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LA VERDAD DEL PUEBLO Edición 2792 Semana del 17 al 23 de junio de 2015 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno www.semanariovoz.com

Momento difícil en La Habana

Santos habla de paz pero alienta la guerra

Negociadores de paz del gobierno nacional. Foto Presidencia .

El escalamiento del conflicto tiene consecuencias graves para la mesa de conversaciones. El proceso de paz requiere de un ambiente propicio entre los colombianos mediante el cese bilateral al fuego, al que se niega el Gobierno, por considerarlo una presión de la insurgencia. Santos ordena la guerra pero no acepta sus consecuencias. Todo se da con el beneplácito de los grandes medios de comunicación para quienes los guerrilleros son “dados de baja” y los miembros de la fuerza pública “masacrados”.

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Agresión policial

Fuerza, Cristian

Ùltima foto de Cristian Pulido, en el círculo, antes de recibir el impacto. Foto Olfato.com

Cristian Pulido, estudiante de la Universidad del Tolima, está entre la vida y la muerte por una bala de gas lacrimógeno, disparada en la cara, mientras tomaba fotos de la arremetida del Esmad al Alma Máter.

Se reabre debate para desmontar ese cuerpo policial antidisturbios.

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VISIÓN

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“El otro” de Retamar H José Luis Díaz-Granados

S

Cartas

ólo habían transcurrido unas pocas horas del Primero de Enero de 1959, cuando un joven poeta de 28 años, con el corazón rebosante de alegría, recorría en una guagua las calles de La Habana, mientras en su mente se agolpaban al unísono innumerables emociones.

Era Roberto Fernández Retamar, quien 45 años después, le contó a la periodista Sonia Sánchez que fue precisamente durante ese recorrido vibrante cuando sintió que un poema -destinado a ser uno de los más famosos de su autoría- le estaba llegando, como llegan los pájaros a una estancia amable, y enseguida comenzó a borronearlo sobre un papel que al azar guardaba en el bolsillo.

Se trata de “El otro”. En este celebérrimo texto, Fernández Retamar recuerda con dolor los muertos, los héroes, los valientes combatientes que ofrendaron sus existencias preciosas para que otros, los sobrevivientes, pudieran vivir la fervorosa alegría de ese Primero de Enero.

“A cuarenta y cinco años de haberlo escrito -recuerda su autor-, me sigue llamando la atención que un texto que supuse que sólo me interesaría a mí, se convirtió en el más difundido de mis poemas”.

Cálido abrazo de José Luis Díaz-Granados con Fidel. Observan: su esposa Gladys y el maestro Retamar (febrero de 2001).

Y enseguida pasa a evocar la emoción que experimentó cuando al llegar a Vietnam en 1970, para participar en un documental sobre la guerra que padecía aquel país, se encontró con su poema “El otro” traducido al idioma vietnamita.

Igualmente le ocurrió años después en Angola y luego en otras naciones del mundo. El poema dice así: “Nosotros, los / sobrevivientes, / ¿A quiénes debemos la / Sobrevida? / ¿Quién recibió la bala / mía? / La para mí, en su corazón? / ¿Sobre qué muerto estoy / yo vivo? / Sus huesos quedando en / los míos, / Los ojos que le / arrancaron, viendo / por la mirada de mi / cara, / y la mano que

Solidaridad con Gloria Inés En ejecutivo del día martes 2 de junio de 2015 nos enteramos del lamentable fallecimiento de don Leonidas Ramírez Montoya, padre de nuestra camarada Gloria Inés Ramírez Ríos. Queremos por intermedio de esta carta ofrecerle nuestro más sentido sentimiento de solidaridad y acompañarla y a toda su familia en este angustioso momento. Gloria, es el reflejo de toda la formación académica, intelectual, social que en su hogar se le brindó; donde se destaca su humanismo y el pensar de manera revolucionaria para conquistar la paz con justicia social. Con usted: Comité Departamental Quindío. José I. Mosquera, Secretario Político (vía Internet).

Crítica a VOZ A propósito del número 2790 de VOZ en el que se dedica toda la página 7 a criticar lo dicho por el Papa Francisco cuando éste afirmó que un par de nalgadas a los hijos pueden ser correctivas, considero que no es bueno caer en exageraciones; ¿qué papá no lo hace? corregir es una labor necesaria en la educación de los hijos y un par de palmadas moderadas en las sentaderas de un niño no hacen daño; decir lo contrario es, repito, exagerar; me pareció dicha crítica de un anticlericalismo trasnochado; a mí como creyente de izquierda me ha caído

no es su mano, / que no es ya tampoco la mía / escribiendo palabras rotas, / Donde él no está, en la sobrevida?”

La magia, el duende, el idioma preciso con que fue escrito este poema, brotado del sentimiento más entrañable, es uno de los más hermosos símbolos del triunfo revolucionario de 1959. Y una vez más, como siempre, la poesía ha quedado como indeleble testimonio de un gran acontecimiento. En este caso, el extraordinario triunfo de la Revolución Cubana, de Fidel, Camilo, el Che y el heroico pueblo que derribó la tiranía de Batista.

Y el poeta, el juglar, el escalde

mal esa página -toda una página- dedicada a un tema tan humano, mientras que, por el contrario, el semanario, normalmente sensato y ponderado, no dedicó en este número ni una línea a los torpes atentados de las FARC-EP en Buenaventura y Tumaco, pueblos pobres y deprimidos, noticia lamentable. Seguramente VOZ pudo indagar sí fue cierto que hubieran sido perpetrados por la insurgencia, y que sí merecían una crítica fuerte. No olvidemos que de cara a la Asamblea Nacional Constituyente, co la que creo debe culminar el proceso de paz, las FARCEP necesitan el apoyo de las masas populares y estos atentados las hacen antipáticas.

Si ello ocurrió a espaldas de la dirigencia de ellas, pues que lo digan y eso seguro que gana simpatía. Cordial saludo estimado Carlos. Juan Guillermo Durán Mantilla (vía Internet).

El papa se equivocó Los quiero felicitar por el artículo Castigo físico a los niños: ¿En la cola sí, en la cara no? En la edición 2790 del año en curso, porque va al fondo del problema respecto a que ya pasó la época nefasta de la letra con sangre entra. Las declaraciones muy fundamentadas del doctor Sergio Isaza, médico eminente, nos aclara, la equivocación del sumo pontífice, quien como ser humano también se equivoca. Estos artículos que

que escribió la victoria con su alegría y su dolor imperecederos: un grande de Cuba: Roberto Fernández Retamar, quien en este mes de junio de 2015 está celebrando sus 85 años rodeado del afecto de todo su pueblo. Fundó con Haydée Santamaría la “Casa de las Américas”, la más importante institución cultural de habla hispana y se ha destacado como uno de los mayores poetas y ensayistas de Nuestra América.

Desde Colombia, también estamos juntando nuestras manos solidarias con las de los millones de cubanos y latinoamericanos para festejar tan maravillosa efemérides. H

seguramente motivan polémica deben ser más frecuentes en el semanario, que ha venido mejorando y diversificando su temática. Al tiempo no estoy de acuerdo con los maestros que le reclaman imparcialidad al periódico de los comunistas. Es también equivocado. María Bueno (vía Internet).

Papel ridículo de Pastrana Queridos camaradas: un saludo fraterno y combativo. Ridículo el papelón de Pastrana (patraña) en Venezuela, defendiendo a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes de clase. Debería primero, el burguesito, pasarse por las cárceles de Colombia y constatar cómo se violan todos los derechos a miles de presos políticos y presos comunes. Son una vergüenza las cárceles en Colombia. Si vamos a hablar de países que violan los derechos humanos, hablemos de Estados Unidos, de Israel, de Europa, de África, de Colombia y México en grado superlativo. A los medios masivos de comunicación (Caracol, RCN, CNN, El País de España) solo les digo: No somos tan tontos como ustedes nos creen, y aunque la gran multitud les coma cuento, basta con unos pocos para conservar la verdad y con ella la esperanza. Vencer o vencer, no conozco otro camino porque no lo hay.

Hasta pronto valientes de VOZ, la verdad del pueblo. Beto Vélez (vía Internet). H

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. Oficinas: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural.

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tema de la semana

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Balance desde las víctimas

El cuatrienio perdido para las víctimas La agresiva campaña publicitaria de la ley de víctimas no alcanza a tapar sus deficiencias

H Hernán Camacho

L

as promesas del gobierno nacional de reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia naufragan. A cuatro años de la ley de víctimas sus resultados son paupérrimos. VOZ habló con Alfonso Castillo, precandidato al Concejo de Bogotá por la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, defensor de derechos humanos y víctima, sobreviviente del genocidio contra la UP, vinculado al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, integrante de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS. Dice que la reparación a las víctimas es una campaña mediática bien diseñada porque las cifras y las realidades de las víctimas en el país muestran otra cosa.

–¿Qué opinión le merecen los cua­ tro años de la ley de víctimas?

–Efectivamente van cuatro años después de la sanción presidencial.

Desde el primer momento hemos dicho que es un importante instrumento que marca un hito legislativo en lo que tiene que ver con la reparación y la restitución de bienes a las víctimas, pero hoy esa ley es un fracaso. Las cifras son únicamente propaganda de la Unidad de Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras, no hay más de quinientas mil víctimas indemnizadas con cuantías irrisorias que no podemos llamar reparación. La indemnización económica no tiene los complementos que necesita la víctima para restablecer su proyecto de vida. Quizá el mayor fracaso de la ley de víctimas son las cifras de restitución que no llegan a 80 mil las hectáreas, pero lo grave es que 40 mil de ellas son predios de tipo baldío, eso quiere decir, que solamente la mitad han sido restituciones de tierra a sus dueños originales.

–Entonces, ¿de qué reparación ha­ bla el gobierno nacional?

–El gobierno está reparando con un papel. Devuelve un título pero sin acompañamiento, sin subsidios, sin protección, sin desarrollo, sin proyectos productivos para campesinos. La Corte Constitucional ha dicho de mil maneras y con sobrados argumentos que la política pública de víctimas debe sustentarse en la articulación institucional de los entes de orden nacional y territorial. Por ejemplo: la ley señala que los municipios deben acarrear con presupuesto para atender las víctimas y hay municipios que no tienen destinado a la atención de víctimas ni un solo peso. No hay ministerios de Agricultura, ni de Trabajo, ni de Salud para acompañar las víctimas, solamente hace presencia en ese proceso el Ministerio de Defensa.

–¿Por qué el Ministerio de Defensa?

–De acuerdo con la ley, el primer responsable en el proceso de restitución

Alfonso Castillo.

es el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa. Son ellos los que determinan mediante resolución en que región del país se puede iniciar el proceso de restitución. Solamente hay restitución donde el ministerio de Defensa ha dado el visto bueno. Así es difícil.

–Ese acompañamiento precario de la institucionalidad contrasta con el rearme paramilitar y con los ejér­ citos anti restitución de tierras surgi­ dos precisamente hace cuatro años. ¿Qué opina?

–Lo advertimos; la agudización del conflicto armado y la reingeniería paramilitar iban dar al traste con la intencionalidad de la ley de víctimas. Pero hay algo más grave que se desprende de allí: El gobierno nacional está empeñado en entregarle tierras a los negocios de la extracción, a los agro negocios o Zonas de Economía Especial, Zidres, mientras los grupos paramilitares andan por todo el país con las manos sueltas para seguir despojando. Así no va a haber un proceso real de restitución de tierras en los próximos cien años.

–Pasemos al tema de Bogotá. ¿Qué impactos tiene la ley de víctimas en la capital?

–La ciudad tiene una particularidad: aquí hay una institucionalidad desde la Alcaldía de Bogotá, diseñada para desarrollar programas para atención a víctimas. Los Centros Dignificar son espacios para la atención pero tienen cuellos de botella. Las entidades

del orden nacional tienen que trabajar mancomunadamente con las autoridades distritales y éstas se quejan del trabajo ineficiente que hacen para la atención a víctimas. Por ejemplo, la ayuda humanitaria para las víctimas en términos de salud está adscrita al Ministerio de Salud y la secretaria del ramo en Bogotá no puede asumir esa atención.

Hay una falta de coordinación institucional y los esfuerzos distritales no son suficientes. A un año de la salida del alcalde Petro puedo afirmar que en lo que tiene que ver con las víctimas, él pudo hacer más.

