Voz internet 2879 alta resolucion

Informamos a los lectores que VOZ no circulará durante la Semana Santa LA VERDAD DEL PUEBLO

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EDICIÓN 2879 SEMANA DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2017 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com

Venezuela

La derecha es la golpista

Manifestación a favor del gobierno venezolano y en rechazo al intervencionismo de la derecha latinoamericana a través de la Organización de Estados Americanos, OEA.

Quienes desconocen la Constitución y las leyes son los opositores que quieren destituir a Nicolás Maduro. Tribunal Supremo deroga medidas con relación a la Asamblea Nacional.

Gobierno del vecino país insiste en diálogo.

Páginas/ 3 y 5

Mocoa, Putumayo

Tragedia anunciada Tres barrios de la capital de este departamento fueron desaparecidos por la avalancha. El cambio climático, la deforestación, la ausencia de política pública ambiental y la negligencia de la administración local, son las razones de la catástrofe.

Vista aérea del siniestro. Foto Presidencia.

Página /11

Visión

Abril 5 de 2017

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Volvimos

Semanariovoz.com

Con una nueva imagen retornamos a la batalla de ideas EQUIPO DIGITAL

F

Cartas

ueron casi dos meses en los que nuestros lectores reclamaron la presencia del semanario en la web. Tiempo suficiente para que la redacción en pleno buscara las alternativas que le dieran

sostenibilidad económica a lo que es considerado un instrumento de vital importancia en la dedicada tarea de difundir la edición impresa y por consiguiente, la línea editorial del Partido Comunista Colombiano.

El sitio web es desarrollado en la plataforma Wordpress, ideal para medios de comunicación, gracias a su estructura práctica para alimentar de contenidos el sitio. La plataforma integra un importante componente visual y fotográfico, facilidades

Faltó sobre Venezuela En el pasado mensaje quedaron por decir aspectos muy importantes sobre la Venezuela chavista. Por ejemplo: la educación es laica y gratuita, incluyendo la universidad. El presupuesto para este año asigna un 73% para inversiones en cuestiones socio-culturales. Hace más de diez años no hay analfabetismo total (y muy poco del analfabetismo funcional, que en Colombia puede ser de un 85%). Según la Cepal, Venezuela es el país que más eficazmente ha combatido el hambre en el continente. Los dos premios de cultura (ensayo y poesía) más generosos del continente se otorgan en ese país. En Venezuela hay 200 orquestas para música clásica y un millón de niños se está formando musicalmente.

El extraordinario director de orquesta, Gustavo Dudamel, fue formado en esas promociones para la música clásica que amplió y profundizó el chavismo, basándose en el método del venezolano Abreu. En cuanto al

en la vinculación con las plataformas Youtube, Instagram, Facebook y Twitter.

Además de las distintas noticias que salen del impreso, el equipo digital del semanario ha hecho un esfuerzo por alimentar a diario la página. Con la elaboración de notas cortas, noticias en contexto y estímulo hacia la militancia por la escritura de opinión.

Hemos logrado una primera aproximación hacia la idea de un portal de noticias fresco, actual e influyente.

bloqueo económico de Estados Unidos, está siendo superado, gracias, en buena parte, a la ayuda china y rusa.

Los veinticinco mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han llevado alimentos a seis millones de familias venezolanas. Los precios del petróleo están subiendo nuevamente, gracias a la OPEP, que Venezuela fundó hace años y que ha venido liderando desde entonces. Quedan todavía muchos aspectos, como los sabotajes de la oposición capitalista. Saludos.

Eduardo Gómez (vía Internet).

VOZ: Debido a la extensión es necesario editar las cartas. Damos excusas.

Cuál “izquierda” El genocidio cometido contra la Unión Patriótica entre muchos ribetes, tuvo uno previo y simultáneo a él, los grandes medios de propiedad de los detentadores del poder, le decretaron su muerte periodística, y con la UP, la de la izquierda revolucionaria.

La insurgencia solo existió dentro del

Hemos mantenido las mismas secciones de la edición impresa, agregándole botones de contenidos como Retrovoz, cuya finalidad es recordar algunas históricas publicaciones de nuestro semanario. Así como el botón de Nueva Colombia que evoca algunos contenidos de análisis político y coyuntural que coincide con el propósito de la patria que queremos. El sitio web tendrá un espacio particular para impulsar la editorial Teoria & Praxis del Partido Comunista, a propósito de la próxima Feria del Libro en la capital del país.

Estamos desarrollando toda una estrategia de redes sociales que vincule a nuestros lectores desde sus dispositivos móviles, facilitando así la manera de compartir cada uno de nuestros contenidos en sus redes sociales. Casi la totalidad de nuestro equipo de redacción se encuentra vinculado a alguna red social y así permitir la interacción.

Necesitamos las opiniones de los lectores, críticas y propuestas. Estas semanas del sitio www.semanariovoz.com han servido para superar dificultades propias de su construcción y las nuevas dinámicas que demanda la elaboración de contenidos virtuales.

Tenemos el reto de conquistar nuevas audiencias. Ser audaces a la hora de entregar un mensaje y de analizar la situación social de los colombianos a partir de sus cotidianidades.

Masificar los contenidos ideológicos y seguir cumpliendo con nuestra modesta tarea como educador del pueblo, esta vez desde la trinchera llamada internet.

En el año de la celebración del los 60 años del periódico del Partido Comunista Colombiano, nuestro sitio web servirá como una herramienta más para impulsar las actividades del Festival VOZ, los 60 amigos de VOZ y los encuentros académicos sobre periodismo y posacuerdo.

marco de la propaganda negra siendo tratada con epítetos que no la bajaron de terrorista, narcotraficante, secuestradora, etc. Los muertos de la UP, si los registraban, eran sin identidad política, a cambio proyectaron fuerzas, sin contradicciones radicales con el establecimiento. La derecha en el poder, como siempre, empeñada en moldear una izquierda no peligrosa al sistema, rosadita, desligada de la insurgencia, conversable, que le haga pasito, tendencia que tiene plena vigencia aun hoy, cuando de lo que se trata es de la implementación de los acuerdos con la insurgencia en busca de la paz estable y duradera. Está la falsa izquierda que con el aval de los poderosos nos quieren embuchar… Que quienes se identifiquen con los intereses populares participen en la unidad que los colombianos víctimas de la desigualdad necesitamos o si no que se destapen y alisten sus bocotas para llenárselas de mermelada. Atentamente, Juan G. Salguero J. (Vía Internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. EMail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LIX. Distribución vía Avianca.

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Tema de la semana

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Venezuela se defiende

Los golpistas contra la patria de Bolívar Santos terminó uniéndose a los golpistas en Venezuela.

Los que desconocen la Constitución y las leyes son los opositores, que quieren destituir a Nicolás Maduro.

Tribunal Supremo deroga medidas con relación a la Asamblea Nacional. Gobierno insiste en diálogo CARLOS A. LOZANO GUILLШN

N

o sorprendió el viraje del presidente Juan Manuel Santos contra el gobierno bolivariano de Venezuela, al anunciar el respaldo a los golpistas, al Secretario de la OEA, Luis Almagro Lemes, quien demanda la aplicación de la “Carta Democrática”, para terminar uniéndose al bullying derechista. Resultó descortés y desagradecido, porque tanto en vida del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, como durante la presidencia de Nicolás Maduro, el gobierno de Colombia contó -y ha contado- con el más amplio e incondicional respaldo venezolano a la búsqueda de la paz.

Es más, lo dijo Timoleón Jiménez al conocer la muerte del comandante Chávez: “sin su participación hubiera sido imposible iniciar los diálogos de La Habana”. Esa dinámica la mantuvo Maduro, porque siempre acompañó el proceso de La Habana, tanto en sus momentos de normalidad como en los de crisis. El acompañamiento de la República Bolivariana de Venezuela fue definitivo para llegar al punto culminante de la firma del Acuerdo de La Habana. La generosidad de la patria de Bolívar no siempre fue bien correspondida por el gobierno de Colombia.

La posición de Santos demuestra que fue consecuente con su clase, porque la unidad de la derecha contra el gobierno bolivariano y el apoyo a los golpistas, reafirma la recalcitrante posición de los neoliberales de viejo y nuevo cuño, abiertos y vergonzantes, de que no puede haber en el continente un gobierno por fuera de la férula de Estados Unidos y enfrentado a las políticas de la globalidad neoliberal y de la llamada cofianza inversionista a favor de las trasnacionales. Para ello se inventaron la “Carta Democrática” como en el pasado fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR), martillo con el cual aplastaron las insurrecciones populares y patrióticas durante la guerra fría, en especial en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, bajo la égida y el liderazgo de Washington. Es lo que ha permitido que aun existan gobiernos lacayos del imperio, dóciles a sus políticas intervencionistas y agresivas.

No es un amigo Se lo habíamos advertido al comandante Hugo Chávez, en 2011, cuando le dijimos, con todo el respeto que siempre nos mereció, desde la tribuna del

La Asamblea Nacional quiere ser convertida por la oposición en un fortín golpista y en escenario de saboteo al progreso social.

XIV Congreso del Partido Comunista de Venezuela, que no era bueno darle el alcance de “nuevo mejor amigo” a quien no lo merecía. No nos equivocamos.

Los derechistas promotores de la aplicación de la “Carta Democrática” nunca propusieron o pretendieron lo mismo que ahora esgrimen contra el gobierno de Nicolás Maduro, para superar crisis en otros países, porque en clave de complicidad, guardaron silencio ante el golpe cívico-militar en Honduras contra el gobierno legítimo de Zelaya o el derrocamiento ilegal de Dilma Rouselff o antes, en Paraguay, el golpe contra el sacerdote presidente Fernando Lugo, para solo dar algunos casos. La OEA para nada sirvió cuando fue necesario defender la auténtica democracia.

Para la derecha continental son principios oligárquicos inalterables la dictadura del capital, la política neoliberal y la democracia restringida, porque ellos creen que la única forma de gobernar un país es bajo los preceptos de dominación de clase al servicio del imperio, al que llaman de forma indigna “nuestro mejor aliado”. Mientras no entiendan la democracia en su alcance plural, bajo los rigores del Estado Social de Derecho, esta burguesía bananera no vacilará en promover golpes y derrocamientos de gobiernos democráticos y de izquierda. Practican la democracia a su medida. Por eso les choca Maduro, por eso odian a la Revolución Bolivariana.

Falsos izquierdistas Es lamentable que algunos personajes que se reivindican de izquierda (izquierdistas timoratos y oportunistas) no lo entiendan. O, mejor, sí lo entienden, pero ávidos de votos, le hacen el juego a la derecha. No tienen principios sino intereses. Aspiran a gobernar de cualquier forma. Su pleito no es con los explotadores del pueblo y saqueadores del erario público.

La derecha está unida contra el gobierno de la República Bolivariana de

Venezuela, busca su derrocamiento y quiere el instrumento de la “Carta Democrática” para lograrlo mediante un golpe ya definido en Washington.

La derecha alega la existencia de presos políticos, lo cual es inadmisible para el gobierno de Venezuela que lo considera injerencia en sus asuntos internos. No hay presos políticos sino delincuentes que pusieron en peligro la democracia y la seguridad del Estado, como Leopoldo López.

Dice el gobierno del vecino país hermano: “Gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas, que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza, de forma sorprendente, aspiran condenar a Venezuela, acompañados de poderosas transnacionales de comunicación”.

Lo que ocultan los propiciadores del golpismo es que fue la mayoría opositora de la Asamblea Nacional la que declaró, recién posesionada, que buscaría “como fuera” la revocatoria o el derrocamiento de Nicolás Maduro. Los partidos de la oposición, con la ayuda de empresarios nacionales y extranjeros, iniciaron la campaña de desabastecimiento y acaparamiento para precarizar las condiciones sociales de la población más necesitada. Han saboteado la producción, unido a la baja de los precios del petróleo y a errores en el manejo de la economía.

La oposición en la ilegalidad Fue la mayoría opositora en la Asamblea Nacional la que se extralimitó en sus funciones al pretender enjuiciar y destituir al presidente Nicolás Maduro. De la misma forma bloquearon varias leyes e iniciativas presidenciales para conjurar la crisis económica. Trataron siempre de usurpar las funciones del ejecutivo en su afán desestabilizador. Violaron la

Constitución y la ley. Hablan de dictadura pero los grandes medios privados de comunicación del país y del exterior transmiten y publican con plena libertad todo tipo de falacias y de informaciones que no corresponden a la verdad.

El reciente comunicado del Consejo de Defensa de la Nación (1 de abril de 2017) ratificó que el “máximo tribunal de la República es su sala constitucional competente para el control de constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes”. Ratificó que la democracia y el estado de derecho no están en entredicho e instó al diálogo fecundo a todas las fuerzas del país, incluyendo a la oposición. En este sentido le solicitó al Tribunal Supremo restituir las funciones a la Asamblea Nacional como en efecto se hizo.

Llama la atención que el flamante Secretario General de la OEA, Luis Almagro, incita a la oposición a persistir en la intentona golpista y arremete contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Por cuenta de quién actúa este señor?

La Constitución Bolivariana está intacta y la decisión cautelar obedeció a la necesidad de proteger la legalidad y corregir los desvíos ilegales por la violación de la misma.

No existe ninguna dictadura, ni golpe de estado. La maniobra derechista es visible porque nada se dice de la construcción del muro de la infamia en México, de los asesinatos de periodistas en México y Honduras o de activistas de izquierda, sociales y populares en Colombia o de los millones de niños, adolescentes y adultos muertos de hambre y sometidos al abandono social por parte del gran capital, todo acompañado de graves violaciones a los derechos humanos. La derecha continental y mundial quiere derrocar al gobierno bolivariano porque no es funcional a sus intereses de clase, geopolíticos y económicos. Esta es la verdad verdadera.

