Filantropía y Donaciones en Chile: Pasado, Presente y Futuro

FILANTROPÍA Y DONACIONES EN CHILE: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

FILANTROPÍA Y DONACIONES EN CHILE: PASADO, PRESENTE, FUTURO

© Corporación Patrimonio Cultural de Chile, 2017 © Ximena Abogabir, Magdalena Aninat, Josefina Araos, Sebastián Guerrero, Maricela González, Ignacio Irarrázaval, Felipe Machado, Macarena Ponce de León, María Soledad Zárate, 2017

Agosto de 2017

ISBN 978-956-8797-09-6

Dirección editorial: Elena Cruz

Edición de textos: Pablo Riquelme

Diseño y diagramación: Max Grum

Producción editorial: Rosario Garrido

Gestión de archivos: Javiera Anabalón

Imagen de portada: Archivo de imágenes de La Protectora de la Infancia

Agradecimientos: Directorio de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Probono, Valeria Maino, Olaya Sanfuentes, Patricia Arancibia, Cristóbal Joannon, Alejandra Wood, Pilar Aspillaga, María José Montero, Francisca Rengifo, Eva Méndez

Agradecemos el aporte de Ograma Impresores

Impreso en Chile por Ograma

FILANTROPÍA Y DONACIONES EN CHILE: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

IGNACIO IRARRÁZAVAL

MACARENA PONCE DE LEÓN

MARÍA SOLEDAD ZÁRATE / MARICELA GONZÁLEZ

FELIPE MACHADO / JOSEFINA ARAOS

XIMENA ABOGABIR

MAGDALENA ANINAT

SEBASTIÁN GUERRERO

ELENA CRUZ TURELL (ED.)

CORPORACIÓN PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE

¿Cuán importante es la filantropía para un país? En el estado actual de la sociedad, que tiende a fragmentarse en una infinidad de grupos de interés que demandan del Estado una solución a sus problemas, la filantropía surge como un valioso complemento a la satisfacción de las demandas sociales. Ella, además, representa la solidaridad, esencia de la cohesión social, la superación de las desconfianzas y la concreción de los valores humanos y sociales más preciados: la preocupación por el otro, aquel que necesita más que yo. En suma, no nos equivocaríamos al decir que sin filantropía no hay sociedad democrática que se sostenga.

La etimología del vocablo nos da un buen punto de partida. La palabra filantropía, de origen griego, dice relación con el amor a los hombres, un concepto parecido al latino evangélico de caridad. A medida que nuestra cultura ha ido estableciendo límites entre lo religioso y lo laico, entre lo espiritual y lo secular, la filantropía ha transitado hacia la responsabilidad, y la caridad hacia la solidaridad. Al mismo tiempo, los actos de filantropía, antes totalmente gratuitos y personales y en muchos casos anónimos, se han ido organizando en torno a instituciones privadas, con el reciente apoyo del Estado, que los facilita y estimula.

Con respecto a la gratuidad, ya el antropólogo Marcel Mauss, hace casi un siglo, la había puesto en entredicho al comprobar que detrás de cada donación había encubierta una cierta retribución al donante, ya fuera ésta real o simbólica, consciente o inconsciente. Hoy la gratuidad, si bien pocas veces se manifiesta como un gesto puramente altruista, se ha transformado, en el caso de las instituciones privadas con fines de lucro, en una exigencia ética de la sociedad, considerada necesaria para validarse en la comunidad en la que están insertas. Esto ha recibido el nombre de “responsabilidad social empresarial”. Así, el anonimato prácticamente ha ido desapareciendo.

La Corporación Patrimonio Cultural de Chile, creada para atraer donaciones y recursos públicos y privados hacia la protección y puesta en valor de la cultura de nuestro país, ha propuesto a un selecto grupo de especialistas y académicos que pongan al día la historia, la evolución y la actual situación de la filantropía y las donaciones en Chile, pues nos parece de capital importancia poner a disposición del público un libro que cubre las principales aristas de la filantropía. No sólo para informarse o saber más sobre el tema, sino también para actuar a partir de las sólidas ideas que exponen estos textos.

Después de una introducción que analiza el concepto de filantropía y las tensiones que ha sufrido ésta con los vaivenes del mercado y la merma de confianza entre instituciones y ciudadanía, los artículos que componen el volumen tratan sobre la historia de la filantropía en Chile: desde el período colonial, cuando estaba en manos de la Iglesia católica y la aristocracia criolla, pasando por el siglo XIX, cuando el Estado toma a su cargo e institucionaliza las antiguas obras de caridad –creando la beneficencia pública y tomando responsabilidad en la educación–, hasta el siglo XX, cuando el aumento vertiginoso de la población, la migración hacia las ciudades y la industria producen preocupación en el mundo público y privado hacia los más desposeídos. Así nacen instituciones tan importantes como el Hogar de Cristo y organizaciones sin fines de lucro, que en ningún caso hacen disminuir la acción de las instituciones religiosas y las personas naturales.

Las demás contribuciones se refieren a la actualidad, esto es, a una filantropía institucionalizada en las organizaciones sin fines de lucro, con miras al desarrollo de las comunidades o el medio ambiente en que están insertas, bajo los conceptos claves de responsabilidad social, sustentabilidad y valor compartido. También se expone el incentivo que el Estado proporciona a los entes que movilizan fondos en favor del interés de la sociedad y que las instituciones públicas no son capaces de satisfacer íntegramente.

Estas originales miradas hacia la filantropía exponen además valiosos ejemplos de otros países que llevan la delantera en torno a las donaciones, tanto desde el punto de vista de los estamentos públicos como del mundo privado. En este sentido, hay mucho que aprender y emular. Uno de los giros más relevantes que se ha producido es que existen instituciones y actividades culturales que funcionan sólo mediante pequeños aportes voluntarios de aquellos interesados. Así, en vez de que pocos aporten

mucho, son muchos los que aportan poco, llegándose a recaudar importantes sumas que sostienen a las instituciones y actividades.

Entre las muchas ideas que transitan por este libro, hay una especialmente importante y quizás no del todo conocida: Chile ha sido un país con una sólida tradición filantrópica. A lo largo de la historia del país, no hay período en que no haya estado presente la generosidad del mundo privado. Lejos de todo paternalismo coyuntural, lo que siempre ha primado ha sido más bien una apuesta de largo plazo. Esta perspectiva con visión de país debería hoy ser fortalecida. Este libro es, en buena medida, una invitación a ello.

La Corporación Patrimonio Cultural de Chile espera que este trabajo motive la reflexión acerca de la filantropía y estimule a todos los estamentos de nuestra sociedad a abrirse a este aspecto tan relevante de una comunidad que engrandece a quien dona y al país en general.

corporación patrimonio cultural de chile

FILANTROPÍA Y DONACIONES EN CHILE

IGNACIO IRARRÁZAVAL MACARENA PONCE DE LEÓN MARÍA SOLEDAD ZÁRATE / MARICELA GONZÁLEZ FELIPE MACHADO / JOSEFINA ARAOS XIMENA ABOGABIR MAGDALENA ANINAT SEBASTIÁN GUERRERO

Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:

REFLEXIONES INICIALES ignacio irarrázaval

La existencia de la filantropía hoy se encuentra, como siempre lo ha hecho, bajo diversas tensiones. Podría decirse que estas tensiones son de dos tipos. La primera de ellas es de naturaleza conceptual: ¿cómo delimitar un concepto que sirve para definir fenómenos heterogéneos? La segunda es de naturaleza identitaria: ¿cómo puede la filantropía sobrevivir ante las presiones provenientes de su entorno? A continuación intentaré referirme a ambas.

La tensión conceptual

En Chile, el uso de la palabra “filantropía” no es tan común como sí lo es el de las palabras “solidaridad” o “beneficencia”. Generalmente, el concepto de filantropía lo reservamos, como sucede también en el mundo anglosajón, para un tipo de acto específico: donar dinero en grandes cantidades; también, para referirnos a un tipo específico de organizaciones: las fundaciones filantrópicas o de donantes (Sanborn y Portocarrero, 2003). Esta comprensión del término tiene ciertos sesgos paternalistas: sería un acto reservado para personas de grandes fortunas y para contextos de necesaria asimetría: aquel que da y aquel que recibe se encuentran en condiciones de desigualdad, y quien recibe no es más que un actor pasivo de la donación.

No obstante, el concepto de filantropía también se utiliza en otro tipo de contextos. Por ejemplo, se ha empleado el término social justice philanthropy para referirse a un tipo de filantropía que busca promover la justicia social, es decir, que busca afectar los males “estructurales” de

la sociedad que generan inequidades en materia económica, política y social. Otro concepto bastante interesante y popular en el mundo anglosajón es la llamada venture philanthropy, referido a la aplicación de herramientas de la economía –específicamente el modelo de capital riesgo / capital privado– al sector de la filantropía. Sus características distintivas serían el involucramiento más activo de los donantes en las organizaciones beneficiarias y la búsqueda de resultados sociales demostrables. Se puede hablar también de filantropía corporativa, filantropía organizada, filantrocapitalismo, etcétera. La gama donde el término puede ser utilizado es amplia.

Otra alternativa a la hora de precisar de qué hablamos cuando hablamos de filantropía es aplicar el concepto de manera amplia, según dicta su definición más conocida: “Amor al género humano”. Esta definición nos pone en un plano aún más abstracto y general y suscita otras preguntas: ¿a qué nos referimos con amor?, ¿es posible amar al género humano?, ¿a quiénes aman los filántropos?

Tenemos, por lo tanto, un término empírico excesivamente limitado, referido a un tipo de acción específica asociada con figuras como Bill Gates o Rockefeller, o un concepto teórico sumamente amplio y cargado de sentimentalismo. Sin embargo, hay algunos trabajos académicos contemporáneos que nos entregan definiciones útiles para la palabra. Me inclino especialmente hacia la definición entregada por Lester Salamon, quien dice que la filantropía es la “donación privada de tiempo u objetos de valor –dinero, seguridad, propiedad– con propósitos públicos” (1992). Esta definición me parece especialmente valiosa, pues no limita el concepto ni a un tipo específico de donación ni a un tipo específico de organización y, además, nos entrega un factor adicional: el propósito público de la donación, es decir, el enfoque que tiene la filantropía hacia el bien común.

Si hablamos de la filantropía como un acto de amor, entonces nos referimos a un amor concreto: una empatía que conmueve y que, por lo tanto, impulsa a la acción, a la innovación en materia social, al involucramiento con un otro a quien reconozco y a quien respondo. Es, pues, un amor que surge del vivir en sociedad y que se enfoca en el bien común. En este sentido, la filantropía es un tipo específico de solidaridad, de hacerse parte del desarrollo y de aquello que es de todos. Por otra parte, al estar en el terreno del amor, la filantropía nos pone en el ámbito de la gratuidad, es decir, en el hecho de que aquello que doy, lo doy

desinteresadamente, sin que el otro me lo pueda exigir y sin esperar una retribución. Es, pues, un hacerse parte libre y voluntariamente. Todo acto de filantropía es un dar “porque sí”, distinto al “dar para tener”, propio de la lógica del mercado, y al “dar por deber”, propio de la lógica del Estado.1

Con el desarrollismo y la modernidad, las palabras “gratuidad” y “don” fueron desapareciendo de nuestro vocabulario. El acto de dar desinteresadamente, sin ánimo de lucro (recordemos que no nos referimos sólo a dar dinero), comenzó a ser visto con cierta sospecha. En la tradición marxista, se cree que el acto de dar esconde una especie de dominación: al dar, convierto al otro en un deudor y lo someto a mí a través de aquella deuda; la filantropía sería una “máscara humanitaria”2 tras la cual se esconde una verdadera represión. Por otra parte, en la tradición cercana al neoliberalismo se cree que, tras el acto de dar, siempre existen intereses ocultos. En la economía se ha popularizado la frase there is not such thing as a free lunch, es decir, nadie te dará nada porque sí.

Estas ideas, sin embargo, tienen poco sustento en la práctica. Basta observar nuestra historia nacional en los siguientes capítulos del libro o nuestras prácticas cotidianas para darnos cuenta de que el dar desinteresadamente constituye una forma típica y natural de nuestra vida en sociedad.3 (Lo vemos en cada catástrofe: frente a los incendios, terremotos e inundaciones, surge en las personas una voluntad de solidaridad espontánea.) A su vez, las lógicas que se dan dentro de la familia son lógicas de don; y las ideas y opiniones intercambiadas en el plano de lo público también son formas de donación. Por supuesto, los miles de organizaciones no lucrativas e iniciativas de voluntariado que operan a lo largo del país no pueden ser consideradas iniciativas interesadas, pues en ellas prima un interés público por sobre el privado.

1 Dice el papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: “Cuando la lógica del mercado y la lógica del Estado se ponen de acuerdo para mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de influencia, se debilita a la larga la solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos, la participación, el sentido de pertenencia y el obrar gratuitamente, que no se identifican con el ‘dar para tener’, propio de la lógica de la compraventa, ni con el ‘dar por deber’, propio de la lógica de las intervenciones públicas, que el Estado impone por ley (...). El binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mientras que las formas de economía solidaria, que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad” (2009).

2 Concepto utilizado por Slavoj Žižek en el artículo “Nobody has to be vile” (2006).

3 Marcel Hénaff desarrolla esta idea en “El precio de la verdad” (2010).

Para acotar nuestro concepto, entonces, hemos dicho que la filantropía es donación gratuita, no sólo de dinero, y que aquella donación tiene un interés público. Este último punto, el enfoque público, es clave a la hora de delimitar nuestro concepto, pues nos hace alejarnos de una concepción de filantropía paternalista, vinculada con la limosna. Con interés público nos referimos a un sentido genuino de colaboración con lo que es común, donde a todos –ricos o no– les toca una parte. La filantropía pasa a entenderse como una manifestación de la sociabilidad del hombre, la cual es tan radical que nos muestra cómo los hombres parecieran por naturaleza inclinarse hacia el bien que es común a todos. La filantropía nos compete a todos porque el desarrollo nos compete a todos, es una vocación universal. Como es difícil agrupar en un solo concepto todos los actos de donación con propósito público que pueden darse en una sociedad, es útil acotar esos actos a la filantropía organizada, es decir, a la acción ejercida por el tercer sector o sociedad civil. Filantropía será, en estos términos, el acto propio de la sociedad civil. Las características de la sociedad civil ya serán descritas posteriormente por Felipe Machado y Josefina Araos, quienes detallan los cinco elementos fundamentales de las organizaciones sin fines de lucro obtenidas del trabajo del Nonprofit Project de la Universidad Johns Hopkins. La filantropía es, en definitiva, un acto de la sociedad civil, un acto libre, autónomo y desinteresado, y precisamente esas características lo alejan de los actos de las otras esferas de la sociedad.

Además de estas características propias, existen ciertos valores que, de acuerdo a un estudio desarrollado por el Center for Civil Society Studies de la Universidad Johns Hopkins, harían que las organizaciones de la sociedad civil sean especiales (Salamon y otros, 2012). Éstos son:

–El empoderamiento (empowering). Las organizaciones de la sociedad civil tienen una enorme capacidad de empoderar a sus participantes, quienes se unen a las organizaciones de manera voluntaria. De esta forma, contribuyen al discurso público, proveen oportunidades para el compromiso cívico y movilizan y empoderan a los ciudadanos como ningún otro programa.

–La productividad (productive). Aunque es un valor fuertemente asociado a las empresas, lo adicional de esta productividad es que se desarrolla en esferas de la sociedad muchas veces no abarcadas por el mercado. La presencia de las organizaciones de la sociedad civil contribuye a la creación de trabajo y valor económico, a la movilización de bienes para resolver problemas públicos y al mejoramiento de la vitalidad de la economía local.

–El enriquecimiento (enriching). Las organizaciones de la sociedad civil les dan expresión a valores humanos centrales; entregan a las personas oportunidades para aprender y crecer; fomentan el desarrollo intelectual, científico, cultural y espiritual; preservan la cultura y la historia; y promueven la creatividad.

–La capacidad de respuesta (responsive). Las organizaciones de la sociedad civil son especialmente buenas respondiendo a comunidades y a nuevas necesidades que ni el mercado ni el gobierno abordan. Además, son flexibles para perseguir enfoques innovadores cuando se necesitan.

–El cuidado (caring). Las organizaciones de la sociedad civil encarnan el valor del cuidado y el servicio, sirviendo a comunidades que no son atendidas, proveyendo de servicios y programas de bajo costo a poblaciones desventajadas, y teniendo un enfoque puesto en la comunidad.

–La eficacia (effective). Las organizaciones de la sociedad civil proveen de programas y servicios de alta calidad a costos razonables, haciendo diferencias en la vida de los individuos y las comunidades.

–La confianza (reliable). Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil destacan por su resiliencia, manteniéndose en pie en los buenos y malos momentos, y operando en una forma confiable y transparente.

La tensión identitaria

He dicho también que la filantropía se encuentra en medio de una tensión de tipo identitaria. ¿Por qué identitaria? Porque, ante las presiones exteriores, muchas veces su identidad –el ser desinteresada, libre y autónoma– debe transarse. Que las obras filantrópicas se encuentren tensionadas no es una novedad. Desde los primeros tiempos, estas obras han tenido una especie de “doble identidad” o “identidad múltiple” en conflicto: son desinteresadas, pero operan en una economía de mercado orientada al lucro; son sostenidas por personas que actúan de forma voluntaria, pero se espera que satisfagan ciertos estándares profesionales de rendimiento y calidad; son parte del sector privado, pero sirven para propósitos públicos importantes; son impulsadas con intenciones altruistas, pero muchas veces son foco de críticas y sospechas.

Hoy, las tensiones se han hecho incluso más poderosas y empujan a las organizaciones hacia diversas direcciones. Es necesario tenerlas en cuenta para poder contribuir a la conservación y al desarrollo de la

filantropía desde su identidad. ¿Cuáles son las principales tensiones con las que se enfrenta? De acuerdo con Salamon (2003), cuatro tensiones parecen especialmente significativas y están teniendo consecuencias en los roles que desempeñan estas instituciones, en las estrategias que utilizan para su operación, en sus principales grupos de referencia, en sus estructuras organizativas, en sus estilos de gestión y en sus recursos base. Los riesgos que corren las organizaciones de la sociedad civil apuntan al corazón de lo que las distingue: su identidad, su misión y su habilidad para conservar la confianza en la sociedad.

La primera tensión podemos observarla en un momento especialmente crítico para toda institución: cuando debe elegir entre continuar por el camino trazado en su misión fundacional y adoptar un camino alternativo que le asegure su supervivencia económica y el cumplimiento de ciertos estándares exigidos por la sociedad. El impulso del profesionalismo y el énfasis puesto en el conocimiento especializado, la capacitación formal y la necesidad de contar con profesionales y expertos remunerados, han fortalecido de manera significativa las capacidades de las organizaciones en importantes aspectos, permitiendo tomarse en serio los objetivos a lograr y no tener que construir sobre el mero voluntarismo.

Las exigencias de profesionalismo para la operación de las organizaciones filantrópicas, provenientes principalmente de la relación que tienen las organizaciones con el gobierno, muchas veces han puesto en riesgo el cumplimiento de la misión de las organizaciones. Ejemplos de esto son cada vez más frecuentes, especialmente cuando se trata de organizaciones de carácter religioso a las que, para asegurar su financiamiento o su supervivencia, se les exige que eliminen los rasgos religiosos de su operación, y se ven obligadas a suprimir imágenes o prácticas y ritos religiosos, como la oración. Los requisitos y condiciones externos van transformando a las organizaciones, presionándolas para que adquieran un estilo técnico, segmentado, secular, jerárquico y formal, y se parezcan cada vez más a los servicios públicos y operen como si fueran uno de ellos. La gran diferencia con estos servicios pasa a ser su administración de tipo privado.

Una segunda tensión es la del voluntarismo. Ésta es quizás una de las tensiones más importantes, pues encarna uno de los valores más distintivos del sector: su función de ser el vehículo para que las personas expresen una enorme variedad de valores sociales, culturales y religiosos, y que, a través de ellos, lleven a cabo sus iniciativas para el bien común. No

obstante, en los últimos años este impulso voluntarista ha sido asociado con una concepción ideológica del sector sin fines de lucro que lo presiona para actuar sólo en base a impulsos voluntarios y altruistas, donde cualquier dejo de beneficio personal es visto con sospecha. Se presiona a las organizaciones filantrópicas para que sean sostenidas exclusivamente por voluntarios, pues que alguien sea remunerado dentro de ellas es mirado con desconfianza. También se presiona para que las organizaciones sean apoyadas exclusivamente por donaciones, pues, si existe autofinanciamiento, entonces se cree que puede haber lucro involucrado.

La tensión hacia el voluntarismo se ve especialmente potenciada por la comúnmente conocida y nombrada crisis de confianza. El primer índice de valoración de la sociedad civil de Chile, realizado en el marco del proyecto Sociedad en Acción (2016), señala que, aunque la sociedad civil no se ve tan afectada por la crisis de confianza como lo están el sector público y el sector lucrativo, existiría cierta percepción de parte de la población de que las organizaciones de la sociedad civil no actúan en base a sus propios fines y valores, sino que están supeditadas y cooptadas por diversos motivos políticos o económicos. De esta forma, la existencia de alianzas de colaboración con el sector público o el sector lucrativo, por beneficioso que pudiera llegar a ser, es vista con recelo y castigada en términos de confianza.

El voluntarismo tensiona a las obras filantrópicas para que adquieran un estilo tremendamente normativo y poco profesional, flexible e informal, lo que las mantiene muchas veces estancadas dentro de cierto “amateurismo”. A su vez, el voluntarismo, por definición,4 lleva a las organizaciones a desear ir más lejos de lo que sus capacidades reales le permiten, permaneciendo envueltas en cierto idealismo que no les permite avanzar en la profesionalización.

Una tercera tensión que afecta a las organizaciones filantrópicas es la creencia de que éstas, al proveer bienes y servicios, no hacen más que mantener una suerte de statu quo y perpetuar las injusticias, ya que al entregar estos beneficios pueden tener una mirada paternalista que proporciona soluciones, más que una mirada centrada en el cambio social. Por lo mismo, se presiona para que la única actividad de las organizaciones filantrópicas sea el activismo cívico: la presión social y política para alterar

4 La RAE define el voluntarismo como una “actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales”.

las estructuras de poder. Por supuesto que en nuestra historia han existido diversas organizaciones filantrópicas dedicadas a la promoción o defensa de diversos aspectos del interés público (advocacy), que han influido decisivamente en visibilizar ciertos problemas y en la superación de injusticias. No obstante, esta tensión no reconoce las características distintivas de una organización filantrópica prestadora de servicios que hacen que aquellos bienes y servicios que entregan sean especialmente valiosos y distintos a los bienes y servicios que pueden provenir del sector público. Se plantea entonces la necesidad de eliminar los servicios provenientes del sector no lucrativo como condición previa para alcanzar condiciones de mayor justicia social. Se exige la adquisición de un estilo participativo, de empoderamiento y, muchas veces, de confrontación frente a los poderes fácticos.

Esta visión que se tiene de las organizaciones sin fines de lucro niega, a su vez, la posible complementariedad entre el rol expresivo y el rol de prestación de servicios que pueden adquirir las organizaciones. Muchas veces, a través de la prestación de servicios también se logra influir en la visibilización y defensa de ciertos temas, ya sea indirectamente o como un objetivo explícito de su misma misión. Son muchos los casos en que esto sucede y un par de ejemplos son las organizaciones Coaniquem y María Ayuda. En ambos casos, la labor no sólo se centra en la rehabilitación, acompañamiento y reparación de niños quemados y maltratados, respectivamente. Estas instituciones también han ejercido, a través de su historia, una importante labor en la visibilización y prevención de estas realidades, realizando acciones propias de una organización con rol expresivo, como el desarrollo de investigación, campañas publicitarias, capacitación y exposiciones.

Finalmente, en los últimos años se ha gestado una cuarta tensión: la del mercantilismo y el gerencialismo. Es una tensión que empuja a las organizaciones filantrópicas a poner énfasis en la eficiencia empresarial, la innovación y la contención de costos. Este impulso promueve un tipo diferente de profesionalismo, no el de la expertise, sino el de la capacidad de gestión y de optimización. Esto involucra el uso de la planificación estratégica, la medición cuantitativa de los resultados, la identificación de nichos de mercado y una mayor atención a la eficiencia operativa. En términos de ingresos, el impulso comercial empuja a las organizaciones a buscar fuentes de ingresos sostenibles que puedan atraer capital. Todos estos factores, sin duda, traen enormes beneficios y han permitido que

diversas organizaciones filantrópicas puedan expandirse y sostenerse; sin embargo, también conllevan riesgos. Éste es un impulso racionalista que hace primar el análisis de costos y beneficios por sobre otros factores que no necesariamente tienen un valor económico. Pueden, por ejemplo, no realizarse algunas prestaciones hacia sectores especialmente vulnerables, alejados o minoritarios, pues aquello no se considera rentable. Éstas son las tensiones que generan en la filantropía cierta crisis identitaria. Es necesario tener presente estas tensiones para impedir que las obras filantrópicas abandonen la defensa de su rol histórico, su identidad distintiva y su estilo heterogéneo.

Surgimiento y rol de la filantropía en Chile

A continuación intentaré reflexionar acerca de dos preguntas adicionales en torno a la filantropía: cómo surge y qué rol cumple en nuestra sociedad.

La primera pregunta, en términos históricos, quedará respondida en los dos primeros capítulos de este libro. En ellos llama la atención el profundo arraigo que tiene dentro de la sociedad chilena la conducta de dar. El dar desinteresadamente ha sido parte de nuestra historia y sigue siendo parte de nuestra cultura. En los capítulos históricos de este libro se ve cómo, a pesar de las grandes transformaciones que han sufrido las formas de filantropía en nuestro país, el acto de dar desinteresadamente, bajo la forma que sea, se mantiene vigente y vigoroso. El don es parte del ethos mismo de nuestra sociedad. Nuestro relato como país está construido en gran parte por hombres y mujeres que, a título personal o desde instituciones, han entregado su fortuna, su tiempo o su vida a la beneficencia. Detallados ejemplos nos muestran cómo los primeros hospitales, asilos, escuelas y obras sociales de todo tipo fueron llevados a cabo por la sociedad civil, principalmente por la Iglesia católica, mucho antes de que la ayuda social pasara a concebirse como un derecho.

Recién en el siglo XX la beneficencia pasó a considerarse como un asunto del que tenía que tomar parte el Estado, con la creación de los derechos sociales. Se establecieron instituciones públicas y políticas sanitarias, educativas y laborales y, con ello, las obras sociales cobraron un nuevo impulso de orden, profesionalización y focalización. Sin embargo, el importante y tradicional papel de las iniciativas privadas se mantuvo

vigente. Desde entonces, ambas esferas han actuado como aliadas y han logrado importantes avances en materia social. Me parecen especialmente interesantes los cambios en las formas de dar en nuestro país que destacan las historiadoras María Soledad Zárate, Maricela González y Macarena Ponce de León. Una primera transformación ha sido aquella referida a quien presta la ayuda: el filántropo. En un principio, se destaca cómo las obras filantrópicas estaban en manos de personas de grandes fortunas, principalmente hombres, que a título personal desarrollaban obras de beneficencia. Con el paso de los años, nuevos actores fueron involucrándose en esta práctica, especialmente mujeres, jóvenes, profesionales y administrativos de clase media, así como también organizaciones sociales. Este cambio en el perfil del filántropo, como se podrá ver, trajo también otras transformaciones. La ayuda en un comienzo estaba destinada a aquel necesitado cercano, quien por regla general era integrado a la propia familia. Con la complejización de la sociedad y la multiplicación de necesidades producidas por la migración hacia las ciudades, la ayuda fue haciéndose más impersonal y requirió de mayor profesionalización y orden. De esta forma, fueron integrándose criterios de segregación de la ayuda y, posteriormente, de focalización. Los objetivos también cambiaron. Primero, el necesitado era acogido y cuidado; se tenía un objetivo paliativo de la miseria, más que reparativo. Luego, la promoción del necesitado fue incorporándose como objetivo principal, lo que exigió una nueva profesionalización de la ayuda y un fuerte énfasis en la educación. Posteriormente, la prevención también fue incorporada como objetivo, lo que abrió campo a la investigación en materia social.

Magdalena Aninat, por su parte, nos entrega una mirada sobre el estado actual de la filantropía. Resulta especialmente interesante el análisis que realiza del llamado “cuarto sector”, el de la innovación social, donde las fronteras entre Estado, mercado y sociedad civil se van desdibujando y se ve cómo nuevos actores van tomando protagonismo en materia de filantropía.

La pregunta sobre el surgimiento de la filantropía puede responderse también desde un prisma filosófico que genera otras preguntas. ¿Es la filantropía una respuesta a las ineficiencias vistas en otras esferas de la sociedad?

¿O es más bien un complemento, independiente de las mismas? ¿Las organizaciones de la sociedad civil emergen para dar respuesta a preferencias individuales –de consumidores o de votantes– basadas en lo que dicta el

mercado? ¿O más bien el tamaño de la sociedad civil depende de la herencia cultural de un país? ¿Depende la filantropía de factores institucionales, culturales o económicos?

Una primera respuesta que se ha dado para explicar la existencia de la sociedad civil responde a un posible fracaso, ya sea del Estado o del mercado, para resolver ciertos desafíos sociales. Esta mirada plantea, por una parte, que el mercado es incapaz de distribuir y asignar adecuadamente los recursos, produciendo inevitablemente externalidades negativas en su operar, como la desigualdad o el desempleo. Por otra, nos señala que el Estado sería incapaz de ofrecer respuestas adecuadas a la demanda de bienes provenientes de la sociedad, especialmente en la medida en que las sociedades se vuelven más heterogéneas y complejas. En este sentido, se plantea que el sector sin fines de lucro y la filantropía se desarrollarían para mostrar independencia de ambos sectores y resolver sus imperfecciones.

La idea del fracaso del Estado o del mercado para explicar la existencia de la sociedad civil está asociada a la teoría de la acción racional, según la cual las personas tienden a maximizar su provecho individual y reducir los riesgos o costos. No obstante, esta idea se encuentra con dos limitaciones. En primer lugar, niega que la sociedad civil exista desde siempre como expresión de la sociabilidad humana. Su existencia no sustituye al Estado ni excluye el carácter mercantil; en vez de eso, podría decirse que complementa a ambos. En segundo lugar, esta idea nos presenta una mirada atomizada o –siguiendo el trabajo del sociólogo norteamericano Mark Granovetter (1992)– subsocializada de la persona, pues establece una independencia, una autonomía, de los individuos en relación a su accionar económico, como si cada uno de ellos pudiese hacer una elección independiente de los otros, marcar un conjunto de preferencias sobre la base de un fundamento meramente individual.

La existencia de la sociedad civil también puede atribuirse a la tradición cultural de un país, donde factores religiosos impulsan a las personas a generar lazos y tener comportamientos altruistas. Francis Fukuyama ha sido defensor de esta idea, desarrollada en su clásico libro Confianza, donde compara distintas sociedades y su nivel de desarrollo económico. El desarrollo de las sociedades lo explica por su capital social existente, el cual sería “el producto de comunidades preexistentes con normas morales y valores compartidos” (1996: 363).

Las tradiciones culturales, no obstante, pueden expresarse de diferentes formas dentro de una sociedad, y pueden ser fomentadas o inhibidas de acuerdo a los armados institucionales y las relaciones sociales y políticas que existen. Para Max Weber, las sociedades generarían un conjunto de normas y valores sociales que orientan el comportamiento de los actores y especifican el sentido social de ese comportamiento. El sentido que las personas dan a sus acciones estaría referido a un orden social determinado, a un orden social legitimado. La extensión de esta mirada weberiana ha sido desarrollada por Granovetter, quien señala que el sentido de las acciones es un sentido fuertemente condicionado por los vínculos que establecen actores sociales específicos (1992). Según este autor, existirían armados institucionales que fomentan la relación entre las personas y la creación de organizaciones privadas con fines públicos, mientras otros las inhibirían. Esta idea se conoce como la teoría de los orígenes sociales. Según ella, el tamaño de la sociedad civil dependerá del modelo político institucional y del rol que asuma el Estado en una sociedad.

La segunda pregunta planteada –¿qué rol cumple la filantropía en nuestra sociedad?– es especialmente relevante. Nuestra historia es sin duda una historia de dar. Grandes avances se han logrado en nuestro país a través de la iniciativa de personas e instituciones que han buscado reparar, de manera libre y desinteresada, la miseria que han visto frente a sus ojos. Antes de que el Estado asumiera el liderazgo en materia social, la sociedad civil no permaneció indolente. Tales soluciones, aunque insuficientes, han sido relevantes en el desarrollo social de nuestro país.

La filantropía y toda acción emprendida por la sociedad civil traen beneficios que van más allá del objetivo concreto que las iniciativas pueden perseguir. Si se tratara sólo de resultados, la sociedad civil, el mercado y el Estado podrían llegar a considerarse equivalentes. Sin embargo, en las lógicas de cada uno de estos actores se desenvuelve un montón de particularidades que vale la pena destacar. A continuación, mencionaré algunas de las particularidades de la filantropía y el trabajo de la sociedad civil.5

Una primera particularidad es la enorme ventaja que tienen las iniciativas privadas en materia social al contar con una mayor cercanía con sus beneficiarios. Esto las hace propicias para conocer sus necesidades, identificar los problemas y responder a ellos de forma específica. Nadie

5 Un mayor desarrollo de este tema puede encontrarse en Irarrázaval y Guzmán, 2000.

puede responder mejor a una familia que ha perdido todo debido a un incendio que su misma comunidad local. Ésta conoce a esa familia, a sus miembros, su forma de vida y, por lo tanto, aquello que más la apremia. Además de operar bajo una base local, las iniciativas privadas en materia social se desarrollan generalmente en contextos de necesidad donde el mercado no llega, proveyendo servicios y programas a poblaciones desventajadas. Las organizaciones de la sociedad civil operan en mercados que presentan externalidades positivas en el consumo, es decir, donde el nivel de consumo privado es menor al óptimo social. De este modo, muchas organizaciones han sido creadas justamente para proveer de bienes y servicios a aquellos que no pueden acceder a los mismos en el mercado –por ejemplo, el servicio de cuidado de ancianos– o a quienes, aun pudiendo adquirir privadamente ciertos bienes, no lo harían porque subestiman los beneficios de los mismos.

Otra particularidad es la enorme y siempre creciente diversidad de bienes y servicios que puede producir la sociedad civil a través de sus iniciativas. Los emprendimientos filantrópicos pueden ser tantos como ideas, necesidades detectadas y voluntades de ayudar puedan existir. Expresan con ello la diversidad social y, a su vez, amplían la red de proveedores de servicios existentes. Así, se rompe con el monopolio del Estado como proveedor único.

Una tercera particularidad se refiere a que la filantropía ha sido vehículo para la generación de diversas iniciativas de carácter colectivo. La intención de dar suma voluntades en torno a causas de interés común y con ello se acrecienta y potencia la sociedad civil. De esta forma, se contribuye al discurso público, se proveen oportunidades para el compromiso cívico y los ciudadanos se empoderan canalizando inquietudes y generando instancias de mediación entre el individuo y agrupaciones más amplias. La donación voluntaria es una de las expresiones más patentes de que vivimos en sociedad y de que nos necesitamos mutuamente para alcanzar objetivos. Fortalecer la sociedad civil ha sido un elemento que destacan diversos autores, principalmente Fukuyama y Robert Putnam, como clave para la estabilidad social y el fortalecimiento de la democracia.

Además de generar bienes a nivel de beneficiarios, la filantropía es una acción que en la práctica desarrolla valores humanos centrales, como el altruismo y la solidaridad. A través de la filantropía se manifiesta la sociabilidad y la capacidad creativa de las personas, es decir, su capacidad legítima de dar un aporte a la sociedad que es único. Más allá del bien o

el servicio prestado, el acto mismo de dar encierra una riqueza inigualable, y en él la persona se hace parte del desarrollo y del bien común.

El bien que genera la filantropía no es simplemente el monto de una donación, es mucho mayor. El acto de dar genera sociedad, establece vínculos, transmite cultura, construye patria. La donación enaltece y dignifica a quien da, y, en aquello que el individuo da, permanece su huella, que lo vincula de forma permanente con aquel que recibe. Macarena Ponce de León destaca, por ejemplo, la importancia que la filantropía ha tenido en nuestra historia para generar integración social. En un país fuertemente segregado como el nuestro, las múltiples obras sociales han permitido que realidades diversas se integren y se conozcan, incentivando a muchos a salir al encuentro del otro, de quien, en el anonimato de la ciudad, ya no me puedo compadecer.

He escuchado criticar a la filantropía por estar ella, supuestamente, marcada siempre por la desigualdad. Se dice que la filantropía pone en una posición superior a quien da, pues, para dar, debe necesariamente existir cierta asimetría. Pienso que esa crítica viene de aquellos que nunca han visto ni dimensionado la enorme cantidad de obras sociales que se dan en los mismos barrios, donde el agruparse para ayudar es una práctica tan (o más) natural como agruparse para realizar alguna actividad recreativa. Las actividades de beneficencia, como bingos, tallarinatas y ferias de las pulgas, son prácticas habituales y parte de la cultura misma de nuestro país. La mayoría de ellas, sin embargo, no se dan en un contexto de asimetría, sino más bien en un contexto de igualdad, donde quien da, muchas veces da lo poco que tiene, y en aquel acto se engrandece y dignifica de manera excepcional. En aquellas prácticas a pequeña escala nacen liderazgos locales, se generan vínculos entre los vecinos y se constituyen agrupaciones que permanecen a largo plazo. En este sentido, es interesante tener presente que los conceptos son dinámicos y se van reinterpretando. En el capítulo de Ximena Abogabir, en efecto, se reseña de manera sintética cómo el concepto de responsabilidad social empresarial ha ido incorporando la dimensión de la sustentabilidad, para llegar a una nueva forma de colaboración entre personas, empresas y sociedad civil, como es el valor compartido.

En el contexto de baja confianza por el que atravesamos como país, que nos está costando caro debido al deterioro que genera en las diferentes instituciones y en la convivencia social, las acciones de la sociedad civil cobran especial relevancia: la capacidad de dar gratuita y

desinteresadamente, de agruparse para alcanzar objetivos comunes y de hacerse cargo de lo público son actos que generan confianza. La confianza es producida no sólo como consecuencia de un mayor conocimiento e integración entre las personas, sino sobre todo porque a través de estos actos se va construyendo un nuevo relato sobre nosotros mismos, en el cual dejamos de vernos como un peligro para el otro, como el lobo de Hobbes, y pasamos a mostrarnos como aquello que somos: seres sociales, capaces de dar desinteresadamente y de responder a los demás.

En efecto, la confianza está constituida por dos tipos de expectativas que tenemos sobre los demás: una basada en su habilidad o capacidad para responder, y otra basada en su integridad moral; la filantropía afecta decisivamente esta segunda expectativa. De acuerdo al informe “Confianza, la clave para el desarrollo de Chile”, esta expectativa es especialmente importante, pues “si no es posible asumir que la contraparte tiene una inclinación moral a cumplir con su palabra y a velar por el interés común, no tiene sentido arriesgarse a confiar y cooperar” (Irarrázaval y otros, 2015). Quien da gratuitamente no esconde intenciones. Se puede confiar en él.

En definitiva, la filantropía, expresada en las organizaciones de la sociedad civil, nos entrega una combinación única que permite contribuir en la entrega de servicios, visibilizar problemas actuales, dar expresión a valores existentes, construir redes de confianza y movilizar la iniciativa individual como aporte para el logro del bien común. Un importante canal de concreción de este aporte de las organizaciones de la sociedad civil es por la vía de los incentivos tributarios. Tal como lo describe con rigurosidad Sebastián Guerrero en su capítulo, en Chile hay una amplia diversidad de leyes que promueven el uso de estos mecanismos. Sin embargo, en la práctica esto termina siendo una complejidad en sí misma, por lo que él sugiere avanzar hacia una cultura de la donación a través de un solo cuerpo legal que sea simple y que no parta de la base de la desconfianza, sino reconociendo la necesidad de contar con más instituciones que puedan colaborar a la hora de abordar los problemas que afectan a nuestro país.

Sin duda, Chile tiene diversos desafíos respecto a la filantropía. Aspectos como la segregación nos impiden ver al otro en el plano de la presencia y, por lo tanto, imposibilitan que nos conmovamos y que realicemos acciones en conjunto. A su vez, tenemos una tendencia hacia un cierto “familiarismo”, lo que en otros campos se manifiesta como sectarismo y amiguismo.

No obstante, tenemos una sociedad civil viva y vigente, una tradición histórica de donación y una cultura profundamente filantrópica. La filantropía es uno de los rasgos más comunes de nuestra experiencia cotidiana; sin embargo, no es habitual hablar de ello en el terreno académico: la filantropía y la sociedad civil no suelen ser objetos de estudios ni de medición. Al no visualizar algo tan usual, corremos el riesgo de que poco a poco vayamos despojando a esta tradición de sus campos de acción. Surge entonces, en el marco que nos convoca, el desafío de redescubrir lo verdaderamente gratuito y la fuerza que ésto tiene para resolver problemas. Debemos, todos nosotros, preocuparnos por rescatar y acrecentar el alma social de nuestro país, pues el desarrollo es todavía una meta lejana para muchos y de la cual todos debemos hacernos parte. Rescatar y acrecentar el alma social de Chile nos permitirá a todos asimilar el amor fraternal, comprender la deuda que tenemos con nuestro desarrollo y participar de esta vocación universal. Este libro, sin duda, es un aporte para todo ello.

ORÍGENES DE LA DONACIÓN EN CHILE: CARIDAD PRIVADA Y BENEFICENCIA PÚBLICA, 1830-1920

macarena ponce de león

Entre las décadas de 1830 y 1920, las donaciones tuvieron gran relevancia política –todo hombre público fue un filántropo activo– y también social, ya sea como beneficencia pública, de carácter estatal, o bien como caridad y filantropía privada. Las donaciones, inicialmente una práctica devota, construyeron vínculos directos entre distintos sectores sociales en tránsito hacia una sociedad industrial, cuando la ampliación de sus escalas cambió las antiguas maneras de relacionarse, muchas de ellas basadas en lazos de dependencia. La caridad fue una herramienta de conocimiento directo de la familia popular urbana que convocó a instituciones de beneficencia pública, al asociacionismo católico y liberal, al Estado y a los mismos trabajadores.

Este capítulo explora cómo ocurrió la acción de dar en Chile entre los años 1830 y 1920. En este amplio arco temporal, la donación fue comprendida como un vínculo social entre al menos dos individuos, en el cual uno de ellos no podía sobrevivir por sí mismo y necesitaba de la ayuda de otros para hacerlo La institucionalización de ese vínculo desembocó en el desarrollo de un universo muy amplio de iniciativas sostenidas por una pluralidad creciente de actores, lo cual consolidó la centralidad del vínculo de la donación debido a que posibilitaba el contacto directo entre las elites sociales y la miseria urbana, dos mundos cada vez más anónimos y segregados el uno del otro. Este capítulo apunta a rescatar la importancia política y social de la donación, dando cuenta de las transformaciones que experimentaron su concepto y sus prácticas, desarrolladas a través de la beneficencia pública –definida así por su carácter estatal–, y de la caridad y la filantropía privada, cuyas obras no estaban sujetas al control directo del Estado.

En los albores de la República, la sociedad chilena era pequeña en número de habitantes. Según el empadronamiento de 1778, la población del Obispado de Santiago –que abarcaba el territorio entre el desierto de Atacama por el norte y el río Maule por el sur– era de 199.646 personas (Censo de 1813: vii). Tres décadas después, el censo de 1813 –el primero levantado por los nuevos líderes del país– estableció que la suma total de habitantes era de 586.848, aunque sin contabilizar a la población de Santiago (Censo de 1813: xi). Esa sociedad chilena, en su mayoría, era católica y rural, calculándose en 1865 que el 70% de la población vivía diseminada en el campo y sólo el 30% lo hacía en núcleos considerados

urbanos (Censo jeneral, 1866: 385-392). Santiago era una capital de escasos recursos, cuya precariedad general apenas dejaba lugar a la beneficencia pública a través de unos cuantos asilos y de la limosna callejera. Finalizada la segunda década del siglo XIX, retornada la paz después de las guerras de independencia con la Corona española y la consolidación del nuevo orden político republicano, la acelerada urbanización atiborró de pobres, vagos y mendigos las calles de la ciudad, desencadenando el primero de los cambios ocurridos en la forma de concebir la donación y la pobreza: las elites políticas y la jerarquía eclesiástica estuvieron de acuerdo en que, para enfrentar el aumento de la miseria y la escasez de recursos, se debía dar en forma discriminada. Es decir, la donación debía apuntar a lo que se llamó “la miseria desvalida”: los verdaderos pobres que no lograban usar el trabajo físico de sus brazos para trabajar y necesitaban ayuda de otros para sobrevivir. De ahí en adelante, la caridad fue reconocida como una virtud teologal; la filantropía, como un valor político; y la beneficencia, como un deber de la sociedad que, en consecuencia, también era un deber estatal.1 En el siglo XIX, la beneficencia pública se ejerció a través de la administración de diversas instituciones, como los asilos, los hospitales y los hospicios. La caridad y la filantropía, por su parte, adoptaron la forma del asociacionismo, caracterizado por su voluntariedad, su independencia económica y sus modernas prácticas asociativas, cada una especializada en socorrer a los desvalidos: los enfermos, locos, discapacitados, ancianos, niños y mujeres solas o con familia numerosa.

La segunda de las transformaciones ocurrió al finalizar la década de 1880, cuando el aumento de la miseria obrera requirió que las donaciones se destinaran a obras para prevenir la miseria originada por la industrialización. A diferencia del período anterior, el destinatario de la ayuda ya no era el pobre sin trabajo, sino el trabajador pobre que no lograba vivir de su salario. Eso significó focalizar la donación en las familias trabajadoras, priorizando las obras que las atendían en forma integral y ya no a cada uno de sus integrantes en instituciones separadas.

1 . Dar sin discriminar: el asilo y la limosna

Algunos años después de fundar la ciudad de Santiago en 1541, Pedro de Valdivia estableció el Hospital San Juan de Dios como parte de un programa urbano en donde se brindaba atención a los enfermos de sexo masculino. La fecha de establecimiento no es del todo clara, pero se presume que fue alrededor de 1552. La atención hospitalaria era segregada por sexo y las mujeres sólo tuvieron un hospital a fines del siglo XVIII. Heredada de la tradición judeocristiana, la acción de dar hospitalidad o asilar al forastero fue una de las primeras formas de socorro en las lejanas colonias americanas. El Hospital San Juan fue la obra de beneficencia más importante del período colonial, aunque es necesario recalcar que en esa época el “hospital” funcionaba más como un asilo de pobres que como el centro de curación tal como lo conocemos hoy (Laval, 1949: 13). En las puertas del San Juan de Dios se abigarraban los necesitados, los enfermos y los pobres, pidiendo un plato de comida o un lugar donde pasar la noche antes de morir. En esa sociedad, ser enterrado era un trámite tan oneroso que muchos aprovechaban la obligación que tenían los asilos de dar sepultura a sus muertos para conseguir, al menos, ser trasladados a los cementerios. Los muertos eran amortajados con trapos viejos y después arrojados en carretones a alguna fosa de caridad. Hasta 1617, el San Juan de Dios estuvo a cargo de la Cofradía del Santo Sepulcro, una institución laica que, además de cuidar la Iglesia y de ayudar en los ritos, tenía entre sus objetivos la caridad. En esas fechas arribó a Chile la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, dedicada en varias partes del mundo a auxiliar a los moribundos y darles sepultura. Desde mediados del siglo XVIII, comenzaron a fundarse hospitales fuera de la capital, en las principales ciudades del país,2 que fueron financiados mayoritariamente con donaciones particulares, pero también con fondos públicos. Recién en 1782, en pleno período de reformas borbónicas y ante las peticiones del vecindario de Santiago, el rey Carlos III mandó a erigir un hospital para mujeres: el San Francisco de Borja.3

2 Se fundaron hospitales en La Serena (1745), Valdivia (1753), Concepción (1765), Valparaíso (1790), Chillán (1791) y Talca (1796).

1 Para una completa referencia e historia del concepto de caridad, ver Encyclopédie du dix-neuvième siècle, 1845: 158-171.

3 Su construcción se aprobó por real cédula del 9 de junio de 1771, señalándose para su funcionamiento la casa en que los jesuitas expulsos tenían su noviciado y, como rentas especiales para financiarlo, las haciendas de Bucalemu y de San Pedro de Quillota,

Hasta entonces, la pobreza femenina sólo contaba con la Casa de Recogidas, abierta en 1734 para recibir a “mujeres de mal vivir”, aludiendo con esta expresión no sólo a prostitutas sino también a jóvenes solteras embarazadas de cualquier sector social. Luego, en 1758, el marqués de Montepío, Juan Nicolás de Aguirre, legó parte de su patrimonio a la fundación de un hospicio de huérfanos, estableciéndose la Casa de Expósitos en el centro de la ciudad. El asilo también recibía niños abandonados, aunque se sabe que muchas madres dejaban a sus hijos por el período de lactancia para que fuesen alimentados gratuitamente, mientras ellas recibían dinero como nodrizas de otros lactantes. Posteriormente, en 1802, gracias a los auspicios de Manuel de Salas –quien no sólo era uno de los intelectuales y políticos más prominentes del período, sino también uno de los filántropos más activos, como todo hombre público–se estableció el Hospicio de Pobres –también conocido como Hospicio de la Ollería, por la calle donde se ubicó–, que era para ambos sexos. Salas sintetizó en el Hospicio la función regeneradora de la pobreza que fisiócratas y utilitaristas le daban al trabajo, junto al valor ilustrado de la educación y el encierro, para “re-formar” a los mendigos y hacer de ellos individuos útiles para la sociedad (Velázquez, 1991). Con ese objetivo, Salas, quien había quedado a cargo de administrar el cuantioso legado de Matilde de Salamanca, invirtió parte de los réditos en la beneficencia pública. Matilde era hija del gobernador y capitán general Manuel de Salamanca; había muerto sin descendientes directos y sin saber que era una de las mujeres más ricas del reino gracias al legado que su primer marido, el comisario Gaspar Ahumada y Mendoza, le había hecho: la hacienda de Choapa, un extenso terreno que abarcaba parte de lo que hoy es la Cuarta Región.4 Inicialmente, el legado quedó en manos de la iglesia del pueblo de Illapel para que fuera usado en obras espirituales. Sin embargo, desatada la revolución de independencia, el Hospicio de Pobres cerró sus puertas al igual que los demás hospitales, que funcionaron como “hospitales de sangre” para los heridos de la guerra. Los hospitales también fueron ocupados como cuarteles o cárceles hasta que en 1821 abrió en Santiago un hospital militar para recibir a soldados heridos. En

también propiedad de los religiosos (Laval, 1935: 20-44).

4 La hacienda de Choapa estaba compuesta por las hijuelas de Cuncumén, Chillepín, Tranquila,

ese momento, Bernardo O’Higgins, como director supremo del país, destinó parte del legado de Matilde de Salamanca a instituciones de la beneficencia pública, financiándose con ello la reapertura del Hospicio de Pobres en 1823. Entonces su administración pasó a manos de una junta integrada por el mismo Manuel de Salas y por Domingo Eyzaguirre, un político de renombre que heredó de su padre el cargo de ensayador de la Casa de Moneda. Rafael Valentín Valdivieso Zañartu, futuro arzobispo de Santiago, fue integrado a la junta un año después, para llevar a cabo una reorganización interna.

Tal como se deja entrever, en los albores de la República las prácticas y obras de socorro en favor de los necesitados eran escasas. La pobreza general de la sociedad no hacía posible diferenciar entre una acción de caridad cristiana y una filantrópica con un fundamento secular. Lo que sí estaba claro es que ambas eran actividades masculinas porque formaban parte del perfil público del “buen vecino”. Si bien las mujeres podían hacer donaciones y atender enfermos, la dirección de los asilos era un asunto de hombres. Por lo demás, hasta entonces, y dada la precariedad material de los asilos, no existía ningún organismo encargado de administrarlos; más bien, cada uno funcionaba con un régimen propio. En torno al año 1820, los conflictos militares y políticos de la revolución independentista conspiraron contra la reorganización de los asilos, agudizaron su miseria e hicieron imposible distinguir entre pobres asilados y un variopinto grupo de individuos que atendían y vivían en los hospitales.5

Tras la batalla de Lircay, acaecida en 1830, se puso fin a la guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores. El triunfo de estos últimos permitió recobrar la paz e iniciar la tarea de construir el andamiaje de un Estado centralizado que recién comenzaba a definir sus ámbitos de acción. El nuevo orden institucional quedó plasmado en la Constitución de 1833. Fue en ese contexto que el Presidente de la República, el general Joaquín Prieto, héroe de la independencia y de Lircay, decidió entregar el control de los asilos a los vecinos, organizados en juntas de beneficencia (AN FMI, 1832). Las juntas eran corporaciones civiles de régimen mixto, es decir, públicas y a la vez privadas. Eran públicas pues dependían del Ministerio del Interior para elegir a sus miembros, administraban fondos fiscales y donaciones particulares, y debían rendir cuentas al Estado.

5 Se trataba de ocupaciones médicas menores, como flebótomos, sangradores, curanderos y matronas, a quienes se les pagaba por sus servicios.

Coirón, Llimpo, Quelén, Las Casas, Tahuinco, El Tambo, Limáhuida, Las Cañas y Las Vacas.

Sin embargo, institucionalmente no formaban parte de la estructura estatal y eso les daba cierta autonomía. Las juntas pasaron a formar parte del Estado sólo cuando las tareas de beneficencia pública fueron reconocidas como un campo de intervención directa del Estado en las primeras décadas del siglo XX, luego de la introducción de los derechos sociales (González Bernaldo, 2001).