–¿Qué le faltó al distrito?

–Cuando arrancó el gobierno de la Bogotá Humana se comprometieron con cuarenta mil viviendas para las víctimas, hoy solo tenemos seis mil viviendas, pero es verdad que esa oferta dependía si el gobierno nacional le giraba recursos y en medio de la disputa política y administrativa entre Petro y Santos, las víctimas se quedaron sin vivienda. El déficit es de ochenta mil viviendas para las familias víctimas que están en Bogotá.

–El Concejo de la capital, ¿qué postura ha tenido con la política pú­ blica de víctimas?

–Cero compromisos con las víctimas. Si bien la ley no le asigna ninguna competencia, tampoco el cabildo ayuda

con la creación o aprobación de partidas necesarias para los programas que desarrolla la administración para atender la problemática. Para ser claro el Concejo no se ha comprometido políticamente con las víctimas en Bogotá.

–La Unión Patriótica es víctima de un genocidio político. Como partido tienen la autoridad moral y ética para hablar sobre reparación. ¿Se ha deba­ tido en la Unión Patriótica los cuatro años de ley de víctimas?

–Nosotros como Unión Patriótica estamos convencidos que la ley de víctimas debe modificarse sustancialmente. La ley de víctimas no es para que la Unión Patriótica acceda a la reparación. Lo mismo ha dicho el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras voces que representan a las víctimas. Pero creemos adicionalmente que la norma es escudo para el gobierno nacional ante los organismos internacionales y su principal herramienta en el proceso de paz. La realidad tiene un sustento incontrovertible: el Plan Nacional de Desarrollo, el siguiente tropiezo para las víctimas en la medida que el presupuesto para atención se va disminuir gradualmente. Vemos que el gobierno se enfocará a reparar simbólicamente con una campaña mediática importante a ciertos grupos de víctimas de gran trascendencia en la historia del conflicto colombiano pero del universo de víctimas no se va ocupar.

–¿Ese nuevo instrumento qué de­ be incluir?

–Mejor atención, más cobertura para las víctimas y el cambio de enfoque de la ley que solo se limita a una indemnización. En la Unión Patriótica abogamos por una reparación que permita la modificación de la oferta de derechos sociales, hablamos de salud, trabajo digno, educación, vivienda, derechos de aplicación integral. Eso el gobierno no lo va a hacer ni siquiera sentado en la mesa de negociaciones de La Habana.

–La reparación integral.

–Hemos concluido que hay que hacer un instrumento político y jurídico para reparar a los colectivos dañados que sea capaz de reparar integralmente desde el punto de vista político. La Unión Patriótica tenía curules, alcaldías ganadas con votos y deben devolverlas. Reparar la Unión Patriótica desde la sociedad. Fíjese que hoy existe censura desde el canal RCN para que la Unión Patriótica se exprese. La comisión de la verdad que se anunció en La Habana debe dar los primeros pasos de esa reparación, el país debe saber quiénes ordenaron el genocidio y las razones por las cuales lo hicieron. H

Visite la página web del PCC www.pacocol.org

Campo

Junio 17 de 2015

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Fensuagro

Referente histórico para el movimiento social El 8 de junio concluyó el XI Congreso de esta organización. Agencia Prensa Rural conversó con Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro, sobre el desarrollo, conclusiones y proyección de la organización tras la realización del Congreso Eberto Díaz Montes.

Aspecto del XI congreso de Fensuagro.

H Agencia Prensa Rural

–¿Cuáles fueron los objetivos del XI Congreso de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro?

–El Congreso tenía como propósito hacer un análisis de la coyuntura política del país y a nivel mundial; hacer un análisis de la situación que vive el campo colombiano y también trazar los lineamientos políticos para el periodo que viene, los próximos cuatro años.

–Vimos una importante participa­ ción de las mujeres ¿Qué papel juga­ ron durante el Congreso?

–La participación de las mujeres fue significativa; el 5 de junio, el primer día del Congreso, desarrollamos la primera Asamblea Nacional de Mujeres, donde participaron alrededor de 150 campesinas venidas de todos los rincones del país.

También realizamos la Asamblea de Jóvenes, donde participaron unos 100 jóvenes campesinos, y el “Congresito” de Niños, donde participaron más 30 niños de diferentes regiones.

–¿En qué ambiente se desarrolló el Congreso?

–El Congreso se desarrolló en medio de un sentimiento unitario, con gran fuerza y dinamismo por parte de las mujeres y de los jóvenes, que permitió elegir un nuevo Comité Ejecutivo de manera unánime.

En general, un Congreso que deja fortalecida a la Federación; salimos

comprometidos con la unidad y con la lucha de clase en nuestro país.

–¿Qué consideraciones tuvo el Congreso frente a los diálogos en La Habana?

–Lo primero, un rotundo apoyo al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Segundo, hacer un llamado a las partes en negociación para que, suceda lo que suceda, no se levanten de la mesa, porque hay muchos enemigos detrás del proceso que no quieren que esto llegue a un feliz término. Tercero, que los acuerdos finales de paz se ratifiquen a través de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual Fensuagro se declara en proceso constituyente permanente hasta la convocatoria de la misma, y cuarto, el inmediato cese al fuego bilateral entre las partes, para que efectivamente haya mayor confianza y aceleramiento de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana.

–El Gobierno ha incumplido a to­ das las mesas de concertación que ha tenido con el campesinado (MIA) y con el sector agrario (Cumbre Agraria). ¿Cuál será el plan de acción de Fensuagro ante esta situación?

–Nosotros hacemos un llamado a prepararnos y a fortalecer la unidad que se ha venido desarrollando desde la Cumbre Agraria, Étnica y Popular para trabajar en unidad de acción ante el incumplimiento del Gobierno.

Llamamos a realizar un proceso organizativo; un proceso que fortalezca la movilización hacia un paro agrario si el Gobierno no cumple con los acuerdos alcanzados el año pasado.

–Recientemente se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la postura de Fensuagro frente al PND? –Rechazamos rotundamente el PND que acaba de aprobar el Congreso de la República, porque este plan se convierte en una nueva forma de expropiación y de despojo contra los territorios del campesinado y de los pueblos que viven en el campo colombiano.

–El vicepresidente de Fensuagro, Húbert Ballesteros, sigue encarcela­ do, víctima de un montaje judicial. ¿Qué mensaje envía la Federación a los prisioneros políticos y al gobierno?

–Exigimos la puesta en libertad de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles. Fensuagro tiene hoy más de 130 líderes y lideresas detenidas en las cárceles. El Gobierno debe poner en libertad a nuestros compañeros víctimas de falsos positivos judiciales.

–¿Cuál es la postura de Fensuagro frente a las elecciones regionales de octubre?

–Nuestra postura es participar el próximo 26 de octubre en las elecciones que se convocan, apoyar la propuesta de Marcha Patriótica y la Unión Patriótica. Entendemos las elecciones como un medio para lograr la correlación de fuerzas necesaria que permita consolidar el proceso de paz que se plantea en La Habana y alcanzar los cambios que requiere la sociedad colombiana.

–¿Cuáles podrían considerar­ se las principales conclusiones del Congreso?

–Del Congreso, la Federación sale comprometida a trabajar por la unidad del movimiento social; a impulsar la Asamblea Nacional Constituyente; a fortalecer la Cumbre Agraria, la Central Unitaria de Trabajadores CUT; a fortalecer los procesos de mujeres y de jóvenes, y a desarrollar nuestra línea política en materia de unidad programática.

La gran conclusión es persistir en la lucha unitaria contra las transnacionales, las políticas de despojo y las políticas neoliberales. H

edItorIal

Junio 17 de 2015

La Comisión de la Verdad y las mujeres H Renata Cabrales

L

a Comisión de Memoria Histórica procesó una sucesión de argumentos, que deben constituir material de base para la Comisión Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

Ayudará a ubicar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a los sectores que han padecido la violencia por más de seis décadas. Estos últimos han planteado la necesaria búsqueda de la reconciliación de la sociedad, con el fin de reconstruir un país devastado por la violencia. Y para que esto suceda, es necesario conocer la verdad de los hechos, pues es muy cierto que toda sociedad tiene derecho de conocer la verdad de lo ocurrido y las razones y circunstancias en las que todo tipo de

injusticias se cometieron contra la población inocente.

El propósito de la Comisión de la Verdad es buscar y conocer las causas de la violencia, así mismo investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades precisas, individuales y colectivas. Para las mujeres, la búsqueda de la verdad y la memoria desde sus propias experiencias, simboliza construir el dolor y las vivencias asumidas a partir de las consecuencias de tantas aberraciones.

Las mujeres exigen su propio espacio, esto es, un enfoque diferencial y ser escuchadas, aplicando las categorías de género con el fin de contar su propia verdad, pues hay que oír a las víctimas como está consignado en el acuerdo, sin excluir a las mujeres, en ocasiones relegadas en una sociedad patriarcal.

La participación de las mujeres debe constituir un aporte del movimiento social, y sobre todo, de las víctimas de las violencias atribuidas a los diferentes actores de la guerra, en especial el Estado y los paramilitares. La anhelada verdad amerita ser contada por las víctimas, lo cual ha de ser también, una contribución que facilite los medios para conocer las diversas situaciones de las mujeres, pues son ellas las que cargan a cuestas buena parte de las consecuencias de la guerra.

Es por eso que deben ser ellas factor importante, de primera línea, en la construcción de una verdadera paz, pues se les permite, de esta forma, romper el silencio

al que han sido siempre confinadas. Esta Comisión de la Verdad admite procesos donde las mujeres víctimas de violencias contra sus vidas y sus cuerpos, al ser víctimas de estrategias de guerra como la violencia sexual, sean puestas en el centro de las conversaciones, así como sus apuestas para un país mejor donde se reivindique el papel tan importante que desempeña la mitad de la población.

Esta búsqueda de la verdad será más difícil debido a los obstáculos que han tenido que enfrentar. No solo por el poder ejercido por los victimarios sino por los impuestos por la misma sociedad donde se desenvuelven a diario.

Son las mujeres, quienes aparte de cumplir con la labor impuesta por una distribución social de roles, como el cuidado de la familia, son quienes además, deben buscar, mientras se enfrentan a situaciones kafkianas, a sus familiares desaparecidos o secuestrados; así mismo se ven en la obligación de conseguir condiciones dignas de subsistencia, mientras trabajan para sostener al resto de los familiares a su cargo.

Aun así, todas estas funciones no les son reconocidas en tanto que socialmente son normalizadas y asumidas como un rol natural de estas.

Las mujeres deben construir propuestas colectivas con el fin de exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, desde sus voces y sus propios requerimientos.

La paz es integral y debe tener respuestas y soluciones para todos los sectores de la sociedad. H

Los caminos de la duda

Columna libre

Reflexión electoral

Estás que te vas… y no te has ido

H Rodrigo López Oviedo

E

l tímido reconocimiento que a las minorías étnicas les hizo la Carta de 1991 ha generado una nueva especie de políticos que se presentan como hijos de las comunidades esclavizadas traídas del África Negra, o de los pueblos victimizados por la conquista española.

Unos lo hacen porque, efectivamente, tienen en sus venas la sangre de tales antepasados, y otros, porque quieren almidonar su discurso a los ojos de sus potenciales electores, o porque buscan beneficiarse con las pocas reivindicaciones ganadas por estas minorías.

En este último caso hay un propósito de engaño que a la postre puede resultar inútil y contraproducente. Inútil, porque siempre será difícil encontrar quienes lo crean, especialmente entre las personas más enteradas acerca de sus reales ancestros y verdaderos hermanos, que son a las que se pretende engañar. Y contraproducente porque con tales argucias solo pueden hacer que su discurso languidezca en medio de la incredulidad.

Las zonas en que ser negro o ser indígena es lo común son de gran importancia en el país, pero comparativamente son minoritarias. En general, los colombianos somos una mezcla tan bien batida de razas que en casi todas partes resulta difícil establecer el predominio de alguna de ellas, por más que los rizos del cabello nos acerquen a la raza negra, el volumen de los

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pómulos a la indígena o el claro de los ojos a la blanca.

Pese a ello, la Unión Patriótica sabe de la importancia que tienen los aspectos étnicos para las poblaciones minoritarias, pues detrás de ellas hay un universo de discriminación que las lleva a los mayores índices de pobreza en todos los órdenes. De allí que tenga en su programa valiosas reivindicaciones para estas minorías, pero acompañadas de la clara advertencia de que será mediante su movilización organizada como se logrará conquistarlas, en lo cual hay coincidencia con la forma como el resto de la población puede conseguir las suyas.