Derechos humanos

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Fuerzas Militares no respetan los acuerdos

A

sí lo manifestaron las organizaciones campesinas que hacen parte de la Coordinadora de Cultivadores de Coca de la Región Andinoamazónica, quienes por medio de un comunicado público que compartirnos en esta página, dieron a conocer los hechos en los que el ejército nacional de forma violenta, arremetió en contra de la población: “La Coordinadora de Cultivadores de Coca de la Región Andinoamazónica, Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbios, rechaza de manera enérgica el uso de la violencia por parte de las Fuerzas Militares contra los campesinos cultivadores de coca para uso ilícito en el marco de acciones de erradicación en diferentes zonas del país particularmente en el departamento de Nariño, más aún cuando hay acuerdos de sustitución voluntaria firmados entre las comunidades, el gobierno nacional, departamental, municipal y las FARCEP. “Esta actitud del gobierno nacional en Tumaco genera desconfianza y falta de credibilidad en las otras regiones que como la nuestra le apuestan a la reconversión de la economía campesina

de manera concertada y voluntaria, por lo tanto hacemos un llamado para que en todas las zonas del país donde las comunidades adelanten procesos de concertación para la sustitución de cultivos de uso ilícito se suspendan de manera inmediata las acciones de erradicación forzada, en tanto, las miles de familias que hoy subsistimos del cultivo de coca hemos construido propuestas para transitar a otras economías basadas en el desarrollo rural integral y manifestado nuestra voluntad de sustituir los cultivos a cambio de inversión social en el campo.

“Como campesinos de la región andinoamazónica nos solidarizamos con nuestros hermanos campesinos del departamento de Nariño donde persiste una grave crisis de derechos humanos por los desmanes de la fuerza pública.

Además manifestamos nuestra preocupación por la situación en los departamentos del Meta y Guaviare donde la Fiscalía avanza en procesos de expropiación de ganado a las familias campesinas que habitan en Parque Nacional Natural La Macarena.

“Hoy, cuando el país transita hacia la construcción de la paz en los territorios afectados por décadas de

El Ejército Nacional no respeta lo acordado frente a la erradicación de coca en el proceso de paz.

Foto Pulzo.

guerra, nos resistimos a ser nuevos escenarios de violencia. Exigimos del Estado atención para superar la grave crisis económica, social y ambiental de las comunidades y no represión por parte de la Fuerza Pública a los campesinos. Como comunidades que hemos vivido la guerra le apostamos a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera, pero estas acciones adelantadas por el gobierno de Juan Manuel Santos contradicen el espíritu de dicho

Acuerdo y el mensaje que queda en el ambiente es que el único camino que nos queda a los campesinos empobrecidos del país es la protesta social como herramienta legítima para exigir el cumplimiento de los compromisos hechos por gobierno nacional.

“Ratificamos como parte de los miles de campesinos del país, que seguimos trabajando por la construcción de paz en los territorios pero lo que es con los campesinos de Nariño, Meta, Guaviare y de todo Colombia es con nosotros”.

Todos somos Mesetas

Paro en Mesetas ante extorciones y terror contra la población.

E

n las entrañas del Meta, en el municipio de Puerto Rico, una zona abandona por el Estado y en medio de diversos conflictos sociales, entre ellos el armado, las comunidades empezaban a convivir en calma después de que en muchos años la guerra tocara sus puertas.

“Ustedes no saben lo que es envolverse en un colchón y tirarse al piso para evitar que una bala le dé”, decía una líder comunal a VOZ, cuando le preguntamos el pasado domingo dos de abril, cómo había sido el paso de la guerra, en estos últimos años, a la calma con el proceso de paz.

Y es que este departamento empezó a sentir tranquilidad con el cese al fuego y el acuerdo de paz. Sin embargo, lo

que la líder resaltaba de lo bueno que había llegado para la región, se viene nublando paulatinamente, pues nuevos grupos armados han llegado a la región tras la última marcha de la guerrilla a las zonas veredales. Esta vez los grupos han generado terror con su presencia, vienen cobrando vacunas y amedrantando a la población.

Así viene sucediendo en el municipio de Mesetas, allí Eliver Buitrago presidente de una de las juntas de acción comunal de este municipio, fue asesinado el dos de abril, luego de que, según informaron los habitantes, se negara a pagar una vacuna a los grupos criminales. El líder era reconocido como uno de los lecheros, todos los días hacia su recorrido por algunas veredas

Eliver Buitrago, líder comunal asesinado.

para recoger las canecas de leche de las fincas, pero le fue segada la vida con tres impactos de bala.

El tres de abril los negocios y habitantes de mesetas emprendieron un paro como rechazo a esta acción y llamaron la atención de la sociedad y de las autoridades locales y departamentales para frenar la violencia que venían encontrando tras los acuerdos de paz y que hoy se ven empantanados

por las acciones criminales de grupos que quieren aprovechar que el actor armado que se ubicaba en la región abandonó el territorio. En una comunicación en redes sociales los habitantes informaron: “Hoy queremos por medio de un paro ser escuchados y pedir soluciones. No queremos seguir trabajando para pagar extorsiones y viviendo con terror. #TododSomosMesetas”

Editorial

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Es hora del apoyo a Venezuela JOSШ R. LLANOS

V

ivimos en América un momento de turbulencia política y social, en la cual algunos desean aplicar el refrán río revuelto, ganancias de pescadores. El principal causante de la situación e interesado en sacar ventajas de ella, es Estados Unidos, “el Norte brutal que nos desprecia”, que está empeñado en lograr detener u obstaculizar el desarrollo de los países vinculados con el ALBA y con posiciones definidamente antiimperialistas. El principal objetivo ahora es intervenir en Venezuela para derribar al gobierno Bolivariano. Dadas las circunstancias prevalecientes en el continente, ahora no puede intervenir con sus marines, como tantas veces lo hizo en el pasado. Muy probablemente recuerde su vergonzosa y humillante derrota en Bahía Cochinos, ante los milicianos de Cuba, dirigidos por Fidel y el Che Guevara.

Ya instrumentaron el llamado golpe blando, para expulsar del gobierno a la mandataria brasileña Dilma Rousseff y entronizar al delincuente Temer en la presidencia del país hermano, para tratar de eliminar las conquistas sociales y económicas impuestas por el Partido del Trabajo, liderado por Luiz Inacio Lula da Silva.

En esta ocasión como en el pasado Estados Unidos utiliza cipayos, intelectuales o políticos que carecen de todo sentido de la dignidad y se venden al mejor postor, en nuestro continente, ese país siempre utiliza el mismo ardid.

Recordemos que en el año 1962 convirtieron la OEA y los países incondicionales y prestos a servir a los norteamericanos, en primera fila, desgraciadamente Colombia y expulsaron a Cuba de esa institución.

Ahora la OEA, se presta para la misma jugada. Mientras José Martí expresaba su satisfacción por exponer su vida en su intento de liberar a Cuba y así evitar que los Estados Unidos, con facilitad sometiera a Centro América, Almagro, secretario de la OEA, dada su alma mercenaria, se pone al servicio del imperialismo norteamericano, para derrocar al gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro. En el desempeño de su cargo, “dada su poquedad de alma”, en caracterización martiana, ha empleado toda su capacidad de intriga para urdir

/5 planes siniestros contra ese proyecto revolucionario latinoamericano. Una vez más el instrumento utilizado por Estados Unidos, es la incondicionalidad de los dóciles gobernantes latinoamericanos anidados en el Consejo Permanente de la OEA, que ya se alinearon obedientes para ejecutar el mandato del imperio.

Lo que exige la movilización solidaria de los pueblos latinoamericanos y de los intelectuales y medios progresistas, no es solo la defensa de un régimen constructor de una política social en favor de los más desfavorecidos y defensor de la soberanía nacional y una proactiva defensa del medio ambiente, sino también que los planes imperialistas contra el gobierno Bolivariano, incluyen la guerra civil, y para ello cuentan con la complicidad de los políticos de la oposición.

Afortunadamente, frente a los pocos políticos que abundan en indignidad como Almagro, en América Latina ya dijo Martí: “…hay otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres…

En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana”. Por esa razón estamos seguros que los pueblos nuestros se levantarán en defensa de los patriotas venezolanos que defenderán en la calles su revolución Bolivariana. Vamos todos a solidarizarnos con el hermano pueblo de Venezuela, agredido por el imperialismo norteamericano.

Notas al sol

La tumba de Antígona

El verdadero desastre

Postacuerdos y conflictividad

RENATA CABRALES

L

a ultraderecha colombiana constituye el verdadero desastre natural que padece nuestro país.

Natural porque hasta muchos religiosos, además uribistas, cuya política de guerra y muerte impera, le hacen creer a sus incautos adeptos que su ideología está por encima de la paz, natural porque sus seguidores hacen uso de la doble moral religiosa para imponer y naturalizar la injusticia, la discriminación y la violencia en nombre de un ser superior. Y es natural que quienes han protagonizado actos de corrupción e injusticia, incluso quienes han pagado condenas por asesinatos salgan a las calles a marchar en contra de la corrupción, porque están cansados del gobierno “comunista” de Santos. Y los ingenuos, de forma natural, creen que es cierto que vivimos en un país “castrochavista”, y por eso, un 50,2% de los votantes por el plebiscito para el proceso de paz optaron por el No. Todo lo anterior es natural en un país dirigido desde siempre por la oligarquía ultraderechista cuyo único fin ha sido perseguir y eliminar todo lo que le huela a comunismo, a justicia social, a derechos humanos. Así pues, estigmatizar y asesinar a la oposición ha sido un acto natural.

Pero lo que no es natural y ojalá no sigamos permitiendo semejante engaño, es que sucedan desastres como el de Mocoa, y ya son 500 municipios de Colombia los que están en alerta por avalanchas según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

ZABIER HERNЕNDEZ BUELVAS

Ambientales). Según su director, para evitar tragedias como las de Mocoa, “la labor de prevención es la más importante y hay que tomar medidas estructurales frente a las alertas que se pronuncian.

En El Espectador, Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), dijo: “en la mayoría de ocasiones, fenómenos ambientales como el ocurrido en Mocoa responden a la deforestación de las rondas de las fuentes hídricas y de los ecosistemas de alta montaña que campesinos e industriales hacen con fines de asentamiento de la población, ganadería o siembra de cultivos. Las malas prácticas sumadas a la intensificación de las lluvias en esta temporada del año que aumenta el caudal de las corrientes de agua, generan situaciones de riesgo para las comunidades”.

La CAR, hizo un llamado reiterativo a las comunidades para que eviten seguir deforestando.

La negligencia hacia el cuidado del medio ambiente y los ecosistemas, y la corrupción que hay detrás de los recursos económicos que se distribuyen en las regiones, constituyen el verdadero desastre que se ha convertido en natural debido a la gran mayoría de las y los colombianos que nunca piensa a la hora de elegir y reelegir a los corruptos que los gobiernan; sin saber que la indiferencia nos hace cómplices de todo tipo de desastres que puedan padecer las personas más vulnerables.

L

o que sucede en Tumaco Nariño y en el sur del Cauca es la radiografía presente y prospectiva de lo que va a suceder en materia de conflictividad social en el postacuerdo.

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y campesinos, afrodescendientes e indígenas de la geografía nariñense y sur de Cauca, muestra la tendencia creciente de la confrontación social en la geografía nacional y seguirá así, con los problemas y luchas que hay hoy en todo el país, por servicios públicos, del Estado, de empresas privadas, la defensa del agua como patrimonio vital, las madres comunitarias, maestros y maestras, moto trabajadores y trabajadores de la informalidad, estudiantes y jóvenes luchando contra los altos costos de la matrícula y del trasporte urbano, mujeres en lucha por sus derechos y contra la violencia sexual y toda discriminación y comunidades resistiendo el embate minero energético de las transnacionales. Esto será así, a menos que el gobierno y las instituciones del Estado cambien la política de guerra que venía acostumbrados a ejercer durante estos últimos 60 años, que finalizó, por lo menos con las FARC-EP, con la firma del acuerdo de La Habana.

La conflictividad social entra en una etapa de tensión entre lo que se acordó en La Habana y lo que el Gobierno nacional pretende imponer. Esta tensión se expresa a través de la lucha de clases territorial, micro

localizada y con reivindicaciones ligadas específicamente a los puntos 1 y 4, que en esencia son parte del contenido programático histórico del campesinado, afro indígena y mestizo. La protesta y resistencia a la erradicación forzada y violenta no es un hecho fortuito alrededor de una “mata”, estamos ante gérmenes de formas que dan desarrollo a la potencia transformadora de los acuerdos pero que necesitan de mayor coordinación territorial y nacional, amplia visión política e instancias de conducción colectivas, para una mayor correlación de fuerzas que encauce la implementación de los acuerdos de La Habana en su espíritu y esencia: la justica social.

Los acuerdos de La Habana dan los instrumentos para atender y dar soluciones a la conflictividad social que ha persistido históricamente, pero si el Gobierno los desecha, las comunidades, procesos y organizaciones sociales territoriales tienen que acudir al derecho constitucional de la protesta, la cual se plantea pacífica, pero la ofensiva militar y policial, la coloca en situación de confrontación violenta de las partes.

El cambio de mentalidad, el diálogo, la concertación, el reconocimiento de las particularidades territoriales, la construcción colectiva y el respeto y cumplimiento de lo acordado, son la claves para bajar la tensión y que la conflictividad social se traduzca en transformaciones con justicia social y una mejor vida del campesinado en el postacuerdo.

Laboral

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Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto archivo.

El Gobierno incumple a los estatales El Ministerio de Hacienda se ha convertido en el mayor obstáculo por la no asignación de los recursos para la formalización de las plantas en el Estado, y por sus políticas restrictivas en el ámbito salarial y los aspectos económicos del pliego LUIS ALBERTO VANEGAS Z. EJECUTIVO CUT NACIONAL

E

n medio de profundas dificultades se viene desarrollando el proceso de negociación colectiva que cubre a un millón 200 mil trabajadores del Estado; entre el Gobierno y los servidores representados por las tres centrales obreras: la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación General del Trabajo, CGT; y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Además, las federaciones estatales que en el presente año han radicado los pliegos del orden nacional, territorial y sectorial.

Después de 20 años de ser adoptada la negociación colectiva para los servidores públicos en la legislación nacional, mediante la Ley 411/97, establecida en el Convenio 151/78 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de firmar dos acuerdos laborales en 2013 y 2015, e inmersa en el marco de varios decretos reglamentarios como el 535/09, el 1092/2012 y el 160/14, que

persisten en limitar su plena vigencia, el gobierno de Santos pretende mantener una actitud dilatoria e impositiva que busca desconocer tanto los acuerdos anteriores, como limitar los alcances de la presente negociación del pliego nacional estatal.

Los incumplimientos El 28 de febrero pasado, se radicaron 350 pliegos, incluido el pliego nacional estatal que contiene los capítulos de los sectores de salud, educación, justicia y universidades, en medio de una jornada nacional de movilización.

