó una noticia criminal en la que se informa que el señor Jairo Salazar Medina, había sido destituido de la Armada Nacional por malos manejos en el Fondo Rotario. Otra paradoja, este sujeto sigue ejerciendo sus funciones como miembro del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Y fue quien adelantó la investigación en mi contra. Es una venganza Aquí, lo que queda claro, es el triángulo del bajo mundo delincuencial donde la mentira une a estos tres personajes, para elaborar el montaje y cobrarme toda una vida en defensa de los derechos humanos, utilizando la falsedad como su arma favorita y pisoteando la verdad. Está claro, que fui condenado sin pruebas y solamente existía el interés ilícito de encarcelarme para sacarme del escenario público. Siempre he expresado que el tallo de la verdad se dobla pero jamás se quiebra, llegará el momento en que la verdad va a develar todo ese plan macabro y poner en evidencia el papel de los falsos testigos, porque entre otras cosas, la misma Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos por falso testimonio y fraude procesal, al testigo Mario Jaimes Mejía alias El panadero, porque la fiscalía comprobó que este criminal mintió en mi proceso. Me pregunto, si estas eran las únicas pruebas testimoniales en mi contra, ahora cuáles son las razones legales para que el suscrito siga encarcelado. También es necesario mencionar que el criminal William Gildardo Pacheco Granados, fue vinculado penalmente al proceso por desaparición forzada del joven Guillermo Hurtado Parra, por la fiscalía sesenta y siete especializada, por el crimen de lesa humanidad que es el de desaparición forzada, quedando claro que este juez que me encarceló no tenía jurisdicción para ejercer porque no era competente, y fue quien direccionó todo el montaje contra el suscrito, creando toda esta maraña de mentiras para de manera injusta encarcelarme. Pero seguiré utilizando todas las instancias del orden nacional e internacional para dejar clara mi inocencia. 06rabelo@gmail.com

CAMPO

Diciembre 3 de 2014

Comisión de garantes

Ratifican compromiso con mesa del Catatumbo Voceros campesinos se reúnen con los garantes para solicitar su intermediación ante las autoridades. Comunidades se congregarán el 5 y 6 de diciembre en El Tarra. Presentamos un documento de las comunidades ASOCIACIюN CAMPESINA DEL CATATUMBO

nte los constantes incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos alcanzados en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del Catatumbo, delegados y delegadas de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) sostuvimos una reunión con la comisión de garantes de la MIA en la ciudad de Bogotá el viernes 21 de noviembre. En dicha reunión, los representantes de las comunidades campesinas organizadas en esta asociación expresamos nuestra preocupación por los gestos desalentadores del gobierno nacional en la mesa, en especial, por su negativa de discutir y acordar los temas pendientes de la agenda. Sumado a esto, los campesinos y campesinas asistentes a la reunión le recordamos a los garantes el deficiente nivel de cumplimiento de los pocos acuerdos signados; mediante la revisión taxativa de lo convenido y de sus escasas ejecutorias. Dicha reunión concluyó en un compromiso por parte de los garantes de gestionar en distintas instancias ministeriales, e incluso directamente en el nivel presidencial, la

De la comisión de garantes hacen parte personalidades como Francisco de Roux, Ernesto Samper, Iván Cepeda y Piedad Córdoba, entre otros. Foto Notimundo.

socialización de nuestras preocupaciones e inconformidades. Relación con indígenas Del mismo modo, los garantes manifestaron su interés de coadyuvar mediante la gestión de sus buenos oficios en la solución de las tensiones territoriales entre nuestros hermanos del pueblo Barí y las comunidades campesinas. En este sentido, esperamos que estas buenas labores redunden en el impulso al diálogo directo entre indígenas y campesinos. Igualmente socializamos nuestra petición de que en las instancias judiciales encargadas de estudiar temas territoriales relacionados con nuestras pretensiones de constituir zonas de reserva campesina y ampliar los resguardos indígenas respectivamente, escuchen de manera abierta las voces de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, permitiendo con ello que el ordenamiento del territorio sea producto de la ponderación equitativa de los derechos a la tierra y el territorio tanto de indígenas como de campesinos. En este sentido, confiamos en que

los garantes promoverán el efectivo reconocimiento de la territorialidad y la cultura campesina en múltiples instancias sociales y políticas de la nación, pues para nosotros y nosotras éste es requisito para el ejercicio de nuestros derechos colectivos; además es una antesala ineludible para la construcción de una propuesta territorial intercultural, que en condiciones de equidad satisfaga el reconocimiento de los derechos a la tierra, el territorio y la diversidad cultural de ambos grupos humanos. Paramilitarismo Otro de los temas que ocupó esta reunión fue el rechazo a la proliferación del paramilitarismo en la región del Catatumbo, así como en otras regiones del país, pues para todos y todas resulta inaceptable el recrudecimiento de este trágico flagelo en los territorios campesinos. Para tal fin, los garantes anunciaron que enviarán una comunicación advirtiendo de éstos hechos a la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y

Naciones Unidas. Esperamos que este tipo de iniciativas aporten al desmonte efectivo del paramilitarismo de la estructura social, económica y política del país, permitiendo que el Estado abandone esta práctica de guerra contra los sectores sociales y populares para dar paso a la construcción de una nación en paz. Por último, queremos señalar nuestra convicción de la importancia del papel de los garantes en el desarrollo de las negociaciones, confiamos en que su papel cobrará, cada vez más, un rol activo que aporte a la construcción de paz en la región del Catatumbo. Prueba de ello es que desde ya algunos miembros de los garantes han confirmado su participación en la constituyente regional del Catatumbo: “Construimos mandatos para la paz y el territorio” el próximo 5 y 6 de diciembre en el municipio de El Tarra, donde a su vez se realizará un balance minucioso de los incumplimientos del gobierno y la decisión de agenda, en términos de movilización y paro para el año 2015.

Sigue movilización campesina en el Meta La gobernación departamental y el Ministerio del Interior eluden negociaciones con las comunidades, que exigen “voluntad de paz” del gobierno

Juan Carlos Bernal (centro), del Ministerio del Interior, en reunión con voceros de las comunidades de la Orinoquía. Foto Rema-Acpp.

AGENCIA PRENSA RURAL

omunidades de varios municipios de la región de la Orinoquía mantienen la movilización que emprendieron desde el 15 de noviembre pasado para exigir respuesta

del Estado colombiano a su pliego de peticiones. A la protesta, que se desarrolla en el departamento del Meta y en el norte del Guaviare, se sumaron

cientos de agricultores del municipio de Vistahermosa, quienes interlocutaron con las autoridades locales para pedir garantías de movilización. En un consejo de seguridad, el Ejército señaló que esta protesta campesina estaba “infiltrada” por la guerrilla de las FARC, según denunció la Red de Medios Alternativos (Rema). A pesar de que la alcaldía de Vistahermosa no facilitó la consecución de espacios para el desarrollo de las actividades programadas por los campesinos, se han realizado talleres de capacitación en el tema de derechos humanos, así como diversas actividades culturales en el marco de la movilización. Mientras tanto, otras comunidades se han concentrado en los cascos urbanos de La Macarena y Puerto Rico, donde se ha venido socializando el pliego de exigencias. En La Macarena, el campesinado denuncia que soldados del Ejército toman fotografías de los participantes de la protesta e intervienen en todos los espacios de interlocución.

Voceros de la Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano (Mucapop) gestionan, entre tanto, espacios de negociación de sus peticiones, en torno a “la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz”. Funcionarios de la gobernación y del Ministerio del Interior han desconocido las reuniones con el campesinado, a pesar de que el 20 de noviembre pasado hubo un encuentro con Juan Carlos Bernal, encargado de la Dirección de Derechos Humanos del citado ministerio. Alan Jara, gobernador del Meta, ya fue puesto en conocimiento de los motivos de la movilización y los abusos del Ejército Nacional en la región. Las comunidades esperan su voluntad política para solucionar los problemas que las aquejan. “Los campesinos se mantendrán concentrados hasta que el gobierno nacional se comprometa y exprese su voluntad de paz con el campesinado colombiano a partir de hechos concretos”, reportaron las comunidades movilizadas.

EDITORIAL

Diciembre 3 de 2014

La JUCO por la paz y la unidad juvenil WILLIAM MONSALVE SECRETARIO GENERAL JUCO

urante los días 6 al 8 de diciembre del presente, la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, realizará en la capital del país su XV Congreso Nacional. Bajo la consigna: Juventud Unida, Luchando por la Paz Democrática y el Socialismo, la JUCO, se reunirá para analizar, reflexionar y proponer al conjunto del movimiento juvenil las iniciativas unitarias que permitan profundizar la lucha por la paz con justicia social y con ello fortalecer la construcción de la movilización a favor de la salida política al conflicto armado, que permita avanzar en la conquista de mayores derechos para el pueblo colombiano. El XV Congreso Nacional de la JUCO, se circunscribe en un momento de vital importancia para la vida nacional e internacional, ligada a la crisis capitalista actual que amenaza la existencia de la humanidad,

precariza los derechos de los trabajadores, las mujeres, niños y ancianos, incrementa el hambre y la destrucción de la naturaleza, deteriora la vida de las jóvenes generaciones, condenándolas a desaparecer antes de llegar a su edad madura. Jóvenes son los que van a la guerra y son jóvenes los que mueren en ella, mientras los grandes capitales transnacionales se lucran con la sangre de miles que solo tienen como única opción morir en los tiroteos como carne de cañón de ejércitos que protegen los recursos de los poderosos, o en las cloacas de las ciudades en donde los persigue la policía o el hambre los coge despiadadamente. La JUCO ratifica su compromiso con las jóvenes generaciones, luchamos contra la guerra y promovemos la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, no aceptamos las redadas ni batidas ilegales del ejército nacional, resistimos con la movilización y la unidad de todas las fuerzas democráticas y revolucionarias por la construcción de un país en paz con justicia social. De la misma manera, luchamos por el derecho al trabajo digno, al educación pública, a la participación y organización política, contra la criminalización y estigmatización de los jóvenes de las ciudades y el campo. El XV Congreso Nacional, es ante todo un espacio de unidad para todos aquellos jóvenes rebeldes que se levantan desde campos y ciudades contra la barbarie y luchan por conquistar lo que nos pertenece. Es desde este contexto que la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, comprende los retos actuales de nuestra época y lucha por en la idea de avanzar hacia mayores

niveles de unidad tanto del movimiento juvenil mundial, latinoamericano y especialmente, el colombiano, como también de las diversas expresiones de lucha social y popular, ligadas a recuperar la iniciativa de masas, poniendo de presente la movilización y la organización en sus variadas expresiones para responder a la crisis política, económica y social del país y a la conquista de la paz con justicia social a través de la solución política al histórico conflicto social y armado. Ser joven y ser revolucionario es la necesidad de nuestro tiempo. Las esperanzas que el mundo podrá construir, provienen de la inmensa conciencia colectiva de las jóvenes generaciones que luchen por edificar un mundo que garantice la existencia digna de la humanidad. Se preguntaba el poeta uruguayo, Mario Benedetti: ¿qué les queda a los jóvenes? Podríamos responder que nos queda luchar, unirnos, juntar rebeldías y esperanzas en el sueño de nacer y crecer en construcciones hechas con nuestros propios esfuerzos, inventar y crear para un mundo sin restricciones y muros que limitan la verdad y la libertad. Nos queda ser nosotros mismos y tener confianza en que la unidad de los esfuerzos propios y comunes del presente, son también la garantía de un futuro digno y decoroso que podremos llamar nuestro y de todos. La JUCO saluda a todas las fuerzas democráticas, juveniles y revolucionarias y ratifica su compromiso con las jóvenes generaciones en la lucha por la paz democrática y el socialismo, dos perspectivas que construiremos sin renunciar a la alegría y a la esperanza!