Por eso lo más importante no es el trasfondo étnico, sino la postura que cada candidato asuma ante el orden social imperante; ante la paz, incluida la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición; ante los mecanismos de ratificación de los acuerdos de La Habana; ante los cambios democráticos y del sistema electoral; ante la justicia social, la soberanía nacional y alimentaria y la defensa de los ecosistemas; ante la corrupción, el patrimonio público y la privatización de las entidades del Estado. Aspectos como estos, deberían definir el grado de aceptación ciudadana a cada uno de los candidatos, pues son de importancia cardinal para todos los colombianos, incluidas las minorías étnicas y, algunas veces, más para estas. H

H AlFonso Conde

H

ay en funciones un ministro del despacho que desde siempre ha parecido el vocero oficial de los guerreristas del campo y la ciudad. Le disputa al iluminado Uribe y al procurador el papel de incendiario mayor en la tarea de perpetuar una guerra que sólo sirve a esa minoría que ha acumulado y sigue acumulando capital a partir de la expropiación violenta de la inmensa mayoría.

Pinzón, ese ministro de la guerra ya trasladado oficialmente al oficio de “lamebotas” del imperio, mas no retirado aún, sigue atizando en Colombia los odios que alimentan la violencia. Lo mismo hacen otros desde posiciones de poder no gubernamentales: generales en retiro que vociferan en espacios televisivos de opinión (NTN) barbaridades que harían sonrojar de vergüenza, por lo estúpidas, aún a sus colegas exmilitares, nos hacen pensar en el peligro inmenso que representa la barbarie, en todas las acepciones de la palabra, en control y posesión de la fuerza armada del estado. Esos ministros y ex-generales unidos al latifundismo y a los otros vividores que desde siempre han impuesto sus intereses por encima de las necesidades de los habitantes de este país, son enemigos de la paz.

La construcción de una sociedad civilizada, en donde las fuerzas sociales y políticas tengan el derecho real a la expresión, a la asociación, a la participación en las decisiones del estado, no podrá realizarse mientras se mantengan los enemigos de la paz incrustados en los poderes públicos, incluidas claro está las fuerzas armadas, como quintacolumnistas para sabotear el proyecto democrático. Los aparatos armados del estado tienen que ser depurados de la locura belicista. Son decisiones de gobierno.

Y en el gobierno, la participación de esa locura depende en buena medida, a pesar de las restricciones a la democracia, de la expresión de los colombianos. Defender la paz sigue siendo, hoy más que nunca, la tarea fundamental.

Se aproximan elecciones de gobernantes y legisladores locales y departamentales que, en alguna medida definirán tendencias en esos territorios. A pesar de las dificultades tradicionales de la construcción de la unidad popular, deben extremarse los esfuerzos por su logro en la mayor parte del territorio nacional. Se requiere anteponer el objetivo principal por encima de los intereses particulares de acumulación política. La unidad será garantía de avance hacia la democracia. H

laboral

Junio 17 de 2015

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¿Universidades en un nuevo TLC? Desde la precarización laboral de los profesores hasta la comercialización de la educación superior son problemas a los que debe responder el actual gobierno

H Juan Carlos Hurtado Fonseca

D

esde hace años se presenta una problemática con los profesores de las universidades públicas del país. El asunto pasa por los recortes presupuestales que se hacen para las universidades y las formas de contratación.

La precariedad laboral llega al punto de que el 80 por ciento de los profesores de las universidades estatales son catedráticos y ocasionales. Los primeros con contratos por cuatro meses y medio, y aunque existe una sentencia del Consejo de Estado que exige les paguen todas sus prestaciones como a los de carrera, muchas universidades no la atienden. Los ocasionales deben ser contratados de tiempo completo o medio tiempo y los catedráticos por horas y se les paga según las horas dictadas. Sólo hay alrededor de 12 mil profesores de planta.

Hay casos extremos como el de la Universidad de Antioquia donde son mil de planta y cinco mil catedráticos y cada facultad hace contratos por aparte, y les paga de manera distinta. En instituciones en un mismo municipio sucede lo mismo.

Según el profesor Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, “No se cumple lo que dice la Ley 30 sobre cuánto vale la hora cátedra, no se cumple la sentencia del Consejo de Estado de 2009 que obliga a que los profesores ocasionales y catedráticos se les liquide la hora de acuerdo con el régimen salarial de los profesores de planta. Por eso no es raro que la asamblea permanente sucedida hace poco en Tunja se repita próximamente en varias universidades”.

Problemas en la planta El salario de los profesores universitarios es establecido por puntos. Por título de pregrado un docente puede acumular hasta 180 puntos, por títulos de posgrado en maestría de 40 a 60 puntos y de doctorado entre 80 y 120. También se suman los puntos que dan los artículos o libros publicados.

Actualmente cada punto vale 11.240 pesos. Entonces, un docente con maestría y doctorado está sobre los 300 puntos; eso se multiplica por el valor del punto para obtener el salario.

El problema para los profesores de

Universidad de Antioquia. Foto J.C.H.

planta se originó en 2003 cuando se les incrementó el valor del punto en 2,5 por ciento y el IPC era de 9,5. Desde esa época el valor ha venido cayendo hasta alcanzar el 12 por ciento en la actualidad. El Gobierno ya había aceptado un estudio técnico que se había firmado entre ASPU, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación; en éste los entes gubernamentales aceptaron los argumentos de los profesores.

Eso sin reconocer los ajustes por encima del IPC que se han hecho a los trabajadores estatales.

“El problema los afecta al punto que quienes tienen salarios con base en más de 300 puntos, desde 2003 a la fecha, han perdido por la caída del valor del punto que debería estar en más de 12 mil, dejan de recibir 140 millones de pesos. Un profesor de 500 puntos ha dejado de recibir más de 170 millones, y uno que por sus investigaciones es de mil puntos ha dejado de recibir más de 200 millones”, explica Pedro Hernández.

Pero como a los ocasionales y catedráticos ahora tienen que liquidarlos en los mismos términos que los de carrera, también se ven afectados por la depreciación del punto. Y al tenerse en cuenta que no tienen contrato ni trabajo todo el año, son más afectados.

Pedro Hernández.

se promueve una liberalización del comercio de servicios a escala global y en el que está involucrada la educación superior, especialmente.

“Con este se dice que no puede haber condiciones para las universidades públicas o privadas en el país, que todo lo rige el mercado; que no pueden haber sistemas de control de calidad, desaparecería la acreditación. Ya a Colombia han entrado algunas, y el

mercado lo están cogiendo transnacionales que no tienen experiencia en educación superior. Muchos de ellos son sistemas totalmente virtuales que obligan a los estudiantes a consumir los textos virtuales que ellos mismos producen y que obligan a los profesores a que si quieren continuar deben conseguir más matriculados en los programas”, anota el profesor Pedro Hernández. H

Foro por la educación nocturna ADE prioriza fortalecimiento de la educación formal de jóvenes y adultos

La U al libre comercio El principal problema de las universidades son los recursos, sobre este aspecto el profesor Hernández explica que hay un déficit presupuestal de alrededor de un billón de pesos, y agrega: “Según el Gobierno las universidades están quebradas por culpa de los profesores, se ha aumentado las nóminas, pero no dice que es por los rectores que imponen y los miembros de los Consejos Superiores quienes imponen al rector que les dé contratos. Sólo veamos cuánto se perdió con el rector de Unipamplona a quién cogieron en España y que el Gobierno no quiso repatriar. Aquí tiene una condena por haberse robado más de 35 mil millones de esa universidad. Cuánta plata se ha perdido en la Universidad de Córdoba gracias a los paramilitares que la controlaron. Veamos el problema de la UIS que es similar…”

El presidente de ASPU también dice que el presidente de la República debe explicar por qué la educación superior aparece en un nuevo tratado de libre comercio denominado Trade in Services Agreement, TISA, en el que

Colegio distrital de Bogotá. Foto J.C.H.

E

l viernes de la semana pasada se llevó a cabo en la sede de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, Bogotá, una reunión entre la junta directiva de la ADE y el Comité de Colegios Nocturnos, con el objetivo de organizar el Foro Distrital por el Fortalecimiento de la Educación Formal de Jóvenes y Adultos. El evento busca que toda la Capital de la República se entere que existe una problemática en la educación formal de jóvenes y adultos.

De acuerdo con Luz Marina Turga, secretaria de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Juventud de la ADE, producto de la reunión se definió la agenda con cuatro puntos centrales: la normatividad de este tipo de educación; el modelo pedagógico que se desarrolla en la nocturna y los fines de semana; los recursos y el bienestar que se requieren para sacar adelante y poder resolver

la problemática de la jornada; y, finalmente, ciudadanía, seguridad y convivencia. Cada uno de estos bloques contiene una temática propia.

El Foro tendrá lugar el 18 de junio. Previamente se han desarrollado preforos, donde participaron estudiantes, docentes y directivos, quienes manifestaron y respondieron preguntas alrededor de los temas, de allí salieron conclusiones que se recogerán en documentos, los cuales conformarán un documento general.

“Les estamos diciendo a la Secretaría de Educación y al mismo Ministerio de Educación Nacio-nal que la educación de jóvenes y adultos sí necesita recursos, que deben salir los estudiantes preparados en las mismas o mejores condiciones que los diurnos para que tengan acceso al nivel universitario, al empleo y a toda la formación”, manifestó Turga. H

laboral

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Ganan tutela a Chocoramo

Adriana Emilce Rojas.

Según dirigentes sindicales, la empresa disfraza un despido masivo para acabar con el sindicato H Juan Carlos Hurtado Fonseca

L

a semana pasada un juez de Bogotá falló una tutela a favor de los trabajadores de la empresa Productos Ramo, conocida popularmente como Chocoramo. En la sentencia se pide

Rafael Molano, fundador de Industrias RAMO, con trabajadores en una planta de la fábrica.

al Ministerio de Trabajo que exija a la empresa presentar las pruebas de haber realizado un proceso de retiro voluntario de más de 250 trabajadores y no un despido masivo. El supuesto plan de retiro se había hecho en Semana Santa y sin previo aviso El problema inició el año pasado con la creación del sindicato en esta firma que cuenta con alrededor de 3.500 trabajadores en las plantas de distintas ciudades colombianas. Ante los atropellos como la imposición de jornadas de trabajo de 16 horas, durante tres días de la semana, con el salario mínimo, de manera soterrada los trabajadores decidieron la creación de un sindicato.

Adriana Emilce Rojas, trabajadora sindicalizada explicó: “Hace un año, el sindicato organizó de manera clandestina una seccional del sindicato de industria Sintrabimbo. Presentamos un petitorio en el que solicitamos un mejor sueldo y un mejor trato. También que no nos obligaran a trabajar horas extras sino que fuera voluntario. Eso era todo. Pero no acordamos nada y todo fue a tribunal”.

En marzo pasado la empresa llamó a un acuerdo y se logró una convención.

Diez días después, a los trabajadores les llegó una carta citándolos con carácter obligatorio a un club en las afueras de

Bogotá, pero sin decirles el objetivo de la reunión. Allí, con la presencia de sicólogos y abogados, sentaron a cada trabajador en un cubículo donde les sacaron toda su historia laboral y les dijeron cuánto les correspondía de indemnización. Les informan que la empresa está quebrada, que se va a cerrar, por lo cual debían retirarse con indemnizaciones de ley más uno o dos millones de pesos en promedio, que de no ser así, luego no recibirían nada.

Se aprovecharon del desconocimiento de sus derechos y ante la presión, más de 250 operararios aceptaron, entre ellos la mayoría de los sindicalizados. Según Adriana Emilce Rojas no les dejaron leer los documentos que firmaron y “entre los que echaron están los más antiguos, los sindicalizados y los enfermos.

Enfermedades adquiridas en las manos, los hombros, el antebrazo, por el trabajo repetitivo durante años. Es gente que ya no va a conseguir trabajo en ninguna parte, que está pagando su casa, madres cabeza de familia”.