Como paso previo al inicio de la negociación, la comisión negociadora sindical exigió que se adelantara el balance del cumplimiento de los acuerdos laborales anteriores, donde se determinó la gran distancia que existe en relación con la valoración de los acuerdos en la medida en que la representación sindical reportó menos del 50% de cumplimiento; mientras la comisión del gobierno planteó el 90%.

Entre los incumplimientos se pueden señalar temas fundamentales como la persistencia de plantas paralelas con más de 500 mil trabajadores provisionales, la no aplicación de las normas sobre carrera administrativa, la no modificación del Decreto 160/14 que garantice plena vigencia del Convenio 151 de la OIT, la negación al otorgamiento de los permisos sindicales y las garantías políticas al movimiento sindical, que se adopten los convenios pendientes de la OIT previamente acordados, el avance en políticas de bienestar, entre otros temas estructurales que hoy afligen a los trabajadores del Estado.

En medio de esta profunda disparidad se inició el proceso de negociación el pasado 21 de marzo sobre el primer tema de plantas de personal y carrera administrativa donde después de más

de cuatro años de discusión, únicamente se han formalizado 3.000 cargos, demostrando la falta de voluntad del Gobierno para eliminar la política de plantas paralelas, pretender mantener el clientelismo y la corrupción aprovechándose de la inestabilidad laboral de los trabajadores, y violando flagrantemente la ley y la jurisprudencia en esta materia.

Frente a esta crítica situación la comisión negociadora sindical se vio en la obligación de exigir la presencia del Ministerio de Hacienda quien se ha convertido en el mayor obstáculo por la no asignación de los recursos para la formalización de las plantas en el Estado, y por sus políticas restrictivas en el ámbito salarial y los aspectos económicos del pliego.

Frente a este crítico panorama, a los trabajadores representados en las centrales obreras no les queda otro camino que profundizar el plan de movilización y acompañamiento al proceso de negociación estatal; fue así como el jueves 30 de marzo se convocó a un plantón en el mismo sitio de la negociación en Bogotá, SENA de la carrera 30 con calle 15, donde la única respuesta del Gobierno fue la represión policial con el Esmad dejando heridos, incluidas integrantes de la comisión negociadora y demostrando nuevamente la falta de garantías para la protesta social.

Posible paro Al cierre de esta edición de VOZ, el martes 4 de abril, se retomaba la discusión en la mesa negociación con la expectativa de que el Ministerio de Hacienda y la comisión negociadora del Gobierno no continúen en la táctica de simular la negociación, en la medida que hasta el momento no han presentado fórmulas o propuestas de solución a las peticiones plasmadas en el pliego

nacional y de no ser así, los servidores se verán obligados a hacer realidad el plan de movilización y la convocatoria al paro nacional estatal.

La agenda de movilización acordada por el movimiento sindical contiene la realización de asambleas informativas sobre el proceso de negociación; adelantar jornadas de agitación y movilización en las diferentes entidades del Estado; realizar encuentros de los sindicatos estatales en los ámbitos nacional y regional; desarrollar una gran jornada nacional de protesta en la cuarta semana de abril con todos los sectores populares en conflicto y a quienes el gobierno ha venido incumpliendo compromisos como son madres comunitarias, Cumbre Agraria, universidades públicas, salud, educación, camioneros, pensionados; quienes están articulados en la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, y el Comando Nacional Unitario.

Además, convocar a un combativo Primero de Mayo con el propósito de exigir derechos laborales, democracia e implementación de los acuerdos para alcanzar la paz con justicia social.

“El gobierno de Santos pretende mantener una actitud dilatoria e impositiva que busca desconocer tanto los acuerdos anteriores, como limitar los alcances de la presente negociación del pliego nacional estatal”

Laboral

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Luego de agotar varias reuniones con representantes de la Secretaría de Educación, los docentes se levantaron de la mesa para preparar un paro indefinido, si no hay soluciones a sus exigencias JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

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l 24 de marzo pasado, ante las negativas de los representantes de la Secretaría de Educación del Distrito, SED, los maestros representados en la Asociación Distrital de Educadores, ADE, decidieron levantarse de la mesa de conversaciones instalada apenas dos meses antes.

El espacio había sido abierto luego que los docentes presentaran un pliego de peticiones con temas que atañen a la comunidad educativa, para los cuales exigen solución.

El punto de mayor polémica en las discusiones es la suspensión de la aplicación de la jornada única en Bogotá, hasta que cumpla con “condiciones dignas para estudiantes y profesores”.

Para cualquier ciudadano no es fácil entender que los maestros se opongan a la jornada única, por lo que dirigentes sindicales del magisterio han aclarado que no se oponen porque sí, sino que exigen mejores condiciones para su implementación.

Según el presidente de la ADE, William Agudelo: “No hay infraestructura en los colegios, se están acabando las jornadas de la tarde, se sacaron 150 mil estudiantes que estaban en prejardín,

Plantón cultural frente a la sede de la Secretaría de Educación en Bogotá.

Maestros bogotanos

De plantón a paro indefinido se hacinan estudiantes en la jornada de la mañana, se aumentó la jornada laboral a los educadores, se viene acabando con la educación para niños especiales porque no se capacita a los maestros para que atiendan a esta población”.

Los profesores han sido enfáticos en reclamar mejor infraestructura, comida caliente, refrigerios; condiciones clave para que estén cómodamente los estudiantes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Aparte de eso, la extensión de las jornadas laborales sin retribución económica alguna.

“Siempre hemos apoyado la jornada única, pero en condiciones dignas y decentes. y cuando a la Secretaría de Educación le planteamos eso nos respondió que la jornada única iba porque

iba y que la escuela no es un comedor para estudiantes, que ellos tienen que llevar su propia comida. Entonces, no es coherente que hayan invertido un billón de pesos para mantener los colegios en concesión durante los próximos 10 años; mientras no destinan recursos para las construcciones escolares del Distrito que se están cayendo”, explicó el presidente de la ADE, quien agrega que hay privatización de la educación nocturna al estar siendo entregada a entidades como Colsubsidio.

Paro indefinido Los maestros también argumentan que al acabar con la jornada de la tarde muchos estudiantes quedarán sin

cupos para continuar estudios de secundaria.

Pero las deudas también son un motivo de las protestas; hay incapacitados de más de 180 días a quienes les deben las primas y los intereses de cesantías.

Todo lo anterior, sumado a las dilaciones en las conversaciones, produjo que los docentes se hayan parado de la mesa para iniciar jornadas de protesta como el plantón cultural que hicieron frente a la sede de la Secretaría de Educación, el pasado 30 de marzo, y que estén organizando un cese indefinido de actividades para finales del mes de abril. Además, aseguran que se sumarán al paro nacional que decreten las centrales obreras.

Preparan asamblea nacional de pensionados

Aspecto de la asamblea nacional de delegados del año 2014. Foto archivo.

Con propuestas unitarias ante reforma pensional la Organización Colombiana de Pensionados, OCP, prepara su asamblea nacional de delegados JUAN SALGUERO

P

agando los efectos de un miserable incremento anual al salario mínimo, de la última reforma tributaria, y preparándose para recibir el garrotazo de otra reforma pensional, con propuestas unitarias y en crecimiento, los afiliados a la Organización Colombiana de Pensionados, OCP, preparan su cuarta asamblea nacional de delegados.

El evento se efectuará en Bogotá durante los días 5 al 7 de mayo próximo

y contará con la presencia de delegados nacionales e internacionales, entre ellos de la Federación Sindical Mundial, FSM, UIS de pensionados y jubilados de España y Argentina.

La convocatoria señala, que además de ser estatutaria, la asamblea definirá los puntos gruesos de su accionar durante los próximos dos años, dentro de la actual realidad, que de una parte señala la intención de la clase gobernante y sus socios extranjeros, de

profundizar el modelo neoliberal, con despojo del patrimonio público y derechos de los ciudadanos; y de la otra, las nuevas condiciones de la lucha social derivadas de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC- EP, tema motivo de análisis de la asamblea, condiciones en las que los colombianos, incluidos pensionados, podremos tramitar nuestras reivindicaciones.

En lo relacionado con el despojo neoliberal, los pensionados como sector social, continúan en la mira de los poderosos, perdiendo con la comercialización de la seguridad social, en tanto que los privados ganan por punta y punta, ya que además de apoderarse de sus recursos con los fondos privados, se lucran con sus enfermedades al convertir la salud de derecho fundamental de reciente reconocimiento luego de ardua lucha, en lucrativo negocio privado.

Realidad que plantea como salidas, la unidad y la movilización, razón por la cual, la junta directiva nacional de la OCP, participa junto con su central pensional la CPC, en el colectivo de trabajo unitario de pensionados y jubilados de Colombia, mecanismo de unidad de acción, al cual asisten delegados de asociaciones confederadas y no confederadas, de orígenes diversos, privados y públicos, que tienen en común identificar la unidad pensional

como una necesidad de primer orden, en la defensa de sus intereses y derechos; y que a lo largo de los últimos dos años ha venido trabajando y desarrollando actividades en esa dirección, experiencia que bajo diversas denominaciones se replica en el país y que el colectivo estima deben conducir a la unidad de los pensionados.

Frente a los incrementos anuales al salario y pensiones mínimas, la OCP saluda la sentencia del Consejo de Estado que tumbó el decreto mediante el cual el Gobierno nacional impuso el salario mínimo, por ignorar este las pautas en que le ordenaba explicar con suficiencia factores como la inflación, índices de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y otros que no fueron considerados y que afectan a trabajadores y pensionados.

Y aunque el mismo deja en firme el aumento, ordena al Gobierno hacia el futuro, tenerlos en cuenta, lo que da mayor vigencia a la exigencia de incluir a la CPC en la comisión de concertación laboral y al cumplimiento de la promesa de campaña del presidente Santos, quien captó un buen número de votos pensionales prometiendo disminuir los aportes de salud -que están en el 12%- y no crear impuestos; promesas incumplidas. pensionados1@hotmail.com

Campo

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Derechos humanos

Puente roto en aguas cordobesas CINDY LOPERA - AGENCIA PRENSA RURAL

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a fuerza insuperable con la que corren las aguas del río Verde que atraviesan el corregimiento de Saiza, en Tierralta (Córdoba), sólo tiene punto de comparación con el empuje y las ganas de salir adelante de quienes allí habitan.

Paisas, costeños, chocoanos y cachacos se entremezclan en esta apartada población fronteriza entre Antioquia y Córdoba. Muchos gobiernos locales -desde ambos departamentos- han llegado al lugar con promesas que nunca se hicieron realidad, pero lo que sí viven día a día sus habitantes es el temor latente por cuenta del paramilitarismo.

Décadas de abandono estatal intentan ahora ser resarcidas con la construcción de una carretera por parte del Ejército Nacional para acceder a la población; sin embargo las necesidades aún son muchas: luz y alcantarillado para la cabecera del corregimiento, la adecuación de un centro de salud, las mejoras y contrataciones pertinentes para la escuela en la que comparten un salón y un maestro niños y jóvenes entre los 7 y 17 años de edad, y la dignificación del único puente sobre el río

Verde que comunica con las veredas vecinas y que ha sido arrastrado por la corriente en varias ocasiones.

Estas son algunas de las peticiones que hace Humberto David, presidente de la junta de acción comunal, aprovechando la visita de delegados del Ministerio del Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la Defensoría del Pueblo como parte de las exigencias de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Para Yulieth Arango, presidenta de la corporación Mujer Capaz en esta población, se puede extraer una valiosa experiencia a partir de las pérdidas que dejaron los enfrentamientos entre diferentes grupos armados en la región.

Las mujeres, ahora cabeza de familia, han emprendido proyectos de capacitación, liderazgo, educación y cultura para cumplir sus sueños y sacar adelante a sus familias.

Río abajo, siguiendo las aguas que alimentan el controvertido proyecto de la hidroeléctrica de Urrá, se llega al Punto Transitorio de Normalización de la vereda Gallo, en donde se encuentran

Esperanza en el recibimiento al corregimiento Saiza en Córdoba. Foto Cindy Lopera - APR.

asentados los guerrilleros del Frente 58 de las FARC-EP que hacen su tránsito hacia la vida civil. Los pobladores de las cercanías se debaten entre las expectativas por las promesas de nuevas obras de inversión y el temor frente la posibilidad de que grupos paramilitares retomen el control de la región ante el repliegue de la insurgencia.

Ni la empresa responsable de la hidroeléctrica ha cumplido con las proyecciones que se hicieron para su construcción, ni el Gobierno nacional ha terminado las adecuaciones en este PTN. Mientras tanto la única escuela de la vereda permanece cerrada, pues los pobladores exigen la contratación de docentes idóneos que estén allí de manera permanente y no por concesión. Así lo sostuvo Ángel Torres, presidente de la JAC de Gallo.

En el otro extremo, al oriente del Parque Nacional Natural Paramillo, se

encuentra la población de Juan José que pertenece al municipio Montelíbano de Córdoba. En las calles sin pavimentar, a orillas del río San Jorge, los niños juegan con palos de madera a ser soldados, guerrilleros o paramilitares por igual. Tantos actores armados han pasado por estas tierras que pocos jóvenes vislumbran un futuro diferente al de la guerra.

La organización y la unidad al interior de las asociaciones campesinas permite sin embargo mantener encendida una luz de esperanza, los proyectos productivos y la voluntad de los campesinos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se mantienen en pie. Sin embargo, los constantes incumplimientos por parte de las autoridades civiles y militares poco a poco van colmando la paciencia de los cordobeses que, como todo, tiene su límite.

Caño Indio, Catatumbo

Se implementará programa de sustitución

Asamblea campesina a la sombra de los árboles en Caño Indio. Foto Ascamcat.

YШSICA IBARRA

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l pasado 25 de marzo, en la vereda Caño Indio de Tibú, se firmó el acuerdo para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) entre las comunidades de las veredas de Chiquinquirá, Palmeras Mirador, El Progreso II y Caño Indio, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) como vocera de estas comunidades, los delegados de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas de la Presidencia de la República, y Federico Nariño,

delegado nacional del PNIS de las FARC- EP. Este proceso, que inició el año pasado a finales de septiembre, donde una comisión conformada por el Gobierno nacional, las FARC-EP y la ONU socializaron el Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” del Acuerdo de Paz y consultaron a las comunidades la instalación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en la vereda Caño Indio, teniendo como resultado la aprobación por parte de las comunidades anteriormente mencionadas.