Mirador

Columna libre

En clave de izquierdas

Recuperar la confianza

CARLOS A. LOZANO GUILLШN

a unidad está en clave de las izquierdas. Sí, de las izquierdas, porque no hay una sola como lo creen algunos en visión estrecha y sectaria. El universo de la izquierda es plural, no todas ellas están comprometidas con el proyecto revolucionario de los comunistas y sus aliados que tiene como objetivo la conquista del poder popular y del socialismo. Existen otras organizaciones de izquierda, democráticas y reformistas, que cuentan a la hora de alcanzar un nuevo gobierno de reconciliación nacional, en camino a cambios políticos, sociales y económicos de signo positivo. Es la experiencia reciente de América Latina. Es el reto que tiene la construcción del Frente Amplio por la paz, la democracia y la justicia social, para aglutinar a las fuerzas políticas y sociales avanzadas, no solo para rodear de apoyo a los diálogos con las insurgencias, sino también para promover la lucha popular y la acción de masas contra el régimen neoliberal y capitalista. Pero, sobre todo, para construir un proyecto alternativo con opción de poder, en el camino de la Asamblea Nacional Constituyente que produzca las reformas democráticas y sociales que Colombia necesita para la paz estable y duradera. El Frente Amplio tiene el reto de conformar un bloque de poder contra hegemónico, amplio y representativo del espectro político y social de las izquierdas. Aquí no caben las ilusiones de pactos con la burguesía y mucho

RODRIGO LюPEZ OVIEDO

menos de tener en cuenta a la supuesta burguesía nacional, así entre ella misma existan contradicciones sobre la entrega del país a las transnacionales con el cuento de la confianza inversionista. Todas esas contradicciones tienen que aprovecharse pero en beneficio de la causa popular y no de componendas y alianzas que terminan desviando el objetivo fundamental de la democracia y de los cambios sociales. La clave es la amplitud pero para los cambios y con principios inalterables. El concepto de izquierda apareció en la Revolución Francesa en 1789, que fue democrática y revolucionaria, pero los principales inspiradores y dirigentes no fueron los trabajadores como en la Comuna de París, sino la burguesía que se levantó contra la monarquía y el poder feudal para implantar el capitalismo. Desde entonces el concepto de izquierda está asociado a la lucha por el bienestar social y los cambios democráticos, no todos en dirección al socialismo. La social democracia defiende el capitalismo y cada vez se aleja más de los intereses de los trabajadores. Carlos Marx en su tiempo militó en la “izquierda hegeliana” hasta que descubrió la teoría del comunismo científico. Lenin desentrañó, por ejemplo, el daño que hace el “izquierdismo” a la revolución al que calificó de enfermedad infantil del comunismo. carloslozanogui@outlook.es

os graves riesgos que a los comentaristas de los grandes medios puede generarles el salirse de las pautas informativas que emanan de los cuarteles, e incluso a quienes trabajan con plumas fletadas por los sectores extremos de la derecha, han hecho que sucesos como la retención del general Rubén Darío Alzate, una abogada y un suboficial del Ejército generen torcidas coincidencias tanto en su calificación como en la interpretación de sus causas y efectos. La primera coincidencia la dieron al calificar el hecho de ´secuestro´, pese a que el Derecho Internacional Humanitario lo califica de ´retención´. Lo más curioso es que los mismos militares, ante hechos parecidos aunque menos graves, han expresado su intención de acudir a los tribunales internacionales en busca de justicia. Sería bueno que aclararan en qué términos han formulado sus denuncias, si en los que establece la normatividad que rige en tales tribunales, o en los términos que les dictan sus propósitos de entorpecer los diálogos. En segundo lugar, en relación con el estado de indefensión en que estaba el General, no han cesado de manifestarse algunas opiniones que lo ponen en el papel de gran filántropo, capaz de arriesgar su vida con tal de poder llevar algunas posibilidades de progreso a comunidades empobrecidas. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas

están comprometidas en los denominados Planes de Consolidación, a través de los cuales combinan su política de guerra con algunos programas de desarrollo, suplantando de paso a las autoridades civiles. De todas formas, esta explicación es de las menos creíbles entre todas las que quieran darse, sobre todo teniendo en cuenta los rechazos que han tenido tales programas entre las comunidades campesinas. Y en cuanto a los efectos, muchos de estos comentadores no se han referido a los que produjo el hecho, sino a los que sus patronos quisieran que se produjeran: cese unilateral del fuego y algunas cuantas concesiones más de parte de las FARC. Han olvidado que con la retención solo se incurrió en un hecho normal, aunque deplorable, cuando se está en medio de una guerra; que se pactó conversar en medio de fuegos cruzados; y que ninguna de las partes podría retirarse de la mesa de conversaciones, ocurriera lo que ocurriese en medio de la confrontación. Santos era precisamente el que más defendía estas condiciones. Es él, entonces, quien debe aclarar por qué cedió al uribismo y a los generales y terminó poniendo en grave riesgo los diálogos. Al igual que muchos colombianos, las FARC sienten que su contraparte rompió la credibilidad en el proceso. Ojalá que no sean demasiado exigentes en los ajustes que ahora le reclaman.

LABORAL

Diciembre 3 de 2014

Nueva dirección en Sindimaestros, Boyacá

“Los maestros somos constructores de sociedad” GUILLERMO CASTRO

Reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Foto Reporteros Asociados.

¿Cómo aprovechar la “negociación” del mínimo? Cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese salario y en algunas regiones pagan por debajo del 50 por ciento ALFONSO VELЕSQUEZ

urante los días 3, 5, 7, 11 y 15 del presente mes, se adelantarán reuniones de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en cuyos temas está la definición del salario mínimo legal y subsidio de transporte para el año 2015 en el país. Históricamente ha sido un ejercicio donde los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo por un lado, porque el costo de la canasta familiar es el doble del monto del salario mínimo y al aplicar un porcentaje igual (IPC) a las dos cifras, en pesos, el resultado es que el coasto de la canasta mínima para los salarios más bajos crece en pesos a una velocidad mayor que el salario. Pero además, cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese mínimo convirtiéndose en una burla el mal denominado “acuerdo”; el 91 por ciento de los trabajadores del campo devengan menos de esos mínimos y en algunas regiones (Sucre, Chocó y Cauca) pagan menos del 50 por ciento del mínimo, inclusive hay empresas que les exigen a las personas que para ingresar a laborar deben presentarse con el Sisben para evadir y eludir los pagos a la seguridad social. No en vano, las cifras demuestran que solo 36 de cada 100 colombianos de la población económicamente activa aportan al sistema pensional. Entonces se ha convertido en una farsa, pero también porque hay actores en la mesa que le hacen el juego a los propósitos patronales ya que son los principales expositores de la tercerización (contratos sindicales) y en consecuencia para nada les interesa que se corrijan esas injusticias, aunque su discurso sea distinto frente a los medios de comunicación. Por lo tanto, lo más sensato será que en lugar de buscar un acuerdo como el del jinete con su caballo, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, debe aprovecharse la farsa para publicitar la concepción de paz que nos corresponde a los trabajadores: paz con justicia social.

Y esto es la disminución de los aportes a salud del sector pensional (4 por ciento), trabajo con seguridad social y demás derechos, negociación colectiva para todos los trabajadores (sector público y privado), derogando el decreto 089 y optimizando el 160 de 2014, libertad sindical, eliminación de la tercerización (que el Estado dé ejemplo), una inspección de trabajo que cumpla su papel de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, recargos nocturnos y pago de horas extras, dominicales y festivos como antes de la ley 789 de Uribe, y otros temas referentes a la protección del salario. Al finalizar el presente año, el sector financiero obtendrá utilidades por encima de los 16 billones de pesos. Sarmiento Angulo está entre las personas más ricas del mundo y sus trabajadores votan la huelga y resisten al contrapliego, en varias regiones del país los trabajadores mineros no tienen seguridad social, mientras las transnacionales se llevan del país enormes utilidades y los pobladores de esas regiones enferman y la naturaleza padece los abusos con funestas consecuencias, en el Valle del Cauca los ingenios despiden y reprimen a sus trabajadores, etc. Es una oportunidad para mostrar que existen posibilidades de concertación entre contrarios y será un mensaje para que los colombianos adquieran la seguridad de que las negociaciones entre el Estado y la insurgencia son posibles y los acuerdos serán respetados y honrados por las partes, con la participación de la población. Además, que se avanzará hacia una asamblea nacional constituyente que logre parir una nueva concepción de sociedad distinta a un modelo depredador y excluyente como el neoliberal. El 10 de diciembre tendremos una movilización por el respeto de los derechos humanos, el avance de las negociaciones entre las guerrillas y el Estado, y la construcción de paz con justicia social, ahí nos vemos.

uego de un proceso de elecciones para obtener representación en el gremio de maestros, el Partido Comunista gana un escaño, después de varios años sin representación, con el dirigente Reinaldo Soledad. “Fue un camino competido -dijo Soledad- por la participación de los diferentes sectores que se mueven dentro del gremio de los docentes, algunos de ellos con años de pertenecer a la dirección del Sindicato, incluso, con vicios de clientelismo y burocratización”. Según el dirigente, el proceso de elección “se dificulta para los nuevos aspirantes por la falta de tiempo para dedicar a la presentación de las propuestas en las diferentes provincias, por carecer de permiso sindical y, además, no tener acceso a la base de datos de los maestros afiliados que permitan el uso de las redes sociales”. Su fortaleza estuvo en las propuestas que “tenían dos objetivos; el primero tendiente a mejorar la manera de trabajar las bases para lograr que el sindicato cumpla sus objetivos de mantener una permanente comunicación con los asociados de modo que los directivos estén más en contacto con los mismos, complementado con el redireccionamiento de los recursos orientados a la formación sindical. El segundo es el de crear y generar nuevos medios de información a los asociados mediante el uso de la tecnología de modo que la página web sea el medio principal, de tal manera que el periódico y la revista pasen de lo físico a lo virtual con el propósito de redireccionar los recursos y fortalecer nuestro compromiso con el medio ambiente”. Respecto a lo reinvindicativo, “está trabajar por el estatuto docente único, el servicio de salud para los docentes, al lado de lo ético y lo político para que los directivos municipales, zonales o departamentales actúen de acuerdo con los principios de veracidad y oportunidad, entre otros, para que sus actos sean en beneficio de la organización sindical por encima del interés personal” Respecto a los diálogos de paz en La Habana añadió, “vamos a trabajar por el compromiso con el Frente Amplio por la Paz y los cambios democráticos del país, ya que como maestros somos constructores de sociedad y de vida y, todos los sectores que participan en la organización gremial, sin discriminación ideológica, debemos orientar nuestra actividad hacia el logro de la paz”. Reinaldo Soledad expresó su preocupación por la poca participación de los maestros en las tareas gremiales, por ello plantea dentro de un eje de acción política un espacio de formación sindical, ya que a todos los niveles, incluyendo el directivo, hace falta formación ideológica y política por lo que se actúa más con criterio politiquero. También, generar espacios de formación a nivel directivo y para los docentes no sindicalizados para que los profesores tengan un mayor conocimiento de la realidad nacional y actúen en la lucha sindical con conciencia de clase. El dirigente Soledad cree con convicción que, “los directivos debemos recuperar la imagen del sindicato con programas que den resultados a mediano plazo y rescaten la dignidad perdida debido al bajo nivel de formación política y la participación del docente sea consciente”.

LABORAL

Diciembre 3 de 2014

Bogotá

Antisindicalismo en el Acueducto El sindicato de esta empresa denuncia improvisación, corrupción y persecución sindical JUAN CARLOS HURTADO F.

ientras el movimiento Progresistas del alcalde Gustavo Petro, se reunía en Bogotá, el pasado 26 de noviembre, para escoger precandidatos a ese cargo y continuar sus políticas; más de 1.500 trabajadores de la Empresa de Acueducto de la ciudad, decepcionados con la Administración Distrital, se congregaban para aprobar un nuevo pliego de peticiones que presentarán a la gerencia. La decepción la expresaron en varias de sus intervenciones, aun por trabajadores que militaron en la colectividad de Petro y por otros que sin serlo vieron representados sus intereses en los discursos de campaña. Según ellos, hay un debilitamiento de la empresa y se ha permitido la persecución sindical. El Acueducto es una de las más importantes empresas de la ciudad si se tienen en cuenta los servicios que presta. Tiene 3.700 trabajadores, de los cuales hay 1970 en Simtraemsdes. VOZ habló con Martín Quijano, presidente de la seccional Bogotá de ese sindicato.

Edificio de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Foto J.C.H.

Persecución

En la Asamblea de Simtraemsdes votaron para decidir varios aspectos. Foto J.C.H.

Improvisación –En las intervenciones escuché denuncias contra la Administración Distrital, ¿puede hablarme de éstas? –Siempre hemos hecho las denuncias públicas porque una cosa es lo que dice la Administración de la ciudad y otra es lo que hace. La empresa está casi al borde de una crisis por las multas y sanciones que ha tenido por decisiones irresponsables en la supuesta retoma de unos procesos que estaban en manos privadas, que se hicieron sin planificación y sin orden. Recuerde que hace poco tuvo una multa de más de 360 mil millones de pesos por el tema de la retoma de las basuras, sanciones directas contra el Alcalde y los gerentes. También pensaban llevarse el componente de alcantarillado para supuestamente pasar a otra empresa del Estado, pero allá iban a ser subcontratadas estas funciones a través de privados. Eso es una política neoliberal donde se manifiesta que se mantendrá lo público pero detrás de eso vienen las alianzas público-privadas, donde los privados son los mayores beneficiados. –¿Qué pasó con la empresa a cargo de la recolección de basuras? –Después de las sanciones y los pronunciamientos de la Superintendencia están pensando en reversar el modelo y crear una nueva empresa para el Distrito que se va a llamar Empresa de Aseo, que no sabemos si será pública, privada o en alianza. –¿Pero no se reconocen las buenas

–Es un riesgo, pero una de las labores de la organización sindical es denunciar la corrupción. Sabemos de dónde viene este Alcalde, sabemos que militó en el M–19, pero también sabemos que una de las políticas que tenía este partido eran las alianzas públicoprivadas; a eso le apuntan, aunque disfrazándolas y mintiéndole a la ciudad con que esos son procesos públicos. Si en una alianza de esas ponen una empresa pública ya le llaman que todo fue público, pero no muestran el porcentaje de capital que invierten los privados y las multinacionales.