El presidente nacional de Sintra­ bim­bo con la asesoría de la Central Uni­taria de Trabajadores, CUT, subdirectiva Bogotá, interpuso una tutela con el argumento de persecución sindical, en la que también denunciaba la actitud patronal de la representante del Ministerio del Trabajo quien ante la negativa de la empresa para que los trabajadores ingresaran a trabajar, tomó partido por Chocoramo. Si el Ministerio procede y califica el hecho como un despido colectivo, puede haber un reintegro. H

Central Unitaria de Trabajadores, CUT

Cinco quejas ante la OIT

Niños mexicanos trabajando. Foto La Gaceta DF.

Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, habla ante la OIT.

L

a delegación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que se encuentra en Ginebra, Suiza, radicó cinco quejas ante el Comité de Libertad Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el pasado 10 de junio; con las que espera que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y que se cumplan las libertades sindicales y los derechos de asociación en Colombia. Las reclamaciones son: 1. CUT - USO, contra Estado colombiano - Ecopetrol por actos sistemáticos de injerencia y discriminación antisindical; como despidos de dirigentes sindicales, pacto colectivo, despidos de trabajadores sindicalizados.

Actos que se repiten, a pesar de las recomendaciones que ya habían sido dadas por el Comité de Libertad Sindical.

2- CUT – Anthoc, contra Estado colombiano - Corte Suprema de Justicia por la declaratoria de ilegalidad de protestas y ceses de actividades realizados en agosto de 2013, con lo cual se viola el derecho a la huelga.

3- CUT - Sintraiss – Sintraseguri­ dad­social, contra Estado colombiano por liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ISS. 4- CUT – contra Estado colombiano - Ministerio del Trabajo porque se ha permitido la extensión del contrato sindical y con ello la afectación de la libre asociación.

5. CUT – contra Estado colombiano – Ministerio de Trabajo por permitir y no controlar que se celebren pactos colectivos en empresas donde existen sindicatos. H

ONU: “215 millones de niños trabajan” E

l pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, en el que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mostró cifras preocupantes. Según este organismo, “En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos de tiempo completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados.

Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados”.

De esa cifra, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dice que

Colombia aporta aproximadamente un millón 500 mil. Las causas de la temprana vinculación al mundo del trabajo, están asociadas a la precarización laboral, el desempleo, la pobreza y la exclusión social de su entorno, convirtiéndose sus ingresos, que son mínimos, en cruciales para la supervivencia del grupo familiar.

Según la ONU, uno de los principales objetivos al fundarse la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue la abolición del trabajo infantil con la adopción y la supervisión de normas del trabajo en las que se aborda el concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Además, el principio de que las normas relativas a la edad mínima deberían ir asociadas a la escolarización ha formado parte de la tradición normativa de la OIT en esa esfera. Hasta el momento las medidas no han erradicado el problema que para muchos analistas pasa por el modelo económico. H

política

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Policía responsable de agresión a estudiante en Ibagué

“Fuerza, Cristian” H Simón Palacio

U

na bomba lacrimógena lanzada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en Ibagué, causó el estado de coma en el que se encuentra el estudiante de licenciaturas sociales, Cristian Andrés Pulido Jiménez, quien se debate entre la vida y la muerte.

Los hechos sucedieron el pasado 9 de junio en la Universidad del Tolima, en medio de la celebración del día del estudiante caído. La Policía irrumpió en el Alma Máter e inició los desmanes que arrojaron como resultado los quebrantos de salud de Cristian, quien milita en la Juventud Comunista Colombiana.

El primer parte médico emitido por el Hospital Federico Lleras, de la ciudad musical, indicó que el paciente fue sometido a un coma inducido para evitar alguna lesión cerebral que le comprometiera la visión o su movilidad.

Cristian documentaba con fotografías la llegada de los policías, su irrupción a la universidad y los daños que provocaron. Al percatarse de su presencia, uno de los uniformados lo señaló y le disparó a quemarropa un proyectil lacrimógeno que le destrozó la cámara fotográfica y lo impactó en su frente.

“Cristian estaba dentro de la universidad, cerca de la entrada principal, simplemente disparando el flash de su cámara Canon cuando fue impactado a propósito, a menos de cinco metros”, señalaron los estudiantes testigos del acto policial.

Para Jhonatán Varón Posada, secretario de la Juventud Comunista en el

Tolima, el hecho generó toda clase de solidaridad con Cristian Pulido e indignación contra la Policía Nacional y su escuadrón antidisturbios: “Rechazar el actuar de la fuerza pública del Esmad, porque, además de este acto violento, también ingresó de manera arbitraria a la Universidad del Tolima, afectando el derecho constitucional de la autonomía universitaria”, dijo.

Con la etiqueta #FuerzaCris­ tianPulido las redes sociales expresaron su solidaridad y rechazaron los hechos. “A la muerte no daremos nada, a la vida hasta la vida misma. Cristian Pulido, camarada, en esta lucha por tu vida estamos todos, somos más los que te amamos y anhelamos que te recuperes pronto. Ni el odio, ni la guerra nos vencerá, siempre la vida batalla para seguir conquistando una altísima existencia”, expresó William Monsalve, secretario general de la Juventud Comunista.

Los hechos reviven el debate sobre el desmonte del Esmad, responsable de graves violaciones a los derechos humanos y de innumerables muertes desde su creación. “Es lamentable que a 60 años del cruento hecho que rememora la violencia del estado contra el movimiento estudiantil, persista una política de sangre y fuego sin pausa y profundizada a través de refinados mecanismos de represión como son el Esmad.

Desescalar el conflicto pasa necesariamente por desmontar los dispositivos criminales del estado contra la protesta social, desestimular su inversión y enfocarla a las prioridades sociales, como son la educación y la salud pública. Un cese bilateral de fuegos y hostilidades pasa transversalmente por desactivar todos los mecanismos represivos del

En el recuadro Cristian Pulido, en el momento de la agresión policial.

La cámara fotográfica muestar la fuerza de la agresión.

estado y abrir el debate sobre la política de seguridad que está hecha para destruir la movilización social y política del pueblo. Una verdadera salida política al conflicto armado pasa ineludiblemente por desmilitarizar la vida social y cultural del país”, expresó a VOZ, William Monsalve.

Ahora que se abre la comisión de memoria y verdad histórica, dice el

Secretario General de la JUCO, el movimiento estudiantil debe hacer parte de la misma, su historia es la de un gran sector de la población colombiana victimizado históricamente, golpeado por la represión estatal, en la que aún persiste en pasado y presente la impunidad y el silencio sobre los hechos acaecidos contra dirigentes y organizaciones. H

Ratificó el pleno del PCC respaldo a Aída Avella, para el Concejo Distrital

Lista de coalición popular H Hernán Durango

L

a plenaria de la dirección distrital del Partido Comunista Colombiano PCC, reunida el sábado 13 de junio en la capital colombiana, llamó a los distintos sectores sociales y políticos a configurar listas de coalición para el Concejo y las Juntas Administradoras Locales, JAL, de las 20 localidades.

La reunión de la dirección distrital del comité “Mario Upegui Hurtado” del PCC, en declaración pública aprobada, exhorta a la ciudadanía a unirse a una campaña hacia el 25 de octubre por una Bogotá para la paz y reafirma la necesidad de una candidatura de convergencia programática por la ciudad, para la Alcaldía, con base en una visión democrática, comprometida con este anhelo nacional y avanzando en las medidas que confronten las desigualdades, el perfil social de la política pública y el compromiso ciudadano de cero corrupción en Bogotá.

En la reunión intervinieron la compañera Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica UP; Jaime Caycedo

Turriago, secretario general del PCC y Gabriel Becerra, responsable político del PCC en Bogotá. Además participaron decenas de dirigentes de las localidades del distrito para aportar sus ideas y el compromiso de adelantar con éxito la campaña político-electoral unida a las movilizaciones de los sectores sociales por sus reivindicaciones.

Los comunistas trabajarán con la UP por un acuerdo de coalición con el PDA y otras fuerzas para respaldar la candidatura a la Alcaldía Mayor de Clara López Obregón, con énfasis en los lineamientos generales que abrieron horizontes de esperanza en la pasada campaña presidencial y el establecimiento de acuerdos de programa que aseguren el respaldo, desde Bogotá, a una Colombia en paz, con libertades, soluciones a los graves desequilibrios socioeconómicos y justicia social, indica la declaración.

Asimismo, de aprobarse por el Senado la reforma constitucional que autoriza las coaliciones en listas a corporaciones, propone trabajar por una

Jaime Caycedo, interviene en el pleno regional del Partido Comunista en Bogotá.

lista de coalición unitaria al Concejo y listas unitarias a las JAL en lo posible, buscando la más amplia convergencia de vertientes políticas y cívicas en torno al programa unitario y al nombre de la candidatura a la Alcaldía Mayor.

El liderazgo de Aída Avella, candidata al Concejo por la UP, en una lista de coalición aporta un legado y un programa ético - político probado y comprometido con la unidad de las izquierdas, la honestidad y la justicia social en un momento de profunda crisis de esta corporación.

“No dudamos que una Bogotá para la Paz necesita de todas las fuerzas de izquierda y democráticas unidas en la pluralidad y sin exclusiones. Junto a estas definiciones, se hace un llamado a redoblar los esfuerzos a favor de la solución política negociada al conflicto interno, fortaleciendo iniciativas de participación y movilización ciudadana como el encuentro nacional de paz y la movilización por el cese al fuego bilateral, previstas para los días 21, 22 y 23 de julio”, señala la declaración del plenop. H

regional

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En Turbana, Bolívar

Amenazan a miembro del Frente Amplio O

La Guajira padece una sed crónica. Foto Defensoria del Pueblo.

Guajiros no aceptan “microfonazo” de Santos H Libardo Muñoz

“

Es inaudito que el Presidente Santos intente borrar de un ‘microfonazo’ la realidad”, dijo Ángel Roys, vocero de la comunidad wayúu, en la Guajira, sobre la mortalidad infantil por las consecuencias del hambre y otras privaciones de lo más elemental en este territorio.

En una breve visita a La Guajira, el Presidente Santos dijo que son “solo 294 los niños de la etnia Wayúu fallecidos como consecuencia de la desnutrición”.

Javier Rojas, también activista de la Asociación de Autoridades

tradicionales wayúu”, le salió al paso a las afirmaciones de Santos y dijo que “son 4.770 los niños muertos en La Guajira, según cifras de hace un año en la alta Guajira.

“Invitamos al Presidente Santos a que juntos visitemos uno por uno, los cementerios donde yacen con nombres propios para siempre los niños muertos por desnutrición”, afirmó Rojas.

El médico pediatra, Spencer Rivadeneira, natural de la Guajira y activista de la atención facultativa de la niñez en su región, se sumó a las voces que contradicen al jefe del Estado

In memóriam

Evert Astudillo, pintor Se dice que la historia la han escrito los triunfadores…

P

ero estamos en épocas en que comienzan a escribirla los que hasta el momento se han visto en situación de perdedores. La historia también es según la mirada de quien mire, desde qué punto de vista mire, qué quiere ver con su mirada, qué quiere mostrar con esa mirada que sobre la realidad se lance para despertar nuestro disfrute, para llamarnos a la reflexión y abrirnos a la comprensión.

De la historia dan testimonio los artistas al desmenuzar la realidad para ver su trasfondo. Eso hizo Evert Astudillo y con ello ha aportado a la historia de su ciudad y al arte con su expresión formal.

La ciudad que Evert plasmó no es la bella ciudad de la prosperidad, es una ciudad que como él mismo lo dijo, de una arquitectura Art Deco, sin aspavientos, de exteriores desteñidos…, sus muros derruidos, una ciudad melancólica, abandonada. Astudillo da cuenta de los textos de sus muros, que nos evocan la presencia de sus gentes que se los apropian, de la propaganda reinante que incita al consumo, de los

títulos de las revistas que se ofrecen en las ventas callejeras para moldear las ideologías, de los autos que ruedan por sus calles, de sus autobuses, de las fachadas de sus cines de barrio en los años 70 del siglo pasado, de la fábrica, la carrilera abandonada del tren, de la oferta velada de las prostitutas y la actitud despreocupada de sus gentes.