El 28 de enero del presente año, Pastor Alape y Eduardo Díaz socializaron a las comunidades el PNIS, el cual fue dado a conocer al país un día antes; desde esa fecha las comunidades habían esperado el regreso de esta comitiva para concretar un acuerdo y el cronograma de inicio de la implementación del programa de sustitución.

La construcción de este acuerdo no fue nada fácil, pues las comunidades siempre tuvieron claro que no aceptarían cualquier cosa, pues la coca en la región es su comida, educación, salud, las vías que han hecho a punta de

pica y pala, y la forma en la que durante años les ha permitido subsistir, ante el abandono del Gobierno nacional, regional y municipal.

Federico Nariño resaltó que “la sola sustitución de cultivos no basta, tiene que haber una reforma rural integral al campo, es decir: hay que darle vías, electrificación, agua potable, universidades, colegios, dotarlo de infraestructura para que el campo vuela a ser rentable y hay que hacer un plan de sostenimiento de los precios para que el campesino pueda cultivar alternativamente otros productos que puedan ser rentables y puedan mejorar su nivel de vida”.

La implementación el acuerdo colectivo suscrito se hace urgente para estas comunidades que desde el pasado 27 de enero se declararon en crisis alimentaria, pues desde hace siete meses abandonaron los cultivos de coca.

Se acordó un cronograma que iniciará con la caracterización de las familias que se encuentran dentro y a los alrededores de la ZVTN “Negro Eliecer Gaitán” en Caño Indio, que permitirá el pago e iniciar la sustitución voluntaria inmediata dentro de la ZVTN, como gesto de compromiso por parte de las comunidades con el acuerdo de paz.

Adicionalmente, el Gobierno nacional efectuará el primer pago del PNIS. Además se acordó el Mecanismo de Control Social, que permitirá hacer de forma conjunta entre las comunidades, el Gobierno nacional, la Ascamcat, las FARC-EP y el componente de acompañamiento internacional un proceso de evaluación y seguimiento al proceso de implementación del PNIS en estas veredas.

Abril 5 de 2017

Una jornada extrema de pico y placa durante tres días, no constituyó la solución al problema de la calidad del aire en la capital antioqueña.

Urge un programa de acciones que involucre a toda la sociedad. Si en Medellín llueve, en Bogotá no escampa

Medio ambiente

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Contaminación ambiental en Medellín

Sin respiro

ALBERTO ACEVEDO

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e acuerdo a indicadores de los principales centros de monitoreo ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, entre los años 2012 y 2016, no mejoró la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana, en un hecho que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, sitúa a la ciudad como una de las más contaminadas del continente, al lado de urbes como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guatemala, Lima y Cochabamba.

En al menos dos estaciones de observación de la calidad del aire, se registró la presencia de material particulado, conocido en medios técnicos como PM25, el más nocivo para la salud de las personas. Entre enero y noviembre de 2016, estos registros estuvieron por encima de los indicadores permitidos por la OMS. Esta situación llevó a las autoridades metropolitanas de la capital de la montaña a decretar la alerta roja ambiental y a imponer un pico y placa extendido, durante tres días, a partir del 23 de marzo pasado. Organizaciones ambientalistas que conocieron un relativo alivio de la contaminación del aire en la ciudad, durante la restricción de la circulación de vehículos, criticaron sin embargo que la medida es coyuntural y no conduce a una solución radical del problema. Es tanto como buscar la fiebre en las sabanas, indicaron estudiosos del tema.

Voceros de la unidad administrativa del Área Metropolitana de Medellín, reconocieron que la circulación diaria de automotores, comprendidos buses, taxis y motos, es responsable de la emisión del 80 por ciento de las partículas

Aspecto del aire denso que deben respirar los habitantes de Medellín.

contaminantes que envenenan el aire de los habitantes de la ciudad. Además del 74 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, del 99 por ciento de las de metano y el 80 por ciento de las de óxido nitroso.

Escenarios de gobernanza ambiental Esta actividad dañina la llevan a cabo 1.400.000 vehículos que circulan diariamente por las calles de la ciudad. La medida del pico y placa restringió la circulación de 450.000, que tres días después retornaron a su labor contaminante.

Esto llevó a que representantes de la organización Medellín Cómo Vamos reconocieran que la medida de la alerta roja es un paliativo, y que lo que se requiere ahora es la construcción de escenarios de gobernanza, a través de una autoridad que hoy no existe, que involucre a toda la sociedad, incluyendo a las autoridades y la empresa privada en soluciones integrales a largo plazo.

La citada organización ubica la contaminación del aire de Medellín en el contexto de un desbarajuste ambiental más complejo. Por ejemplo, señala que

Estatua de Botero, con tapabocas, llamando a la ciudadanía a reflexionar sobre la calidad del aire.

el agua del Río Medellín y sus afluentes estuvo en sus peores condiciones en los últimos años. Dice que la inversión anual, en promedio, para medio ambiente y gestiones de riesgo, representa apenas el dos por ciento del presupuesto de la ciudad. Los niveles de ruido son superiores a los recomendados por la normativa nacional. Solamente en el tratamiento de residuos sólidos y prevención de emergencias, se presentan avances dignos de destacar.

Una reflexión Pero si en Medellín el clima es malo, en Bogotá no es mejor. La capital de la república le pisa los talones a la de Antioquia. Por la misma época en que en Medellín decretaron la alerta roja ambiental, la organización Combo2600, organizó una acción en la que puso tapabocas a 15 estatuas de Bogotá, situadas en puntos de alta contaminación del aire.

Dijo esta organización, que la acción buscó provocar una reflexión entre la ciudadanía y las autoridades sobre la calidad del aire en la ciudad.

Informó al respecto, que el año pasado se registraron en la ciudad 56.000 consultas médicas por enfermedades

respiratorias agudas. Una cifra superior a la del 2015 y que más de 70 niños bogotanos murieron en esos doce meses por la misma causa.

Recordó la organización que un estudio del año 2006 (el único hasta ahora conocido), plantea que alrededor de cuatro millones de kilómetros son recorridos diariamente por buses y camiones en la ciudad. La combustión de diésel, equivale a 690 toneladas de material particulado lanzado al aire.

Los buses que a diario recorren las calles bogotanas, son responsables del 60 por ciento de emisiones de dióxido de azufre; del 80 por ciento de material particulado y del 75 por ciento de dióxido de nitrógeno, producido por la combustión de diésel. Estos gases afectan la salud de las personas y producen el efecto invernadero.

Nuevos indicadores Las alertas en materia de salud no son pocas. En preparación de esta nota periodística, al cierre de esta edición, se conoció un estudio de la profesora Alejandra Betancur Sánchez, investigadora de la Universidad Nacional de Medellín, en el que indica que a mayor cantidad de material particulado en el aire que respiramos, mayor es el daño celular en la cadena de ADN humana.

El estudio será presentado esta semana a la alcaldía de Medellín, y su constatación es válida para el caso de Bogotá.

Otro colega de la docente en Medellín, Néstor Yesid Rojas, ingeniero químico de la Universidad Nacional y estudioso del tema ambiental, dice que los altos niveles de contaminación del aire en Bogotá se mantienen en una cifra alta desde el año 2014, y a pesar de que muestran alguna estabilidad en ese punto crítico, lo más probable es que se incremente la presencia de material particulado en el aire de la capital en los próximos meses.

Para otros ambientalistas, lo preocupante es que el caso del aire contaminado no es un fenómeno aislado, y está ligado a otros, como la contaminación de los ríos, los desórdenes en el clima, con extremos de mucho calor u oleadas de invierno, que causan desastres como el de Mocoa la semana pasada, y la desaparición de los nevados y los reservorios de agua, entre otros fenómenos.

Política

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Llamado de unidad por la paz y la democracia

Salto cualitativo

Movilización en Bogotá por la paz. Foto Marcha Patriótica.

La unidad del campo popular y democrático se va consolidando, y ya tiene ruta REDACCIюN POLйTICA

U

na construcción con saltos cualitativos, es la primera gran conclusión que deja el llamado de unidad, producto del encuentro ocurrido los pasados 17 y 18 de marzo, en donde organizaciones sociales, populares, partidistas e insurgencias entregaron un diagnóstico de lucha social en el país y plantearon las perspectivas de la unidad del campo democrático.

Tres escenarios son los propuestos para que se profundice la unidad: la movilización social, la participación en la construcción de paz y la disputa política electoral.

La paz será la disputa política que permita el cambio de la correlación de fuerzas en favor del campo popular y democrático. Lograrlo no solo significa haber ganado las luchas concretas e inmediatas sino transformaciones estratégicas. “La solución política al conflicto armado y la construcción de la paz, con justica social y vida digna, viene movilizando las voluntades de diversos pueblos, movimientos y organizaciones sociales y políticas, quienes vemos en este momento histórico posibilidades como desafíos”, indican los firmantes del documento.

Diagnóstico El diagnóstico permitió calificar el momento político que vive el país concluyendo que se viene revitalizando el movimiento social, elevando los niveles de confrontación, coordinación y movilización. Todo eso indica potencialidades.

“En este marco de la realidad, hay que hacer énfasis en que para enfrentar las limitaciones y potenciar las posibilidades hacia los grandes cambios democráticos que reclaman las capas pobres y medias de la sociedad, se requiere, no solo la unidad de acción en la lucha inmediata de los pueblos por la defensa y ampliación de sus derechos o

por la defensa de los acuerdos y negociaciones de paz, sino y por sobre todo, la voluntad y el compromiso concreto y efectivo de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas para avanzar en la construcción de un proyecto político de unidad del campo popular y democrático, fundido sólidamente en los territorios y en los sectores sociales, que transforme la correlación de fuerzas y emerja como alternativa de gobierno y de poder frente al modelo de dominación impuesto por el gran capital interno e internacional. Un proyecto de país que nazca del corazón y la mente de los pueblos”, señala el llamamiento titulado: convergencia social y política por un nuevo país.

Construcción de unidad La unidad no se decreta, sino que se va construyendo en cada territorio y alrededor de cada una de las luchas sociales de los colombianos. Por eso todas las reivindicaciones, las dinámicas de acción, movilización, reflexión, articulación, coordinación y organización fueron consideradas como referente en la idea de “unidad estratégica por la democracia, la defensa de la naturaleza y la vida, por la construcción de paz, con justicia social y vida digna”.

En cuanto a la movilización por ejemplo, acompañar y fortalecer las mesas de negociación abiertas entre el Gobierno y el movimiento popular; diseñando e implementando acciones de cumplimiento a los pliegos de exigencia, construidos en jornadas de paros y movilizaciones. Así como sumarse unificadamente a las acciones de resistencia territorial y por la justicia ambiental, desarrolladas por las comunidades locales. Y agrega el documento: “Trabajo unitario en los procesos de revocatoria de mandatos a alcaldes antipopulares, preparar una acción masiva de movilización contra la política de despojo territorial; destrucción de la naturaleza; recorte de inversión pública, en salud, educación, etc. y la apropiación corrupta de los bienes de la nación”.

Participación en la paz En el campo de la participación en la construcción de paz ratificó el

trabajo que se viene adelantando en cuanto a las iniciativas políticas de cara al proceso de paz de Quito y la implementación de los acuerdo de paz de La Habana. “Ratificamos nuestra decisión y voluntad para avanzar en la articulación y coordinación de las diversas iniciativas de paz y de acción política, entendiendo que estamos inmersos en un solo proceso de paz, que cuenta con dos escenarios políticos, el escenario de paz Gobierno-FARC-EP y la mesa de diálogo Gobierno-ELN”, señala el documento.

Entre las iniciativas se cuenta: El Congreso Nacional por la Paz, la movilización por las víctimas en apoyo al proceso de paz y contra el paramilitarismo el día 6 de abril, apoyo en la marcha de los trabajadores del próximo primero mayo, seminario de Reflexión Política sobre Metodologías para la Ruta Unitaria de Paz, Veedurías de la Implementación, diálogo y acuerdos de paz, y la gran asamblea democráticopopular en el segundo semestre del año.

Lucha electoral El tercer escenario de unidad se trata de la disputa político electoral que se avecina para el año 2018. En ese asunto, las organizaciones sociales y partidos políticos señalaron por unanimidad la necesidad de unirse y obtener los mejores resultados de la izquierda en su historia.

“Aspiramos a ser poder y ser gobierno, a través de mecanismos democráticos, que establezcan reglas éticas para el ejercicio de la política y procedimientos comunes que tengan en cuenta las asimetrías de lo territorial y

nacional; así como desde la construcción de programas y candidaturas conjuntas del movimiento democrático y popular colombiano”, señala el llamado de unidad.

Las tareas en ese tema tienen prioridades: Construir acuerdos programáticos territorial y nacionalmente, teniendo en cuenta los mandatos de nuestros procesos unitarios y las agendas de paz pactadas y en negociación con las insurgencias. Es decir que el tema de paz no se diluya en medio del debate electoral, todo lo contrario, sea un debate de primer orden para los aspirantes al congreso de la República y la presidencia.

Lo electoral Otro de los acuerdos en el seminario de unidad es pactar las reglas de juego democráticas en la selección de candidaturas del campo popular y democrático desde grandes asambleas territoriales y sectoriales. Así como la construcción de códigos de ética para la veeduría de los elegidos y sus organizaciones y el movimiento social y popular, en relación con el ejercicio del poder.

“Llamamos hoy al conjunto del movimiento social y político, a las diferentes iniciativas de paz y a la sociedad en su conjunto a reconocer, respetar, articular y proyectar, la rica tradición de la luchas sociales de nuestro pueblo y su pensamiento emancipatorio, como base fundamental para un “Proyecto Alternativo de País” que juegue en la coyuntura y sea esperanza de un futuro para la vida digna y la paz democrática y duradera”, concluye el llamamiento de unidad.

Política

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Horror en Mocoa

Tragedia anunciada HERNANDO LюPEZ

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omo en la célebre obra de Gabriel García Márquez la tragedia de Mocoa estaba anunciada. Así lo dice sin vacilar Sigifredo Arciniégas, destacado dirigente cívico de la capital de Putumayo, al denunciar que la avalancha estaba anunciada, era esperada con pasividad, porque sencillamente las autoridades decidieron talar en las cabeceras de los ríos. Ningún funcionario del orden nacional, departamental o municipal lo impidió. El ecocidio se cometió a lo largo de los años a la vista de todos.