Martín Quijano.

intenciones con la búsqueda de la retoma de los procesos, independientemente de la falta de planeación que ustedes denuncian? –Claro que lo reconocemos porque siempre hemos estado en contra de enriquecer al capital privado, pero siempre hemos dicho que el modelo no se aplicó de la manera debida, por eso nosotros dimos ideas y ofrecimos alternativas sobre cómo se debería hacer. Pero la negligencia, la arrogancia de la administración y los intereses privados, no permitieron que eso fuera así y llevaron al traste un modelo que podía tener un buen resultado. –¿A qué se refiere con los intereses de los privados? –En el tema del aseo ya sabemos cómo han sido las licitaciones públicas donde ellos han sido los oferentes y los interesados en ese negocio. En el tema del agua tenemos riesgos desde la parte ambiental, el suministro, la captación, la distribución, hasta la misma comercialización. En cada componente hay una multinacional interesada. Así como sucede con la Empresa de Energía; administrada en la parte comercial por Codensa, la parte productora de energía por Emgesa, hacia allá nos quieren

llevar, hacia allá apunta la política de esta administración. –¿En qué ha mejorado la Empresa de Acueducto con la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía? –Considero que el riesgo financiero en que se puso a la empresa por decisiones improvisadas y malos manejos es grande. Quisiera pensar que la empresa tendió a crecer por la retoma de los procesos, pero eso no se consolidó. Terminamos prestando toda la maquinaria y los roles, a la corrupción y en beneficio de los privados. Recordemos que cuando se hizo la retoma de las basuras se alquilaron vehículos que no servían, contrataron carros que no tenían el adecuado mantenimiento, se contrataron vehículos a precios exorbitantes, edificios que se arrendaban a diez millones se arrendaron en hasta cuatro veces más de lo que pagaba el mismo privado, y se hicieron inversiones que no aplicaban para el mantenimiento y fortalecimiento de la empresa. Todo eso terminó en corrupción. En su momento el sindicato puso esos casos en conocimiento de los entes de control. –Con lo que usted afirma, algunos podrán decir que ustedes se unen al coro de la oposición al actual alcalde.

–¿Desde que llegó Petro a la Alcaldía en qué han cambiado las relaciones obrero – patronales o el accionar sindical dentro de esta empresa, hay libertad en el ejercicio sindical? –Han cambiado. En nuestra organización vemos cómo la administración de Petro ha cooptado a dirigentes sindicales, les dio más de trescientos puestos para poderlos acallar y tenerlos de su lado. Eso llevó a que una organización sindical como ésta con más de 77 años de historia, terminara dividida. Por ejemplo, Aguas de Bogotá, en un año ha creado más de 12 organizaciones sindicales. El gerente de la empresa protege a la organización sindical que él ayudó a fundar, lo que ha costado un precio alto a Sintraemsdes, con agresiones físicas y verbales a sus afiliados, hay amenazas telefónicas para que nos retiremos de la organización. Eso ha sido denunciado e informado a la Unidad Nacional de Protección. El otro sindicato presentó unas peticiones que son el mismo pliego que tenemos nosotros. Este no puede negociarse porque son los mismos puntos que ya los cubre, pero el Gerente General se puso a negociar y les entregó 75 millones de pesos, es decir, van a negociar lo que los trabajadores ya tienen. El Gerente también justificó un contrato para un abogado amigo de él, Luis Fernando Rengifo, por 80 millones de pesos, para que acompañe una negociación que no irá por más de tres meses. –¿Cuáles son los puntos principales del petitorio que presentarán? –Es un petitorio muy político en el sentido que busca mantener los procesos de la empresa de manera directa, con patrimonio público y de manera pública, que apunta al cuidado del medio ambiente, a la regularización de esos contratos que están en otras modalidades para que esos trabajadores sean contratados a término indefinido. –¿Usted cómo describiría al gerente de la empresa? –Alberto Merlano es un gran negociador, tuvo una trayectoria en Ecopetrol donde dejó dividida a la Unión Sindical Obrera, USO, y dejó otros tres sindicatos. Ya había sido gerente de esta empresa en la administración de Luis Eduardo Garzón, donde en una negociación con el sindicato le arrebató el 45 por ciento a los ingresos de los trabajadores. Ese es el gerente que puso la Bogotá Humana.

Diciembre 3 de 2014

Declaración por la protección de sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política

Parlamentarios y dirigentes sindicales del Reino Unido e Irlanda escuchan testimonios de las madres de Soacha en Julio 2014 en una delegación organizada por Justicia por Colombia. Foto JFC.

osotros, los abajo firmantes, expresamos nuestra seria preocupación por los recortes que la Unidad Nacional de Protección (UNP) del gobierno colombiano le está haciendo a las medidas de seguridad para los sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. Los recortes siguen luego del escándalo reciente de agosto de este año, que involucraba a funcionarios de alto nivel de la UNP, y conllevó a la crisis financiera de la UNP. A pesar del compromiso del gobierno de que los recortes no afectarían la seguridad de activistas, tenemos conocimiento de numerosos casos de personas en riesgo a quienes les ha sido negada protección adecuada, incluyendo dirigentes sindicales, y figuras de la oposición política como el senador Iván Cepeda Castro, representante del partido opositor el Polo Democrático, el doctor Carlos Lozano, periodista y vocero de la Marcha Patriótica y la ex senadora Piedad Córdoba, vocera de la Marcha Patriótica, y todos los miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ellos han visto limitado el uso de los guardaespaldas necesarios y los vehículos blindados de los cuales dependen en el quehacer diario en áreas de continuación de conflicto. Es de preocupación seria que estos recortes tienen lugar al tiempo de un fuerte aumento en ataques y amenazas de muerte a activistas en Colombia, con 45 activistas de derechos humanos asesinados en los primeros nueve meses de 2014, y un incremento del 170 por ciento en violaciones de derechos humanos en contra de activistas en los últimos tres meses de acuerdo al programa ONG ‘Somos defensores’. Se calcula que solo un dos por ciento de crímenes en contra de activistas en Colombia llega a una sentencia. Los recortes a la protección también ponen en peligro la participación segura de la sociedad civil en las negociaciones de paz actuales entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y establecen un precedente peligroso en relación a las garantías de participación de la oposición democrática después

Parlamentarios y dirigentes sindicales expresan su apoyo por la libertad de los presos políticos durante una recepción en el parlamento británico en solidaridad con la Marcha Patriótica en Abril 2014. Foto JFC.

del proceso de paz. Nosotros creemos que la participación segura de activistas de la oposición, derechos humanos y sindicatos es un derecho democrático fundamental esencial para la paz, que el gobierno colombiano tiene la responsabilidad y obligación internacional de garantizar. Expresamos nuestro apoyo para aquellos que trabajan por la paz y la justicia social en Colombia y llamamos urgentemente al gobierno colombiano a asegurar su protección. Firman: Miembros del Parlamento del Reino Unido Dave Anderson MP, Ann McKechin MP, Katy Clark MP, Rt Hon Tom Clarke MP, Michael Connarty MP, Jeremy Corbyn MP, David Crausby MP, John Cryer MP, Ian Davidson MP, Baroness Dean, Pat Docherty MP, Frank Doran MP, Mark Durkan MP, Natascha Engel MP, Lord Evans of Parkside, Paul Farrelly MP, Rob Flello MP, Paul Flynn MP, Mike Gapes MP, Michelle Gildernew MP, Fabian Hamilton MP, Dai Havard MP, Stephen Hepburn MP, Kelvin Hopkins MP, George Howarth MP, Helen Jones MP, Ian Lavery MP, Andy Love MP, Khalid Mahmood MP, John McDonnell MP, Jim McGovern MP, Paul Maskey MP, Rt Hon Michael Meacher MP, Ian Mearns MP, Francie Malloy MP, Lord Monks, Madeleine Moon MP, Grahame Morris MP, Conor Murphy MP, Sandra Osborne MP, Stephen Pound MP, Linda Riordan MP, Lord Sawyer, Jim Shannon MP, Jim Sheridan MP, Gerry Sutcliffe MP, Mark Tami MP, Derek Twigg MP, Valerie Vaz MP, Tom Watson MP. Miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte Cathal Boylan MLA, Michaela Boyle MLA, Micky Brady MLA, Megan Fearon MLA, Phil Flanagan MLA, Chris Hazzard MLA, Gerry Kelly MLA, Seán Lynch MLA, Declan McAleer MLA, John McCallister MLA, Fra McCann

MLA, Jennifer McCannn MLA, Raymond McCartney MLA, Rosie McCorley MLA, Barry McElduff MLA, Bronwyn McGahan MLA, Martin McGuiness MLA, Daithí Mc Kay MLA, Maeve McLaughlin MLA, Ian Milne MLA, Oliver McMullan MLA, Alex Maskey MLA, Mitchel Mc Laughlin MLA, Carál Ní Chuilín MLA, John O’ Dowd MLA, Cathal O’hOisín MLA, Michelle O’Neill MLA, Sue Ramsey MLA, Caitriona Ruane MLA, Pat Sheehan MLA Miembros del Parlamento de la República de Irlanda Gerry Adams TD, Eric Byrne TD, Michael Colreavy TD, Seán Crowe TD, David Seantor Cullinane, Pearse Doherty TD, Dessie Ellis TD, Martin Ferris TD, Dominic Hannigan T.D, Mary Lou McDonald TD, Padraig McLaughlin TD, Sandra McLelland TD, Senator Marie Maloney, Caoimhghín O’Caolain TD, Jonathan O’Brien TD, Senator Trevor O’Clochartaigh, Aengus Ó Snodaigh TD, Emmet Stagg TD, Senator Kathryn Reilly, Brian Stanley TD, Peadar Tobin TD. Dirigentes Sindicales del Reino Unido Christine Blower General Secretary NUT, Mary Bousted General Secretary ATL, Manuel Cortés General Secretary TSSA, Mark Dickinson General Secretary Nautilus International, Ronnie Draper General Secretary BFAWU, Steve Gillan General Secretary POA, Billy Hayes General Secretary CWU, Sally Hunt General Secretary UCU, Ian Lawrence General Secretary NAPO, Len McCluskey General Secretary UNITE, Gerry Morrissey General Secretary BECTU, Steve Murphy General Secretary UCATT, Chris Keates General Secretary NASUWT, Paul Kenny General Secretary GMB, Dave Prentis General Secretary UNISON, John Smith General Secretary MU, Michelle Stanistreet General Secretary NUJ, Mick Whelan General Secretary ASLEF, Matt Wrack General Secretary FBU

ACTUALIDAD

Diciembre 3 de 2014

Confirman Personería Jurídica hasta 2018

UP: un nuevo comienzo Los argumentos para mantener la personería jurídica de la UP son evidentes HERNЕN CAMACHO

“

La Unión Patriótica no está esperando la personería para seguir haciendo política a diario por todo el país”, le dijo a VOZ, su presidenta Aída Avella, justo el día en que era notificada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de la devolución de su personería jurídica tras haberla perdido en los comicios del pasado mes de marzo. Aun cuando la dirección nacional de esa colectividad había advertido las dificultades para competir en las elecciones junto a los partidos tradicionales y con poderío económico, solamente ocho meses después el CNE le dio la razón con el sentido de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo Assís: “El partido político -UP- se presentó a las elecciones pasadas sin un respaldo económico y sin ningún tipo de espacio en los medios de comunicación, lo que habría provocado una baja votación en las urnas con 99.414 votos cuando debió alcanzar los 350 mil”. Y agrega que tal situación generó una consecuencia directa “ante la imposibilidad de inscribir suficientes candidatos al Congreso, de realizar en igualdad de condiciones una apropiada divulgación de su proyecto político, por hechos evidentemente ajenos a la UP, justifican el no ser contados para la verificación del umbral de votación establecido en la Constitución y evitar así la pérdida de su personería jurídica”. Esas razones son parcialmente ciertas, consideran voceros de la UP, quienes también señalan al gobierno nacional de tener algún grado de responsabilidad en el tratamiento desigual a la UP en plena campaña a Congreso, por cuanto violó la orden constitucional de financiamiento a la actividad política y electoral por parte del Estado a los partidos políticos con personería jurídica reconocida por el CNE: “Los dineros por concepto de adelantos para el proselitismo que debían llegar al inicio de la campaña llegaron un día antes de la fecha de los comicios”, dijeron miembros de la comisión de finanzas de la UP. En el resultado electoral obtenido por la UP pesó también la ausencia de garantías reales para su participación, las mismas por las que había salido del escenario político en el año 2002. “Las constantes amenazas venidas desde sectores de la ultraderecha colombiana, fueron de conocimiento público; así como la animadversión de muchos sectores políticos por nuestra propuesta de paz con justicia social y la sólida concepción ideológica por una salida política al conflicto social y armado que padece el país, contribuyeron a una nueva andanada de estigmatización y señalamiento contra nuestros candidatos”, señalaron en un comunicado público sus voceros. La responsabilidad del Estado El reconocimiento del genocidio sigue ausente. El Estado colombiano se ha negado sistemáticamente a

La Unión Patriótica se alista para la campaña electoral de 2015 en unidad con la izquierda colombiana. Foto Archivo.

reconocer su responsabilidad en una política de exterminio contra la militancia del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, a lo largo de tres décadas y que tales crímenes aún no encuentran verdad, justicia y reparación. Solamente en algunos casos emblemáticos el gobierno nacional como representante del Estado, ha reconocido su responsabilidad tras un juicio en tribunales internacionales, como en el caso del senador y exdirector de VOZ, Manuel Cepeda Vargas. Exigen reparación integral Por ello la UP sigue insistiendo en que la reparación debe ser integral y que no permitirá que simplemente con la devolución de su personería sea

suficiente para resarcir el daño causado a un grupo político en oposición al establecimiento. Recuperar la identidad como partido político surgido de los acuerdos de paz entre las FARCEP y el gobierno nacional en 1984, su plataforma política que la convirtió en opción de poder, su labor parlamentaria, su gestión ejecutiva al frente de importantes municipios donde se postuló con votos como la primera fuerza política, los proyectos e iniciativas políticas para la profundización de la democracia, las reformas agraria y urbana dejadas a media marcha por el asesinato de sus militantes. Son algunos aspectos del concepto de reparación integral. Pero también la UP exige el reconocimiento de la responsabilidad de

empresarios financiadores del paramilitarismo, jefes de partidos políticos que ordenaron masacres contra su militancia y de los perpetradores de los crímines que en su inmensa mayoría corresponde a miembros de la fuerza pública. Sin ello, dicen, no se llega a la paz duradera y estable que se pretende acordar en La Habana. Con la decisión del CNE, deja a la izquierda con dos partidos políticos para las contiendas locales de 2015, el Polo Democrático y la UP. Pero será el Frente Amplio por la Paz, del que hace parte la UP, el más beneficiado con la denominada sombrilla política para presentar candidatos de coalición de la izquierda bajo el aval de la UP. Una verdadera consolidación de fuerzas alternativas por el poder local.