En su mayoría, los miembros de las juntas de beneficencia eran vecinos prominentes y reconocidos por sus grandes fortunas, sus relaciones sociales y sus vínculos con el poder estatal. En sus primeras generaciones descollaron políticos –fundamentalmente, miembros del peluconismo conservador y católico–, terratenientes, prelados y catedráticos. Cuando en 1832 el Presidente de la República nombró a los integrantes de la Junta de Beneficencia de Santiago, su director fue Pedro Nolasco Mena, un hombre de larga trayectoria en los asilos durante la década de 1820. El Hospital San Juan de Dios quedó en manos de Diego Antonio Barros Fernández, comerciante acaudalado y encumbrado senador patriota, muy cercano al ex director supremo O’Higgins y padre del futuro historiador Diego Barros Arana. Barros Fernández también fue hasta su muerte director de la Casa de Orates, institución fundada en 1852, donde se trataba la locura. En el Hospital San Francisco se nombró director al diputado Pedro Ovalle y Landa, y en la Casa de Expósitos se designó al diputado Cipriano Pérez. Hacia la mitad del siglo, las juntas iniciaron un proceso de secularización, integrando a sus filas a médicos, ingenieros, grandes comerciantes y extranjeros, y ello abrió paso a la participación de liberales. La tarea de todos ellos era administrar los asilos en una sociedad escasamente impositiva; los mismos administradores de los establecimientos recolectaban limosnas para el asilo y hacían donaciones personales para alimentar a los mendigos. Ellos solían ocupar sus cargos por largos períodos de tiempo, generándose una cierta identificación familiar con la institución, la cual se transmitía a través de las generaciones.

Fuera de la administración de los asilos, otras formas de practicar la beneficencia eran la limosna pública o callejera, y la ayuda que las pocas corporaciones –como la Hermandad de Dolores– y cofradías existentes brindaban a sus miembros enfermos o en apuros. La Hermandad, también conocida como Instituto de Caridad Evangélica (aún activa en la actualidad), fue una de las primeras asociaciones de beneficencia en Chile. Había sido fundada por un grupo de patriotas desterrados al archipiélago Juan Fernández tras el Desastre de Rancagua, entre los que figuraban

Juan Egaña, Manuel Blanco Encalada y el ya citado Manuel de Salas. Juntos, prometieron consagrarse a los afligidos si recobraban la libertad, concretando la fundación de la Hermandad en 1818, luego de la victoria en Chacabuco que posibilitó el triunfo republicano en Chile (Valdés de Marchant, 1918). En estas primeras asociaciones también participaron mujeres, aunque fueron pocas en un primer momento. Una de ellas fue Paula Jaraquemada, valiente y destacada participante del proceso de independencia. Hacendada del Valle Central, Jaraquemada recibió en su hacienda de Paine al ejército libertador tras el Desastre de Cancha Rayada de 1818 –que puso en jaque la victoria independentista–, adecuando sus dependencias como hospital y cuartel del propio general José de San Martín, apoyando con decisión la causa patriota días antes de la victoria final en la batalla de Maipú. Aunque la anterior fue su hazaña más conocida, Jaraquemada también llevaba medicinas a los enfermos y apoyaba a las viudas de la guerra.

Otra de esas mujeres fue Antonia Salas de Errázuriz, hija de Manuel de Salas. Ella fue uno de los ejemplos más notables de esta primera generación de coadjutoras, como se llamó a las socias de la Hermandad de Dolores. Antonia Salas creció acompañando a su padre a los asilos de la ciudad, llegando incluso a reacondicionar su parcela de San Rafael para instalar un hospital de variolosos en 1820. Otras damas connotadas por su acción benefactora fueron Victoria Prieto de Larraín, Nicolasa Toro de Correa, Damiana Toro de Concha y Rosario Montt de Montt. Todas ellas eran esposas e hijas de hombres que integraban las juntas de beneficencia.6 Como ya se ha dicho, era difícil practicar la beneficencia fuera de estas primeras instituciones. El reparto de limosna era parte de la rutina de las casas aristocráticas que los pobres acostumbraban rondar. Los pobres también circulaban en los espacios públicos acostumbrados por las elites, como las iglesias parroquiales del centro urbano, la Iglesia de la Compañía, la Catedral y el Palacio Arzobispal, y las residencias

6 Victoria Prieto de Larraín era hija del Presidente de la República Joaquín Prieto y estaba casada con el político conservador Rafael Larraín Moxó; Nicolasa Toro de Correa era hija de Melchor Concha y Toro, quien fuera padre de uno de los clanes familiares más prolíferos en el ámbito de la caridad, y estaba casada con Juan de Dios Correa de Saa y Martínez, quien se desempeñó como administrador vitalicio del Hospital San Juan de Dios; Damiana Toro de Concha era la esposa del abogado y hacendado Melchor de Santiago Concha y Cerda, antiguo protector del mismo hospital; Rosario Montt de Montt era la esposa de Manuel Montt, que también fue miembro de la Junta de Beneficencia de Santiago a mediados del siglo XIX y que posteriormente sería Presidente de la República.

de prelados, médicos y boticarios, donde los necesitados y enfermos se aglomeraban para recibir medicinas gratuitas. Las cercanías de los hospitales, asilos, conventos y escuelas también solían ser parte del circuito de la miseria. Era común que cada familia de la alta sociedad sostuviera a sus propios pobres: mujeres, niños y ancianos que, por su habitualidad tras años de ayuda, terminaban siendo parte de los allegados de las grandes casas o sirvientes, a los que, en ocasiones, incluso se les dejaban donaciones testamentarias. Asimismo, cada familia tenía sus parientes pobres, “decentes” pero “vergonzantes”, como también se les llamó a quienes se socorría para salvar el honor familiar, entre otras razones (Amunátegui, 1903: 58).

En una sociedad católica como la chilena del primer cuarto del siglo XIX, la limosna gozaba de un valor teológico indiscutible. La limosna callejera constituía la forma más simple de la donación. En Europa, sin embargo, desde finales del siglo XVII la crítica ilustrada fue ganando terreno en los círculos intelectuales y políticos y en la propia jerarquía eclesiástica, levantando dudas sobre la falta de selectividad en su entrega y, por lo tanto, también sobre la completa irracionalidad de la donación, porque se podía estar ayudando a quienes no la necesitaban del todo. La principal crítica a la limosna era que ayudaba indiscriminadamente, sin una selección previa de quienes la necesitaban porque no podían trabajar. Este debate fue ganando terreno en Chile a inicios del siglo XIX, sobre todo cuando el aumento del precio del suelo rural prácticamente expelió a las familias inquilinas del Valle Central y multiplicó las necesidades en la ciudad (Salazar, 2000).

Aunque las cifras de los censos son imprecisas en el detalle, ellas señalan que a partir de 1865 comenzó a perfilarse un proceso de creciente urbanización, acompañado de un aumento constante de la población y de la migración del campo a la ciudad. Entre 1875 y 1930, el país prácticamente dobló su número de habitantes, pasando de 2.500.000 a 4.300.000 aproximadamente, superando todos los índices de crecimiento de los países europeos. Santiago triplicó su población en pocas décadas. Entre 1843 y 1885, aumentó de 60.000 a 189.332 habitantes, sin lograr asimilar la nueva población (De Ramón, 1994: 7). Rápidamente, la masificación de la miseria se transformó en un problema social con serias consecuencias urbanas, sanitarias y morales desde la perspectiva de las elites, convirtiendo a una ciudad pobre, como era Santiago, en una “ciudad de pobres”. El aumento de la pobreza produjo una progresiva segregación urbana en

nuevos barrios de miseria: en la zona al sur de la Alameda, cerca de las parroquias de San Lázaro y San Isidro, en las calles cercanas a la Estación Central y en terrenos cercanos al Zanjón de la Aguada; hacia el norte, en los barrios La Chimba y El Arenal; y en el centro mismo, entre la ribera del río Mapocho y la calle San Pablo. Esta concentración espacial vino acompañada de una segregación social y cultural que coincidió con el enriquecimiento de los grupos acomodados tras el auge minero. Así, la pobreza rural reprodujo sus formas de vida en la urbe. La vieja ciudad abigarrada, descrita por Alberto Blest Gana en su novela Martín Rivas (1850), fue cediendo a una metrópoli de otras dimensiones, diferenciada social y espacialmente.

En este nuevo contexto, la pobreza pasó a ser anónima, desconocida y, en algunos casos, como el de los enfermos contagiosos, temida. Las causas de la miseria se multiplicaron y, junto a los imposibilitados por razones físicas, también fueron considerados como pobres quienes estaban imposibilitados por situaciones de índole moral, como se le llamó en ese período a la pobreza causada por la soledad, el abandono, la pérdida temporal del oficio y la familia numerosa. Junto a los inválidos, los locos, los ancianos, las viudas, las mujeres solas jefas de hogar, los niños y todos quienes heredaban la condición de pobreza, formaron parte de un tipo de miseria urbana denominada “desvalida”. En su conjunto, se trató de individuos alejados del proceso productivo, ya fuese agrario o industrial. Este reconocimiento y esta conceptualización obligaron al Estado, en conjunto con los particulares, a especializar la donación en cada uno de estos actores.

2. Especializar la donación: la reforma hospitalaria de la beneficencia pública y la selección del pobre

A partir de la década de 1930, la reestructuración de la institucionalidad de la beneficencia pública desencadenó la necesidad de focalizar las donaciones en obras que atendieran a quienes efectivamente requerían ayuda, con el claro objetivo de transformar a esos individuos pobres en personas útiles para la sociedad. Este corolario implicaba seleccionar un tipo de miseria que fuera redimible o civilizable, ya fuese desde la óptica católica o desde la liberal. El proceso desencadenó un esfuerzo común por especializar las labores de los asilos, al mismo tiempo que se iban

diferenciando la pobreza de la enfermedad y la vagancia de la mendicidad. A partir de entonces, las donaciones privadas se multiplicaron, apoyando la profesionalización de los hospitales para hacer de ellos verdaderos centros de curación, más que asilos para moribundos. La primera medida fue “sacar” –literalmente– de los hospitales a los pobres que no estuviesen enfermos, y abrir los llamados “dispensarios” o consultas médicas ambulatorias y los “lazaretos”, concebidos como instalaciones sanitarias para aislar a los enfermos contagiosos.7 También fueron sacados todos los individuos con afecciones incurables, desencadenando el retiro de los locos y los ancianos moribundos, que fueron a parar a la Casa de Orates y a los hospicios de pobres. Las donaciones privadas cofinanciaron junto al Estado la reorganización de estos hospicios, para sacar a los mendigos de las calles y rehabilitarlos a través del trabajo, y levantaron casas de expósitos para alimentar y educar a los huérfanos, antes de que se transformaran en vagos. También permitieron desarrollar un intenso programa educativo a través de la fundación de escuelas de primeras letras en los mismos asilos, en las que se moralizaba y alfabetizaba a los niños; de escuelas nocturnas para sus padres y para artesanos, con el mismo objetivo alfabetizador; de escuelas-talleres de oficios; y de las llamadas casas de recogidas y de corrección femeninas (penitenciarías).

Todos los asilos que recibían subvenciones estatales quedaron bajo la vigilancia de las juntas de beneficencia, aunque cada asilo tenía su propia administración. La excepción fueron los lazaretos, los cuales sólo eran abiertos durante las epidemias, levantando instalaciones provisorias a cargo de privados hasta 1872. Ese año, la agudización de las pestes obligó a coordinar la intervención municipal y particular, creándose la Junta de Lazaretos para administrar en forma mixta –pública y privada– los lazaretos de la capital. La Casa de Orates, por su parte, siempre tuvo una administración independiente.

Esta revolución en las prácticas de la donación contó con la participación de un verdadero ejército de hombres y mujeres, religioso y laico, católico y liberal, apoyado por las congregaciones de “vida activa” extranjeras, sobre todo francesas y femeninas, que comenzaron a llegar a

fines de la década de 1830. A diferencia de las órdenes contemplativas, estas congregaciones de “vida activa” salían del convento porque habían establecido la pobreza como su forma de relacionarse con el mundo (Serrano, 2000). Eran misioneras, hospitalarias y educacionistas. Muchas de ellas habían nacido a partir de la Contrarreforma; otras, en el período de la Contrarrevolución francesa. Las mujeres que conformaban estas congregaciones cruzaron el Atlántico y no dejaron asilo por pisar ni pobre por socorrer, apoyando la tarea de la beneficencia pública y la caridad asociativa que ya empezaba a bullir, e instaron al mundo civil de la más diversa procedencia política a ver en la donación un nuevo vínculo social estratégico en una sociedad cada vez más segregada. Volveremos sobre este punto más adelante.

En Santiago, la apertura de las primeras dispenserías nuevamente corrió de la mano de Manuel de Salas, esta vez junto al médico irlandés Guillermo Blest. Se trataba de una pieza donde se practicaban consultas médicas de afecciones menores y se repartían medicamentos gratuitos; desde allí, las señoras de la Hermandad de Dolores organizaban visitas domiciliarias a enfermos pobres. Los dispensarios se ubicaron estratégicamente en los nuevos barrios de pobreza de las grandes ciudades, concitando la aglomeración de miserables que esperaban largas horas para ser atendidos. En tales circunstancias, muy pronto se hizo de los dispensarios verdaderos centros de socorro, al anexárseles escuelas de primeras letras para los niños que esperaban con sus madres, talleres de oficios, ollas de pobre para el reparto de una ración diaria de alimento, y roperías en las que podían conseguir un rebozo, zapatos, géneros o un par de camisas. El modelo del dispensario fue el antecedente directo de los actuales policlínicos y fue usado en los pueblos pequeños hasta la expansión de la red hospitalaria levantanda por el Estado –en alianza con los grupos de poder locales– hacia fines de la década de 1870.8

Por su parte, la locura fue atendida en la Casa de Orates, abierta en 1852, mientras que los mendigos eran recibidos en el Hospicio de Pobres,

7 La palabra lazareto proviene del vocablo veneciano lazzareto, derivado de nazaretto, es decir, proveniente de Nazareth, influido por Lázaro. El nombre fue utilizado para denominar a los hospitales instalados fuera de los poblados para la cuarentena de los infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas (Real Academia Española, 1956: 791).

8 Con los años, varias villas abrieron dispenserías: Illapel (1861), Melipilla (1862), Casablanca (1868), Parral, San Bernardo y La Ligua (1873), y Combarbalá (1877). De ellas, sólo Illapel y Melipilla contaban, además, con un pequeño hospital. En la década de 1880, el número de villas con dispenserías se elevó a veintidós. En los territorios recién colonizados de Magallanes y Angol, los dispensarios fueron utilizados por el gobierno como parte de su política de ocupación territorial. La colonia de Punta Arenas contó con un dispensario en 1869; la aldea de Angol, en 1871.

que estaba en plena reorganización por la Junta de Beneficencia tras el recrudecimiento de las ordenanzas en contra de la vagancia y la mendicidad de la década de 1830. De la mano del ministro Diego Portales, la normativa municipal retomó antiguas leyes coloniales que hacían de los vagabundos y “malentretenidos” individuos reprochables para el orden urbano y moral que se intentaba imponer a través de la educación y la represión. Fueron perseguidos a causa de su ocio y catalogados como ladrones, pues vivían del trabajo de otros a pesar de estar en condiciones de trabajar. La Sociedad de Señoras de Santiago, fundada en 1853, y la congregación de las Hermanas de la Caridad, acompañadas por las Damas de la Caridad –una asociación de mujeres laica abierta en 1857 al alero de las religiosas–, apoyaron la atención directa de los enfermos en los hospitales y de los pobres en los hospicios. Todas estas mujeres velaban por la comida, el lavado, el vestido y el aseo de las salas. La llegada de las Hermanas a la Casa de Orates coincidió con la administración de Francisco Ignacio Ossa, un acaudalado minero y gran filántropo que invirtió sus fondos para mejorar el asilo. Desde 1853, su administración fue apoyada por José Tomás Urmeneta, probablemente el empresario minero cuprífero más importante del siglo XIX (Camus, 1993). Como todo hombre público, Urmeneta era filántropo, ocupándose además del Cuerpo de Bomberos –que estaba en manos de voluntarios– y de la Sociedad de Instrucción Primaria, fundada por un grupo de jóvenes liberales en 1854 para la educación de los niños de sectores populares. Como director de la Casa de Orates, el empresario reglamentó su administración, compró los terrenos en el barrio Recoleta y le encargó al joven arquitecto Fermín Vivaceta la construcción del asilo en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Hospital Psiquiátrico de Santiago. Su impronta también logró la contratación de Lorenzo Sazié, destacado médico francés que realizó una reconocida labor benéfica no sólo en la Casa de Orates sino también como médico en diversos hospitales de Santiago (Nazer, 1994). Su dedicación fue tal que, según se cree, murió infectado de viruela en sus recorridos por los lazaretos de la ciudad.9

A partir de la década de 1860, la urbanización y las epidemias hicieron estragos en la salud urbana y, en consecuencia, la construcción de lazaretos para “apestados” se convirtió en una urgencia de salud pública.

Primero fueron provisorios, armados con palos, trapos y paja, pero luego devinieron permanentes ante la reiteración de la viruela, la fiebre tifoidea y la llegada del cólera al finalizar el siglo.10 La alta mortalidad de estas enfermedades infecciosas hizo de las epidemias verdaderas catástrofes nacionales, tiñendo todo con un clima de emergencia social y de temor al contagio. Los más diversos actores de la filantropía y la caridad se movilizaron en la tarea de atender a los enfermos. Algunos donaron terrenos para levantar lazaretos en barrios populares, como Matías Ovalle en la epidemia de 1863 y 1864 en La Chimba, actual zona de Bellavista; también se abrieron otros lazaretos en el barrio Yungay y en el centro, a orillas del río Mapocho. Los médicos y estudiantes de medicina de la Universidad de Chile atendían gratuitamente a los enfermos. A su vez, los carros municipales recogían a los infectados en puntos estratégicos y los distribuían en los lazaretos, mientras que las mujeres participaron como coadjutoras del Instituto de Caridad, en directa cooperación con las Hermanas de la Caridad que desde 1854 se habían hecho cargo del cuidado directo de los hospitales, hospicios y dispensarios. Una de las más activas en estas labores fue Victoria Prieto de Larraín, quien se hizo cargo de los lazaretos de Pía Unión y San Francisco de Borja.11 Juana Ross, por su parte, hizo lo suyo en el puerto de Valparaíso. Casada con Agustín Edwards Ossandón, Ross era dueña de la mayor fortuna del país al finalizar el siglo, y cooperó ante la urgencia en la apertura de los primeros dispensarios y ollas de pobre. A partir de la epidemia de 1872, el gobierno les pidió a estas mujeres que visitaran a los apestados en sus casas y ellas, acompañadas de estudiantes de medicina, prefiguraron el rol de la visitadora social de la década de 1920, llevando ayuda gratuita a no menos de mil enfermos (Ponce de León, 2011: 172). Victoria Prieto e Isabel Ovalle de Iñiguez lideraron las comisiones visitadoras. Sin duda, eran mujeres valientes, porque corrían el serio peligro del contagio, ya que las pestes no distinguían entre sectores sociales. Una vez instalado

10 Desde 1864, la peste llegó prácticamente cada cuatro años a la capital: en 1863, en 1865, en 1868, en 1872 y 1873, en 1880, en 1882 y en 1886. Entre 1863 y 1865, junto con la fiebre tifoidea; en 1872 y 1873, con inusitada violencia; y en 1886, acompañada del cólera.

11 También colaboraron Carmen Aldunate de Amunátegui, Catalina Valdés, Zalomé Vergara de Donoso, Francisca Ossandón de Mac-Clure, Gertrudis Cifuentes de Plaza y Magdalena Vicuña de Subercaseaux (AN FMI, 1872a).

9 Al finalizar el siglo, las religiosas de San José de Cluny, llegadas a Chile en 1895, se hicieron cargo del asilo.

el cólera en la década de 1880, se transformaron en activas agentes domiciliarias de las primeras políticas estatales de vacunación nacional. Fuera de la capital, la situación era aun más angustiosa porque las villas no contaban con fondos para solventar un lazareto; muchas de ellas no tenían ni siquiera un hospital, o bien estaban tan desabastecidas que sólo lograban sobrevivir con donaciones particulares. En Melipilla, por ejemplo, Emeterio Goyenechea Gallo –uno de los empresarios más destacados de la zona por su participación en la construcción del ferrocarril al sur– solventó el hospital de la villa y financió la apertura de un pequeño lazareto en 1872 (AN FMI, 1872b).

A fines del siglo XIX, las epidemias transformaron el problema de la higiene en una preocupación política, en la medida que afectaba el orden público. Los médicos tuvieron un rol preponderante en la denuncia de la insalubridad urbana y sus consecuencias, asumiendo una activa participación en la transformación de los lazaretos provisorios en centros de curación permanente y en el apoyo a la propagación de la vacuna (Salinas, 1983). Carlos Schmitthenner, Adolfo Valderrama y José Joaquín Aguirre, entre otros, fueron médicos de reconocida trayectoria pública en el campo de la beneficencia. A través de su discurso higienista encauzaron el temor al contagio hacia una preocupación más científica y un diagnóstico sociológico sobre cómo se vivía en la ciudad. La tarea fue apoyada por una Junta de Hospitales en la que destacaron las actuaciones de Miguel Dávila y Manuel Arriarán, quienes lideraron la reorganización del Gran Lazareto del Salvador para variolosos, construido en la década de 1870 junto al hospital del mismo nombre. El puerto de Valparaíso era otro de los focos infecciosos del país y allí nuevamente Juana Ross jugó un papel clave, no sólo en la apertura de lazaretos, sino también en la modernización de los existentes; la actividad social de Juana Ross estaría motivada por razones personales, pues su hijo Arturo murió de tuberculosis en 1899.

Por su parte, el éxito de los dispensarios despertó el interés por abrirlos anexos a los hospitales, como una especie de pequeños centros clínicos para estudiar nuevas patologías y atender enfermedades infantiles. Los niños no eran atendidos en los hospitales debido a su alta probabilidad de muerte antes del año de vida, entre otras razones. Aquí nuevamente aparece Matías Ovalle, esta vez como administrador del Hospital San Juan de Dios de Santiago, quien, junto al doctor Ernesto Mazzei, profesor de clínica oftalmológica de la Universidad de Chile, abrió la

dispensería oftalmológica de Santa Rosa para operar los ojos de los pobres. Mazzei la financió de su bolsillo hasta 1882, cuando pasó a manos de la Junta de Beneficencia (BLD, 1882: 28). En 1884, el doctor Máximo Cienfuegos abrió una institución similar en el Hospital San Vicente de Paul, mientras que Blas Vial, el administrador del alicaído Hospital San Francisco de Borja, estableció otra del mismo tipo para la atención de intervenciones obstétricas (AN FMI, 1884).

Tras la consolidación de los dispensarios como policlínicos y de los lazaretos permanentes, la reforma hospitalaria proyectó a los hospitales como modernos centros de atención al ritmo de los avances de la medicina. En Viña del Mar, el primer hospital fue abierto gracias a la donación de Juana Ross en 1892, y, en Valparaíso, la donación del banquero y filántropo Carlos Van Buren permitió reconstruir el Hospital San Juan de Dios tras el terremoto de 1906. Por años, el San Juan de Dios de Valparaíso fue el único centro de atención médica del puerto, hasta que en 1893 la misma Juana Ross financió el Hospital San Agustín, al que se le anexó, a la usanza de los dispensarios, una casa de maternidad. Van Buren era conocido principalmente por su participación en la modernización del cuerpo de bomberos y su apoyo a obras educacionales. Sin embargo, con el hospital prácticamente en el suelo, él mismo se involucró en su administración, y desde 1907 lideró la renovación de su infraestructura y tecnología. Entre 1830 y 1880, la beneficencia pública aumentó a un total de 83 hospitales, 53 lazaretos, 108 dispenserías, 13 hospicios y 6 casas de expósitos en todo Chile; la administración de estos establecimientos recayó en 41 juntas departamentales de beneficencia que, tras la reforma de la beneficencia pública de 1886, pasaron a tener la administración de los asilos circunscritos a cada departamento.12 El objetivo central de esa reforma fue la centralización de la dirección institucional de la beneficencia pública. Mientras tanto, la donación siguió siendo una función local y filantrópica que se nutría de las redes sociales y familiares de los donantes para atender, en cooperación y negociación con el Estado, los asilos. Las mujeres, en tanto, entraron a la asistencia de los hospitales y de los nuevos asilos especializados.

12 En términos político-administrativos, el país estaba dividido en provincias; las provincias, en departamentos; los departamentos, en subdelegaciones; y las subdelegaciones, en distritos. Más tarde, en 1891, la Ley de Comuna Autónoma agregó la comuna como división administrativa equivalente a las subdelegaciones.

3. Llegar hasta los pobres: el boom de la caridad asociativa

Hasta ahora hemos descrito la reforma hospitalaria de la beneficencia pública, estatal, administrada por las juntas de beneficencia. Desde mediados del siglo XIX, las transformaciones ocurridas en las prácticas de la donación se aceleraron, multiplicándose las agrupaciones voluntarias que, con fines caritativos o filantrópicos, tuvieron el objetivo de rescatar a los sectores populares de las peores consecuencias de la modernidad urbana: muerte, enfermedad, relajación de las costumbres, hacinamiento, alcoholismo, ilegitimidad, ignorancia, soledad. Las elites eran conscientes de que su ayuda no podría eliminar estos males ni cambiar la estructura social, pero creyeron que, al asociarse, al menos podrían aminorar su impacto en la sociedad. Hay aquí un trato más bien “terapeútico” de la miseria por parte de una caridad o filantropía moralizadora que no aspiraba a terminar con la pobreza, sino a morigerar sus externalidades (Gueslin, 1998). De hecho, la misma concepción católica ilustrada del pobre revestía a éste de un valor teológico, como representación de Cristo en la Tierra, y, aunque no todos profesaban la religión, todavía a mediados del siglo XIX es posible rastrear la herencia de estas ideas. Éste fue el diagnóstico elaborado por las elites a partir de su escaso conocimiento de la pobreza en los asilos, sin contar con mayor información de un mundo que crecía al ritmo de la urbanización pero que, a diferencia de antaño, ya era desconocido. Poco a poco, el qué hacer con la miseria se transformó en un problema urbano discutido por la opinión pública en los salones, la prensa y las asociaciones de toda índole –políticas, culturales, literarias, etcétera– que iban surgiendo entre hombres y mujeres con inusitada efervescencia en las principales ciudades del país. La donación y su práctica –la caridad para los católicos o su versión secularizada, la filantropía– se transformó en un objetivo en sí mismo y despertó la creación de las más estables asociaciones de carácter benéfico, algunas de las cuales perduran hasta el día de hoy.

Ya fuese católico o secular, alrededor del año 1850 fue desarrollándose un verdadero ethos asociativo en torno a la donación, bajo el prisma de un modelo de asociación importado del renovado catolicismo contrarrevolucionario europeo, sobre todo el francés, para el que la caridad, junto a la educación y la prensa, era una de sus mejores armas contra el liberalismo y la secularización de la sociedad y del Estado. La ayuda, eso sí, debía ser activa, en cuanto la caridad representaba una nueva forma

de misión y vínculo sociales. Es decir, los benefactores debían salir de los asilos y llegar hasta los pobres, ir hacia sus propios centros de referencia, visitarlos en sus barrios y habitaciones, conocer la pobreza in situ, y transformar la antigua limosna callejera, indiscriminada por su falta de selectividad, en un tipo de donación permanente pero sólo para quienes realmente la necesitaran. Así, mientras el Estado continuó su labor institucional o “intramuros”, en el mundo privado el desarrollo de asociaciones voluntarias echó a andar una pléyade de variadas prácticas “extramuros”, llamadas así por la necesidad de salir de los asilos. Ambos tipos de caridad no eran excluyentes, sino simultáneos, y estaban intercomunicados tanto en sus objetivos como en sus integrantes.

Entre las mujeres, el modelo asociativo fue expandido por las congregaciones misioneras. Sin embargo, con anterioridad, en la década de 1840, las señoras ya ejercían funciones benéficas en la Hermandad de Dolores y en la sección de beneficencia de la Sociedad de Agricultura y Beneficencia, creada en 1838 para promover la educación técnica de los pobres y la asistencia de los asilos, hospitales y prisiones. En 1842, el intendente José Miguel de la Barra, miembro de la Sociedad, reglamentó la sección de beneficencia, transformándola en una asociación independiente y en el antecedente directo de la Sociedad de Señoras para la Caridad Cristiana, reconocida legalmente por el gobierno en 1851 (De la Barra, 1842; BLD, 1851: 493). Un año después, la misma institución adoptó el nombre de Sociedad de Beneficencia de Señoras, con el cual se le conoció por el resto del siglo. En Santiago y Valparaíso, donde también funcionaban otras sociedades de beneficencia, se reunían connotadas mujeres de la clase dirigente del país. Antonia Salas de Errázuriz, por ejemplo, fue la presidenta en la capital, y Juana Ross fundó la del puerto en 1856. Ambas sociedades tenían una estrecha dependencia del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso y de la jerarquía eclesiástica, con quienes muchas de las socias estaban emparentadas. Sin embargo, este perfil elitista católico comenzó a permearse a partir de la década de 1860, al integrarse mujeres de sectores medios acomodados e incluso populares, quienes, ya fuese por caridad, altruismo, reformismo o feminismo, valoraron las prácticas de donación como una novedosa forma de relacionarse con la pobreza urbana y de participar en un espacio público que se hacía crecientemente masculino y socialmente segregado (Serrano, 2000: 15).

Como hemos señalado, el asociacionismo femenino se especializó en la visita de enfermos pobres y la moralización de mujeres desvalidas.

Asimismo, las mujeres participaban en la recolección de fondos y no dejaron de organizar colectas, rifas, exposiciones, obras de teatro y todo tipo de eventos sociales a beneficio de las casas de corrección y de los huérfanos, y para sostener talleres-escuelas y escuelas de primeras letras o para auxiliar cocinas públicas, roperías, dispensarios y casas de recogidas. Entre los hombres, el modelo de asociación voluntaria y caridad activa fue extendido por la Sociedad de San Vicente de Paul, instaurada en abril de 1854. A imagen de la primera Conferencia de Caridad parisina –organizada en 1833 por un grupo de jóvenes católicos liderados por Frédéric Ozanam–, la Conferencia Central de Santiago se instaló en la Parroquia del Sagrario, la más antigua de la ciudad. La convocatoria reunió a más de cincuenta honorables caballeros para practicar la visita domiciliaria de pobres, y promovió una pléyade de obras para ayudar a la pobreza desvalida. Las conferencias eran comunidades exclusivamente masculinas y organizadas jerárquicamente pero de convocatoria democrática, voluntaria, para la práctica común de la caridad. En su primera versión, las mujeres estuvieron excluidas de las conferencias debido al carácter activo que demandaban las visitas a domicilio y a que no era recomendable que ellas llegaran a las casas de los pobres. Ellas iban a los asilos y algunas visitaban enfermos en sus habitaciones; sin embargo, la visita domiciliaria debía ser periódica y exigía involucrarse personalmente con las familias socorridas. Además, todavía a mediados del siglo XIX el valor político de la caridad hacía de su práctica una actividad pública eminentemente masculina. A pesar de eso, como ya dijimos, las mujeres rápidamente aprehendieron el modelo vicentino y fundaron conferencias femeninas. La Sociedad de San Vicente de Paul se multiplicó en el mundo y en Chile, congregando a un público devoto, políticamente conservador, que hacia fines del siglo XIX incluyó a la primera generación de católicos sociales, quienes liderarían la política y la reforma del conservadurismo e impulsarían las primeras leyes sociales del país (Foucault, 1933). Entre 1854 y 1890, fueron creadas veintitrés conferencias en las grandes ciudades de Chile, incluida la capital, sumando 34 en 1900 y 80 en 1920 (Ponce de León, 2011: 338-341).

El aumento de sociedades católicas corrió en paralelo al desarrollo de otras sociabilidades políticas, intelectuales, masónicas, mutualistas y filantrópicas. Si bien este modelo asociativo benéfico era de corte ultramontano, el universo liberal compartía el valor social de la beneficencia, aunque sus fines y el tipo de sociedad que soñaban fuesen otros. La

filantropía era una forma de “espíritu público” y, como tal, debía cooperar con la consolidación de la autonomía política a través de la libertad de conciencia. El liberalismo valoraba la fuerza de asociarse y admiraba el carácter privado y voluntario de las conferencias de San Vicente. Las conferencias eran económicamente independientes del Estado, y contaban con prácticas democráticas internas en cuanto a la elección de sus directivas (voto individual y anónimo) y a la convocatoria masiva de sus integrantes.13

Fue así que en 1856 un grupo de intelectuales y políticos –entre los que descollaba la generación de jóvenes liberales de Benjamín Vicuña Mackenna, los hermanos Miguel Luis y Gregorio Amunátegui, Diego Barros Arana, Aniceto Vergara, Juan Espejo, Paulino del Barrio, Marcial González y Domingo Santa María– dio vida a la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), con el objetivo de promover la educación popular (Velázquez, 1873: 295). En julio de 1856, más de doscientas personas se reunieron en su sesión inaugural con la convicción de que el mundo privado debía hacer algo por educar a una sociedad que, tal como lo había demostrado el primer censo nacional en 1854, era prácticamente analfabeta: apenas un 14% sabía leer (Serrano y otras, 2012). Para esos espíritus progresistas, sólo la educación podía lograr la igualdad entre los hombres, tal como declaró Miguel Luis Amunátegui en el discurso de apertura de la SIP: “Nos hemos asociado para esforzarnos en poner el mayor número posible de semejantes nuestros en estado de adquirir ideas y, por consiguiente, de llegar a ser más ricos, más morales, más civilizados” (SIP, 1857). Manuel Carvallo fue el primer presidente de la SIP; abrió cuatro escuelas nocturnas para adultos, a las que luego se sumaron escuelas primarias dedicadas a alfabetizar, moralizar e impartir una primera versión de educación técnica por medio de talleres de oficios y clases de dibujo. De esta manera, la SIP contribuyó a revitalizar la situación de la educación particular, cuyo estancamiento frente al desarrollo del sector público fue notorio, aunque al finalizar el siglo XIX la iniciativa privada continuó representando el 20% de la cobertura a nivel primario.

En esa misma senda, la Sociedad de San Vicente de Paul abrió en 1855 la Casa de Talleres a instancias de Pedro Nolasco Mena, influyente político, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Junta de Beneficencia, y ahora vicentino. Nolasco contó con el apoyo de

13 Para un completo estudio del voluntarismo en la Europa decimonónica, ver Gorsky, 1999.

la familia Gandarillas y de socios tan activos como el administrador de los Talleres, Emilio Ovalle, consolidando el modelo de la escuela-taller para prevenir la vagancia (ASSVP, s.f.). El asilo recibía a niños de hasta 12 años –no mujeres–, patrocinados por un benefactor que cooperaba financieramente con su ingreso y con su pensión, ya que los niños vivían en la Casa. A finales del siglo, los Hermanos de las Escuelas Cristianas se hicieron cargo de administrar el establecimiento y educar a los menores. La formación de éstos era variada: se les enseñaba las primeras letras, a contar, religión, y en los cursos superiores eran formados como jóvenes aprendices en oficios de carpintería, albañilería y sastrería. La réplica del modelo multiplicó la creación de establecimientos especializados en la formación de ambos sexos –se incorporaron los establecimientos femeninos–, siendo emblemáticas las escuelas-talleres abiertas por la Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, fundada por el arzobispo Valdivieso en 1869; también se destacaron el Patrocinio de San José, abierto en agosto de 1872 por el presbítero Blas Cañas, y el Asilo de la Patria y la Casa de Nazareth, abiertos por Ramón Ángel Jara con la expresa tarea de socorrer a los huérfanos de la Guerra del Pacífico.14 Era común que las señoras de elite apadrinaran a los hijos de sus sirvientes e interviniesen para asegurar el ingreso de los niños. También les ayudaban a conseguir un par de camisas, pantalones y zapatos, y el colchón y la ropa de cama, que era lo mínimo para que ingresaran.

La SIP continuó con éxito sus labores gracias a los aportes en dinero y en textos escolares hechos por sus miembros y profesores, y también a su colaboración gratuita. A fines de 1856, la SIP ya contaba con 800 alumnos. El número de escuelas fue aumentando al ritmo de los aportes y del interés que despertó la educación y la infancia como sujeto de donación; muchos de esos aportes provenían de benefactores que también ayudaban a otros asilos educacionales.15 La pluralidad en la donación a diferentes

14 Tras la muerte de su director, Blas Cañas, en 1886, la congregación salesiana se hizo cargo del Patrocinio. En 1890, la Sociedad de Santo Tomás de Aquino, poseedora de diez escuelas en sectores populares, llegó a un acuerdo con la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas para que trabajasen en ellas. Para el detalle sobre el Asilo de la Patria, ver Home Valenzuela, 2007.

15 De hecho, entre 1844 y 1895 se fundaron más establecimientos dedicados al socorro de los párvulos que en todo el período colonial. Trece instituciones fueron levantadas en la capital gracias a la acción de los privados con el apoyo de fondos públicos, mientras

causas fue una característica general del período. Una de las benefactoras emblemáticas de la SIP fue Josefa Aldunate de O´Higgins, quien en 1857 destinó gran parte de su fortuna a dos escuelas que inicialmente habían estado bajo la dirección de su confesor, Manuel Vicuña, el arzobispo de Santiago. Sin embargo, en la década de 1860 los aportes privados no alcanzaron a cubrir los gastos que implicó esta rápida expansión. Los importantes donativos del reconocido político liberal Pedro Lucio Cuadra, del gran empresario de ferrocarriles Enrique Meiggs y del empresario minero Antonio Subercaseaux fueron insuficientes para paliar la crisis financiera de la asociación, lo que llevó a la apertura de una de las primeras instituciones de crédito destinadas a fines sociales. El Banco del Pobre nació en 1869 como sociedad anónima, y entre sus estatutos se estipulaba que parte de sus utilidades se destinarían a las obras de la SIP. Este banco fue el antecedente directo de otras iniciativas similares, como el Banco Popular. Creada en 1887 a instancias de Domingo Fernández Concha, esta institución tenía una clara inspiración católica y se focalizó en el préstamo, descuento y ahorro para pequeños industriales y obreros.

En la década de 1890 se unió a la SIP Claudio Matte, abogado de profesión –sería rector de la Universidad de Chile entre 1926 y 1927– y uno de los educacionistas más importantes de fines del siglo XIX. Convencido de que la pobreza no era impedimento alguno para aprender, estuvo a cargo de la SIP por largos años (entre 1892 y 1956), implementando metodologías pedagógicas que revolucionaron las formas de aprender. Matte aprovechó las escuelas de la SIP para difundir la síntesis de sus observaciones realizadas en escuelas durante su estadía en Alemania, en lo que se conoció como el Silabario Matte (Matte, 1884). Los silabarios fueron durante muchos años el principal texto de estudio en la educación primaria. Matte, al aprovechar las asociaciones visuales que se podían establecer entre la imagen, la grafía y el significado de las palabras, revolucionó la forma de aprender a leer y escribir, consiguiendo resultados en menos tiempo que en el resto de las escuelas. Asimismo, las escuelas de la SIP fueron pioneras en implementar el “método concéntrico de enseñanza”, que reemplazaba al anterior y en el cual las asignaturas se estudiaban completas y en forma sucesiva. El nuevo método era concéntrico porque agrupaba las materias de una misma área de conocimiento y les

que el Estado multiplicó la creación de casas de expósitos y escuelas-talleres en las principales ciudades del país.

enseñaba a los alumnos en forma secuencial, desde primero hasta sexto año, de manera “ascendente, yendo de las ciencias más ‘simples’ hasta las ciencias más ‘complejas’” (Jaksic, 1989; citado en Ossa, 2007: 37). Matte transformó las escuelas de la SIP en modernos centros educacionales, con gran dedicación personal. Él mismo, de hecho, financió seis escuelas de su propio peculio, logrando que en 1906, al cumplirse los 50 años de la Sociedad, el número de estudiantes llegara a 1.500. Treinta años después, en 1936, la cifra había ascendido a 4.000.

Este énfasis educacionista no quedó sólo en la educación formal: también se extendió hacia la lectura y la creación de bibliotecas populares. Tal como en el caso de las asociaciones y de los asilos de niños, nuevamente el modelo seguido fue de origen francés, fundándose pequeñas bibliotecas entre los pobres y los presos. Siguiendo estos ejemplos, a partir de 1856 el gobierno del Presidente Montt erigió bibliotecas anexas a las escuelas públicas en las principales ciudades (BLD, 1856: 6). La SIP siguió el ejemplo y creó las suyas, igual que la Iglesia católica. Fue el propio arzobispo Valdivieso –con la ayuda de un comerciante español radicado en Chile, Manuel Puerta de la Vera, y de la familia Gandarillas, socios todos de la Sociedad de San Vicente de Paul– quien fundó en 1861 la Sociedad Bibliográfica de Santiago para importar libros a bajo costo. La iniciativa no tuvo verdadero éxito debido a sus dificultades financieras y a la lenta valoración de los libros que tenían los pobres (Echenique, 1884). No obstante, es interesante constatar que esta intensa experiencia asociativa evidenció no sólo la importancia de formar a los sectores populares, cuyo tema, al final del siglo, levantó el debate sobre la necesaria formación con la que debían contar los obreros para la sociedad industrial; evidenció además la pertinencia de educar a las mismas elites. La fundación en 1888 de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue un hito educacional y político. Su apertura ocurrió en una de las décadas más álgidas del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Formó parte de una estrategia defensiva del catolicismo y del Partido Conservador para que fueran respetadas las libertades individuales, de enseñanza, de asociación y de prensa. El arzobispo Mariano Casanova, uno de los fundadores, al principio fue reticente a dar luz verde a la creación de la Universidad, pero al final cedió ante la gestión eficiente de estos verdaderos empresarios de limosnas que financiaron con donaciones particulares los años iniciales de la institución. Manuel José Irarrázaval fue el primer donante. Hizo su donación para una cátedra de Derecho Público y

enriqueció la biblioteca con una colección de 24.450 libros traídos desde Europa, incluyendo obras de católicos sociales como Frédéric Le Play o Armand de Melun. La familia Larraín Gandarillas, Maximiano Errázuriz, Melchor Concha y Toro y Vicente Ruiz-Tagle también figuran entre los primeros benefactores. Mención especial merecen Abdón Cifuentes y Domingo Fernández Concha, quienes participaron en las comisiones organizativas iniciales; Fernández Concha, además, dejó un cuantioso legado para la Universidad. Para invertir el dinero de los benefactores se crearon asociaciones anónimas sin fines de lucro cuyos capitales eran depositados en el Banco Santiago. Es interesante destacar que, en medio de la álgida lucha ideológica entre liberales y conservadores, las acciones de la Universidad eran donaciones, y el Banco Santiago se había fundado poco tiempo atrás para proteger los bienes de las órdenes regulares, a través de hipotecas y de ganar los intereses sin cederlos a los liberales, que generalmente eran los dueños de la banca.

Al finalizar la década de 1880, la pobreza obrera concitó la atención de las iniciativas privadas y del Estado. Haciendo eco de la discusión pública sobre la focalización de las donaciones en la juventud y la familia trabajadora, el debate sobre la educación técnica concentró las opiniones de un amplio espectro político. La propia Universidad Católica contempló una vertiente de educación práctica acorde al desarrollo industrial del período. Sin embargo, el legado de Federico Santa María Carrera para la creación en Valparaíso de la universidad técnica que lleva su nombre constituye un hito en el desarrollo intelectual del proletariado. Santa María era un liberal y un humanista, un empresario exitoso cuya experiencia en negocios de escala internacional lo llevó a reconocer el aporte de la educación técnica, lo que probablemente motivó su legado a la promoción de la industria nacional, la infancia y la educación a través de la Escuela de Artes y Oficios, el Colegio de Ingenieros y la ya mencionada universidad de carácter técnico abierta en 1931.

Durante el siglo XIX, la alianza entre la beneficencia pública institucional y las obras de caridad y de filantropía estableció una red asistencial urbana cuya experiencia fue indispensable para implementar donaciones

4. La asistencia preventiva hacia la familia obrera: la nueva pobreza industrial

destinadas al mundo obrero. A diferencia del proceso de urbanización del período 1850-1860, hacia 1880 la magnitud de los cambios sociales y económicos evidenció la precariedad de la vida popular. Según las estimaciones realizadas, si a mediados de siglo alrededor de la mitad de la población urbana de Santiago pertenecía al grupo más desvalido, durante la década de 1880 la concentración de pobres superó el 70% del total de habitantes. En términos absolutos, ello implicaba una masa de más de 100.000 individuos de una ciudad que en 1885 registraba un total de 189.332 personas (Ponce de León, 2011: 120). Las dimensiones de la crisis social no pudieron ser contenidas por los servicios de la ciudad, saturados, entre otras razones, por una inmigración explosiva hacia el centro del país debido a los ciclos depresivos del salitre y a los movimientos poblacionales provenientes del Valle Central. Entre los censos de 1907 y 1930, Santiago creció de 332.742 a 693.237 habitantes, es decir, duplicó su población (Dirección General de Estadística, 1931). Los índices de mortalidad se elevaron tanto que, según los estudios del médico francés Adolphe Murillo, la capital era un “cementerio”, sobre todo de niños, ya que uno de cada tres infantes moría antes del año de vida (Murillo, 1889). El hacinamiento de los conventillos y sus habitaciones multiplicó las enfermedades venéreas, la tuberculosis y las epidemias, a las que se sumó el cólera. Los índices de hijos ilegítimos, que ya eran altos, aumentaron, al igual que las uniones consensuales, es decir, las parejas no constituidas mediante matrimonio. La existencia de un 40% de hogares encabezados por mujeres jefas de hogar en el anillo suburbano de Santiago y el creciente abandono e infanticidio impactaron a la opinión pública (Serrano y otras, 2006: 54).

La deteriorada situación sanitaria de las grandes ciudades y las insalubres condiciones materiales y laborales de la población –sobre todo de las mujeres y de los niños– fueron las facetas más visibles de la llamada “cuestión obrera” o “cuestión social”. El cambio sustantivo respecto a la pobreza de las décadas anteriores era la presencia de un nuevo tipo de miseria. Era una miseria nueva porque ya no se trataba de la pobreza sin trabajo (la pobreza desvalida de mediados del siglo XIX), sino de familias trabajadoras –hombres, mujeres y niños– que, incluso con un salario, no lograban cubrir sus necesidades.

La movilización de la sociedad civil fue total. Esta vez el Estado debió intervenir directamente a través de las primeras políticas sociales, legislando sobre materias como el alcoholismo, la habitación obrera y las

regulaciones laborales. Por su parte, la Iglesia católica enfatizó la importancia de la organización de los laicos para hacerse cargo de la miseria de los trabajadores a través de encíclicas tan emblemáticas como Rerum novarum –la primera de orientación social–, promulgada en 1891 por el papa León XIII. La corriente del higienismo y los médicos, en tanto, lideraron la crítica hacia la filantropía liberal y católica, a la que calificaban de ineficiente y paternalista. A su vez, los trabajadores también cuestionaron esa forma de hacer filantropía, pero replicaron sus prácticas de asociación y ayuda en sus organizaciones mutualistas. Estas últimas se venían organizando en sociedades de socorro mutuo desde 1840, con el objetivo de proteger a sus consocios ante accidentes, enfermedades o la muerte. Las organizaciones mutualistas se vincularon a la organización política del movimiento popular chileno, lo cual fue esencial para el desarrollo de su formación política y la posterior creación de partidos y agrupaciones de filiación socialista.

La vertiente católica social fue muy activa desde finales del siglo XIX, y se podría decir que lideró el cambio de orientación de las donaciones (Valdivieso, 2006: 221). El nuevo paradigma se reflejó en el financiamiento a obras de atención preventiva hacia la familia obrera. Una de las iniciativas fue la preocupación por la unidad de la familia, que derivó en el intento de lograr una temprana regulación de las relaciones laborales femeninas en un contexto industrial, junto a la creación de instituciones dedicadas a proteger a las madres y a sus hijos, sin separarlos en distintos asilos y priorizando la educación profiláctica.

Otra de las iniciativas propias de la vertiente católica social fue la de los patronatos, cuyo desarrollo está ligado a hombres emblemáticos como Francisco de Borja Echeverría y Juan Enrique Concha Subercaseaux. La institución de los patronatos era de inspiración europea. Eran centros sociales que concentraban en un mismo lugar diversas prácticas que anteriormente estaban disgregadas en múltiples asociaciones: catecismo y escuelas dominicales y primarias, dispenserías, roperías, clubes y teatros, fútbol y habitaciones obreras, entre otras. Con el apoyo del arzobispo de Santiago, monseñor Carlos Casanueva, y junto a la Sociedad de San Vicente de Paul, De Borja y Concha promovieron la fundación en 1891 del Patronato de Santa Filomena, en el sector norte de la ciudad, uno de los más populares de Santiago. Su desarrollo muy pronto incluyó obras de ayuda de todo tipo: moral y material, recreacionales y deportivas, de salud y de educación, y de ahorro y de vivienda. Como hemos dicho, el foco

estaba puesto en la familia, pero el énfasis de los patronatos era prevenir la miseria y, por tanto, constituía una prioridad formar a la juventud para el trabajo antes de entrar a la fábrica; por eso se les denominó “patronatos de aprendices”. Con ese mismo espíritu, Emiliana Subercaseaux Vicuña –madre de Juan Enrique Concha– fundó la Sociedad Protectora de la Infancia en 1894. La Protectora, como se le denomina coloquialmente hasta los tiempos actuales, fue financiada y dirigida por ella hasta su muerte. La institución también recibió subvención estatal porque su creación llenó un vacío asistencial, ya que las instituciones dedicadas a los huérfanos y niños abandonados no sólo no daban abasto, sino que también tenían serias dificultades para educar a los mayores de 12 años. Todas las reformas realizadas a las casas de expósitos y de huérfanos en el siglo XIX habían tropezado con la carencia de maestros que formaran a la juventud masculina en los asilos dirigidos por mujeres. El problema eran los hombres mayores de 12 años, ya que las mujeres eran instruidas por las mismas monjas y benefactoras para ser empleadas domésticas.

En 1895, La Protectora abrió sus puertas en un local de la calle Matucana cedido por el Presidente de la República Jorge Montt, consolidando la labor de la institución.

El desarrollo de una política habitacional obrera también fue parte de las iniciativas de la vertiente católica social. Los primeros proyectos de habitación obrera habían captado grandes donaciones desde las décadas finales del siglo XIX. El problema del hacinamiento urbano era concebido como una de las principales causas de pauperización y desmoralización del país. A través de la Institución León XIII, creada en 1890 por Melchor Concha y Toro –padre de Juan Enrique–, los dineros de la familia Concha Subercaseaux se invirtieron para levantar la primera población obrera del país, la Población León XIII, en lo que hoy es el barrio Bellavista. El modelo fue exitoso y luego surgieron las poblaciones Sofía Concha, San Vicente y Pedro Lagos, en Santiago. En Valparaíso, Juana Ross financió el barrio La Unión, y en Concepción, Pedro del Río Zañartu legó las propiedades heredadas por su padre para que allí se originara el barrio Pedro del Río. Esta nueva tipología de ayuda por medio de la vivienda tenía como objetivo hacer del obrero un propietario a través de su ahorro y así fortalecer a la familia popular. Pionera como era, Juana Ross intentó sin éxito entregarles los derechos de propiedad a las familias favorecidas, adelantándose una década a la ley 1.838, que es considerada por algunos como el primer atisbo de política habitacional por parte del Estado chileno.

Promulgada en 1906, la Ley General sobre Habitaciones para Obreros recogió diversas ordenanzas municipales e iniciativas parlamentarias presentadas desde 1887, y usó como ejemplo varias disposiciones legales europeas sobre el tema. La ley estableció el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros en Santiago y consejos departamentales en las provincias, con el encargo de construir, higienizar y normalizar la vivienda obrera. También propició exenciones impositivas para favorecer la gestión de particulares, como asociaciones de caridad y asociaciones mutualistas, y la acción de algunas fábricas. La efectividad del modelo del barrio obrero para resolver los problemas urbanos, sociales y sanitarios de las habitaciones populares levantó críticas de algunos círculos médicos progresistas. Sin embargo, las cifras de la cantidad de recursos invertidos por la iniciativa privada son elocuentes: entre 1906 y 1925, fueron levantadas 3.243 viviendas, de preferencia conventillos y cités. En el mismo período, el Estado sólo alcanzó a construir 396 casas.

En una sociedad en vías de industrialización, las mujeres y sus hijos también fueron protegidos por este tipo de caridad en su integración al trabajo fabril. Fue en esa época cuando se le dio prioridad al cuidado de la lactancia, a la creación de salas cunas y a la educación profiláctica. El nuevo enfoque derivó en la creación de procedimientos para que las madres no abandonaran a sus hijos. Así nació, en 1901, el Patronato Nacional de la Infancia, fundado a instancias de Enrique Cousiño, intendente de Santiago, y de Ismael Valdés Valdés, primer director del Patronato. Reuniendo ciencia y técnica con filantropía –según el moderno concepto de “salud preventiva”, apuntando con ello a una vida más saludable y a la prevención de enfermedades–, el objetivo de la institución era el bienestar del niño sin separarlo de su madre ni de su hogar, como salvaguarda de la salud maternal. En sus orígenes, el Patronato se organizó en función del reparto de leche a escolares y a sus madres en los dispensarios de Alimentación e Higiene instalados en barrios obreros de la capital. Sin embargo, haciendo eco de la intensa campaña internacional a favor de la puericultura como clave de la relación madre-hijo, la institución se reorientó hacia la protección exclusiva de los menores de dos años. Los dispensarios se transformaron en los llamados consultorios Gota de Leche, inicialmente concebidos como escuelas prácticas de puericultura popular, pero que luego se transformaron en verdaderos policlínicos y centros de reparto de leche esterilizada. En 1908, a instancias del médico Manuel Camilo Vial, quedó establecido el primero de ellos en San

Bernardo; en Santiago, por su parte, la iniciativa estuvo a cargo del médico Luis Calvo Mackenna. Una densa red de organismos apoyados por el trabajo de numerosos agentes de la filantropía y la salud atendía a estas familias en el resto de sus demandas. El objetivo era entregar una atención integral sin que las familias tuvieran que salir del Patronato, y en ello fue de suma utilidad el Cuerpo de Señoras, integrado por damas de elite, que con su trabajo de inspección domiciliaria prefiguró el rol de la visitadora social a partir de 1926, cuando fue institucionalizada la política de salubridad del Estado (Serrano y otras, 2006: 78).