Como la quinta parte de Mocoa, dicen algunos, fue sepultada por la avalancha de barro que transportaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como varias quebradas que cruzan la ciudad. Algunos barrios desaparecieron, ya no existen, sepultados por las toneladas de barro y escombros que arrastró la furia de las aguas.

Fue la protesta silenciosa por los crímenes humanos contra el medio ambiente, cometidos con la tolerancia de las autoridades en todos los niveles. Nadie hizo nada para impedir la tala en las cabeceras de los ríos, la discontinuidad en los jarrillones y la construcción de diques ilegales. Las tres anteriores razones, así como las condiciones sociales difíciles que no son atendidas por el Estado inhumano, llevan a que las invasiones de predios para construir viviendas para familias sin techo, se hagan en las orillas de los

ríos, son causas de esta situación que ahora lamentan las autoridades que se desgarran las vestiduras como si hubieran hecho algo mínimo para impedirlo.

Abuso con la naturaleza Semejante cuadro de abuso con la naturaleza fue empujado por las fuertes e intensas lluvias en los últimos días, pues según el IDEAM cayó en tres horas el 30 por ciento de la lluvia que normalmente caue en un mes.

La avalancha llegó el viernes 31 de marzo en la noche sobre Mocoa, capital de Putumayo, después de un torrencial aguacero. La tierra rugió como una fiera sin control y atemorizó a sus 65 mil habitantes, que huyeron atemorizados. El saldo trágico es de más de 270 muertos, centenares de heridos y miles de personas sin un techo donde dormir. La amenaza de una crisis sanitaria es latente, porque la ciudad quedó sin agua, luz, ni servicio de gas. Existe temor por la aparición de epidemias.

Centenares de familia lo perdieron todo, sus viviendas desaparecieron arrastradas por las aguas.

El Gobierno nacional decretó el estado de calamidad pública. Hay que reconstruir la capital y atender a los danmificados, es la prioridad para las autoridades y para la solidaridad nacional e internacional.

No pudo faltar la nota infame en medio del desespero y la angustia de

Ilustración de Matiz en homenaje a las víctimas de Mocoa.

los pobladores de Mocoa y del país consternado. El senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, en la marcha del cinismo, en Montería, acusó a las FARC de haber dinamitado la cabecera de los ríos y según su fantasiosa versión fue la causa de la avalancha.

Más tarde tuvo que rectificar, aunque lo

hizo a medias, y explicó que su equivocación fue debido a un Tuiter de Pacho Santos en ese sentido. Manipulan el sentimiento de la gente con el drama personal y familiar. Creen que así suman adherentes y votos. Por las redes sociales miles de usuarios protestaron por la infamia de Cabrales.

Córdoba

La amenaza en la implementación en Tierralta

De izquierda a derecha, Ruben Cano, Hernán Durango y Tomás Ojeda.

Implementación del acuerdo de paz a paso lento en el alto Sinú HERNЕN DURANGO (ENVIADO ESPECIAL)

S

egún Rubén Cano y Tomás Ojeda, comandantes de las FARC en el Punto Transitorio de Normalización PTN,

de la vereda Gallo, municipio de Tierralta, alto Sinú, departamento de Córdoba, están a la espera de que después de la reunión cónclave de la

insurgencia y el Gobierno Nacional en Cartagena, en días pasados, se apliquen medidas para acelerar y concluir las obras de campamento donde más de un centenar de combatientes harán dejación de las armas para convertirse en un partido político legal en el país.

La implementación está trancada, por no decir que nula en este Punto Transitorio de Normalización, PTN. Siguen los problemas de salud de los combatientes, se presentan irregularidades por la captura de dos guerrilleros enfermos que salen a hacerse tratamientos médicos, y el paramilitarismo ha copado y controla las áreas que hemos dejado, es lo que denuncian.

“La presencia del paramilitarismo en esta zona es palpable. Su reaparecimiento es una realidad. Alrededor de este PTN ejercen control en áreas que antes nosotros controlábamos. Ya hemos puesto las denuncias en el mecanismo de monitoreo, pero hasta el momento no se ven respuestas”, asegura el comandante insurgente Rubén Cano, quien advierte que esta situación es bastante preocupante, ya que pone en entredicho el mismo proceso de paz y su implementación. Y agrega: “Los paramilitares son una amenaza y ellos van impedir la implementación del acuerdo”, manifiesta.

Por otro lado, Tomás Ojeda, cree que los retrasos obedezcan a una mala planificación de lo relacionado a la

realización de las obras. En el potrero donde se ubica el PTN los hombres y mujeres de las FARC llevan más de 60 días pernoctando en cambuches de plástico. “La expectativa es poder tener el lugar adecuado y con condiciones dignas como está establecido en el Acuerdo de Paz firmado”, expresa.

Lo otro es que pueda haber negligencia que no ha posibilitado que las obras se presten para cubrir las necesidades de la guerrilleada, indica. Los representantes de las FARC en esta región reconocen sin embargo que las entidades del municipio de Tierralta y de la Gobernación de Córdoba han acudido al lugar y brindan su concurso para atender situaciones como la salud de los enfermos. Del mismo modo destacan que las comunidades campesinas e indígenas del Nudo del Paramillo han asimilado la presencia de los alzados en armas. Todo eso gracias a las intensas actividades de pedagogía de paz desarrolladas por la insurgencia con las organizaciones sociales.

“A la población le hicimos ver que el proceso de paz era una visibilización de la misma comunidad, cuando en los acuerdos lo que venía era una posibilidad de desarrollo social para estos territorios”, explica Tomás Ojeda, quien aprovecha el contacto con VOZ para agradecer a la comunidad nacional e internacional por todo lo que han hecho en torno a la paz de Colombia.

Política

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Incumplimiento judicial

¿En qué va la sentencia de Giraldo?

En el año 2014, el Consejo de Estado condenó administrativamente a la Nación por el asesinato de Josué Giraldo Cardona. Tres años después del fallo todo está por cumplirse HERNЕN CAMACHO

O

cho días antes que un sicario cegara la vida del brillante abogado y defensor de derechos humanos, Josué Giraldo Cardona, la dirección del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, UP, le reclamaban al ministro del interior de la época, Horacio Serpa, por la inminente muerte de dirigentes políticos en el departamento del Meta.

Era octubre del año 1996 y lo evitable sucedió. Desde la ciudad de Villavicencio se informaba el asesinato del destacado dirigente Giraldo.

A pesar de que él mismo como abogado había interpuesto una tutela ante el Tribunal del Meta, reclamando el derecho a la vida y su debida protección por ser uno de los hombres más amenazados del departamento, nunca el Estado le garantizó la vida.

La sentencia No bastaron las tutelas ni reclamos de protección, solicitados desde la comunidad internacional, para que un sicario al servicio del paramilitarismo y con ayuda del Ejército, apostado en la VI Brigada, y el liquidado DAS, acabaran a tiros con su vida.

Dos décadas después del crimen, el Consejo de Estado falló en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional e impuso, además de una indemnización por perjuicios materiales a su familia, una serie de reparaciones simbólicas, políticas y culturales en favor de la memoria del dirigente y de su colectividad política.

Entre los apartes más destacados de la sentencia, el alto tribunal de lo contencioso le obliga a la Unidad de Protección y a la Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, financiar el montaje y la adaptación de una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en homenaje a la vida y el sacrificio de todos aquellos activistas defensores de derechos humanos en Colombia: “para que mediante dicha exposición se conserven en la memoria nacional las luchas sociales de los activistas de derechos humanos y se difundan sus ideales no siempre

reconocidos en la conciencia nacional”, indica la sentencia del magistrado ponente Danilo Rojas Betancourth.

Igualmente le ordena a la Policía Nacional sufragar los gastos de la realización de un documental de 24 minutos de duración y un cortometraje de 7 minutos de duración, cuya realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del CMHN. En ambas producciones se hará una narración biográfica que destaque la vida, ideales y luchas de Josué Giraldo Cardona.

Además dicha producción deberá ser proyectada en colegios, universidades, cines y canales regionales que quieran reivindicar la memoria de quien fue fundador del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Añade el magistrado, que la realización deberá ser transmitida en todos los cines de Colombia y para eso exhorta al Ministerio de Cultura para la ejecutar dicha orden judicial, previo a que el CNMH sufrague los gastos del cortometraje en un lapso no superior a dos años. Hasta aquí no se ha cumplido nada de lo estipulado en el mandato judicial.

Centro memoria Pero un punto medular de la sentencia es con la construcción de un lugar de memoria en la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, en el cual se ordena“la construcción de un lugar de la memoria en donde se erija un monumento en honor al partido político, para honrar la memoria de todos los que han sacrificado incondicionalmente su vida para la realización plena y pacífica de sus idearios políticos”. En esa construcción deberá quedar una placa en la que queden grabadas, de manera suficientemente clara y perdurable, los ideales del movimiento.

Ese asunto en particular le preocupa a la militancia de la Unión Patriótica en el departamento y vienen advirtiendo que dicho espacio físico al servicio de la memoria, no se puede quedar en el papel y menos que se convierta en un elefante blanco.

Para su construcción la alcaldía de Villavicencio no ha habilitado los

Visite la página web: www.semanariovoz.com

Josué Giraldo, presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos en el Meta. Foto Archivo.

terrenos en donde quedará el centro memoria, como tampoco ha iniciado los acercamientos con el CMNH para coordinar esfuerzos en la idea de cumplir la sentencia judicial.

Los miembros de la dirección regional de la UP, señalan que deben ser los sobrevivientes los encargados de dar el aval, no solo del lugar de la construcción sino también de la adecuación del museo memoria. Aunque el diseño de la obra está a cargo del CNMH, los sobrevivientes se adelantaron y, mediante encuentros municipales, construyeron una propuesta arquitectónica para el museo con diseños que evoquen la memoria, la reconciliación y la firmeza ideológica de los militantes de la UP. Para James Barrera, hijo del dirigente viviendista del Meta que lleva su mismo nombre y quien fuera compañero de militancia de Giraldo, la sentencia de ese caso contiene elementos de vital importancia para la memoria y restauración política de la UP en ese departamento: “Es la primera experiencia de reparación administrativa que contiene un símbolo, que será permanente en la mente de las generaciones que fueron testigos del genocidio, las generaciones que han tenido que levantarse de la tragedia y quienes serán los militantes de la UP en el inmediato futuro”, dice Barrero.

Hay preocupaciones La preocupación que tienen los sobrevivientes de la UP es que hay antecedentes de incumplimientos en los contratos suscritos en ese departamento para la construcción de parques para la memoria y la paz. El caso que más llama la atención lo denunció el periodista Sneyder Rico: “Para conmemorar a las víctimas del conflicto armado en el Meta, en marzo de 2015 con

bombos y platillos el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, puso la primera piedra de lo que sería el Parque de Memoria Histórica en el municipio de El Castillo. Con una inversión de $ 9 mil 852 millones de pesos, la Unión Temporal Moriah, cuyo representante legal es Camilo Andrés Orozco Segua, firmó el acta de inicio del contrato 023 de 2015 el 5 de marzo de 2015 para ejecutar la obra en 12 meses”, señala la noticia publicada en el canal Chamorro Televisión de Villavicencio.

Por eso Barrero, quien hace parte de la organización Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S, dice que como veedores, la lupa esta puesta en el proyecto y que prende las alertas tempranas para que no caiga en manos de la corrupción.

“El museo de memoria será tan importante porque allí se van a ver reflejadas las historias de lucha de quienes cayeron por buscar la democracia en el país. Por eso no vamos a permitir que se enrede en la madeja burocrática, ni que se extiendan los tiempos del cumplimiento de la sentencia, sin razón alguna. Lo que pedimos es que las autoridades condenadas, Policía Nacional y las instituciones obligadas como el Centro de Memoria y la Alcaldía de Villavicencio cumplan la sentencia, pues ya tienen un retraso en los cronogramas”, señaló Barrero.

La sentencia de Giraldo es tal vez una de las más completas en términos de reparación administrativa que se conoce sobre víctimas de la UP. A pesar de eso no satisface el concepto de reparación política integral que el movimiento exige, el caso Giraldo, puede estar entre los estándares mínimos de reparación individual por la persecución criminal contra su militancia.

Paz

Abril 5 de 2017

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Cartagena

HERNANDO LюPEZ

Cónclave para la paz

E

l primer efecto del Cónclave de Cartagena entre el Gobierno nacional y las FARC-EP para dinamizar la implementación del Acuerdo Final de La Habana, se cumplió el viernes 31 de marzo pasado, en Cartagena, cuando se instaló la Comisión de Notables, integrada por el expresidente del Estado español Felipe González y el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, quienes serán los veedores del cumplimiento de los acuerdos por las dos partes. Como una “tarea muy importante” fue definida por voceros gubernamentales y guerrilleros.

Ambas partes valoraron muy bien la reunión de Cartagena. “No solo fue un balance sincero y autocrítico, sino que arrojó conclusiones concretas para agilizar la implementación de los puntos del Acuerdo de La Habana”, dijo uno de los participantes. Se reconoció el evidente retraso y la necesidad de acelerar los compromisos para que se puedan cumplir porque el fast track vence en mayo del presente año y el segundo semestre será de campaña electoral.

En la reunión participaron el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez.

Se reafirmó el calendario de la dejación de las armas y el compromiso de que a más tardar en abril estará

El cónclave de Cartagena fue muy importante para superar las deficiencias que han tenido la implementación y el cumplimiento del Acuerdo de La Habana.

entregada la totalidad de las zonas veredales de transición y normalización que albergarán a los combatientes; de la misma manera, el Gobierno adoptará las medidas para que la amnistía y el indulto beneficien a los presos políticos, prisioneros de guerra y a los guerrilleros, lo más pronto posible.

El acelerador se colocará en las normas que pongan en marcha los acuerdos sobre el primer punto sobre el desarrollo agrario integral, la creación de la Comisión de la Verdad y de

la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas. Abril será el mes de grandes decisiones en este sentido. En pocos meses tendrá que estar en firme el Pacto Político que saque las armas de la política y ello no compromete solo a la guerrilla como lo suelen decir los grandes medios, sino a los agentes del Estado y partidos políticos y en general al establecimiento.

Igualmente, se adoptarán las medidas para favorecer con proyectos productivos a los farianos con el fin de

brindar seguridad socioeconómica en la legalidad. Las FARC-EP entregarán los listados completos de sus integrantes combatientes y milicianos.