Tolima toma la delantera con el Pacto Agrario Con el liderazgo del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón y del secretario de Desarrollo Agropecuario, Elkin Anselmo Oliveros Polanía, el campesino tolimense ha recibido una especial atención reflejada en obras de desarrollo comunitario en los 47 municipios del departamento. Entre los sectores más favorecidos con esta política figuran los ganaderos, la caficultura recibiendo beneficios directa- Elkin Anselmo Oliveros Polanía mente 25 mil familias ubicadas en los 38 municipios productores de Secretario de Agricultura del Tolima. café, también los cacaoteros, proyectos piscícolas, importantes cadenas alimenticias, acentuando el énfasis en la seguridad alimentaria. Para el gobernante es prioritario defender la vocación agropecuaria de los tolimenses, por eso viene apoyando el arreglo de vías y solicitándole al Gobierno Nacional apoyo para hacer realidad la paz con justicia social.

BOGOTÁ

Diciembre 3 de 2014

Proponen Constituyente por la vivienda digna En Bogotá se realizan un promedio de 100 desalojos diarios, se calcula que el 60 por ciento de quienes obtienen préstamos de vivienda están en mora

Seminario por la lucha de la vivienda digna. Foto Redacción Bogotá.

Luis Jerez. Foto Redacción Bogotá.

Gabriel Barrios. Foto Redacción Bogotá.

REDACCIюN BOGOTЕ

l pasado sábado 29 de noviembre se realizó el Seminario por la Lucha de la Vivienda Digna, impulsado por la Coordinadora Distrital Viviendista (Movimiento 18 de diciembre y víctimas del sector financiero), en donde se abordaron varios temas importantes y se proyectaron otros para el próximo año. Entre los puntos a destacar está el de fortalecer las organizaciones viviendistas con el ánimo de buscar entre todas, la solución de vivienda tanto a desplazados como a sectores vulnerables, discapacitados y sectores que están en zonas de alto riesgo, no solo en Bogotá, sino con proyección a nivel nacional. Para ello se viene trabajando la idea de que los sectores necesitados de la vivienda se pongan de acuerdo para elaborar un proyecto de ley que debe cursar en el Congreso de la República, para que con unos objetivos concretos se dé de una vez por todas, solución a este problema que hoy afecta a miles de personas.

VOZ habló con Gabriel Barrios desplazado del departamento de Bolívar quien vive en Bogotá y es miembro de la Organización Popular Viviendista (Familia unida por un sueño) de la localidad de Ciudad Bolívar: “Pensamos que con las leyes y los decretos existentes para solucionar el problema de vivienda, el gobierno se queda corto. Estadísticas sostienen que en Bogotá hay alrededor de 400 mil desplazados, pero la mayoría de ellos no tienen vivienda propia. El desplazado tienes además desventajas, con la ley 1448 cada día se va aislando más del resto de la sociedad, el desplazado viene convencido de que el gobierno le va a facilitar o solucionar el problema de la vivienda, pero para tener éxito en sus exigencias tiene que contar con el apoyo del resto de la población”. Victimas del sector financiero En el seminario los participantes expusieron su situación particular, algunos

desalojados de sus viviendas hicieron una presentación de sus casos. Ya la Coordinadora Nacional Viviendista viene trabajando en la recolección de cifras de cuántos desalojos hay en la capital y a nivel nacional, para de esta manera tener un panorama real de lo que se vive en lo relacionados con las víctimas del sector financiero. Cifras oficiales no exactas calculan que solo en Bogotá se realizan diariamente alrededor de cien desalojos, no hay datos oficiales a nivel nacional. Lo peor de todo es que un secreto a voces la existencia de un cartel del remate en el que estarían implicados constructores, entidades financieras, jueces, abogados y auxiliares de la justicia. Créditos VOZ también habló con Luis Jerez de la Central Nacional Provivienda y miembro del grupo de inquilinos del norte: “Este seminario planteó más estudio, más propuestas y por ello estamos apuntando a una Constituyente por la

vivienda urbana; consideramos que el próximo año será muy fructífero para la lucha de la Coordinadora Nacional Viviendista. En cuanto a los desalojos hay que decir que este año han sido muchos en Bogotá ya que el sector financiero tiene mucho poder, además nosotros creemos que genera fraudes, engaños y la gente tiene precarias condiciones económicas y movidos por la necesidad de la vivienda, se meten en unos créditos que después no pueden pagar, y terminan siendo desalojados sin ninguna oportunidad, para poder renegociar sus créditos, pero cuando los renegocian, les cobran de manera exponencial y terminan siendo víctimas del sector financiero. Se calcula que el 60 por ciento de los acreedores de deudas hipotecarias están en mora.” Para el 25 de enero se proyecta realizar un encuentro con todas las organizaciones del sector de vivienda para trazar unos derroteros a seguir tanto en la Capital de la República como a nivel nacional.

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NOTICAPITAL

Dinero para Sector Hábitat Una asignación de 712 mil millones de pesos para ser ejecutados en la vigencia de 2015 recibirá el Sector Hábitat, conformado por la Secretaría Distrital del Hábitat; Caja de Vivienda Popular; Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-; Empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá; Metrovivienda y Aguas Bogotá. Dispensadores de condones La Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se instalan dispensadores de condones en el Distrito Capital”, de autoría de la Concejal Liliana de Diago, proyecto que tiene como objeto la implementación de dispensadores de condones como medida de salud pública, para de esta manera hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH SIDA y embarazos no deseados. Igualmente estarán dotados con la información necesaria sobre su utilización. En países como México, Chile, Ecuador y Argentina se ha logrado una gran disminución de los índices de contagio, gracias a su instalación, por estos resultados la ciudad debe avanzar en los programas de prevención y contribuir a la política pública de atención en salud.

Mujeres víctimas del conflicto residentes en Bogotá L

as mujeres víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos humanos residentes en Bogotá D.C. denunciaron, las amenazas, llamadas intimidatorias, persecución, hostigamiento y otras formas de violencias y ataques, que en muchos casos se han concretado en agresiones físicas y psicológicas contra de sus cuerpos y sus familias, afectando gravemente los entornos sociales y los procesos

organizativos de los que hacen parte. En un comunicado de prensa las organizaciones “Mujeres Víctimas del Conflicto Armado”, “Mesa Autónoma de Mujeres Víctimas Residentes en Bogotá” y “la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación” hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas frente a la permanencia en el Distrito

Capital de grupos armados al margen de la ley, que continúan ejerciendo control territorial, limitando y violentando la participación y la organización de la ciudadanía y generando nuevos hechos victimizantes en contra de las mujeres. Las víctimas de estos grupos son especialmente activistas, lideresas y defensoras de derechos humanos, quienes son revictimizadas, con

discriminación y segregación, desplazamiento intraurbano, ruptura de los núcleos familiares y graves afectaciones psicosociales para ellas y sus familias. “Exigimos al Estado colombiano que, en ejercicio de sus deberes garantice el derecho a la vida, los demás derechos de las mujeres víctimas y la erradicación de las múltiples formas de violencia que se ejercen contra las mujeres

y que de manera inmediata otorgue medidas de protección a las víctimas de los hechos mencionados. De igual forma demandamos que en las políticas, programas, proyectos y acciones orientados a la prevención, atención, protección, sanción y restablecimiento de derechos, se incorpore el enfoque de derechos de las mujeres y de equidad de género”, sostiene un aparte del comunicado.

DERECHOS HUMANOS

Diciembre 3 de 2014

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Preocupación por amenazas a líderes campesinos

Oposición a la minería ANDRШS ARIAS

través de un comunicado la Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Ambientales, Agrarias y Gremiales de San Vicente del Caguán (UNIOS), denunció la persecución en contra de aquellos que se oponen a los estudios de sísmica. La agremiación sostuvo que: “Ante las acciones de intimidación llevadas a cabo por auto nombrados líderes sociales que están al servicio de las empresas multinacionales de explotación petrolera, que en este momento atentan contra nuestra permanencia en el territorio, expresamos que seguimos manteniendo nuestra oposición al proceso de realización de la sísmica del Bloque Nogal-Manzano de la cuenca CaguánPutumayo”, ya que según los labriegos; estos procesos de exploración atentan contra el medio ambiente y el recurso hídrico de la región. Preocupación En ese mismo sentido, Herson Lugo, presidente de la Corporación para la defensa de los derechos humanos Caguán Vive, siente una grave preocupación por la coyuntura de inseguridad

Herson Lugo, Presidente de la Corporación Caguán Vive.

que se ha generado en la localidad, ya que las personas que vienen haciendo oposición a los estudios sísmicos que adelanta la empresa Petroseismic, contratista de la multinacional Emerald Energy han sido hostigados de alguna manera. “Varios dirigentes que se encontraban socializando sobre las problemática

Domingo Emilio Pérez, alcalde de San Vicente del Caguán.

y el impacto de la locomotora minera en la región, fueron fotografiados por funcionarios de dicha petrolera, lo que sin duda alguna llena de preocupación a los campesinos, teniendo en cuenta que además vienen siendo víctimas de constantes amenazas por vía telefónica, donde se les quiere obligar a través de estas presiones a firmar los permisos de intervención”. Apoyo a campesinos

Reiniciar lanza textos de investigación

S.O.S.

Luz Marina Monzón, abogada realizadora del libro. Foto Redacción Derechos Humanos.

l pasado 27 de noviembre en el Centro de Memoria de Bogotá se realizó el lanzamiento de “Dimensión psicosocial del genocidio contra la Unión Patriótica, impactos a la vida y esperanza de un proyecto democrático” y ¿Es la ley de víctimas un instrumento idóneo para reparar integralmente a las víctimas del genocidio contra la unión patriótica?, ambos textos producidos por un grupo de investigadores, abogados, sicólogos y politólogos de la Corporación Reiniciar, con el apoyo de la Embajada de Suecia. El objetivo de estas publicaciones es entre otros, el de analizar la ley de víctimas, la realidad frente la reparación del grupo político UP, y mostrar de manera sencilla las dimensiones sicológicas de las afectaciones que la persecución contra la Unión Patriótica dejó en los sobrevivientes y en la sociedad.

El mandatario de la localidad Domingo Emilio Pérez, anunció que desde su administración “hay un respaldo total a las iniciativas que en el ejercicio de la autonomía y la libertad vienen adelantando las juntas de acción comunal, las organizaciones y los campesinos de resistencia a la sísmica, porque ellos consideran, y comparto plenamente esta tesis; que la intervención de este modelo va a traer una hecatombe agroecológica para el territorio, pero a nosotros nos preocupan mucho las constantes amenazas en contra de los dirigentes del sector por parte de agentes oscuros que se ven afectados económicamente por esta resistencia y defensa campesina”. Por otro lado el funcionario expresó

Negligencia médica desata huelga en Picota La Corporación Solidaridad Jurídica se pronunció en favor de la huelga de los prisioneros políticos de guerra recluidos en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron Picota) en la ciudad de Bogotá, y exigió a las autoridades tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Al cierre de esta edición 180 presos políticos y prisioneros de guerra, recluidos en el mismo establecimiento se habían sumado en solidaridad ante la difícil situación de inasistencia médica que tienen que sufrir los detenidos y detenidas del país. Desaparecido estudiante de Uniatlántico Desde el pasado 21 de noviembre y al cierre de esta edición permanecía desaparecido el joven César Eduardo Vesga estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico. Así lo informó la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. El joven se dirigía a la institución académica cuando fue interceptado por desconocidos que no han dado señales del joven. ASPU exigió a los organismos de derechos humanos crear la alerta para evitar un triste desenlace. Muere campesino por ataque del Ejército El pasado 23 de noviembre, en el Hospital Regional de Granada (Meta), falleció el campesino José Norvey González de 32 años, como

su inquietud por lo que él llamó “la actitud y el silencio de la empresa multinacional”, y aseguró que esta empresa debe pronunciarse formalmente rechazando estas acciones de intimidación, y recordó que la historia petrolera en Colombia ha demostrado tener vínculos con actores criminales que han segado la vida de muchos líderes que se han negado a las dinámicas petroleras en el territorio e hizo un llamado a las autoridades a proteger la vida de la comunidad que se niega a abandonar sus raíces para abrir los horizontes del deterioro ambiental. Soluciones inmediatas El mandatario y el defensor de derechos humanos coincidieron en la necesidad de acompañamiento de las autoridades del alto gobierno, además de la comunidad internacional; pues el tiempo de socialización y estudio con el que contaba dicha empresa está a punto de terminar; eventualidad que incrementa el riesgo para la vida de los dirigentes, y anunciaron la realización de todas las acciones de denuncia pública necesaria para mitigar posibles crímenes, que además serán apoyados desde la institucionalidad local.

consecuencia de la herida de bala propinada por hombres de la Brigada Móvil No 4 del Ejército Nacional el pasado 12 de noviembre en la vereda La Esperanza, en el sitio conocido como Taguara, vereda Caño Danta, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Según las denuncias el labriego se movilizaba de su sitio de trabajado, ubicado en la vereda El Chacón en Caño Cabra, hacia su finca, cuando fue baleado por soldados, quienes sin ningún tipo de advertencia, procedieron a abrir fuego contra el civil. Detienen a alcalde de Turbo La Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la detención preventiva que por el delito de concierto para delinquir agravado se había dictado el pasado 26 de agosto en primera instancia en contra del actual alcalde de Turbo (Antioquia), William Palacio Valencia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Entre los capturados hay excandidatos al Senado de la República, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, exalcaldes, exconcejales, líderes políticos, líderes cívicos y servidores públicos de la región de Urabá. Estas personas se encuentran vinculadas con el Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y que en el sector bananero de Antioquia, Córdoba y Chocó promovió un grupo llamado Movimiento Político del Urabá Grande, Unida y en Paz.