Evert Astudillo nació en Cali en 1948 y murió en Cali el 3 de junio de 2015. Fue maestro del Instituto de Bellas Artes en Cali y de la Universidad del Cauca durante 32 años y formó a varias generaciones de artistas plásticos. Múltiples exposiciones y galardones hacen parte de la trayectoria de este ser humano sencillo, modesto como todo gran artista, amable y cultor de la amistad, que nos deja una obra importante, pues puso su pincel, su carboncillo, su lápiz, al servicio de la memoria y de la resistencia cultural, para que no olvidemos de dónde venimos. H *Nota completa en www.semana­ riovoz.com

sobre tan sensible y angustioso tema, que enluta a los más pobres de un departamento que parece condenado a la pobreza y las enfermedades, por encima de los millones de toneladas de carbón y de quien sabe que otras riquezas que brotan de su suelo, aparte del gas, en forma incesante, por tuberías y en el vientre de los barcos de las multinacionales, financiadoras del paramilitarismo.

En lo que va de 2015, ya se cuentan 25 fallecimientos de niños en diferentes localidades del extenso y árido territorio guajiro, en grupos asentados en las llamadas “rancherías”, donde faltan el agua y las proteínas, bajo un sol inmisericorde.

El Presidente Santos habló también de una inversión de 6.9 billones de pesos en La Guajira, pero la opinión del colectivo ciudadano es que la corrupción, la impunidad, la omisión de los dirigentes políticos dio cuenta de semejante cantidad de dinero, pues el bienestar del pueblo ha desaparecido y la concentración del poder es cada día más descarada.

La Autoridad Tradicional Wayúu solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, medidas cautelares para recuperar el Río Ranchería, en vías de una absurda privatización, y frenar la crisis humanitaria de un departamento sobre-diagnosticado, de acuerdo con líderes sociales de la Región Caribe.

El gobierno nacional solicitó a la CIDH ampliación del plazo para pronunciarse sobre el hambre y la

rlando García, concejal de Turbana, Bolívar, activista del Frente Amplio por la Paz en ese municipio y pre candidato a la alcaldía local, recibió amenazas de muerte por notas anónimas y mensajes a su teléfono personal.

En su condición de comunicador social, Orlando García con un equipo de colaboradores del municipio y localidades vecinas montó la emisora Turbana stereo 104.3 FM, fundaron un canal de TV local y pusieron en circulación el medio impreso “Caribe Diario Turbana”.

Hace 11 años García creó la ONG Roztro con la que desarrollaron en Turbana una tarea ecológica de reforestación urbana en un pueblo desolado por el robo y la apatía politiquera, canalizaron cuencas de arroyos naturales y realizaron un documental de televisión sobre el abandono y la desprotección social que agobia a los ancianos del municipio y de sus veredas y hace poco, acogió la consigna de formar parte visible del Frente Amplio por la Paz y en nombre de la Alianza Verde ganó una curul en el concejo municipal.

Para ser precandidato a la alcaldía de Turbana, Orlando García se retiró del concejo y de inmediato le llovieron amenazas que vienen del paramilitarismo y sus agentes regionales, dueños de un fortín liberal-conservador que empeñó los fondos públicos para comprar apartamentos y camionetas con dinero del contribuyente turbanero.

García denunció las amenazas en la Fiscalía y la gobernación de Bolívar y con el apoyo comunitario se toman normas preventivas para protegerse.

Los políticos corruptos de Turbana, a solo 25 kilómetros de Cartagena, no han sido capaces de construir una carretera hacia el vecino Turbaco y tampoco le dan un suministro decente de agua. H

desnutrición de la niñez guajira, para no mencionar enfermedades como la tuberculosis que diezman a la población adulta, mientras ex gobernadores y ex alcaldes de todo el territorio huyen de la justicia. H

BOGOTÁ

Junio 17 de 2015

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Crimen de Jaime Garzón, no es reconocido como de lesa humanidad

Humorista Jaime Garzón.

H Redacción Bogotá

E

l 13 de agosto de 1999, fue asesinado a tiros el humorista y periodista Jaime Garzón Forero. Cinco impactos de bala, propinados por dos sicarios que se movilizaba en una moto, acabaron con la vida de uno de los personajes más respetados y admirados en Colombia.

Esta pérdida para el humor y el periodismo crítico, causó una gran conmoción en el país, diferentes sectores de la sociedad, miembros de la comunidad universitaria, de la Universidad Nacional, donde estudió la carrera de derecho, y de artistas en general, no

esperaron para rechazar los hechos que segaron la vida de Garzón.

El 14 de agosto, un día después de su asesinato, una multitud se agolpó en el puente peatonal de la calle 122 con Autopista Norte. Vieron pasar el cortejo fúnebre y exigieron justicia por el infame crimen.

Desde esa época, analistas y sus propios familiares tuvieron la certeza de que detrás de la muerte de Jaime, estaban los grupos paramilitares, en particular el Bloque Capital de las AUC. Después de 16 años de búsqueda de la verdad y de justicia, mediante

providencia del 26 de mayo, la Fiscalía 71 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, decidió no declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón Forero, ocurrido aquel 13 de agosto.

Según menciona en un comunicado el Colectivo José Alvear Restrepo, “La Fiscalía desconoció las pruebas presentadas por los representantes de la familia sobre los nexos oficiales de los implicados en el crimen, sobre el hecho de que se trató de un homicidio dentro de un contexto de ataque sistemático y generalizado contra población civil

considerada afín a la guerrilla, contra defensores de derechos humanos y periodistas críticos e independientes del país”.

Hay que recordar que en el momento de iniciada la investigación, desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS indujeron a la Fiscalía a concentrar el proceso en dos sujetos que después de cinco años fueron absueltos.

Según menciona el Ccajar en su comunicado, “después de 16 años de estos hechos, la única condena que pesa contra un responsable es la del paramilitar Carlos Castaño quien ya está muerto. Los máximos responsables hasta ahora vinculados con la investigación son el General Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector de inteligencia del Departamento Administrativo del DAS, José Miguel Narváez, ambos en etapa de juicio.

Este último, según todos los indicios, fue el determinador del asesinato del periodista, y desde su vinculación con la investigación, permanece protegido en una guarnición militar a pesar de tratarse de un civil, una situación ilegal que ni el Inpec ni el Ministerio de Defensa han corregido”.

Organismos defensores de derechos humanos, y la familia del humorista, mencionan que no dejaran de insistir en la etapa de juicio contra estos dos vinculados. Exigen que este crimen no quede en la impunidad y que se reconozca el carácter de lesa humanidad. Temen que la lentitud de la justicia colombiana conlleve a que el caso precluya, si al pasar los 20 años que indica la legislación colombiana, este no se ha resuelto. H

Los pobres son los que van a la guerra H Corporación Jurídica

C

on bastante preocupación vemos el alinderamiento de la derecha colombiana, representada por el presidente Juan Manuel Santos y la extrema derecha, representada por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, representante de los intereses de los terratenientes, ganaderos y gamonales.

Lo más retardatario de esa burguesía ultra conservadora y tradicional cuyos hijos se pronunciaron sobre el tema del proceso de paz, exigiendo la continuación de la guerra con el fin de preservar sus privilegios y permitir la continuación de un “statu quo” impuesto por sus ancestros.

Imponer la guerra para obstaculizar cambios es negarse a la aplicación de leyes generadas en el mismo congreso burgués, como la que contempla las llamadas zonas de reservas campesinas, la cual quiere hacer pasar ante propios y extraños como un invento de la insurgencia. Muchas de esas zonas fueron llamadas por sus progenitores “Repúblicas independientes” y después, Laureano Gómez, Álvaro Gómez y la más rancia oligarquía, anegaron los campos de la patria en sangre con el pretexto de acabar con dichas repúblicas independientes, dando origen a la violencia que hasta hoy vivimos.

Hoy sus hijos llaman nuevamente a la guerra. Confrontación que observan desde la comodidad de sus lujosos apartamentos y fincas, mientras que los combatientes muertos son remplazados por jóvenes reclutados en los cordones de miseria en Ciudad Bolívar, Agua Blanca, las comunas y demás ciudades y campos colombianos. Se repite ese reclutamiento a lo largo de la patria, pero de la patria boba y la patria pobre, porque la oligarquía azuza la guerra, pero jamás se atreve a combatirla.

Pero basta una pataleta del general Mora desde la mesa de La Habana con el amago que se va y dos cañazos del mesías “Varito” a los medios de comunicación, en el sentido que los militares están inconformes con los diálogos y con el salario, y nuestro flamante presidente autoriza el alza de salarios con retroactivo a enero de 2015 para todos los militares activos y retirados.

Tratamiento que no dio a los maestros, quiénes tuvieron que ir a huelga para que les incrementaran un mísero salario. Claro, los maestros no están añorando la guerra y no viven de la guerra, al contrario, sufren las consecuencias del conflicto. Por eso para el sistema los profesores no son tan importantes como los héroes que mandan como

carne de cañón a que se maten cuidando intereses ajenos, mientras que la oligarquía, utiliza los cuerpos cuando le conviene, como aves carroñeras, a través de sus medios de comunicación. Es el caso de los 10 militares muertos en combates en el Cauca. Presentados ante la opinión pública como pobres e ingenuos muchachos engañados por las FARC-EP y no como tropas especiales contra-guerrilla que llegaron a la zona en busca de un campamento de la insurgencia para asaltarlo. ¿Por qué tanta preocupación inusitada por esos 10 militares muertos en el Cauca? ¿Por qué cuando las FARCEP llegaron a tener hasta 600 militares en su poder la prensa burguesa no hizo el mismo escandalo para que los

canjearan por prisioneros políticos de guerra? Al darse cuenta que la oligarquía no iba hacer nada por liberarlos, porque nada les importaba, la insurgencia en un gesto de paz los entregó. ¿Por qué la burguesía, que hoy sale con lágrimas de cocodrilo a llorar esos colombianos muertos en la absurda confrontación, no abogó para que el gobierno llegara a algún acuerdo para su liberación?

Y si hoy día hacen escándalo, no es que los hayan aprendido a querer, sino que utilizan el sufrimiento de las familias para manejar las masas populares, radicalizando más el país y así ganar adeptos para la prolongación de la confrontación y presionando para que se de fin a los diálogos en La Habana. H

Jueves de debate El sector financiero, la crisis hipotecaria y los efectos en la población colombiana Jueves 18 de junio – 2:00 p.m.

Corpeis – Calle 32A No. 18 – 17 Invita Comité Distrital PCC “Mario Upegui Hurtado” Junta Patriótica Distrital UP

derechos humanos

Junio 17 de 2015

Derrame de crudo en Putumayo.

En el Putumayo no para la crisis humanitaria H Carolina Tejada

E

l Putumayo es una región rica en recursos naturales, con un territorio productivo de 25 mil km2.

Su ubicación estratégica al sur del país, dentro de la selva amazónica, se ha utilizado por las empresas mineras, extractoras del petróleo y por quienes se disputan a sangre y fuego este territorio, entre otros como corredor de paso o contrabando hacia los países vecinos de Ecuador y Perú.

Crisis humanitaria de antaño Du­ran­te el 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, parte del territorio del Putumayo fue vinculado al Plan Patriota. Un plan militar de los más grandes adelantados en el país, el cual buscaba recuperar las zonas rurales y urbanas que se encontraban bajo influencia de los grupos insurgentes. El 17 de septiembre de 2004, lanzan el Plan de Consolidación con el propósito de desarticular las estructuras de las FARC-EP que operaban en esta zona.

En la medida en que estos planes anti insurgentes promovidos por Uribe, salían a flote los grupos paramilitares, iniciaban una recuperación de gran parte de estos territorios durante el 2002 al 2006, expropiando terrenos y controlando las principales vías, centros de servicios y los circuitos de tráfico de narcóticos y mercancías. Estos hechos se han caracterizado como de los más violentos que le ha tocado vivir a esta población.

El nivel del desplazamiento forzado aumentó dramáticamente; de cinco mil personas desplazadas en el 2000, se pasó a más de 10 mil en el 2002,

posterior a estos años, la tasa de desplazamiento superó los 15 mil. Estas tasas de desplazamiento bajan en el marco de la llamada “desmovilización de las AUC”, pero vuelven a repuntar cuando parte de las estructuras desmovilizadas se rearman. Los denominados “Rastrojos” y posteriormente las “Águilas Negras” aparecen e inician nuevamente la disputa por el territorio, amenazan, extorsionan, desplazan y eliminan sistemática a quienes señalaban como colaboradores de los grupos insurgentes.

Además de esto, desde el 2000, se venía adelantando el Plan Colombia, una estrategia de fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de la mata de Coca, que se llevó a cabo, en una primera etapa hasta el 2005, con la coordinación de las ONG, Chemonics de origen gringo y Fundaempresa. Y una segunda etapa del 2005 al 2010.