Por primera vez el Gobierno nacional aceptó el requerimiento de darle importancia a las reformas sociales y políticas, claves para erradicar las causas del conflicto. No se pueden menospreciar estos factores que son la razón de ser del proceso de paz. Esta no es posible sin democracia ni justicia social.

Garantizar la implementación

Es tiempo de movilización

La clave está en la movilización popular.

ROMЕN VEGA ROMERO

L

uego de 100 días de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARCEP, aunque hay avances en su implementación, los desafíos son crecientes.

Ello porque éste es un proceso político que depende de la correlación de fuerzas entre los impulsores y opositores de la paz en cada momento concreto del proceso. Los resultados del plebiscito fueron un indicador de la complejidad y vaivenes que tendrá la implementación del acuerdo. Si bien se han logrado algunos adelantos en leyes como la de amnistía e indulto, jurisdicción especial de paz y en el trámite de otros proyectos de ley concernientes al desarrollo

del acuerdo, entre ellos el estatuto de la oposición política, el proceso normativo para la implementación ha sido más lento de lo esperado, al punto de estar por terminar la fase de fast track sin que se haya cumplido con la mayoría de los compromisos convenidos.

Las dificultades en la implementación también se expresan en cambios, con respecto a los acuerdos, en el contenido de algunas de las leyes tramitadas, como las ventajas dadas a última hora a los militares frente a la jurisdicción especial de paz ante delitos que violan los derechos humanos, y las nuevas talanqueras impuestas a los excombatientes de las FARC-EP para el ejercicio de la política al reincorporarse

a la vida civil. Todo ello es expresión del poder de incidencia en el proceso legislativo del Congreso de fuerzas parlamentarias y sociales enemigas del proceso de paz de forma abierta o camuflada, como ha sucedido con representantes del uribismo y el vargasllerismo por dentro y fuera del congreso.

Ejemplo del incumplimiento del gobierno en la implementación es también la lentitud en la construcción de la infraestructura, instalaciones y entrega de dotación de los puntos y zonas veredales de transición y normalización donde ni siquiera la presencia de un médico y una auxiliar de enfermería ha sido garantizada de forma ágil por este para atender a niños enfermos, mujeres embarazadas y adultos con enfermedades crónicas y en situaciones de discapacidades fruto de los embates de la guerra. Es evidente la falta de compromiso del gobierno en el desmantelamiento de los grupos paramilitares cuya existencia, a pesar de los cientos de asesinatos de líderes sociales y comunitarios en poco tiempo y de forma sistemática, se niega a reconocer.

Amplio acompañamiento Estas dificultades del proceso de paz, no solo nos convocan a hacer un amplio acompañamiento de los excombatientes en las zonas y puntos veredales de transición y normalización, sino a promover una amplia y variada movilización ciudadana en apoyo del mismo. Nuestro partido, la UP y las organizaciones de trabajadores y populares en que tenemos presencia debemos organizar visitas periódicas de intercambio

político y de manifestación de distintas expresiones materiales de solidaridad a las personas establecidas en las zonas y puntos veredales de transición y normalización, como ya lo hemos venido haciendo aunque de forma aún tímida.

También nuestro compromiso debe expresarse estimulando la movilización ciudadana ante el Congreso de la República para exigir respeto al contenido del acuerdo al convertirlo en leyes y ejercer la veeduría permanente a los debates de los proyectos en las sesiones de los congresistas. Del mismo modo, la exigencia al gobierno de la presentación rápida de los proyectos de ley faltantes, entre ellos los de reforma rural integral y reforma electoral, la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como las garantías de seguridad a los excombatientes y el desmantelamiento inmediato de los grupos paramilitares.

Pero la movilización ciudadana debe también tomar la forma de eventos de deliberación y construcción pública de compromisos a favor de la paz, como el Congreso Nacional por la Paz a realizarse entre el 27 y 29 de abril de este año. Nuestro partido debe comprometerse en su organización y en la promoción de la más amplia participación. Este Congreso tiene entre sus objetivos propiciar un Pacto Nacional por la Paz que repudie el uso de las armas y el uso de la violencia en la vida política, y exigir la construcción de un Estado de derecho y democrático que haga posible el monopolio legítimo de la fuerza para que la reconciliación y la justicia social sean una realidad entre los colombianos. Es hora de acción por la paz. Los comunistas y patriotas debemos levantar banderas de lucha para que ella sea posible.

Economía

Abril 5 de 2017

Fuerza de trabajo y ocupación

Vuelve a subir el desempleo

CARLOS FERNЕNDEZ*

L

La situación de los que no trabajan a plena capacidad En situación de subempleo objetivo, o sea, el que registran las estadísticas sin contar con la opinión de los trabajadores sobre su situación laboral, tomando las cifras del mes de febrero desde el año 2010 hasta el 2017, se encuentra, en promedio, el 11,7% de la fuerza de trabajo, lo que equivale, también en promedio, a una población de cerca de 2,7 millones de personas. De este número, el 4,2% (977 mil trabajadores) es considerado subempleado porque no trabaja un número suficiente de horas y, por ende, no recibe una remuneración acorde con su esfuerzo. El 6,5% (cerca de 1,5 millones de trabajadores), es considerado subempleado porque su trabajo es inadecuado según su nivel de competencias, es decir, que estos trabajadores se encuentran ocupados en empleos en los que no se tiene

HECHOS

& COMENTARIOS Hecho: El sector que más empleo genera es el de comercio, hoteles y restaurantes.

Comentario: Con una participación del 28,2% en el total del empleo registrado en el trimestre diciembre 2016-febrero 2017, este sector se constituye en el más dinámico de la economía colombiana, lo que es una muestra de que ésta sigue camino hacia la reducción al mínimo de los sectores verdaderamente generadores de valor, como la industria y la agricultura. El segundo sector en importancia en materia de empleo fue, en el trimestre señalado, el de servicios comunales, sociales y personales, que tampoco es generador de valor, con un 19,0% de participación.

Siguen en importancia la agricultura (15,9%), la industria (11,5%) y la construcción (6,2%).

Fuente: DANE.

Oficina de empleo.

as cifras de empleo y desempleo, al finalizar febrero de 2017, muestran el mantenimiento de una estructura de ocupación de la fuerza de trabajo que implica un gran desperdicio de las capacidades de la población trabajadora y, más aún, un desinterés en materia de políticas públicas por cualificar esa fuerza laboral.

La tasa de desempleo informada por el DANE fue de 10,5%, que se reduce a 9,3% al tomar las cifras desestacionalizadas, es decir, libres de fenómenos coyunturales que impactan la tendencia en el tiempo. En general, podemos decir que, en el período que va de febrero de 2010 a febrero de 2017, la economía colombiana mantiene sin trabajo a alrededor del 11,2% de su fuerza de trabajo, lo que significa un promedio de cerca de 2,6 millones de trabajadores que viven sin trabajar.

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en cuenta su nivel de preparación técnica o profesional. Por último, el 9,8% de los subempleados (cerca de 2,3 millones de trabajadores) son considerados como tales en razón a que desarrollan un esfuerzo laboral que no es debidamente remunerado, es decir que sus ingresos no se adecúan a la complejidad de las actividades que desarrollan. La suma de las tres categorías es superior al total de subempleados, toda vez que muchos de ellos son categorizados como subempleados por dos o más razones y no por una sola.

Si sumamos el promedio de desempleados y el de los subempleados objetivos, nos encontramos con que, en promedio, 5,3 millones de trabajadores, es decir, el 22,9% de la fuerza laboral del país, no tienen empleo o el que tienen presenta niveles de precariedad que los condena a una insatisfacción permanente en su actividad laboral pues no se aprovechan plenamente todo su potencial. ¿Quiénes son los inactivos?

De la fuerza de trabajo nacional en edad de trabajar, la denominada en las estadísticas oficiales Población Económicamente Activa (PEA), representa, en promedio, el 63,5%, y se divide en ocupados y desocupados. El 36,5% restante se denominan inactivos. Este grupo está conformado por las personas que se dedican a los oficios del hogar, los estudiantes, los incapacitados permanentes para trabajar, los rentistas, los pensionados y jubilados y las personas a las que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

Respecto a las personas que se dedican a los oficios del hogar, el considerarlas inactivas constituye de por sí un insulto. Afortunadamente, se ha

venido desarrollando un planteamiento respecto a estas personas que garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo, actividad por la que no reciben ninguna remuneración. Se habla, hoy en día, de la economía del cuidado, de la cual hacen parte las personas que tienen como actividad –remunerada, es decir que están incluidas entre los ocupados– el cuidado de enfermos, niños y personas incapaces de valerse por sí mismas, pero, también, las que realizan estos oficios en razón de su situación familiar. A éstas, la estadística oficial las considera inactivas.

En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017, estas personas representaron el 42,0% del total de inactivos.

Lo de los estudiantes constituye, como mínimo, una ambigüedad. Se refiere sólo a los que estudian y no trabajan. A los que realizan ambas actividades, se les considera ocupados o desempleados, según la situación. Es ambiguo porque, si bien, strictu senso, los que sólo estudian no están asociados directamente a la producción y circulación de mercancías, su actividad constituye una preparación para el trabajo. Aquí hay un campo de reflexión bastante amplio para efectos del desarrollo de la conceptualización sobre la fuerza de trabajo. En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017, estas personas representaron el 36,6% del total de inactivos.

Los otros inactivos, por su parte, representaron, en el período señalado, una proporción del 21,3% de los inactivos.

Lo escrito sobre desempleados, subempleados e inactivos muestra lo señalado respecto al desperdicio de la fuerza de trabajo que conlleva el régimen económico del país y del conjunto de países capitalistas. * Investigador del CEIS.

********** Hecho internacional: Los trabajadores inactivos en Estados Unidos aumentaron en más de un millón de personas al finalizar 2016.

Comentario: Esta variación se da respecto a diciembre de 2015. Esto ocurre en momentos en que el empleo creció, el desempleo bajó, creció la fuerza de trabajo empleada y desocupada y se incrementó el subempleo. Con relación a éste, hubo 619.000 subempleados más que al finalizar 2015. La duración del desempleo disminuyó en las cuatro categorías de tiempo medidos en semanas, el primero de los cuales es menos de cinco semanas y el último de 27 semanas y más. Pese a la diferencia estructural de la economía estadounidense respecto a la colombiana, el régimen capitalista los unifica en lo que tiene que ver con el tratamiento a la fuerza de trabajo.

Fuente: Bureau of Labor Statistics-U.S. Departement of Labor.

Abril 5 de 2017

Bogotá

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Transporte público

No se pudo callar el descontento La ciudad se ubica como la más cara del continente en la prestación del transporte público.

Fue paralizada por el descontento social y la administración respondió con violencia CAROLINA TEJADA

L

a ciudad se inundó de movilización social que rechazaba masivamente los altos costos y el mal servicio del Transmilenio y el SITP. Desde la última semana del mes de marzo y con diferentes manifestaciones que se prolongaron hasta el primero de abril, en las diferentes troncales de Transmilenio, particularmente en el portal sur de la ciudad.

Los elementos que colapsaron el sistema La crisis que se ha venido agudizando en los últimos meses va desde los largos trancones entre estación y estación, las colas interminables que deben hacer los usuarios para poder acceder a los portales o a cada una de las rutas de alimentadores, sumado a los altos costos del mismo lo cual deja a la ciudad de Bogotá con las tarifas más altas del continente en la prestación del transporte, entre otros elementos. A esta misma situación que tiene agotada a la ciudad, se le suma la de la contaminación ambiental producto de la cantidad de buses viejos que hacen parte del SITP, y que a falta de la suspensión de los mismos, estos han ayudado en que la carga de contaminación en la ciudad aumente paulatinamente.

Todos estos elementos han hecho que cientos de usuarios no resistan más la incapacidad de la administración de ofrecer una verdadera política de movilidad, que además de corresponder con la demanda que tiene la capital para moverse internamente, supere el obsoleto servicio que a la vista muestra un colapso total.

La respuesta social Desde el martes 28 de marzo, iniciaron las manifestaciones masivas, la primera de ellas en la estación de Transmilenio San Mateo, en Soacha.

Desde muy temprano los usuarios se volcaron a las vías, otros tantos en las mismas estaciones con carteles y cánticos, hacían un llamado público a que se respetara a quienes día tras día tenían que vivir el carma del transporte. Inmediatamente y antes de encontrar respuestas por parte de la administración, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, se hizo presente con el objeto de dispersar a los manifestantes. Una verdadera batalla campal se vivió en el portal. Varias personas resultaron heridas, producto del exceso de la fuerza pública, así lo

Manifestaciones pacíficas fueron interrumpidas por la violencia del Esmad. Foto Pulzo.

hicieron saber públicamente las personas que estuvieron allí.

Una de las víctimas de este escuadrón fue el joven Sebastián Ramírez, de 22 años, estudiante de ingeniería agronómica en la Universidad Nacional, quien se dirigía a una clase de natación y en medio de las acciones desmedidas del Esmad, recibió un impacto de bala de goma en el ojo derecho. “El señor del Esmad le dispara una bala de goma en la cara, mi hijo no estaba en las protestas, él iba para su clase de natación, hay testigos que así lo confirman”, fueron las declaraciones de la madre de Sebastián.

Según informó la Secretaría de Movilidad, las protestas ciudadanas llevaron a que más de 20 estaciones de Transmilenio no pudieran prestar el servicio.

Los estudiantes principales afectados por las medidas del alcalde El día siguiente a esta primera jornada en uno de los más importantes portales de la ciudad, dado el alto nivel de población que moviliza, en las horas de la mañana nuevamente se presentaron colatones masivos y manifestaciones, particularmente por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital, los estudiantes exigían comprensión por las altas tarifas y aseguraban que son ellos quienes más sufren con este incremento.

En esta jornadas el Esmad también se hizo presente y como de costumbre intentó dispersar las manifestaciones. Varias personas fueron detenidas y otras tantas heridas. En el marco de las protestas en el Portal El Tunal, 11 estudiantes fueron retenidos por la Policía Nacional. Entre este grupo se encontraban tres estudiantes de pedagogía infantil, de la Universidad Distrital: Diana Paola Castillo, Marcela Rodríguez y María Alejandra Peña, integrantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarias. Ellas fueron llevadas al CAI de Venecia, donde posteriormente fueron puestas a disposición de la Fiscalía en la URI Molinos, para su judicialización. Las jóvenes sin cargos y sin comunicación

con los abogados que pretendían ayudar en su defensa, permanecieron más de 24 horas aisladas. Finalmente las dejaron libres ante la presión de la ciudadanía y porque según los abogados del Comité Permanente de Derechos Humanos, no había motivos para dicha detención.