ECONOMÍA

Diciembre 3 de 2014

México

Peña Nieto subasta el petróleo

ADOLFO HERRERA CONSUEGRA*

hora cuando el Partido Revolucionario Institucional, PRI, feria los recursos energéticos del país azteca, es pertinente recordar que bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas se realizó la nacionalización del petróleo, ordenada por la Ley de Expropiación de 1936, fundamentada en el artículo 27 de la Constitución de México. El presidente mexicano mediante decreto anunció la nacionalización el día 18 de marzo de 1938. Eran otros hombres corajudos y verdaderos nacionalistas. La política neoliberal del gobierno Peña Nieto, paradójicamente miembro del mismo partido político, el PRI, que había nacionalizado 76 años antes el petróleo, ahora lo entrega a la explotación de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Para realizar su política antinacionalista y privatizadora el presidente buscó y logró una alianza con el Partido de Acción Nacional, PAN, que ejerció el poder ejecutivo en México entre los años 2000 y 2012, partido político de derecha, con el cual constituyó una aplastante mayoría en el Senado, que le facilitó varias reformas constitucionales que le permitieron la felonía de privatizar el tesoro que celosamente cuidaba el pueblo de Benito Juárez. Como la decisión de privatizar el petróleo constituía una estrategia que venía siendo estudiada por el PRI desde antes de retomar la presidencia de la república, tan pronto el Senado le aprobó el proyecto de ley que autorizaba la privatización del petróleo, inmediatamente se puso a disposición de las empresas privadas 3800 kilómetros cuadrados que abarcan el norte de los estados de Veracruz y Puebla, que según los geólogos, representan poco más del 40 por ciento de las reservas de petróleo de México. Se considera

que el potencial de la región ofrecida es de 139 mil millones de barriles de hidrocarburos. En Chicontepec, así se llama esta región, se hallan 90 de los 169 pozos ofrecidos por la Secretaría de Energía de México a los inversionistas nacionales y extranjeros. Se ferian los recursos energéticos El pago exigido a las empresas petroleras por la explotación de los hidrocarburos es tan irrisorio, que apenas llega al 7.5 por ciento de lo que obtengan. El Centro de Investigaciones y Docencia Económica, le recordaba al presidente Peña Nieto, que otros países cobran a las petroleras hasta el 25 por ciento del producto que obtienen. Hay un hecho que agrava los efectos negativos de la privatización, las autoridades mexicanas no tuvieron en cuenta para iniciar el proceso de entrega de sus recursos energéticos a las empresas extranjeras, que es el momento menos propicio para obtener beneficios que favorezcan al Estado, ya que los precios del petróleo se derrumbaron y van rápidamente hacia la pérdida del 30 por ciento del precio a que se vendía hace apenas tres meses. En consecuencia, entregarán una inmensa fortuna por unas sumas ridículas. Además, los factores geopolíticos son totalmente adversos, hoy ningún miembro de la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo- tiene posibilidades de influir para invertir la tendencia hacia la baja del crudo. Ahora es más válida la exclamación de los manitos: ¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos! Con razón los analistas de Goldman Sachs, se regodean exclamando: “La OPEP ya no actúa como productor de referencia del mercado y la oferta de esquistos de Estados Unidos está llamada a ocupar ese lugar”. En esta coyuntura ninguna clase

gobernante medianamente nacionalista privatizaría los recursos energéticos, sólo el PRI, abiertamente derechizado y en alianza con un partido de izquierda, pero débil, como el PRD, (Partido de la Revolución Democrática), se atrevió a hacerlo. Tan inadecuada es la situación internacional que la investigadora del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Miriam Grunstein la valoró así: “El problema de una bajada de precios, justo en los albores de la apertura energética es que reduce las posibilidades del gobierno para negociar.” Estas circunstancias no importan cuando se trata de una burguesía seducida por el neoliberalismo.

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HECHOS

& COMENTARIOS Esquistos. Los esquistos son rocas que se comportan como esponjas y que por ser poco permeables retienen el petróleo y para extraerlo de allí se requiere la inyección de agua, arena y gran cantidad de químicos a alta presión, lo que produce fisuras o fracturación, conocido como fracking, lo que permite que el crudo y el gas salgan y puedan ir a la superficie a través del pozo. A este sistema de extracción de crudo y gas se le ha llamado fracking o fraccionamiento hidráulico. Esta práctica ha sido cuestionada por los múltiples impactos en la salud humana por los gases que emana, en el propio subsuelo y en la atmosfera. Esta técnica necesita veinte veces más cantidad de agua que con el método convencional de extracción. Las fuentes subterráneas de aguas quedan contaminadas con elementos radiactivos, se alteran las placas tectónicas generando temblores. Precisamente por lo nocivo de este sistema Alemania y Francia lo prohibieron. En Colombia lo tratan de implementar a toda costa, a pesar de estos antecedentes. En Puerto Gaitán, la trasnacional Pacific Rubiales ha hecho pruebas y se evidenciaron los múltiples impactos nocivos arriba citados. Incluso Ecopetrol está empeñada en aplicar esta modalidad de explotación aquí.

* Columnista invitado.

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INTERNACIONAL

Diciembre 3 de 2014

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Tabaré Vásquez asegura segundo mandato

“Más cerca del corazón de la gente” En las elecciones generales del pasado domingo en Uruguay, en segunda ronda, el candidato del Frente Amplio, obtuvo una holgada mayoría que permite a la izquierda permanecer un período más en el gobierno ALBERTO ACEVEDO

n la consulta electoral, en segunda vuelta, para elegir presidente de la República para un período de cinco años, celebrada el pasado 30 de noviembre, el candidato del Frente Amplio, del Uruguay, el médico Tabaré Vásquez, de 74 años de edad, obtuvo una cómoda mayoría del 53.5 por ciento de los votos, frente a un 41 por ciento de su opositor, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que en la misma noche de las elecciones reconoció su derrota. Oncólogo de profesión, Tabaré Vásquez, con su victoria electoral, pasará a la historia del país austral como el primer presidente de izquierda que llega a la casa de gobierno, el tercer ciudadano de ese país en ocupar dos veces la primera magistratura, y con los resultados del domingo, el presidente que alcanza la más alta votación en los últimos 70 años de vida política en el Uruguay. El nuevo gobernante, que se posesionará el primero de marzo próximo, había instalado su comando electoral en el hotel Four Points, de Montevideo y al conocer los resultados de la contienda hizo su primer discurso a la

nación en calidad de mandatario electo. En esta intervención habló de las perspectivas de su gobierno y de la necesidad de mejorar el diálogo con la oposición. Diálogo enriquecedor “Hoy los uruguayos hemos dicho nuevamente sí a más libertades y derechos. Mejor democracia y ciudadanía. Nuevas esperanzas y un nuevo porvenir”, dijo Vásquez al comenzar su alocución. A sus electores les ofreció un “profundo y eterno agradecimiento” por haber depositado con su voto su confianza. “Esto fue fruto de la credibilidad del nuevo Frente Amplio, de sus propuestas y convicciones”, puntualizó. Al referirse a la bitácora que orientará su gobierno, Vásquez dijo que “la propuesta programática la elaboramos y difundimos en un enriquecedor diálogo con la sociedad uruguaya. Porque para mejorar la realidad hay que conocerla y para ello hay que andar y ver, y estar cerca del corazón de la gente”. Ese programa, es la continuación de una agenda de diez años de gobiernos de izquierda en ese país, en que cayó el desempleo sensiblemente, aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores y campesinos, se atenuó la desigualdad

Tabaré Vásquez, presidente electo de Uruguay.

social y se avanzó en el reconocimiento de derechos fundamentales a sectores tradicionalmente discriminados. Para que me guíen Los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio lograron mantener el crecimiento económico, al tiempo que mejoraron los salarios, las pensiones y el gasto social. Ejes de ese desarrollo han sido el mejoramiento de la salud pública, la educación y la seguridad ciudadana. El programa del Frente Amplio hace énfasis en incrementar el presupuesto para educación pública, en el próximo lustro. Ampliando su opinión sobre esa agenda de mejoras, Tabaré Vásquez hizo alusión a una mayor igualdad de derechos. “En la sociedad puede haber

asimetrías, pero no puede haber asimetrías en los derechos de la gente ante la ley y la vida. Ahí está la clave de la convivencia ciudadana imprescindible para el desarrollo individual y el de todos. No hay que pensar tanto en las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones”, sentenció. Vázquez finalizó su intervención hablando del diálogo y los acuerdos con la oposición. “Están convocados todos a un diálogo. Que sin ignorar a nadie y abarcando a todos refleje a las mayorías, porque esto es el alma de la democracia. Yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades pero no puedo, no debo y no quiero trabajar solo. Convoco a todos los uruguayos, no para que me sigan, sino para que me guíen y me acompañen”.

Medidas migratorias de Obama

Tardías e insuficientes La especie de amnistía que el mandatario norteamericano ofrece a menos de la mitad de los inmigrantes que se calcula hay en el país, es apenas por dos años. El propio Obama, alienta una política de criminalización hacia los indocumentados

pesar de que una de las promesas de campaña electoral de su primer mandato fue la de introducir una reforma migratoria, que alivie la situación de al menos once millones de indocumentados, que las autoridades calculan, existen en el país, seis años después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Barak Obama anunció un paquete de medidas, tardías e insuficientes que ayudan solo de manera provisional la situación de menos de la mitad de los ilegales que llegan a ese país en busca de trabajo y mejora de sus condiciones de vida. El decreto de Obama plantea regular la situación de entre tres y cinco millones de migrantes, varios miles de ellos de nacionalidad colombiana, que a partir de hoy podrán salir de

la ilegalidad y obtener un permiso de trabajo con carácter transitorio. A cambio de este beneficio, deberán cumplir varios requisitos: Que lleven al menos cinco años de estar viviendo en los Estados Unidos; que no tengan antecedentes penales allí; que se muestren dispuestos a pagar impuestos a futuro, como el resto de los ciudadanos de ese país. Los beneficiarios deberán demostrar que tienen hijos nacidos en Norteamérica y sean ciudadanos reconocidos o tengan papeles de residentes, y todo esto, antes del año 2010. Obama dijo que con su propuesta, pretende que el sistema de migración sea más justo y adecuado, pero todo parece indicar que esto no va a ser así. Junto a las medidas de alivio, Obama promete endurecer la política

Inmigrantes en Estados Unidos reclaman sus derechos.

antiinmigrantes en la frontera, y de hecho criminaliza a los indocumentados, acusándolos de cometer cerca del 80 por ciento de los delitos que allí se cometen. Por otro lado, las medidas de reconocimiento se extenderán por unos dos años en promedio, mientras el Partido Republicano, que ahora controla las dos cámaras legislativas, asegura que hará todo lo posible porque estas medidas no se lleven a cabo y de momento anuncia que bloqueará cualquier proyecto de ley que tienda a financiar la

propuesta presidencial. Así las cosas, organismos defensores de derechos humanos critican que el presidente demostró que podía tomar esta medida, que estas organizaciones le reclamaron desde hace cinco años y ahora dispone de ellas en el peor momento de su mandato, de mayor debilidad política, después de haber sufrido un revés electoral, seguramente con el cálculo de mejorar la percepción entre sus electores, con miras a asegurar la permanencia de su partido en el despacho oval.