Los efectos de las fumigaciones áreas profundizaron la crisis humanitaria, miles de familias se vieron afectadas por los venenos rociados desde los aviones; animales y cultivos de pan coger se perdieron, y a la crisis humanitaria a causa de conflicto armado se le sumó la pobreza, el brote de enfermedades respiratorias, de la piel y la hambruna. Esta situación como la de la guerra, generó un rechazo en la población, grandes movilizaciones se vieron durante el desarrollo del plan.

Minería y extracción de petróleo El alto nivel de militarización del departamento con el llamado Plan Patriota y el Plan Consolidación, así como la recuperación de zonas de influencia de la insurgencia por parte de los grupos de AUC, dieron confianza

a las empresas privadas de minería y extracción de crudo para entrar a la región e iniciar un repunte en la explotación de recursos naturales.

Para el año 2008, inmediatamente después de la desmovilización de los grupos paramilitares, las solicitudes de títulos mineros pasaron de cuatro mil a 1.582 para el año 2009 y para el año 2010 llegaron a 4.917 solicitudes.

Lo que conllevó a que se declara a esta zona de la amazonia como distrito especial minero.

En la medida en que llegaban empresas extranjeras a desarrollar la explotación de los minerales, llegó también un aumento del pie de fuerza militar para la región. En zonas como Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro, La Hormiga, Siberia y El Empalme. En los pozos petroleros de San Miguel se establecen bases militares. Sin mencionar las unidades móviles, batallones y el aumento de hombres armados que patrullan en toda la región.

Las comunidades han denunciado que la llegada de las empresas de extracción de los minerales, viene afectando el medio ambiente y perjudicando a quienes tienen propiedades cerca de los pozos de petróleo, pues las empresas aseguran que por ley, de cada pozo que abran, les corresponde cinco kilómetros a la redonda para la explotación.

El pasado mes de mayo, las comunidades, que en diversas ocasiones se han movilizado en contra de estos altos niveles de explotación, han expresado su preocupación, pues diariamente se están explotando 48 mil barriles de crudo en la región, y la pobreza y las necesidades primarias aumentan. Igualmente mencionan la contaminación sistemática de los ríos con residuos de petróleo y

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minería, el daño de las vías de acceso, dado el peso de mulas, carro tanques y maquinaria pesada, y porque muchas de las licencias para la extracción de los minerales, se han dado sin respetar la consulta previa de las comunidades.

Según menciona la lideresa Yuri Quintero, de la mesa de organizaciones sociales de la región, “desde las cuatro de la mañana los carrotanques y mulas que transportan el crudo inician la jornada desde las estaciones petroleras hasta los municipios de Orito hacia el vecino país del Ecuador, con quienes las empresas petroleras tienen convenios de venta del crudo, y hacia el departamento de Neiva. Después de las cinco de la mañana 12 carrotanques fueron detenidos por hombres armados, quienes procedieron a derramar el crudo”.

Una situación similar se presentó después de las 10 de la mañana, sobre la misma vía, cerca de la Ye de Guadualito, del municipio del Valle del Guamuez, nueve carros fueron detenidos y obligados a derramar el crudo. Según menciona la líder, “los primeros hechos afectaron a 79 familias, para un total de 325 personas”. En ninguno de los casos se ha identificado los autores de las acciones.

Igualmente menciona que las afectaciones al medio ambiente no son nuevas. “Por fallas técnicas desde las mismas empresas, se han presentado derrames de crudos que no han sido atendidos a tiempo, provocando situaciones de contaminación ambiental”.

La comunidad viene haciendo unos llamados, tanto al gobierno nacional para que frene las licencias de extracción de los recursos minerales y la injerencia de empresas extranjeras, y por otro lado para que acuerden un cese a las acciones militares junto a los grupos armados, pues reconocen que en la medida en que se desarrolle la guerra y no existan acuerdos de paz, la población humilde será la más perjudicada.

El fin de semana la comunidad sobre el corredor Puerto Vega Teteyé se reunió con el alcalde Guillermo Rivera, el gerente del hospital local, delegados de Coorpoamazonía y la empresa operadora Vetra además de un delegado del Ministerio del Interior, con el objetivo de definir con las comunidades tareas a abordar para contrarrestar las consecuencias del derrame que se da el pasado ocho de junio. Según nos informa Yuri, “se definió iniciar de manera inmediata labores de descontaminación, teniendo en cuenta que se debe hacer limpieza total del centro poblado de la vereda Cabaña, el cual se encuentra afectado por el crudo esparcido por el constante tráfico sobre el riego. Se debe raspar la vía para que la limpieza del centro poblado no sea en vano. Desde ya se iniciará con una brigada de salud que garantice atención total a la población afectada, porque se estaban presentando problemas serios sobre las familias de la zona y en cada familia se adecuarán sitios de almacenamiento de agua potable y la posible construcción de un aljibe que tenga el diseño necesario para abastecer a toda la comunidad”. H

economía

Junio 17 de 2015

La tributación en el gobierno Santos

H Nelson Fajardo

L

a reforma tributaria que el Gobierno Santos pretende implementar, está compuesta de un paquete de siete medidas impositivas, así: el impuesto a la riqueza, sobre la renta para la equidad, la sobre tasa al impuesto sobre la renta para la equidad, el impuesto sobre la renta, el impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y otras disposiciones.

Al observar detenidamente el paquete, llama la atención que la mayoría de las medidas buscan el retorno a la redistribución de la riqueza, en un país donde ésta es altamente concentrada, y los ricos no se caracterizan por ser altruistas y samaritanos.

Así, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, para personas naturales, como para personas jurídicas, de entrada muestra sus desequilibrios. En el caso de las personas jurídicas, que tengan un patrimonio neto superior a mil millones de pesos a primero de enero de 2015, se aplicarán, durante los tres primeros años, tarifas entre 0,20 por ciento, 0,35 por ciento, 0,75 por ciento y 1,15 por ciento, para el 2015. Para el año siguiente, 2016, las tarifas disminuirán a 0,05 por ciento, 0,10 por ciento, 0,20 por ciento y 0,40 por ciento.

Mientras las tarifas son regresivas para éste caso; para las personas naturales, la tarifa será progresiva, y dependiendo del valor patrimonial, estará entre 0,12 por ciento, 0,35 por ciento, 0,75 por ciento hasta 1,50 por ciento.

Dichos porcentajes serán constantes durante los cuatro años. Queda claro, entonces, que los más ricos; es decir, las personas jurídicas aportarán menos que el ciudadano de a pie.

Con respecto al “impuesto sobre la renta para la equidad”, llamado CREE, la reforma establece una tarifa permanente de 9 por ciento para 2015 y años subsiguientes. A ello se agrega el

descuento de impuestos pagados en el exterior, cuando se reciban ingresos de fuente extranjera, siempre y cuando, se pague el impuesto a la renta respectivo, en los países donde se obtuvieron las rentas. También, se crea un beneficio para los consorcios y uniones temporales, exonerando de pagos parafiscales a quienes devengan hasta 10 salarios mínimos; pero a renglón seguido, se crea una sobretasa al impuesto para la equidad CREE, cuya base es la misma del CREE. Sobretasa que correrá entre los años 2015 y 2018 y se aplicará para utilidades fiscales superiores a 800 millones de pesos con una tarifa del 5 por ciento para el 2015, 6,0 por ciento para 2016, 8,0 por ciento para 2017 y 9 por ciento para 2018.

Estas y otras medidas impositivas dejan clara la tendencia continuista del Gobierno Santos, de favorecer y de estimular los capitales de la gran burguesía colombiana y extranjera, descarga un peso importante del recaudo sobre los trabajadores y las mal llamadas “capas medias”. Los recursos obtenidos por esta vía, seguramente, irán a la financiación del Estado con sus déficits fiscales y la enorme presión que ejercerán sobre las finanzas estatales, los resultados de los Diálogos de Paz, si se llega a los acuerdos definitivos y refrendados por la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que no hay claridad sobre el costo real de las reformas derivadas de la etapa posterior a los acuerdos, pero se calculan entre 60 billones y 180 billones de pesos para un período de diez años.

Este comportamiento del Estado colombiano evidencia una enorme improvisación, que busca resolver los problemas del momento, con reformas tributarias cada dieciocho meses; sin alcanzar soluciones profundas y estructurales que mejoren realmente la equidad y la evasión; aspectos a los que se les da poca importancia, como mecanismo

importante para recoger recursos necesarios para una nación, que siendo realmente burguesa, no requiere de estar gravando con impuestos a los contribuyentes, en especial, a los ciudadanos, en su consumo directo, y a los sectores populares, que siguen cargando con un porcentaje muy alto de la carga impositiva.

Así, la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, “por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, aplazada por el Congreso de la República para su aprobación, será revivida y ajustada, en función de los intereses del capital y su Estado; éste último en la búsqueda de una modernización autoritaria, que descarga su peso sobre los de abajo.

Así que la palabra “equidad” es una falsedad ideológica y un eufemismo, tras del cual, se pretende aparentar un sistema redistributivo y democrático, en lo social y lo económico. H

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¿Qué es qué en economía?

Las relaciones capital y trabajo: “…cuando se contrapone el punto de vista del proletariado al de la clase burguesa, el pensamiento proletario no exige en modo alguno una tabula rasa, un nuevo comienzo “sin presupuestos” para la comprensión de la realidad, como lo hizo el pensamiento burgués respecto de las formas feudales de la Edad Media (al menos tendencialmente). Precisamente porque su objetivo práctico es una transformación básica de toda la sociedad, el pensamiento proletario toma toda la sociedad burguesa, junto con sus elaboraciones intelectuales, artísticas, etc.; como punto de partida del método… no es ni una casualidad ni una cuestión puramente teorética el que la burguesía tenga que quedar presa en la inmediatez mientras el proletariado la rebasa. En la diferencia entre esas dos posiciones teoréticas se expresa precisamente la diversidad del ser social de ambas clases. El conocimiento accesible desde el punto de vista del proletariado es, por supuesto, el más elevado en el sentido científico objetivo; pues en ese conocimiento se tiene metódicamente la disolución de los problemas en torno de los cuales se han esforzado inútilmente los más grandes pensadores de la época burguesa; materialmente se tiene en aquel conocimiento histórico adecuado del capitalismo, necesariamente inaccesible al pensamiento burgués. Pero esa estimación objetiva del valor gnoseológico de los métodos resulta de nuevo ser un problema histórico-social, consecuencia necesaria de los tipos de sociedad representados por ambas clases y de sus resultados históricos, de modo que, según eso, la “falsedad” y la “unilateralidad” de la concepción burguesa de la historia es un momento necesario de la estructura metódica del conocimiento social1.

1 Lukács, George: Historia y consciencia de clase, tomo 2, Biblioteca de Política, Economía y Sociología,, Ediciones ORBIS 1985, Barcelona España, páginas 104 y 105. H

El Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS) y la Corporación para la Educación y la Investigación Social (Corpeis) Invitan a: La tertulia de los jueves. Con el equipo económico de VOZ “La verdad del pueblo”.

“Si observamos los ciclos de rotación en que se mueve la industria moderna… veremos que el tipo máximo de interés, hasta llegar a un nivel usurario, se da en los periodos de crisis”.

Carlos Marx, El Capital, Tomo 3, página 381, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba 1973.

Panel: ¿Crisis o no crisis?: ¿Para dónde van el mundo y Colombia? - Fecha: jueves 25 de junio de 2015.

Hora: 5:00 p.m. - Lugar: Calle 37 No. 19 - 07.

Tel: 287 74 27 / 245 31 73. ¡¡¡Los esperamos!!!

INTERNACIONAL

Junio 17 de 2015

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Venezuela

Califican de injerencista, visita de Felipe González Izquierda Unida, de España, y el Partido Comunista de Venezuela, piden al exmandatario, que respete la soberanía de un país que construye su futuro en democracia H Alberto Acevedo

F

elipe González, ex presidente de España, ha sido un cortesano del poder, abogado de grandes consorcios, como Gas Natural, diseñador de grupos paramilitares como los GAL, que combatieron a movimientos separatistas como la ETA, y recientemente ha viajado a Caracas, con una investidura de ‘defensor de derechos humanos’, para darle una cara amable a la oposición golpista venezolana, que conspira de manera criminal contra un gobierno legítimo, que construye un proyecto democrático de reformas sociales.