Para día viernes 31 de abril, las manifestaciones continuaron, esta vez los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, salieron en una manifestación pacífica para exigir se bajaran los costos del sistema de transporte y se brindaran soluciones reales ante el pésimo servicio.

Los universitarios se ubicaron sobre las inmediaciones de la Calle 72. El plantón fue realizado al tiempo que se denunció la presencia de un helicóptero de la policía nacional, quienes al tiempo de la llegada del Esmad, fueron enviados por la alcaldía de la ciudad para dispersar la manifestación, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los estudiantes.

En esta acción de la policía ocho estudiantes resultaron heridos, y 15 más detenidos. Dos de los heridos fueron un joven de 19 años de edad que presenta cefálea tipo punzada y otro de 19 años, que sufrió un impacto en la cabeza.

El primero de abril continuaron las acciones de protesta. Esta jornada estaba planificada desde el día en el que

se conoció el alza del transporte. Y sin más medidas que las de evitar la movilización social y el rechazo ciudadano, la ciudad amaneció militarizada en cada portal y estación. Según la administración, la seguridad se reforzó con 500 policías en Transmilenio, estos se ubicaron en las diferentes estaciones.

Entre las diversas manifestaciones que se desarrollaron en menos de una semana y la forma violenta que se utilizó para acallar el descontento social, el nivel de aceptación al alcalde bajó.

Pues miles de personas que no hacían parte de las manifestaciones, aunque inconformes con el servicio, se sumaron a la indignación por la forma en la que se quiso acallar a la población.

Bogotá continúa entre una mala gerencia y el creciente llamado a la revocatoria del alcalde.

Mujeres

Abril 5 de 2017

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Bolivia

Aborto para las más pobres RENATA CABRALES

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s claro que Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y como ya es sabido, la pobreza afecta a la calidad de vida de quienes la padecen y limita además, el deleite y el ejercicio de sus derechos humanos.

Según informe de Unicef, “la pobreza afecta de manera distinta a los diferentes grupos humanos, según el género y el origen étnico. Los indígenas y campesinos y, entre ellos, las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres, son los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión. Son los más vulnerables. Una proyección hecha con base en las cifras del último Censo Nacional de Población (2001) permite inferir que actualmente unos 2.500.000 niños menores de 18 años y unas 2.600.000 mujeres, de las cuales las niñas y adolescentes son las más vulnerables, viven en condiciones de pobreza”.

Es por eso que en el país, gobernado por Evo Morales, el denominado

“aborto terapéutico” está autorizado desde 2014 en casos de malformaciones fetales o embarazo por violación sexual. Pero, actualmente, el Congreso sostiene un debate para que las mujeres pobres y aquellas que llevan a cabo sus estudios, pero contando con escasos recursos para poder culminarlos, puedan realizarse un aborto hasta las ocho semanas de embarazo, y también lo puedan hacer las mujeres con más de tres hijos.

El proyecto consiste en despenalizar el aborto en nueve causales, que son: incesto, pobreza extrema y ser menor de edad, entre otras. Cuatro de ellas durante las primeras ochos semanas de gestación y cinco para cualquier momento del embarazo. La pobreza extrema o situación de calle es uno de los casos que considera la iniciativa.

El proyecto advierte, además, que la mujer que solicite la práctica del aborto, “no será penalizada al solicitar el término de su embarazo durante las

Campesinas bolivianas.

primeras ocho semanas de gestación si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si no cuenta con recursos para mantenerse a ella o a su familia, es madre de dos o más hijos y no puede mantenerlos. También, si la embarazada es menor de edad”.

Cinco de los casos en los que la mujer gestante tendría derecho a finalizar voluntariamente su embarazo en cualquier etapa de gestación, son: riesgo de vida de la mujer, la prevención de su salud integral, inviabilidad del feto, si es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.

Por otra parte, en 2013, la Organización Mundial de la Salud indicó que “Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Datos del Hospital de la Mujer de La Paz, del año 2016, dan cuenta de que cada día llegan 10 mujeres en estado crítico producto de abortos clandestinos, incompletos o mal realizados. Además, el Colegio Médico de Bolivia informó que se realizan 115 abortos ilegales a diario y siguen aumentando”.

Fuente: https://www.unicef.org/ bolivia/resources_2106.htm

Una condena ejemplar

L

Imagen de una escena de la película, La mujer del animal.

La mujer del animal

E

n una entrevista, el director de cine colombiano, Víctor Gaviria, conocido por películas como La vendedora de rosas y Rodrigo D no futuro, afirmó, acerca de su última película, La mujer del animal, que: “La sociedad colombiana no está acostumbrada a que se le confronte con sus propios errores, le gusta que le regocijen en la comedia de Hollywood”.

Advierte el director que es lamentable que “en Colombia sólo haya alcanzado poco más de 15 mil espectadores mientras que los festivales internacionales ya la están promocionando”.

La mujer del animal narra la historia de la vida real de Margarita Gómez, una mujer campesina antioqueña, quien, siendo apenas una adolescente, se escapó de un internado de monjas, huyendo del maltrato cruel al que eran sometidas las mujeres en dicho lugar, con tan mala suerte que la libertad a la que aspiraba se convirtió en una cárcel

aún peor, al conocer a Libardo, su victimario. Este hombre violento, una noche, con la complicidad de otras mujeres, la hizo perder la conciencia, emborrachándola, para después llevársela y violarla. Fue así como la obligó a permanecer a su lado como “su mujer”, ante la indiferencia de casi todas las personas que la rodeaban.

La joven es violada, condenada a pasar días de hambre, golpeada, obligada a parir a la fuerza por un hombre a quien la comuna entera (barrio de Medellín) le tenía miedo, pues era, además, un asesino, miembro de una peligrosa pandilla que realizaba atracos y violaba niñas.

El cruel maltrato al que han sido y siguen siendo sometidas por animales machistas, muchas mujeres en condición de extrema pobreza en el país, es lo que Gaviria busca denunciar en su última película, pero al parecer, a las y los colombianos no les interesa aún, enfrentar esta triste realidad.

a condena a Rafael Uribe Noguera, ha creado cierta polémica acerca de la necesidad de imponer penas más altas a los delitos contra menores y mujeres. De hecho, últimamente, se exige la cadena perpetua para quienes cometen actos de violación sexual a menores de edad.

El caso de Uribe Noguera, como otros representativos, ha sido resuelto con la imposición de una fuerte condena, pues las reformas al Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley Rosa Elvira Cely, la Ley Natalia Ponce, entre otras, están respondiendo a las quejas de la ciudadanía indignada, que exige mano dura para los responsables.

Es necesario tener en cuenta que ante las condenas no menores a 51 años en el caso de la condena de Rafael Uribe Noguera, por el feminicidio, acceso carnal violento y secuestro de la niña Yuliana Samboní, y teniendo en cuenta el promedio de vida de las y los colombianos, que la situación para el condenado

no se encuentra muy lejos de la cadena perpetua.

Esta pena ha sido la más alta en el país por el delito de feminicidio y siembra un precedente en esta nueva conducta penal, además constituye un importante avance al aplicar la justicia de los códigos la prevención del delito para proteger a los menores y a las mujeres víctimas.

Pero aun así, la impunidad sigue reinando. Pues, la Fiscalía informó que en los últimos diez años se han abierto 34.571 procesos relacionados con feminicidio (asesinatos de mujeres en relación con su género), para los cuales sólo se han presentado 3.658 condenas. Lo cual constituye una impunidad en alrededor del 90% de los casos.

Es por eso que, aunque la condena que recibió el asesino de la pequeña Yuliana Samboní constituye un ejemplo en estos casos, es alarmante la necesidad de tomar medidas más eficaces en cuanto al tema legislativo y a las políticas públicas, con el fin de lograr que se priorice la equidad de género y poner fin, de esta forma, a todas las violencias de las que son víctimas a diario, mujeres y niñas.

Internacional

Abril 5 de 2017

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El triunfo indiscutible del candidato de Alianza País, Lenín Moreno, en Ecuador, pone freno al avance de la ola neo derechista en América Latina.

Habrá continuidad en la obra social de diez años del presidente Rafael Correa ALBERTO ACEVEDO

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a derecha latinoamericana se quedó con los crespos hechos, como reza un dicho muy coloquial entre los colombianos.

Los planes que alentaban, no solo para detener el proceso de reformas sociales, conocido como el Buen Vivir, llevado a cabo por el presidente Rafael Correa, sino golpear el proceso de integración contra hegemónico, representado en el Alba, en Unasur, y otros proyectos, alentados por el expresidente Hugo Chávez, y de paso golpear otros procesos democráticos que perviven en Venezuela, Bolivia y otras naciones, se desvaneció en un instante con la derrota electoral del banquero Guillermo Lasso, en Ecuador.

Los resultados entregados a la media noche del domingo 3 de abril, por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, contabilizado el 99 por ciento de las papeletas en los centros de votación, dieron cuenta del triunfo indiscutible del candidato de la izquierda democrática. Lenín Moreno obtuvo el 51.16 por ciento de los votos, frente al 48.84 por ciento del candidato de la derecha, Guillermo Lasso.

Esta votación, de la que estuvieron pendientes todas las fuerzas democráticas de la región, permite no solo defender y consolidar el proceso de reformas democráticas avanzadas en el Ecuador, sino apuntalar los gobiernos progresistas que se mantienen en el continente y que resisten una feroz arremetida de la derecha internacional. Es un resultado que frena la marcha, hasta ahora incontenible de estas tendencias neoconservadoras.

Gran noticia para la patria Uno de los primeros en reaccionar ante los resultados de las urnas, fue el presidente Rafael Correa, quien dijo que estas elecciones son “muy importantes”, para ver si “retoma fuerza la tendencia progresista” en América Latina. Correa envió, al caer

Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador.

Ecuador

A la derecha se le aguó la fiesta la tarde, un twitter, en el que confirmó la “gran noticia para la Patria Grande.

La Revolución volvió a triunfar en Ecuador. La derecha fue derrotada, pese a sus millones y su prensa”.

Por su parte, el nuevo mandatario de los ecuatorianos, Lenín Moreno, se mostró eufórico. “Estoy muy emocionado. Hay una explosión de emociones en mi corazón. Al final de mi mandato quiero poder decir que se erradicó la desnutrición infantil, la pobreza extrema, la corrupción y la falta de emprendimiento juvenil”.

Unas horas antes de estas apreciaciones, el candidato de izquierda entregó unas declaraciones a la cadena de noticias rusa RT, en las que adelantó unas líneas generales de lo que serán sus prioridades de gobierno.

“Hace falta un estilo de mayor consenso, de menor confrontación”, puntualizó Moreno, en lo que será su impronta. Mostró su intención de “establecer buenas relaciones” con el gobierno de Trump en Estados Unidos, respetando

la voluntad del pueblo norteamericano, pero admitió que no tolerará “bajo ninguna circunstancia” que “se violen los derechos humanos de los migrantes”.

para no permitir el abuso con los recursos públicos. Insistió ante los periodistas en que si se comprueban hechos de corrupción, “quien quiera que sea irá a la cárcel”.

Logros de Rafael Correa Excepción de la regla Puntualizó que en política internacional, se sentará a conversar “con todo el mundo”, pero privilegiará a los países con los que Ecuador tiene mejores relaciones comerciales. En política interna, destacó los principales logros del actual gobierno de Rafael Correa, aunque dijo que es necesario mejorar algunos aspectos, como el mantenimiento del diálogo con otros sectores de la sociedad, el impulso al empleo a través del turismo, el fomento a la agroindustria y la generación eléctrica.

Refiriéndose a eventuales manifestaciones de corrupción, particularmente por la injerencia de la empresa Odebrecht, dijo que entre sus propósitos esta perseguir “a los corruptos de ayer y de hoy” con leyes más fuertes,

El triunfo del proyecto político de Alianza País se da después de retrocesos de los gobiernos progresistas en varios países, especialmente en Argentina y Brasil, y de las dificultades que afronta el gobierno bolivariano de Venezuela. En este sentido, Ecuador aparece como una especie de excepción a la regla.

“En un momento en el cual el neoliberalismo está hablando de fin de ciclo de los procesos progresistas, la victoria de Alianza País representa un golpe frente a esa tendencia”, dijo Alejandro Fierro, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Celag y profesor universitario.

Paraguay

Quiebre institucional

L

a violenta protesta en la tarde y noche del pasado viernes 31 de marzo frente a las instalaciones del parlamento, en Asunción, centro administrativo y político del Paraguay, mostró la enorme indignación del pueblo de ese país, ante la encerrona legislativa que pretende habilitar un proyecto de reelección presidencial, en favor del actual mandatario, Horacio Cartes, que goza de enorme desprestigio entre la población.

Apenas unas horas antes de la protesta popular, un grupo de 25 senadores, entre miembros del partido

gobernante y algunos aliados políticos, representantes del bipartidismo tradicional, dieron paso a una iniciativa legal que aprueba la reelección.

La sesión del grupo parlamentario se dio a puerta cerrada. La intención era, ni más ni menos, que dar una especie de golpe parlamentario para perpetuar el mandato del actual gobernante.

Una cosa extraña dentro de la práctica política paraguaya, es que la iniciativa contó con el apoyo de la fracción parlamentaria Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, que en el pasado reciente había sido desalojado

del poder por una conspiración de la burguesía que ahora quiere perpetuarse en el gobierno.

Que se vayan todos La fracción parlamentaria que aprobó la enmienda, pertenece a los partidos Colorado y Radical Liberal Auténtico, PLRA, que hunden sus raíces en gobiernos dictatoriales del pasado, especialmente de la administración del tirano Alfredo Stroessner.

La alianza de la derecha tradicional, y el sector pretendidamente ‘izquierdista’ de Lugo, no pensaron que el pueblo iba a reaccionar de la manera en que lo hizo. La verdad es que la población está harta de una gestión de gobierno neoliberal, que somete al

hambre y a la miseria a amplias franjas de la población paraguaya. La ira de las gentes se expresó en el rechazo a la medida reeleccionista y la gente se volcó a las calles y de manera airada apedreó primero, y luego incendió la sede parlamentaria.

El mensaje popular es claro: “estamos cansados de que nos engañen”.