Epílogo: ¿por qué importan las donaciones?

En el amplio arco temporal que abarca este capítulo –de 1750 a 1920–, las donaciones y su ejercicio a través de instituciones y asociaciones benéficas se revistieron de una importancia sociológica y política creciente. La sociedad chilena incorporó la donación entre sus prácticas devotas y filantrópicas, adquiriendo no sólo un sentido religioso o moral sino también una importancia política. La razón estriba en que la donación construyó vínculos directos entre distintos sectores sociales en el tránsito hacia una sociedad industrial, precisamente cuando la ampliación de sus escalas desdibujó las antiguas formas de relacionarse, basadas, muchas de ellas, en lazos de dependencia. Durante el período colonial existían vínculos de protección funcionales a una sociedad estratificada. Esas relaciones se caracterizaban por ser patronales y socialmente desiguales, pero permitían la sobrevivencia de la gran mayoría de la población dentro de la antigua lógica estamental y corporativa. El problema estuvo en que, a partir del siglo XIX, esas lógicas cada vez fueron menos funcionales en una sociedad segregada, de relaciones contractuales, en la que primó el anonimato de la metrópoli y el mercado.

Fue en este tránsito cuando las elites caritativas y filantrópicas dejaron de compartir las costumbres y los lugares públicos con los sectores populares a raíz del proceso de segregación urbana, pero no abandonaron la pobreza. Todo lo contrario: más bien salieron en su búsqueda recorriendo la ciudad hasta sus nuevos barrios de miseria. Es posible afirmar que la beneficencia, la caridad y la filantropía decimonónica establecieron relaciones desiguales que no buscaban desterrar la pobreza, y que la ayuda social todavía no era conceptualizada como un derecho.

Esta forma de comprender el socorro por parte de la elite no planteó una sociedad igualitaria, y este hecho ha sido recriminado una y otra vez por la historia social, al conceptualizar las acciones caritativas como paternalistas y, por lo tanto, poco efectivas (Salazar y Pinto, 1999: 55-56; Salazar, 2000; Illanes, 1993; Grez, 1997).

En la actualidad, esta interpretación está siendo superada, y se ha reconocido el poder que han tenido estas relaciones de protección; por ejemplo, como una herramienta de transmisión cultural, o bien en su rol estabilizador de conflictos sociales y laborales generados en sociedades de reciente industrialización.16 A su manera, la beneficencia y la caridad abrieron espacios para que la sociedad civil se relacionara con la pobreza a través del conocimiento de lo que las mismas elites consideraron como la verdadera pobreza.

A partir de mediados del siglo XIX, las donaciones se canalizaron hacia obras que tenían como objetivo llegar hasta el domicilio de los pobres, haciendo posible saber de la pobreza en forma empírica; así, los sectores acomodados pudieron conocer la realidad material y social de las familias pobres de las grandes ciudades del país. Éste fue el rasgo más significativo de las transformaciones ocurridas en la donación y sus prácticas durante el siglo XIX. La llamada “caridad activa” constituyó una nueva forma física de vincularse con los marginados de la sociedad industrial (Serrano, 2000: 71). Esta modificación combinó elementos modernos al constituirse sobre una concepción liberal del individuo y una caridad con un sentido de reciprocidad (Duprat, 1996; 1997). La ayuda requería la necesaria contribución del pobre a la mejora de su condición mediante su esfuerzo personal: su moralización a través de su trabajo, su alfabetización y educación técnica, su avecindamiento y, para los católicos, también su cristianización. Es decir, a pesar de ser relaciones socialmente desiguales, los vínculos establecidos entre sectores sociales tan disímiles se fundaban sobre mutuas obligaciones y deberes, y a veces incluso sobre lealtad.

La importancia social de las donaciones no residió en cuántos pobres fueron ayudados, sino en que ellas se transformaron en una herramienta de conocimiento empírico y sociológico de la familia popular urbana.

16 Ver Newby, 1975; citado en Gorsky, 1999: 6-7. Para el caso europeo, ver Woolf, 1986; y Fuchs, 2005. Para el caso americano, ver Matos, 1999. Ver también Arrom, 2000; Duprat,1996; 1997; 1993; Morris, 1983; 1990; y Koditschek, 1990: 247-251, 268-269, 287.

Fue una trama que convocó a instituciones de beneficencia pública, al asociacionismo católico, al asociacionismo liberal y, hacia la década de 1880, también a los mismos trabajadores y al Estado.

Un niño es bañado en la Gota de Leche Manuel de Salas, 1919.

Manuel de Salas (1754–1841).

Abdón Cifuentes (1836–1928).

José Tomás de Urmeneta (1808–1878).

Antonia Salas de Errázuriz (1787–1867).

Carlos van Buren Vallejo (1868–1929).

Claudio Matte Pérez (1858–1956).

Juana Ross de Edwards (1830–1913).

Josefina Gana de Johnson, cofundadora de la Sociedad Protectora de la Infancia.

Federico Santa María Carrera (1845–1925).

Emiliana Subercaseaux Vicuña, cofundadora de la Sociedad Protectora de la Infancia.

Lorenzo Sazié (1807–1865).

Matilde de Salamanca Zavala (1725–1820).

Melchor Concha y Toro (1833–1892).

Enrique Concha (1876–1931).

Hospital San Francisco de Borja, Santiago, hacia 1910.

Lazareto de Arica, hacia 1910.

Población de obreros León XIII, Santiago, hacia 1911.

Casa de Orates de Santiago, fundada en 1852.

Niños jugando en el patio de La Protectora de la Infancia.

Niños en su dormitorio en La Protectora de la Infancia, hacia 1927.

FILANTROPÍA Y DONACIONES

EN TIEMPOS DEL GRAN ESTADO CHILENO, 1930-1970

maría soledad zárate maricela gonzález

En el período que va de 1930 a 1970 los programas y prácticas asistenciales tuvieron una fuerte presencia estatal –abocada a resguardar derechos sociales y ciudadanos–, pero la tarea de cubrir las necesidades tradicionales y emergentes se vio desbordada. La filantropía privada, tanto individual como colectiva, ocupó entonces un lugar fundamental. Grupos profesionales –como médicos, abogados y profesores– y también voluntarios anónimos fueron claves para afrontar las demandas de la pobreza. Estuvieron inspirados por valores cristianos y humanistas. Es éste el período en que se fundaron instituciones filantrópicas emblemáticas, como el Hogar de Cristo y la Ciudad del Niño.

Chile, desde sus tiempos más remotos, conoció escasamente la miseria, ya que un territorio tan vasto como el nuestro, con un suelo generoso, cada quien tenía asegurado su sustento con el menor de los esfuerzos. Tan sólo en estos últimos años, con la intensificación de la población en los centros más cercanos de la metrópoli, el problema del pauperismo ha aumentado en forma considerable, sin que podamos estimarlo como una de esas terribles necesidades que han aparecido en las naciones europeas, hasta ser causa de la perturbación de su tranquilidad. Acaso en los campos, donde los grandes latifundios perpetúan un egoísmo tradicional que impide la división de la tierra, la pobreza del labriego, suele revestir aspectos que tocan a la miseria misma.

marta niedbalski

En 1934, la visitadora social Marta Niedbalski revisaba las condiciones de la asistencia social en Chile. Si bien era categórica respecto de los importantes problemas que aquejaban a los más desfavorecidos –prostitución, alcoholismo, abandono infantil, desnutrición–, su balance era auspicioso. A su juicio, el mayor problema era el incremento de la pobreza urbana, la que afortunadamente no había alcanzado los niveles del Viejo Mundo gracias a las transformaciones políticas experimentadas que socorrieron y asistieron a la población pobre. Esas políticas habían descansado en asociaciones caritativas durante todo el siglo XIX y sus frutos ahora comenzaban a evidenciarse.

En efecto, durante la década de 1920, el activo papel que adquirió el Estado en el campo de la protección social dotó de nuevos sentidos y orientaciones a las prácticas tradicionales de caridad y filantropía que se habían densificado desde el último tercio del siglo XIX. Las asociaciones

privadas laicas y católicas, las asociaciones de socorro mutuo y las instituciones de beneficencia pública habían construido una red asistencial –dirigida principalmente a mujeres, niños y enfermos– porque reconocían la importancia de brindar soporte material y moral a las familias y resguardar los vínculos sociales amenazados por la incipiente industrialización.

Las propuestas del gobierno de Arturo Alessandri Palma de una nueva Constitución Política –que, una vez implementada, separó los poderes del Estado, estableció un régimen presidencialista y dio al aparato estatal el deber de proteger la salud y la educación de la población– y de una legislación social que garantizaba protección a los trabajadores y sus derechos ciudadanos, fueron el punto de partida de una nueva estructura estatal, mandatada para intervenir en diversos problemas sociales a través de la creación de numerosas instituciones públicas y de políticas sanitarias, educativas y laborales (Valdivia, 1999; Pinto y Valdivia, 2001). El impacto de la crisis económica de la década de 1930, producida por la caída del mercado de valores en la Bolsa de Nueva York, junto con el empobrecimiento y la carestía nacional, trajo consigo la convicción de que el Estado debía ser un agente clave en la recuperación económica, fomentando la industrialización local y reduciendo la dependencia de los mercados externos. Así, el Estado asumía el liderazgo de un nuevo modelo de desarrollo que perduró hasta 1973.1

Uno de los desafíos estatales de este período fue conciliar el crecimiento económico con el desarrollo nacional y la protección social. En esta última tarea, las acciones y los logros del Estado fueron cruciales. Pero dicha tarea fue compartida con individuos e instituciones privadas. En tiempos del “gran Estado” chileno, es decir, tiempos de políticas sociales de creciente cobertura, se puede constatar la continuidad de las

1 Algunos indicadores de este crecimiento: si en 1925 el gasto público representaba el 2,1% del producto geográfico bruto (PGB), en 1945 ascendió al 8%; diez años después, en 1955, se elevaba al 14,9%, mientras que en 1972 escaló hasta el 29,6%. La presencia del Estado en la actividad económica fue importante en cuanto a fuerza de trabajo: en 1970, los trabajadores del sector público representaban el 14,3% de ella. Por otro lado, la existencia de empresas públicas (llegaron a ser 490 en 1972) y la inversión pública crecieron hasta convertirse en las mayores de América Latina. Respecto a los programas sociales, el gasto fiscal social pasó de representar el 2,1% del PGB en 1925 a constituir el 10,5% en 1970; y si en 1920 el gasto fiscal social era el 6,6% del gasto fiscal total, en 1965 llegó a ser el 45,2%. Una profundización de estos datos puede verse en Meller, 1996; Romaguera y Gatica, 1979: 7; y Foxley y Arellano, 1977.

labores de algunas instituciones benéficas herederas de la época anterior –como el Patronato Nacional de la Infancia o las juntas de beneficencia– y la creación de nuevas organizaciones filantrópicas, que serán examinadas en las próximas páginas. Adoptando diversas modalidades, proviniendo de diversos agentes (religiosos y laicos) y relacionándose frecuentemente con el Estado, el aporte privado a la contención y a la integración social da cuenta de una trayectoria propia y compleja que revisamos a continuación.

1 . La modernización de la Beneficencia y la Caja del Seguro Obligatorio

Atenta a las transformaciones que experimentó el Estado chileno desde la década de 1920, la filantropía local vivió sus propios procesos a partir de la celebración del Primer Congreso de la Beneficencia Pública, realizado en Santiago en 1917. Se reunieron en él autoridades políticas, médicos, filántropos y representantes de diversas obras sociales –como el Patronato Nacional de la Infancia–, para poner en la agenda de discusión dos grandes temas: la insolvencia económica por la que pasaban las juntas de beneficencia y la necesidad de reorientar sus objetivos con el fin de secularizarlas y racionalizarlas. Era preciso incrementar los ingresos, pues las necesidades sociales se multiplicaban, y unificar las juntas en una entidad central que reglamentara todos los servicios de beneficencia del país y propusiera una ley general que las dotara de una estructura homogénea y racional (Valdés, 1917: 5; Amunátegui, 1918).

A través del liderazgo de los médicos, en dicho Congreso se discutió cuál debía ser el papel del nuevo Estado en la provisión de recursos económicos para la caridad y en la regulación de sus actividades. Ismael Valdés –ingeniero, político y miembro fundador de diversas instituciones asistenciales– defendió la independencia de la filantropía, pues temía que la “caridad oficial” fuera “excesivamente rígida e inflexible en sus procedimientos”, costosa para los contribuyentes, inestable en virtud de los vaivenes políticos e incapaz de recaudar los fondos percibidos en forma de legados y donaciones (Valdés, 1917: 4). En la vereda opuesta, una segunda postura fue firme defensora de la responsabilidad estatal en el socorro asistencial y sanitario de los pobres, y sostuvo la necesidad de obligar la donación de los particulares a través del cobro de impuestos (Santelices y otros, 1917).

Este Primer Congreso de la Beneficencia Pública denunció también la obsolescencia de un tipo de caridad añosa e ineficaz que no se ajustaba a los nuevos preceptos científicos. Además, propuso modernizar toda la estructura asistencial y sanitaria del país, pasando por la actualización de edificios –particularmente la modernización de los hospitales–, la tecnificación de los profesionales y auxiliares sanitarios que trabajaban en la asistencia, y, en términos generales, abogó por una racionalización moderna de toda la estructura filantrópica.2

Producto de estos debates, la Beneficencia experimentó importantes cambios institucionales relacionados con su organización y sus funciones. En reemplazo de la dispersión de juntas locales, que operaban de forma más bien anárquica, se creó la Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social –que agrupó al conjunto de juntas del país–, se mantuvo como una institución semipública y tuvo a su cargo la dirección, administración y construcción de hospitales, casas de socorro, manicomios, asilos y casas de huérfanos. Hasta 1952, cuando se creó el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Junta Central de Beneficencia representó una figura dual en materia de asistencia social, pues aunque los médicos tomaron el control de ella, la profesionalizaron y racionalizaron administrativamente, pervivió su herencia filantrópica, y todos sus servicios de salud y auxilio social se mantuvieron en su esencia y estructura como entidades donde concurría la iniciativa privada en su deseo de contribuir “al progreso, engrandecimiento y mejoría de nuestro pueblo” (González, 1944: 62).

Como decía el médico Ignacio González Ginouves, la Beneficencia había logrado salvaguardar el aporte que los filántropos hacían al país y, a pesar de que el Estado concurría con cerca del 60% de su financiamiento y vigilaba su desempeño, seguía perteneciendo al ámbito de la “caridad privada” al ser ella “la continuidad actualizada de la tradición de aquellos tiempos en que la caridad reemplazaba en Chile a la justicia social” (González, 1944: 53).

El carácter filantrópico de la Beneficencia fue sancionado por la ley 5.115 de 1932. Esta ley unificó las juntas locales en una Junta Central y proveyó a este organismo de una reglamentación que establecía: un

2 Ver el discurso del secretario general del Primer Congreso de la Beneficencia, doctor Alejandro del Río, con motivo del cierre de la conferencia (Revista de Beneficencia Pública, 1917).

régimen interior de gobierno con participación de consejeros y autoridades públicas y académicas; una tipificación de servicios que quedaban cubiertos por las respectivas juntas departamentales; una estructura única para todas las juntas, con normas aplicables a los directores de los servicios, el personal médico y los funcionarios de apoyo; un protocolo de atribuciones y deberes de las juntas, entre los que se contaban las responsabilidades económicas y financieras, la construcción y edificación de obras, el manejo general de los bienes y patrimonio, y la organización de los servicios.3

El gobierno de la Beneficencia también fue modificado por esta ley. Su antigua composición laico-filantrópica (cuatro miembros elegidos por la municipalidad respectiva y cuatro designados por el Presidente de la República, más los administradores y subadministradores de los establecimientos asistenciales de cada localidad),4 cambió del siguiente modo: un presidente (que era el ministro de Bienestar Social), el presidente de los servicios de Beneficencia de Santiago, el director general de Sanidad, dos miembros del Consejo de Previsión y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,5 otorgándole una estructura directiva de carácter técnico. A su vez, la ley 5.115 estableció por primera vez que la Junta Central de Beneficencia sería dirigida por “un médico chileno, designado por el Presidente de la República”, quien ejercería el cargo de director general de Beneficencia y Asistencia Social.6 Por otra parte, en su estructura de financiamiento pervivió también la tradición de la caridad,

3 A falta de la aprobación definitiva de la ley de 1932, el 12 de junio de 1923 se dictó el Reglamento Orgánico de la Beneficencia Pública, que permitió avanzar en los objetivos que se había planteado el Primer Congreso en la línea de dar “unidad y concordancia a las diversas juntas del país y la necesidad de dar a estos servicios una organización eficiente, de acuerdo con los dictados de la higiene y de la técnica hospitalaria moderna” (Revista de Beneficencia Pública, 1923: 438). El proyecto de la ley se puede ver en Valdés y Vargas Salcedo, 1923.

4 La composición descrita era válida para las juntas de Santiago y Valparaíso, por ser ciudades principales; el resto de las juntas comprendía a los administradores, subadministradores y cuatro vecinos (dos nombrados por el Presidente de la República y dos por la municipalidad respectiva). Ver el artículo 1 del decreto sin número del 27 de enero de 1886.

5 Ver el artículo 3 del decreto con fuerza de ley 2.101 (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f.–b).

6 Ver el artículo 2 de la ley 5.115 (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f.–a).

y la nueva legislación, aun cuando obligó al Estado a subvencionar su trabajo, estableció explícitamente que la Beneficencia recibiría las asignaciones de particulares y todo tipo de “donaciones y asignaciones testamentarias”, más los capitales que se acumulasen como fruto de la explotación de sus bienes.7

De modo paralelo, en 1924 se aprobó un paquete de leyes sociales entre las que destaca la ley 4.054, conocida como Ley del Seguro Obrero Obligatorio. Ésta fue la primera red de asistencia estatal que brindó protección completa a los trabajadores manuales y artesanos, y permitió el auxilio de las enfermedades y la atención de madres y niños de manera formal, a través del auxilio maternal a obreras durante el embarazo y el puerperio, y de subsidios en dinero hasta el destete del hijo. Para Exequiel González, médico creador de la ley, de esta forma se abordaban los dos problemas sustantivos de la filantropía, pues la nueva institucionalidad laboral-previsional –que funcionaría al amparo de un cambio en el rol del Estado– actuaría a través de una “política salvadora” llamada “seguro”.8 Esta política había funcionado en las naciones civilizadas como mecanismo “de avanzada”, ya que permitía brindar a los trabajadores un paquete amplio de protecciones frente al riesgo (enfermedad, invalidez, vejez) y resolvía el tema del financiamiento mediante la concurrencia de aportes repartidos entre los obreros, los patrones y el Estado (González Cortés, 1927: 6).

La Caja del Seguro Obligatorio (CSO), institución de carácter semifiscal, se encargó de brindar las prestaciones que otorgaba la ley 4.054, y en el siguiente cuarto de siglo dotó al país de consultorios, postas y estaciones médicas rurales en sitios apartados. Entre 1938 y 1943, el número de atenciones otorgadas por la CSO tuvo un incremento de casi el 50%, y los gastos en hospitalizaciones subieron de 951.915 millones de pesos en 1926 a 44.578.437 millones en 1943. A su vez, en el lustro 1938-1943 se pasó de 17.301 partos atendidos a 37.309, y de 8.898 niños controlados a 121.309; además, se duplicó el monto de los subsidios de maternidad y lactancia (Biondi y otros, 1944).

De esta manera, la CSO fue el germen del desarrollo de la institucionalidad social y sanitaria de carácter público en Chile. Su red de consultorios

y la implementación del Servicio Madre y Niño –que amplió los beneficios de la asegurada, brindándole atención médica pre y posnatal al niño hasta los dos años de edad–9 legitimaron al Estado en su rol protector de la salud pública y de la familia; éstas fueron plataformas para que se desarrollaran al alero del Estado todos los procesos que conformarían más adelante las leyes de carácter universalista. Los profesionales de la salud pública tecnificaron sus oficios, aparecieron nuevos centros de formación o se complejizaron los existentes, los médicos emigraron a perfeccionarse fuera del país y, a nivel de la atención médica, aparecieron experiencias pioneras donde se privilegiaba la coordinación de las acciones y la vinculación de los centros con las necesidades comunitarias (las conocidas unidades sanitarias, que operaron en algunas comunas de Santiago y en un par de provincias). En estos años de maduración del rol estatal en las políticas sanitarias y sociales, se fundó la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile. También germinó en los médicos la idea de implementar en el país los preceptos de la medicina social, que dejaba de lado los principios asistencialistas y se volcaba a la comprensión de la salud como “un completo estado de bienestar”, que encaminaba la acción sanitaria a la atención de la persona “en toda su complejidad”.

2 . La convivencia de nuevas políticas estatales y la caridad tradicional

La Beneficencia y la CSO se convirtieron en los pilares del Estado asistencial hasta 1952. No obstante, las numerosas necesidades asistenciales promovieron un espacio de acción para obras filantrópicas heredadas del período anterior y también para la creación de nuevas organizaciones. Pese al importante protagonismo del Estado en labores asistenciales, las tareas y las necesidades se multiplicaron en el contexto de un Chile que se urbanizaba rápidamente y que experimentaba los efectos de la significativa crisis económica internacional de la década de 1930. La cesantía y la vagancia infantil requerían esfuerzos muy diversos para ser combatidos,

7 Ver el artículo 10 de la ley 5.115 (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f.–a).

8 “Seguros Obreros contra accidentes, enfermedades (...) como fuente de recursos para la Beneficencia Pública”. Ver Illanes, 1993: 197.

9 El Servicio Madre y Niño se rigió por un reglamento especial aprobado por el Consejo de la CSO el 4 de diciembre de 1936. Tuvo un financiamiento provisorio hasta que la ley 6.236, del 25 de agosto de 1938, alzó la cuota fiscal al 1,5% de los salarios y destinó una parte de este incremento específicamente al Servicio.

como también la mortalidad infantil, que si bien comenzaba a descender respecto al principio del siglo, aún era altamente temida. La preocupación por la infancia no sólo se concentraba en la contención de la mortalidad de los párvulos. También el fomento de los vínculos entre niños y madres, la difusión de la puericultura y la escolarización y alimentación infantil demandaron la atención de numerosas organizaciones de diverso tamaño y cobertura.

Asimismo, el reconocimiento de ciertos sectores sociales y su compromiso con grupos que no quedaban cubiertos por las políticas estatales y con nuevos grupos de desposeídos dio nuevos bríos a la actividad filantrópica de la primera mitad del siglo XX

En el ámbito sanitario –a pesar de la abrumadora importancia que tuvieron los hospitales de la Beneficencia y los consultorios de la CSO–, también existieron servicios de salud municipal y algunas clínicas privadas que brindaban auxilio sanitario y social a madres e hijos.

Las congregaciones religiosas católicas y algunas iglesias protestantes fueron administradoras de centros de salud, como el Dispensario Madre e Hijo, que dependía de la Misión Presbiteriana de Nueva York; el Policlínico de la Institución Sweet, que pertenecía a la institución evangélica; el Policlínico Público Israelita; o el Instituto Fisioterápico Adventista. Las Hermanas de la Caridad también tuvieron presencia en instituciones de salud, como el Dispensario San Pablo, al igual que las Hermanas de la Preciosa Sangre, que gobernaban la Clínica del Doctor Rodríguez Barros. La Cruz Roja con sede en Santiago, por su parte, tuvo distintas ramas de acción sanitaria divididas por género (Cruz Roja de las Mujeres de Chile, por ejemplo) y edad (Policlínico de la Cruz Roja Juvenil), y también algunos centros especializados en abordar patologías concretas, como el Preventorio San José de Maipo o el Preventorio de Mar en Papudo, ambos para atender tuberculosos.

De igual manera, se mantuvo la acción del Patronato Nacional de la Infancia, fundado en 1901, a través de su red de consultorios Gota de Leche, que socorría a niños desnutridos, embarazadas y nodrizas, y otorgaba enseñanza de amamantamiento e higiene a madres pobres (Bianchi, 1950).10

Finalmente, es relevante mencionar algunas instituciones de diversa índole y variados objetivos que prestaban auxilio médico a sus propios socios, como el Policlínico de la Juventud Católica Femenina y el Policlínico de los Centros Obreros de Instrucción, o los policlínicos de la Caja de Previsión de Empleados y el de los Empleados del Club Hípico (Barahona, 1943).

También se preocuparon los filántropos por la mala nutrición de la población, en especial la de los niños. Con el fin de solucionar el problema, se crearon las ollas infantiles, emanadas de la iniciativa filantrópica de particulares, que fueron antecedente directo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la entrega de alimentación gratuita a alumnos indigentes de escuelas primarias.11 Algunos ejemplos de ellas fueron la Olla Escolar del Arzobispado, la Olla José Miguel Infante de la Congregación Hijas de María Auxiliadora y la Olla del Patronato de la Sagrada Familia (Ortega y Covarrubias, 1933).

El auxilio para indigentes, vagabundos, niños, viudas y otros desamparados continuó siendo un servicio estatal a través del antiguo Hospicio de Santiago, fundado en 1803. Sin embargo, la caridad religiosa tuvo en esto un rol muy protagónico, sembrando asilos –que dependían del Arzobispado–, parroquias y algunas congregaciones. Algunas hospederías nocturnas fueron los Hogares de Hombres y Mujeres del Ejército de Salvación, organización internacional que había comenzado su obra en Valparaíso en 1909 estableciendo centros de trabajo social voluntario (González y Cardoza, 2008: 250). El Hogar San Saturnino, de filantropía privada, y el Hogar San Rafael, patrocinado por el Arzobispado, son antecedentes de la tarea en que se concentró el Hogar de Cristo.

Por su parte, la asistencia a la infancia abandonada o desprotegida estuvo en manos de varios asilos para niños, como el Asilo de la Misericordia, el Asilo del Niño Jesús, el Asilo del Sagrado Corazón y el Asilo del Salvador, dependientes de congregaciones femeninas.

También como consecuencia de la crisis económica recrudeció el problema de la cesantía, que fue abordado a través de la creación del Comité Central de Ayuda a los Cesantes, de la Comisión Oficial Pro-Ayuda a los Cesantes en Santiago y Valparaíso, y del establecimiento de una serie

10 La Gota de Leche, en rigor, fue la primera red de distribución de leche del país. Se trata de una institución que se mantuvo, con altibajos, durante todo el siglo XX, perdurando hasta la actualidad, y que debido a su trayectoria se convirtió en un referente de la acción sanitaria preventiva dirigida a la población infantil (Zárate, 2010).

11 Se dispone del registro de ollas escolares desde 1908, las que fueron mantenidas por varias décadas. La reforma educacional de 1928 no estableció como obligación estatal el financiamiento de esta modalidad alimentaria, pues cada municipio debía responsabilizarse por su funcionamiento.

de albergues en Santiago donde también concurrió la asistencia privada, que tuvieron por objetivo recibir a los retornados de las regiones mineras del norte que empezaban a cerrar debido a las consecuencias tardías de la crisis del salitre.12 De manera complementaria, a inicios de la década de 1930 el gobierno creó la Dirección General de Cesantía, que más tarde pasó a llamarse Departamento de Cesantía de la Inspección General del Trabajo.

Finalmente, es necesario hacer mención a las sociedades de beneficencia extranjeras (alemana, belga, británica y española, entre otras), pertenecientes a las colonias de inmigrantes residentes en el país. También estuvieron las Conferencias de San Vicente de Paul, de antigua data en Chile, repartidas por parroquias y organizadas en torno a la acción de la filantropía básicamente femenina abocada al cuidado de familias pobres y a la fundación de escuelas y talleres para el adiestramiento en oficios manuales (Ortega y Covarrubias, 1933: 107-116).

3 . Los lazos colaborativos entre la filantropía y el Estado: donaciones, acciones conjuntas y coordinación de la ayuda

La institucionalización de la asistencia social a través del trabajo de la Beneficencia y la CSO trajo consigo una nueva etapa para las iniciativas que se concentraban en el auxilio a los más desfavorecidos, que reconocía al Estado como un agente benefactor. En este nuevo escenario, las instituciones privadas que ofrecían auxilios se convirtieron en agencias que colaboraron con la nueva función social que asumió el Estado a partir de la década de 1920.

Varias de las funciones y tareas que antaño recaían exclusivamente sobre el mundo privado –como la protección de madres y niños, tradicionalmente en manos de instituciones privadas como el Patronato de la Infancia; las cruzadas antialcohólicas que había emprendido la Liga Chilena de Higiene Social (Zañartu y Galanti, 1926); o la alimentación brindada por las sociedades de socorros mutuos– pasaron a constituirse en responsabilidad estatal. Esas funciones y tareas, inspiradas originalmente en la compasión, transitaron progresivamente al campo del

derecho, conformando el sustento de leyes sociales y de políticas públicas y previsionales.

Enfrentado a esta nueva responsabilidad, el Estado fomentó –para que funcionase el sistema de protección social del cual era actor principal– la creación de múltiples mecanismos de control, provisión de servicios y garantías legales, que requirieron de nuevas agencias y de profesionales de sexo femenino –como matronas, enfermeras y asistentes sociales–, además de funcionarios y técnicos, que dotaron a la labor filantrópica de nuevos estándares modernos y eficientes. De este modo, la modernización y la racionalidad científica de la asistencia estatal se abrieron paso y convivieron con el antiguo modelo de la caridad cristiana y de la compasión con que las elites privadas se vinculaban con los más desfavorecidos. Ese modelo estuvo vigente hasta la difusión de los ideales de un remozado catolicismo social que permeó a la clase política desde la década de 1950 y que se consolidó en la década siguiente.

Producto de la crisis económica que afectó al mundo y a Chile en la década de 1930, el Estado amplió las fuentes de financiamiento con las que contaba para sostener a las instituciones asistenciales. Un ejemplo de ello fue la fundación en 1934 –durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma– de la Polla Chilena de Beneficencia, a través de la ley 5.433. Administrada hasta 1953 por la Junta de Beneficencia, la Polla Chilena se concentró en la realización de sorteos y carreras de caballos efectuadas en el Club Hípico para la recaudación de fondos. Según la memoria que en 1974 recogió los 40 años de existencia de la institución, las utilidades que la Beneficencia Pública obtenía por las ganancias de Polla eran destinadas a la instalación y el mantenimiento de las casas de socorro, y al mejoramiento de los servicios hospitalarios y de la situación económica del personal que trabajaba en ellos. La fuerte impronta asistencial que se le adjudicó a esta institución es claramente visible en la imagen del primer boleto, donde se recreaba el auxilio sanitario que brindaba una mujer a un hombre enfermo (Bastías, 2013).

En 1953, la Polla obtuvo la personalidad jurídica y desde entonces fue fiscalizada por la Contraloría General de la República; a partir de la década de 1960 se convertiría en una empresa del Estado dependiente del Ministerio de Salud Pública. Durante más de veinte años, específicamente entre 1942 y 1967, se incrementaron el número de sorteos y el número de instituciones beneficiadas, entre las que se incluyeron la mayoría de las universidades, la Sociedad Constructora de

12 Según Jorge Rojas (2010), en 1932 los albergues de Santiago acogieron a 295.700 personas.

Establecimientos Hospitalarios, la Cruz Roja, la Sociedad Protectora de la Infancia, el Cuerpo de Bomberos, la Fundación de Viviendas de Emergencia, la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, el Ropero del Pueblo, el Servicio de Seguro Social, el Servicio Nacional de Salud, el Departamento de Perfeccionamiento Científico, el Departamento de Salud del Colegio Médico de Chile y el Consejo de Defensa del Niño (Polla Chilena de Beneficencia, 1974: 26-28).

Por su parte, la filantropía privada siguió preferentemente en manos de individuos y familias ligados a las grandes fortunas del país, vinculadas tanto al campo empresarial como al negocio de las grandes propiedades, que donaban legados y/o herencias y se reunían en asociaciones de naturaleza jurídica diversa, a veces en corporaciones privadas y otras en mixtas; en este último caso recibían subsidios estatales (Cortés, 2001). Por ejemplo, en el caso de las instituciones privadas dedicadas a la asistencia infantil, se combinaron el uso de donaciones –a través de aportes excepcionales como el de Carlos Cousiño, quien en 1931 cedió 600.000 pesos a la Sociedad Protectora de la Infancia–13 con colectas callejeras apoyadas por mujeres de la alta sociedad, que en ocasiones eran acompañadas por niños de La Protectora que generaban curiosidad entre los transeúntes (Rojas, 2010: 376).

En el ámbito sanitario y asistencial, el sistema de donaciones personales y familiares se mantuvo como una práctica permanente hasta bien entrada la década de 1970. Los legados podían ponerse a disposición libre de algunos servicios públicos, como el SNS, o bien suscribirse para objetivos específicos, como la construcción de un centro médico, de un asilo para pobres o de un hogar de niños. Las donaciones podían ser en dinero, pero mayoritariamente se trató de tierras agrícolas o urbanas en provincias.14

Respecto de los grupos dedicados a las tareas filantrópicas, es posible reconocer cambios en su composición social. Desde los años 20, ya no se trababa sólo de empresarios y latifundistas, sino también de profesionales y administrativos que entendían su labor en estas organizaciones como una función estratégica para el desarrollo nacional. Un ejemplo

13 La cifra equivalía al presupuesto de un año de funcionamiento de la institución. Ver Rojas, 2010: 414.

14 Puede verse un detalle de donaciones y legados en el Boletín del Servicio Nacional de Salud, publicación periódica de carácter trimestral, vigente entre los años 1955 y 1966.

de la nueva composición social de la filantropía local fue la creación en Chile de la filial del Rotary Club o Club de Rotarios, que, junto con convocar a connotados individuos de la elite en Valparaíso en 1923 y en Santiago al año siguiente, reunió a veinte “idealistas” para echar a andar la organización en este país, entre ellos individuos que eran gerentes de empresas norteamericanas con filiales en el país y profesionales chilenos, como los médicos Luis Calvo Mackenna y Guillermo Morales Beltramí, de reconocido liderazgo en materia de protección infantil en Chile y en reuniones académicas latinoamericanas.15 Esta institución representó un cambio gradual en el espectro filantrópico local, como fue la progresiva integración de profesionales de clase media y, a partir de 1937, de las mujeres, a través de la creación de la Comisión de Señoras del Club, quienes tuvieron un papel fundamental en la celebración de la Semana del Niño instaurada en 1931 y refrendada más tarde, de manera oficial, por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (González Vidal, 1964: 89-90), otorgándosele de esta manera reconocimiento estatal a una iniciativa privada. El Club de Rotarios de Chile, al igual que la institución original creada en 1905 por Paul Harris en Chicago, tenía como fin implementar iniciativas humanitarias y recaudar fondos que financiaran la asistencia a diversos grupos, como los niños, pero también a quienes sufrían privaciones materiales, como los cesantes, quienes fueron objeto de comités de auxilio a partir de 1931, en plena crisis económica (González Vidal, 1964: 20).

El éxito de los rotarios en Chile fue espectacular. Hacia 1938, el número de clubes ascendía a 79 y el de rotarios a 2.021; gracias a esto, la institución pudo ampliar su rango de acción social y, al año siguiente, participó en la reunión de fondos para la ayuda de los damnificados del terremoto de Chillán (González Vidal, 1964: 29-30). En el marco de las donaciones, los rotarios se abocaron a la entrega de “obras permanentes” para el Hospital Luis Calvo Mackenna, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Roberto del Río y el Pequeño Cottolengo –institución para pobres con discapacidad física o mental–; también aseguraron el financiamiento de colonias escolares y terrenos para la edificación de escuelas primarias, y difundieron campañas de alfabetización infantil y adulta y de prevención de accidentes de tránsito, que en 1952 habían provocado 765 muertes y 7.400 heridos (González Vidal, 1964: 53).

15 Para el detalle de los participantes, ver González Vidal, 1964: 14.

En ocasiones, y gracias a los montos de las donaciones internacionales y de los excedentes que se reunían a propósito de colectas entre los socios, fue posible redirigir los esfuerzos a nuevas iniciativas. Por ejemplo, con los dineros donados para las víctimas del terremoto de 1960, ocurrido en Valdivia, se creó, a mediados de esa década, una Fundación Rotaria Educacional Chilena con el objeto de

construir escuelas, dotarlas, conceder becas, ayudas y premios a los escolares. (...) Los fondos, que alcanzaron a 40.000 escudos, se invirtieron en acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y se pudo construir con otros fondos que proporcionó dicha Sociedad y el terreno que cedió la Municipalidad de Osorno, una escuela para 600 alumnos en Rahue, que lleva el nombre de Paul Harris (González Vidal, 1964: 82).

La “nueva filantropía” surgida en Chile en un período de fuerte estatismo también funcionó en alianza con los servicios públicos y experimentó diversas modalidades. Una de ellas fue la participación de fondos y acciones sociales mixtas en torno a objetivos puntuales, como fue el mencionado terremoto de 1960, ocasión en que una oleada de profesionales, voluntarios, comités asociativos locales, fundaciones, dependencias estatales y organizaciones nacionales y extranjeras se congregaron en una cruzada de ayuda. Las tareas de coordinación quedaron regularmente a cargo de la Intendencia Regional y la Dirección de Asistencia Social –creada en 1959 como dependencia del Ministerio del Interior, a cargo de la atención de problemas sociales que requerían atención urgente–, pero la cruzada contempló una avalancha de recursos materiales y humanos movilizados para atender las emergencias del desastre natural. Tareas de catastro, diagnóstico, priorización de necesidades y traslado de personas, entre otras, fueron áreas de trabajo donde la participación del voluntariado y la filantropía resultaron fundamentales para apoyar la acción estatal y también para cubrir urgencias comunitarias desde la acción directa en terreno.16

Otra experiencia similar fue la existencia de iniciativas profesionales donde el desarrollo de un proyecto requirió la concurrencia de organismos públicos y privados. No sólo la necesidad de contar con más recursos

fue la motivación de este tipo de acciones, sino también la inserción que algunos órganos filantrópicos tenían en los espacios locales, lo que brindaba legitimidad y credibilidad a los objetivos. Fue el caso, por ejemplo, de la creación de un jardín infantil anexo al Consultorio N° 1 del SNS en la comuna de Santiago. Allí se buscaba brindar cuidado a niños menores para que sus madres pudiesen encontrar trabajo y, en general, apoyar a la población más pobre del centro de la ciudad. El jardín infantil fue parcialmente financiado con aportes de los mismos padres usuarios; el consultorio, por su parte, proveyó el local para que funcionara y dispuso horas profesionales para la administración del proyecto, pero también se consideró la participación de otros organismos públicos y privados –como el Rotary Club–, empresarios del sector y centros de madres del área, estos últimos encargados también de difundir y patrocinar la idea. Industriales y comerciantes del barrio hicieron cuantiosos aportes y financiaron becas que complementaron la atención preescolar de los niños, con auxilios en alimentación, ropa y útiles de aseo (Pizarro, 1963).

Experiencias parecidas se replicaron en el sector de Lo Valledor y en la comuna de Maipú, siguiendo la misma fórmula de articulación entre actores locales privados unidos por un servicio público. Asimismo, en la Unidad Sanitaria Alejandro del Río de Puente Alto se creó un policlínico que otorgaba primeros auxilios, ejercía de posta infantil y brindaba atención asistencial a través del trabajo conjunto entre el Centro de Salud del sector, que actuó como coordinador, con vecinos organizados en un club social, miembros de la Juventud Católica y empleados de la fábrica Textil Victoria (Oñate y Riquelme, 1953).

16 Una descripción vivencial de este trabajo puede verse en Ochoa, 1960; Wong y Arias, 1960; y Figueroa y López, 1960.

Por otro lado, las antiguas y nuevas organizaciones de beneficencia de este período dan cuenta de un voluntariado eminentemente femenino, parecido al del siglo XIX pero más diverso, pues incluía un creciente número de mujeres profesionales, especialmente de las áreas sanitaria y docente (Klimpel, 1962: 235-249). Fue el caso de la Asociación de Mujeres de Chile de la Cruz Roja, creada en 1914 y que registraba en su primer directorio a Amalia Errázuriz de Subercaseaux –escritora y líder de la Liga de Damas Chilenas y de la Acción Católica Femenina–, Sara del Campo de Montt –esposa del Presidente Pedro Montt– y Juana Ossa de Valdés –miembro de la Liga de Damas Chilenas y esposa del diplomático José Florencio Valdés–, entre otras mujeres de la elite santiaguina (Vicuña, 2001). Posteriormente, contó con un comité de enfermeras formadas en la universidad, el cual fue parte de la Junta Ejecutiva del Comité

Central de la Cruz Roja Chilena. Desde la década de 1950, en el marco del SNS, esta asociación realizó labores de enfermería dirigidas a los más necesitados y realizó ayuda social a través de instancias como roperos infantiles, alimentación a preescolares, baños y peluquerías infantiles; además, trasladó enfermos en sectores rurales y socorrió a la población en eventos catastróficos como los terremotos (Klimpel, 1962: 236).

También hubo organizaciones con fines sanitarios y filantrópicos que fueron lideradas por mujeres médicos. Fue el caso de la Agrupación Médica Femenina de Chile, fundada en 1938 por la doctora Juana Díaz Muñoz. Esta agrupación fue conocida por su sólido compromiso con la campaña de prevención del cáncer y el establecimiento del primer Consultorio del Diagnóstico Precoz del Cáncer en 1950, que ofrecía atención gratuita y contaba con análisis de laboratorio financiados por la Universidad de Chile. Díaz también dirigió la Escuela de Puericultura y, entre 1940 y 1948, el Hogar del Niño; además, “fue parte del equipo médico fundador del Departamento Materno-Infantil del SNS hasta 1957. Gracias a su carrera de proyección internacional, fue elegida vicepresidenta de la Alianza Panamericana de Mujeres, con sede en Washington, y en 1961 reconocida como la mujer del año de Chile” (Zárate, 2013: 136). Los estatutos de la Agrupación Médica Femenina privilegiaban la ayuda solidaria entre médicas y estudiantes de medicina, contribuían a la difusión de la puericultura en liceos y escuelas normales y apoyaban “todo movimiento o campaña” dirigido a la protección social de madres y niños, especialmente de origen proletario (Agrupación Médica Femenina, 1940).

Así como la nueva filantropía liderada por grupos y personas específicos diseñó un trabajo colaborativo con organizaciones estatales, también es posible encontrar que figuras públicas ligadas al Estado confiaron en la recaudación de fondos privados como una modalidad eficaz para la consecución de objetivos sociales, como ha sido el caso de la emblemática figura de la primera dama, cargo ejercido por la esposa del Presidente en funciones. Esta figura adquirió preeminencia en la década de 1930, cuando el arribo del Frente Popular17 al gobierno consolidó la responsabilidad del Estado en la asistencia social; a partir de ese momento, la

17 Se puede hablar de “frentes populares” para denominar al ciclo de gobierno que mantuvo el poder presidencial en Chile entre 1938 y 1952. La denominación puede ser plural porque se trató de alianzas lideradas por los radicales, pero donde se incorporaron partidos y grupos de una gran diversidad ideológica, dada la capacidad extremadamente pragmática del Partido Radical para aprovechar las coaliciones y asegurar el mando.

actividad caritativa y la búsqueda de recursos, a través de campañas, en el interior de los gobiernos fueron lideradas por las primeras damas. La condición femenina de la esposa del Presidente era una garantía para quienes no calificaban entre los beneficiados de esas políticas, pues aportaba emoción, comprensión y generosidad –cualidades usualmente asociadas al género femenino– a la batalla del cuidado de la población más frágil del país.

Las expresiones más evidentes de estas prácticas fueron la organización de servicios de voluntariado, particularmente de mujeres de estratos medios; las organizaciones de colectas; y la creación de fundaciones y comités, como el Comité de Navidad impulsado en 1938 por Juanita Aguirre, esposa del primer Presidente radical, Pedro Aguirre Cerda. Si bien este comité replicaba el acto de donar en un contexto caritativo ya conocido, tenía efectos importantes respecto de la democratización, pues la entrega de juguetes que realizaba alcanzaba a un número significativo de niños a nivel nacional; esa entrega se vio asegurada gracias un decreto que regularizó su funcionamiento, promulgado por el gobierno de Juan Antonio Ríos en 1944 (Klimpel, 1962: 246).

Otra organización dirigida desde el Estado y apoyada con fondos privados fue la Asociación de Dueñas de Casa, fundada en 1947 por la esposa del Presidente Gabriel González Videla, Rosa Markmann, quien se propuso “enseñar a las mujeres de Chile a distribuir adecuadamente el presupuesto familiar” (Klimpel, 1962: 243). Esta asociación inauguró una línea importante en la actividad filantrópica, pues, junto con inspirarse en un fin educativo, evidentemente contribuyó a generar redes de apoyo político para el gobierno de turno. Menos noticias se registran respecto de una organización inscrita en la memoria popular como fue la Fundación El Ropero del Pueblo, creada en 1954 por Graciela Letelier, esposa del Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Esta iniciativa se ocupaba de la recolección de vestuario para la población más carenciada.

Otro caso –con una tradición histórica más extensa, y especialmente visible durante la dictadura militar de Pinochet– fue el de los Centros de Madres, que existían desde la década de 1950, pero que en 1964 fueron agrupados formalmente en la Central Relacionadora de los Centros de Madres. En 1971, ésta pasaría a llamarse Coordinadora de Centros de Madres (Cocema), teniendo como líder central a otra primera dama: María Ruiz-Tagle, esposa de Eduardo Frei Montalva. Desde la década de 1960, el propósito de estos centros que crecían al alero del Estado fue generar

una red asistencial, pero también brindar capacitación técnica y organizacional a las mujeres para la obtención de ingresos que contribuyeran al presupuesto familiar. Se trataba de organizaciones que, si bien habían nacido para paliar necesidades vitales básicas, transitaban hacia objetivos que promovían niveles de autonomía femenina menos conocidos en períodos anteriores, y que fueron patrocinados y alentados por el programa de promoción popular de Frei Montalva. Para tales propósitos, los Centros de Madres establecieron relaciones con otras instituciones estatales para, por ejemplo, emprender campañas de alfabetización o para proveer de máquinas de coser a las mujeres, precisamente una de las campañas exitosas del gobierno de Frei Montalva. Sin contar con fuentes estadísticas rigurosas, se sostiene que en 1973 el país contaba con más de veinte mil centros y con aproximadamente un millón de socias a nivel nacional (Valdés y Weinstein, 1993: 56-69).

4 . Instituciones asistenciales emblemáticas en educación, infancia y pobreza

Desde la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo a partir de la década de 1940, surgieron una serie de instituciones de carácter privado y estatal dirigidas a la protección de la infancia. Estas instituciones dan cuenta de tres fenómenos paralelos: la complejidad y la diversificación social de la población urbana, visible en el mayor número de oficios y en la mayor oferta de servicios; la preocupación por una pobreza de carácter más específico; y la emergencia de los primeros cuestionamientos a las modalidades asistenciales que se brindaba particularmente a la infancia abandonada, inspirados en experiencias extranjeras.

Para graficar estos fenómenos, hemos seleccionados el caso de la Sociedad de Instrucción Primaria, institución de carácter privado que ofreció a niños y niñas pobres una formación educativa integral; el de la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, que se concentró en la asistencia a una población infantil que no recibía un apoyo estatal específico y experimentaba secuelas patológicas consideradas invalidantes; el de algunas instituciones de protección de la infancia en situación de abandono, como la Ciudad del Niño y la Fundación Mi Casa; y, finalmente, el del Hogar de Cristo, que a mediados del siglo XX encarnó los cuestionamientos al modelo católico de asistencia a los más pobres.

4.1. Educación para los más pobres: la Sociedad de Instrucción Primaria

A pesar del creciente papel que adquirieron las escuelas públicas chilenas, la acción privada también tuvo importancia en este sensible ámbito de la vida social, a través de organizaciones como la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), fundada en 1856. Desde fines del siglo XIX, el trabajo de la SIP fue parte de un escenario que contaba con una oferta educativa diferenciada por clase social: por un lado, escuelas industriales para mujeres y hombres de las clases populares; por otro, acceso universitario para las élites y las emergentes clases medias. Todavía vigente en el Chile actual, esta sociedad, compuesta por jóvenes de elite, se congregó para ofrecer una alternativa educativa privada, dirigida a niños y niñas pobres. Educación moral, educación física, alfabetización, patriotismo y economía doméstica eran las materias que las escuelas de la SIP se proponían transmitir en su combate contra la pobreza y la ignorancia.

Con la Ley de Instrucción Primaria de 1860 –que garantizaba su gratuidad–, el Estado adquirió un papel importante en el desarrollo, la inspección y el fomento de las escuelas, y en la protección económica de maestros y estudiantes. Entre los hitos institucionales de la educación provista por el Estado se cuenta la creación del Ministerio de Instrucción Primaria, que se escinde del Ministerio de Justicia, aunque con el mismo ministro a la cabeza de la nueva cartera (ley 1.296 del 15 de diciembre de 1899); y de la Comisión de Instrucción Primaria, que examinaba este tipo de educación y que en 1904 desaparece para dar paso en 1909 al Consejo de Instrucción Primaria, que será reorganizado en 1912. La responsabilidad de proveer y asegurar a todos los niños y niñas del país el acceso a la educación primaria, que se venía asumiendo progresivamente desde el siglo XIX, se consolidó con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, que aseguraba la gratuidad de la provisión estatal y municipal por cuatro años. La vigilancia de esta obligación recayó en los padres, guardadores o personas a cargo de los menores.18

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El Consejo de Educación Primaria –integrado por el ministro de Instrucción Pública y miembros elegidos por el Parlamento y el Presidente de la República– tenía múltiples funciones: “Presentar el presupuesto en educación; resolver problemas de infraestructura educativa; aceptar asignaciones testamentarias; determinar la creación, traslación y supresión de escuelas; dictar y velar por el cumplimiento de los planes y programas de

Hacia la década de 1920, la institucionalidad educativa estatal logró sentar las bases para la instalación de dos principios: gratuidad y obligatoriedad. Se mantenía una importante disputa, todavía entonces, entre el crecimiento del Estado docente que avanzaba hacia una educación laica, y el interés de la Iglesia por mantener la influencia que había establecido en el ámbito de la educación durante el siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo XX, la SIP fue administrada por Claudio Matte, uno de sus principales benefactores, quien imprimió un dinamismo clave al quehacer de esta sociedad. A través de la donación de los derechos que le reportó la elaboración del Silabario Matte –escrito en la década de 1880 y profusamente difundido por los gobiernos de Chile desde 1920–, aseguró ingresos importantes para la SIP por algunas décadas (Rojas, 2010: 296-297). Desde fines del siglo XIX, la SIP fue dirigida por un directorio que contaba con miembros que tenían diversas posiciones políticas y creencias religiosas; allí, era frecuente la presencia de individuos que provenían del liberalismo y del mundo masón (Hevia y otros, 2010: 152). Los miembros del directorio de la SIP participaban activamente en otras instituciones, como la Liga Protectora de Estudiantes Pobres, la Sociedad Protectora de la Infancia, la Sociedad Escuelas de Proletario y el Rotary Club. Asimismo, a partir de la década de 1920, la presencia de distintas mujeres de la familia Matte en el directorio da cuenta de la creciente participación femenina en las decisiones de la institución (algo poco usual para la época), práctica que también ocurría “en terreno”, pues varias de ellas fueron activas ejecutantes de la asistencia social y ejercieron el rol de “visitadoras de escuelas”. La figura del “visitador técnico” tenía por fin profesionalizar las tareas de la supervisión escolar y eran el nexo entre el directorio y los directores de las escuelas. La SIP no sólo brindaba educación a los estudiantes más vulnerables, sino también alimentación y asistencia médica y dental. Estas tareas absorbían importantes cuotas de recursos que en su mayoría provenían de legados y donaciones que realizó el propio Claudio Matte durante el siglo XIX. Con la llegada del siglo XX, la SIP mantuvo los problemas de inestabilidad financiera que registraba desde el siglo anterior. El caso de la SIP es emblemático por su drástica transformación: los aportes voluntarios de sus socios y los legados recibidos –que habían representado la estudio; expedir los títulos de habilitación para enseñar; adquirir los libros, mobiliario y materiales de estudio”, entre otras (Inzunza: 2009: 37).

principal fuente de financiamiento de la institución, llegando a constituir el 92% de sus ingresos en 1893– disminuyeron críticamente en el siglo XX, alcanzando no más del 32% de las entradas habituales de la SIP. Ciertamente, estos recursos sirvieron para financiar importantes inversiones en infraestructura. Cuando a fines de la década de 1920 el Silabario Matte dejó de ser considerado texto oficial de las escuelas estatales, los ingresos disminuyeron notoriamente. En contraste, las subvenciones y otras ayudas de tipo fiscal, que no representaron más del 25% de los ingresos en las primeras décadas del siglo XX, alcanzaron el 43% de éstos en 1939 (Hevia y otros, 2010: 187-188).

La mayor parte de los recursos que ingresaban a la SIP se usaban para pagar el sueldo de los profesores y para financiar las obras de infraestructura. Y si bien se pensó en solicitar desembolsos a las familias de los estudiantes para contar con mayores ingresos, finalmente el principio de gratuidad de la SIP prevaleció y no se consideró viable esa opción. Para sensibilizar a la población, la SIP invitaba al público, frecuentemente a través de la prensa, a que se comprometiera con mayores donaciones; las campañas eran bien recibidas, dado el prestigio y la trayectoria de la Sociedad.