MUJERES

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Mercantilización de los cuerpos (II)

La explotación sexual infantil El proyecto de ley, el Estado y las instituciones que lo representan, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no han tomado medidas pertinentes a una problemática que lleva años y que aun no se ha solucionado LUZ MIREYA GALLO PIэEROS

n la pasada edición, en la separata de mujeres, el semanario cubrió una parte del tema sobre “la prostitución”, por su complejidad se realiza una segunda parte. Hablar de prostitución en Bogotá, va más allá del discurso de los derechos de las trabajadores sexuales. Claro está, es importante reconocer este como una oficio y profesión y que el Estado sea responsable, controle y garantice una vida digna para quien quiera de manera voluntaria trabajar en el. Pero el trabajo sexual es una parte del negocio del sexo, también está la trata de personas y la explotación sexual infantil. Retomando las denuncias que las trabajadoras sexuales hace a VOZ, y continuando con el análisis de consecuencias del proyecto de ley 079, queremos explicar con detalle tres falencias que no habla y sanciona dicho proyecto de ley; el trato, control y regulación de los clientes, la regulación de los establecimientos de prostitución, (bares, sexshows, residencias, etc.) que a su vez son cómplices y culpables de permitir la explotación sexual infantil, otra tema del que no habla la ley.

poco o nada del control o mecanismo de regulación del cliente. Desconoce información sobre su proveniencia, situación socioeconómica, sus ocupaciones, los servicios que más solicitan, los lugares que visitan, la frecuencia con que van, el monto que pagan, los consumos adicionales que hacen en los establecimientos, entre otros. Esto conlleva a que las mujeres trabajadoras estén en vulnerabilidad dentro de la alcoba. Cindy: aquí llega la policía y nos requisa, nos humilla y vigila lo que hacemos, pero en cambio nunca hacen una requisa a nuestros clientes, muchos de ellos vienen aquí armados, como mínimo con una patecabra, y nuestra vida siempre está expuesta al peligro… sí la policía hiciera requisas o pidiera papeles, sabría que entre nuestros clientes “algunos” tienen antecedentes, pero como este negocio está controlado por las grandes mafias, los policías no pueden hacer nada… De qué forma estas mujeres y hombres podrán denunciar una enfermedad venérea o el abuso laboral, ante una aseguradora de riesgos (ARL) sí este no es reconocido como un trabajo legal y con todas las garantías pertinentes que deben estar a cargo el estado. Regulación de los establecimientos

Los clientes VOZ habló con el grupo de amigas de Cindy y todas afirman que la prostitución hoy por hoy se ha vuelto más difícil, la mayoría de las mujeres que ingresan al trabajo no logran soportar los karmas que trae consigo el diario vivir, su mayor problema es el trato con el cliente; muchas de ellas se enfrentan a situaciones en que los hombres no quieren y negocian el uso del condón, -la mayoría de nuestros clientes deciden pagarnos más, si nosotras no usamos condón-, al parecer es un problema de cama ajeno a todos y que termina siendo un problema de salud pública. La exposición de motivos sustentados en el proyecto de ley escasamente caracteriza a los clientes de la prostitución, en su mayoría casados, solteros, separados y en unión libre, donde el 20 por ciento están entre 30 y 35 años, (según cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA, el 58 por ciento de las mujeres amas de casa, esposas del cliente terminan contagiadas) hay que reconocer que la cultura machista que impera hoy en día en los hombres, es producto de la poca educación sexual y conciencia del uso del preservativo, como lo afirma Cindy, muchas esposas duermen sin saber qué hace su esposo con nosotras afuera de su casa, y que si él no usa el condón en la calle, mucho menos en su casa”, explica Cindy. Otro de los errores que tiene el proyecto legal, es que habla de los deberes de las trabajadoras sexuales y muy

Según la iniciativa legal los establecimientos tienen que asegurar y afiliar a las trabajadoras al sistema de salud, en su artículo 8, con un tipo de contrato fijo o indefinido, pero no explica o nombra la institución que hará seguimiento a esta parágrafo, mucho menos qué tipo de derechos laborales estarán escritos en cada contrato, ¿habrá o no abuso laboral, horas extras, liquidación? Por otra parte la ley sanciona, prohíbe y multa a los proxenetas, o a quienes obliguen o inviten a las personas a la prostitución, sanciona a quienes quieren incrementar el número de trabajadores sexuales y para ello dispone de sanciones y orden de cárcel. ¿Cómo sancionar al Estado, a los grupos armados que han obligado a las mujeres a ejercer la prostitución? ¿Cómo multar o sancionar al Estado por generar situaciones de pobreza, inequidad entre los sexos, falta de oportunidades, inestabilidad laboral? Hay que recordar según cifras de la Secretaría de la Mujer, que de 100 mujeres sólo 12 ingresan libremente, sin presiones o amenazas, el 28 por ciento por necesidad económica y falta de oportunidades y el 60 por ciento, por trata de blancas. La Cámara de Comercio de Bogotá en 1991- 1992 realizó dos estudios sobre el fenómeno de la prostitución en los sectores centro y Chapinero de la capital, con el objeto de medir la magnitud real de la prostitución en términos cuantitativos, y por otra identificar las características cualitativas de quienes ejercen la actividad.

“No la recoja, puede ser su hija...”.

Las estadísticas presentadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, referidas únicamente en la zona centro, arrojan para el año 1991 una población de 10.932 prostitutas adultas, trabajando, 1.087 mujeres menores de 25 años en establecimientos y 3.279 trabajando en la calle. Como vemos el número de mujeres que trabajaban en esta época de los noventa es demasiado alto. Hay que recordar que en Bogotá, toda la zona centro, que cobija la décima, Las Aguas, la calle 25 con 4, toda la 19 eran centros de prostitución, que al día de hoy se encuentran con un gran desarrollo industrial y comercial. Ahora todas ellas están en el barrio Santa Fe, en condiciones indignas, sin poder salir de esas calles, puesto que la policía las golpea y detiene en un carro patrulla, si se encuentran ejerciendo su trabajo fuera de la zona de tolerancia. Según el marco jurídico, la prostitución no es ilegal ni carcelable, sin embargo se prohíbe el trabajo sexual fuera de las zonas de tolerancia y es ahí cuando se cometen violaciones de derechos y abusos policiales. Explotación sexual infantil. Por otro lado, el número de población infantil explotada sexualmente durante el año 1993, según estudios de la Cámara de Comercio es de 2.959 niñas en este año. Según este estudio, las niñas son reclutadas en los terminales, robadas en la hora de salida de los colegios de los barrios más marginales de Bogotá. Queremos recordar que en los años noventa se presentaron mayor número de denuncias de desaparición de niños, y que en su momento la policía nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron una campaña ineficaz. Recuerdan la foto de niños desaparecidos en la caja de leche,

estos niños en su gran mayoría estaban retenidos en la terraza Pasteur, en las calles de Chapinero centro trabajando en las noches. En el año 1994- 1995 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, realizó un proyecto llamado “Atención Integral al Menor Vinculado a Prostitución”. En esta problemática, el proyecto cubre cuatro componentes; Acercamiento a su lugar de trabajo, Centro Ambulatorio, Hogar de paso, Hogar permanente. Aunque fue un proyecto para dar solución, terminó siendo un proyecto asistencialista, darle una cama o comida a un niño que está explotado sexualmente es como aceptar esto como algo “normal”. Al día de hoy la problemática está presente en toda Colombia y hace parte de los paquetes de turismo sexual. Cartagena, Bogotá y Medellín son las ciudades con más alto nivel de niños y niñas en explotación sexual. Según la policía, uno de los mayores problemas que afrontan las autoridades es la falta de un sitio en donde puedan vivir las niñas luego de que la Policía comience a realizar allanamientos en los negocios de los proxenetas. La Fiscalía General de la Nación ya tiene ubicados varios de estos locales, pero está a la espera de que ICBF ponga a funcionar una casa que sirva de vivienda para las menores. ¿Acaso no existe un Código del Menor que tipifica como delito todo caso de explotación o maltrato infantil? El decreto 2737 de 1989. Por otro lado en pocas semanas saldrá al aire una campaña dirigida a los oficinistas, a los estudiantes, a los profesionales y también a los altos ejecutivos que en lujosos carros van en busca de pasar el rato con una menor de edad. El mensaje de la campaña va a ser muy directo: “No la recoja; puede ser su hija”.

JAQUE MATE

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Los prisioneros políticos La situación que vivió el país por la retención del general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes desvió la atención de la situación de los prisioneros políticos en las cárceles colombianas, que realizaron protestas en varios centros carcelarios. En Eron Picota los presos políticos y prisioneros de guerra adelantaron jornadas de protesta con huelga de hambre y cinco de ellos se cosieron la boca en señal de protesta por la impune violación de los derechos humanos. Desde el lunes pasado se incrementaron las protestas ante el silencio del Inpec. Denunciaron las intimidaciones de un cabo y otros miembros de la guardia del Inpec.

La frase de la semana

Premio para Huber Ballesteros

“Paramilitar raso, ocho años de cárcel; paramilitar medio, extraditado a USA; jefe paramilitar, senador de la república”. Twitter en las redes sociales.

Huber Ballesteros, preso político y dirigente de la CUT y de Marcha Patriótica, ha sido postulado por más de 250 parlamentarios para recibir el premio de la Silver Rose (Rosa de Plata) de la red de ONG “Solidar”. La Central Sindical Británica (TUC), que representa a más de seis millones de trabajadores, el Grupo Sindical del Parlamento (con más de 80 parlamentarios) el Lord John Monks, Tony Lloyd, comisionado de Policía de la ciudad de Manchester y los sindicatos Unite, Unisón y GMB, los tres más grandes del país, respaldan la petición. La postulación también la hicieron la bancada laborista del Parlamento Europeo, el Partido Social Demócrata y Laborista

de Irlanda del Norte. El Partido Cooperativo de Irlanda del Norte y la Central Sindical de Irlanda (ICTU). Los contrastes Y a propósito de la postulación de Huber Ballesteros para recibir el Premio Rosa de Plata con el apoyo de numerosas organizaciones sindicales que aglutinan a millones de trabajadores del Reino Unido, contrasta la actitud solidaria en el exterior con el dirigente agrario y de Marcha Patriótica con el total silencio de la Central Unitaria de Trabajadores a cuyo Comité Ejecutivo pertenece. En las últimas elecciones del Comité Ejecutivo, Ballesteros, vicepresidente de Fensuagro, fue elegido integrante del ejecutivo de la CUT. Pero la camarilla mayoritaria ha impedido que la Central se pronuncie por la libertad del prestigioso dirigente a quien el régimen quiere castigarle su firmeza de principios en la defensa de los intereses del pueblo colombiano. Aquelarre La revista Aquelarre de la Universidad del Tolima está preparando una edición de varias páginas dedicada a los 50 años de las FARC-EP. Escribirán varios analistas y académicos sobre la realidad política y militar de esta guerrilla, en la actualidad sentada en la mesa de diálogos de La Habana. Su director, Julio César Carrión, asegura que será un éxito editorial, porque los artículos y documentos están elaborados con rigor histórico y académico.

POLÍTICA

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/16 LA VERDAD DEL PUEBLO

FARC-EP cumplen con entrega de general Alzate

El proceso no se puede estancar HERNЕN CAMACHO

El oficial de más alto rango en poder de la guerrilla fue entregado al CICR. Se abre un nuevo momento favorable para el proceso

l integrante del Secretariado de las FARC-EP y miembro de la delegación de paz en La Habana, el comandante Pastor Alape, viajó a las selvas del Chocó para hacer entrega a la misión humanitaria compuesta por la Comisión Internacional de la Cruz Roja, CICR, y los países garantes, Cuba y Noruega, del General Rubén Alzate, jefe de la Fuerza de Tarea Titán, y sus acompañantes luego de 15 días de retención en poder de esa guerrilla. Con esto las FARC-EP ratifican lo dicho desde el momento en que fue conocida la retención: facilitar la pronta resolución de lo que llamaron un impase, en la idea de avanzar sin sobresaltos hacia el acuerdo final. Aun cuando el Ministerio de Defensa manifestó que “desde un principio la misión y la prioridad de las Fuerzas Armadas de Colombia era que estas personas – el general Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego-, regresaran a sus hogares sanas y salvas”, en el terreno las operaciones militares pretendían un rescate a sangre y fuego. Los incesantes hostigamientos dificultaron su pronta entrega. Desembarcos de tropa, bombardeos en la zona, restricción de la movilidad y los alimentos para los habitantes de las laderas del río Atrato y la multiplicación del pie de fuerza en el departamento, apuntaban a un desenlace trágico que golpeara contundentemente el proceso de paz. La misión humanitaría El militar de mayor rango de las fuerzas militares en poder de las FARC-EP, quedó en libertad el pasado domingo en inmediaciones del caserío de Vegaez, a orillas del río Arquía. Al tiempo que la Operación Humanitaria Especial lo entregaba al Ejército de Colombia, en la cuarta Brigada de la ciudad de Medellín, lo aguardaba la cúpula militar y el Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. El Operativo Humanitario Especial en Chocó no tuvo dificultades de última hora, como sí sucedió con la entrega de los soldados profesionales Paulo César Rivera y Jonatán Andrés Díaz, en Arauca, cuando patrullas militares torpedearon con su presencia la entrega de los uniformados. Esa liberación fue conducida por otro de los miembros de la delegación de paz de la insurgencia, el comandante Carlos Antonio Losada, como garantía para el cumplimiento de los protocolos concertados por las partes. Sin duda un gesto de seriedad de las FARC. Para las FARC-EP, el general capturado, es una de las cabezas visibles

se conviertan en un ejercicio interminable”. Es hora del armisticio

Entrega de general Alzate a los delegados de CIRC y países garantes.