Sectores democráticos, tanto de España como de Venezuela, calificaron como una actitud intervencionista en los asuntos internos de un país extranjero, la visita del ex gobernante español, pues olvida los cargos criminales formulados por la justicia del país latinoamericano contra los personajes que quiere presentar como luchadores

políticos y encubre bajo el manto de una pretendida actividad opositora, lo que en realidad es todo un prontuario criminal de actos de sabotaje económico, de conspiración política y de asesinatos de personas.

El coordinador del influyente grupo político Izquierda Unida, Cayo Lara, dijo que Felipe González cree que vive todavía en “el período de la colonización” y le exigió respeto por países como Venezuela, “que son soberanos democráticamente y tienen democracias avanzadas y consolidadas”.

Por su parte, Pedro Eusse, miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela, dijo que González, “al igual que otros ex presidentes de la derecha”, está cometiendo “un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestra patria, y está obteniendo el rechazo contundente del pueblo venezolano”. En el mismo sentido se pronunciaron, la agrupación

Caricatura de Carlos Dearmas.

política Podemos, en España y Patria para Todos, en Venezuela.

De otra parte, las autoridades venezolanas rechazaron la actitud del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que facilitó un avión de uso oficial para trasladar desde Caracas a Felipe González, en momentos en que una oleada de protestas sociales

exigía la salida inmediata del político español. “Yo espero explicaciones claras del gobierno colombiano sobre esto de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las instituciones venezolanas y apoyar a grupos extremistas que han querido derrocarme”, dijo al respecto el presidente Nicolás Maduro. H

Chile

Piden educación gratuita y de calidad Allanamientos, desalojos y palizas policiales, es la respuesta que el gobierno de Bachelet ha dado a una justa reivindicación que hace años es demandada por el movimiento estudiantil

Aspecto de la vigorosa movilización estudiantil chilena, a la que se han sumado otros sectores, como los operadores de buses de Transantiago, que también tienen sus propias reclamaciones.

H

ace ya dos semanas, el movimiento estudiantil y docente de los principales centros de enseñanza secundaria chilenos, iniciaron una huelga indefinida en la que se oponen a los términos de una reforma educativa que la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, propuso desde su campaña electoral, y que en opinión de los reclamantes, no satisface sus anhelos, en cuanto a que no concede una universalidad de beneficios en relación a gratuidad y contenido democrático.

La reivindicación estudiantil y profesoral es de honda significación entre los sectores populares y democráticos del país austral, por cuanto el régimen educativo vigente es el que se instauró en los años de la dictadura militar del general Pinochet, y no ha sido reformado en lo esencial.

Además de ser antidemocrático, discriminatorio y elitista, el sistema entregó la educación secundaria y en general toda la enseñanza, a corporaciones financieras y empresariales, en un proceso de privatización de la educación que resulta odioso a la tradición democrática del pueblo chileno.

El movimiento de secundaria lleva muchos años luchando por una educación gratuita y por el mejoramiento

de las precarias condiciones de enseñanza en las aulas, especialmente en los barrios más pobres de Santiago y otras zonas urbanas y rurales. Los líderes del movimiento destacan que el gobierno de la ‘Concertación’ no dispone de un presupuesto necesario para atender estas demandas, mientras en el país crecen los escándalos de corrupción y se publican las millonarias utilidades de los empresarios.

Consciente de estas reclamaciones, Bachelet ha puesto a consideración del parlamento un conjunto de leyes de reforma educativa, que el movimiento estudiantil y profesoral considera insuficientes. Un aspecto esencial es la gratuidad de la educación, con un criterio universal, que abarque a todos los sectores de la población. La iniciativa del gobierno no contempla este aspecto.

El otro matiz de reclamación es que esta medida contemple tanto a la educación pública como a la privada, pues bajo el régimen de Pinochet una buena parte de los colegios pasaron a manos privadas y en muchos de ellos es donde más se sienten las carencias económicas en cuanto a aulas, servicios sanitarios, laboratorios, bibliotecas y, desde luego, salarios decentes para los profesores. H

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teoría Y CrítICa

Junio 17 de 2015

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Sócrates, Antígona, Espartaco: obediencia y desobediencia a la injusticia

H Rubiel Vargas Quintero

E

l sujeto de la moral autónoma, surge con la configuración de un “fuero interno” que se refleja en la realidad de la sociedad.

En los momentos de crisis histórica, cuando la moral social aparece inadecuada, inservible o injusta, el hombre para salvarse al menos como persona individual, acude a ese “fuero interno” refugiándose en la intimidad de su conciencia, provista de ciertos principios en virtud de los cuales rige su vida. Amolda su conducta a esos principios, teniendo así una base para formular juicios morales acerca de sí mismo y de cuántos lo rodean.

Obediencia y desobediencia al derecho La antítesis entre la “moral social” y el “fuero interno” es vivida dramáticamente por Sócrates, quien no zanja la pugna de un modo individualista, sino que se mantiene como observante a la vez de ambas exigencias: la personal y la social.

Sócrates y la obediencia al derecho A Sócrates se le sigue un proceso judicial, juzgado por 500 hombres designados para este caso, que termina con la pena de muerte. Los cargos que le imputaban eran los de “impiedad” y “corruptor de la juventud” por su filosofía callejera, mayéutica, irónica e inductiva de “solo sé que nada sé”. Críton, amigo de Sócrates, le propone un plan para realizar la fuga y de esta manera burlar la sentencia de muerte. Enseguida, a la mejor manera socrática, introduce “que la ley y la sentencia se deben acatar así resulten injustas, para evitar la subversión de la polis”.

El interés general de la ley y la sentencia tienen mayor grado de validez y jerarquía que el interés particular del individuo. Las tensiones entre la legitimidad y la ilegitimidad, individuo y Estado, la ley y la justicia, el derecho a rebelarse y la represión, la reflexión filosófica y el poder de la clase dominante, la tiranía y la libertad, la injusticia y la justicia son dilemas a los que las sociedades le buscan salidas. La sociedad y el Estado no podrían subsistir si el cumplimiento de la ley queda al arbitrio del individuo y no se reconoce la validez de las sentencias judiciales.

Con Sócrates se introduce el criterio de la obediencia al derecho, así este sea injusto.

Antígona y la desobediencia El profesor Hernán Ortiz R, en su texto obediencia al derecho, desobediencia civil y objeción de conciencia, dice: “Razón tienen quienes califican a la “celestial” Antígona como la figura más augusta que jamás pisara la tierra”.

Personaje de la literatura griega, portavoz de la tragedia de amor y dolor que encarna, al mismo tiempo, valores morales, políticos y jurídicos de plena actualidad. Es bien conocida la trama de

Alegoría de Antígona.

Antígona, hija de Yocasta y Edipo, en la corte de su tío Creonte que subió al trono tras la desaparición de dos hermanos de ella, Polinices y Eteocles, quienes se dieron muerte luchando por el reino. Creonte decreta bajo pena de muerte no dar sepultura a Polinices, orden legal que desobedece Antígona, basada en las leyes divinas que están por encima de las humanas. Por razones filiales y el derecho inviolable de la sepultura. Antígona reconoce su “crimen piadoso” y prefiere ahorcarse antes que recibir la condena.

En la Antígona de Sófocles, se presenta un conflicto trágico entre la ley del Estado y la conciencia; esta sucumbe ante el derecho estatal.

Antígona se enmarca en la desobediencia al derecho, es objetora de conciencia, porque su conducta es una expresión individual, funda su desacato en la propia conciencia. No ejerce violencia, no tiene una actitud agresiva, sólo apela a la conciencia, la fidelidad a unos principios culturales, morales y religiosos. Es una actitud privada; ejerce el derecho y se toma la libertad de rechazar una norma jurídica sin cuestionar el orden constitucional donde imperan las leyes divinas que se fortalecen en la conciencia. La “santa del paganismos helénico” se puede considerar como la figura literaria que plasma las características de la desobediencia civil y la primera objetora de conciencia.

La cultura pagana, tanto la oriental como la grecorromana, sacralizó el poder, considerando la ley como emanación divina, no dejando así lugar para la conciencia del individuo. En esta estructura irrumpe el cristianismo con un mensaje mesiánico que anuncia la total liberación del hombre, reivindicando firmemente la autonomía

de la conciencia respecto al poder político. La nueva religión afirma la existencia de una divinidad que trasciende los límites de la ciudad y plantea que el hombre se compone de un cuerpo y un alma, y si bien el cuerpo está necesariamente sometido a la autoridad temporal, el alma depende sólo de Dios. El ciudadano tiene dos vasallajes: uno, la autoridad civil y otro la autoridad religiosa o directamente Dios. “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Es más justo obedecer a Dios que a los hombres; de allí que los primeros objetores de conciencia en sentido amplio, fueran los cristianos, al rehusar el culto a los ídolos como cualquier acto no acorde con los principios religiosos.

Rebelión de los esclavos El nombre de Espartaco se encuentra relacionado con la rebelión de los esclavos, se alzaron en armas contra el mayor imperio del mundo, la antigua Roma. Los motivos que lo llevaron a rebelarse fueron las injusticias, la crueldad en las condiciones de vida que sufrían, la diferencia de clases marcada en la sociedad romana.

La injusticia llevó a Espartaco a asumir y llevar a la acción el ideal de libertad contra las formas de opresión y tiranía. Su deseo de ser libre, de liberarse de las cadenas de la esclavitud, de regresar a su patria que lo vio nacer y poder vivir sin pertenecerle a otro, era su gran desafío. Por esto y otras razones se le ha considerado el líder de la gran rebelión de los esclavos, su levantamiento ha sido el símbolo de la libertad. La rebelión es un derecho de los pueblos a levantarse contra el opresor y la tiranía. H

REVISTA TALLER Y EL CEIS INVITAN A LA TERTULIA “SOBRE EL PROCESO DE PAZ” Día: Jueves 18 de junio. - Hora: Desde 3:30 p.m.

Sitio: CEIS (Cra.8 No.16.21) 5° piso. - Copa de vino

jaque mate

C

lavos alientes

La CIA y la CPI

Según reveló The Guardian de Londres, la CIA realizó experimentos a través de sus médicos investigadores con los detenidos de manera arbitraria tras los atentados del 11 de septiembre de 2011. Según la información de prensa, “los doctores de la llamada Oficina de Servicios Médicos de la CIA estaban presentes en esas sesiones para aconsejar a los agentes sobre la resistencia física y psicológica de los sujetos interrogados, según el informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense que el año pasado desveló las torturas cometidas por la agencia”. Lo grave es el silencio que rodea a las graves denuncias que con frecuencia se presentan contra la Central yanqui que incluye magnicidios, masacres y

Junio 17 de 2015

otros actos delictivos. La ONU guarda silencio. Y la flamante CPI que vive amenazando a Colombia por el proceso de paz, rehúye hablar del tema con el argumento de que EE.UU. no es signatario del Tratado de Roma. Licencia para asesinar. ¿Dónde están los archivos?

Nadie sabe o no lo dice ¿dónde están los archivos del DAS y de la Brigada XX? El DAS fue liquidado debido a las actuaciones ilegales y criminales de algunos de sus integrantes, que organizaron células de inteligencia para perseguir a opositores al gobierno de Uribe Vélez, hacer seguimientos y chuzadas de correos electrónicos y teléfonos fijos y celulares y hasta asesinatos y desapariciones. Sin embargo, nadie da razón de los archivos y algunos de sus ex funcionarios aseguran que fueron saqueados. Los otros archivos perdidos son de la Brigada XX, desmantelada en el gobierno de Ernesto Samper, pero sus hombres y mujeres fueron asignados a otras brigadas. Esta Brigada organizó redes de ajusticiamiento y tuvo mucho que ver con los asesinatos de miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica.

Bien con los militares Cuentan los periodistas que cubren los diálogos en La Habana que en varias ocasiones le han escuchado

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a miembros de la Delegación de Paz de las FARC-EP, que se sienten mejor con los militares que con la delegación oficial del gobierno, porque tienen una actitud más positiva, de presentar propuestas e iniciativas. “Nos entendemos mejor con ellos” han dicho algunos de los voceros, a pesar de las diferencias. La visión que tienen los militares sobre la dejación de armas es muy diferente a la de los guerrilleros. Es dable decirlo para los que se hacen ilusiones con la paz exprés.