Adicionalmente a la existencia de la SIP, otras instituciones privadas se concentraron en el apoyo a la educación, como la Junta de Beneficencia Escolar, que, según el historiador Jorge Rojas, alcanzó notoriedad en la década de 1920. Fundada en 1914 con el nombre de Patronato de Educación Femenina, su objetivo era la educación de las madres. Contando con reconocimiento legal en 1916, organizó una asociación de madres que recibió el nombre de Asociación de Ex Alumnas o Abejas Obreras de Chile, que ofrecía apoyo a las madres jóvenes para el estímulo de la escolarización de sus hijos. Junto a la Liga Escolar Infantil, mantenían cantinas que vendían a las madres desayunos, almuerzos y onces a bajos precios, para que alimentaran a sus niños. En 1920, la Junta pasó a llamarse Junta de Beneficencia Escolar Pro Cultura Femenina y se comprometió con el apoyo a colonias de verano, con la organización de roperos escolares y con la promoción de plazas de juegos. Según Rojas, la organización de las colonias escolares fue la actividad más conocida de la Junta, y gracias a las colectas públicas se obtenían los fondos que permitían financiarlas (2010: 374).

4.2. Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado

Como se aprecia en la primera parte de este capítulo, los médicos fueron los protagonistas de los cambios ocurridos en el campo de la asistencia social a partir de la década de 1920, al liderar el trabajo de los dos grandes pilares asistenciales del país: la Junta de Beneficencia y la CSO. También fueron clave para el trabajo sanitario de varias de las organizaciones privadas reseñadas anteriormente, particularmente las dedicadas a la atención femenina e infantil, y para la creación de redes de ayuda a grupos que padecían enfermedades o que habían sufrido males que los incapacitaban físicamente, como la poliomielitis.

El tratamiento y el proceso de rehabilitación para el combate de la poliomielitis fue el objetivo central de la fundación de la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado en 1947. La prioridad la tenían los niños que padecían poliomielitis pero también los que habían contraído enfermedades neuronales y fisiológicas. En sus primeros años, la agrupación funcionó en el Hospital Calvo Mackenna, liderada por el doctor Carlos Urrutia, destacado traumatólogo y ortopedista que, además, fue su primer presidente. Al obtener la personalidad jurídica en 1948, los estatutos establecieron que el fin principal de la sociedad era proporcionar “atención médica, educación, instrucción y hogar” a todo niño menor de 16 años que “presente una incapacidad física por compromiso del sistema músculo-esquelético y que tenga posibilidad de rehabilitación”. Se establecía que su patrimonio se conformaba de la recaudación de las cuotas de los socios, y de las subvenciones, donaciones y legados que recibiera la institución (Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, 1948: 1, 2, 8).

En 1950, la Sociedad fundó el Instituto de Rehabilitación Infantil, que acogía a los niños que, por razones sociales y falta de recursos paternos, debían acogerse a una serie de tratamientos que requerían de tiempo, espacio y acceso a supervisión médica que los hospitales no podían brindarles. El Instituto dependía del Ministerio de Educación y progresivamente transitó a la consideración de “escuela especial”.19 En virtud de nuevas demandas, la Sociedad Pro-Ayuda fundó un instituto dirigido a niños preescolares que contó con la asesoría del profesor y médico

19 Es decir, era una institución que podía ofrecer formación educativa a los niños que lo requerían, según los tratamientos médicos que debían recibir y que les impedían asistir regularmente a la escuela.

especialista norteamericano Edward W. Lowman, quien trabajaba en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Nueva York. Se trataba de una institución pionera, en línea con los cambios que experimentaba la medicina relacionada con la rehabilitación física, particularmente la kinesiología, disciplina de joven desarrollo a mediados del siglo XX. El Instituto apoyó la realización en Santiago, en 1956, del Primer Congreso de Rehabilitación Física, que, según la memoria institucional de 1964, “contribuyó extraordinariamente a crear en la comunidad la preocupación por el inválido como individuo y el significado de la rehabilitación como fuente de producción y mejoramiento económico del país” (Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, 1965). El documento destacaba también el importante trabajo del Instituto de Rehabilitación, que atendía diariamente a 80 niños; el servicio de transporte al Instituto, que hacía efectiva la atención para aquellas familias que no podían costearlo; y la creciente valoración del involucramiento de la familia, haciéndola partícipe y cooperadora clave de la recuperación. El esfuerzo de padres y médicos era respaldado por los recursos que donaban particulares y los rotarios y por lo recaudado mediante las mismas actividades que la agrupación organizaba. A inicios de la década de 1950 se realizó la primera colecta pública y la Sociedad recibió subsidios de la Polla Chilena de Beneficencia a través de la recaudación que se obtenía de un sorteo anual (Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, 1997).

Después de treinta años de trabajo regular, pero con importantes limitaciones de cobertura asistencial, la Sociedad fue elegida como la beneficiaria de la primera Teletón que se realizó en Chile en 1978 (Teletón, s.f.). El impacto de dicha campaña de recolección de fondos –liderada por el animador de televisión Mario Kreutzberger– se hizo sentir al año siguiente, como lo evidenció la importante demanda asistencial que presionó a la institución para incrementar el número de atenciones y expandirse a regiones. En 1984, la atención alcanzaba a los 4.500 niños, cifra que casi cuadriplicaba los 1.200 niños que la Sociedad había asistido entre su fundación y 1977 (Arriagada, 2014).

4.3. Otras instituciones de protección de la infancia

En la década de 1950, las principales ciudades del país –Santiago, Valparaíso y Concepción– aún tenían una infraestructura básica. La capital

chilena no contaba con una cobertura suficiente de servicios mínimos, como alcantarillado y agua potable, y sin embargo llevaba un par de décadas recibiendo una inmigración permanente que engrosaba su periferia. En los años 50, aún era una ciudad donde campeaban la miseria y la enfermedad. En 1952, Chile tenía casi seis millones de habitantes y más del 25% de esa población era analfabeta. En 1950, de cada mil niños nacidos vivos, 153 morían poco después de nacer, y los altos niveles de desnutrición afectaban gravemente a la población infantil más pobre. El acceso a los antibióticos era escaso y la población vacunada registraba un lento incremento desde la década anterior. Una situación grave y frecuentemente visible era la existencia de los más de siete mil niños que calificaban como vagos en la capital.También era preocupante la creciente cantidad de personas que no tenían un techo propio: según los cálculos más conservadores, el déficit de viviendas alcanzaba a más de medio millón de personas a nivel nacional, mientras el alto costo de la vida se reflejaba en tasas inflacionarias de un 86% en 1955 (Hidalgo, 2005).

Las altas tasas de mortalidad de los recién nacidos y los párvulos fueron preocupaciones a las que se sumaron los altos índices de infantes abandonados y de infantes delincuentes –que incluían a niños de hasta 16 años–, que demandaron importantes esfuerzos estatales y privados desde mediados de siglo en adelante. Si bien Chile contaba con una ley de menores de 1928 que les ofrecía protección a través de la Dirección General de Protección de Menores –en rigor, protección jurídica– y de los tribunales de menores que se crearon posteriormente, los resultados de ese apoyo eran muy limitados.

Especial protagonismo en la contención del problema de la infancia abandonada y también en el de la infancia delincuente tuvieron instituciones que recibieron fondos privados para su funcionamiento, como el Consejo de Defensa del Niño Desvalido, la Ciudad del Niño, la Fundación Mi Casa y el Hogar de Cristo. La primera de ellas, más conocida como Consejo de Defensa del Niño (CDN), fue la primera iniciativa estatal dirigida a la contención de niños indigentes (“producto de la cesantía y la propagación del tifus exantemático”), y estuvo particularmente comprometida con la articulación eficiente de la serie de instituciones que brindaban asistencia a este sector específico de la población. A la luz de una revisión documental y de prensa, el historiador Jorge Rojas plantea que las múltiples funciones del CDN –representar al gobierno ante los

establecimientos de protección que recibían subvención estatal, realizar estudios, presentar proyectos de ley y reformas administrativas, entre otras– alentaron al momento de su fundación, en 1934, un rápido apoyo de la clase política, incluyendo al propio Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma.

El CDN fue una institución que, junto con coordinar el trabajo de las instituciones de protección infantil de la época, ofreció refugio transitorio a niños indigentes en la Casa Central, organizó una sección de lactantes y un consultorio jurídico que se encargaba de pesquisar las pensiones alimenticias, y promovió que el sistema de atención abierto de entrega de alimentos y educación tuviera un desarrollo expedito. No obstante, en virtud de las restricciones que tenía el CDN respecto de la toma de decisiones administrativas y financieras, en 1938 se decidió que éste se constituyera en una fundación con personalidad jurídica de derecho privado, la cual, haciéndose cargo de las actividades señaladas, en adelante no sería responsable de la supervisión de instituciones con fines similares que estaban bajo tutela estatal.

Por su parte, la Ciudad del Niño –reconocida como uno de los legados del gobierno de Juan Antonio Ríos– fue una institución que hizo suya la protección de niños indigentes a partir de 1943. Según la pesquisa hecha por Jorge Rojas en las publicaciones periodísticas de ese año (2010: 443), la inspiración de la Ciudad del Niño fue el modelo implementado en 1921 en Nebraska, Estados Unidos, por Edward Flanagan, sacerdote irlandés que apostaba por la formación del autogobierno en los jóvenes. El diseño de la Ciudad –un complejo físico emplazado en la comuna de San Miguel que sirvió para ofrecer acogida, educación y recreación a infantes y adolescentes– contaba con pabellones, espacios para el ejercicio físico, escuela y enfermería. Sin embargo, se sabe que el proyecto original tuvo diversos problemas para concretarse por falta de fondos, debiéndose recurrir a campañas muy diversas para recaudar recursos: funciones teatrales y musicales a beneficio, y donaciones (2010: 446).

Pese a las dificultades financieras, la Ciudad tuvo una larga existencia que se prolongó hasta el año 2001, cuando ya era conocida como Fundación Ciudad del Niño. En virtud de los cambios que impactan a los sistemas asistenciales dedicados a la infancia vulnerable –particularmente los referidos a privilegiar la creación de residencias familiares–, en el marco de los nuevos programas estatales que operaron bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño –aprobada por la ONU en

1989 y ratificada por Chile en 1990–,20 la Fundación optó en adelante por fortalecer las líneas de protección, responsabilidad penal adolescente y prevención, abandonando gradualmente la tarea de la acogida para privilegiar la reinserción familiar de los niños. La dedicación a estas áreas asistenciales en sus últimos años redundó en el incremento de una cobertura anual estimada en más de 16.000 niños, niñas y jóvenes, incluyendo a sus familias (Ciudad del Niño, s.f.).

La Fundación Mi Casa fue otro proyecto que, alcanzando especial notoriedad en la década de 1960, impuso un nuevo modelo de tratamiento con niños abandonados, alentado por quien la creó en 1948: el sacerdote Alfredo Ruiz-Tagle. La notoriedad de la institución se sustentaba en el gran número de niños que recibía y en los altos montos de subvenciones fiscales y donaciones privadas que captaba, que probablemente se explican porque Ruiz-Tagle era hermano de María Ruiz-Tagle, esposa del Presidente Eduardo Frei Montalva. Instalada en la comuna de La Cisterna en la década de 1950, la institución operaba sin el uso de rejas, pues se confiaba en que los niños no huirían. Esta particularidad, según reportajes de la época, se debía al importante y positivo carisma de la figura de Ruiz-Tagle, que era visto como un “padre comprensivo” por la población infantil.

La tarea de la Fundación fue promovida, al igual que la del Hogar de Cristo, con imágenes de niños que vivían en las calles de Santiago, conocidos como “pelusas”.21 En 1967, la Fundación fue reconocida como institución colaboradora de la estructura estatal de protección a menores (Fundación Mi Casa, s.f.); en 1971, cobijaba a un total de 1.500 muchachos entre la sede de Santiago y las sedes provinciales (Rojas, 2010: 519-520).

Al fundarse el Servicio Nacional de Salud en 1952, este organismo concentró la supervisión de una serie de establecimientos dirigidos a la protección infantil, una activa labor que refrendaba la importancia del enfoque sanitario en la asistencia del “menor en situación irregular”.

20 Compuesta por 54 artículos, la Convención es un acuerdo político entre los países miembros de la ONU. Describe ciertos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que, universalmente, afectan a la población infantil. Se trata del primer instrumento jurídico vinculante y su aplicación supone una obligación para los gobiernos que la suscriben. Adicionalmente, mandata obligaciones y responsabilidades referidas a distintos agentes sociales: padres, profesores, profesionales sanitarios y los propios niños y niñas. Ver Unicef, 2006.

21 Estas imágenes aparecieron en el folleto En el siglo XX, diseñado por Sergio Larraín en 1965, y están reproducidas en Sire, 2013.

En el mismo período, las instituciones privadas descritas anteriormente mantuvieron su labor con una mínima tuición estatal; sin embargo, durante la década de 1960 surgieron críticas políticas importantes a la convivencia de ambos regímenes, público y privado, en el combate por la protección de la población infantil. Estas críticas alimentaron un debate parlamentario que concluyó con un nueva Ley de Menores promulgada en 1967, que dictaminó la creación del Consejo Nacional de Menores y la de un Departamento de Policía de Menores. También introdujo modificaciones al funcionamiento de las casas de menores y estableció la categoría de instituciones colaboradoras a los organismos privados que recibían subvención fiscal.

4.4. El Hogar de Cristo: al servicio de los pobres

...de esos pobres hermanos nuestros, hijos del mismo Padre Dios que vagan por las calles sin tener donde cobijarse, si no es debajo de los puentes del Mapocho, o en el hueco de una puerta de calle, como los hemos encontrado tantas mañanas de invierno tiritando de frío, medio muertos por el hielo de la noche. Recuerdo una pobre mujer recogida en una casa caritativa cuando caía víctima de inanición, a la que fui a asistir como sacerdote y murió al poco tiempo de hambre y del dolor de sus largas privaciones... Recuerdo hace pocos días, uno de esos lluviosos de primavera, un pobre hombre con una amigdalitis aguda, tiritando, en mangas de camisa, que no tenía donde guarecerse.

alberto hurtado

A mediados de la década de 1940, la falta de viviendas populares y de lugares de acogida para la creciente infancia vagabunda de las principales ciudades del país, era percibida como un problema crónico. El refugio conocido como Hogar de Todos –apoyado por Acción Católica, importante movimiento eclesial que desde la década de 1920 estaba comprometido con el fortalecimiento de la acción del laicado católico–, y el Hogar San Pancracio eran iniciativas que amparaban a los indigentes de la época, como también lo hacía desde largo tiempo el Ejército de Salvación.

Sin embargo, según el sacerdote Alberto Hurtado, para dar una respuesta a problemas específicos de la pobreza urbana era necesario fundar un hogar de acogida inspirado en los principios de un renovado

catolicismo social, es decir, en la convicción de que los cristianos debían experimentar los dolores ajenos como si fueran propios. Hurtado logró avanzar en la idea de fundar un hogar de carácter transitorio, a diferencia de los dos hogares católicos mencionados anteriormente, que ofrecían estancias permanentes. Su obra se inició en 1944 y contó tempranamente con el apoyo de las autoridades de la Iglesia católica y de un grupo de voluntarias y jóvenes que respaldaron el interés por activar nuevas formas de socorro material, pero también espiritual. Hurtado fortaleció su dedicación a esta nueva obra luego de retirarse de Acción Católica y de concentrarse en la redacción de textos como El orden social cristiano en los documentos de la jerarquía católica, publicado en 1947, que dieron sustento intelectual a la tarea de acompañar a los que sufren e influyeron para que la población laica se sumara al trabajo del Hogar de Cristo (Fernández, 2008). Probablemente una de las principales novedades del trabajo caritativo de esta institución católica, en comparación a sus antecesoras, fue que el espíritu que animaba el trabajo asistencial se inspiraba más en una orientación del servicio a los más desfavorecidos y al fortalecimiento de redes que propiciaran su autonomía, y menos en una actitud compasiva tradicional. La invitación a constituir un voluntariado que saliera a las calles en busca de la población que no tenía hogar y de los niños, en rigor, no era nueva. Antecedentes de esta acción se encuentran en organizaciones mencionadas en la primera parte de este artículo, como el Patronato Nacional de la Infancia, los hogares y las ollas dirigidas a proveer alimentación. Lo nuevo era el formato y la fuente de inspiración. No se trataba sólo de un acto caritativo exclusivamente reparador de la miseria, sino también de la comprensión y el aprendizaje de un acto de encuentro con los que sufrían, porque ellos encarnaban a la persona de Cristo.

En un texto que promovía las actividades asistenciales del Hogar de Cristo en 1949, se sugería que para ayudar a la institución las modalidades y montos de donación más bienvenidas eran “apadrinar a un niño vago” (6.000 pesos); contribuir con los gastos asociados a una cama (6.000 pesos), un dormitorio (30.000 pesos) o un pabellón en nombre de un ser querido (100.000 pesos); y, si se “quería hacer un regalo”, los donantes podían comprarlo en Teresita, la tienda que tenía la institución, o en la dulcería de la tienda si lo que se necesitaba era una corona de caridad (Hogar de Cristo, 1949: 30). Estas modalidades de recaudación de fondos se complementaban con la modesta subvención estatal de 100.000 pesos

que recibía el Hogar en esos años, más la ayuda de la Municipalidad de Santiago, que había provisto 85.000 pesos.

La construcción de viviendas para obreros y la solicitud a profesionales para que prestaran gratuitamente sus servicios para su diseño y ejecución, y la posibilidad de contar con un servicio de créditos, también eran modalidades asistenciales que la institución estuvo interesada en promover desde sus primeros años, y las mantendría durante las décadas de 1950 y 1960.

Entre los planes del Hogar de Cristo estaba entusiasmar a los donantes para que financiaran las nuevas demandas asistenciales. En el texto institucional citado anteriormente aparecía una pregunta: “¿Quiere usted realizar una obra grande, necesaria, urgente?”. Como respuesta se sugería una serie de proyectos que el Hogar de Cristo tenía en mente: un hogar de ancianos que permitiera a sus asilados salir a ver a sus familiares y quizás poder trabajar en alguna actividad que les permitiera tener un ingreso modesto; una residencial para obreras que tenían que vivir de “allegadas” y estaban expuestas a “miles de peligros”; una casa de familia para señoras que veían llegar solas el fin de sus días; y poblaciones para obreros, para las cuales se requerían donaciones de terrenos, materiales y dinero (Hogar de Cristo, 1949: 27-28).

La buena acogida que tuvo el proyecto asistencial del Hogar de Cristo fue el principal estímulo para la expansión de filiales fuera de la capital desde fines de la década de 1950 y, desde la década siguiente, para la organización de las “patrullas de la noche”, que emulaban el pionero trabajo que hizo Alberto Hurtado hasta su muerte: ir en busca de los que sufren el desamparo y la miseria. Asimismo, tempranamente se valoró la inauguración de hogares familiares que disminuyeron el recurso a los internados (Hogar de Cristo, s.f.).

A casi trece años de su fundación, el Hogar de Cristo había financiado 1.887.727 alojamientos y 5.466.410 raciones alimenticias. Sin embargo, la tarea que quedaba era extensa, pues cada noche cientos de hombres y mujeres no podían ser recibidos en las puertas de la institución en virtud de que ese número se incrementaba año tras año (Hogar de Cristo, 1957). En un extenso folleto dedicado a la revisión del trabajo que hacía el Hogar, publicado en 1957, se reunía también la publicidad de tiendas, servicios profesionales, compañías, industrias e instituciones bancarias, como una muestra del apoyo transversal que recibía la institución:

Desde su fundación, el Hogar de Cristo se mantiene como un milagro permanente del que es autor la generosidad de los chilenos. Unos lo ayudan porque ven en él la expresión concreta y pujante de la caridad cristiana. Otros, alejados de credos religiosos, lo ayudan [...] porque saben que es una institución que desarrolla una labor humanitaria, que atiende al necesitado sin preguntarle de dónde viene, qué piensa o qué cree. El Hogar de Cristo no obliga a nada a sus protegidos. Sus principios son cristianos, pero su sistema es simplemente humano y tolerante, sin preguntas ni imposiciones (Valenzuela Valderrama, 1957).

Junto con ser una de las instituciones filantrópicas más longevas de la historia chilena, el Hogar también fue una las primeras en emprender una temprana campaña comunicacional masiva que difundió su quehacer y la necesidad de contar con apoyos permanentes, que adoptaron distintas modalidades, entre ellas el recurso de las colectas periódicas y la actividad voluntaria. En 1953, Sergio Larraín, renombrado fotógrafo chileno y miembro de la Agencia Magnum, fue convocado a apoyar con imágenes la campaña que la institución promovió en la prensa capitalina.22

Tempranamente, el Hogar de Cristo se convirtió en una institución que cobró una identidad propia, más allá de la labor fundacional del padre Alberto Hurtado. Sus fines altruistas y las modalidades de recolección de fondos inspiraron un compromiso social importante precisamente con aquella población que, al no pertenecer a los grupos de trabajadores o indigentes que accedían a subvenciones estatales, se encontraba en una situación de gran desamparo social.

Conclusión

El diseño y la implementación de programas y prácticas asistenciales, caritativas o filantrópicas de origen privado durante buena parte del siglo XX chileno, son indicadores fehacientes de que, en un período de fuerte presencia estatal –como lo fue el lapso entre 1930 y 1970–, las organizaciones públicas no podían cubrir ni las tradicionales ni las emergentes necesidades sociales que experimentó la sociedad chilena, principalmente las de origen urbano.

22 Ver el aviso publicitario “El horrible problema de la vagancia. ¿Quiere ayudar al Hogar de Cristo?”, publicado en el diario El Mercurio el 29 abril de 1953 (Hogar de Cristo, 1953).

En esta breve y sintética revisión de los orígenes y tareas de algunas iniciativas filantrópicas que contaban con el apoyo de donaciones tanto individuales como colectivas, es posible distinguir la creciente preocupación de grupos profesionales –como los médicos y los dedicados a la asistencia social (visitadoras, profesores y abogados, que fueron parte de las agrupaciones reseñadas en este artículo)–, pero también de un grupo anónimo –particularmente el de voluntarios–, por establecer vínculos sociales y compasivos con los más pobres. También es posible advertir que la acción de aquellos grupos nos habla de la capacidad de detectar carencias materiales y morales de tipo coyuntural –como las crisis económicas o los desastres naturales– y de tipo estructural –como el abandono infantil o los bajos salarios– que eran consecuencia de una acelerada urbanización que no necesariamente iba acompañada de las virtudes de una modernización equitativa.

En una mirada de conjunto, es posible afirmar que el apoyo privado a organizaciones asistenciales estaba dirigido a la satisfacción de preocupaciones particulares que tenían antecedentes históricos. Éstas eran valiosas socialmente y canalizaban la compasión individual, la convicción de la legítima ayuda al próximo e, indirectamente, fomentaban la ampliación de lo que se entendía por responsabilidad ciudadana: los derechos políticos no sólo generaban beneficios, sino también deberes con la población menos favorecida en términos económicos, y la paz social y el equilibrio económico también formaban parte de la responsabilidad de los más privilegiados. Asimismo, es posible atisbar que la colaboración entre ambas acciones, la pública y la privada, fue más sólida y continua de lo que registran los recuentos disponibles, como lo reflejan las instituciones reseñadas aquí. Lo que no era capaz de hacer el Estado podía quedar en manos de privados, y viceversa.

Una de las cuestiones fundamentales que distinguió a la acción filantrópica privada de la labor asistencial estatal de este período fue que la primera se sustentaba en la voluntad individual o en una colectividad para brindar ayuda material y moral en virtud de valores cristianos o humanistas, mientras que la segunda se fundó en una gradual construcción de derechos sociales y ciudadanos.

Por supuesto, en este período algunas de las prácticas caritativas y la donación de fondos privados pueden ser entendidas como meros instrumentos de control y contención social, pero también el auxilio a los más desfavorecidos proveniente del ámbito privado contribuyó a engrosar

paulatinamente al menos dos fenómenos: por un lado, la importancia de potenciar y regular jurídicamente las acciones privadas dirigidas a la asistencia social; por otro, la difusión de un renovado compromiso social y cristiano con los más vulnerables, que tendría efectos en la reformulación de las redes asistenciales católicas posterior al Concilio Vaticano II, el cual potenció el establecimiento de vínculos más horizontales entre quienes tenían condiciones económicas ventajosas y quienes requerían de mayores apoyos para salir de la pobreza. Ciertamente, éste es un aspecto clave para entender el papel de la Iglesia católica en el diseño e implementación de políticas filantrópicas en Chile desde la década de 1970.

Mujeres cocinando en ollas comunes para alimentar cesantes, 1932.

Familias cesantes durante la crisis económica de la década de 1930.

Interior de un conventillo de Santiago, 1920.

Afiche de promoción de las ollas infantiles, 1929.

Afiche publicitario del Hogar de Cristo, 1949.

Afiche del Comité Nacional de Navidad, que hacía regalos a niños pobres, 1944.

Afiche de un sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia en favor del Comité Nacional de Navidad, 1971.

Un doctor baña a un niño en la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado, hacia 1964.

Una enfermera sanitaria controla la salud de una mujer embarazada en su hogar, 1948.

Una visitadora social recorre un sector pobre de Santiago en la primera mitad del siglo XX.

GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FILANTRÓPICAS EN CHILE

felipe machado josefina araos

Este artículo examina las principales características de las organizaciones sin fines de lucro, específicamente las fundaciones y corporaciones, las cuales conforman sólo el 6,8% del total de las organizaciones de la sociedad civil, pero concentran la mayoría de las donaciones y la actividad filantrópica, con predominancia en el área de la cultura, la vivienda, los servicios sociales y la educación, y el desarrollo social. Los autores profundizan en dos elementos fundamentales: sus estrategias de gestión y los mecanismos de financiamiento disponibles para ejecutar sus programas, tanto financieros, entre ellos las donaciones, como no financieros, por ejemplo el voluntariado.

En los capítulos anteriores se ha visto que las prácticas filantrópicas y las donaciones han cumplido un rol importante en la historia y el desarrollo de Chile, desplegadas desde el mundo privado como una forma de aportar, desde las más diversas instancias y áreas, al bien común. Ciudadanos, organizaciones sociales, familias, empresas, iglesias y otros actores sociales han contribuido a través del tiempo con especies o dinero a la resolución de importantes problemas sociales y a la creación de valor social –la generación de bienestar individual y colectivo. Una de las maneras –de las más tempranas y duraderas en términos históricos– de encauzar, sistematizar y multiplicar el impacto de estas iniciativas ha sido estructurarlas bajo la forma de organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Ellas han capitalizado las más diversas manifestaciones filantrópicas y, de forma particular, las donaciones, articulándose de este modo como una instancia fundamental para el desarrollo de prácticas orientadas a la construcción de lazos sociales, y también para la reducción de la exclusión social, que aparece como el gran problema de las sociedades modernas (Rodríguez y Ríos, 2007: 16; Chile Transparente, 2008: 6).

Este capítulo explora la figura de las OSFL en Chile, analizando algunas de sus principales características y profundizando particularmente en los puntos más importantes que sus estrategias de gestión deben abordar y en los mecanismos de financiamiento disponibles para llevar a cabo sus programas. Ello, con el doble objetivo de comprender el modo en que las OSFL operan actualmente en nuestro país y de plantear algunos de los desafíos y dilemas que el sector sin fines de lucro nos impone como sociedad. Para comprender el funcionamiento de las OSFL, el

capítulo se estructura en cinco secciones: la primera presenta una definición conceptual del fenómeno a analizar; la segunda ofrece una pequeña introducción a los orígenes históricos de las OSFL en Chile, que pretende dar cuenta de la influencia de esta figura en el desarrollo de nuestro país; en la tercera se expone, a partir de una clasificación internacional, las principales áreas en las que ellas intervienen; la cuarta y la quinta analizan los elementos centrales que deben ser abordados en la estrategia de gestión y financiamiento de una OSFL. Esto se hará utilizando ejemplos concretos de las OSFL en Chile que sirvan para ilustrar las dimensiones descritas. Finalmente, el cierre de este capítulo aborda los principales desafíos y dilemas de las OSFL en la actualidad, recordando que detrás de las distintas formas de gestión y financiamiento está siempre la pregunta por la responsabilidad social de cada actor en la construcción de las soluciones a los problemas actuales. De este modo, se espera mostrar que las OSFL abordan cuestiones de carácter y alcance público, movilizando recursos de origen mixto, para implementar proyectos y actividades donde siempre confluyen la sociedad civil, las empresas y el Estado.

1. ¿Qué es una OSFL y cuáles son sus orígenes en Chile?

Las OSFL –también denominadas organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector, filantrópicas y voluntarias, entre otras designaciones (Rodríguez y Ríos, 2007)– agrupan una diversidad de instituciones con diferentes objetivos, valores y misiones, pero que tienen en común cinco elementos fundamentales: son “organizaciones, privadas, sin fines de lucro (no distribuyen utilidades entre los miembros), poseen autonomía y son voluntarias” (Irarrázaval y otros, 2006: 15). Estas organizaciones emergieron tempranamente en Chile, teniendo sus primeros antecedentes en asociaciones del período colonial que estaban orientadas a la beneficencia pública y la caridad cristiana.1 Dichas organizaciones no perdieron su protagonismo y función social con el proceso de conformación del Estado republicano, en la medida en que la nueva clase política chilena no centró sus acciones en materias sociales; estas materias,

1 Existen diversas reseñas históricas sobre las OSFL en Chile, principalmente acerca de fundaciones y corporaciones. Ver Irarrázaval y otros, 2006; Machado, 2010; y Teixidó y Chavarri, 2001.

en el contexto del liberalismo decimonónico, no eran entendidas como asuntos del Estado (Teixidó y Chavarri, 2001: 33; Machado, 2010: 5). Así, el siglo XIX vio nacer diversas sociedades de beneficencia y asistencia social, vinculadas sobre todo a los grupos más ricos y educados, así como también a la comunidad católica, que entendía como parte esencial de la misión cristiana el ejercicio de una caridad orientada a la asistencia de los más pobres.2 El proceso de constitución de estas primeras organizaciones, que dirigieron sus labores sobre todo hacia la educación y la pobreza, fue acompañado de los primeros esfuerzos de regulación desde el Estado, que reconoció en ellas un apoyo relevante para resolver problemas sociales, que hacia el cambio de siglo irían adquiriendo relevancia e implicancias políticas (Teixidó y Chavarri, 2001: 37). Estas regulaciones se enfocaron principalmente en la formalización de las organizaciones privadas, de manera que pudieran administrar bienes y recursos, así como en su financiamiento, aunque éste fue permanentemente escaso (Teixidó y Chavarri, 2001: 44).

La profunda crisis nacional que afectó a Chile en las primeras décadas del siglo XX –que sería conocida como la “Cuestión Social”– y el proceso de secularización del Estado que corrió en paralelo, modificaron radicalmente la manera en que el Estado entendía su función. El Estado asumiría, desde 1920 en adelante, un papel cada vez más protagónico en la resolución de problemas sociales y en la implementación de una institucionalidad capaz de desplegar políticas orientadas a ellos. Esto implicó un cambio de escenario para las organizaciones que hasta ese momento habían concentrado sus iniciativas en materias sociales, pasando ahora a ser auxiliares de la labor del Estado (Teixidó y Chavarri, 2001: 53). Sin embargo, el desarrollo de las OSFL, de la mano principalmente de las fundaciones y las corporaciones, no se detendría a lo largo del siglo XX, lapso en el cual se irían incorporando nuevos actores sociales –como la clase media, las empresas, los gremios y nuevas iglesias– y diversificando los campos de acción, respondiendo también a los distintos contextos históricos y necesidades sociales. Las regulaciones de su funcionamiento –así como los mecanismos de generación de recursos– se irían transformando y complejizando también con el paso de los años, orientadas principalmente a la exención tributaria y a la generación de nuevas estrategias

2 Sobre la caridad cristiana y su relación con la pobreza, así como la articulación de las primeras políticas sociales orientadas a los más pobres, ver Ponce de León, 2011.

para obtener financiamiento (Machado, 2010: 9-11).

Las últimas dos décadas del siglo XX fueron especialmente relevantes para el desarrollo de las OSFL en Chile. El contexto represivo de la dictadura militar que vivió el país a partir de 1973 limitó severamente en sus primeros años la creación de nuevas organizaciones (Machado, 2010: 12; Teixidó y Chavarri, 2001: 57). Sin embargo, la profunda crisis económica de comienzos de la década de los 80 hizo evidente la dramática situación de pobreza de gran parte de la población, en un escenario donde el Estado había transformado de manera significativa su función, retirando su intervención directa en los problemas sociales y desactivando la articulación política de una sociedad civil que se había vuelto especialmente fuerte en las décadas anteriores (Machado, 2010).

Esta suerte de “desamparo” tuvo como efecto el progresivo aumento del número de las OSFL, principalmente al alero de la Iglesia católica, constituyendo un nicho de fortalecimiento de una sociedad civil duramente golpeada por la dictadura, especialmente en la primera etapa. Así, nuevos grupos sociales, con nuevas demandas, lideraron el desarrollo de las OSFL orientadas no sólo a problemas sociales, sino también a la defensa y promoción de derechos de los grupos excluidos que, a partir de 1990, en los primeros años del retorno al sistema democrático, adquirirían mayor fuerza y visibilidad (Teixidó y Chavarri, 2001: 59; Machado, 2010: 13; Irarrázaval y otros, 2006: 48). De este modo, los años 90 vieron un proceso progresivo de crecimiento y diversificación de las OSFL, acompañado de un rol más activo del Estado, que comenzó el desarrollo de una legislación adecuada –que aún sigue vigente– para su actividad y desenvolvimiento. Nuevos desafíos, como el medio ambiente o los derechos de las minorías, orientaron la labor de las organizaciones, que ya no sólo serían fundaciones y corporaciones sino también iniciativas de las más diversas características, como organismos internacionales u ONG (Machado: 2010: 14). En paralelo, el desarrollo de la responsabilidad social empresarial (RSE) y de los movimientos sociales –como el estudiantil, que tuvo como uno de sus efectos la proliferación de nuevas organizaciones dedicadas a su promoción– generarían para el nuevo milenio, un escenario especialmente propicio para el desarrollo de las OSFL, entendidas no sólo como instrumentos relevantes en la resolución de problemas sociales, sino también como instancias valiosas en sí mismas, que se articulan como plataformas de encuentro y creación de nuevos lazos de reciprocidad, solidaridad y sociabilidad (Teixidó y

Chavarri, 2001: 62).

En los últimos años, la fuerza de las OSFL no ha disminuido. La ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, promulgada en 2011, se tradujo en un crecimiento explosivo en la creación de organizaciones que, al parecer, estaban a la espera de un procedimiento más expedito de formalización (Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016: 15, 23).3 A ello se suma el paulatino perfeccionamiento de las leyes de donación, que, con todas sus limitaciones y problemas pendientes, garantizan hoy en día el acceso a fondos regulares de financiamiento para un importante número de organizaciones.4 Según un estudio publicado recientemente, el total de organizaciones de la sociedad civil alcanza actualmente la cifra de 234.502, abarcando una enorme variedad de entidades y objetivos, y cubriendo todo el territorio nacional (Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016: 15). De ellas, casi un 70% corresponde a la categoría de organizaciones comunitarias, que agrupan juntas de vecinos y uniones comunales. Le siguen, en un porcentaje muchísimo menor, el 6,8% del total, las fundaciones y asociaciones no acogidas a leyes especiales, conocidas hasta la entrada en vigencia de la ley 20.500 como fundaciones y corporaciones.5 El presente artículo se focaliza en el estudio de estas últimas, pues, a pesar de su bajo porcentaje en el total de organizaciones de la sociedad civil, son las fundaciones y corporaciones las que concentran las donaciones y la actividad filantrópica en Chile, además de haber protagonizado por años

3 La ley 20.500 estableció un nuevo proceso para obtener personalidad jurídica por parte de las OSFL. Como bien lo sintetiza el informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica sobre las organizaciones de la sociedad civil en Chile (2016), la ley tiene cuatro líneas de acción principales: facilitar el proceso de obtención de personalidad jurídica; permitir un mayor acceso a fondos públicos; fortalecer el vínculo entre las OSFL y el Estado a nivel local, con la creación de consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil; y crear el Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.

4 Ver Irarrázaval y otros, 2006: 52. Para hacerse una idea, el registro del Ministerio de Desarrollo Social alcanza un total de 500 organizaciones de la sociedad civil distribuidas en todo el territorio nacional que están acogidas a la Ley de Donaciones Sociales (19.885), que otorga beneficios tributarios a empresas y personas naturales que donan dinero para financiar proyectos dirigidos a personas en situación de pobreza y/o discapacidad, así como de prevención y rehabilitación de alcohol y/o drogas. El mapa puede verse en el registro de donatarios en Ministerio de Desarrollo Social, s.f.–a.

5 Ver el gráfico 7 del informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (2016: 25).

el desarrollo de las OSFL en el país (Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016: 28). A ello se suma el hecho de que este tipo de organizaciones es el que reúne el mayor número de empleados y la mayor cantidad de ingresos –aportando el 60% de los ingresos y representando el 71% del total de empleados en el sector sin fines de lucro–, y articulándose como agentes económicos relevantes a nivel nacional, más allá de sus labores específicas (Irarrázaval y otros, 2006: 42). De este modo, el presente estudio aborda el análisis del funcionamiento de las OSFL en Chile desde la figura de las fundaciones y corporaciones que, como hemos dicho, han liderado la práctica filantrópica en Chile.

2. ¿Cuáles son las áreas de intervención de las OSFL ?

Las OSFL intervienen en todos los ámbitos de la sociedad. Según la clasificación internacional de organizaciones sin fines de lucro ICNPO, estos ámbitos pueden ser agrupados en once categorías.6 Como toda clasificación, ésta es insuficiente para dar cuenta de la gran diversidad de campos de acción de las OSFL, confundiéndose muchos de ellos en casos que no pueden reducirse a una sola categoría (Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016: 25).

Sin embargo, a pesar de ello, estas clasificaciones ofrecen un mecanismo para ordenarlas, permitiendo poner en evidencia su heterogeneidad y complejidad, y para establecer patrones de predominancia de cada una de ellas. En el caso particular de las fundaciones y corporaciones en Chile, se observa la presencia de prácticamente todas las categorías de esta clasificación internacional, predominando, no obstante, las organizaciones vinculadas a cultura, servicios sociales, educación y desarrollo social y vivienda, distribución que fácilmente se confirma al observar las organizaciones de mayor posicionamiento en el Chile actual, como Techo, Hogar de Cristo y Teatro a Mil, entre otras.7 La predominancia de

6 Esta clasificación, elaborada por el Centro Johns Hopkins de Estudios de la Sociedad Civil, ha sido aplicada en Chile sobre todo en los trabajos de Ignacio Irarrázaval y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Tomamos aquí su adaptación a partir del último estudio publicado en el trabajo ya citado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016: 26.

7 Ver los porcentajes en la tabla 10 de Centro de Políticas Públicas de la Universidad

estas organizaciones, cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo, se asocia a la existencia de leyes específicas, como la de donaciones culturales y donaciones sociales, y a las subvenciones a instituciones educativas, que han sido fundamentales para el fortalecimiento de fundaciones y corporaciones ligadas a esos campos. Esto, sin embargo, no ocurre en desmedro del desarrollo de las demás áreas, que tienen organizaciones líderes en sus respectivos campos, como la salud, el medio ambiente o la defensa de derechos.

A continuación presentamos dos secciones orientadas a la comprensión del funcionamiento de las fundaciones y corporaciones (también llamadas OSFL filantrópicas), en función de las principales preguntas que deben ser abordadas en sus estrategias de gestión, así como de la descripción de los mecanismos y estrategias que despliegan para la obtención de sus recursos. A través de ejemplos concretos para el caso chileno, esperamos dar cuenta de la compleja dinámica desarrollada por las OSFL para atraer donaciones de todo tipo y al convocar a la mayor cantidad de actores sociales, financiando así sus múltiples iniciativas.

3. ¿Cómo se formalizan las OSFL filantrópicas?

Para poder canalizar y estructurar las donaciones y actividades filantrópicas, las OSFL necesitan desarrollar y formalizar una estrategia de gestión. No existe un modelo único de gestión de las OSFL, y la diversidad de éstos resulta, más allá del tipo específico de personalidad jurídica, de las diferentes formas posibles de articular respuestas a algunos elementos esenciales que detallaremos a continuación, ofreciendo, a modo de ejemplo, algunos casos chilenos ilustrativos.8

3.1. Visión, misión y objetivos de las OSFL

La visión, la misión y los objetivos sociales, medioambientales y/o económicos que una organización persigue son la expresión de su identidad,

Católica, 2016: 26.

8 La estructura que proponemos ha sido tomada del trabajo de Barthélémy y otros (2014).

y son relevantes para definir y dar a conocer su proyecto y su razón de ser. La estructuración de las actividades filantrópicas bajo la forma de una OSFL permite encauzar una mayor cantidad de recursos, y también garantiza un mayor impacto social. Sin embargo, el éxito de la organización dependen de su capacidad para hacer que los distintos actores sociales que colaboran con el proyecto adhieran a una misma finalidad social, de modo que se coordinen y exista sinergia al ejecutar sus distintas actividades. Un buen ejemplo de ello lo ofrece la fundación Desafío Levantemos Chile, que, sostenida en la filosofía articulada por Felipe Cubillos, su fundador, explicita como su principal misión la superación de la pobreza en Chile a través de un trabajo de gestión que busca fomentar y apoyar el emprendimiento de la comunidad. Esta labor se enmarca en una visión donde son las propias personas las que deben protagonizar su desarrollo, ofreciéndose las OSFL más como mediadoras que como prestadoras de servicios. Con ello, intentan contrapesar las miradas que asumen que el Estado debe responder a todas las necesidades sociales, coartando así la capacidad de acción de la sociedad civil.9 De manera concreta, parte importante del trabajo de la fundación se ha centrado en el asesoramiento de las comunidades para llevar a cabo sus propios proyectos, destacando particularmente la formación de emprendedores y pequeños empresarios.

El éxito de la organización hasta ahora se expresa, entre otras cosas, en la convocatoria que ha tenido sobre actores sociales relevantes que se han logrado identificar con las premisas difundidas por ella. Así, por ejemplo, una entidad como el Banco de Chile ha ido construyendo una alianza permanente con la fundación, ofreciendo su apoyo en la formación y capacitación de los nuevos emprendedores.10 Lo significativo es que esa alianza se sostiene, en parte, en el hecho de que la organización ha sido capaz de involucrar instituciones que se identifican, desde las actividades que ellas realizan, con el diagnóstico y las propuestas ma-

yores de la fundación.

3.2. ¿Cuál es el diagnóstico del problema social y quiénes son los actores involucrados?

9 Sobre la filosofía y la misión de la fundación, ver Desafío Levantemos Chile, s.f.–a. La mirada más concreta de Felipe Cubillos respecto del rol de su organización y de su postura frente a la acción del Estado se puede apreciar en la columna “Lecciones de Iloca”, publicada originalmente en el diario La Segunda el 6 de julio de 2010. Ver Cubillos, 2010.

10 La referencia se encuentra en el detalle de la sección de responsabilidad social empresarial de la página web de la institución. Ver Banco de Chile, s.f.–a.

La pertinencia o adecuación de una organización depende también de su capacidad para identificar y definir, de la manera más precisa posible, cuáles son las necesidades y oportunidades sociales, medioambientales y/o económicas a las cuales pretende responder. Sólo en la medida en que el contexto está bien diagnosticado y fundamentado podremos saber si la organización responde a un desafío relevante para la sociedad, y si la respuesta que ella ofrece es apropiada. Lo anterior puede parecer una obviedad; sin embargo, es importante considerar el asunto no sólo porque el contexto explica el diagnóstico sobre el que se sostiene una OSFL en particular, sino también porque este mismo diagnóstico determina de manera importante su configuración; de este modo, las influencias entre la organización y su escenario de emergencia son recíprocas. Es así que muchas propuestas suelen nacer de la observación en terreno de personas que se ven interpeladas por cierta realidad. Quizás el caso más emblemático lo constituye la figura del padre Alberto Hurtado, quien, con su profundo y cotidiano conocimiento de la vida de la calle del Santiago de mediados del siglo XX, reconoció la urgencia de ofrecer una solución a la pobreza, interpelando con ello a la sociedad entera.11 El Hogar de Cristo fue la respuesta concreta que lideró esta prominente figura, cuya influencia y continuidad, que perduran hasta hoy, residen, en parte, en la capacidad de sus fundadores para identificar un contexto en toda su complejidad y encontrar a partir de ello un programa de soluciones eficaz. De la misma manera que el éxito de las empresas depende de la calidad de los estudios de marketing –para conocer el comportamiento de los consumidores y la competencia– y de los diagnósticos de RSE –para enterarse de las percepciones y expectativas de sus grupos de interés y las oportunidades y amenazas del imperativo del desarrollo sostenible–, el éxito de una OSFL depende de su capacidad para comprender las

el texto ¿Es Chile un país católico? (1941). Para una reseña biográfica del autor, ver Memoria Chilena, s.f.

11 San Alberto Hurtado elaboró su mirada sobre la pobreza y la misión cristiana en diversos textos, difundidos en libros, sermones y también en publicaciones regulares de la revista Mensaje, de la que fue fundador. Respecto al tema aquí abordado, destaca

causas del problema y a los actores que trabajan en la misma temática. Los problemas sociales son complejos, y una OSFL difícilmente podrá resolverlos de manera aislada. En este sentido, las organizaciones deben asegurar no sólo un adecuado diagnóstico del escenario en el que se insertan, sino también un diálogo e intercambio con instancias y actores que trabajan en el mismo tema para crear sinergia, mutualizar conocimiento y recursos, y colaborar para resolver los desafíos comunes. El Hogar de Cristo es un buen ejemplo para este punto, pues la “acción solidaria” que orienta su trabajo se expresa en la construcción de lazos con la mayor cantidad de actores sociales posible, involucrándolos con la organización pero también estableciendo vínculos transversales entre ellos. Así, la fundación ha ido convocando diversas instituciones, destacando las redes con universidades como la Alberto Hurtado y la Católica de Chile, que han desarrollado programas educativos, orientados a la vinculación de la educación superior con la resolución de los problemas sociales del país.12

programas de desarrollo social y políticas públicas.13 La alianza entre estas dos instituciones se tradujo en una completa investigación por parte de J-PAL sobre el efecto que han tenido los programas de vivienda de Techo aplicados en América Latina, buscando medir el mejoramiento real en la “infraestructura habitacional” de los países más pobres de la región (Fundación Techo, 2013). Más allá de las conclusiones de este estudio, que fueron bastante alentadoras respecto de la gestión de Techo, lo relevante es la capacidad de la organización para aceptar mecanismos de evaluación externos de sus proyectos. El hecho de que las labores de las fundaciones y corporaciones estén orientadas mayoritariamente a sectores sociales de bajos recursos, vuelve especialmente valiosa la autoobservación que realizan de su propio trabajo, pues hace posible avanzar y mejorar la entrega de sus servicios. Es tarea de ellas construir canales de intercambio y diálogo que permitan medir el aporte real y la eficacia en la aplicación concreta de su misión, a pesar de que, quizás, sea esta dimensión una de las menos desarrolladas en el campo de las OSFL en Chile.

3.3. Accountability : ¿cómo las OSFL rinden cuentas a sus grupos de interés?

Las expectativas y exigencias de transparencia que pesan actualmente sobre las empresas y las instituciones públicas también conciernen a las OSFL. La legitimidad de una organización depende de la visión de sociedad que ella defiende y de la calidad de sus actividades, pero también de su capacidad para rendir cuentas a sus grupos de interés. Esta rendición de cuentas pasa por asumir su responsabilidad social, ser transparente y demostrar su impacto social y medioambiental sobre sus grupos de interés y la sociedad. En este sentido, los grupos de interés de las OSFL están cada vez más ávidos de una información que vaya más allá del balance de actividades y de los informes contables, interesándose por la evaluación de impacto social y los reportes de sostenibilidad de las organizaciones. Un valioso ejemplo es el ofrecido por la alianza entre Techo y J-PAL, red internacional de profesores que esperan aportar a la reducción de la pobreza por medio de estudios y mediciones sobre el impacto y la eficacia de

12 Los lazos del Hogar de Cristo con las universidades y otros actores sociales son descritos en el sitio web de la fundación. Ver Hogar de Cristo, s.f.–a.

Una buena comprensión del contexto y de la definición del rol que la organización quiere jugar en la sociedad, derivan en varios elementos concretos:

–La producción de bienes y/o la prestación de servicios utilizando recursos humanos, materiales, logísticos y técnicos, definiendo precios y empleando canales de distribución y comunicación para llegar a sus beneficiarios.

–La gestión de una cadena de valor a través de políticas y prácticas de compra, distribución y contratación.

–Un sistema de gobernanza a través de mecanismos de toma e implementación de decisiones que involucren a los grupos de interés en la planificación, en la gestión cotidiana y en el directorio.

13 Para conocer el funcionamiento de J-PAL, ver el sitio web de la iniciativa (J-PAL, s.f.).

14 La distinción básica entre recursos financieros y no financieros, así como la comprensión de los mismos, está tomada del esquema construido por Foundation Center, disponible en el sitio web de la organización (Foundation Center, s.f.).

4. ¿Cómo se financian las OSFL ? 14

–Unmodelo económico que busca el equilibrio entre los gastos de la organización y la obtención de los recursos necesarios para su desarrollo.

La obtención de recursos ha sido históricamente uno de los desafíos más difíciles de las OSFL en Chile, lo que se ha traducido en el despliegue de una serie de estrategias para conseguirlos.15 Para describirlas, se puede establecer una distinción básica entre los recursos financieros y no financieros, dando cuenta de la variedad de mecanismos con los que ellas operan. Los primeros se resumen principalmente en la figura de la donación, que las OSFL intentan potenciar convocando a los diversos actores sociales a través de la propuesta de diferentes alternativas de aporte en dinero; los segundos, sin ser dinero en efectivo, constituyen, sin embargo, instrumentos fundamentales para la implementación de los distintos objetivos de las OSFL, siendo quizás el voluntariado el ejemplo más emblemático.

4.1. Estrategias de las OSFL filantrópicas para la obtención de recursos no financieros

4.1.1. Voluntariado

El voluntariado constituye un recurso clave para las OSFL, a partir del cual se obtiene parte importante del capital humano necesario para desarrollar sus actividades. Aunque definir el concepto no es una tarea fácil, pues existe un gran debate al respecto, es posible identificar algunas características generales a partir de lo acordado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2011. La primera característica es que el voluntariado debe ser un acto que no puede ser impuesto, es decir, debe nacer de la propia iniciativa de quien lo ejecuta. En segundo lugar, se caracteriza por ser una práctica que no espera ni recibe recompensa económica alguna, ofreciéndose gratuitamente al servicio de alguna tarea. Una tercera característica, que lo liga directamente a las OSFL de orientación filantrópica, es que el voluntariado debe realizarse a favor de una causa dirigida al bien común, categoría compleja de especificar pero que fundamentalmente apunta a un beneficio que va más allá de la persona individual

15 Sobre recursos escasos, ver Teixidó y Chavarri, 2001: 44.

y de su grupo familiar cercano; es, pues, una práctica sostenida en una motivación orientada al beneficio de la comunidad en su conjunto (VNU, 2011: 4). Muchas acciones caben dentro de estas definiciones de voluntariado. Sin embargo, acá nos interesa aquella que podría describirse como la prestación de un servicio a un tercero; ésta constituye, de hecho, una de las expresiones más comunes del voluntariado (VNU, 2011: 5), y es la que se practica al interior de las fundaciones y corporaciones. Estas dos últimas orientan una parte importante de sus labores a convocar e involucrar la mayor cantidad posible de voluntarios en los desafíos a los que ellas esperan responder. Lo relevante en esta definición, y que aplica a todas las formas de voluntariado, es el beneficio de esta práctica para la sociedad en general: una acción individual en su origen –que puede estar dirigida a la gestión o la producción de un bien, a la prestación de un servicio, a la colecta de fondos o a la sensibilización respecto de un problema social, entre otros–, termina impactando a la comunidad entera, generando lazos nuevos y creando valor social en torno a una acción sostenida en “un interés común por el bienestar de la comunidad a la que uno pertenece” (VNU, 2011: 2).

Chile, un país de voluntarios

En Chile, el voluntariado ha tenido un especial protagonismo, como lo prueba un estudio de 2007 que definió a la nación como “un país de voluntarios”, destacando particularmente la predominancia del “trabajo no remunerado” en las OSFL, convirtiéndose en un caso emblemático en el escenario latinoamericano (Irarrázaval y otros, 2006: 27-29). Las fundaciones y corporaciones, desde sus inicios en la historia nacional, encontraron en el voluntariado una herramienta esencial para su funcionamiento, tanto en aquellas vinculadas a la Iglesia católica, donde esta práctica iba directamente asociada al ejercicio de la caridad cristiana, como en otras instituciones que promovían una acción que se entendía como filantrópica.16 El valor del voluntariado para las fundaciones y cor-

16 Sobre el ejercicio de la caridad cristiana, ver Ponce de León, 2011. Un ejemplo de la penetración de esta práctica en otros campos es el del trabajo voluntario universitario, que no sólo floreció en instituciones religiosas, sino también, y muy fuertemente, en la Universidad de Chile. Sobre ello, ver Moraga, 2007.

poraciones residía, por sobre todo, en el hecho de ofrecer un importante contingente de recursos humanos ante un escenario donde, como hemos mencionado, el patrón histórico ha sido la escasez de recursos. Al mismo tiempo, en el trabajo voluntario se encontraba una manera eficaz de involucrar a las personas en la construcción de un país más justo y solidario, como lo muestra el caso del Hogar de Cristo, que ya a fines de los años 40 convocaba a la comunidad a colaborar con un proyecto que debía entenderse –y quererse– como propio. Así, la organización invitaba a la comunidad a participar no sólo a través de la donación de dinero, sino también visitando y acompañando a las personas que en él se acogían. Ese doble valor del voluntariado ha persistido, de una u otra manera, hasta hoy (Hogar de Cristo, 1949: 28).