Carlos Antonio Losada conversa con soldados liberados en Arauca.

de los planes anti subversión que se desarrollan en distintas regiones del país. “El general no iba allá a hacer escuelas, mejorar las condiciones afro ni las condiciones indígenas. Él iba con su plan y tarea como comandante de esa fuerza a combatir y aniquilar a las fuerzas guerrilleras en la región. El establecimiento quiere ponerle otra cara pero ¡eso no lo cree nadie! Eso es parte de esas estrategias que fracasan. Porque no tienen fundamento en la realidad”, dijo Pastor Alape momentos antes de su desplazamiento a las selvas por orden del comandante de esa guerrilla Timoleón Jiménez. Desde la presidencia de la República se reconoció el éxito de la Operación Humanitaria Especial como un gesto de voluntad de paz de la insurgencia, calificando de maduras las decisiones que llevaron a superar el impase: “Aunque el paso dado por las FARC corresponde al deber de obrar conforme a la ley, es evidente que esa decisión contribuye a recuperar el clima propicio para continuar los diálogos, demuestra la madurez del proceso y nos permite unir nuestra voz a la de millones de colombianos que expresan su solidaridad con los liberados”. Ya en Bogotá y después de los protocolos médicos y las reuniones con el alto mando militar, el general Alzate, entregó la única declaración oficial por su retención. Una versión poco creible, mal libretiada y que dejó más preguntas de las que se tenía; ademas de

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la dimisión de su cargo que fue una decisión advertida por lo que significó su captura. Otra polémica despertada con el general fue la foto de éste y Pastor Alape, que contrario a entenderse como un símbolo para catalizar el proceso de paz y la reconciliación entre los colombianos, la gran prensa, y el mando militar la utilizaron para desacreditar las conversaciones. Una actitud mezquina de su parte. Los efectos Superados los hechos, sectores políticos del país dijeron que la liberación es una magnífica noticia para el país, y reiteraron que el diálogo debe surtirse con las reglas del juego pactadas por las partes. Así como también, exigieron un cese bilateral de fuego que permita tramitar sin contratiempos lo acordado en la Agenda para la Terminación del Conflicto. La crisis propiciada por la decisión de Juan Manuel Santos de suspender los diálogos hasta la entrega del general Alzate, es un mal presagio para el futuro del proceso pues el estruendo de la guerra no tiene por qué afectar las conversaciones, justo en el momento en que se aprestan las delegaciones a debatir temas trascendentales para la paz y la posguerra. Sin embargo, el Presidente Santos, sigue empeñado en no variar la táctica militar y reitera que dialogar bajo el fuego es la mejor manera de sacar adelante la negociación: “tengo la convicción de que negociar en medio del conflicto ha sido la mejor manera de preservar los elementos esenciales del Estado y evitar que las conversaciones

Otra cosa piensan las FARC-EP, quienes reiteraron la necesidad de pactar un armisticio que garantice al país una plena confianza en las conversaciones y convoque el apoyo popular al proceso de paz. En palabras del jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, Iván Márquez, es la hora de desescalar el conflicto con un alto en las hostilidades desde ambas partes: “Invitamos al Presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica, como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. Zafémonos de la incoherencia de hablar de reconciliación y de reconocimiento de las víctimas, sin apagar el fuego de los fusiles y sin detener las políticas económicas neoliberales generadoras de miseria, que atizan la guerra y la victimización de un pueblo al que le ha llegado la hora de la justicia”. Los deberes gubernamentales Otra de las aristas que se desprenden del desescalamiento del conflicto y el cese bilateral por definirse, es el inmediato abordaje de la liberación de los alzados en armas privados de la libertad en las cárceles colombianas y soslayar de alguna manera la crisis humanitaria que se vive al interior de ellas recientemente denunciada por el Movimiento Nacional Carcelario. Ese sería un gesto de paz abonado al gobierno nacional. Lo cierto es que despues del incidente hay que trazar nuevas reglas de juego que el gobierno nacional esté dispuesto aceptar y no violentar, como también, tendrá el ejecutivo que asumir una actitud vehemente para cerrarle el paso a los enemigos de la proceso, que desde la extrema derecha, están dispuestos a cualquier insensatez para propiciar un rompimiento de las conversaciones. Y por otro lado, zanjar inmediatamente la división al interior de las fuerzas militares atizada por los militares en retiro y el Centro Democrático quienes culpan al gobierno de estar tramitando una entrega del Estado a la insurgencia y de concertar con las FARC-EP la captura del general a la que califican de “sainete”. Sin duda, la captura de Alzate con todas sus charreteras y su pronta entrega por parte de las FARC-EP, es un golpe a los opositores de la paz y debe ser un salto cualitativo para el proceso.

¡Hola! Juventud Una historia mal contada, contra la juventud

“La caída del muro resolvería los problemas del mundo” Ya cayó el telón de acero y derribamos el muro de Berlín y ahora todos juntos como hermanos vamos de la mano a comer a un Burger King y si Lenin levantara la cabeza ¡que habéis hecho! darle un Burger con queso, el imperialismo americano ha entrado en Rusia en Polonia y en Berlín. BOIKOT

★ HAROLD OLAVE* l 9 de noviembre de 1989, quedaría marcado en el calendario de la humanidad como la gran borrachera de una juventud que extasiada en la quimera de la propaganda capitalista, se lanzaba a derribar el muro de Berlín y alcanzar “el sueño de una sociedad de abundancia, progreso y libertad”. El muro de Berlín, más allá del hormigón, el acero y de las garitas de vigilancia, que dividía una ciudad y a un país, era el símbolo de una época de confrontación entre dos visiones de sociedad: La socialista y la capitalista. Compartamos o no el levantamiento del muro, lo cierto es que después de la segunda guerra mundial, EEUU se consolida como primera potencia imperialista mundial, e inmediatamente lanza en Europa tres estrategias para la contención del Comunismo: la doctrina Truman la cual planteaba “la política de los Estados Unidos debe ser la de

asistir a los pueblos libres que luchan contra las tentativas de dominación por obra de minorías armadas”, refiriéndose a las luchas que libraban los comunistas en Grecia y Turquía. En el mes de julio del mismo año lanza el Plan Marshall, que bajo la mascarada de la ayuda a la reconstrucción a la Europa de la Post-guerra, hizo de ese continente el primer escenario de confrontación al Comunismo, constituyendo un bloque de contención destinando millonarias inversiones especialmente en la Alemania ocupada por ellos, convirtiendo a Berlín en el teatro de despliegue de fuerza militar y presión diplomática. Finalmente el 4 de abril de 1949, conforma la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), tratado guerrerista de protección y cooperación bélica, política y económica al servicio de las potencias imperialistas. Todas estas estrategias se enmarcaron en su política de equilibrio del terror, que consistía en llevar a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) a una situación de confrontación bélica; lo que posteriormente se denominaría como guerra fría. Para el 13 de agosto de1961, la guerra fría, ya estaba en su punto más álgido y Alemania amanece

dividida por un muro, que oficializaba lo irreconciliable de los dos sistemas, y por tres décadas existirían dos alemanias: la RDA (República Democrática Alemana) y la RFA (República Federal Alemana). Hoy, 25 años después de la caída del muro, los jóvenes de entonces ya no son los mismos y en la resaca que les ha dejado la euforia del espejismo consumista, se encuentra con promesas no cumplidas por un sistema capitalista sumido en una profunda crisis, y un imperio agónico que fabrica guerras y levanta nuevos muros, cercando a países y pueblos como son las alambradas establecidas por España en Ceuta y Melilla, o el muro de Cisjordania que ha levantado Israel en tierra Palestina y que es 15 veces más largo que el muro de Berlín, o el muro que construyera EEUU en la frontera con México y que

está manchado con la sangre de miles de latinos y latinas que han caído tratando de alcanzar el sueño americano. Igualmente está el muro de Marruecos que tiene una extensión sesenta veces mayor que el muro de Berlín. Todos estos muros son sinónimo de barbarie, sometimiento, saqueo y explotación, de los cuales nadie habla. A pesar de repetirnos hasta el cansancio que con la caída del Muro de Berlín, se alcanzó la libertad, la barbarie capitalista que ha sumido a miles de millones de seres humanos en la pobreza, ponen de presente a los pueblos del mundo que otra es la realidad y que es necesario construir una nueva sociedad justa y conquistar la verdadera liberación del ser humano. * Dirigente de la Juventud Comunista década del 90. ★

Acto de instalación XV Congreso de la JUCO Diciembre 5 de 2014 Teatro León Tolstoi. Calle 12C No. 3 - 86 Bogotá. Hora 5 p.m.

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Marcha por los derechos juveniles.

Las luchas juveniles y el reto, ¡Trabajo digno para la juventud! ★ MARCEL GUARNIZO or esta época del año, son comunes las noticias que tienen que ver con las negociaciones tripartitas que determinarán el salario mínimo de las y los colombianos para el próximo año. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el escenario creado en el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, el cual busca fomentar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales; sin embargo, pareciera que solo funciona para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo cada año. Para este nuevo periodo, el gobierno de Santos ha propuesto a la Comisión, trabajar por la realización de cinco pactos por el trabajo decente, que son: i) Pacto por la erradicación del trabajo infantil, ii) Pacto por el empleo como servicio público, iii) Pacto por la calidad del trabajo y las empresas productivas, iv) Pacto por la formalización y, v) Pacto por la protección a la vejez. Estos cinco pactos por el trabajo decente, harán parte de los instrumentos de política pública

que el Ministerio del Trabajo implementará durante el cuatrienio 2014 – 2018. Sin embargo, ninguno de los pactos que promoverá el gobierno de Santos proponen nada para la juventud. Por un lado, el gobierno es incapaz de garantizar la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo, por otro lado, no existen garantías para el aprovechamiento y buen uso del tiempo libre, la locomotora mineroenergética pone en riesgo el medio ambiente y lo que ofrece el gobierno en materia laboral, no es otra cosa que garantizar la tasa de ganancias a los empresarios en detrimento de la clase trabajadora en general y en particular de las y los jóvenes. La juventud colombiana, siendo la población mayoritaria en edad de trabajar, padece la cifra más alta de desempleo, vive las peores formas de contratación laboral y se enfrenta diariamente a la creciente informalidad de este sector. La inestabilidad laboral, los contratos basura, el no cubrimiento de la seguridad social en salud y pensión, la tercerización, la desigualdad en el acceso al trabajo, la ausencia de garantías para la organización y los salarios de hambre, son la tendencia creciente en la población juvenil. Con base en la realidad laboral juvenil, se hace necesaria la organización de este importante sector

de la clase trabajadora, que permita luchar por sus derechos, mantener sus puestos de trabajo y conquistar mayores garantías laborales. Teniendo en cuenta que las estructuras de las organizaciones sindicales actuales, están hechas para formas de contratación que predominaban en el siglo pasado, cobra cada vez más fuerza otro tipo de propuestas de organización, que sin ser sindicatos, sí apuntan al fortalecimiento del movimiento obrero en su conjunto. El Colectivo de Jóvenes Trabajadores, es una experiencia en ese sentido y se erige como un instrumento para acercar a la población juvenil trabajadora a un proceso organizativo que genere niveles de conciencia y permita asumir un punto de vista crítico y objetivo ante las diferentes problemáticas que aquejan a la juventud, en especial a los jóvenes trabajadores, con el fin de construir dinámicas que apunten a la defensa y protección de los derechos de la clase trabajadora, sin importar su forma de contratación o filiación sindical. Ahora bien, no se trata de asumir de manera resignada la realidad laboral juvenil, sino todo lo contrario, de lo que se trata es de cambiarla en beneficio de la juventud trabajadora. En este sentido, la Campaña Nacional Por un Trabajo Digno para la Juventud, se constituye como uno de los ejes nodales de acción, con la que se busca alcanzar el aumento del salario mínimo, gozar de estabilidad laboral, verdadera seguridad social, lo que presupone la derogatoria de la ley 100 del 93, derecho a la pensión, garantías para el derecho a la libre asociación, negociación colectiva y para ejercer la actividad sindical, primacía de la realidad sobre la formalidad, capacitación y descanso necesarios, especial protección para la mujer y los jóvenes, cumplimiento de los convenios internacionales firmados por Colombia ante la OIT, así como formación y atención para jóvenes desempleados que no han terminado sus estudios y desean retornar al sistema educativo, bien sea en la educación formal o no formal. La Campaña Nacional debe generar en las y los jóvenes trabajadores un estado de concienciación acerca de su condición indigna en el mundo del trabajo a partir de la denuncia de la misma, que permita emprender acciones que a futuro conduzcan a la reivindicación del derecho al trabajo digno como parte de los derechos juveniles, ligado al fortalecimiento de los mecanismos de organización, sean estos sindicatos, colectivos, asociaciones, etc. A partir de la creación de un estado de opinión favorable al Trabajo Digno para la Juventud, de promover el cumplimiento de la jurisprudencia existente en materia laboral en Colombia, originar una discusión sobre el tema entre el gobierno y sus instituciones, empresarios y el movimiento sindical como representantes de las y los trabajadores, denunciar los atropellos a la mujer joven trabajadora y sus condiciones desiguales en el acceso al trabajo, ligado a la organización del tribunal internacional de denuncia de violación al derecho al trabajo y a la libre asociación de las y los jóvenes trabajadores; la Campaña Nacional deberá generar un espacio de articulación nacional de la juventud trabajadora que dinamice las iniciativas propias de la campaña y las que resulten posteriores a la misma, estableciendo una agenda de movilización de jóvenes trabajadores reivindicando el derecho a un Trabajo Digno. Aportar a la construcción de una plataforma de derechos juveniles en la que se encuentre el trabajo digno para la juventud, es una tarea de primer orden. ★

La JUCO bastión de la juventud en la lucha po ★ ANDRШS ÁLVAREZ

a Juventud Comunista Colombiana, junto al PCC, desde su fundación ha sido tal vez la organización juvenil de carácter político que mayores aportes ha realizado a la lucha democrática juvenil del país. Desde su primera experiencia organizativa, la Liga Juvenil Comunista en 1932, enfrentó las ideas retardatarias en nuestro país, organizó e impulsó las movilizaciones antifascistas en solidaridad con el movimiento comunista y obrero europeo, pero también contra su agitación en nuestro país encabezados por sectores del partido conservador. Era un momento político en el que conservadores y terratenientes se negaban

a perder su hegemonía de cerca de 30 años, habían derrotado el sector progresista del partido liberal y arreciaban la persecución contra la emergente clase obrera y la organización campesina. Atacaban continuamente la apertura democrática que realizaba el gobierno de la “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo. La aparición del PC de C y la LJC de seguro ayudaron a contener la andanada retardataria y ser soporte político de muchas medidas de gobierno, como la ley 200 de 1.936, la apertura de la Universidad Nacional y la creación de su campus, además de mayores condiciones para la movilización obrera y popular. La segunda experiencia de organización de los jóvenes comunistas y que subsiste de manera ininterrumpida hasta hoy es la JUCO, reorganizada en

1951 en medio de la clandestinidad ante la despiadada persecución del gobierno de Laureano Gómez contra el PCC. La decisión de organizar la JUCO mostraría sus resultados en las importantes manifestaciones juveniles y estudiantiles en contra del bombardeo a los poblados campesinos que se oponían a la represión conservadora. La JUCO promovió en el movimiento estudiantil la lucha contra la dictadura del General Rojas Pinilla, que había ilegalizado al PCC haciendo eco de las tesis anticomunistas del senador norteamericano MacCarthy, estas se expresaron en las movilizaciones estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1954, en las cuales fueron asesinados 10 estudiantes universitarios entre ellos el camarada Elmo Gómez Lusinch. La JUCO fue protagonista de las grandes luchas que libró la Federación Universitaria Nacional (FUN) contra la dictadura de Rojas Pinilla que a la postre terminaron en su

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Objeción de conciencia o ¿servicio militar para la guerra?