La protesta tuvo una particularidad: miles de campesinos llegaron hasta la sede parlamentaria, y se sumaron a una multitud de jóvenes estudiantes y trabajadores asalariados. Exigieron de inmediato la renuncia de Cartes. “Que se vayan todos”, fue la consigna que mas se gritó durante la jornada, en un acontecimiento político que marca una ruptura institucional que ya se venía incubando.

Social

Abril 5 de 2017

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La pobreza y la desigualdad amenazan la democracia Colombia está lejos de superar la triste realidad del atraso y la pobreza. La discriminación y la concentración de la riqueza son serios obstáculos UNIDAD INVESTIGATIVA

E

l Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, acaba de revelar las cifras del comportamiento económico y social del país en 2016 en que reconoce la disminución de la riqueza, pero en medio de cifras contradictorias que chocan con las que presentan otras entidades del Estado colombiano y de organimos regionales e internacionales.

Sin embargo, para el Gobierno Nacional y para el DANE mismo las cifras dejan preocupaciones porque “la pobreza hubiera podido ceder más”, pero la Casa de Nariño no ocultó el frenesí porque los programas oficiales, según sus inquilinos, le están torciendo el cuello a la miseria y al atraso.

Según el DANE, la pobreza multidimensional en 2016 fue de 17.8 por ciento, es decir, se redujo en 2.4 puntos con relación a 2015. Con estas cifras, celebran en las alturas gubernamentales, que la pobreza pasó de 5.609.000 personas en 2010 a 4.068.000 en 2016.

Casi un millón y medio de menos pobres en cinco años en las alegres cifras oficiales.

De otra parte, la pobreza monetaria en 2016 fue de 28%, mientras que en 2015 fue de 27.8 por ciento. La pobreza extrema es de 8.5 por ciento. En las cabeceras municipales pasó de 7.9 por ciento en 2015 a 8.6%. Y en los centros poblados en 2016 fue de 18,1 % y en 2015 de 18 por ciento. El aumento, según dicen, fue debido a la inflación del año pasado.

Para efectos de una mayor comprensión citamos las definiciones del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá de los conceptos de pobreza monetaria y pobreza multidimensional: Pobreza monetaria: “El cálculo de la pobreza monetaria se realiza desde una perspectiva unidimensional, esta consiste en medir a los pobres desde la dimensión del ingreso como única aproximación al bienestar económico.

En esta metodología se definen dos umbrales: la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema (antes llamada de indigencia). Estas líneas definen el ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes considerados indispensables para el hogar. Estos umbrales comparados con el ingreso del hogar definen a los pobres y no pobres, así como a los pobres extremos.

Pobreza multidimensional: “Esta medición surge como complemento de los indicadores de pobreza medidos por ingresos. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,

El atraso económico y social, debido a la exagerada concentración de la riqueza, genera pobreza en la población colombiana. Foto J.C.H.

un índice de pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Para su cálculo, se utilizan los micro-datos de las encuestas de hogares, y en nuestro país, los resultados se derivan de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida- ENCV- que realiza anualmente el DANE, donde se miden cinco dimensiones y 15 indicadores”.

Cuentas alegres En la encuesta última del DANE es en la pobreza monetaria donde no le va bien al Gobierno, porque disminuye el ingreso en forma leve, según dicen debido a la inflación, pero estudios estructurales revelan que al 61.7% de los colombianos el ingreso solo le alcanza para subsistir. La encuesta deja ver situaciones catastróficas como el caso del Chocó donde el 50 por ciento de la población es pobre. Así como en el campo la pobreza es del 40 por ciento.

Otros datos: El desempleo es del 10.5 por ciento; el Producto Interno Bruto es del 2.0% (para el Banco de la República es del 1.59%) y el Índice de Precios al Consumidor fue de 1.01 en febrero de 2017.

La población colombiana es de 47.343.000 habitantes y la Población Económicamente Activa (PEA) es de 24.290.690. El 68% de la PEA es informal. No son trabajadores formales en el estricto sentido de la palabra. Tienen un empleo inestable y sin seguridad social en su mayoría.

El coeficiente Gini pasó de 0.522 en 2015 a 0.517 en 2016 en el total nacional. “El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini.

Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para

medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno)”.

En el caso de Colombia es evidente la desigualdad pues se acerca más a 1 y está lejos de 0. Se deriva del desempleo, de los bajos salarios, bajo nivel de escolaridad, de la corrupción y de la exclusión a sectores regionales y “minorías”.

De la PEA el 32.9 % tiene educación media; el 23.3% la primaria; el 6% la básica secundaria; el 10.9% la técnica profesional o tecnológica; el 7.7% universitaria; y el 3.3% postgrado.

La desigualdad Colombia es uno de los países con mayor índice de desigualdad en el mundo. Así lo aseguran organismos internacionales y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de las Naciones Unidas. Según esta, la concentración de la riqueza es superior a las cifras oficiales. El 1% de la población concentra el 40% de la riqueza y del ingreso. El 60% restante se distribuye entre el 99% de la población colombiana.

Para el DANE y por ende para el Gobierno Nacional una persona que tiene un ingreso de $211.807 supera la línea de pobreza, algo totalmente absurdo, pues esa suma ni siquiera llega a la mitad del valor de la canasta familiar, Colombia tiene uno de los gastos sociales más bajos del planeta, afectado por la economía de guerra y el enorme gasto militar que no se reduce ni siquiera con los anuncios exitosos de los

procesos de paz, tanto con las FARCEP, ya firmados, como con el ELN en trance de lograrlos a través de los diálogos en Ecuador. Hay un esfuerzo muy limitado para combatir la pobreza. Los contrastes son alarmantes en ciudades como Cartagena de Indias en donde la ciudad histórica, abierta al turismo internacional, nada tiene que ver con los cinturones de pobreza cerca del centro de la capital de Bolívar y en la periferia.

La pobreza ¡ahí!

La pobreza extrema está ahí. No cede en las grandes ciudades y en el campo, una industria desmantelada y un campo precarizado y olvidado, alberga cuadros de atraso, desolación e indigencia. En Bogotá la represión contra la Calle del Cartucho o el Bronx no sacó de la circulación a los pobres que las habitan y menos aún a las mafias de delincuentes atrincheradas en estas “poblaciones”, las diseminaron por la ciudad y hoy existen pequeños cartuchos o Bronx que reflejan que la Bogotá del futuro está afectada por estos dramáticos fenómenos sociales.

Son factores sociales tratados a través de la represión y la discriminación, que afectan la democracia y la justicia social. Son realidades de la Colombia del siglo XXI que busca con afán la paz, pero que será difícil consolidarla si no está acompañada de democracia y mejores condiciones sociales.

Difícil lograr justicia social con la aplicación de la política neoliberal y de un capitalismo salvaje que arrasa con los derechos de los trabajadores y del pueblo en beneficio de los grupos económicos, del capital financiero, de las transnacionales y del pequeño círculo oligárquico que domina el poder y está al servicio del imperialismo de Estados Unidos.

Jaque mate

Abril 5 de 2017

C

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lavos alientes

Sorpresa en Cónclave El cónclave en Cartagena en el cual el Gobierno de Juan Manuel Santos y los delegados de las FARC-EP, encabezados por el comandante Timoleón Jiménez, pasaron revista a los primeros cien días de la vigencia del Acuerdo Final de La Habana. La reunión transcurrió en forma tranquila y constructiva, pero tuvo momentos de tensión porque los insurgentes reclamaron por el retraso en la implementación del mismo, incluyendo la demora en la entrega de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, ZVTN. Una de ellas fue cuando el presidente Santos se sorprendió porque pensaba que las ZVTN estaban ya en su mayoría entregadas. ¿Desinformado el mandatario? ¿Le ocultan información sus funcionarios? ¡Averígüelo Vargas!

Pacho y sus mentiras De nuevo Pacho Santos y sus mentiras. Se ha hecho famoso por presentar informaciones y fotografías extranjeras por las redes sociales, haciéndolas participar por nacionales. En la marcha del cinismo en Montería, el senador Daniel Cabrales, sin inmutarse, responsabilizó a las FARC de la tragedia de Mocoa porque según él fue causada por una dinamita que la guerrilla dejó en la cabecera del río Mocoa. Pronto se derrumbó la mentira y el bobarrón del senador se retractó y reveló que la fuente fue Pacho Santos. Es la estrategia de mentir en las campañas publicitarias para causar rabia en los ciudadanos, le dio resultado, como ya se sabe, en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

Continúan de avivatos estos uribistas tramposos.

Encuestadoras en Ecuador Fracasaron las encuestadoras de Ecuador. A boca de urna hicieron las encuestas el domingo 2 de abril pasado en las elecciones presidenciales, y todas, con la excepción de una, dieron como ganador al candidato derechista Guillermo Lasso. Los porcentajes que dieron para el ganador y el perdedor fueron los mismos, pero a la inversa, favorecieron a Lenin Moreno y no al banquero derechista.

Encuestadoras manipuladoras. De hecho se abrió un debate en Ecuador sobre su papel real, que se extiende al de los medios de comunicación privados.

Mal rato del senador El otro a quien no le va bien es al jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, después de conocido el derecho de petición de su exministro Diego Palacios, quien confesó que la reelección del Presidente Uribe para 2006 había sido comprada.

Lo que negaron por años se pudo conocer mediante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Palacios reconoció su responsabilidad, pero además aseguró que está dispuesto a decir toda la verdad, solicitará la revisión de su proceso por los jueces de la JEP y pronto podría recobrar su libertad. Muchos uribistas seguirán ese camino.

La frase de la semana

Vladdo y Daniel Samper El caricaturista Vladdo y el periodista y columnista de Semana Daniel Samper Ospina, decidieron hacer un video sobre la marcha del cinismo.

Asumieron el riesgo de ir en ella desde el parque Nacional. Pero la jauría uribista se les vino encima y los insultaron una y otra vez con los peores epítetos que quedaron grabados. Al final tuvieron que abandonar la marcha, pero hicieron un trabajo presentado en redes sociales, que desnuda a la nueva alianza de Uribe, Ordóñez y Cia., con Popeye, el sicario de Pablo Escobar. Como dijo Iván Cepeda en un tuiter: “Faltaron los 12 apóstoles”.

“Marzo, el mes con menos homicidios desde 1979 en Medellín”.

Titular en la web de El Tiempo.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

Cultural

Abril 5 de 2017

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El compromiso político del teatro colombiano RENATA CABRALES

E

l teatro político fue una expresión cultural de los años sesenta y setenta en América Latina, especialmente en Colombia.

Fue una iniciativa de las artes escénicas de expresar la realidad de nuestros países “tercermundistas”, para evidenciar la injusticia social y las causas históricas-sociales de la condición de colonización imperial en la que vivimos.

Encontramos por ejemplo, al histórico teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García con una de sus grandes obras “Guadalupe años cincuenta” que expresa momentos importantes de la historia del país, lo que la hace un imprescindible referente del teatro nacional. Este ingrediente histórico ha facilitado un vínculo entre la política y el arte, obligando a los artistas de teatro a no ser ajenos a la situación sociopolítica que vive el país, así mismo logra que desempeñen un papel importante dentro de los procesos de transformación social, más aún en este momento de implementación de los acuerdos de La Habana, para alcanzar una paz estable y duradera.

La maestra Patricia Ariza muestra su preocupación por la situación del Teatro La Candelaria y advierte que el maestro García, por problemas de salud ya no los puede acompañar, que uno de sus fundadores, Francisco Martínez, falleció hace poco y que además, el teatro fue excluido de las salas concertadas del Ministerio de Cultura, lo que hace que reciba menos apoyo económico por parte de esta entidad del Estado.

Los primeros grupos de teatro político Muchos son los teatros de corte político y social que surgieron en esa época de grandes cambios, fue el Teatro de Cali, dirigido por Enrique Buenaventura, autor, director, ensayista, poeta, promotor teatral, pintor y teórico del teatro, quien desarrolló

Obra El Qujote, del Teatro La Candelaria.

una dramaturgia propia, pero influenciada por Valle Inclán, el teatro épico de Bertolt Brecht y mantuvo, además una constante exploración en temas y personajes colombianos y latinoamericanos.

Surgieron en Bogotá, grupos teatrales, aparte del Teatro La Candelaria, como el Teatro “La Mama”, creado en un principio por Kepa Amuchastegui, en afinidad con el teatro experimental “La Mama” de Nueva York. Entre sus montajes más destacados se encuentra su obra Los tiempos del ruido.

En 1970 inició su trabajo artístico y productivo el Teatro “El Local”, del

cual ha sido director, desde sus inicios, Miguel Torres, actor, director, dramaturgo y escritor. Entre sus primeros trabajos destaca la obra La Siempreviva, inspirada en el tema de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, a finales de 1985.

En 1968 fue creado el Teatro Popular de Bogotá (TPB), por un grupo de directores formados en la escuela de teatro de Praga, Checoslovaquia, Jaime Santos, Rosario Montaña y Jorge Alí Triana, quien dirigió el grupo hasta su final. Entre sus creaciones más importantes: I Took Panama, sobre la separación de Panamá de Colombia en 1903,

dramaturgia de Luis Alberto García y dirección de Jorge Alí Triana.

Para la dramaturga Patricia Ariza, la situación de Colombia y del mundo es propicia para la creación. El teatro, afirma, puede ayudar enormemente a reconstruir el tejido social roto por el desafecto y la violencia.

Así mismo, según Ariza, el arte ha ofrecido todas sus herramientas para sensibilizar, y denunciar, también para convertir en fuerza el dolor padecido por las víctimas del conflicto armado y es por eso que esta nueva etapa, la de la paz, que afronta el país, no puede prescindir de la presencia de las y los artistas.

Movimiento 27 de marzo

Audiencia de artistas en el congreso, el 27 de marzo pasado.

Es por eso que el 27 de marzo, día del teatro, los artistas se movilizaron y así mismo llevaron a cabo una audiencia en el congreso de la república con el fin de elevar ante el presidente Juan Manuel Santos sus voces de indignación y proponer unos puntos que buscan una salida urgente “al desencuentro cultural y ayudar al país desde la cultura a la construcción de la paz y de la justicia cultural como parte de la justicia social…Pero también venimos a iniciar un diálogo reiteradamente aplazado entre el gobierno y los artistas para que el trabajo creador sea reconocido y dignificado”.

Uno de los puntos a reclamar es que se cree un colectivo de artistas, conjuntamente con expertos en legislación, para que elabore el plan nacional de cultura a 15 años. Un plan que corresponda a las verdaderas necesidades del país y de los artistas.