En los últimos años, se ha visto un proceso de profesionalización de las OSFL, aumentando los recursos disponibles que, entre otras cosas, han permitido la contratación de trabajadores remunerados de forma regular al interior de las organizaciones. Dentro del sector de las OSFL, las fundaciones y corporaciones destacan particularmente por el número de empleos generados, transformándose en un agente económico relevante a nivel nacional y desarrollando a partir de ello estructuras más complejas y estables (Irarrázaval y otros, 2006: 5).17 Este proceso, sin embargo, hasta ahora no parece haber ido en desmedro del voluntariado, el cual ha persistido como un recurso importante en las OSFL, tanto para ejecutar sus servicios como para concientizar a la población respecto de los valores y prácticas filantrópicas que busca instalar en la sociedad. De este modo, aunque no constituye una estrategia compartida por todas las OSFL, su fuerte presencia numérica en el interior del sector lo vuelve una figura relevante de analizar en mayor detalle, de manera de poder dar cuenta de una función y de un recurso que no se agota en su dimensión puramente instrumental.18

17 Según los datos del estudio de Irarrázaval, para el año 2006 el “sector no lucrativo” empleaba “en forma remunerada y voluntaria sobre las 303 mil personas en Jornada Completa Equivalente”, representando a nivel nacional el 1,5% del PIB (2006: 5). Las etapas que siguen al informe de organizaciones de la sociedad civil publicado en enero de 2016 entregan resultados actualizados respecto de las cifras de empleo de las OSFL, aportando así nuevos datos para dimensionar el rol económico de estas organizaciones.

18 A propósito de la preponderancia del voluntariado en las OSFL chilenas, el estudio de Irarrázaval y otros (2006: 27) plantea la necesidad de clasificarlo como “trabajo no remunerado”, de modo que pueda ser registrado en las estadísticas oficiales de trabajo a

Observar la difusión del voluntariado en organizaciones concretas permite probar esta afirmación. Así, por ejemplo, la Fundación Techo explicita como uno de sus principales objetivos estratégicos la promoción de “la conciencia y acción social”, la cual podrá ser alcanzada justamente a través de la masificación de un “voluntariado crítico y propositivo” que garantice el involucramiento de las personas en la solución de uno de los problemas sociales más relevantes en Chile.19 Siendo ésa la primera forma de operación de Techo, la profesionalización de esta organización en los últimos años, ligada a sus procesos de internacionalización y de creación de su propio centro de estudios, no ha reducido la influencia del voluntariado, que sigue constituyendo el principal foco de su intervención, a la par del trabajo con los pobladores. Tanto es así que la cifra de voluntarios para América Latina ha sobrepasado las cien mil personas –contando con más de dos mil voluntarios de forma permanente en Chile durante el año 2015–, volviéndose uno de los modelos más masivos y exitosos de trabajo voluntario del país y de la región.20 Este voluntariado se dirige tanto a personas como a empresas, articulándose a partir de estas últimas la figura del voluntariado corporativo, que se ha mostrado como una forma eficiente y eficaz de materializar una parte de las iniciativas de responsabilidad social de las empresas.

Voluntariado corporativo

El voluntariado corporativo ha ido posicionándose al interior de las estrategias de RSE de las empresas, y consiste principalmente en la promoción y el apoyo de la participación de sus empleados en las actividades de una OSFL. La promoción y el apoyo se expresan, por ejemplo, en la facilitación de tiempo al interior de las jornadas laborales de los trabajadores,

nivel país, pudiendo así seguir su desarrollo y medir de forma efectiva una actividad que se realiza de forma regular y formal.

19 La promoción de “la conciencia y acción social” constituye uno de los objetivos estratégicos de Techo, especificados en la presentación de la organización en su página web. Ver Fundación Techo, s.f.–a.

20 Las cifras fueron entregadas para esta investigación, en mayo de 2016, por Matías Martorell, director nacional de Formación y Voluntariado de Techo para Chile, y Laura Sánchez, directora de Formación y Voluntariado de Techo para Latinoamérica y el Caribe.

en la disponibilidad de sus instalaciones o en la entrega de materiales para que los empleados puedan contribuir en la concepción, gestión e implementación de programas de apoyo a los destinatarios de las organizaciones. Esta práctica ha ido cobrando fuerza en las empresas chilenas en los últimos años –aunque con cifras todavía muy inferiores a las de países de Europa o de Estados Unidos–, y se ofrece como una forma concreta de manifestar el compromiso social de la empresa, promoviendo al mismo tiempo un espíritu de equipo que pareciera tener la eficacia de aumentar el compromiso del empleado con su lugar de trabajo (Acción Empresarial, 2004).

En varias organizaciones, como Teletón, Fundación Las Rosas, Coanil y Techo, el voluntariado corporativo se ha articulado como un mecanismo clave para las entidades. En Techo, por ejemplo, se ha llegado a la cifra de ocho mil colaboradores por año, pertenecientes a más de 300 empresas distribuidas en Latinoamérica (Fundación Techo, s.f.–b). Entre muchas alianzas, destaca la que desde 2010 tiene con DHL, la cual es reconocida como el vínculo más “extensivo” con las empresas que colaboran con ellos. Este trabajo voluntario ha consistido principalmente en apoyar la construcción de viviendas de emergencia, además de ofrecer su marca como patrocinador para otras iniciativas llevadas a cabo por la organización (Fundación Techo, 2014a). Esta estrategia, en la que participa otro importante número de empresas, garantiza a Techo el involucramiento empresarial más allá del aporte financiero, ganando así un nuevo espacio de difusión de una práctica filantrópica fundamental para la acción de organizaciones como ésta.21 En el voluntariado corporativo, la fundación espera que las empresas reconozcan también su rol en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Parte del éxito que ha tenido esta estrategia en Techo se aprecia en las altas cifras de voluntarios individuales y corporativos, repartidos a lo largo de casi toda América Latina. El voluntariado corporativo se ha ido desarrollando en Chile de la mano de instancias que se han dedicado a potenciar esta práctica en el interior de las empresas. Destaca el trabajo de la Fundación Trascender, que ha asesorado a diversas empresas a lo largo de Chile en la vinculación de las mismas con la comunidad, a través del apoyo con voluntarios a importantes organizaciones sociales o por medio de programas donde

21 La relevancia que tiene para Techo el voluntariado corporativo fue precisada en una columna de opinión de la directora ejecutiva de Techo en Nicaragua. Ver Sabina Thomas, 2013.

los trabajadores ayudan desde sus propias competencias profesionales. El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) es una de las empresas asesoradas por Trascender, que desde 2011 articuló un plan de voluntariado corporativo que espera impactar tanto en el interior de la empresa como también en la sociedad, y que se despliega en las cuatro fundaciones que reciben aportes del BCI: Las Rosas, Enseña Chile, Corporación Crédito al Menor y Mi Parque. El trabajo voluntario consiste en el involucramiento del personal del BCI en las diversas iniciativas realizadas por cada fundación, en una participación regular y sostenida en el tiempo (BCI, 2014). De este modo, el voluntariado corporativo se articula como un mecanismo de aporte empresarial a las OSFL y la comunidad más allá de la figura de la donación en dinero, complejizando las características de un recurso esencial en el funcionamiento de las fundaciones y corporaciones. Otras organizaciones, como Teletón, muestran expresiones distintas de este trabajo voluntario de las empresas, promoviendo en ellas las visitas a los distintos institutos de la fundación, así como la oferta de sus instalaciones y servicios para desarrollar programas de inclusión laboral para las personas con discapacidad.22 Esta estrategia también se observa en otras organizaciones como Belén Educa, que ha conseguido el apoyo de empresas como Banco Santander, que además de ofrecer becas y prácticas, permite a sus profesionales el apoyo a la formación técnico-profesional de los alumnos de la fundación al interior de sus jornadas laborales (Banco Santander, 2014).

Voluntariado y cultura solidaria

En los casos citados anteriormente, se observa que las OSFL buscan en el voluntariado personal o corporativo no sólo recursos humanos para poder cumplir sus respectivas labores, sino también la construcción de lazos de reciprocidad entre los distintos miembros de una comunidad, involucrándolos como agentes activos en el desarrollo integral de la sociedad. En este objetivo destaca el caso emblemático del Hogar de Cristo, que en la promoción del voluntariado ha reconocido un mecanismo

22 La descripción de las formas de aporte empresarial se encuentra en el sitio web de la fundación. Por otra parte, la memoria de 2014 de Teletón detalla la colaboración de las empresas. Ver Teletón, 2014.

clave para la creación de una “cultura solidaria” necesaria para la superación de la pobreza (Hogar de Cristo, s.f.–b). Para ello ha sido fundamental la articulación de redes y alianzas con instituciones mediadoras entre el Hogar de Cristo y las personas, lo que evidencia la complejidad del trabajo de la organización, que consiste no sólo en prestar un servicio social concreto, sino también en difundir valores esenciales para construir una sociedad más justa. El éxito de su estrategia se expresa, entre otras cosas, en la enorme cobertura y expansión que ha tenido la institución, avanzando con filiales a lo largo del territorio y reclutando de manera constante nuevos voluntarios, permanentes y temporales, que garantizan el cumplimiento de sus objetivos.

Así, todo indica que el voluntariado tiene una fuerte vigencia en la actualidad, lo que se prueba en organizaciones nuevas que siguen sosteniendo su misión en esa figura. Es el caso de Desafío Levantemos Chile. Esta fundación nació como una respuesta a los devastadores efectos del terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010, marcada por un fuerte sentido de emergencia ante la dramática realidad de los miles de damnificados en el país (Desafío Levantemos Chile, s.f.–b). La eficacia de la ayuda entregada fue ampliando los objetivos de la organización, avanzando hacia la construcción de una red de apoyo permanente ya no sólo para las personas afectadas por la catástrofe, sino también para todas las comunidades de menores recursos del país. Fue así que comenzó la articulación de lo que la fundación misma define como una “gran cadena de solidaridad”, donde el voluntariado se muestra como uno de los mecanismos esenciales en la construcción y el fortalecimiento de esa misma cadena. A través del trabajo voluntario, la fundación busca ejecutar sus proyectos, pero sobre todo formar líderes involucrados en la resolución de los problemas sociales, intentando convocar masivamente a la juventud para que también se incorpore y elabore nuevos proyectos. De este modo, la organización ha articulado una compleja estructura de trabajo voluntario con diversas alternativas para los que se interesen en participar, ya sea formando parte de alguno de los “desafíos” en ejecución, integrándose como voluntario profesional o accediendo a través de la fundación a otras iniciativas semejantes. Esto último constituye un interesante ejemplo, donde Desafío Levantemos Chile se ofrece como plataforma de vinculación con otras organizaciones, poniendo a disposición de las personas un portal de búsqueda a través de su sitio web que pone en evidencia la valoración del voluntariado como una herramienta

eficaz en sí misma, con independencia de la instancia a partir de la cual esta acción se lleve a cabo.23

Los casos citados no pretenden ofrecer una muestra exhaustiva de las OSFL que trabajan con voluntariado en Chile, sino más bien mostrar el uso transversal de esta herramienta en organizaciones de orientación filantrópica, la cual se entiende como fundamental en la implementación concreta de sus proyectos, pero también en la generación de lazos sociales que ayuden a construir una sociedad más igualitaria y solidaria. Por otro lado, el fuerte predominio del trabajo voluntario en las organizaciones dedicadas a temas de pobreza y exclusión refuerza la idea de que en el voluntariado se reconoce un acto valioso en sí mismo, relevante para cumplir las metas mayores de este tipo de instituciones, dirigidas a la justicia social, la equidad o la solidaridad. Esto se expresa con claridad en la encuesta nacional de voluntariado realizada por la Fundación Trascender durante 2015, donde la mayoría de los entrevistados respondió en términos colectivos a la pregunta “¿para qué sirve el voluntariado?”: para ser un país más solidario y aportar a la integración social. Ello, a pesar de que el trabajo voluntario no constituye una actividad ejercida por la mayoría de la población, pues el aporte cotidiano concreto tiende a concentrarse más bien en las donaciones en dinero. Lo interesante es que, en términos de valoración, la encuesta mostró que, entre el voluntariado y la donación, el voluntariado se considera como el mejor mecanismo para ayudar a la sociedad, particularmente respecto del desafío mayor de construir “un país más solidario” (Fundación Trascender, 2015).

4.1.2. Donación en especies

Además del voluntariado, existen otros modos de colaboración y obtención de recursos no financieros fomentados por las OSFL, que dan cuenta de las varias opciones para aportar que tienen las personas y las empresas. Entre ellos destaca la figura de la donación en especies, que constituye una alternativa a la donación exclusivamente en dinero y es ampliamente utilizada por las organizaciones. La donación en especies consiste en aportar bienes o servicios de manera directa a la OSFL, que los donantes

23 Para el detalle de las formas de colaboración, ver Desafío Levantemos Chile, s.f.–c.

hayan dejado de utilizar o que hayan sido adquiridos o contratados específicamente para entregarlos a la organización (Lomé, 2005). Este mecanismo se muestra especialmente atractivo para las empresas, no sólo por ser una alternativa a la entrega de dinero, sino también porque a partir de esa prestación se puede generar una alianza permanente que permita a las empresas aportar con lo que ellas mismas producen, generan o desechan. LAN es un buen ejemplo de esta estrategia, al ofrecer el servicio de su aerolínea a distintas organizaciones. La empresa se ha hecho cargo del traslado a lo largo de Chile de los pacientes de Coaniquem y de la distribución de materiales educativos en instituciones de enseñanza, y ha aportado en general con el transporte en contextos de catástrofes. A su vez, durante 2014, LAN entregó a la Fundación Chilenter computadoras, impresoras, proyectores y monitores que sirvieron de apoyo a la causa de la organización, centrada en la inclusión digital a nivel nacional. Otra alianza especialmente significativa es la que LAN tiene con la Fundación Techo, a la que ha apoyado con el transporte de voluntarios y miembros de la organización, pero también generando una forma de donación original, consistente en que todo cliente de Lanpass –el programa de viajero frecuente de la compañía– pueda entregar a la fundación kilómetros acumulados, aumentando así las oportunidades de traslado aéreo disponibles para ella (LAN, 2014; Fundación Techo, 2014b).

Existen múltiples ejemplos de esta forma de donación realizada por empresas y personas a las fundaciones y corporaciones, como el interesante caso de la Corporación de Amigos del Calvo Mackenna (Amicam), que entrega al hospital del mismo nombre los instrumentos y equipos de diagnóstico más avanzados justamente a través de la donación de esos bienes.24

Sin embargo, por razones de espacio no es posible detallar aquí ese listado; lo importante es destacar que la sociedad civil y las empresas tienen variados mecanismos para colaborar con recursos que no son exclusivamente financieros, y que para las OSFL constituyen instrumentos esenciales a la hora de cumplir su labor. De paso, en estas distintas alternativas de aporte las organizaciones despliegan una estrategia compleja de vinculación entre la comunidad y los problemas que ellas buscan resolver, fomentando una práctica filantrópica que se muestra eficaz en el desafío de construir una sociedad más cohesionada y con una mejor calidad de vida.

24 Los objetivos y las operaciones de la institución se encuentran en la memoria de 2014. Ver Amicam, 2014.

4.2. Estrategias de las OSFL filantrópicas para la obtención de recursos financieros

Las estrategias de obtención de recursos financieros por parte de las OSFL se pueden sintetizar en dos mecanismos principales, que agrupan los diversos aportes económicos realizados por las personas, las empresas y el Estado: creación de excedentes financieros y acceso a excedentes financieros (Fowler, 2002).

4.2.1. Creación de excedentes financieros

La creación de excedentes constituye un importante mecanismo de obtención de recursos para las fundaciones y corporaciones, y consiste en la comercialización de bienes y servicios, entre otros aspectos.25 Esta estrategia apareció tempranamente en las organizaciones, como lo muestra el Hogar de Cristo, que ya en 1949 ofrecía coronas de caridad en sus folletos de difusión e invitaba a su público a visitar una dulcería y una lavandería manejadas por la fundación misma (Hogar de Cristo, 1949: 28).

En la actualidad, el Hogar también ofrece eventos –como la Cena Pan y Vino, instaurada por el sacerdote Renato Poblete en 1983– y otros bienes en una tienda virtual que diversifica aun más las plataformas para colaborar con la fundación. La Fundación Las Rosas ha seguido un estilo semejante con la venta de sus propias coronas de caridad y la organización de eventos con sentido social, a lo que se suman los bazares distribuidos en varios centros comerciales del país, estableciendo así espacios permanentes, en lugares de alta demanda, para obtener recursos. La oferta de coronas de caridad y eventos con sentido social cuyas recaudaciones son destinadas a la OSFL, constituye una estrategia común de las organizaciones de inspiración católica que asocian un aporte económico a algunos de los servicios exclusivos que pueden prestar.26

25 También existe la inversión, como ocurre en el caso de organizaciones religiosas que, por ejemplo, ponen en arriendo sus propiedades, a partir de las cuales extraen recursos. Este mecanismo fue practicado usualmente por las fundaciones más tempranas durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, ofreciendo una plataforma regular y segura de acceso a recursos. Sobre esta práctica, ver Teixidó y Chavarri, 2001: 49.

26

Además del Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas, lo hacen también la Sociedad San Vicente de Paul, María Ayuda y la Fundación San José, entre otras organizaciones.

En una línea diferente de comercialización destacan organizaciones culturales como el Teatro Municipal de Santiago,27 que tiene como uno de sus principales objetivos, justamente, el consumo y la difusión de sus actividades artísticas. La venta de entradas para sus funciones es una de sus labores más visibles y mediatizadas, orientadas a las personas y las empresas, con diferentes mecanismos de compra de entradas. Sin embargo, el Municipal dirige la comercialización de sus servicios con alternativas que van más allá de la figura exclusiva de las funciones artísticas. Así, a la venta directa de entradas y del abono en distintas modalidades se suman las visitas guiadas, los programas educativos para colegios y universidades, y ofertas de formación artística en el marco de convenios con diversas instituciones, como el Ministerio de Educación, la Pontificia Universidad Católica y Coanil. De este modo, el Teatro orienta sus servicios a la difusión de las artes y la cultura, pero también a la educación y formación en torno a ella, buscando asumir un rol protagónico en el desarrollo cultural del país (Teatro Municipal, 2015). De paso, también diversifica sus mecanismos de financiamiento por medio de la implementación de múltiples actividades para el consumo del público. Para atraer a las empresas, el Municipal, además de la venta regular de sus entradas, ofrece palcos privados, funciones exclusivas y paquetes de entradas. En cada una de las opciones especifica los beneficios para las empresas, pudiendo posicionar su marca al ingresar al grupo de auspiciadores del Teatro y utilizar las salas como plataforma de publicidad. Aunque el mayor porcentaje de los ingresos de la institución se sostiene con subvenciones de fondos públicos, la comercialización de sus distintos servicios ocupa igualmente un lugar fundamental, alcanzando cerca de un 30% del total de su presupuesto.28

Se ve, hasta aquí, el despliegue de estrategias donde son personas y empresas las que consumen algún bien o servicio ofrecido por las OSFL. Sin embargo, el Estado puede ser también una suerte de cliente, rol que generalmente ha tenido la forma de contratos de consultoría o de delegación de algún servicio público o programa del cual la organización

27 Destacamos aquí el emblemático caso de este teatro, pero existen ejemplos análogos en las corporaciones culturales de otros municipios, como las de Las Condes y Providencia.

28 Los convenios con empresas se especifican en el sitio web del Teatro Municipal. Respecto del aporte empresarial al presupuesto de la institución, ver Teatro Municipal, 2014.

se hace cargo. La Teletón es quizás el modelo más emblemático de este tipo de intercambios, recibiendo, a través de un convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), fondos destinados a la implementación del programa Ayudas Técnicas, dirigido a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad y al mismo tiempo socioeconómicamente vulnerables.29 En el marco del proyecto Chile Solidario, del Ministerio de Desarrollo Social, Senadis traspasa a la Fundación Teletón el dinero para ejecutar el programa elaborado por el organismo, reconociendo la capacidad operativa y profesional de la Teletón. Se articula así una especial alianza entre un servicio del Estado y una organización privada sin fines de lucro, donde esta última asume el liderazgo en la aplicación y ejecución de una política social particular. En este intercambio, no es sólo la organización la que se beneficia obteniendo recursos financieros, sino también el Estado, que garantiza la adecuada implementación de un programa que responde a un problema social de carácter público por parte de una institución como la Teletón, que constituye uno de los modelos más avanzados de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad en Chile.30

4.2.2. Acceso a excedentes financieros

El segundo mecanismo por el cual las OSFL obtienen financiamiento es a través del acceso a excedentes financieros de otros actores, entre los cuales destaca –como una de las herramientas principales, y quizás la más temprana– la figura de la donación de dinero.31 En Chile, las primeras

29 Para el detalle del convenio de transferencia de recursos entre el Senadis y la Teletón, ver Senadis, 2014.

30 No es posible desconocer el complejo debate que en los últimos años ha cuestionado la mirada que la Teletón difunde sobre la discapacidad, y particularmente la mediatización que implican la campaña nacional y los aportes millonarios de empresas. Sin embargo, es importante señalar que la cobertura de la fundación y su transversalidad social la vuelven el modelo más exitoso que existe actualmente en Chile en uno de los campos más precarios de las políticas de salud del Estado, donde Senadis requiere del apoyo de la Teletón para poder asegurar la prestación de servicios a las personas con discapacidad, concentradas en los grupos más pobres del país.

31 También existe la figura del préstamo, que puede ser uno bancario tradicional o uno solidario. En el caso del solidario, la institución financiera otorga una tasa de interés nula

fundaciones basaron su sostenimiento principalmente en las donaciones, realizadas sobre todo por particulares vinculados a las familias más ricas del país. La elite –marcada, en parte, por su tradición cristiana–asoció la donación con la beneficencia, y destinó importantes sumas de dinero, en vida o a través de herencias, a fundaciones dedicadas a labores sociales (Teixidó y Chavarri, 2001: 76). Realizadas por particulares o empresas, las donaciones han acompañado el desarrollo histórico de las OSFL. No sólo son fundamentales para financiar sus proyectos, sino que también suelen constituir el porcentaje mayoritario de sus presupuestos. La Fundación Teatro a Mil, por ejemplo, depende en un 34% de los fondos obtenidos por medio de la Ley de Donaciones Culturales, a lo que se agrega un 26% entregado por empresas a través de auspicios.32 Techo, a su vez, tiene una situación semejante, con más de un 50% de recursos provenientes de las donaciones de empresas y personas.33 Algo parecido ocurre en la Corporación Yo Mujer, donde los montos mayores de sus ingresos corresponden a donaciones en dinero que se destinan directamente a la implementación de sus proyectos.34 Otros ejemplos en la misma línea son las fundaciones Las Rosas y Hogar de Cristo, en las que las figuras del “amigo” y del “socio” comprenden, como ellos mismos señalan, más del 50% de su financiamiento.35

Estas cifras generales son sólo algunos ejemplos que ilustran la relevancia de las donaciones privadas, que hoy, a través de los mecanismos legislativos y tributarios, siguen teniendo un protagonismo fundamental para que las OSFL puedan llevar a cabo su misión. Sin embargo, la oferta de formas de ayudar en la actualidad es más diversa que antes, y a la figura clásica de la donación se han sumado otros mecanismos que aseguran

o inferior a la del mercado, según la lógica del impact investing. Sobre esta práctica, ver la sección de nuevas tendencias en el punto 5 de este capítulo.

32 Para el detalle, ver la distribución de porcentajes de financiamiento en el sitio web y en la memoria de los diez años (Fundación Teatro a Mil, s.f.; 2014).

33 Para el detalle de los aportes en dinero, ver las memorias y los estados financieros disponibles en el sitio web de la fundación. Acá se usan como referencia los últimos, correspondientes a 2014 (Fundación Techo, 2014b).

34 Para el detalle, ver el sitio web y la memoria de 2015, donde se especifican los aportes financieros (Corporación Yo Mujer, s.f.; 2015).

35 Para referencias y detalles, ver los respectivos sitios web de las instituciones (Fundación Las Rosas, s.f.; Hogar de Cristo, s.f.–c).

a las OSFL un aporte permanente y heterogéneo de parte de la sociedad civil, las empresas y el Estado.

Donaciones financieras y sociedad civil

La donación del vuelto en locales comerciales –como farmacias o supermercados– y el aporte en colectas y campañas masivas organizadas por instituciones emblemáticas están orientadas directamente a las personas. Estos mecanismos de entregas no regulares de dinero han ofrecido a las OSFL instancias esporádicas, pero muy significativas, de obtención de recursos. Como señala la encuesta nacional de voluntariado de 2015, el 92% de los chilenos realiza “algún tipo de donación en dinero”, siendo la principal forma de colaboración con las OSFL –mucho más que el voluntariado (Fundación Trascender, 2015). Ejemplos de este impacto hay muchos. La Fundación Las Rosas, por ejemplo, recolectó en 2012 más de 200 millones de pesos por medio de la donación de vuelto a través de las compras en la cadena de Farmacias Ahumada.36 Un caso especialmente ilustrativo lo constituye la Fundación Nuestros Hijos –dedicada a ayudar a los niños con cáncer, y con la empresa Sodimac como principal aliada–, que recibe un 32% del financiamiento de su organización de la donación regular del vuelto.37

En las colectas y campañas masivas, destacan sobre todo las de alcance nacional, como las organizadas por la Teletón, Techo y el Hogar de Cristo. Su relevancia se expresa tanto en la complejidad de su estrategia como en la cobertura y convocatoria que alcanzan. Durante la edición televisiva de la Teletón realizada en noviembre de 2015, intentando responder a los cuestionamientos de los millonarios aportes de las grandes empresas a la organización, la Fundación difundió enfáticamente que el 70% de la meta se obtiene por el aporte de las personas, buscando resaltar el impacto de la donación persona a persona. Según la última cuenta pública disponible, correspondiente al año 2013, la Teletón precisó que más de tres millones de familias llegaron al Banco de Chile a realizar sus

36 Para el detalle, ver el informe de transparencia de 2012 (Fundación Las Rosas, 2013).

37 El detalle de los aportes se encuentra en la memoria institucional de 2013. Ver Fundación Nuestros Hijos, 2014.

donaciones, enfatizando así la relevancia de la movilización de la ciudadanía en la obtención de la millonaria meta (Teletón, s.f.). El alcance de la campaña realizada por la Teletón no sólo da cuenta de una estrategia de recolección de fondos exitosa, donde se involucra toda la comunidad, sino también del posicionamiento de una problemática como la discapacidad, que actualmente constituye una significativa forma de exclusión social. Ese objetivo es perseguido por la organización en su campaña, esperando conseguir la donación en dinero pero también la vinculación de la sociedad civil, el Estado y las empresas con la rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad. No se puede dejar de mencionar el hecho de que la campaña de la Teletón ha sido liderada desde sus inicios por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, figura mediática y de altísima valoración social que ha sido una piedra angular en el éxito alcanzado por la Fundación.38 Ello pone en evidencia la relevancia de las alianzas entre las OSFL y los actores del mundo de las comunicaciones, los cuales, en el contexto de una sociedad cada vez más influida por los medios de comunicación, pueden profundizar el impacto mediático y fortalecer los vínculos con la comunidad.

La Fundación Techo, por su parte, también tiene campañas de alcance nacional, entre las que destacan Emparejemos la Cancha y la Corrida Santander-Techo. La primera es una colecta de alcance nacional que el último año cubrió todo el país –movilizando 11.600 voluntarios– y que logró reunir más de 300 millones de pesos que permitieron financiar actividades importantes de la organización, como los Trabajos de Invierno. La Corrida Santander-Techo, instancia que además de reunir fondos espera fomentar prácticas solidarias por medio del encuentro transversal de los actores sociales, en su última versión convocó a más de ocho mil personas, recaudando 45 millones de pesos que se destinaron al trabajo permanente de la Fundación en los campamentos del país (Fundación Techo, 2014b). Como en el caso de la Teletón, el éxito de estas iniciativas no se expresa sólo en los montos recolectados –claves para la ejecución de los programas de Techo–, sino también en el número de personas y empresas que participan en esas actividades, lo que, con la ayuda de la difusión en los medios, asegura de paso la captación de nuevos socios y voluntarios, así como el posicionamiento de sus temas de interés (Fundación Techo, 2014b).

38 De hecho, Mario Kreutzberger ha sido tan importante que, a sus 75 años, la opinión pública comienza a preguntarse quién asumirá su rol cuando él se retire.

A su vez, el Hogar de Cristo también despliega grandes campañas para recolectar fondos, en el marco de la difusión de una “cultura solidaria” que se considera fundamental para la verdadera inclusión de los sectores más marginados de la sociedad. El Hogar realiza cuatro grandes campañas anuales, destacando particularmente la de captación de nuevos socios a nivel nacional (Hogar de Cristo, s.f.–d). Organizada por primera vez en 1995 en alianza con TVN y Radio Cooperativa, hoy constituye una compleja estrategia que alcanza todo el territorio nacional y se difunde de manera masiva por los medios de comunicación, sumando este último año un total de 50 mil nuevos socios (TVN, s.f.; Radio Cooperativa, 2015). Para el Hogar, esta campaña nacional tiene también el valor de dar a conocer una realidad en la que espera involucrar a todos los actores sociales. En definitiva, es posible apreciar que las instancias de colecta nacional constituyen oportunidades relevantes para las OSFL para captar nuevos socios y fondos, pero también para difundir sus proyectos e involucrar a la comunidad en la resolución de los problemas identificados por ellas. En la encuesta nacional de voluntariado ya citada, un 58% de las personas que donan aseguró haberlo hecho en colectas y campañas masivas como las de la Teletón o del Hogar de Cristo (Fundación Trascender, 2015). Así, instancias como éstas se vuelven momentos especialmente significativos para explicitar el impacto del aporte individual en la labor de organizaciones como las aquí citadas, donde todo aporte, por pequeño que sea, resulta valioso.

Donaciones financieras y empresas

Las empresas son las otras grandes donantes de las OSFL. En el marco de políticas de RSE cada vez más desarrolladas, las OSFL no sólo aportan dinero a distintas causas, sino que también se involucran con ellas, vinculándose con fundaciones y corporaciones relacionadas con sus temas de interés o con las que generan una alianza permanente. Las formas tradicionales de vinculación de las empresas con las OSFL se podrían sintetizar en la figura de la “filantropía corporativa”, donde importantes grupos económicos comenzaron a preocuparse por entregar parte de sus fondos a iniciativas orientadas a resolver problemas sociales. Con el tiempo, sin embargo, las estrategias de las empresas se han hecho cada vez más complejas, en la medida en que ha sido cada vez más patente

la necesidad de que los aportes no se hagan sólo por una motivación meramente filantrópica, sino acorde a las necesidades tanto de la institución como del escenario donde ella se inserta. Es lo que se ha definido en el último tiempo como “alianzas estratégicas” entre las empresas y las OSFL, y que tiende a ser la forma que aspiran a alcanzar ambas partes.39

En Chile, la estructura legal de donaciones –que permite obtener beneficios tributarios a cambio de la donación– canaliza en la actualidad una parte importante de la entrega de recursos de las empresas a las OSFL, algo que se observa con claridad en el caso de la Fundación Teatro a Mil, donde un 34% de sus ingresos son obtenidos a través de la Ley de Donaciones Culturales (Fundación Teatro a Mil, s.f.). Sin embargo, como ocurre con las personas y los particulares, las empresas tienen diversos mecanismos para entregar dinero a las organizaciones, pudiendo construir lazos más allá de la entrega puntual de dinero. Las alianzas estratégicas son la forma más clara y estable de estos mecanismos, que se materializa en el traspaso de recursos a través de la vinculación a largo plazo con las actividades y los proyectos implementados por las OSFL. En este aspecto, vuelve a distinguirse el caso de Techo, donde las empresas aportan un 56% de los recursos de la Fundación y trabajan de forma permanente con ella. Banco Santander, LAN, Movistar, Sodimac, Grupo Dial y Canal 13, entre otras empresas, apoyan regularmente a Techo de varias maneras: facilitando dinero para campañas, realizando descuentos en la compra de productos, entregando porcentajes de ventas de bienes y servicios, y ofreciendo sus canales de comunicación para la difusión de sus iniciativas (Fundación Techo, 2014b).

En el ámbito de la educación, la Fundación Belén Educa también destaca por un amplio apoyo empresarial: cuenta con la colaboración de más de 60 empresas involucradas en la ejecución de sus proyectos; sus principales aliados son Empresas Copec, Banco Santander y Constructora Bío Bío. La primera, de gran trayectoria en su apoyo al ámbito educacional, entrega recursos para la capacitación docente y formación de los alumnos; además, beca anualmente a los mejores alumnos de cada colegio de la Fundación, financiando la totalidad de sus carreras en institutos profesionales y centros de formación técnica. Banco Santander, por su parte, otorga becas de excelencia académica a los

39 Sobre el paso de la filantropía corporativa a las alianzas estratégicas, ver Machado y Gil, 2010: 22.

alumnos de Belén Educa y también aporta recursos para los programas educativos de la Fundación. Por último, Constructora Bío Bío ha financiado y llevado a cabo la construcción de la mayoría de los colegios de la Fundación, que gracias a esta alianza hoy tiene más de 65.233 metros cuadrados construidos, repartidos en doce establecimientos educacionales ubicados en distintos puntos del territorio nacional (Fundación Belén Educa, s.f.).

La Fundación Teletón es la organización que probablemente muestra de manera más clara la estrategia de diversificación de las formas de donación que pueden desplegar las empresas. En primer lugar, está la opción de entregar un porcentaje de sus ventas a la Fundación, estrategia que desarrollan las grandes tiendas y marcas –como la cadena de supermercados Líder– en el período de la campaña nacional de la Teletón, alcanzando importantes montos para aportar en el logro de la millonaria meta. Por otro lado, la Teletón propone a las empresas la iniciativa del “1+1”, una suerte de compromiso entre éstas y sus empleados en el cual la empresa dona el equivalente de los aportes hechos por sus trabajadores, doblando el monto final que se entrega a la Fundación. Finalmente, existe la figura del auspicio, relevante no sólo para la Teletón sino también para un importante número de fundaciones y corporaciones, que a través de esta herramienta ofrecen a las empresas la posibilidad de difundir sus marcas y posicionarlas como colaboradoras de prácticas filantrópicas y de inclusión social. En el auspicio, las empresas aportan a la difusión de la campaña nacional de la Teletón, poniendo recursos para la cobertura territorial, la información a través de medios de comunicación y las diversas actividades realizadas durante la gira y la televisación de la colecta, que dura 27 horas (Teletón, s.f.). El auspicio más emblemático es el ofrecido por el Banco de Chile, que desde hace 36 años apoya el trabajo de la Fundación. Como auspiciador, el Banco hace una importante donación, pero además pone a disposición de la Teletón su infraestructura, sus conocimientos y sus recursos humanos para la recaudación y procesamiento de los ingresos que masivamente entran durante la campaña nacional (Banco de Chile, s.f.–b).

Los auspiciadores destacan también en las organizaciones culturales, que, convocando a grandes audiencias, ofrecen una instancia ideal para el posicionamiento de las marcas corporativas. Así, Teatro a Mil cuenta con el apoyo de Minera Escondida, BHP Billiton, Banco Edwards, Cencosud y MasterCard, entre otras marcas, que han colaborado en el desarrollo

del Festival Internacional y otros proyectos, haciendo posible el financiamiento gratuito de importantes obras artísticas (Fundación Teatro a Mil, 2014). El Teatro Municipal, a su vez, tiene un apoyo semejante de varias empresas, y ofrece beneficios para ellas a cambio del auspicio de sus actividades culturales; por ejemplo, a quien auspicia la temporada oficial, el Teatro entrega exclusividad de difusión a la empresa, además de descuentos en entradas, uso de salones y reserva de palcos y asientos. El estatus de auspiciador oficial lo han adquirido empresas como El Mercurio, Aguas Andinas y BCI (Teatro Municipal, s.f.). Así, es posible apreciar una compleja cadena de vinculaciones entre las empresas y las fundaciones y corporaciones, donde todas las parten ganan. Por un lado, las fundaciones y corporaciones obtienen recursos; por otro, las empresas aparecen públicamente apoyando causas de alta valoración social y, además, se benefician de los efectos tributarios que tienen para ellas el hecho de donar regularmente a las OSFL.

con discapacidad intelectual, también es un modelo interesante, pues el 93% de su financiamiento es hecho con aportes del Estado, entregados a través de cuatro ministerios: Educación, Desarrollo Social, Salud y Justicia.41

Subsidios y fondos estatales

El tercer actor por medio del cual las OSFL acceden a recursos es el Estado, que no opera como un donante propiamente tal, pero sí como otorgador de fondos y subsidios, los cuales cumplen un importante papel en su financiamiento. Los aportes fiscales a las organizaciones suelen sumarse y completar los aportes privados; sin embargo, existen casos donde el apoyo fiscal constituye la instancia fundamental de su sostenimiento. Un ejemplo de ello lo constituye la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), acogida desde 1994 al sistema de financiamiento compartido y desde 2008 a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, instancias de las que hoy en día extrae sus principales recursos (SIP, 2015).40 La Fundación Coanil, que trabaja por la inclusión de personas

40 En vigencia desde 1994, la Ley de Financiamiento Compartido consiste en sumar la subvención estatal de los establecimientos educacionales –municipales o particulares– y el cobro de arancel a los apoderados, con el objetivo de que los establecimientos aumenten los recursos disponibles. En 2008, se promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial, orientada a entregar fondos fiscales a los establecimientos por cada “alumno prioritario” que tengan. La entrega es definida por la situación socioeconómica de los alumnos (Biblioteca del Congreso Nacional, 2012). A ambas leyes se ha acogido la SIP, que en 2014 tenía un 54% de alumnos prioritarios, contando así con un importante apoyo fiscal (SIP, 2015).

Otra forma de traspaso de recursos desde el Estado es a través de fondos concursables, sean generales o específicos. En el primero de los casos están los fondos de desarrollo regional, a los que acceden instituciones como Teatro a Mil o Teletón, además de los ofrecidos por ministerios como el de Salud o el de Vivienda, a los que postulan organizaciones como Coaniquem o Techo.42 En una línea más específica, están los convenios y fondos dirigidos directamente a las OSFL, donde destaca particularmente el concurso Más Por Chile, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual está orientado de manera exclusiva a organizaciones privadas sin fines de lucro que despliegan iniciativas para la superación de la pobreza. En ese convenio participan instituciones como Techo, Desafío Levantemos Chile, Patronato Nacional de la Infancia, Nuestros Hijos y Crece Chile, entre otras, en un concurso que, además de entregar importantes montos de dinero, constituye un reconocimiento a la labor social desarrollada por estas organizaciones.43

De este modo, el Estado se involucra como otro actor más que aporta en el financiamiento de las OSFL, por medio de subvenciones, convenios y fondos que permiten la implementación de proyectos que también son relevantes para él, en la medida que están dedicados, desde el mundo privado, a la resolución de problemas y desafíos de interés público. Con estos recursos, el Estado explicita el reconocimiento de la necesidad de apoyar a instituciones como éstas para el desarrollo de la sociedad.

41 El detalle de los aportes estatales a Coanil se encuentra en los estados financieros. Ver Coanil, s.f.

42 Para la especificación del acceso a estos fondos por parte de las organizaciones señaladas, ver Fundación Teatro a Mil, s.f.; Teletón, 2013; y Fundación Techo, 2012. También se puede revisar el catastro de organizaciones acogidas al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, donde se especifica, entre otras intituciones, a Coaniquem (Ministerio Secretaría General de Gobierno, s.f.).

43 Para los pormenores del convenio y la lista de organizaciones que se lo han adjudicado, ver Ministerio de Desarrollo Social, s.f.–b.

5. Reflexiones finales: nuevas tendencias y nuevos desafíos de las OSFL

En este capítulo hemos visto que las OSFL tienen una tradición de profundo anclaje histórico en Chile, tanto por su temprano origen como también por su capacidad de adaptarse a contextos sociohistóricos diversos. Así, han mostrado una especial creatividad y resistencia en medio de los cambios y transformaciones que ha vivido la sociedad chilena, particularmente a lo largo del siglo XX, consolidándose como un actor fundamental para detectar necesidades y evidenciar problemas sociales, y para articular esfuerzos y construir soluciones innovadoras a dichos problemas. En este sentido, las OSFL han demostrado ser una forma legítima y eficaz de encauzar las iniciativas filantrópicas, y de promover una visión más justa y solidaria del hombre y de la sociedad. Su capacidad para estructurar los impulsos, recursos e iniciativas filantrópicas, y articular a los distintos actores sociales en torno a proyectos comunes, finalmente repercute en el fortalecimiento de la sociedad civil y en el debate continuo sobre la responsabilidad social del Estado, de las empresas y de los ciudadanos. Llama particularmente la atención su capacidad para contribuir al desarrollo del voluntariado y armar alianzas público-privadas en torno a problemas de alto interés público.

5.1. Nuevas tendencias de financiamiento

A pesar de la importancia de las OSFL, el financiamiento y la sostenibilidad de sus actividades han sido y siguen siendo una preocupación constante para sus dirigentes. Frente a este escenario lleno de incertidumbres, las OSFL y sus partidarios han dado pruebas de creatividad. En este capítulo hemos examinado las principales estrategias de movilización de recursos que ellas despliegan. Sin embargo, entre los distintos mecanismos existentes para que todo ciudadano, empresa o institución pública pueda colaborar financieramente con las OSFL, queremos destacar dos en particular, que constituyen herramientas nuevas y en pleno desarrollo en el mundo: el crowdfunding y el impact investing.

Crowdfunding: donar en línea

El crowdfunding es una forma de financiamiento participativo que utiliza plataformas web para poner en contacto a financistas con organizaciones que necesitan fondos para llevar a cabo un proyecto. Existen distintas formas de participar en estas plataformas y la donación en dinero es una de ellas. De manera rápida y sin intermediarios, uno puede, desde la comodidad de su hogar, informarse sobre distintos proyectos y elegir aquel al que desea aportar. En Chile, el crowdfunding ha ido posicionándose poco a poco, volviéndose una estrategia atractiva especialmente para las nuevas generaciones que, como usuarios cotidianos de los medios de comunicación digitales, ven en esta instancia la posibilidad de un aporte más democrático, permanente y diverso.44 En el mundo de las OSFL, Desafío Levantemos Chile destaca como una de las organizaciones que ha sido capaz de implementar el crowdfunding como una plataforma eficaz para el financiamiento de sus proyectos. Desde su sitio web, las personas pueden acceder a las distintas iniciativas de la fundación, las cuales detallan las tareas a realizar, el contexto que las justifica y el diagnóstico que las inspira. Con un abanico de alternativas, la comunidad donante elige cuánto y en qué donar, teniendo además la posibilidad de seguir el proceso de recaudación de fondos, así como la puesta en marcha del proyecto.45 Las opciones ofrecidas por la fundación también buscan convocar a distintos actores, con intereses diversos, por medio de proyectos orientados a múltiples temáticas y en diferentes puntos del territorio. Así, por ejemplo, es posible elegir entre la contribución para construir una escuela de música en Linares o ayudar en el reacondicionamiento de un colegio en Melipeuco.

El crowdfunding ha logrado mostrarse como una estrategia efectiva de recaudación de fondos. Así, además de existir OSFL que se apoyan en esta plataforma para financiar sus proyectos, han ido emergiendo organizaciones dedicadas exclusivamente a fomentar esta práctica, difundiendo una multiplicidad de proyectos de los más diversos actores. Muestra de ello es Ideame, una plataforma de crowdfunding que cubre toda América

44 Sobre la función y potencialidad del crowfunding, ver la definición entregada por la plataforma Ideame (s.f.).

45 Para el detalle de los proyectos financiados a través de crowdfunding, ver Desafío Levantemos Chile, s.f.–d.

Latina y que define su trabajo, justamente, como la “democratización del acceso al capital”, ofreciendo su mediación para generar alianzas y colaboraciones entre pequeños emprendedores y pequeños donantes, a una escala global o al menos regional.46 A pesar de ser un mecanismo que está en pleno desarrollo en Chile, el crowdfunding ha constituido un verdadero aporte en la diversificación de las formas de donación, así como de las posibilidades de acceder a ellas por parte de instancias más pequeñas, con menos recursos o con estructuras organizacionales más elementales. Al mismo tiempo, ha sido capaz de actualizar las opciones de colaboración de las fundaciones y corporaciones, ofreciendo una herramienta nueva, masiva y eficiente.

Cruces entre la filantropía y la lógica de inversión financiera

Otra tendencia mundial que merece ser destacada en el financiamiento de las OSFL proviene del diálogo entre la filantropía y el mundo de las inversiones de capital, en la búsqueda de nuevas formas de costear proyectos y organizaciones sociales. Se habla principalmente de impact investing, también conocida como venture philanthropy. Aplicando la lógica del rendimiento financiero al impacto social, los inversionistas buscan instrumentos que les permitan poner su dinero en iniciativas con un potencial de alta rentabilidad social. Esta tendencia consiste en dos tipos de inversión: una bajo la forma de una donación unilateral sin expectativa de retorno financiero, y otra que busca ganancia financiera futura. En el primer caso se habla de impact only, dado que sólo se busca el impacto social –una suerte de donación con exigencia de pruebas de impacto social–; en el segundo se habla de impact first, dado que, aun cuando la inversión genere algún tipo de retorno financiero para el inversionista, el impacto social sigue siendo el objetivo prioritario. En ambos casos, existen varios tipos de instrumentos de inversión financiera en materia de vocación social, y son diversos los experimentos que se llevan a cabo actualmente a nivel mundial.47 Sin embargo, es posible observar algunas características y tendencias comunes:

46 La propuesta de Ideame puede verse en Ideame, s.f.

47 Por ejemplo, los social impact bonds en países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Francia; y los social unvestment funds de bancos como BNP Paribas y Deutsche Bank.

–El inversionista o el gestor de fondos asume un rol activo y establece una relación cercana con las organizaciones financiadas. Se busca invertir en un número reducido de organizaciones para poder acompañarlas de cerca en un horizonte de mediano plazo (al menos entre tres y cinco años) y ayudarlas a desarrollar su autonomía y sostenibilidad. Gestores de fondos e inversionistas pueden comprometerse, en distintos niveles, con el acompañamiento estratégico y operacional de la organización financiada. –La rentabilidad sobre la inversión es prioritariamente social. En ciertos casos son donaciones de dinero que sólo buscan obtener pruebas de su impacto social, pero en otros pueden ser inversiones en acciones o bonos con la intención de obtener, además del impacto social, un cierto retorno financiero a una tasa de interés igual o inferior a la de mercado. En este último caso, dado que hay un retorno financiero, cabe cuestionarse si estamos todavía en el campo de la filantropía desinteresada que no espera beneficio a cambio.

–La evaluación del impacto social es central. Para inversionistas que no esperan ningún retorno financiero o para inversionistas que esperan una cierta rentabilidad, lo principal es poder acceder a indicadores medibles de la rentabilidad social de la iniciativa financiada. En este sentido, la capacidad de medir su impacto social y comunicarlo es la base de la legitimidad de la organización que busca acceder a este tipo de instrumentos de financiamiento.

En Chile, el Fondo de Inversión Social (FIS) es un ejemplo de este nuevo tipo de herramienta financiera que busca promover inversiones con objetivos de impacto social. Este fondo de inversión privado provee de capital a Fe y Alegría, Techo, la Protectora de la Infancia y el Centro de Educación Integrada de Adultos Quimahue (FIS, s.f.). No obstante, el impact investing sigue siendo una herramienta aún poco difundida y utilizada en el país.

5.2. Desafíos y dilemas vinculados al desarrollo de las OSFL

Los problemas sociales son complejos y multidimensionales. Siempre hay en juego aspectos sociológicos, históricos, jurídicos, psicológicos y económicos, entre otros, y difícilmente un actor o un sector puede abordarlos por su cuenta en solitario. Por lo tanto, la colaboración entre la

sociedad civil, el sector privado y el sector público es, ciertamente, la vía más adecuada para abordar el desafío que implica la construcción de una sociedad más justa y la búsqueda de una forma de desarrollo que sea sostenible. Sin embargo, la cuota de responsabilidad de cada actor y la forma en que este participa son distintas en cada país, y varía también en el tiempo. Éstas son productos de negociaciones, convenciones, juegos de poder y decisiones colectivas que dependen del grado de legitimidad de los distintos actores y de la confianza que ellos inspiran. En este sentido, las diferentes estrategias de financiamiento y de gestión de las OSFL concretizan una forma contingente de comprender la responsabilidad social de los ciudadanos, de las empresas, del Estado y de las OSFL en un determinado momento histórico.

Actualmente, uno de los debates más importantes que plantean el financiamiento y la gestión de las OSFL es el de la responsabilidad del Estado en la entrega de soluciones a los problemas y desafíos considerados públicos, y en la gestión de los bienes comunes. En términos de financiamiento, si los ciudadanos y las empresas pagan impuestos, ¿corresponde al Estado financiar a las OSFL? Este es un debate permanente, que tiende a explicitarse en determinados momentos, como es el caso de cada nueva versión de la campaña nacional de la Teletón, donde, además de la discusión respecto de cómo se difunde la discapacidad en Chile –y cómo se entiende su definición–, también se cuestiona el hecho de que una institución privada se haga cargo de un problema social al que debería, según ciertos grupos, responder el Estado.48 En términos específicos de gestión, nos planteamos aquí la siguiente pregunta: ¿cuáles son los problemas sociales que deben ser gestionados por los servicios públicos y cuáles deben ser gestionados por las OSFL? Una parte de la opinión pública considera que las OSFL son un actor más eficiente y eficaz que el Estado en la entrega de soluciones a ciertos desafíos sociales. Buen ejemplo de ello fue Felipe Cubillos, quien, liderando la fundación Desafío Levantemos Chile, se preocupó por difundir la necesidad de empoderar a la sociedad civil para resolver sus propios problemas; esa necesidad se sostenía en un crítico diagnóstico sobre los servicios entregados por el Estado, los cuales, según Cubillos, tendían rápidamente a volverse burocráticos e ineficientes y eran incapaces de responder a los requeri-

48 El debate sobre la Teletón ha tenido múltiples versiones y plataformas. Como referencia, ver Burotto, 2014; Contardo, 2014; y Rivas, 2015.

mientos sociales en el momento adecuado.49 Sin embargo, más allá de las diferentes posturas, hay al menos dos riesgos que deben ser seriamente analizados en el proceso de privatización de los servicios públicos. Por un lado, el riesgo de caer en una forma de subcontratación que vuelva más precarias las condiciones laborales de quienes trabajan en la prestación de servicios públicos; es decir, el eventual ahorro de costos y las ganancias de eficiencia vinculadas a la delegación de un servicio público a una OSFL, no pueden ir en desmedro de la calidad de vida laboral de sus empleados. Por otro lado, está el riesgo, más profundo, de que el Estado se desentienda de su implicancia en ciertos problemas sociales, esto es, que la delegación de un servicio a una OSFL se traduzca en su desvinculación respecto del problema que está en la base del mismo. Así, aunque el Estado deje de ser la instancia que presta un servicio determinado, no puede abandonar su papel como regulador y fiscalizador de la articulación entre las distintas iniciativas y los actores sociales, ni tampoco su rol de evaluador de la utilidad social y del impacto de las actividades desplegadas por las OSFL. En este sentido, delegar no debe ser sinónimo ni de precarización ni de menor responsabilidad.

Por otra parte, la relación de las empresas con las OSFL tampoco está exenta de controversias y es un tema importante en la reflexión sobre la RSE (Machado y Gil, 2010). Dicha relación puede construirse bajo una justificación filantrópica y desinteresada o bajo otra estratégica en el marco de un programa de RSE. En el primer caso, tiende a ocurrir que las empresas se preocupan exclusivamente de donar dinero sin vincular esa donación con los asuntos centrales de una estrategia de RSE propia, lo que tiene por efecto la construcción de una alianza débil y, en tiempos de crisis, el retiro del compromiso con la organización. Al momento de reducir gastos, las donaciones filantrópicas son uno de los primeros ítems a cortar del presupuesto de una empresa, y las OSFL que dependen de dichos fondos son, a su vez, altamente vulnerables en los períodos de dificultades financieras. Por otro lado, las empresas que restringen su compromiso a la donación de dinero pierden la oportunidad de aportar también sus recursos humanos, lo cual, entre otras cosas, tiene el beneficio de generar un clima laboral más favorable. Varios estudios demuestran que el voluntariado corporativo ayuda a la

49 Sobre la postura de Felipe Cubillos respecto a la labor del Estado, ver sus columnas publicadas en la prensa y difundidas en el sitio web de la fundación (Desafío Levantemos Chile, s.f.–e).

fidelización y a la productividad de los colaboradores de una empresa (Pattillo, 2015). Además, las OSFL tienen la ventaja de ser aliadas importantes en la mediación de la relación de las empresas con sus comunidades. En este sentido, existen varias oportunidades donde ambas, empresas y OSFL, ganan al pasar de una relación filantrópica de donaciones puntuales a una alianza que involucra recursos financieros y no financieros en el marco de programas de una estrategia de RSE de largo plazo. Finalmente, a modo de cierre, cabe preguntarse en el escenario actual por la “RSE de las OSFL”. El funcionamiento de las OSFL depende de una hibridación de recursos privados y públicos y de sus capacidades para establecer alianzas de largo plazo con los demás actores involucrados en el desafío a enfrentar. Tradicionalmente, la confianza pública en las OSFL se ha basado principalmente en su capacidad de demostrar un compromiso con una causa valiosa y en el carisma de sus líderes. Sin embargo, el crecimiento y la sostenibilidad del sector dependerán de su capacidad de gestionar de manera responsable su cadena de valor y de demostrar su impacto social. La responsabilidad social ya no es un asunto exclusivo de las empresas privadas. Para cumplir sus propósitos, las OSFL crean productos, servicios y procesos, y despliegan políticas y prácticas de compra, distribución y contratación. Es decir, más allá de la prestación social, sus decisiones y actividades tienen impactos sobre la sociedad y el medio ambiente y contribuyen de manera positiva o negativa al desarrollo sostenible. Las normas y estándares internacionales de responsabilidad social y desarrollo sostenible coinciden en que las OSFL deben plantearse y abordar de manera proactiva las preguntas relativas a sus procesos de toma de decisiones, las prácticas que tienen con sus trabajadores, sus voluntarios, sus beneficiarios y el medio ambiente, y rendir cuentas de su impacto social.50 En este sentido, la capacidad de una OSFL de atraer donaciones y voluntarios, y de crear relaciones de largo plazo con la ciudadanía, el Estado y las empresas, depende cada vez más de su comportamiento ético y transparente, del diálogo y de la consideración de las expectativas de sus grupos de interés, y de su compromiso con las materias fundamentales de responsabilidad social. Ello forma parte esencial del desafío futuro para las OSFL en Chile y el mundo.