A desmilitarizar la vida juvenil ★ JHONNY ALEJANDRO MARйN

entro de lo mucho que se dice frente a nuestra sociedad, es que ha logrado normalizar en la vida cotidiana el estado de guerra. Y si bien es cierto que es fácil exigir mayores desarrollos bélicos en la comodidad de un sofá, y creer que la guerra son noticias compartidas en redes sociales, las consecuencias afectan desde el precio de los alimentos hasta las prioridades de los impuestos. Dentro de los muchos efectos de la guerra está lo que padecemos los jóvenes, los cuales sobrellevamos la carga de la guerra en la cotidianidad, tanto en la propaganda a la muerte hecha por los medios de comunicación masivos, como también los procesos de militarización en barrios, colegios, veredas. Pareciese que los jóvenes solo nos pudiéramos encontrar y reconocer en medio de la encrucijada; por un lado el abismo del desempleo, de la tercerización, de la imposibilidad del acceso a educación, al deporte y a la cultura, y por el otro, el filo templado que derrama la sangre de inocentes para garantizar las frías cifras bélicas o las ganancias de las multinacionales, ganaderos y terratenientes. En los colegios, cámaras y requisas van y vienen en las entradas y salidas de las instituciones. Este no es un lugar destinado a desarrollar el conocimiento, la creatividad o acercar al joven a la ciencia, por el contrario, además de ser un negocio para las cajas de compensación, iglesias y entidades prestadores de servicios; el trato, la conducta y las reglas son destinadas a desarrollar en el estudiante un trato de delincuente, en el cual la escuela como centro penitenciario, vigila y castiga al joven e intenta implementar el miedo como arma de dominación. Sumado a ello nuestro Estado, no conforme con militarizar nuestras escuelas y ciudades, obliga a millares de jóvenes a entregar su vida, prestando un servicio militar por una patria, reglas y leyes, que están destinadas a volver la vida un objeto de cambio y su valor está dado por la riqueza, tierra o negocios que debe garantizar. Año tras año jóvenes son obligados a prestar servicio militar obligatorio, pese a la existencia de la sentencia C-728 en la cual se reconoce la posibilidad de objetar conciencia a la obligatoriedad de prestar servicio militar, en el 2013 la cifra supera los 130 mil jóvenes obligados a vincularse a la guerra gracia a la ley 48 de reclutamiento.

or la democracia derrocamiento. Lamentablemente posterior a ello se impuso el excluyente régimen del Frente Nacional que también combatió. La JUCO desplegó en este periodo una importante actividad de masas juvenil en campos y ciudades para lograr mayores derechos para la juventud colombiana y por la democratización de la vida nacional. Enfrentó el antidemocrático y policivo Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala mediante la construcción de importantes organizaciones juveniles de masas como la Federación Juvenil Obrera (FJO), además de los jóvenes artistas y los deportistas. En la década de los 80´s muchas de sus energías y cuadros se volcaron a la construcción de la Unión de Jóvenes Patriotas (UJP), en la idea de sumar fuerzas a la idea de una salida política al conflicto social y armado que aún desangra la nación y democratizar la vida nacional, promoviendo la organización de los sectores populares en función de la

Sumado a este flagelo en el cual pese a la existencia de una sentencia, que obliga a que la ley 48 deba de modificarse, en tanto que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho inalienable de cada persona, los colegios no deben entregar listados a los batallones y por el contrario deberían educar a los estudiantes en la posibilidad de hacer uso de este derecho constitucional. Pero el ejercicio de la militarización de la vida juvenil es completo. No solo se desconoce un derecho, sino que la práctica de reclutamiento por parte del ejército en nada se diferencia de las pescas o el ejercicio de la caza. Además de desconocer la sentencia C-728/09, el ejército tiene una meta de reclutamiento mensual, la cual al no cumplirla por medio del proceso normal de citación, realiza la práctica conocida como batida una forma de reclutamiento forzado, prohibida por la sentencia C-879/11. Casos de batidas se presentan a diario en todo el territorio nacional, desde jóvenes deportistas como es el caso de Alexánder Solís reconocido atlantista de talla internacional, el cual fue obligado a entrar a un camión del ejército y llevado al Distrito 22 en la ciudad de Pereira, como también ocurre contra miles de jóvenes en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kenne-

dy en Bogotá o cualquier rincón del país, donde son obligados a portar un uniforme por una guerra la cual se puede detener y sobre todo, no es necesario seguir derramando más sangre en función de los intereses de las grandes multinacionales, o terratenientes que no solo despojan tierras, derechos sino también, la vida de jóvenes que son obligados a vincularse en una guerra en la cual simplemente son instrumentos para los intereses de unos pocos. Si realmente estamos pensando en la posibilidad de generar una paz democrática en nuestro país, es necesario replantear el tipo de relacionamiento del Estado y con los jóvenes. La militarización, el miedo y el terror deberán ser dejados atrás como conductas por parte del Estado, y en contraposición para una posibilidad de edificación de la paz, es necesario garantizar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como una herramienta para la paz, pero también el fortalecimiento del sistema educativo, de la garantía de la escolaridad, del acceso a la educación superior, al trabajo digno, a la cultura, al deporte y a la recreación, para que la paz no sea el simple ejercicio retórico del silenciamiento de las armas y sea por el contrario la realización de una nueva sociedad, donde la esperanza, la alegría y la vida sean pilares de una nueva patria. ★

conducción del Estado y la sociedad colombiana. Muchos mártires del genocidio contra la UP fueron cuadros y militantes que la JUCO. La década de los noventas supuso para el PCC y la mima JUCO la reducción de sus fuerzas ante el retraimiento de las ideas comunistas y transformadoras de la sociedad, a pesar de ello la JUCO ha persistido en la idea de construir una patria nueva, de conquistar la paz con justicia social. Con este horizonte construyó escenarios de articulación juvenil por la paz, movilizó un gran contingente de jóvenes en el fracasado proceso de paz de San Vicente del Caguan. Empotrado Uribe y su proyecto de ultraderecha en el poder por casi una década, luchó por los derechos juveniles, enfrentó la persecución contra los dirigentes de las organizaciones de masas que promovía y el asesinato de sus propios dirigentes. Además de ello la JUCO se sumó a la construcción de los diversos procesos de unidad socio-política como el Frente

Social y Político y posteriormente al Polo Democrático Alternativo, el primero ya desaparecido y el segundo que atraviesa una fuerte crisis interna producida entre otras cosas por nuestra expulsión. Esta historia de lucha de la JUCO es parte del acumulado colectivo del pueblo colombiano por lograr abrir el espacio político, por construir la democracia en todos sus ámbitos, política, económica, social y cultural. En momentos en que se abren nuevas posibilidades para la solución política entre la insurgencia de las FARC-EP y el Estado colombiano, donde hay una reanimación de la lucha social y se hacen ingentes esfuerzos en el campo popular por construir el Frente Amplio, la JUCO deberá jugar un papel más aguerrido junto a otras fuerzas juveniles, nuevas y veteranas, en la batalla por la democracia; es seguro que el movimiento popular le tiene su espacio. ★

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La crisis detrás de la universidad

Caso San Martín

Estudiantes protestan contra la mala calidad de la educación.

★ CARLOS MARIO RESTREPO os distintos medios de comunicación han realizado hasta el momento importantes investigaciones sobre los sucesos acaecidos en la universidad San Martín, revelando cómo la familia Alvear, en cabeza de Mariano Alvear, desviaron las rentas de la institución para crear todo tipo de negocios lucrativos paralelos que van desde una empresa de papelería, pasando por fondos ficticios de inversiones, hasta una constructora; todas empresas con las cuales se legalizaba el desvío de las rentas, cuya fuente principal son las matrículas de los estudiantes. Los casos más escandalosos son el Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva y la cadena de restaurantes Burguer Market, negocios que se beneficiaron de los recursos de la educación, según reveló el diario El Espectador el 16 de noviembre. Pero estas son apenas las consecuencias de un problema más de fondo: el papel regulador del Ministerio de Educación. De acuerdo con la ley 30, a las universidades se les otorgaba la autonomía universitaria con el fin de que estas pudieran crear nuevo conocimiento a través de la investigación, sin la tutela e influencia de los gobiernos de turno; esto equilibrado con el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia que debía ejercer el gobierno del cumplimiento de sus objetivos y de la calidad del servicio, ya que estas no podían ser islas independientes del Estado que no le rindieran cuentas a este o a la sociedad. La autonomía debía tener un límite y solo la ley 30 o el congreso podía definir ese límite. Sin embargo algo extraño sucedió con la ley 30. Por un lado definió para las universidades públicas un consejo superior con fuerte presencia del gobierno nacional, al tiempo que las definió como instituciones del Estado para que sus rentas pudieran ser controladas por la Contraloría y sus funcionarios por la

Procuraduría; en síntesis, el Estado y sus instituciones de control tienen, gracias a la ley 30, las herramientas para vigilar las universidades públicas, incluso al punto de generar, en la práctica, situaciones violatorias de su autonomía e imponerle a estas un rumbo de acuerdo con su política educativa. Otra cosa sucedió con las privadas. En la ley nunca se definió ningún miembro del gobierno en los consejos directivos, ya que esto podía atentar contra las sacro-santas e irrefutables normas del derecho privado. Esto

lidad común), esta regulación la debe hacer el Ministerio de Educación. La pregunta es: ¿existe normatividad que le otorgue al MEN las potestades y herramientas para comportarse como una superintendencia para vigilar y regular a las IES privadas? ¿Debería existir una institución para tal fin? Sin vacilar un segundo Santos respondería afirmativamente, ya que ha insistido en crear una superintendencia para la educación superior. Aun así es claro que la intención del gobierno es dar un golpe mediático para dar la

Marcha estudiantil en Bogotá.

muestra que, por encima de la autonomía universitaria, el gobierno le dio libertad e independencia a los privados. Muy coherente con el neoliberalismo de los gobiernos de los últimos 20 años, pero poco coherente con el mismo contenido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía. En Colombia, cuando se constituye una entidad sin ánimo de lucro para cualquier fin, estas son reguladas por la súper-sociedades o las súper-personas jurídicas, quienes verifican que sus rentas se invierten en la razón social por la cual fueron creadas. Para el caso de las universidades privadas, que obligatoriamente tienen un carácter de instituciones sin ánimo de lucro (de uti-

sensación de que esta “tomando medidas”, pero no tiene en mente resolverlo de fondo. La solución real es crear una normatividad regulatoria que impida que el derecho privado se vuelva el refugio de quienes quieren usar la educación superior con fines lucrativos, que le permita al Estado verificar y vigilar que las IES privadas invierten sus rentas en su razón social sin violar su autonomía financiera para ejecutar sus gastos. Sin embargo, Santos parece que encontró la excusa perfecta para constreñir aún más la escasa autonomía universitaria. Su modelo, conocido como “Acuerdo por lo superior 2034”, plantea las bases de su apuesta mediáti-

ca más altisonante sobre la calidad: su reciente decreto 2219 de 2014. Con la excusa de los sucesos de la San Martín, realmente no le hace ni un rasguño a lo privado, ni ataca la raíz del problema. Este decreto, entre otras cosas, plantea que el Ministerio podrá, indistintamente del carácter público o privado de la IES, determinar las condiciones que esta deberá atender para su funcionamiento académico, administrativo y financiero, cuando considere el Ministerio que la IES no está cumpliendo con sus objetivos o se afecta su calidad. Esto quiere decir que el día en que una universida pública o privada aplique criterios de calidad distintos a los del gobierno, será intervenida por el Ministerio. El decreto también permite suspender la vigencia del registro calificado y, como consecuencia, que el programa o los programas intervenidos sean errados o no reciban nuevos estudiantes. Cuando esto se aplicó en la San Martín, solo produjo la indignación y movilización de estudiantes y padres de familia que esperan del gobierno medidas, pero que no afecten la continuidad de sus estudios ni incrementen la tragedia social. Es así como el gobierno aprovecha el contexto para profundizar su idea neoliberal de acabar con la autonomía universitaria, mientras el problema real se profundiza. Solamente bajo un nuevo gobierno y una nueva visión de la educación superior, será posible acabar con toda la ambición de lucro y negocio que se mueve en torno a este derecho fundamental, que va desde la malversación de los fondos que se obtienen de las matrículas, hasta todos los negocios que se mueven alrededor de la educación como papelería, construcción de edificios para infraestructura, equipos e insumos para la investigación, el alquiler o renta de edificios y auditorios para empresas, entre muchos otros que sirven para lucrar a los privados a través del derecho que tenemos todos a la educación. ★