Los abusos de las EPS Coomeva EPS decidió de la noche a la mañana suspender el contrato de atención con el Hospital San Ignacio, uno de los mejores del país. Dejó colgados de la brocha a varios pacientes que aún no tienen resuelta su atención médica. Otros no tienen la seguridad de que el servicio que recibirán es adecuado y está en los mismos parámetros del Hospital San Ignacio. Todo se debió, según dicen, a la difícil situación económica de Coomeva, cuyos directivos decidieron bajar precios y por ende la calidad en la prestación de la atención médica. Todo indica que Coomeva va por el camino de Saludcoop. La Superintendencia no interviene para nada y solo lo hará cuando la crisis sea irreversible H

La frase de la semana “Los comunistas son imprescindibles en la Unión Patriótica”.

Jahel Quiroga en Asamblea Departamental de la UP en Tolima 13-06-2015.

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PRE

M SIE POR LA

/16 LA VERDAD DEL PUEBLO

Diálogos de paz

Momentos difíciles

Hay que detener el escalamiento del conflicto mediante el acuerdo de cese bilateral de fuegos.

El Gobierno juega con fuego: habla de paz en La Habana, mientras en Colombia suenan las bombas y los tiros, válidos para el Gobierno Nacional cuando les son favorables H Hernando López El Proceso de paz avanza con la virtud de sobrevivir a circunstancias muy difíciles.

E

l país nacional, como decía Jorge Eliécer Gaitán, respiró tranquilo tras la aprobación en La Habana del Informe para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, una de las decisiones más importantes y trascendentales, porque será el instrumento, apoyado en los testimonios de las víctimas y en el valioso informe de la Comisión de Historia sobre las causas y los hechos del conflicto, para esclarecer lo que sucedió

y quiénes son los responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario y de delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, después de la histórica decisión, que escandalizó a los enemigos de la paz, se intensificaron las acciones armadas y violentas de las partes. El Gobierno ordenó más operativos de tierra arrasada y bombardeos a los campamentos de las FARC-EP y estas arreciaron los actos de sabotaje y los combates con la fuerza pública.

El detonante, como suele ocurrir con el Gobierno, fue la muerte del teniente coronel Alfredo Ruíz Clavijo, del

“Pepe” Mujica lee VOZ

intendente Juan David Marmoleo y de un civil que circulaba por la vía donde se produjo una emboscada. De inmediato el gobierno montó en cólera y amenazó con el ultimátum, al tiempo que a la velocidad del rayo el general Palomino y Medicina Legal determinaron que los dos uniformados habían sido rematados con tiros de gracia. La misma versión oficial de siempre, que reproducen sin editar y con sensacionalismo, los grandes medios de comunicación. Si se comparan las versiones de las cadenas radiales y de TV privadas, incluyendo las que se reclaman ser independientes, son idénticas. Un mismo libreto. Los padres y las madres de los guerrilleros masacrados en el Cauca todavía esperan el dictamen de Medicina Legal de si fueron, por lo menos algunos que sobrevivieron al bombardeo, acribillados con tiros de gracia.

Los ultimátums gubernamentales

E

n un receso del Foro Internacional por la Paz en Colombia, en Montevideo, Gloria Inés Ramírez sorprendió con su cámara al ex presidente uruguayo Pepe Mujica, bastante entretenido, leyendo el semanario VOZ. Estaba interesado en varios de sus artículos, en particular los que trataban el tema de la paz.

El importante foro, con delegados de toda la América Latina y del Foro de Sao Paulo, llamó al cese bilateral de fuegos, respaldó sin dilaciones los diálogos de paz de La Habana y llamó a que se formalizaran con el ELN. H

Cuando la guerra toca a la parte oficial, sucedió lo mismo cuando la retención del general Alzate y en los lamentables hechos del Cauca cuando murieron varios uniformados, el gobierno amenaza, da ultimátums e intensifica los operativos contra los insurgentes.

Se dan las crisis en los diálogos. Pero cuando es lo contrario y los muertos son guerrilleros, lo celebran como enormes triunfos de la guerra. Mientras el presidente Juan Manuel Santos visitaba al papa Francisco y este le decía que había orado mucho por él, no tuvo ningún reparo en celebrar la muerte del comandante “Marquitos” del ELN y felicitar a sus verdugos. Es como si tuviera el diablo adentro y ni siquiera las oraciones del sumo pontífice se lo han sacado. Con el agregado de que el parte de guerra del alto mando denigra de su dignidad y lo convierte en narcotraficante y bandido. El comunicado lo publicó la “gran prensa” sin quitarle ni una coma.

Toda esta espiral de la guerra es el resultado de que el Gobierno no respetó la tregua unilateral de las FARC-EP y

masacró a 27 guerrilleros en el Cauca.

Lo dijo Timoleón Jiménez: “Nunca hemos exigido ceses unilaterales de fuego, en cambio sí los hemos declarado más de una vez”. Lo menos que se puede esperar es que el Gobierno respete el cese unilateral y no pretenda sacar ventaja militar del mismo.

Cese bilateral de fuegos A pesar de la situación tensa y de las presiones derechistas al débil presidente Santos, la insurgencia reiteró el compromiso con la paz: “La fe de nuestra organización en la posibilidad de alcanzar un Acuerdo Final con el actual gobierno se mantiene inamovible.

El proceso de paz continúa su avance, quizás no tan rápido como quisiéramos todos, pero con la virtud de sobrevivir a circunstancias muy difíciles.

No es sencillo reconciliar dos posiciones diametralmente opuestas en lo que significa la paz”, dice el comandante Timoleón Jiménez.

Varios analistas y promotores de los diálogos de paz han señalado que, como nunca antes, se requiere el cese bilateral de fuegos para desescalar el conflicto y alejar las atrocidades de la guerra de la Mesa de La Habana. “Desde la primera aproximación con el Presidente Juan Manuel Santos, las FARC-EP planteamos que las conversaciones se desarrollaran en los marcos de un cese el fuego bilateral, y todo el mundo sabe que esa ha sido otra de nuestras inamovibles posiciones. Porque la guerra es brutal, produce muertos, heridos, destrucción y devastación. Porque incrementa los odios”, escribió hace pocos días el comandante guerrillero.

Es la manera de parar la guerra y las atrocidades que generan la misma. La terquedad de Santos, presionado por la cúpula militar y los enemigos de la paz, es la que impone dialogar en medio de la guerra, con la tragedia de una confrontación armada. No es posible jugar con fuego: hablar de paz en La Habana mientras en Colombia suenan las bombas y los tiros, válidos para el Gobierno Nacional cuando les son favorables. H

Separata

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición El acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, el pasado 4 de junio y anunciado por ambas partes en La Habana, es de vital importancia para el proceso de paz. Es una derrota a los opositores y saboteadores de la construcción de un acuerdo político de paz estable y duradera.

Es histórico, quizás el más importante en todo el proceso. Con la finalidad de divulgarlo a nivel nacional y de abrir un debate sobre su contenido y alcances, el semanario VOZ lo publica completo en esta separata FARC-EP y el Gobierno colombiano con países Garantes y acompañantes.

Avances de la discusión del punto 5: “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición” El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presentan este Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados respecto del Punto 5 de la Agenda -“Víctimas”.

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición.

Con este propósito, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (en adelante la Comisión), que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial.

La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la Comisión no puede

entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otros mecanismos que nos permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justica y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema.

La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales.

En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En este sentido saludamos la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones.

En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece

el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.

Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la paz.

El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto.

Por eso, tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. 1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición Criterios orientadores: Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y

las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida.

Imparcialidad e independencia: La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones.

Carácter transitorio: La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera.

Participación: La Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes.

Enfoque territorial: La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios.

Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones par-

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ticulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres.

Coordinación con otras medidas de construcción de paz: La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del Acuerdo Final. En particular, se coordinará, donde haya lugar, con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del Acuerdo Final.

Reglas de procedimiento: La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio.

Garantías para los comisionados y las comisionadas: Respecto de su trabajo en la Comisión, los/as comisionados/as no estarán obligados/as a declarar en procesos judiciales, estarán exentos/as del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente.

Condiciones de seguridad: La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los/as comisionados/as como para quienes participen en las actividades de la Comisión.

Convivencia y reconciliación: Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las actividades de la Comisión, en desarrollo de su mandato, estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el respeto de los derechos humanos.

De esta forma la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz.

Metodología: La Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología.

Mecanismo extra-judicial: La Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.

Aída Avella , presidente de la UP.

Movilización de UP en Bogotá.

Período objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal): Para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y

Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Dere-

cho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.

Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.

El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/ as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empresarios/as, entre otros.

El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.

El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.

El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.

Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva.

Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.

Isabela Sanroque, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

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y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo.

Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones.

Establecer su propio reglamento y programa de trabajo.

Proceso de escogencia:

Ángela Giraldo y José Antequera, Delegación de víctimas del terrorismo de Estado del conflicto colombiano.

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sus Víctimas.

Funciones: Para el cumplimiento de su mandato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales: Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerando las generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género, y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia.

Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios.

Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo.

Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de

relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones.

Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio

La Comisión estará conformada por 11 comisionados/as. Para su escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos.

Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia.

Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARCEP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del comité

de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia.

Presidente/a de la Comisión: El/la presidente de la Comisión deberá ser colombiano/a y será elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo que acordemos. El/la presidente de la Comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los/ as comisionados/as, facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El papel del/de la presidente de la Comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional.

Duración: La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión.

Compromisos de contribución al esclarecimiento El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las FARC-EP se compro-

Delegación de víctimas de la tragedia de Bojayá en rueda de prensa con la Delegación de Paz de las FARC-EP.

acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo.

Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación.

La Comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará.

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres

de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía.

La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional.

El comité de escogencia podrá seleccionar comisionados/as extranjeros/ as pero estos en todo caso no podrán ser más de 3.

El comité de escogencia tendrá hasta 3 meses para la selección de los/ as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones.

La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría

meten a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión.

El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la no repetición.

De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente.

Financiación: El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de

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El Partido Comunista Colombiano es una de las principales víctimas del terrorismo de Estado, no solo en el marco de la guerra sucia de los años 80 y siguientes, sino por la campaña anticomunista histórica bajo los rigores del conflicto de baja intensidad y del enemigo interno. Foto archivo.

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la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello.

Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión: Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras.

La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité.

El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones.

Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional.

El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones.

2. Mecanismo de búsqueda Comandante Edinson Romaña, Delegación de Paz de las FARC-EP.

Con el fin de contribuir a satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, y sin perjuicio de los procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar durante el proceso de conversaciones de paz, acordamos que a la terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello

trabajaremos en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión.

3. La participación de las víctimas y la sociedad en relación con el Punto 5 Dentro de los 10 principios para la discusión del Punto 5 – “Víctimas”, acordados en la Mesa, la “participación

de las víctimas” ocupa un lugar muy importante. Estamos convencidos de que la construcción de la paz requiere de una activa participación de las víctimas, y en general de las comunidades en los territorios, que en últimas son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que persiguen los acuerdos que hemos alcanzado.

Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor participa-

ción posible y la recepción del mayor número de propuestas relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el acuerdo del Punto 5 que presentamos hoy se han basado justamente en oír a las víctimas que vinieron directamente a la Mesa y en leer las propuestas de las miles de personas que nos las han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de participación.

En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de paz, la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las propuestas de un grupo de víctimas del conflicto. El proceso de selección de estas víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo los principios de pluralismo, equilibrio y sindéresis, buscaron reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional.

Las delegaciones estuvieron compuestas por 12 víctimas y la Mesa oyó a una delegación por cada ciclo, durante los ciclos 27, 28, 29, 30 y 31 de conversaciones.

Entre los hechos victimizantes representados se oyeron testimonios sobre desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Todas las personas víctimas que visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus propuestas y sus expectativas frente al proceso de paz y la implementación de los acuerdos ante las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al conflicto.

Adicionalmente entre julio y agosto de 2014 se organizaron 3 foros regionales (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron 3.162 personas de las cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros asistieron más de 600 organizaciones de víctimas.

Finalmente, a la fecha hemos recibido 24.324 aportes sobre el punto de víctimas, con más de 59.000 referencias a los diferentes aspectos de este Punto, incluidas más de 8.600 respecto al tema de “verdad”. ★