50 Por ejemplo, la ISO 26.000 de responsabilidad social se dirige a todas las organizaciones de los sectores privado y público, y la Global Reporting Initiative tiene un suplemento especial para las ONG.

Figura 1. Diagrama de estrategias de movilización de recursos

Estrategia de movilización de recursos

Voluntariado Donación en especies Actividad comercial Donación el dinero

Subsidios y fondos concursables

Préstamo

Inversión

Generación de excedentes Acceso a excedentes

Recursos no financieros Recursos financieros Tiempo Bienes

Afiche de la plataforma web de financiamiento colectivo Ideame.

Voluntarios de Techo-Chile trabajando.

El padre Alberto Hurtado recogiendo niños de la calle en su camioneta, 1945.

SUSTENTABILIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y VALOR COMPARTIDO EN CHILE, 1980-2010

ximena abogabir

Los conceptos que aquí se examinan –“responsabilidad social empresarial”, “sustentabilidad” y “valor compartido”–, y que ya son parte de nuestro vocabulario, conforman, en palabras de la autora, un “sello civilizatorio” que ha moldeado la deriva futura de la sociedad, en que el sector privado ha asumido un rol que va más allá del meramente productivo. Las donaciones que apoyan causas sociales se han vuelto de alta visibilidad para las elites y son un pilar estratégico para que los negocios sean viables. Las comunidades impactadas por un nuevo proyecto de inversión se han vuelto cada vez más exigentes; hoy ya no basta cumplir con los permisos legalmente exigidos: es necesario ser un “buen vecino” que establece lazos de confianza para forjar una relación de desarrollo humano aceptable y baja huella medioambiental.

Ya nadie pone en duda que la humanidad enfrenta un punto de inflexión: tenemos la evidencia de asombrosas transformaciones ocurriendo en todos los ámbitos a una velocidad exponencial. En la reunión del Foro Económico Mundial realizada en Davos en febrero de 2016, su fundador, Klaus Schwab, anunciaba el inicio de una cuarta revolución industrial, caracterizada por las nuevas tecnologías, que fusionará los mundos físico, digital y biológico, impactando todas las disciplinas, economías e industrias del planeta, y que incluso desafiará el sentido mismo del ser humano. Por otra parte, en el mismo evento, diversos expositores advirtieron sobre los riesgos que el clima y la crisis migratoria imponían a la supervivencia misma de la actual civilización. “La lucha contra el cambio climático –afirmó Paul Polman, director ejecutivo de Unilever– está estrechamente ligada a la mitigación de la pobreza y el desarrollo económico. Yo los llamaría diferentes caras de la misma moneda” (Foro Económico Mundial, 2015).

En este escenario de profundas incertezas, todos los actores requieren ponerse de acuerdo hacia dónde ir y cómo asumir roles complementarios que les permitan llegar “a buen puerto”. Si alguno de ellos pone en riesgo el resultado, todos los demás tienen el legítimo derecho a impedirlo.

En Chile, a partir de la apertura económica de la década de los 80, las compañías multinacionales fueron pioneras en introducir un nuevo enfoque,1 para lo cual requerían transformar radicalmente su forma

1 La sociedad chilena debió adaptarse poco a poco a la nueva tendencia proveniente del hemisferio norte. Prueba de ello es el estudio realizado por la Fundación Avina en agosto

de pensar, operar y relacionarse, tanto con la autoridad gubernamental como con la sociedad y en el interior mismo del mundo empresarial. La evolución de las donaciones del sector privado en el período no estuvo ajena a este contexto de intensa transformación. En efecto, el sector empresarial debió adaptarse a las nuevas exigencias del presente: del intento por “ganarse el cielo” que predominaba en los tiempos pasados, debieron transitar por el camino de la responsabilidad social y, más recientemente, del “valor compartido”.2

La primera parte de este capítulo da cuenta de la aparición y evolución de los términos “responsabilidad social empresarial” (RSE) y “sustentabilidad”,3 aplicados a la relación entre la actividad empresarial, la comunidad y el entorno natural. Estos conceptos se perfilaron en el mundo industrializado durante la segunda mitad del siglo XX y se fueron consolidando en eventos internacionales, siendo la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, la primera cita global convocada por Naciones Unidas donde convergieron los jefes de Estado, los empresarios y las ONG.

Como todo proceso de transformación, la evolución de estos conceptos no ha sido lineal, sino que ha experimentado avances y retrocesos. No obstante, lejos de constituir una moda pasajera, tales conceptos son la expresión de un “sello civilizatorio” que moldeó la deriva futura de la sociedad global y también de la chilena, donde el sector privado comenzó a asumir un rol que iba más allá del meramente productivo. Obligadas a levantar la mirada hacia el largo plazo incluyendo en el radar a las siguientes generaciones, observar impactos acumulativos en los ecosistemas, someterse al escrutinio de sus gobiernos corporativos y, muy especialmente, prestar atención a una ciudadanía cada vez más informada y empoderada, las empresas debieron reinventar las formas en que tomaban decisiones y se relacionaban con otros actores, incluso a la hora de aportar.

de 2003, titulado “Catastro de empresas en Chile con reconocimiento público en temas sociales y ambientales”, cuyo objetivo era “identificar a las empresas nacionales y multinacionales con presencia en Chile que presentan buenas prácticas en el plano ambiental y social”. La investigación mostró que, entre las diez empresas más reconocidas, el 70% era de propiedad extranjera (Figueroa y Berdichevsky, 2003; citado en Correa y otros, 2004: 38).

2 “Valor compartido” se refiere a la creación de valor no sólo para la compañía sino también para la sociedad.

3 Si bien existen matices respecto al uso de los términos “sustentabilidad” y “sostenibilidad”, la autora utiliza aquí la traducción literal del término anglosajón sustainability, que es el empleado en la legislación chilena.

La segunda parte de este capítulo describe la evolución de cómo las donaciones –cuya presencia en forma privada y confidencial ha sido constante en la tradición empresarial chilena– se convirtieron en aportes mayoritariamente culturales de alta visibilidad ante las elites, luego en el apoyo financiero público a una causa social, para finalmente pasar a constituir un pilar en la estrategia de viabilidad futura de los negocios, aportando a la remoción de un obstáculo para el desarrollo nacional. Los nuevos proyectos de inversión ya no sólo requerían obtener todos los permisos sectoriales legalmente exigidos; también se hizo necesario enfrentar el agudo escrutinio de las comunidades para responder a la pregunta clave: “¿Vamos a estar mejor con el proyecto que sin él?”. Al margen de contar con la aprobación de la autoridad ambiental, cuyas limitaciones se fueron haciendo cada vez más evidentes, si la comunidad percibía que el ofrecimiento de donaciones sociales buscaba compensar un eventual deterioro ambiental, el rechazo al proyecto no se hacía esperar, asumiendo que ello podía implicar la afectación de su salud o disminuir sus posibilidades futuras de desarrollo. Así nace la necesidad de separar la conversación sobre la gestión de impactos ambientales y el cumplimiento de la ley, con el de los aportes sociales en el ámbito de lo voluntario.

Por ello, las compañías no sólo tuvieron que aprender a leer mejor los territorios y las interrelaciones que se generaban entre los distintos actores que lo compartían. También necesitaron revisar su propia forma de pensar, operar y expresarse, para hacer coherente lo que se afirmaba ante la opinión pública y lo que se hacía realmente. Todo ello implicó instalar nuevas competencias, no sólo en sus propios trabajadores, sino en toda su cadena de valor: proveedores, contratistas y clientes, entre otros. Relacionarse de forma transparente, respetuosa y colaborativa con los distintos actores pasó a ser un nuevo desafío para el empresariado.

A mediados de la primera década del siglo XXI los hechos obligaron a asumir que la viabilidad futura de muchas empresas, especialmente las industrias extractivas de recursos naturales no renovables con alto impacto ambiental potencial, dependía de la posibilidad de obtener y mantener la “licencia social” no sólo para operar,4 sino también para prosperar, en el entendido de que, si a la empresa le iba bien, beneficiaría también a toda la comunidad, concepto cuestionado en Chile, dada la creciente inequidad

4 Por “licencia social para operar” se entiende la aceptación de las comunidades a un determinado proyecto de inversión.

de la sociedad chilena. Para estas empresas comenzó a ser determinante la generación de lo que posteriormente se denominó “valor compartido” –no sólo con las poblaciones aledañas, sino con toda la cadena de valor de la operación– y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Desaparecido el Estado benefactor de antaño, los gobiernos asumieron como su tarea la generación de un entorno proclive a la innovación y el emprendimiento, el dictado de las normativas correspondientes y la intensificación de las medidas de fiscalización. Por su parte, las ONG se dividieron entre las que asumieron el rol de denuncia de excesos y falencias del sistema, y las que optaron por la vía de colaborar con el sector privado, pues lograron identificar una legítima convergencia de intereses. A mediados de la década de los 90, la cooperación internacional había comenzado a retirarse de Chile, lo que coincidió con la emergencia del concepto de RSE. El esfuerzo de aprender a relacionarse constructivamente parecía ser una alternativa fructífera pero compleja para estos actores. Yo misma, como parte involucrada desde la sociedad civil, pude constatar que, una vez que depusimos las suspicacias mutuas y aprendimos a trabajar juntos, las reparticiones públicas, las empresas privadas y las ONG salimos nutridas con nuevas miradas y herramientas metodológicas.

A partir de los tropiezos y los aciertos, fuimos asumiendo que no quedaba mejor opción que la colaboración intersectorial para abordar los desafíos que presenta la sociedad moderna. Para facilitar el proceso, las grandes compañías multinacionales formaron profesionales y aportaron definiciones de nuevos conceptos, estándares y metodologías de intervención social. Desde el mundo académico, se multiplicaron los estudios superiores destinados a generar conocimiento y buenas prácticas; los medios de comunicación cubrieron con entusiasmo las actividades de RSE; las ONG aportaron su experiencia en el trabajo comunitario; y el Estado se abrió a la posibilidad de contar con un nuevo socio para el abordaje de los complejos desafíos que presentaba la modernidad: el sector privado. El caso de la muerte de los cisnes de cuello negro ocurrida en 2004 en el río Cruces, cerca de Valdivia, como efecto vinculado con las emisiones líquidas provenientes de la planta de celulosa de Arauco, constituyó un antes y un después en materia de responsabilidad social empresarial y de paso gatilló la modernización de la institucionalidad ambiental del país. Fue un hito que modificó para siempre la gestión ambiental y social de las empresas, que a partir de entonces debieron transitar hacia una nueva modalidad mucho más horizontal e integral en el abordaje de los

conflictos socioambientales relacionados con sus operaciones. El caso de los cisnes mostró cómo la tradición filantrópica de antaño no sirvió para “blindar” a la compañía frente al severo juicio de la opinión pública nacional e internacional ante la afectación de los ecosistemas.

Por su parte, en 2010, la intervención del Presidente Sebastián Piñera que derivó en la cancelación de la autorización ambiental de la central termoeléctrica Barrancones en Punta de Choros evidenció ante la opinión pública las limitaciones de nuestra todavía joven institucionalidad, justificando las desconfianzas de la comunidad sobre si una resolución de calificación ambiental era capaz de pronunciarse sobre las complejidades de los ecosistemas, en este caso la proximidad de una central termoeléctrica a un área protegida marina de alto valor de biodiversidad. También reflejó el poder que un puñado de ciudadanos podía adquirir mediante la movilización de la opinión pública a través de las redes sociales.

Con este caso, al que se le sumaron otros, fue haciéndose cada vez más nítido el umbral entre las donaciones discrecionales a partir de las sensibilidades de sus dueños o ejecutivos, la RSE entendida como un compromiso de carácter voluntario que adquiere una empresa con la sociedad, y la obligación legal de las compañías de hacerse cargo de sus impactos ambientales a través de medidas de mitigación o compensación con la misma moneda ambiental. El desafío que enfrentan hoy las empresas privadas es la incorporación del enfoque de derechos, que amplía la obligación de hacerse cargo de sus impactos no sólo porque “es la manera correcta de proceder desde un punto de vista ético”, sino porque proteger los derechos humanos revierte positivamente en los negocios y en la sociedad.

El último segmento del capítulo menciona los avances de los últimos años en el relacionamiento entre el sector privado y la sociedad, incluyendo a aquellos que provinieron del exterior como también los producidos en Chile.

1 . Origen y desarrollo de los conceptos de responsabilidad social empresarial y sustentabilidad

Si bien es posible encontrar el origen del concepto de RSE a partir de la década de 1950 –destacando el libro Responsabilidades sociales del hombre de negocios de Howard Bowen (1953)–, es a partir de los años 70

cuando comienzan a proliferar las definiciones específicas del concepto. Por ejemplo, para citar una de las más conocidas, George Steiner afirma que la empresa es fundamentalmente una institución económica que, sin embargo, tiene la responsabilidad de ayudar a la sociedad a alcanzar sus objetivos básicos (1971). Cuanto mayor sea la empresa, mayores son estas responsabilidades, afirma el autor.

A partir de los años 80, la política económica mundial tendió a alejarse de la regulación y de la intervención estatal, promoviendo la liberación del comercio y reduciendo el papel del Estado. Muchos centros de producción de bienes y servicios se trasladaron desde los países del hemisferio norte hacia los países en desarrollo en busca de menores costos, acceso más fluido a recursos naturales y, en algunos casos, normativas laborales y sociales más laxas. Así se inició la globalización de la cadena de valor, y los gobiernos, en especial los del hemisferio sur, pasaron de ser protectores y reguladores del sector privado nacional a transformarse en promotores de la inversión extranjera.

La globalización trajo consigo la liberación del comercio pero también de la comunicación global. Como resultado, el comportamiento de muchas empresas norteamericanas y europeas en los países en vías de desarrollo fue debatido en las asambleas de accionistas en sus casas matrices. Las nuevas tecnologías de comunicación permitieron la diseminación casi instantánea de información alrededor del mundo, lo que aumentó la sensibilidad pública frente a los problemas sociales, ambientales y económicos que resultan de la ausencia de un marco legal fuerte para regular y controlar el desempeño empresarial.

Para alinearse con esta nueva exigencia de ciudadanos conscientes frente a la actividad empresarial, muchas compañías adoptaron códigos y estándares de comportamiento autoimpuestos. Las empresas comenzaron a percatarse de que la incorporación de políticas y acciones de RSE generaban beneficios en términos de reputación e imagen, lo cual, a su vez, les permitía atraer talentos, ayudaba a conservar clientes y facilitaba el ingreso a nuevos mercados con mayores exigencias. Marcas como Ben & Jerry’s (de helados y yogures congelados) y Body Shop (de cosméticos) instalaron exitosamente la sustentabilidad como el eje conductor de sus decisiones empresariales, lo que las convertía en ejemplos a imitar.

El germen de lo que hoy denominamos sustentabilidad, por su parte, podemos encontrarlo en dos acontecimientos ocurridos en los años 70 que remecieron a la opinión pública mundial y que tuvieron efectos

concretos en modernizar el debate tanto del sector público como de la sociedad. El primero ocurrió el 22 de abril de 1970, el primer Día de la Tierra, cuando en varias ciudades de Estados Unidos se efectuaron manifestaciones ciudadanas que levantaron la alarma sobre el creciente deterioro del equilibrio natural y demandaron la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas (primarias y secundarias) y centenares de comunidades de la sociedad civil. La presión social logró que el gobierno de los Estados Unidos creara, finalmente, la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y varias leyes destinadas a la protección del medio ambiente, generando por primera vez una institucionalidad donde la sustentabilidad fuera uno de sus ejes rectores.

El segundo acontecimiento ocurrió en 1972, cuando la Asamblea General de la ONU convocó la primera reunión internacional sobre el medio ambiente, la llamada Conferencia de Estocolmo, para la cual el secretario general U Thant designó al empresario y diplomático canadiense Maurice Strong como secretario general del evento. El objetivo de la Conferencia fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y su relación con el desarrollo. Allí se acordó una Declaración con veintiséis principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, y un plan de acción con 109 recomendaciones. En la Declaración se afirma que

en los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, vivienda y educación, sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países pobres deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común (ONU, 1972).

La Declaración concluye que “el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”.

Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable propiamente tal se hizo conocido mundialmente a partir del informe “Nuestro futuro

común”, publicado en 1987 con motivo de la preparación de la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992. En dicho documento, redactado por una comisión presidida por la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, se definió el desarrollo sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. El documento –que pasaría a ser conocido como Informe Brundtland– recalca que para lograr el desarrollo sustentable deben ser tomados en cuenta cuatro factores: “bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro” (ONU, 1987).

La propuesta del desarrollo sustentable fue el resultado de la constatación de la existencia limitada de los recursos naturales y de que la creciente actividad industrial sin más criterio que el económico produciría, tanto a escala local como planetaria, graves problemas ambientales que podían ser irreversibles. Desde su visión crítica del alto costo ambiental que conllevaba el crecimiento mundial, fijó estándares ecológicos y éticos, y planteó la necesidad de renunciar a niveles de consumo a los que no todos los individuos podían aspirar. Por ello, los tres componentes del desarrollo sustentable –el económico, el social y el ambiental– constituían “pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente”.

El proceso iniciado en los años 70 cristalizaría dos décadas después, en 1992, en la Cumbre de la Tierra, organizada por la ONU en Río de Janeiro. Siguiendo la recomendación del Informe Brundtland, el evento reunió a todos los actores de la sociedad mundial: autoridades de gobierno, incluidos 108 jefes de Estado; representantes de 400 ONG; veinte mil activistas de la sociedad civil que se manifestaron en las calles; y la elite del sector privado. Los empresarios eran liderados por el suizo Stephan Schmidheiny,5 quien había recibido el encargo de asegurar una presencia relevante del sector privado mundial de parte de su amigo Maurice Strong, el empresario canadiense que veinte años atrás había estado a cargo de la Cumbre de Estocolmo y que ahora dirigía la Cumbre de Río. Con verdadera disciplina suiza, Schmidheiny había recorrido en su jet privado las casas matrices de las grandes corporaciones internacionales,

5 Tiempo después, Schmidheiny sería el impulsor de la Fundación Avina, destinada a promover los conceptos de desarrollo sustentable y responsabilidad social empresarial, y del Grupo Nueva, holding especializado en el negocio forestal y la creación de valor sostenible, cuyo controlador es el fideicomiso VIVA. Este último es propietario en América Latina de la industria de tableros de madera Masisa.

comprometiendo a sus directores ejecutivos con el éxito de la Cumbre y desafiándolos a constituir una alianza global entre el sector privado y la sociedad civil, con el propósito de darle un nuevo rumbo al progreso. Así acuñó la célebre frase con la que seguramente convenció a sus colegas: “No puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas”.

En Río, los actores participantes alcanzaron dos consensos básicos. El primero fue que el tema ambiental estaba íntimamente ligado a la pobreza; el segundo, que la humanidad debía enfrentar unida dos urgentes problemas que afectaban a todos: el calentamiento del clima y la pérdida de biodiversidad.6 La Cumbre también marcó el momento histórico en que la propuesta de la responsabilidad social interpeló, por primera vez, al sector privado, instalando al medio ambiente y a las futuras generaciones como actores relevantes en el debate, y extendiendo la responsabilidad de las empresas a toda la cadena de valor –proveedores, contratistas y clientes– y a través del ciclo de vida completo de sus productos (“de la cuna a la cuna”).7

El planteamiento de Schmidheiny tendría una manifestación institucional en 1995, cuando el movimiento de empresarios que asistió a la Cumbre de Río fundó el Consejo Empresarial Mundial por el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés), una plataforma concreta para materializar los consensos alcanzados.

A partir de entonces, en todos los continentes los países comenzaron a avanzar en la promulgación de leyes y en la creación de institucionalidades ambientales, al mismo tiempo que las inversiones que cuidaran el entorno eran cada vez más bienvenidas. Chile formaría parte activa de ese proceso global.

Durante el resto de la última década del siglo XX, la propuesta de la RSE se fue consolidando entre las grandes compañías multinacionales, aportando al debate nuevos conceptos, como “ética empresarial”, “inversión social”, “ciudadanía corporativa” y “partes interesadas” o stakeholders,

6 Estos consensos quedaron plasmados en documentos oficiales que hasta el día de hoy trazan la hoja de ruta para la sustentabilidad. Entre ellos, destacan el “Programa 21” (también conocido como “Agenda 21”), que definió un plan de acción con metas ambientales y de desarrollo; la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, que explicitó los derechos y deberes de los Estados parte de la Cumbre; la “Declaración de Principios Relativos a los Bosques”; y las convenciones marco de las Naciones Unidas “Sobre el Cambio Climático” y “Sobre la Diversidad Biológica”.

7 Para el concepto “cradle to cradle”, ver Braungart y McDonough, 2002.

término que marcaba un contrapunto con el enfoque tradicional referido sólo a los accionistas o shareholders. Así, la RSE debió esforzarse por evolucionar hacia un enfoque de gestión de la estrategia de negocios, oportunidades, procesos y resultados alineados con los objetivos corporativos (Carroll, 1999).

2 . Las donaciones y el desarrollo de la RSE en Chile

Durante las décadas de 1970 y 1980, el foco de las donaciones privadas de empresarios estuvo puesto principalmente en obras caritativas o actividades culturales, motivadas por los intereses y/o las relaciones sociales de los dueños de las empresas. Quienes lideraron las donaciones culturales en aquellos tiempos –con un 27% del monto total (Meneses, 1994)– fueron las empresas del sistema financiero, como forma de instalar en la opinión pública una imagen de solidez, especialmente aquellas compañías recién llegadas al país: bancos internacionales, financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, isapres y compañías de seguros. Receptor emblemático de la época fue el Teatro Municipal de Santiago, que de esa manera logró incluir en su programación a connotados elencos extranjeros de ópera y ballet clásico, cuyos estrenos eran ampliamente difundidos en las páginas sociales de los medios escritos.

En ese entonces, las donaciones no obedecían a una política definida ni formaban parte de una estrategia con objetivos, metas e indicadores de evaluación; tampoco se focalizaban en la compensación de externalidades de la actividad empresarial. Las donaciones eran definidas discrecionalmente en las cúpulas de las compañías y se hacían operativas a través de sus departamentos de relaciones públicas, sin que existiera ningún sistema para que los receptores de estas donaciones rindieran cuentas claras de sus destinos.

Una notable excepción fue la Fundación Andes,8 creada en Chile en 1985 y que funcionó hasta 2005, al disolverse el grupo económico trasnacional de Mauricio Hochschild. El trabajo de la Fundación Andes se centró en tres áreas: educación, desarrollo social y cultura, constituyéndose en la entidad privada que más aportes financieros entregó a los que-

8 Para el detalle de las relaciones entre la cultura y las empresas, y el caso particular de la Fundación Andes, ver Rodríguez, 1994.

haceres culturales y artísticos del país en esa época. Se focalizó principalmente en la creación e investigación artística, becando a creadores e investigadores en áreas como música, plástica, literatura, teatro, danza, cine, video y fotografía, posibilitando así que los creadores se dedicaran exclusivamente, durante un año, a materializar sus proyectos. El organismo también se preocupó del patrimonio, apoyando al Archivo Nacional en la recuperación de colecciones pertenecientes a diversos museos a lo largo del país. Igualmente, le interesó colaborar con distintas instituciones públicas y privadas para materializar proyectos como la apertura del Museo Artequín. En esa misma línea, apoyó el rescate de colecciones de valor patrimonial, la capacitación de recursos humanos, la difusión didáctica del patrimonio y la educación del público, entre otras iniciativas. “El patrimonio cultural es responsabilidad del país entero”, afirmó el entonces gerente de proyectos culturales de la institución, Hernán Rodríguez. Como hemos planteado, hasta mediados de los años 90 el sector privado nacional prácticamente no contaba con una agenda social y/o medioambiental, y se limitaba a cumplir la ley, pagar impuestos, dar trabajo y hacer donaciones, muchas de las cuales eran anónimas. En mi opinión, esto último se debió a dos razones: cumplir el mandato católico de que la mano derecha no se entere de lo realizado por la mano izquierda, lo cual se contradecía con la tendencia globalizadora de relacionar los aportes sociales con la estrategia del negocio; y/o evitar que más personas e instituciones se sumaran a la fila del solicitante, golpeando las puertas del empresariado para plantear sus urgentes necesidades, lo cual también atentaba contra el nuevo mandato de la RSE: emigrar desde el asistencialismo hacia el desarrollo sustentable.

Las grandes mineras internacionales, a través de sus departamentos de asuntos públicos, fueron las primeras compañías en Chile que aplicaron la práctica de hacer públicas sus donaciones, especialmente sus contribuciones a los ámbitos de la educación y la cultura. A su vez, tímidamente abrieron la puerta al tema ambiental.9 También fue la gran minería la que lideró

9 En 1983 tuvo lugar en La Serena el Primer Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente, organizado por el Centro de Investigación y Planificación para el Medio Ambiente (Cipma), que fue replicado en 1986 en Talca, en 1989 en Concepción y después cada tres años durante la década siguiente. Igualmente, a partir de 1984, el Cipma comenzó a publicar trimestralmente la revista Ambiente y Desarrollo, especializada en temas ambientales. Quienes hicieron posible el financiamiento de estas precursoras iniciativas fueron las grandes compañías mineras, destacando entre ellas Minera Escondida.

la introducción de las nuevas estrategias modernizadoras de la relación con la sociedad, como los reportes de sostenibilidad y el valor compartido, entre otras. Mal que mal, la actividad minera deja una huella ambiental relevante en el entorno, se basa en la extracción de recursos naturales no renovables e involucra grandes capitales, por lo que es comprensible que el “precio” de su licencia social sea mayor que el de otras industrias.10 Como suele ocurrir, los cambios se gatillan a partir de una diversidad de sucesos sinérgicos. A continuación, me referiré a aquellos que, a mi juicio, contribuyeron a generar el entorno propicio para la germinación del concepto de la RSE en Chile.

Las exenciones tributarias

A partir de la recuperación de la democracia en 1990, la sociedad chilena fue experimentando una acelerada transformación para ponerse al día con tendencias ya instaladas en países desarrollados. Entre los pendientes más reclamados al Estado por el sector privado figuraba la posibilidad de que los tributos empresariales pudieran invertirse en las localidades donde se generan los impactos, y de que las exenciones tributarias para las donaciones de las empresas y las personas pudieran ser usadas para emprender colaborativamente la superación de la pobreza, asuntos aún no suficientemente abordados en nuestro país.

10 A modo de ejemplo de la magnitud y del objetivo de las donaciones privadas vigentes en la actualidad, es posible destacar el Programa Nacional de Cultura impulsado por BHP Billiton con el objetivo de complementar los esfuerzos públicos y privados en el sector cultural, a través de la inversión, la asociación y la gestión a largo plazo en este ámbito. Esta significativa contribución al desarrollo cultural de Chile, que ha involucrado a más de 700 mil personas durante sus diecisiete años de existencia, incluye más de treinta actividades al año, destinadas a facilitar la inclusión social a través de un mayor acceso y participación de la población a actividades de excelencia cultural; a impulsar iniciativas orientadas a rescatar y difundir el patrimonio de los pueblos originarios; y a generar capacidades locales entre los estudiantes, empresarios, artistas, maestros, agentes culturales y el público en general. El alcance del programa incluye Antofagasta y las comunidades circundantes, Iquique, Santiago, y algunas ciudades del sur de Chile, como Concepción y Valdivia. Entre sus iniciativas destacan el Festival Internacional Santiago a Mil; el concurso literario 100 palabras; el ciclo Pensamiento Propio, el Premio MAVI y la alianza de BHP con el Museo Chileno de Arte Precolombino, que permitió remodelar y ampliar el recinto para incluir un espacio especial para objetos de pueblos que habitaron el territorio chileno. “El mundo precolombino sigue vivo en nosotros”, dijo Carlos Aldunate, director del museo, en su acto de inauguración.

Tempranamente, el gobierno de Patricio Aylwin tomó conciencia de la conveniencia de contar con incentivos para las contribuciones del sector privado a la solución de los complejos problemas que enfrentaba entonces el país y que el Estado no lograba atender con la rapidez demandada, especialmente el acceso a la educación y la cultura.

Así fue como la denominada Ley Valdés, gestionada en 1990 por el senador Gabriel Valdés, permitió a las empresas donantes tener derecho a un crédito equivalente al 50% de sus donaciones en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario. El aporte debía estar destinado a financiar proyectos culturales previamente aprobados por el Comité de Donaciones Culturales del Ministerio de Educación.

Según Óscar Agüero, secretario ejecutivo del Comité Calificador de Donaciones Culturales, entre abril de 1991 y diciembre de 1993 la institución aprobó 150 proyectos provenientes de todo Chile, por un monto global de 3.700 millones de pesos, de los cuales 60 ya se habían materializado por 425 millones de pesos durante ese período. Entre ellos, el Museo Artequín, actividades de la Corporación Amigos del Teatro Municipal, el pabellón chileno de la Expo de Sevilla y las bibliotecas escolares de la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. A juicio de Agüero, “las empresas financian actividades que permiten proyectar su imagen corporativa”, evidenciando un nuevo camino: la búsqueda del alineamiento entre las donaciones y la actividad empresarial, dejando las donaciones caritativas en manos de particulares (Agüero, 1994: 161).

Según Jaime Meneses, director ejecutivo de la Corporación Amigos del Arte (institución privada creada en 1976 con el objetivo de incentivar la participación de la empresa privada en proyectos culturales), durante 1992 cerca de 200 empresas donaron en conjunto más de 3 mil millones de pesos de la época a diversas actividades artísticas a lo largo de todo el país (1994). En contraste, durante el mismo período, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,11 dependiente entonces del Ministerio de Educación, habría aportado sólo 750 millones en el mismo período. El aporte de la empresa privada por área de actividad artística en 1991 muestra la inclinación del empresariado por ciertas disciplinas en desmedro de otras.

11 El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) fue creado en 1992 con el objetivo de apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio cultural de Chile.

En palabras de Meneses, que complementan las expresadas por Agüero, “las empresas buscan incrementar su imagen corporativa, asociándose a actividades que logran gran visibilidad o que son realizadas por instituciones de prestigio de nuestro medio. Un porcentaje importante de los auspicios anuales se destinan a galerías de arte, museos y otras instituciones que, además, realizan actividades destacadas por la prensa” (1994).

También pueden postular proyectos de alcance comunal y/o barrial y las organizaciones comunitarias regidas por la ley 19.418 (sobre juntas de vecinos). En ambos casos, la duración de los proyectos debe tener un mínimo de cuatro meses y un máximo de doce. Los recursos del Fondo provienen de donaciones de empresas y personas, los cuales deben ser distribuidos mediante concursos públicos. Para utilizar la franquicia tributaria, la empresa donante deja un 33% de su donación en el Fondo con el objetivo de que ese dinero se distribuya a través de un concurso público en el que participan instituciones pequeñas inscritas previamente en el Registro de Instituciones Donatarias. Cada vez que una empresa dona a este Fondo, podrá destinar parte de esos recursos a proyectos sociales, dirigidos a una región en particular, en el siguiente concurso público.

Fuente: Meneses, 1994.

Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no se avanzó en la facilitación de las donaciones privadas, por lo que el siguiente paso en esta dirección se dio en el año 2003, durante la presidencia de Ricardo Lagos, con la promulgación de la ley 19.885, que normó el buen uso de las donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extendió a otros fines sociales y públicos. Esta ley otorgó beneficios tributarios a las empresas o a las personas naturales que donaban dinero para financiar proyectos dirigidos a personas en situación de pobreza y/o de discapacidad, así como de prevención y rehabilitación de alcohol y/o drogas.

Posteriormente, en el año 2012, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, debutó el Fondo Mixto de Apoyo Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El Fondo invita a las fundaciones y/o corporaciones inscritas en el registro de donatarios y a las organizaciones comunitarias de todo el país a postular proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza y/o discapacidad.

También durante la presidencia de Piñera fue promulgada la ley 20.675, que reformó la Ley de Donaciones con Fines Culturales, ampliando la franquicia a nuevos beneficiarios, ya no exclusivamente para contribuyentes del impuesto global complementario, sino también incluyendo a los contribuyentes de primera categoría que hubieran tenido pérdidas tributarias en el ejercicio; a extranjeros con actividad comercial en Chile que tributan por medio del impuesto adicional; y a los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría (trabajadores dependientes). Esto significó que por primera vez una ley de donaciones permanente permitió que las personas naturales pudieran donar, aunque limitadas sólo al monto que debían cancelar por concepto del impuesto a la herencia, que equivale a lo que una persona debe pagar por recibir un patrimonio a partir del fallecimiento de un pariente.

Como se ha descrito, el Estado chileno fue asumiendo gradualmente la conveniencia de promover donaciones empresariales focalizadas primero en educación y cultura, para luego abrirse a otras materias, como discapacidad, pobreza y promoción del deporte, entre otras. Sin embargo, algunos temas, como los ambientales, a la fecha no han sido considerados sujeto de donaciones por el Estado chileno, a menos que los beneficiarios correspondan a grupos vulnerables cuya calidad de vida se vería mejorada por una iniciativa particular.

El restablecimiento de la democracia coincidió con el inicio del debate y posterior promulgación en 1994 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que se convirtió en la primera instancia formal de apertura a la participación ciudadana. Además, planteó el requisito de que las grandes empresas se relacionaran con las comunidades y que éstas, a su

vez, estuvieran dispuestas a organizarse, capacitarse y pronunciarse sobre los proyectos de inversión. A ello puede deberse que en nuestro país el concepto de sustentabilidad quedó inicialmente identificado con el concepto ambiental, en desmedro de los pilares social y económico. Dado que durante mucho tiempo éste fue el único espacio donde las comunidades podían manifestar sus preocupaciones y sugerencias –después de casi 17 años de dictadura en los cuales manifestarse públicamente era considerado peligroso–, el tema ambiental fue percibido desde un inicio como conflictivo: aparecía como un enfrentamiento velado entre los partidarios del actual sistema político y económico y quienes querían modificarlo o simplemente cambiarlo por otro.

Esta interpretación limitada significó, a mi juicio, una pérdida de oportunidad que todavía muchos lamentamos, dado que la propuesta ambiental es esencialmente valórica: invita a comprometerse con el pleno potencial de desarrollo individual y colectivo de todos los seres humanos, protegiendo el equilibrio natural.

Por otra parte, la obligación de identificar impactos potenciales, de esforzarse por mitigarlos y de compensarlos adecuadamente cuando eran inevitables, contribuyó no sólo a proteger los ecosistemas sino también a “nivelar la cancha” entre las empresas y la sociedad, generando “capital social” que habilita a la comunidad para convertirse en un actor clave del desarrollo local. De pasada, el ejercicio de involucramiento de los diferentes actores sociales en asuntos relacionados con el interés común fortalece la democracia y promueve la empatía entre sectores no habituados al contacto cara a cara.

Lamentablemente, con el correr del tiempo esta desintegración inicial de los tres pilares del concepto de la sustentabilidad ha pasado la cuenta. La mayoría de los conflictos que hemos vivido posteriormente han terminado con las comunidades divididas entre “los partidarios de los empleos” y los “defensores de la naturaleza”, lo cual se ha transformado en un obstáculo para su desarrollo posterior.

innovaciones más revolucionarias del período posterior a la recuperación de la democracia, e introdujo profundas alteraciones para las cuales ninguno de los actores estaba preparado. Allí, las donaciones jugaron un rol importante, especialmente al inicio.

Desde finales de los años 80, las grandes compañías mineras, con el propósito de cumplir con las directrices de sus casas matrices, ya habían comenzado a hacer voluntariamente estudios de impacto ambiental, dado que en Chile la Ley de Bases del Medio Ambiente sólo se promulgó en 1994 y el reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental se aprobó recién en 1997. Los documentos contemplaban un análisis de los impactos en los ecosistemas y en el “medio humano” potencialmente afectado, lo que inicialmente se interpretaba como información sobre las bondades del proyecto, sus medidas de mitigación de impactos, la cantidad de empleos que se generarían y las donaciones, que se traducirían habitualmente en mejoramiento de la infraestructura educacional de la localidad. La instancia en que la comunidad potencialmente afectada era informada sobre las intenciones del proponente del proyecto de inversión era asumida como un proceso participativo. Minera Escondida y la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi fueron las pioneras en incursionar en este campo hasta entonces desconocido tanto para el empresariado local como para la comunidad. A medida que la evaluación de impacto ambiental de los proyectos se fue consolidando y su institucionalidad se fue perfeccionando, el proceso de relacionamiento evolucionó desde la información de intencionalidad a la participación anticipada, y, últimamente, al levantamiento conjunto de las líneas de bases, como también al cogobierno de las entidades a cargo de gestionar la inversión social de las empresas.

Voluntariado corporativo

Los estudios voluntarios de impacto ambiental y el mandato legal de involucrar a la ciudadanía

La obligatoriedad de someter los proyectos de inversión al escrutinio de la autoridad ambiental y de las comunidades constituyó una de las

Hasta mediados de la década de 1990, la construcción de una instalación productiva era generalmente percibida como una oportunidad de empleos y de tributos; por lo tanto, era mayoritariamente bienvenida tanto por las autoridades como por las comunidades. Sin embargo, en las juntas de accionistas de muchas corporaciones multinacionales comenzaron a aparecer denuncias sobre malas prácticas en lugares hasta entonces desconocidos. Entre ellas, la gigante petrolera Shell había sido acusada de provocar un grave daño ambiental y de violar los derechos humanos en Nigeria a

partir de un desastre de magnitud y alta exposición mediática que le generó pérdidas de distinta naturaleza: financieras, judiciales y reputacionales, por mencionar sólo algunas.12 A partir de ello, esta compañía se posicionó como una empresa que, a raíz del conflicto vivido, estaba experimentando una profunda transformación en su gestión empresarial, convirtiéndose en pionera en el abordaje de temas como la ética empresarial, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos, entre otros. Parte de este rediseño fue la instrucción desde la casa matriz en Londres a sus filiales de desarrollar un programa de relacionamiento con las comunidades. Una vez más, Chile no estuvo ausente de este proceso. Tuve la oportunidad de ayudar a conectar mundos que, hasta entonces, no se habían relacionado: los pobladores, la autoridad local, la ONG y la empresa privada. En Casa de la Paz, la fundación que habíamos creado en 1983, recibimos la invitación de Shell Chile para apoyarlos en un programa que denominamos “Manos Unidas” y que se ejecutó entre 1996 y 2001. La experiencia estuvo orientada al mejoramiento de espacios públicos en sectores de bajos ingresos. Pese a algunos malentendidos y desavenencias iniciales, producto de la falta de interacción histórica entre los cuatro actores, la iniciativa culminó con empleados de la multinacional petrolera, incluidos los gerentes, pala en mano, plantando árboles, construyendo plazas e instalando juegos infantiles en la villa Los Industriales, ubicada en el corazón de la populosa comuna de Puente Alto. Posteriormente, replicamos el programa en Huechuraba, Maipú y Recoleta, en cada caso atendiendo necesidades particulares de las comunidades, posibilitando también una experiencia significativa para la gente de Shell y las comunidades participantes de lo que hoy se denomina “voluntariado corporativo”.

“Manos Unidas”, experiencia pionera y un ejemplo a imitar por muchos, fue liderada por Javier Cox, entonces fiscal de Shell, quien posteriormente asumiría un rol relevante en la creación de Acción RSE.

de 1990 las grandes corporaciones globales comenzaron a formar sus departamentos de RSE, los cuales asumieron inicialmente las funciones tradicionales de los departamentos de relaciones públicas, como el vínculo con la prensa, la organización de eventos y la gestión de donaciones; posteriormente, se añadirían las comunicaciones y el involucramiento con las comunidades aledañas, especialmente las que resultaban afectadas por las operaciones industriales. De esa manera, las comunidades comenzaron a ser percibidas como relevantes para el negocio.

Hacia finales de la década, una institución dedicada al fomento de la RSE en Estados Unidos, Business for Social Responsibility (BSR), decidió apoyar el surgimiento de organizaciones empresariales que promovieran el tema en América Latina. Junto a un grupo de líderes empresariales nacionales, la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Fundación Generación Empresarial, BSR trabajó en la estructura y el alcance de una nueva organización, la cual nació bajo el nombre de Acción Empresarial en noviembre de 1999, en el marco de la conferencia anual del BSR en Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2000, se convertiría en Acción RSE, institución creada para agrupar a las principales compañías que operaban en Chile con el objetivo de promover la responsabilidad social entre las empresas.13 Fue concebida como una organización empresarial, técnica e independiente, abierta a empresas de todos los tamaños y sectores, enfocada en la promoción de la RSE y de buenas prácticas sobre la materia. La institución pasó a formar parte de la red americana de promoción de la RSE, Forum Empresa, una alianza hemisférica de organizaciones empresariales de RSE creada en 1997 por 150 empresarios y líderes civiles de distintas regiones de América, que contó también con Perú 2021, el Instituto Ethos de Brasil y Fundemás de El Salvador, entre otras.

Acción RSE definió cinco áreas para trabajar e incorporar la sostenibilidad en las compañías: ética y gobierno corporativo; calidad de vida laboral; medio ambiente; clientes y cadena de valor; y comunidad.

Tras los consensos logrados en la Cumbre de Río en 1992 respecto a la responsabilidad social de las empresas, durante el resto de la década

13 Como dice en su página web, Acción RSE es “una organización sin fines de lucro que agrupa a empresas socias y entidades colaboradoras comprometidas con la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible” en Chile. Allí se señala también que una “comunidad de empresas decidió a gestionar sus negocios de manera sostenible e influir en la transformación de su entorno para que Chile avance en la creación de una sociedad más equitativa, justa y con ciudadanos felices”. Acción RSE, además, representa en Chile al WBCSD. Ver Acción RSE, s.f.

El nacimiento de Acción RSE

12 El litigio culminó con la empresa pagando 70 millones de euros a las víctimas del vertido de crudo. Ver Ferrer, 2015.

Dichas tareas fueron abordadas a través de encuentros, cursos, conferencias internacionales y grupos de aprendizaje. Este desarrollo promovió el interés creciente por publicar reportes de sustentabilidad, asumidos por las grandes compañías en todo el mundo como una herramienta de difusión, gestión y seguimiento de la RSE. El ejercicio periódico de sistematización y medición del impacto social y ambiental de las organizaciones debía servir para evaluar el desempeño de las empresas con los diferentes grupos de interés, para detectar oportunidades de mejora y guiar sus acciones futuras, y también para comunicar y difundir su esfuerzo por ser socialmente responsable. Los lineamientos preferidos en el mundo para elaborar estos documentos fueron los principios y guías del Global Reporting Initiative (GRI).14

En Chile, la publicación de los reportes nuevamente siguió la tendencia internacional, siendo la minería el sector que mayor cantidad de informes publicó (24%), según un estudio de PwC (Acción RSE, 2011a: 10-11). El primer reporte de sustentabilidad lo publicó Codelco el año 2000. Se llegó a un peak de 71 reportes en 2007; a partir de esa fecha, posiblemente por la pérdida de credibilidad del ejercicio, el número de reportes descendió. Las presentaciones de los informes se hacían en lujosos eventos de lanzamiento y se les acompañaba de sofisticados sistemas de rankings y premios, lo cual era profusamente cubierto en las páginas sociales de los medios tradicionales. Todo ello contribuyó a difundir el concepto de la responsabilidad social, generando estándares medibles que permitieran conocer, reportar y gestionar los impactos positivos y negativos, según el criterio de que “lo que no se comunica, no se mide, y lo que no se mide, no se gestiona”. Sin embargo, en mi opinión, cierta “farandulización” de la RSE también contribuyó a desprestigiar el concepto, que comenzó a ser percibido como una estrategia más sofisticada de las mismas relaciones públicas de antaño que las empresas venían practicando. En definitiva, la RSE llegó a ser vista como un intento renovado de manipular a la opinión pública al focalizar la difusión en donaciones puntuales, a menudo sin mayor continuidad, y que de algún modo pretendían desviar la atención sobre los

impactos sociales, económicos y ambientales negativos en el mediano y largo plazo.

Por otra parte, como se explicará más adelante, la industria fue asumiendo que, a pesar de hacer crecientes donaciones a las comunidades nacionales, regionales y locales, estaba enfrentando cada vez mayor oposición en las comunidades aledañas. Al manifestarse impactos no previstos que deterioraban sus futuras posibilidades de desarrollo, la oposición a la operación se evidenciaba de inmediato, y no siempre con la elegancia que la empresa había imaginado. Las comunidades comenzaron a entender que, si las donaciones venían acompañadas de impactos significativos en su calidad de vida, el balance podía ser negativo en el largo plazo. Por ello, comenzaron a demandar espacios para participar, opinar, dialogar e incidir en las decisiones que les podían afectar, lo cual constituyó un nuevo desafío para las empresas, tanto para sus profesionales como para sus sistemas de gestión. Ello demostraba que la gestión de impactos ambientales y la inversión social debían tratarse como líneas de trabajo diferentes y secuenciales: era indispensable primero asegurar que la actividad industrial no deterioraría los ecosistemas, y luego identificar en conjunto la forma en que la presencia de la empresa podía potenciar el proceso de desarrollo local.

La RSE debió resignificarse. Las donaciones discrecionales disminuyeron paulatinamente para dar paso a propuestas conceptuales y metodológicas que permitieron trazar un camino para mejorar las prácticas empresariales con el objetivo de viabilizar proyectos de inversión. Para la sorpresa de muchos, el mayor desafío fue convencer a todos los integrantes de las compañías de que era indispensable repensar la forma en que las empresas hacían las cosas, en que lo que ocurría “puertas afuera” no era más que el reflejo del “puertas adentro”, lo que constituyó un gran reto para todos los equipos humanos, comenzando por los directorios, para estar en sintonía con los nuevos tiempos.

14 El GRI es una institución independiente creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el objetivo de proponer un estándar globalmente aceptado para la elaboración de reportes de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar y difundir su desempeño económico, ambiental y social.

Como siempre ocurre, los cambios sociales no se dan en el vacío; éstos responden más bien a un estado de ánimo gestado a partir de una sucesión de acontecimientos previos. Me atrevo a señalar que el origen de este encadenamiento nos remonta a comienzos del siglo XXI, cuando murieron los cisnes de cuello negro en Valdivia, corriendo el umbral de lo aceptable en el plano social, ambiental, económico y productivo.

3 . El caso de los cisnes del río Cruces

A partir del impacto producido el año 2004 por la muerte de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, se produjo una movilización ciudadana en la ciudad de Valdivia, el corazón forestal del país, lo que a su vez gatilló una profunda transformación en la sociedad chilena. Este caso marca “un antes y un después” para las prácticas ambientales de Arauco –una de las empresas forestales más grandes del mundo–, la institucionalidad ambiental, la identidad cultural de Valdivia y la puesta en valor de la biodiversidad en la cultura chilena. Además, inicia un nuevo estilo de articulación ciudadana.

La experiencia vivida por Arauco cambió definitivamente la forma en que el mundo empresarial comenzó a enfrentar el desafío de ser ambiental y socialmente responsable, lo que implicó profundos desafíos para los equipos técnicos, no sólo de las industrias, sino también para los equipos profesionales gubernamentales responsables de generar el marco normativo y el sistema de fiscalización de su cumplimiento; también para la ciudadanía, que debió aprender a presionar la agenda pública en un contexto de complejidad científica, política, económica y mediática. Todo ello dejó atrás las ya conocidas prácticas de relacionamiento basadas en las donaciones existentes a partir de la interpretación inicial de la RSE, para explorar el camino que separaría definitivamente la gestión de impactos ambientales y la inversión social.

La historia de la muerte y emigración de los cisnes de cuello negro

15

En 1995, la empresa Arauco ingresó un estudio de impacto ambiental (EIA) voluntario16 por una planta de tratamiento de celulosa, productora de 550 mil toneladas anuales, ubicada en San José de la Mariquina,

15 Este segmento se basa en la investigación que la socióloga Claudia Sepúlveda Luque realizó como parte de su tesis de doctorado en Geografía Humana en la Universidad de British Columbia, Canadá. Ella es una de las coordinadoras de la organización Acción por los Cisnes.

16 La ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente fue promulgada a finales de 1994 y el reglamento sobre la evaluación ambiental debió esperar hasta 1996. Por lo tanto, los proyectos que ingresaron antes de esa fecha para el escrutinio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) lo hicieron a título voluntario.

32 kilómetros aguas arriba del humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, próximo a la ciudad de Valdivia. Dicha planta –se dijo– superaría los mil millones de dólares de inversión, ofrecería 350 empleos directos y 500 indirectos en su fase de operación, y su tecnología contemplaría el tratamiento primario y secundario de los residuos industriales, que descargaría al río Cruces.

Rápidamente se alzaron voces de grupos ambientalistas advirtiendo la magnitud del potencial impacto ambiental. En primera instancia, el EIA fue rechazado por la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema). La decisión se justificó en que el documento no identificaba posibles impactos negativos sobre la actividad turística de la provincia, como también en las debilidades metodológicas del estudio de la línea base del río Cruces, que impedía asegurar que las descargas no impactarían el humedal. Sin embargo, en mayo de 1996 el proyecto fue aprobado por la autoridad ambiental, que introdujo la obligación de hacer tratamiento terciario a los residuos líquidos en la eventualidad de que se produjeran descargas al río; en caso contrario, estos desechos debían ser vertidos al mar, opción que fue enfáticamente rechazada por los pescadores de la caleta aledaña, por lo que la empresa optó por el tratamiento terciario.

En febrero de 2004 se iniciaron las actividades productivas de la planta de celulosa, generando muy pronto un episodio de olores que llegaron hasta la misma ciudad de Valdivia. El 28 de octubre del mismo año, las fotografías de los cisnes muertos en el Santuario Carlos Anwandter fueron profusamente difundidas a través de la prensa escrita y la televisión. A los pocos días, la comunidad de Valdivia comenzó a manifestarse exigiendo el cierre de la planta, convocada por la naciente organización Acción por los Cisnes. Diversos estudios científicos develaron irregularidades en la operación de la industria, planteando la relación entre la planta y la muerte y la migración de los cisnes. En diciembre de 2003, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había contabilizado siete mil cisnes, pero en marzo de 2005 el Diario Austral de Valdivia informó que Conaf había reportado que “sólo 289 cisnes permanecen en el Santuario, el menor número nunca registrado”. La mayoría de los cisnes había emigrado o fallecido ante el colapso del luchecillo, su principal alimento; a su vez, las “azulosas y transparentes aguas del humedal se tornaron café y opacas” y se encontraron metales pesados en los órganos de los cisnes muertos (Sepúlveda, 2016: xi).

A partir de entonces, la muerte de los cisnes se judicializó. A comienzos de 2005, después de un breve cierre de la planta de celulosa, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó un nuevo EIA, resolución que posteriormente fue revocada por la Corte Suprema. El 8 de junio renunció el gerente general de Arauco, Alejandro Pérez, el artífice del éxito de la empresa y también del desastre de los cisnes, y, a partir de un acuerdo entre el Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el dueño de Arauco, Anacleto Angelini, la planta cerró “voluntariamente” por varios meses, comenzando una etapa de avances y retrocesos en el ámbito judicial y administrativo.

En julio de 2013, por demanda del Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Civil de Valdivia sentenció a Arauco a reparar el daño ambiental del humedal, estableciendo que el colapso se había producido tres meses después de que la planta iniciara sus operaciones; esto demostraba el cuantioso volumen de descargas de alta toxicidad hechas en el río. El directorio de Arauco decidió no apelar a la sentencia. Un consejo científico-social constituido en Valdivia, integrado por el Consejo de Defensa del Estado, Arauco, Acción por los Cisnes, la Universidad de Valdivia y varios servicios públicos, diseñó las medidas de reparación ordenadas por la corte local, por un valor de 15 millones de dólares. La decisión de no apelar por parte de Arauco constituyó una señal definitiva para el empresariado nacional, dando inicio a un nuevo capítulo para la RSE: la búsqueda de un trato de ganancias mutuas entre la empresa, la comunidad y el ecosistema. El casos de los cisnes tuvo insospechadas repercusiones para los más diversos actores sociales del país.

Por cierto, el proceso de transformación que vino después de este episodio no se produjo exclusivamente por el caso de los cisnes del río Cruces. Ocurrió por la suma de varias circunstancias, entre ellas casos similares sucedidos en el extranjero y el surgimiento de nuevos liderazgos empresariales, sociales y académicos, en el contexto de la profunda desconfianza de la ciudadanía con las instituciones que ha permeado a Chile a partir de 2011. Producto de lo anterior, en las dirigencias políticas y empresariales y en los líderes de opinión se fue generando la convicción de que los profundos cambios eran inevitables, y que era preferible anticiparse a ellos antes de que se convirtieran en causas de los movimientos sociales, cuyo desenlace es difícil de predecir y menos de controlar.

Modificación en la institucionalidad ambiental chilena

El caso de los cisnes dejó claro que era necesario fortalecer la institucionalidad ambiental. Esto derivó en la creación, en enero de 2010, del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, que estaría operativo en octubre de ese año. El mismo mes de octubre se inauguraría otro de los componentes de la institucionalidad: la Superintendencia del Medio Ambiente. Los Tribunales Ambientales, por su parte, comenzaron a operar en junio de 2012.

El conflicto del río Cruces también modificó la manera de definir los planes de desarrollo territorial, hasta entonces elaborados por profesionales desde sus escritorios, sin mayor consulta a los habitantes del lugar. Adicionalmente, “el caso Arauco vino a marcar un antes y un después en la relación entre una empresa privada y el ámbito público, demostrando que la falta de sensibilidad ambiental ahora se pagaba caro y que la relación con las comunidades comenzaba a constituir un componente importante en la viabilidad de las empresas” (Tamblay y Rodríguez, 2005). Ésa fue la reflexión posterior que hizo Eduardo Dockendorff, ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la época, advirtiendo que reglas del juego más claras, transparentes y efectivas contribuirían a mejorar la relación entre los sectores y, de paso, posibilitarían un desarrollo comprobadamente sustentable.

Nace una nueva forma de asociatividad ciudadana 17

En 2004, ante la noticia de la situación que afectaba al humedal y a los cisnes del río Cruces, emergió un movimiento ciudadano poderoso, diferente a lo conocido hasta entonces en Chile desde el retorno de la democracia: Acción por los Cisnes. Contó con amplia capacidad de movilización, incluyendo a empresarios turísticos locales, armadores de naves, ingenieros forestales, médicos, juntas de vecinos, comunidades indígenas, prestigiosos docentes de la universidad local, entre otros.

La metodología adoptada por la organización ciudadana durante los cuatro años de conflicto –asambleas abiertas, vocerías compartidas y

17 Los contenidos de este segmento están basados en el trabajo de Claudia Sepúlveda (2016: 275-311).

organización horizontal– fue reflejo de su transversalidad política e ideológica. También de su capacidad de gestionar un mensaje y un discurso público de gran impacto comunicacional: entre noviembre de 2004 y noviembre de 2007, la prensa nacional publicó más de tres mil artículos sobre el caso del río Cruces, y el Diario Austral eligió a los cisnes como “Personaje del año 2004”. Finalmente, logró incidir en el desenlace del conflicto sin intermediación de los partidos políticos.

Este estilo de articulación ciudadano se transformó en un ejemplo de cómo derribar las desconfianzas existentes también al interior de la sociedad civil y coordinar acciones en torno al objetivo común, en este caso, proteger los ecosistemas, así como la salud de las personas y, de paso, fortalecer la democracia, modelo que fue adoptado por los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011 y por los movimientos territoriales de los últimos años (Punta de Choros, Aysén y Freirina, entre otros). De una posición inicialmente conservacionista, el movimiento facilitó la convergencia de otros temas, tales como la ausencia de espacios de diálogo ciudadano en la democracia chilena, como también la desigualdad de poder entre la comunidad local y los impulsores del proyecto.

Claramente, este movimiento fue pionero en hacer visible las demandas ciudadanas usando los medios de comunicación en forma efectiva, en permanente interacción con el mundo académico, de modo de respaldar científicamente sus intuiciones y percepciones, inaugurando un nuevo estilo de liderazgo.

El empresariado nacional acusa el golpe

Las señales que Arauco recibió como resultado de la crisis de los cisnes fueron elocuentes. El conflicto escaló a los mercados internacionales, generándose la cancelación de órdenes de compra que fueron valoradas por la empresa en 500 millones de dólares (Pérez, 2008), lo que, sumado al daño reputacional y al malestar de sus propios profesionales, gatilló profundas transformaciones en las prácticas sociales y ambientales de la compañía.

A partir del caso de los cisnes, el modelo empresarial mismo de Arauco terminó siendo cuestionado. Manfred Max Neef, ex candidato presidencial y ex rector de la Universidad de Valdivia, planteó que el afán de optimización y la megaescala del proyecto rompían irremediablemente

el equilibrio con el entorno, llegando incluso a cuestionar la creación de empleos de la planta, dado que destruían muchísimos otros que ofrecían a sus trabajadores mejor calidad de vida (Delamaza, 2012).

La situación generada en torno a la planta de Arauco llevó a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y a la Corporación de la Madera (Corma) a enfatizar entre sus asociados la necesidad de abordar de mejor manera el “problema” comunitario. Recomendaron no limitarse a confiar en la capacidad generadora de empleo que surgía con un nuevo proyecto, ni siquiera cuando se contara con seguridad jurídica, a la hora de enfrentarse con altos contenidos de “emotividad” (Delamaza, 2012), refiriéndose a las impactantes imágenes de los cisnes ahogándose porque el daño neurológico y la extrema debilidad les impedía mantener erguido su cuello, las cuales fueron difundidas una y otra vez por las estaciones de televisión en Chile y el extranjero.

Las grandes empresas que aún no lo habían hecho comenzaron rápidamente a estructurar sus gerencias de RSE y asuntos públicos. A partir de entonces, se consolidó la aspiración de insertarse en la comunidad como un “buen vecino”: que fuera capaz de crear un legado de confianza a través de la construcción de una relación positiva y sustentable en su comunidad; que demostrara sensibilidad frente a las preocupaciones de las personas; que actuara como un vecino más en el territorio que compartía; que contara con canales de comunicación expeditos y permanentes, tanto para las contingencias como para resolver problemas cotidianos; y que fuera capaz de diseñar e implementar junto a la comunidad programas que mejoraran la calidad de vida de las personas, y promover estrategias de desarrollo local de largo plazo. Para avanzar en ese sentido, muchas compañías iniciaron la contratación de profesionales de las ciencias sociales, cuyo trabajo fue incluir a la comunidad como un stakeholder relevante en la toma de decisiones, integrándola en la matriz de riesgos, pues podía afectar la operación y ser afectada por ella.

En palabras del sociólogo Gonzalo Delamaza, el caso de la muerte de los cisnes en el río Cruces contribuyó a convencer al gran empresariado sobre la necesidad de reinventar la relación con la sociedad (2012: 167). Para este académico de la Universidad de Los Lagos, la RSE es un enfoque conceptual y un conjunto de prácticas “contexto dependiente” porque es afectado por las variables que la configuran en cada país: grados de apertura de la economía, el peso de la sociedad civil organizada y las características del empresariado nacional. En su opinión, la RSE en

Chile tuvo una adopción más bien formal, dado que cierta tendencia del empresariado chileno consistía en limitarse a ganar dinero, crear fuentes laborales y cumplir las leyes. En Chile, la RSE avanzó más bien como respuesta a la inquietud de cumplir con estándares internacionales que permitieran insertarse en los mercados globales.

A juicio de Delamaza, a comienzos del siglo XXI la sociedad chilena se acomodó al crecimiento económico, la estabilidad política, mayor bienestar material, acceso a niveles educacionales más altos y mejores comunicaciones, todo lo cual fue abriendo espacio a reformas políticas graduales pero sostenidas. Los conflictos ambientales generados durante la década de los 90 habían sido desactivados por la gestión política gubernamental, apoyada por sólidas mayorías, en nombre de la estabilidad política. Ello fue complementado por el discurso de las grandes empresas sobre sus esfuerzos visibles por aparecer socialmente responsables.

Según el sociólogo, dos fueron las principales razones que justificaron la magnitud del impacto del caso de la planta de celulosa de Arauco en Valdivia: la transnacionalización de parte importante de la gran empresa chilena, que la expuso a la presión de los mercados externos, dispuestos a cerrar el ingreso de productos procesados en forma no sustentable; y el aumento del grado de autonomía de los actores sociales y políticos en un momento histórico en que se daba vuelta la página de las prácticas antidemocráticas.

4 . Más allá de la RSE : el valor compartido y la inversión social

El revuelo que generó el caso de los cisnes a principios del siglo XXI no fue una exclusividad chilena. Fue un fenómeno que ya se manifestaba con creciente frecuencia y vehemencia en diferentes lugares del planeta, por lo que comenzaron a aparecer diversas iniciativas intentando dar respuesta a los nuevos desafíos. A continuación, menciono las –a mi juicio– más significativas, para dar cuenta de la evolución que fueron experimentando los aportes del sector empresarial a las grandes causas sociales del país, y también de una nueva forma de concebir las relaciones intersectoriales.

Algunas de esas iniciativas se focalizaron en el modo de relacionamiento con la sociedad, ya sea apoyando instituciones que removieran factores obstaculizadores para la superación de la pobreza –como el

mejoramiento de la educación, los estilos de vida saludable, el apoyo a grupos vulnerables o la construcción de infraestructura– o promoviendo la incorporación a la cadena de valor, el microemprendimiento o la empleabilidad. En ciertos casos, las iniciativas respondieron a propuestas originadas en las casas matrices o resueltas en las oficinas corporativas locales. En otros, los aportes privados acogieron proyectos que venían desde las comunidades, o se acoplaron a políticas públicas o instancias locales de articulación entre sectores.

Esta tendencia fue acompañada por otra línea de trabajo orientada a mejorar la gestión interna, habiéndose asumido que las donaciones ya no eran suficiente para amortiguar –ante la opinión pública– el impacto de errores operacionales, de relaciones confrontacionales con los trabajadores, de desequilibrios de poder con los proveedores y, muy recientemente, de malas prácticas de gobierno corporativo.

Nace la Comunidad de Organizaciones Solidarias

En los años 90, la mayoría de las ONG existentes se habían organizado en Acción AG, agrupación gremial concebida como un espacio destinado a la sociedad civil, “que convoca, fortalece e identifica a sus asociados, cobija sus propuestas e ideas, fomenta el desarrollo y la protección de sus actividades comunes y facilita espacios de reflexión y debate” (Acción AG, s.f.). Al comenzar el nuevo siglo, sus propuestas buscaron contribuir a la construcción de un país democrático y de una sociedad vigorosa, donde la diversidad constituyera un valor real, con justicia y sustentabilidad. Estas organizaciones habían enfrentado creativamente los problemas de pobreza y desigualdad, implementando programas y servicios que mejoraban la calidad de vida y fortalecían a los actores sociales. Así, por ejemplo, El Canelo de Nos se focalizó en promover el uso colaborativo de tecnologías alternativas que utilizan materiales accesibles para personas de escasos recursos, a la vez que incentivar el fortalecimiento del capital social. Temáticas recurrentes fueron: la igualdad de género; la inclusión de grupos vulnerables, como indígenas, migrantes, niños, jóvenes y ancianos; y la protección ambiental, entre muchos otros.

En el año 2004, se formó la Comunidad Organizaciones Solidarias (COS) como un nuevo espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban al servicio de

personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile. La COS nació del anhelo de organizaciones de trabajar colaborativamente para construir una cultura de la solidaridad. En esos tiempos, las organizaciones sociales, según sus propias declaraciones, se sentían agobiadas, competían entre ellas y estaban desarticuladas. Percibían que la solidaridad se había reducido a dar dinero y que era necesario abrir un nuevo espacio para ofrecer un nuevo modo de ser y hacer.

El sector privado fue invitado a ser parte de esta nueva cruzada, la que no sólo se ha materializado en cuantiosos aportes monetarios –por ejemplo, de Sodimac a la Fundación Nuestros Hijos y de BCI a la Fundación

Las Rosas–, sino también en el involucramiento de altos ejecutivos de las compañías en los directorios de las instituciones sociales, en el traspaso de herramientas de gestión y en el voluntariado corporativo. Estos mecanismos permiten promover la empatía de los trabajadores de las compañías con las vivencias de las personas en estado de vulnerabilidad.

Inversiones filantrópicas, un nuevo concepto

No sin desconcierto y decepción, las empresas asumieron que, a pesar de hacer crecientes donaciones a los vecinos, estaban enfrentando cada vez mayor oposición en las comunidades aledañas debido a la mayor valorización que las personas otorgaban al equilibrio natural, pero también por el tránsito que experimentábamos hacia una cultura de derechos sociales. Fue preciso explorar modalidades de relacionamiento menos paternalistas y más orientadas al desarrollo local con las comunidades, así como también fue indispensable revisar la gestión ambiental para evitar impactar a los ecosistemas ambientales y sociales.

Una vez más, las primeras señales que iluminaron el camino llegaron desde el extranjero y fueron difundidas por el sector privado e instituciones académicas, a través de diversos seminarios y publicaciones. Relevante fue el aporte que hicieron los profesores Michael Porter y Mark Kramer desde la Universidad de Harvard. El año 2002, la Harvard Business Review publicó un artículo de esos autores llamado “La ventaja competitiva de la filantropía corporativa”. Éste produjo un profundo impacto en los ejecutivos encargados de asegurar un clima adecuado para seguir desarrollando las operaciones empresariales y que buscaban cómo enfrentar las nuevas amenazas que se dejaban ver en el horizonte.

En la publicación, los autores plantearon la nueva disyuntiva en la que se encontraban los ejecutivos de las grandes empresas: entre la exigencia creciente de niveles más altos de responsabilidad social corporativa, por un lado, y la demanda de los inversionistas por maximizar las utilidades en el corto plazo, por otro. Así surgió una desafiante recomendación a las compañías: hacer más competitivos los contextos de negocios en las localidades donde operaban, de modo que convergieran los objetivos sociales y económicos y mejoraran las perspectivas de negocio a largo plazo de las empresas. Los autores sostenían que las inversiones filantrópicas podían mejorar la educación y la calidad de vida de un territorio en formas que también beneficiaran a la empresa, por ejemplo, expandiendo el mercado local o ayudando a reducir la corrupción en su entorno de negocios. A partir de ello, las discrecionales donaciones de antaño ahora debían asumir el desafío de contribuir a derribar “obstáculos para el desarrollo”. No es de extrañar que, según un estudio realizado por la Fundación Casa de la Paz para el Consejo Minero (sobre las acciones de interés social realizadas durante el período 2012-2014 en la Región de Antofagasta), el ámbito de la infraestructura haya captado el 17,29% de las donaciones, el de la educación concentrara el 16% y el de identidad y cultura, un 10,67%.18

Negocios inclusivos o negocios en la base de la pirámide

Por su parte, como dijimos anteriormente, las comunidades pronto constataron con frustración que las promesas de empleos inicialmente ofrecidos por los proyectos de inversión generalmente no se habían materializado dadas las altas exigencias –en calidad, volumen, puntualidad, etcétera– de las compañías, que las convertían en insalvables para las capacidades locales disponibles. Ante ello, desde el mismo WBCSD –cuyo germen provenía de la Cumbre de Río– surgió la propuesta de los

18

Al cierre de este texto, la plataforma web del estudio estaba en marcha blanca, por lo que todavía no estaba abierta a la consulta pública. Los ámbitos analizados fueron: desarrollo económico, educación, desarrollo capital social, beneficencia y asistencia social, patrimonio y cultura, infraestructura, medio ambiente, y salud y vida sana. Ver Consejo Minero, s.f.–a.

“negocios inclusivos” o negocios en la “base de la pirámide”,19 destinados a incorporar en la cadena de valor a los grupos más desposeídos. El término “negocios inclusivos” alude a las actividades económicas rentables, sostenibles, ambiental y socialmente responsables, que logran la participación de las personas de menores recursos en cadenas de generación de valor, como socios, consumidores, proveedores o distribuidores, de manera que éstos puedan capturar beneficios para sí mismos y así mejorar sus condiciones de vida.

Los negocios inclusivos explícitamente no corresponden a la filantropía empresarial ni a la responsabilidad social empresarial. Se trata más bien de buscar modelos empresariales sustentables que permitan generar rentabilidad financiera y simultáneamente aportar a resolver un problema social; en esos modelos, el negocio central genera impacto social y ambiental positivo. En otras palabras, estos proyectos buscan acelerar el crecimiento económico de las empresas y, a la vez, gatillar innovaciones que benefician a las personas de bajos ingresos, a quienes van dirigidos.

Las empresas que se animaron a incursionar en los negocios inclusivos descubrieron que el camino era más difícil de lo inicialmente imaginado. Los plazos fueron más largos, los resultados menores y los costos más altos. Algunas empresas se desanimaron en el camino, otras decidieron perseverar. Sin embargo, las alianzas con las ONG comprobaron ser una fórmula que permitía abordar estas dificultades. Por ejemplo, Microsoft, Movistar y Un Techo para Chile desarrollaron un netbook20 de bajo costo para facilitar el acceso a internet a las familias de menores ingresos.

Los primeros en aceptar el reto de incorporar a la base de la pirámide como proveedor fueron Stephan Schmidheiny, el líder de los empresarios en la Cumbre de Río; Julio Moura, presidente del Grupo Nueva –propietario de Masisa–; y María Emilia Correa, la primera mujer con el cargo de vicepresidenta de responsabilidad social y ambiental en una multinacional latinoamericana. En 2003, ellos se impusieron el desafío de lograr que el 10% de los ingresos de Masisa proviniera de negocios inclusivos. Actualmente, Masisa ha logrado consolidar su Red M, plataforma de relacionamiento y

19 La base de la pirámide económica corresponde al sector de la población de escasos recursos económicos. El concepto fue desarrollado por C. K. Prahalad en su libro La fortuna en la base de la pirámide (2014).

20 Computador portátil y económico de características más reducidas que un notebook, que ofrece mayor movilidad y autonomía y le hace especialmente adecuado para estudiantes.

fidelización de clientes de sus puntos de venta –llamados placacentros–, que apoya a pequeños carpinteros en todos los países en los que opera, la cual constituye la base del plan de crecimiento de la empresa.

Otro ejemplo que demuestra que el esfuerzo valió la pena y que sí es posible conciliar los emprendimientos productivos de gran escala y alto impacto con el desarrollo sustentable de una comunidad, es una lavandería comunitaria desarrollada por la minera El Abra junto con comunidades indígenas en Chiu Chiu, en el Área de Desarrollo Indígena Alto el Loa (Consejo Minero, s.f.–b). Con un sistema de operación amigable con el medio ambiente, este emprendimiento –iniciado en 2007 y gestionado por la comunidad atacameña local– lava 25 mil prendas mensualmente en virtud de un contrato de servicios con la minera, dando empleo a veinticinco personas, veintidós de ellas mujeres jefas de hogar. Las lavanderas operan con sistemas de turnos especiales, lo que les permite obtener un ingreso permanente y mensual sin descuidar sus sistemas de cultivo ancestrales. Con los recursos obtenidos, las mujeres mantienen a sus familias y educan a sus hijos, muchos de los cuales cursan carreras técnicas y universitarias. Desde el punto de vista ambiental, con la asesoría de la compañía se desarrolló un sistema que permite reutilizar más del 40% del agua de la lavandería, tema no menor para un servicio de este tipo, que funciona en el desierto más árido del mundo.

Al conversar con las protagonistas de la lavandería de Chiu Chiu, conmueve constatar que, además de reconocer los recursos materiales generados, las comunidades valoran la dignidad que caracteriza su relación con la compañía minera y aprecian el hecho de que se les respeten sus derechos humanos –incluyendo el derecho a incidir en su destino– y su cultura ancestral.21

Valor compartido, el siguiente paso evolutivo

Tal como sucedió con la lavandería en Chiu Chiu y los placacentros de Masisa, en la última década comenzaron a aparecer distintas experiencias

21 Un informe de desarrollo humano en Chile del PNUD respalda lo anterior: “Son las desigualdades de trato (que algunos sean tratados con más respeto y dignidad que otros) las que más molestan, mientras que las económicas (en particular, las referentes a desigualdades de salarios) son las que menor insatisfacción generan” (2015: 99).

para encauzar las donaciones empresariales hacia programas y proyectos que impulsaran procesos de desarrollo local. Surgieron diversos cursos de pregrado y posgrado para formar profesionales especialistas en responsabilidad social, con lo cual se masificó el uso de metodologías innovadoras para abordar los distintos ámbitos de la responsabilidad social. En el tema de las relaciones comunitarias, debutaron los mapas de actores, los diagnósticos sociales, las evaluaciones de impacto y muchas otras técnicas que buscaban incorporar a la comunidad en la matriz de riesgo de las compañías, por un lado, y dar el paso evolutivo desde la caridad de los dueños hacia la profesionalización del sector, por otro. A pesar de ello, con frecuencia este esfuerzo sistemático para obtener la licencia social para operar tampoco dio los resultados esperados, al no generar la esperada adhesión incondicional de la comunidad en caso de generarse impactos no previstos en la calidad de vida, el entorno natural o en futuras posibilidades de desarrollo.

A comienzos de 2011, los investigadores Michael Porter y Mark Kramer nuevamente marcaron la pauta al publicar en la Harvard Business Review un artículo titulado “Creando valor compartido”, donde interpelaban a las compañías a crear valor para todos los actores afectados por la actividad privada y no sólo para el empresario y sus accionistas. “El sistema capitalista está bajo asedio. En los últimos años, las empresas han sido vistas cada vez más como una causa importante de los problemas sociales, ambientales y económicos. Hay una percepción muy amplia de que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad”, afirmaban los autores, agregando que ello estaba impactando gravemente los niveles de legitimidad de los empresarios ante la sociedad. Esta falta de confianza en las empresas habría llevado a los políticos a promover una serie de cambios legislativos que afectaban la competitividad y minaban el crecimiento económico. Por eso, los autores proponían reconectar el éxito empresarial con el progreso.

En Chile, la propuesta de Porter y Kramer tuvo repercusiones inmediatas, y el concepto de valor compartido se instaló en el discurso empresarial y académico. Atrás quedaron las donaciones aisladas a la comunidad, las cuales estaban siendo percibidas como “compra de voluntades” ante posibles impactos ambientales, al igual que los aportes que sólo buscaban construir una “imagen corporativa” favorable. La difusión de iniciativas positivas puntuales comenzó a gatillar el efecto contrario frente al creciente escepticismo de las comunidades. Las empresas enfrentaban

nuevos retos: la necesidad de equilibrar las crecientes expectativas de los trabajadores y las comunidades con los intereses de los accionistas, la aspiración de las nuevas generaciones a ser coherentes con su trabajo y sus valores, y mayores regulaciones, entre otros. Todo ello obligaba a los empresarios a preguntarse cuál era el real significado del rol social de la empresa y cómo medir el impacto de lo que hacían.

En este contexto, en 2011 Mark Kramer fue invitado a exponer la teoría del valor compartido en el XI Encuentro Internacional de Acción RSE, llamado “Valor compartido: un buen negocio para todos”, donde más de 1.200 representantes del mundo empresarial local le escucharon atentamente decir que “Chile no podía permitirse un crecimiento económico tan exitoso sin mejorar las condiciones sociales de sus habitantes” (Acción RSE, 2011b). Su propuesta no sólo imponía retos significativos para las empresas, sino también para las comunidades y sus dirigentes; además, evidenció la necesidad de dejar atrás el asistencialismo para impulsar procesos de desarrollo para todos los involucrados.

Empresas B: de Estados Unidos a Chile

Ante la creciente evidencia de que las empresas privadas tradicionales enfrentaban dificultades estructurales para asimilar los desafíos que planteaba la sustentabilidad, en 2007 surgió en Estados Unidos la propuesta de las empresas B. Los amigos norteamericanos Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy, quienes compartían la vocación de crear un mundo mejor a través de los negocios, crearon B Lab para promover el concepto de que las empresas privadas eran capaces de generar valor no sólo para sus accionistas, sino también para la humanidad. Las empresas B ofrecieron una opción innovadora al conflicto que aún hoy ronda a las empresas tradicionales que aspiran a ser sustentables: el mandato fiduciario restringido, que exige que las empresas actúen siempre en beneficio del accionista sin tener debida consideración de la necesidad de abordar impactos de largo plazo, aunque afecten la rentabilidad en el corto plazo. Para resolverlo, la propuesta de las empresas B contempla que los accionistas formulen el propósito de la empresa de forma voluntaria, pero siendo legalmente vinculante, lo que les permite alinear las decisiones con el abordaje de los desafíos sociales y ambientales.

La propuesta encontró un terreno fértil en el ámbito de la innovación empresarial en Chile, América Latina y el mundo. En septiembre de 2011, cuatro emprendedores sudamericanos –la colombiana María Emilia Correa, el argentino Pedro Tarak y los chilenos Gonzalo Muñoz y Juan Pablo Larenas– decidieron visitar a Gilbert, Houlahan y Kassoy con el propósito de iniciar conversaciones para la internacionalización del sistema. Para entonces, ya existían 400 empresas certificadas en Estados Unidos y Canadá, y la visita de los cuatro sudamericanos gatilló un proceso innovador que, a la fecha del cierre de este texto, permite contar con más de 1.900 empresas certificadas B en 53 países –incluyendo diez latinoamericanos–, aglutinando a inversionistas, académicos, organizaciones de consumidores, ONG y líderes de opinión, quienes aceptaron el reto de trabajar por una nueva economía donde la medida del éxito es el bienestar de las personas y de la naturaleza.

En Chile, la empresa TriCiclos se convirtió en enero de 2012 en la primera empresa B certificada fuera de América del Norte, buscando usar la fuerza del mercado para dar solución al problema social, ambiental y económico de los residuos sólidos. Además de ampliar el deber fiduciario de sus accionistas y ejecutivos para incorporar un compromiso formal explícito con la generación de impactos positivos socioambientales, operando con altos estándares de desempeño y transparencia, estas compañías también necesitan aprobar un proceso de verificación de los estándares a través de una evaluación de impacto, sometiéndose al permanente escrutinio de la comunidad de las empresas B. Asimismo, deben acceder a ser auditados por B Lab al menos una vez cada cinco años.

Para lograrlo, las empresas B instalan el propósito de la compañía al centro de su misión, y en torno a éste construyen su modelo de negocio desarrollando acciones en cuatro áreas: gobernanza, trabajadores, medioambiente y comunidad. La forma en que este compromiso se hace patente es diversa. Por una parte, existen las empresas B que se distinguen por el modelo de negocio de impacto, las tradicionalmente denominadas empresas sociales; por ejemplo, la iniciativa Pegas con Sentido, que apoya a instituciones del sector privado, público y civil en la búsqueda de profesionales comprometidos con la sustentabilidad. Por otra parte, existen las que llevan a cabo su impacto a través de la donación total o parcial de sus utilidades. Por último, están aquellas que usan sus prácticas para generar el impacto de su quehacer intrínseco, siendo tan diversas como el zoológico BuinZoo, la agencia de ingeniería de la Pontificia Universidad

Católica de Chile (Dictuc) o Full Runners, cuyo objetivo es promover la práctica de actividades deportivas. Contar con la certificación de empresa B aporta a las compañías beneficios en diversos ámbitos: el honor de pertenecer a un movimiento de transformación mundial; la protección de la misión que inspiró su creación; el intercambio de buenas prácticas tendientes al mejoramiento continuo; la capacidad de atraer talentos de excelencia, nuevos clientes e inversionistas que se identifican con el propósito y los ideales que las inspiran; y un posicionamiento nítido ante la opinión pública y los clientes, entre otros.

A la fecha, Chile se convirtió en el país con más empresas certificadas B, después de Estados Unidos, fruto del ecosistema instalado en el país a partir de una vigorosa política pública de promoción de la innovación y el emprendimiento impulsada durante el gobierno del Presidente Piñera.

RSE y vulneración de derechos humanos

Para ponerse al día con las nuevas demandas de las comunidades, las instituciones internacionales más relevantes relacionadas con la promoción del desarrollo comenzaron a incluir el respeto por los derechos humanos como una nueva dimensión de la RSE. Así, en 2005 la ONU nombró al académico John Ruggie como representante del secretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresa. Hasta entonces, y muy especialmente en Chile, el concepto de derechos humanos estaba relacionado exclusivamente con los atentados contra la vida y las libertades democráticas. Sin embargo, a través del documento “Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos”, Ruggie pudo develar una nueva dimensión de la violación de los derechos de las personas que, hasta entonces, había pasado inadvertida para la opinión pública (ONU, 2011).22

Varias agencias de desarrollo siguieron el ejemplo. La ISO 26.000 (2010) incluyó los derechos humanos entre las seis materias que trata su

22 Los llamados “derechos de tercera generación, colectivos y difusos” se refieren al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de los consumidores. Estos derechos se diferencian de los derechos civiles y políticos (“de primera generación”) y los derechos económicos, sociales y culturales (“de segunda generación”).

guía de responsabilidad social para las empresas, promulgada en 2010 como resultante de un inédito grupo de trabajo conformado por actores diversos, con representantes de la industria, los trabajadores, las ONG, los gobiernos y los consumidores. Complementariamente, los derechos humanos fueron incorporados en 2011 como un nuevo capítulo en las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” (OCDE, 2013). Al año siguiente, la Corporación Financiera Internacional publicó las “Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social” (IFC, 2012) con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los impactos y hacer negocios de manera sostenible. En 2014, por último, le correspondió a la Unión Europea la presentación de su nueva estrategia de RSE con el propósito de asegurar un buen comportamiento de las empresas europeas en lugares remotos del planeta (Corporate Excellence, 2011). Como resultado de lo anterior, la comunidad internacional fue logrando una convergencia en los estándares normativos que debían regir la conducta de las corporaciones en el tema de la RSE. Actualmente, el foco de las compañías líderes está puesto en el diagnóstico de su cumplimiento de los nuevos estándares, incluyendo la nueva dimensión de los derechos humanos, la elaboración de un plan de acción y su debida implementación.

A modo de reacción, las comunidades, a su vez, incorporaron el debido respeto a los derechos humanos entre sus planteamientos recurrentes. Por ejemplo, comenzaron a demandar que los impactos ambientales fueran previstos y, en caso de que se manifestaran, se restaurara la situación anterior al daño o se compensaran. Antes de sentarse a conversar con los impulsores de un proyecto, la comunidad requería tener la certeza de que iba a estar, en el mediano y el largo plazo, “mejor con la empresa que sin ella”, lo cual implicaba un análisis integral previo de sus pros y contras en el plano social, ambiental y económico. Ninguna donación a partir de entonces, por muy cuantiosa y urgente que fuera, podía saltarse esta etapa, so riesgo de ser percibida como intento de “compra de voluntades”. Por su parte, las comunidades indígenas de Chile dejaron claro que el Estado no podía autorizar ninguna alteración en sus territorios sin haber sometido previamente la decisión a la Consulta Indígena, la cual explora la posibilidad de contar –de buena fe– con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes ancestrales, según establece el Convenio 169 de la OIT.

Aparecieron entonces nuevas herramientas metodológicas que tendieron a incorporar tempranamente a los vecinos en el levantamiento de la información necesaria: las líneas de base elaboradas por los vecinos

(con apoyo de técnicos de su confianza),23 monitoreos participativos,24 evaluaciones de capital social, mecanismos de gestión de quejas e incluso seguros, para desde el inicio hacerse cargo de la posibilidad de que se presentaran impactos ambientales no previstos. Otras empresas desarrollaron una matriz que permitía identificar los temas que eran relevantes para el mundo, los que eran importantes para la compañía y los que eran valorados por las comunidades. De la convergencia de los tres, se evidenciaba un asunto que debía ser abordado.

Actualmente, el debate está centrado en cómo materializar la aspiración de las comunidades, en especial de las indígenas, a convertirse en socias de las compañías que buscan operar en sus territorios ancestrales. Es el caso de la minera Rockwood Lithium, la que acordó con dieciocho comunidades indígenas, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, la donación de un 3% de las ventas proveniente de su explotación de litio en la cuenca del Salar de Atacama, en el norte de Chile, para ser invertido mayoritariamente en mejorar la salud y la educación de las comunidades (Orellana, 2016).

Para algunos empresarios, estas nuevas exigencias de las comunidades resultaban incómodas, pues implicaban una forma muy distinta de hacer las cosas. Sin embargo, aparecieron casos que demostraron que, cuando existía sinceridad de propósito, transparencia y respeto por las diversas visiones e intereses, era posible transformar creativamente las relaciones donde primaba la desconfianza en relaciones colaborativas que permitieran en conjunto generar valor compartido para todas las partes.

Reflexiones finales

Cada día se hace más evidente que la humanidad enfrenta un punto de inflexión cuyo desenlace es imposible de adivinar. Con frecuencia, mis

23 Un estudio de línea de base participativo es una encuesta descriptiva que proporciona información cuantitativa sobre el estado actual del entorno donde se pretende desarrollar un proyecto, a través de la recolección y presentación de datos para describir claramente una situación particular. Es participativo cuando la misma población que habita el territorio aludido identifica y recolecta la información relevante.

24 Un monitoreo participativo es un proceso en el cual representantes de comunidades potencialmente afectadas por una intervención humana participan en la supervisión de los proyectos que tienen impacto sobre sus vidas.

conversaciones con empresarios derivan en compartir la sensación de vértigo ante la incerteza que experimentamos en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la decisión de donar nuestro tiempo y nuestro dinero. ¿Qué es lo más sensato de apoyar para dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución? ¿Cómo contribuir a que nuestros hijos y nietos hereden las mismas o mejores condiciones de sustentabilidad que recibimos nosotros? Las respuestas no resultan evidentes para nadie.

A nivel global, el mundo ha dado una reciente señal positiva al lograr que el Acuerdo de París (2015), referido al cambio climático, haya entrado en vigor un año después de ser aprobado, al ser ratificado por el 55% de sus miembros. Este paso indica que la comunidad internacional finalmente demuestra que es capaz de adoptar medidas colectivas frente a factores que amenazan la supervivencia de la humanidad. Ello no fue un resultado espontáneo. Por una parte, la gravedad del fenómeno y su causa antropogénica son cada vez más evidentes; por otra, a este debate ingresaron en el último tiempo dos “activistas” sorprendentes: el papa Francisco, quien, ante la evidencia del cambio global del clima, advirtió a los gobernantes en la ONU (y lo reiteró en su encíclica Alabado seas) que

la exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del ambiente.

En la misma ocasión, otro líder espiritual, el Dalái Lama, urgió a los gobernantes del mundo a lograr un acuerdo relevante capaz de asegurar que la especie humana pueda continuar su proceso evolutivo. “Ésta es una cuestión de humanidad. Nuestro mundo es nuestra casa”, dijo. Las palabras de ambos dignatarios no cayeron en oídos sordos. Su principal vocero fue la “Coalición de Alta Ambición”, liderada por las Islas Marshall, alianza de territorios condenados a desaparecer en caso de producirse el deshielo de los cascos polares y producto de eso se eleve el nivel del mar.

Al igual que en el tema climático, aprender a avanzar juntos es indispensable, dado que nadie puede hoy decidir lo que es bueno para la comunidad si no es con la comunidad, lo cual requiere apertura, valorar las diferencias, así como también adquirir nuevas habilidades. Ya existe abundante evidencia de que toda decisión que involucre a la sociedad no

puede ser adoptada entre las cuatro paredes de una oficina corporativa, por muy brillantes e ilustrados que sean los expertos. Más bien, escuchar y atender las preocupaciones y aspiraciones de todos los grupos potencialmente afectados por una decisión –incluyendo los críticos– es la receta para disminuir el riesgo de cometer errores involuntarios y para detectar las oportunidades de transformar relaciones confrontacionales en colaborativas.

Así fue como las donaciones de antaño de la paternalista sociedad chilena debieron evolucionar de la mano de la tendencia democratizadora de principios de los años 90. Chile no sólo requería hacerse cargo de las necesidades urgentes de las personas con menores ingresos, sino también avanzar con paso decidido hacia una sociedad más justa, tanto a nivel individual como territorial, generando un ecosistema social, económico, político y ambiental que hiciera posible el desarrollo pleno de todo el potencial de sus habitantes como un derecho, y no como una dádiva que era preciso agradecer con lealtad incondicional, tanto en el ámbito político como el económico.

Ahora es preciso dar un nuevo salto y aprender a construir acuerdos que nos permitan generar condiciones de vida con niveles de desarrollo humano aceptables, y a la vez disminuyendo la huella ambiental. Ciertamente, no es simple, pero no tenemos mejor opción que intentarlo. Es el futuro del ecosistema el que está en riesgo.

Al mirar atrás y recordar los llamados a cambiar el rumbo de la humanidad planteados en Estocolmo en 1972 y en Río de Janeiro en 1992, no podemos sino reconocer los avances. Sin lugar a dudas, hoy la especie humana dispone de más información, está más consciente de los procesos de deterioro en curso, la tecnología ha aportado impensables opciones, las nuevas generaciones han incorporado nuevos conocimientos y habilidades. Sin embargo, también debemos reconocer que los procesos de deterioro han asumido una magnitud y una velocidad también inimaginables. Por todo ello es que debemos asumir nuestra responsabilidad ante nuestros descendientes y las generaciones por nacer, redoblando nuestros esfuerzos para que la promesa de la sustentabilidad sea una realidad.

Cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Valdivia, 2014.

Lavandería comunitaria en el Alto Loa, emprendimiento desarrollado en conjunto por la minera El Abra y la comunidad indígena de Chiu Chiu.

Sebastián Roldán Páez

CATÁSTROFES, PARADIGMAS, FAMILIAS Y CIUDADANÍA: NUEVAS TENDENCIAS DE LA FILANTROPÍA EN CHILE

magdalena aninat La importancia cada vez más marcada de la filantropía en nuestra sociedad posee ciertas tendencias que obedecen a situaciones específicas, entre ellas las catástrofes naturales, que han movilizado masivamente los aportes solidarios. Un hito fue el terremoto de febrero de 2010, que aquí se estudia en detalle y permite comprender cómo están cambiando los paradigmas sobre cómo deben atacarse los desafíos sociales, protagonizados por una nueva generación de actores que ha desarrollado novedosos modelos de acción, por ejemplo las fundaciones Techo y Desafío Levantemos Chile. En este artículo también se estudia la práctica filantrópica desde el punto de vista de la familia empresaria y de la ciudadanía en general, qué vacíos existen y cuál es el reto que demandan.

magdalena aninat s .

Chile se sitúa en los rankings internacionales como uno de los países más generosos de Latinoamérica1 y, sin embargo, la percepción de la ciudadanía chilena es que ni empresas ni empresarios tienen una práctica consistente de donaciones.2 Aunque en la última década las donaciones sociales acogidas a las distintas legislaciones de incentivos tributarios han mantenido una sostenida tendencia al alza, se estima que representan cerca del 0,12% del PIB, lejos aún del promedio de 2% registrado en Estados Unidos (Aninat, 2016). La dispersión de incentivos, pero también la falta de datos del ecosistema de la filantropía en su conjunto, son signos de lo que Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, ha diagnosticado: “La filantropía en Chile no está madura” (Aninat, 2015b).

La prosperidad económica de Chile ha ido acompañada de una importante reducción de los índices de pobreza, pero también del surgimiento de nuevas necesidades y de la persistencia de desafíos de justicia social.

1 Chile ocupa el lugar número 49 en el World Giving Index 2015 de la Charities Aid Foundation. A nivel latinoamericano, el país sólo es superado por Guatemala (16), Jamaica (21), Puerto Rico (29), Costa Rica (36) y República Dominicana (41). El índice se construye sobre la base de encuestas de opinión pública realizadas anualmente en 135 países del mundo, donde se pregunta por ayuda a un extraño, donaciones en dinero realizadas en el último mes y voluntariado.

2 Según un estudio de opinión pública del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), un 58% de la ciudadanía percibe que las donaciones de los empresarios son bajas o muy bajas, mientras que un 53% considera que las donaciones de las empresas son bajas o muy bajas. Solamente un 6% estima que las donaciones son altas o muy altas, tanto para empresas como para empresarios (Aninat, 2015a).

Asimismo, en la última década ha habido un creciente interés de la ciudadanía por causas sociales y un aumento exponencial de las organizaciones de la sociedad civil, donde aún las organizaciones filantrópicas son muy minoritarias.3 Estos factores, junto a una serie de tendencias de la práctica filantrópica que han emergido a partir del año 2010, permiten visualizar una transición entre ese estado de inmadurez señalado por Walker y el fortalecimiento del ecosistema filantrópico de acuerdo a la idiosincrasia local, que será significativo en la medida que exista una participación más activa de los actores y un entorno institucional favorable para ello.

La literatura académica señala que la filantropía cumple un rol colaborador en el desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad civil (Irarrázaval y Guzmán, 2008), aunque en un sentido estrictamente cuantitativo reconoce que nunca estará en condiciones de ofrecer suficientes recursos materiales y humanos para transformar las sociedades en términos de la distribución del ingreso, el alivio a la pobreza o el progreso social. No obstante, autores como John Coatsworth (2008) asignan a la filantropía un papel cualitativo para impulsar el cambio social como catalizador, dinamizador y constructor de modelos: en la diseminación e innovación de iniciativas sociales escalables y en el mejoramiento de la efectividad y productividad de los programas sociales existentes, cubriendo aquellas necesidades sociales que el Estado, en su rol de atender equitativamente a la población, no es capaz de asumir.

El presente capítulo4 explora las tendencias más relevantes asociadas a esta práctica de aportes voluntarios a bienes públicos, a nivel individual y/o familiar. En primer lugar, abordaremos la relación entre catástrofes naturales y movilización de la solidaridad a partir del terremoto de 2010, el cual, en cierto modo, reconfigura la relación de los chilenos con las catástrofes al develar distintos modelos de liderazgo social que conviven hoy en Chile, y detona un sistema de incentivos para promover

la práctica filantrópica ante emergencias. En segundo lugar, indagaremos en el surgimiento de una nueva generación de actores que rompe paradigmas y genera novedosos modelos para abordar los desafíos sociales. Por último, analizaremos la preocupación de la familia empresaria5 por ocupar un espacio en el ecosistema de aportes sociales y el rol que la ciudadanía tiene en él. Qué falencias y vacíos impiden que estas tendencias se desarrollen y colaboren en la configuración de un ecosistema filantrópico articulado en Chile, son parte de las reflexiones finales.

Catástrofes, liderazgos y nuevos incentivos

El terremoto de magnitud 8,8 y el posterior maremoto del 27 de febrero de 2010 fue una catástrofe en términos humanos –más de quinientos chilenos perdieron la vida–, pero también en términos económicos: el costo total bruto de la tragedia se estimó, según cifras oficiales, en cerca de treinta mil millones de dólares –equivalente al 18% del PIB–, constituyéndose en “la mayor pérdida de capital de la historia de Chile” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010: 7). En un país acostumbrado a las catástrofes naturales, la de ese año demostró –una vez más– la enorme capacidad de la ciudadanía para movilizar acciones solidarias ante emergencias inesperadas, a la vez que impulsó, también, la consolidación de ciertos factores y tipos de liderazgos de causas sociales propios del ecosistema filantrópico local.

La Teletón y el liderazgo de Mario Kreutzberger fue uno de esos elementos. Los días 5 y 6 de marzo de 2010, una semana después del terremoto, cinco fundaciones líderes en ayuda social6 realizaron Chile Ayuda a Chile, telemaratón organizada especialmente para ayudar a la reconstrucción de las zonas devastadas que logró recaudar casi 46 mil

3 Al año 2015, se ha contabilizado en Chile 234.502 organizaciones de la sociedad civil, lo que representa un aumento de 120% en comparación con la cifra estimada en 2006. El 88% de las organizaciones fueron creadas formalmente a partir de 1990. Del total, sólo un 0,2% corresponde a la categoría “Intermediario filantrópico y promoción del voluntariado”. Ver el informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016.

4 En la investigación para este texto colaboró Marcela Cofré, del Cefis de la Escuela de Gobierno de la UAI.

5 Según The Boston Consulting Group, hay dos conceptos que definen a una “familia empresaria”: por un lado, su participación significativa en la propiedad de la empresa, con capacidad de influencia en la toma de decisiones (particularmente en el nombramiento de la plana directiva), y, por otro, la transición de una generación a la siguiente o, en el caso de los fundadores que tienen la propiedad de la empresa, que cuenten con planes de hacer esa transferencia a la siguiente generación de la familia. Ver The Economist, 2015.

6 Además de la Teletón, participaron Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo, Caritas y Hogar de Cristo.

millones de pesos.7 El evento vino a repetir, más de dos décadas después, el precedente de la telemaratón del mismo nombre realizada tras el terremoto de 1985. A pesar de los cambios políticos, sociales y culturales transcurridos, y de las nuevas tecnologías de la información disponibles en el país, las campañas mediatizadas al estilo Teletón, conducidas por un comunicador de trayectoria, como Kreutzberger, demostraron seguir vigentes y se consolidaron como sistemas eficaces para movilizar masiva y transversalmente aportes hacia causas de necesidad continua, como la discapacidad, pero también para emergencias inesperadas, como la situación de los damnificados tras el terremoto de 2010.

Sin embargo, ante la crisis de desconfianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones políticas, empresariales, religiosas e incluso deportivas que ha vivido el país en los últimos años, la Teletón no ha salido indemne y ha debido realizar ajustes a su modelo, atendiendo las dudas y críticas respecto de la motivación social de las donaciones empresariales y el retorno asociado. De este modo, se ha tendido a relegar de la Fundación y de la difusión mediática a empresas o empresarios involucrados en procesos judiciales y, en cambio, se ha fortalecido el mensaje que apela a mantener el sentido de pertenencia con la causa, destacando el rol fundamental del aporte financiero que hacen las personas anónimas.8 El sentido de urgencia que imprimió el terremoto hizo visible otro tipo de liderazgos, dispuestos a la acción reparadora inmediata. Ejemplo de ello es Leonardo Farkas, empresario minero que vive entre Estados Unidos y Chile, quien se hizo conocido por el elevado aporte que realizó a la campaña de la Teletón de 2008,9 y también por el apoyo monetario entregado a deportistas de alto rendimiento. Tras la catástrofe del 27 de febrero, Farkas realizó una millonaria donación (varios camiones cargados con alimentos) destinada a atender a los damnificados de las zonas afectadas por el sismo. Esta práctica ha sido repetida por el empresario

7 El 44% de las donaciones correspondió al aporte de personas (a través de donaciones bancarias), mientras que el 56% restante fue donado por empresas. Ver Teletón, 2010.

8 En la campaña de la Teletón de 2015, el mensaje de la campaña interpelaba directamente al ciudadano común, destacando que “tu aporte es el 70% de la meta”.

9 En el epílogo de la Teletón de 2008, transmitido en vivo y en directo desde el Estadio Nacional de Santiago, Farkas realizó una donación de mil millones de pesos, la mayor cifra hasta entonces entregada por un individuo. El monto sería igualado esa misma noche por José Luis Nazar, otro empresario chileno residente en Estados Unidos.

en catástrofes posteriores, como los aluviones y aludes que azotaron a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo en marzo de 2015, y en forma intermitente atendiendo solicitudes de personas que apelan directamente a él, incluso vía redes sociales. La visibilidad mediática del empresario y de su fortuna, y su disposición a donarla con respuestas inmediatas y concretas a los beneficiarios elegidos, le ha reportado alta popularidad entre la ciudadanía y le ha hecho ganarse de parte de la prensa el apodo de “Rey Midas chileno”. Pero su popularidad ha venido acompañada de una visión crítica de la elite, que mira con suspicacia su alta exposición en los medios y sospecha de la posibilidad de que en ella existan segundas intenciones (por ejemplo, una candidatura presidencial), y, al mismo tiempo, objetaría la dispersión de sus donaciones, las cuales, según esa mirada, no abordan la complejidad de los desafíos sociales en su profundidad. Estos factores explican, en parte, por qué Farkas –que inició su carrera como músico en el mundo del espectáculo de Las Vegas y, en definitiva, tiene características algo excéntricas para el entorno local– no se ha erigido como modelo a imitar por parte del empresariado, que suele ser más dado al anonimato y al bajo perfil. A su vez, en sus declaraciones públicas, Farkas ha sido crítico de los bajos aportes que hacen los individuos de alto patrimonio a las necesidades sociales, interpelándolos a una mayor movilización ante ellas: “Y yo digo: ‘¿Dónde están estos que dicen que no sepa tu mano lo que hace la otra?’. Al hacerlo públicamente, lo hago no para tirar pinta ni para ser presidente. Lo hago para que otros lo hagan” (Bazán, 2015).

La catástrofe de 2010 también visibilizó otro modelo de liderazgo, encarnado en la figura de Felipe Cubillos. Este carismático miembro del empresariado chileno, abogado de la Universidad de Chile y destacado velerista, viajó a la zona del terremoto y el 13 de marzo, apenas dos semanas después del movimiento telúrico, lanzó el Desafío Levantemos Chile, iniciativa coyuntural que evolucionaría hacia una organización estable para hacer frente a necesidades sociales de manera rápida y eficiente, un “modelo de las anticomisiones y de la antiburocracia” que “crea puentes entre los que necesitan y quieren ser ayudados, y los que quieren y pueden ayudar” (Desafío Levantemos Chile, 2015). El modelo de Cubillos no radica sólo en la épica de su liderazgo;10 se sostiene, también, en la capa-

10 Tres días después del terremoto, desde la zona afectada, Cubillos escribió a sus amigos una verdadera declaración de principios: “Como en toda crisis, siempre surgen héroes,

cidad de gestionar los recursos que tiene a mano. Más que donar grandes sumas de financiamiento propio, Cubillos convoca a su propia red de contactos, que a su vez convoca a otras redes, logrando movilizar voluntarios y empresarios para reparar las urgencias propias de la catástrofe, con la promesa de liderar proyectos de reconstrucción con una gestión más eficiente que la del aparato público. Esta lógica está detrás de varias iniciativas filantrópicas del ecosistema chileno: organizaciones iniciadas por empresarios que, sensibilizados ante alguna causa que les ha tocado de alguna manera –una enfermedad o tragedia que afecta a alguien próximo–, crean sus propias organizaciones con un capital inicial y un modelo de organización que promete ser más eficaz que otros existentes (públicos o de la sociedad civil), pero cuya sostenibilidad en el tiempo no necesariamente se vincula a aportes relevantes de capital propio. En muchos casos, la estructura de financiamiento se basa en campañas movilizadoras de donaciones entre sus redes (realizando eventos para recaudar fondos o captando socios que contribuyan en forma regular), en la venta de servicios e incluso en subvenciones estatales o fondos públicos concursables. El desafío social que instaló la catástrofe de 2010, que provocó una amplia movilización de la sociedad civil y del sector privado en aportes para atender a los damnificados e impulsar la reconstrucción, tuvo una respuesta institucional de parte del gobierno de Sebastián Piñera: la ley 20.444. Promulgada en mayo de 2010, la llamada Ley de Reconstrucción contempla distintos tipos de incentivos para personas jurídicas y naturales, incluyendo contribuyentes del impuesto de primera categoría, del impuesto adicional, del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría. Además, incorpora entre los beneficios disposiciones que, en ciertos casos, liberan del pago del impuesto de herencias, y permiten el financiamiento a obras específicas. Junto con ello, crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, una estructura permanente de incentivos a las donaciones privadas cuyo objetivo es reconstruir localidades afectadas por terremotos u otras catástrofes naturales.11 Con todo, su

y como suele suceder en la vida real, esos héroes son generalmente personas que no buscan ni [la] fama ni el reconocimiento, sólo ayudar, sólo hacer el bien. Y he conocido a varios en estos días”. Ver Desafío Levantemos Chile, s.f.

11 El Fondo recibe donaciones en dinero o especies, destinadas a financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y

creación agrega un nuevo cuerpo legal a la multiplicidad de legislaciones que incentivan donaciones en distintos ámbitos –como cultura, deportes y educación, entre otros–, y suma más organismos públicos que califican donaciones.12 Pese a ello, esta ley ha significado una contribución al ecosistema, al generar un marco institucional que ha demostrado ser útil para canalizar contribuciones privadas, principalmente empresariales, destinadas a la reparación de las diversas catástrofes que han continuado sucediendo en el territorio nacional.13

Más que innovación, cambio de paradigmas

Una serie de organizaciones sociales surgidas en Chile en las últimas décadas ha logrado exportar su modelo a otros países de Latinoamérica. Las fundaciones Teletón y Un Techo para Chile (bajo el nombre Un Techo para mi País) figuran entre las más emblemáticas representantes de lo que se podría denominar “exportaciones sociales”, y que bien podrían integrar la lista de exportaciones no tradicionales. También constituyen un síntoma de la capacidad de innovación social del país, que no sólo exporta sino también importa nuevos modelos de intervención en áreas sociales. Estos modelos buscan abordar desafíos cualitativos relacionados con la calidad de atención social, en especial en el ámbito de la educación, o bien ocuparse de comunidades que tienen necesidades básicas no atendidas y que quedan poco visibilizadas en la escala de desarrollo económico del país.14

zonas típicas, obras y equipamiento, ubicados en zonas afectadas por alguna catástrofe. Ver Ministerio de Hacienda, s.f.

12 Los destinos del Fondo son determinados por el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo que también firma el Ministerio del Interior. Además, es posible realizar donaciones a proyectos específicos acreditadas por un decreto del Ministerio de Hacienda, previa revisión técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Ver Ministerio de Hacienda, s.f.

13 Entre 2010 y 2015, el Ministerio de Hacienda ha promulgado seis decretos que activaron el uso de la ley 20.444 para zonas afectadas por catástrofes. Según información entregada al Cefis de la UAI por la Dirección de Presupuesto –vía Ley de Transparencia–, entre 2010 y 2014 el Fondo de Reconstrucción ha percibido 8.241 millones de pesos por concepto de aportes y donaciones.

14 Un caso relevante es Enseña Chile, fundada en 2008 replicando el ejemplo de la

Con el inicio de la década de 2010, una nueva generación de profesionales, muchos de ellos con estudios de posgrado en el exterior, adhiere a las nuevas corrientes globales de emprendimientos sociales e inversiones de impacto. Esto conlleva un cambio de paradigma respecto al pasado, ya que las nuevas corrientes borran los límites entre el sector privado con fines de lucro y el sector de organizaciones sociales sin fines de lucro (también llamado tercer sector), generando nuevas fórmulas de aportes privados a bienes públicos, lo que se ha denominado como “cuarto sector”. El origen de este movimiento se remonta al año 2007, cuando la Fundación Rockefeller convocó a un grupo de inversionistas, emprendedores y filántropos en Bellagio, Italia, a dialogar sobre cómo movilizar una mayor cantidad de capital destinado a beneficio social y medioambiental. Para el final de la reunión, el término “inversiones de impacto” había sido acuñado para referirse a aquellos instrumentos de inversión donde convergen valores y modelos de negocios, logrando aunar los objetivos sociales y medioambientales con la rentabilidad financiera del capital (Rodin y Brandenburg, 2014).

Si bien en Chile los datos cuantitativos sobre las inversiones de impacto son casi inexistentes, su rápido desarrollo nos lleva a pensar que este fenómeno está teniendo un efecto bola de nieve, aunque su influencia es aún incipiente en el mercado mainstream. Con todo, estudios internacionales señalan que Chile destaca a nivel mundial entre los países que más facilitan el emprendimiento social, con condiciones y acceso a financiamiento público y filantrópico para emprender “con propósito”.15 De hecho, la adhesión de parte de los jóvenes profesionales a este organización Teach for America, originada en Estados Unidos. Ésta implementa el modelo “Teaching as Leadership” con el fin de comprometer a profesionales con el mejoramiento del sistema educacional en sectores en condición de vulnerabilidad. Varios participantes del programa han generado nuevas iniciativas en el ámbito de la educación, produciendo un efecto spillover que amplía el impacto del programa. Otro caso importante es el de Red de Alimentos, una corporación sin fines de lucro creada en 2010 que, siguiendo el modelo de bancos de alimentos existentes en Europa y Estados Unidos, genera puentes entre comercializadoras, distribuidoras de alimentos y organizaciones sociales que atienden a población vulnerable con inseguridad alimentaria, replicando el modelo de bancos de alimentos que recuperan productos consumibles pero que no se pueden comercializar.

15 Según “The best countries to be a social entrepreneur 2016”, primera encuesta de emprendimiento social realizada por The Thomson Reuters Foundation en conjunto con el Deutsche Bank, UnLtd y la Global Social Entrepreneurship Network, Chile se ubica sexto

tipo de emprendimientos que aúna retorno financiero y retorno social como parte del modelo de negocio, ha impulsado al mundo universitario a incorporar en sus estructuras centros de enseñanza y desarrollo de innovación social o a sumar a sus áreas de emprendimiento un subgrupo de emprendimiento social. A la academia se han sumado otras organizaciones colaborativas, propias del carácter del “emprendedor con propósito”, que se han constituido en aceleradoras, incubadoras e impulsoras de estas iniciativas, como Socialab y Ashoka, entre otras. También han surgido espacios de intercambio de experiencias y difusión, como los Aconcagua Summit realizados en 2011 y 2013, que reunieron a cerca de doscientos agentes sociales, empresariales, políticos y académicos con el fin de “humanizar la globalización”, y a partir de 2013 el Festival de Innovación Social (FIIS), abierto a la comunidad y al auspicio de la empresa privada, que convoca anualmente a “los agentes de cambio” con un espíritu festivo y que ha sido exportado a otros países de la región.

Esta efervescencia ha tenido su correlato en el desarrollo de instrumentos de inversión necesarios para movilizar y canalizar inversiones de impacto. En 2010, por ejemplo, se crea el primer Fondo de Inversión Social,16 con veintiún inversionistas que han aportado 4,5 millones de dólares que, en un plazo a diez años, se invierten en proyectos con impacto social cuantificado pero también con un retorno objetivo de UF más 2% anual. Este fondo ha financiado proyectos con y sin fines de lucro que cumplen con criterios financieros –incluyendo estados financieros auditados– y sociales, identificando la mejora o el cambio que genera el proyecto a través de indicadores sociales.

Dos años más tarde, en 2012, inicia sus operaciones en Chile Sistema B, la agencia regional de certificación de las Benefit Corporations (B Corps o empresas B, en su denominación en español), que, como reza su lema, “combina el lucro con la solución a problemas sociales y ambientales aspirando a ser la mejor empresa PARA el mundo y no sólo del mundo”. Este nuevo tipo de empresa amplía el deber fiduciario de sus accionistas y gestores para incorporar intereses no financieros, comprometiéndose

a nivel mundial entre los países en los cuales se facilita el emprendimiento social. Chile destaca especialmente en la facilidad de condiciones y acceso a financiamiento público (donde ocupa el tercer lugar entre los países evaluados), y, en menor medida, en acceso a inversión privada y apoyo no financiero.

16 Administrado por la administradora de fondos Ameris Capital.

en sus estatutos a generar impactos socioambientales positivos (Sistema B, s.f.). Desde que la empresa chilena de reciclaje Triciclos fuera la primera en certificarse a nivel sudamericano, el proceso de certificación de empresas B a nivel local ha crecido de manera exponencial.17 Esta tendencia ha logrado incorporar a empresas de distintos rubros y escalas, en su mayoría nuevos emprendimientos pero también algunas empresas de trayectoria. Aunque muchas de ellas están en proceso de desarrollo y consolidación como empresas competitivas en el mercado, han logrado difundir sus modelos indicando cambios de paradigma tanto a nivel de prácticas filantrópicas como de iniciativas sociales.

Por una parte, las empresas de doble retorno –financiero y social/ medioambiental– han abierto una ventana para la creación de nuevos modelos de filantropía corporativa o fundaciones reconvertidas en empresas. Ejemplo de ello es Late!, un negocio de venta de agua embotellada y leche envasada cuya propuesta de valor está constituida por dos líneas interconectadas: donar el 100% de sus utilidades y a la vez generar un mensaje de marketing enfocado en hacer consciente al consumidor de que su decisión de compra tiene un cariz solidario. El sistema de funcionamiento es similar a cualquier empresa comercial, pero su objetivo es la donación a organizaciones sociales sin fines de lucro que atienden a población en condiciones de pobreza. Este modelo de “negocios con sentido” que se comprometen en sus estatutos a redistribuir parte de sus utilidades a organizaciones sin fines de lucro, ha sido implementado también por otros emprendimientos en áreas tan diversas como la venta de regalos o el turismo.18

Por otra parte, también ha surgido un tipo de empresas cuyo modelo de negocios se define para solucionar un desafío social o medioambiental. Dicho de otro modo, estas empresas han planteado una nueva forma de enfrentar el desafío de la sostenibilidad financiera de las iniciativas sociales –y su dependencia de donaciones de terceros o de financiamiento público–, pasando a incorporar a los beneficiarios como parte del modelo, con una propuesta de valor híbrida. Se trata de emprendimientos que han descubierto en desafíos sociales o medioambientales nichos de

17 Según información entregada por Sistema B, entre 2012 y marzo de 2015 se han certificado 76 organizaciones como empresa B en Chile, y otras 750 están en proceso. Así, Chile lidera el proceso de certificación en Latinoamérica.

18 Un buen ejemplo de una empresa B en el área del turismo es Smartrip, una agencia de hotelería y de viajes que dona parte de sus utilidades a microemprendedores de base.

mercados no atendidos, y que requieren una lógica de capital paciente para lograr retornos de mercado o retornos más bajos que los del mercado, que se conjugan con retornos sociales o medioambientales cuantificables. Es el caso de la premiada empresa Algramo, que ha desarrollado la venta a granel de productos de la canasta básica en los almacenes de barrio, generando mayor margen de ganancia para los almaceneros, y ahorro de hasta un 40% en el consumo para la población vulnerable. La mencionada empresa Triciclos, que ha multiplicado la generación de puntos de recolección de basura reciclable en diferentes comunas de Chile –y que se encuentra en proceso de instalar su negocio en Brasil–, es otro reconocido ejemplo de esta serie de iniciativas creadas para abordar desafíos sociales o medioambientales a partir de un modelo sostenible social y financieramente.

Por último, debemos mencionar a las empresas con trayectoria de mercado que no fueron creadas para solucionar problemas sociales o medioambientales, pero que buscan consolidar buenas prácticas con los distintos stakeholders, especialmente el “empleo con sentido y equidad” (Abramovay y otros, 2013), yendo un paso más allá de la responsabilidad social, moviéndose hacia una estrategia empresarial de valor compartido y altos estándares en variables sociales, ambientales y de gobernanza. Esta estrategia es consignada en sus estatutos y certificada por algún ente independiente, como la plataforma Comercio Justo, el nuevo Índice de Sustentabilidad de la Bolsa de Comercio de Santiago y el mencionado Sistema B. Un ejemplo de ello es el caso de Parque del Recuerdo, certificada como empresa B el año 2014.

Por otra parte, la política pública también ha participado de esta tendencia, incorporando a estos nuevos actores en consejos público-privados para definir las agendas de innovación del Ministerio de Economía y estableciendo programas de apoyo a la innovación social, incluyendo líneas de financiamiento público para el desarrollo de emprendimientos con impactos social y/o medioambiental. Además, se ha avanzado en el estudio de nuevos instrumentos para el impulso de este incipiente sector, incluyendo fondos de Corfo destinados específicamente al emprendimiento social19 que se canalizan a través de incubadoras que no sólo entregan financiamiento sino que también buscan fortalecer los modelos de negocios.

19 Por ejemplo, la línea Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo de Emprendimientos de Innovación Social, creada en 2015.

A nivel internacional, algunos gobiernos han desarrollado políticas públicas que incorporan inversión privada en el financiamiento de soluciones integrales a problemas sociales complejos. Es el caso de los llamados bonos de impacto social (BIS), originados en Inglaterra en 2006: un modelo de pago contra resultados donde el Estado emite un bono público que paga a los inversionistas privados sólo si se logra un impacto social medible en torno a un desafío complejo (como reducir la reincidencia criminal o el embarazo adolescente en una comunidad determinada); esto, sobre la base de una propuesta integral de intervención que desarrolla una organización de la sociedad civil. En este esquema win-win de intervención pública, los inversionistas asumen el riesgo y perciben rentabilidad si el programa consigue los resultados previamente acordados, mientras que el Estado cambia su sistema de realización de programas sociales de cumplimiento de actividades midiendo su efectividad por asistencia (por ejemplo, la cantidad de personas privadas en libertad que asisten a un curso de capacitación laboral) por un modelo de intervenciones integrales donde el Estado paga por obtención de resultados cuantificados en base a la reducción de un problema social (por ejemplo, una intervención que integra capacitación laboral, apoyo psicológico a la persona privada de libertad y su familia, y acompañamiento en su proceso de reinserción social, cuyo éxito se mide en base a la reducción de los índices de reincidencia carcelaria, como se hizo en la cárcel de Peterborough, Reino Unido, en 2010). En Chile, este tipo de instrumentos no se ha desarrollado pero sí ha sido estudiado bajo el impulso del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, un estudio del organismo multilateral realizado en 2015 evalúa los desafíos y oportunidades para el desarrollo de este instrumento de inversión de impacto en el contexto chileno, en especial en áreas como jóvenes que no estudian ni trabajan (“ninis”), prevención de maltrato infantil y seguridad ciudadana vinculada a reincidencia carcelaria. El documento señala el cuestionamiento al lucro que ha surgido como discusión pública en los últimos años, con particular énfasis desde las movilizaciones estudiantiles de 2011. En este contexto, la posibilidad para un privado de obtener un retorno financiero por la inversión realizada en ámbitos relacionados con el bienestar social, especialmente en áreas como educación y salud, se presentan como obstáculos para el desarrollo de un BIS en el contexto chileno. En este marco, el documento recomienda un período de preparación –con diseños piloto y financiamiento

filantrópico– y plantea la necesidad de realizar estudios para mapear a los inversionistas de impacto. También sugiere desarrollar un marco legal y regulatorio flexible que asegure que las condiciones y los tiempos establecidos se cumplan en los presupuestos públicos para, de esta manera, entregar certeza jurídica a los inversionistas (Gatica y otros, 2015).

La discusión entre los actores del mundo del emprendimiento social y del ámbito público también ha estado marcada por la necesidad de establecer un estatuto legal propio para empresas sociales que permita ofrecer claridad al mercado y a los inversionistas respecto de la permanencia y la adhesión a su propósito social. Esta discusión es pertinente para aquellas iniciativas provenientes del sector sin fines de lucro que adoptan un modelo empresarial –para lo cual existe en el Reino Unido la figura de las Community Interest Companies–, pero también para aquellas empresas existentes en el mercado que buscan internalizar los costos e impactos negativos de su operación para transformarse en mejores empresas para la sociedad, figura que adopta la forma de Benefit Corporations en Estados Unidos (Gatica, 2012: 214).

Familias empresarias y filantropía participativa

El desarrollo económico que Chile ha experimentado en las últimas décadas se ha caracterizado por el crecimiento de la riqueza y la fuerte disminución de los índices de pobreza, pero también por la presencia de persistentes indicadores de desigualdad.20 La necesidad de mejorar los servicios sociales, como parte del desafío de lograr el “crecimiento más inclusivo” señalado por organismos internacionales como el Banco Mun-

20 En “Chile: Panorama general”, el Banco Mundial (2015) señala: “La proporción de la población considerada extremadamente pobre (US$ 3,1 por día) se redujo del 7.7% en 2003 al 2% en 2013 y la pobreza moderada (US$ 5,5 por día) se redujo del 25% al 8.8% durante el mismo período. Además, entre 2003 y 2011 el ingreso promedio del 40% más pobre se expandió en un 4.9%, considerablemente más alto que el crecimiento promedio de la población total (3.3%). ( ... ) Sin embargo, Chile aún enfrenta importantes desafíos. ( ... ) A pesar del fuerte crecimiento durante los últimos veinte años, el ingreso per cápita del país todavía tiene que converger con el de las naciones de altos ingresos (en 2013 el ingreso per cápita de US$ 21.967 estaba todavía muy por debajo del promedio de US$ 40.992 de los países de la OCDE). Por otra parte, los desafíos estructurales para impulsar la productividad y mejorar el acceso y calidad de los servicios sociales deben ser abordados para un crecimiento más inclusivo”.

dial, es una tarea en la cual no sólo participan los organismos de políticas públicas, sino también el mundo privado y la sociedad civil.

En Chile, las diversas legislaciones vigentes establecen los principales incentivos tributarios a las donaciones para los contribuyentes del impuesto de primera categoría, principalmente con renta líquida imponible. De este modo, las grandes empresas se han convertido en relevantes agentes de financiamiento para proyectos de distinta índole, en un rol social que ha sido asumido desde sus áreas de marketing, de relacionamiento con las comunidades de impacto o de responsabilidad social empresarial, como se analiza en otro capítulo de este libro.

Sin embargo, los individuos y las familias ligados a la propiedad de los principales grupos empresariales han surgido como otro actor relevante del ecosistema. En Chile, la empresa de propiedad familiar tiene un fuerte peso en la economía.21 Además, el crecimiento de la riqueza ha tenido un impacto en el aumento de individuos y familias de alto patrimonio: según el Boston Consulting Group, en 2014 existían en el país 11.547 hogares con activos líquidos invertibles sobre un millón de dólares, mientras que los hogares con cien millones de dólares o más para invertir se estimaba en 45 (Beardsley y otros, 2015). Este proceso ha tenido su correlato en la expansión de los family offices –como herramienta para profesionalizar la administración de los recursos– y también en el incipiente aumento de las fundaciones familiares dirigidas por miembros de la familia, con independencia –en distintos grados– de las empresas y sus áreas de responsabilidad social.

Según estudios del Cefis de la UAI, para los controladores de los principales grupos empresariales de Chile la familia cumple un rol fundamental en el ámbito de los aportes sociales. El principal factor que motiva a los empresarios a realizar aportes sociales, después del “deber moral” de retribuir a la sociedad parte de lo ganado, es la tradición de donaciones que ha habido en sus propias familias. Asimismo, la mayoría de los empresarios involucra en la toma de decisiones de sus contribuciones filantrópicas a algún familiar, sea cónyuge, hijos, hermanos o padres.

Tal como se revisa en otro capítulo de este libro, es posible reconocer en la historia de Chile el relevante rol que tuvieron empresarios, terratenientes y la aristocracia en general a la hora de atender necesidades

21 Entre 2004 y 2012, las empresas abiertas en la Bolsa controladas por familias representaron el 56% del total de compañías abiertas allí. Ver Durán, 2015.

básicas de la población cuando la asistencia pública del Estado no estaba articulada. En efecto, en el comienzo de la República, la actividad filantrópica de la elite se articuló para atender a la población en condición de pobreza a través de asilos y recintos de salud, y durante el siglo XX fue adquiriendo un rol complementario a la acción estatal, contribuyendo con legados en hospitales, museos y universidades a título de las familias donantes. En los últimos años han surgido nuevos ejemplos de esta práctica de legados familiares, especialmente en la construcción de nuevas infraestructuras destinadas al desarrollo del mundo educacional, académico y de la cultura, dejando aportes a la sociedad a nombre de las familias o sus fundadores.22

Según The Economist (2015), la sucesión y la gestión de la familia –su participación adecuada en la administración de la empresa y en la propiedad de ella– son los principales desafíos actuales de la familia empresaria. Identificar estos desafíos y entender que la filantropía puede jugar un rol importante, no sólo para contribuir a la sociedad sino también para fortalecer a la familia empresaria, ha impulsado a un incipiente grupo de empresarios a crear fundaciones familiares en las que distintas generaciones se unen en torno a una problemática social común. De hecho, según el capítulo sobre filantropía institucional del mapeo de filantropía e inversiones sociales en Chile realizado por el Cefis de la UAI, del universo de fundaciones filantrópicas operativas (aquellas que cuentan con un patrimonio o fuente de financiamiento privado que les da proyección en el tiempo), el 45% son familiares o legados (Aninat y Fuenzalida, 2017). La ventaja señalada por los fundadores de este tipo de estructuras tiene que ver con los resultados: aunar donaciones dispersas con un foco de inversión social definido permite monitorear el impacto logrado, lo que se hace más difícil cuando se dona en forma reactiva a proyectos de organizaciones o personas externas, sin tener un foco de cambio social y una estrategia previamente definida. Estas nuevas estructuras familiares permiten, además, incorporar a las nuevas generaciones –que no necesariamente participarán en la gestión empresarial– en torno a un objetivo común, y entregarles instancias de desarrollo de liderazgo y transmisión de valores.

22 El Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Pontificia Universidad Católica; el Teatro del Lago de la familia Schiess, en Frutillar; y el Centro de las Artes 660, en el edificio de Corpbanca de la familia Saieh, son algunos ejemplos recientes de donaciones filantrópicas de familias empresarias con inversión significativa en nueva infraestructura.

La innovación y el management del mundo empresarial están siendo traspasados a estas estructuras fundacionales, generando modelos de donaciones destinados no sólo a atender necesidades de comunidades vulnerables (atención de salud, educación, vivienda, etcétera), sino también a probar nuevos sistemas de intervención que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos, o a crear nuevas formas de intervención, en muchos casos adaptando modelos internacionales. La tendencia, en general, es operar programas propios más que subvencionar organizaciones ya existentes, y con una propuesta de sostenibilidad que, en pocos casos, se basa en la creación de fondos que generen una rentabilidad para su operación anual (como sería un endowment), siendo más comunes los aportes anuales basales que se complementan para la operación de programas a través de alianzas con otras fundaciones filantrópicas, estrategias de fundraising a nivel de empresas e incluso modelos de cobro por servicios, o postulación a subvenciones y fondos públicos.

La educación y la salud son áreas donde históricamente la iniciativa filantrópica ha sido relevante en la provisión de servicios a poblaciones que están en la base de la pirámide social. La educación escolar y preescolar, la cultura –por su importancia en la formación de las personas– y el aporte de becas o infraestructura a universidades, constituyen los principales focos de las contribuciones empresariales, según otro estudio del Cefis de la UAI (Aninat, 2016). Estas son áreas en las que varias fundaciones familiares están desarrollando programas para mejorar la calidad del aprendizaje.23

La inversión privada también ha adquirido un rol cada vez más relevante en la conservación medioambiental en Chile, aunque los principales parques privados del país han sido impulsados por organizaciones internacionales. Tal es el caso de la Wildlife Conservation Society y el Parque Karukinka en Tierra del Fuego, de la organización The Nature Conservancy y la Reserva Costera Valdiviana, y de The Conservation Land Trust y los parques Pumalín en Palena, Cabo León en Punta Arenas y Yendegaia en Tierra del Fuego –este último, en alianza con el Estado. Los parques Pumalín, Cabo León y Yendegaia constituyen el legado

de Douglas Tompkins, el filántropo estadounidense radicado en Chile que, poco antes de morir, señaló un cambio de mentalidad más favorable y proactivo entre los empresarios locales respecto a la conservación medioambiental (Farías, 2015).

En efecto, según cifras del Ministerio del Medioambiente, existen 308 iniciativas de conservación medioambiental privada, que cubren una superficie total estimada de 1.651.916 hectáreas. Un 80% de estas iniciativas corresponde a propietarios privados individuales, cuyas principales motivaciones, como ellos mismos señalan, son predominantemente altruistas: “Por el compromiso de colaborar con la conservación de la biodiversidad...”, “Para preservar los recursos naturales y culturales...”, “Por amor a la naturaleza...” (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). Las iniciativas privadas pueden constituirse en herramientas fundamentales de una estrategia de política pública de conservación de la biodiversidad a largo plazo, contribuyendo a cubrir ámbitos necesarios en la protección de ecosistemas en forma más integral. En este sentido, la reciente discusión legislativa y gubernamental sobre el establecimiento de mecanismos apropiados para su sostenibilidad financiera (fondos públicos, incentivos tributarios y/o bancos de compensación de impacto), y sobre la generación de instrumentos adecuados para mantener el destino de conservación en el tiempo,24 permitirían fortalecer esta tendencia.

En un ecosistema filantrópico funcional, la ciudadanía también cumple un rol relevante, no sólo al legitimar el fenómeno sino también al participar de él como parte de la sociedad civil. Fortalecer la filantropía requiere una ciudadanía que exige y vigila la práctica de la solidaridad de otros actores, pero que también la practica en la medida de sus propios recursos. Los sustanciales aportes ciudadanos en campañas masivas, como las de la Teletón, o el fundamental rol que tienen los individuos que se adhieren como “socios” en el financiamiento regular de organizaciones sociales de trayectoria y alto conocimiento, como sucede en el

23 Algunos ejemplos en educación y cultura son: Aptus, de la Fundación Reinaldo Solari y la Sociedad de Instrucción Primaria; Fundación Choshuenco; Fundación Andrónico Luksic Abaroa; Fundación Mustakis; y Fundación Colunga, que incorpora un innovador modelo de hub social, trabajando también en el área de la pobreza.

24 En junio de 2016, se promulgó la ley 20.930, que establece el derecho real de conservación. Este derecho consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste, y se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada, estableciendo ciertas prohibiciones, restricciones y obligaciones asociadas a este bien inmueble o una parte de él, con el fin de asegurar su conservación cuando se transen o hereden los predios.

caso del Hogar de Cristo,25 demuestran que lo que podría denominarse “filantropía ciudadana” tiene la capacidad de jugar un papel relevante en la sostenibilidad de iniciativas del tercer sector, y también en su gestión a través del voluntariado.

Como mencionamos al inicio de este capítulo, Chile figura como un país destacado a nivel de generosidad en los índices globales. Sin embargo, pese a la positiva percepción que la ciudadanía tiene respecto de la práctica de las donaciones de las personas, aportar a causas sociales parece estar vinculado más a un evento particular que a un hábito:26 un evento movilizado por las necesidades de una comunidad, la visibilidad de éstas, la confianza que genera la institución organizadora, y la respuesta al llamado de un líder y de los medios de comunicación. Estudios locales muestran que sólo un 40% de la ciudadanía responde afirmativamente cuando se le pregunta si realiza aportes a instituciones u obras sociales, mientras que el 60% se margina de esta práctica (Aninat, 2015a). Los grupos más propensos a donar son las mujeres, los mayores de 55 años, los estratos socioeconómicos medios y altos, y los habitantes de regiones. Entre los destinos principales de las donaciones de las personas están las organizaciones que trabajan en superación de la pobreza y salud y/o discapacidad, distanciándose de las prioridades que tienen los empresarios respecto de los focos de sus aportes (educación y cultura). Los mecanismos de donaciones de entrada y salida –como la donación del vuelto en supermercados o farmacias, principal mecanismo de donación de las personas– y la práctica, aún minoritaria en la ciudadanía, de hacer voluntariado (contribuyendo con capacidades de gestión y/o tiempo personal), son factores que dan cuenta de un débil compromiso con el hábito solidario.27

25 Hogar de Cristo cuenta con 400 mil socios que representan el 41% de los ingresos de la Fundación. Ver Hogar de Cristo, 2014: 83.

26 Según el estudio “Percepción ciudadana de las donaciones sociales empresariales”, un 54% de la ciudadanía estima que los aportes con fines sociales hechos por personas son muy altas, altas o moderadas. Esto contrasta con la percepción respecto de las donaciones de las empresas y empresarios, percibidas mayoritariamente como bajas a muy bajas. Ver Aninat, 2015a.

27 Según la Encuesta Nacional de Voluntariado 2015, dar el vuelto es el principal mecanismo de donación (65%), mientras que ser socio de alguna fundación es una tendencia minoritaria (15%). Sólo un 11% de la ciudadanía realiza alguna actividad de voluntariado. Ver Espinoza, 2015.

Articular el ecosistema

Entre 2005 y 2015, se ha registrado una importante caída en la confianza hacia las instituciones en Chile, incluyendo el Congreso, los partidos políticos, la Iglesia católica y los empresarios.28 Las organizaciones sociales no están exentas de verse afectadas por este clima de desconfianza, que genera efectos de desincentivo de donaciones, tanto de la ciudadanía como del empresariado.29 Pese a este contexto, los ciudadanos acogen de manera positiva el aporte social que los empresarios realizan en educación, salud, pobreza y cultura, y manifiestan que un aumento significativo de las donaciones en áreas sociales mejoraría la imagen que tienen de ellos.30 La gestión profesional de los recursos, la medición de resultados que den cuenta de que efectivamente se está haciendo una contribución a bienes públicos, y la adopción de prácticas de transparencia, no sólo para informar a los entes fiscalizadores sino también a la ciudadanía en general, son elementos de una discusión que recién está surgiendo entre donantes y donatarios, una discusión necesaria para construir la legitimidad social de los actores y del ecosistema de la filantropía en general.31

28 La cifra de personas que señalan tener mucha y/o bastante confianza en las empresas cayó del 16% al 8%. Esta y otras caídas en la confianza en varias instituciones son recogidas por el estudio “Una mirada al alma de Chile, 2006-2015”. Ver Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2015.

29 Según el citado estudio sobre los aportes empresariales, un 22% de los empresarios estima que el nivel profesional de las organizaciones sin fines de lucro es bajo, un 24% señala que están en proceso de profesionalización y otro 24% distingue entre las organizaciones grandes profesionales y las pequeñas de baja profesionalización (Aninat, 2016). Otra encuesta identifica la principal razón de la ciudadanía para no realizar donaciones: la falta de confianza en las instituciones que piden dinero (Espinoza, 2015). Este fenómeno de desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil se menciona también en análisis y estudios del ecosistema filantrópico a nivel latinoamericano (Salamon, 2010).

30 La citada encuesta sobre las donaciones sociales empresariales arroja que un 60% de las personas estima que es positivo que los empresarios contribuyan en áreas sociales; un 65% señala que un aumento significativo de esas donaciones mejoraría su imagen; un 27% afirma que no cambiaría nada la imagen pública de ellos; y sólo un 4% sostiene que empeoraría su imagen.

31 Un centenar de organizaciones sin fines de lucro, asociadas a la Comunidad de Organizaciones Solidarias, realizan la FECU Social, un informe anual que integra un reporte financiero y de gestión, inspirado en la Ficha Estadística Codificada Uniforme para sociedades abiertas en Chile. Ver Comunidad de Organizaciones Solidarias, s.f.

En la última década ha surgido un debate respecto del marco regulatorio que rige tanto a las organizaciones de la sociedad civil como también al sistema de donaciones, y se ha instalado la necesidad de su modificación. Por una parte, la ley 20.500 (sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública), promulgada en 2011, no sólo incorporó instancias de participación en la toma de decisiones de los entes públicos, sino que además facilitó el proceso de formalización de organizaciones sociales, reduciendo considerablemente los plazos y costos asociados a su constitución,32 y destinando recursos a su fortalecimiento institucional. Por otra parte, se ha generado una discusión respecto a la necesidad de revisar los incentivos a las donaciones desde una perspectiva amplia que termine con el sistema de incentivos parcializados y diferenciados según el ámbito social que se busca favorecer. Es importante reconocer que el sistema de incentivos ha significado un impulso relevante para el desarrollo de las organizaciones sin fines de lucro, al estimular los aportes financieros y en especies por parte de privados, logrando articular lo que la literatura denomina “economía de la caridad” (Irarrázaval y Guzmán, 2008). La última legislación, la renovada ley 20.675 (de incentivos a las donaciones con fines culturales), promulgada en 2013, amplió significativamente el universo de potenciales donantes, incorporando a los de segunda categoría, a empresas con pérdidas y a las sucesiones hereditarias. También asignó mayores obligaciones a los donatarios respecto del buen uso de los recursos y fijó la obligación de enviar reportes a los entes públicos para su necesaria fiscalización. Pese a los significativos avances de esta reciente legislación, entre los actores del ecosistema –donantes, líderes de organizaciones sociales, legisladores y expertos del ámbito tributario– existe consenso respecto a que el sistema vigente está fragmentado y disperso (actualmente existen más de cincuenta cuerpos legales que rigen el sistema). Esta situación genera dificultades a potenciales donantes y donatarios para operar con estos mecanismos, lo que crea trabas para la práctica de donar, atenta contra la transparencia e, incluso, “deja espacios abiertos para irregularidades en su utilización”, como señala el mensaje del proyecto de ley que propone la creación de un sistema unificado de incentivos a las donaciones, ingresado en marzo de 2014 al Congreso Nacional.33

32 Ver Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 2016.

33 El proyecto de ley que crea un régimen unificado para los beneficios tributarios por

Como respuesta al diagnóstico anterior, se ha propuesto la creación de un sistema unificado, independiente del ámbito o de la organización destinataria (sea relacionada a las áreas de cultura, educación, deporte, medioambiente, salud u otras), que debiera articular un mecanismo simple, regulado y transparente para los incentivos, y adecuado para facilitar la participación de los distintos tipos de contribuyentes. Si el objetivo es fortalecer el ecosistema, también es necesario integrar en el debate la generación de políticas que incentiven las alianzas público-privadas en la provisión de bienes sociales –como los bonos de impacto social–, y la creación de estímulos a los trusts y endowments para asegurar legados que fortalezcan la mirada de largo aliento (“capital paciente”), un valor propio de la filantropía.

La práctica de alianzas entre actores –ya sea entre fundaciones filantrópicas o entre fundaciones y organismos públicos– también es parte de una tendencia incipiente que, en los casos en que se ha concretado, muestra resultados exitosos. Con todo, fortalecer lo que la filosofía y la psicología han denominado “inteligencia colectiva” o “compartida” requiere poner en perspectiva la construcción de una sociedad inteligente, capaz de generar buenas soluciones a problemas universales, articulando la inteligencia individual y sus intereses con la inteligencia compartida y el capital comunitario (Marina, 2010; citado en Vergara, 2015: 19). Impulsar una práctica de alianzas para la construcción de capital comunitario requiere no sólo voluntad de las partes que comparten un objetivo social común, sino también incentivos y estructuras que la faciliten. En 1914, el alcalde de Cleveland, Ohio, se planteó el desafío de crear un mecanismo para que los empresarios que hubieran nacido o desarrollado su negocio allí, de la escala que fuera, donaran a su región. Fue el origen de las community foundation, organizaciones sin fines de lucro que canalizan aportes privados (con incentivos tributarios) hacia las prioridades de una zona geográfica determinada. Hoy, el instrumento suma unas 2.450 fundaciones comunitarias en el mundo y en Estados Unidos canaliza miles de millones de dólares en donaciones. Más recientemente, desde fines de la década de 1990, ha surgido en Estados Unidos la tendencia de crear sistemas de “impacto colectivo” donde una comunidad se articula en torno a un objetivo social común (por ejemplo, mejorar la educación

donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro fue ingresado al Congreso Nacional el 6 de marzo de 2014. Ver Boletín 9266-05 de la Cámara de Diputados (2014).

en una zona o recuperar el entorno degradado de un territorio), a través de una organización que orquesta la acción de las distintas organizaciones sociales y los entes públicos, con indicadores de medición de avances definidos de común acuerdo y los aportes de las fundaciones filantrópicas alineados con estos objetivos. Estos sistemas han entendido que la suma de las partes logra alcanzar cambios sociales de mayor alcance. En algunos casos dependen de los incentivos adecuados; en otros, de contar con los liderazgos necesarios para que ello ocurra.

En la historia y en el pasado reciente de Chile, podemos encontrar líderes y fundadores de organizaciones que han puesto en la agenda pública diversos desafíos sociales, generando soluciones innovadoras, impulsando cambios normativos y movilizando financiamiento y voluntarios para hacerles frente. Sin embargo, a pesar de este tipo de liderazgo de causas sociales y de los ejemplos mencionados anteriormente, la propia filantropía chilena está carente de líderes. En países como Estados Unidos, donde la filantropía y los aportes sociales representan el 2% del PIB y los aportes financieros o en voluntariado son una práctica cultural generalizada, el reconocimiento público y la emulación colectiva de la práctica filantrópica constituyen algunos de sus ejes (Sorman, 2014). Los ejemplos de los empresarios y filántropos Andrew Carnegie en el siglo XIX, y Bill Gates y Warren Buffett en el siglo XXI, por mencionar algunos que han donado su fortuna en vida y que asumieron como parte de su tarea impulsar a otros empresarios a asumir un fuerte compromiso filantrópico, constituyen una tradición cultural que dota de prestigio a quien la practica –aunque no está exenta de una implícita presión social. Mientras Carnegie escribió en 1889 el artículo “The Gospel of Wealth”, donde instaba a los empresarios a elegir entre donar en vida su fortuna para reducir la desigualdad o “morir en la riqueza y la desgracia”, Gates y Buffet iniciaron en 2010 The Giving Pledge, una campaña a través de la cual convocan a empresarios de alto patrimonio a comprometerse públicamente a donar al menos la mitad de su fortuna, ya sea en vida o dejándolo consignado en el testamento. En cinco años, han logrado congregar a más de 140 adherentes. “La idea del compromiso surgió de las discusiones que tuvimos con otros donantes sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que había funcionado en filantropía y lo que no había funcionado”, explican Bill y Melinda Gates en la carta en la que se comprometieron a donar la mayoría de sus activos a la fundación que lleva su nombre. “Cada uno contó cómo donar había enriquecido sus vidas.

Cada uno de los asistentes se sintió inspirado al escuchar la pasión de los demás y nos animamos a hacer algo más”, agregan.34

En Chile, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la tendencia al anonimato ha sido una constante entre individuos de alto patrimonio. El fenómeno tiene raíces históricas y religiosas (Rivera, 2010) y, todavía hoy, los empresarios mantienen esta práctica aduciendo razones relacionadas con su formación familiar o con la idiosincrasia local, que castigaría con una actitud de sospecha a quien aparezca haciendo aportes sociales. Tal como señala el capítulo chileno del estudio de filantropía latinoamericana desarrollado por el Hauser Institute de la Universidad de Harvard y el UBS Philanthropy Advisory,

esta desconfianza –que a veces se describe como “chaquetear”– se encuentra muy difundida en la cultura chilena (...) Los participantes del estudio indicaron que el ejercicio público de la filantropía llama la atención al patrimonio personal y que el éxito y la riqueza personales despiertan la sospecha, envidia y desconfianza de los pares y de grupos socioeconómicos más bajos. Más aún, existe una cierta sospecha de que la filantropía se utilice para beneficio personal y no para el bien general (Hauser Institute, 2015: 117).

Sin embargo, la emergencia de fundaciones y de donaciones en infraestructura que llevan el nombre de los donantes constituye un indicio de cierta apertura al reconocimiento personal, aunque siga predominando el reconocimiento para la empresa si ese fue el canal utilizado para el aporte. El pequeño pero incipiente grupo de empresarios dispuesto a dejar el anonimato admite cierta “necesidad” de difusión asociada a la legitimación social y al fomento de una “conciencia filantrópica”. Según un miembro de uno de los principales grupos empresariales locales, la difusión “tiene sus bemoles y costos tremendos, pero hay que involucrarse y dar a conocer que uno está participando, en forma cuidadosa, sin andar pontificando. Pero sólo así se genera confianza”.35 Con todo, la búsqueda de influencia (efecto contagio) sobre sus pares es aún tímida en la elite local. En el país todavía no es posible identificar role models fuertes al

34 La traducción es de la autora. Ver The Giving Pledge, s.f.

35 En uno de los estudios del Cefis de la UAI, el 36,6% de los empresarios entrevistados señaló optar por el anonimato total en sus aportes sociales; un 31%, se inclinó por un reconocimiento familiar o individual; un 17%, por el bajo perfil; y un 10%, por el reconocimiento de la empresa. Ver Aninat, 2016.

estilo norteamericano, donde los empresarios entregan un ejemplo de compromiso filantrópico propio pero además asumen el liderazgo para movilizar a sus pares a donar, no necesariamente buscando sumarlos a su iniciativa o fundación personal, sino con el fin de impulsar un ecosistema filantrópico de mayor escala.

El diccionario de la Real Academia Española define ecosistema como una comunidad de “seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente”. Desarrollar un ecosistema filantrópico en Chile, donde las incipientes tendencias que este capítulo aborda adquieran relevancia, exige que los actores que conforman el ambiente –donantes, beneficiarios, sector público, legisladores y ciudadanos– aporten a que éste sea proclive para su desarrollo. La construcción de un ambiente de confianza y de un entorno institucional adecuado, junto con el liderazgo de los donantes de alto patrimonio y una conciencia transversal del deber de devolver a la sociedad en la medida de los recursos propios, son factores claves para que ello suceda. Lograrlo implica mirar el fenómeno con una perspectiva más amplia. Los aportes solidarios y las redes de compromiso cívico cumplen un rol en el sistema democrático y de libre mercado: contribuyen a generar cooperación y confianza entre los ciudadanos. Entonces, no se trata sólo de altruismo para mejorar la vida de una comunidad; la filantropía tiene también un valor social. Pensadores como Francis Fukuyama (1996) y Robert Putnam (1993) han señalado que la colaboración y el sentido del deber con el prójimo –agentes motivadores de la acción altruista– contribuyen a dar forma al capital social. “La capacidad de cooperar socialmente”, dice Fukuyama en Confianza,

depende de hábitos precedentes, tradiciones y normas que, por sí mismas, sirven para estructurar el mercado. De allí que es más probable que una exitosa economía de mercado, en lugar de ser la consecuencia de una democracia estable, lo sea de un factor preexistente: el capital social. Si este último es abundante, entonces tanto los mercados como la política democrática prosperarán (1996: 384).

Reconocer este rol es la base para fortalecer el ecosistema filantrópico en Chile.

El empresario Leonardo Farkas apoyando a las víctimas del terremoto de febrero de 2010.

Douglas Tompkins con su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, en diciembre de 2014.

Felipe Cubillos, fundador de Desafío Levantemos Chile.

La Presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera durante la campaña Chile ayuda Chile, que recolectó ayuda para las víctimas del terremoto de 2010.

En

la

Escuela de las Artes del Teatro del Lago en Frutillar, fundada en 2007.

Proyecto de iluminación pública hecho por Techo en la comunidad Gariche Prince, Haití, 2013.

Teatro del Lago de Frutillar.

La banda uruguaya Cuarteto de Nos en el Festival Internacional de Innovación Social, 2015.

2012,

empresa de reciclaje TriCiclos, de origen chileno, se convirtió en la primera empresa B certificada fuera de Norteamérica.

Un niño en la marcha contra HidroAysén del 20 de mayo de 2011 en Santiago.

Sergio García Pardo

INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS DONACIONES SOCIALES Y CULTURALES

sebastián guerrero

Una limitante actual para darles curso a las contribuciones filantrópicas es la legislación que regula las donaciones. Se trata de múltiples normas, en su mayoría engorrosas y difíciles de aplicar, lo cual se traduce en un sistema inequitativo, pues muchas instituciones benéficas no pueden costear asesoría legales. Si bien hay un proyecto de ley presentado en el Congreso en marzo de 2014, moderno y simplificado, su tramitación ha tenido nulo avance legislativo. Para remediar tal situación, en principio transitoria, este artículo presenta un análisis pormenorizado de los diferentes incentivos tributarios que contemplan las principales normas legales.

¿Son necesarios los incentivos tributarios?

Muchas veces, cuando una fundación o corporación recurre a terceros apelando a la generosidad para obtener fondos, la pregunta del posible donatario es: ¿tienen certificado de donaciones? La respuesta ideal sería otra pregunta: ¿es necesario entregar un certificado de donaciones para aportar a un proyecto?

Estas preguntas han movido por años el mundo de las donaciones. Hay quienes sostienen que la donación se hace no por razones tributarias, sino por razones netamente sociales, comunitarias, espirituales, confesionales o narcisistas.1 Otros, en cambio, sostienen que, de no existir beneficios tributarios, las personas no donarían o lo harían en cantidades irrelevantes. Sin embargo, según explica Guy Sorman en El corazón americano, estudios realizados en Estados Unidos concluyen que la exención fiscal no es determinante al momento de donar, pese a que el mundo de la cultura y las artes es el más sensible a los beneficios tributarios.

En Chile, la realidad parece ser otra, pero no porque los chilenos no sean generosos, sino porque muchas veces es la propia legislación la que inhibe una mayor contribución a proyectos sociales o culturales. Por una parte, las personas naturales no gozan de plena autonomía para donar, ya que su capacidad para donar está limitada por las llamadas asignaciones

1 Harvey Dale, director del Centro de Estudio de la Filantropía de la Universidad de Nueva York, sostiene que las razones tributarias nada tienen que ver con el verdadero ánimo que inspira una donación (Sorman, 2014). Dale fundamenta lo anterior en el hecho de que las grandes fundaciones de Estados Unidos datan del siglo XX, cuando no existían los impuestos a las ganancias.

forzosas.2 Por otra parte, está el trámite de insinuación de las donaciones,3 y, por regla general, las donaciones pagan impuestos, como se explicará más adelante.

En definitiva, la legislación tributaria chilena, pese a otorgar incentivos tributarios, castiga cualquier donación que no esté amparada en alguna de las tantas normas que regulan las donaciones. Así, si una empresa dona sin recibir un certificado de donación, ese desembolso será considerado como gasto rechazado, el cual estará sancionado con un impuesto multa del 35%. Entonces, la pregunta sobre si se tiene un certificado de donación pasa a ser relevante, ya que, en caso de no tenerlo, la donación puede costarle al contribuyente que declara según contabilidad completa un 35% más caro.

Por otro lado, hay actividades –como el deporte– donde los beneficios tributarios de nuestra legislación están más focalizados en proyectos realizados por fundaciones o corporaciones más que en la institución misma. Así, por ejemplo, para optar a estos beneficios debe postularse un proyecto deportivo específico, sin permitir que se postulen derechamente las fundaciones o corporaciones deportivas. Es una realidad distinta a la que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde su código federal permite deducir de los ingresos el monto de las donaciones que se hagan a fundaciones privadas, iglesias o instituciones caritativas, todas reconocidas como tales en la propia legislación, independiente de sus proyectos y sin limitaciones. Lo mismo ocurre en España, donde para tener beneficios tributarios basta con que una fundación o asociación sea declarada de utilidad pública por la administración y cumpla con otros requisitos formales. Esto permite un financiamiento permanente a un sinnúmero de instituciones, sin necesidad de postular año a año con proyectos específicos. No obstante, pese a los esfuerzos que se han hecho en Chile para modernizar y simplificar la normativa relacionada a las donaciones,4 actual-

2 De acuerdo a estas reglas, la mitad de los bienes de una persona deben ir necesariamente a los llamados asignatarios forzosos, no pudiendo ser destinada esa parte a otras personas. Las asignaciones forzosas son aquellas que por ley deben ir a los llamados “legitimarios”: el cónyuge, los hijos y los ascendientes.

3 La insinuación es la autorización judicial de la donación, la cual tiene por objeto que ésta no contravenga ninguna disposición legal.

4 El 6 de marzo de 2014 se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que crea un régimen unificado para los beneficios tributarios por donaciones efectuadas a

mente existen más de noventa normas que regulan las donaciones en el país –muchas de ellas, desconocidas, engorrosas y de difícil aplicación–, incluyendo la normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de circulares y resoluciones. Esto produce una clara inequidad en el acceso al sistema de donaciones, ya que las instituciones benéficas tienen que recurrir a asesorías legales para poder acceder a estas normas, las que, dada su complejidad técnica, muchas veces son de difícil comprensión para la mayoría de las personas.

Incentivos tributarios

Antes de analizar los diferentes beneficios tributarios de las donaciones, es importante tener claro conceptos comunes a dichas leyes, como los de donación, impuesto y franquicia.

Las donaciones son transferencias gratuitas de dinero o de bienes que hace una persona (donante) a otra (donatario). El componente de gratuidad es esencial para conservar el carácter de donación. En caso de haber cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, bienes o servicios, la donación pierde la naturaleza de tal y pasa a ser clasificada como otro acto o contrato, dependiendo de sus características.

Los impuestos, por su parte, son pagos que se deben realizar al Estado para cubrir sus gastos generales, sin que el contribuyente reciba otro beneficio que aquel indeterminado que reciben todos los habitantes del país por el funcionamiento de los servicios públicos. Dentro de los impuestos, el impuesto directo más importante es el impuesto a la renta, que grava los incrementos de patrimonio que tiene una persona.

En caso de que una persona reciba una renta, el impuesto dependerá del tipo de persona o contribuyente. En el caso de las personas naturales, las rentas quedarán gravadas con un impuesto denominado global complementario, que tiene una tasa progresiva que va desde 0% a 35%, dependiendo de los ingresos percibidos anualmente; mientras más altos sean los ingresos, mayor es la tasa de impuesto a pagar. Por otra parte, las personas jurídicas –incluidas las entidades sin fines de lucro– normalmente quedarán gravadas con un impuesto denominado de primera

entidades sin fines de lucro. Hasta la redacción de este artículo, lamentablemente, el proyecto ha tenido nulo avance legislativo.

categoría, con una tasa del 25% o 27%, dependiendo del régimen tributario de cada contribuyente.5 A su vez, las donaciones recibidas no se encuentran afectas al impuesto a la renta.6

Además del impuesto a la renta ya mencionado, hay impuestos específicos –como el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones– que gravan, también con una tasa progresiva, las donaciones recibidas por personas naturales o jurídicas. El porcentaje correspondiente se aplicará al monto donado, siendo más alto en la medida que la donación tenga mayor valor, pudiendo llegar hasta un 25%.7 Sin perjuicio de lo anterior, es una característica común a las leyes que analizaremos la exención (no pago) del impuesto específico a las donaciones.

Por último, una franquicia, para estos efectos, es una rebaja o exención del impuesto a la renta correspondiente, la cual será otorgada a la persona que deberá soportar el mismo impuesto. En la legislación chilena existen diversas leyes que establecen franquicias tributarias, favoreciendo a determinadas instituciones, y estableciendo una serie de requisitos para el donante, el donatario y el objeto de la donación. Para el donatario, las principales franquicias son la exención del impuesto a las donaciones contempladas en la ley 16.271 –la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones– y la liberación del trámite judicial de la insinuación. Para el donante, a su vez, la principal franquicia consiste en poder rebajar todo o parte del monto donado del impuesto a la renta, ya sea como crédito o como gasto, según se explicará más adelante. Así, encontramos algunos incentivos que consisten en que el monto donado pueda ser rebajado como gasto para el cálculo de la renta líquida imponible, y otros en los cuales el monto donado constituye un crédito contra el impuesto a la renta determinado en el año en que se realiza la donación. Es importante recalcar que es parte de la esencia de toda donación que no exista contraprestación alguna a cambio de ésta. Es así como la legislación chilena prohíbe de manera expresa que exista alguna contraprestación y sanciona penalmente la mala utilización de las franquicias

5 Para los contribuyentes acogidos al régimen de renta atribuida, la tasa del impuesto de primera categoría será del 25%; para aquellos acogidos al régimen parcialmente integrado, esta tasa será del 27%.

6 Ver el artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824.

7 Las donaciones que exceden de 1.200 UTA (aproximadamente $660.000.000) se gravan con la tasa del 25%, y hasta 80 UTA (aproximadamente $44.000.000) se gravan con un 1%.

tributarias que revisaremos más adelante. En efecto, de acuerdo a las normas contenidas en el Código Tributario,8 se sanciona a: los donantes que, dolosamente y en forma reiterada, reciban de las instituciones a las cuales les efectuó una donación, una contraprestación directa o indirecta, o si se simulara una donación para acceder a una franquicia tributaria; los donantes que, dolosamente y en forma reiterada, deduzcan como gasto donaciones que las leyes no permitan rebajar; y a los donatarios que dolosamente destinen o utilicen donaciones que otorgan franquicias tributarias a fines distintos de los señalados en sus estatutos. Para estos efectos, la circular número 55 del SII, de 2003, señala que debe entenderse por contraprestación “aquello que la donataria dé, haga, o se abstenga de hacer, en forma total o parcialmente gratuita a favor del donante o demás personas señaladas en la norma, en razón o a raíz de la donación”, sin que se consideren como contraprestación pequeños regalos, objetos o reconocimientos que por costumbre los donatarios hacen a los donantes, como entradas a espectáculos o ejemplares de libros, entre otros (SII, 2003).

A continuación, analizaremos los diferentes incentivos tributarios que contemplan las principales normas legales, partiendo por aquellos incentivos que dan derecho a rebajar como gastos el monto donado, para luego analizar aquellos incentivos que dan derecho a crédito.

1 . Incentivos que dan derecho a rebajar como gasto el monto donado

Las donaciones al amparo de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del decreto ley 3.063, sobre Rentas Municipales, dan derecho al donante a rebajar como gasto el monto de lo donado en la determinación de la renta líquida imponible. Es decir, al donante se le autoriza a considerar como un gasto toda la cantidad donada o parte de ella, lo que en consecuencia disminuye la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a la renta. Así, por ejemplo, si los ingresos totales del año son $10.000.000 y en el mismo período se donó la suma de $1.000.000, la base imponible se reduce a $9.000.000.

8 Ver el artículo 97, número 24.

1.1. Donaciones reguladas por el artículo 31 , número 7 , de la Ley sobre Impuesto a la Renta

Esta norma contempla la posibilidad de rebajar como gasto necesario para producir la renta las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitaria del país.

Sujetos

–Donantes: personas naturales o jurídicas que declaren sus impuestos en base a contabilidad completa (normalmente empresas).

–Donatarios: cualquier persona natural o jurídica que destine las donaciones a programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales.9

Beneficio tributario

–El donante podrá deducir como gasto necesario para producir su renta el valor de la donación, hasta el límite que se indica más adelante. Las donaciones podrán ser efectuadas en dinero o bienes.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–Se acepta como gasto hasta un monto equivalente al 2% de la renta líquida imponible de la empresa, o del 1,6% del capital propio tributario de la empresa.

–El total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la renta líquida imponible del donante que sea contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destino de la donación

–Programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales.

9 El artículo 31, número 7, de la Ley sobre Impuesto a la Renta agrega como donatarios, sin necesidad de destino de las donaciones a los fines indicados, a los Cuerpos de Bomberos de la República, al Fondo de Solidaridad Nacional, al Servicio Nacional de Menores, al Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario y a los Comités Habitacionales Comunales.

Acreditación

–El donatario deberá emitir un certificado en el que conste, al menos: el nombre del donante y del donatario; el monto y la naturaleza de la donación; y la fecha y la firma del donatario o representante legal.

1.2. Donaciones al amparo del artículo 46 del decreto ley 3.063 sobre Rentas Municipales

Esta norma contiene beneficios para incentivar las donaciones en dinero con fines educacionales, sociales y artísticos.

Sujetos

–Donantes: contribuyentes que declaren sus rentas efectivas mediante un balance general (generalmente empresas o trabajadores independientes que lleven su propia contabilidad).

–Donatarios: a) establecimientos educacionales, hogares estudiantiles, establecimientos que realicen prestaciones de salud y centros de atención de menores que hayan sido traspasados a las municipalidades; b) establecimientos de educación privados reconocidos por el Estado, de enseñanza básica gratuita, y de enseñanza media científico humanista y técnico profesional, siempre que estos establecimientos de enseñanza media no cobren una cantidad superior a 0,63 de unidad tributaria mensual (UTM)10 por concepto de derechos de escolaridad; c) establecimientos de educación regidos por el título XXXIII del libro I del Código Civil (sobre fundaciones y corporaciones); d) establecimientos de educación superior creados por ley; e) centros privados de atención de menores; f) establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita; g) establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado; h) el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico; e i) instituciones sin fines de lucro cuyo propósito sea la creación, investigación o difusión de las artes y las ciencias, o que realicen programas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad, creadas por ley

10 Unidad que corresponde a un monto de dinero expresado en pesos y determinado por ley, el cual se actualiza en forma permanente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se utiliza como medida tributaria.

o regidas por el título XXXIII del libro I del Código Civil (sobre fundaciones y corporaciones).11

Beneficio tributario

–Se permite reducir el monto donado como gasto necesario para producir la renta del contribuyente, de conformidad al artículo 31, número 7, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según se explicó anteriormente.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–El total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la renta líquida imponible del donante que sea contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destino de los fondos

–Las donaciones deberán destinarse exclusivamente a solventar gastos de las instituciones donatarias, o a efectuar ampliaciones o mejoras de sus edificios e instalaciones.

Acreditación

–Las donaciones deben ser en dinero y registrarse en el año en que han sido efectuadas. Se acreditan con un boletín o comprobante otorgado por la municipalidad o el establecimiento que reciba la donación.

–El donatario debe emitir un certificado correlativo debidamente timbrado por la Dirección Regional competente del SII.12

11 En el caso de donatarios individualizados bajos las letras i, h y g, éstos deben estar regidos por las normas del título XXXIII del libro I del Código Civil, o ser creados por ley, y tener vigente su personalidad jurídica. Además, su objeto deber ser la creación, investigación o difusión de las artes y las ciencias o realizar programas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad, acreditándose dichas finalidades según sea el objeto corporativo de la institución respectiva.

12 Este certificado deberá emitirse en duplicado, señalando en forma impresa el donatario (el documento original es para el donante), y contener: a) la leyenda “Certificado que acredita donación Artículo 46, DL Nº 3.063”; b) individualización de la institución donataria, y RUT, domicilio e identificación del representante legal; c) nombre o razón social del contribuyente donante y de su representante legal, y RUT, domicilio, giro comercial o actividad económica que desarrolla; d) monto de la donación, en números y

2. Incentivos que dan derecho a crédito

Así como una de las franquicias tributarias es la posibilidad de rebajar como gasto el monto donado, existen otras normas cuya franquicia consiste en que lo donado pueda constituir un crédito contra los impuestos. Es decir, si por ejemplo el impuesto a la renta en el año en que se efectúa la donación es de $5.000.000 y el monto donado es de $1.000.000, el monto total del impuesto a pagar será de $4.000.000.

Las principales normas que otorgan la mencionada franquicia son:

2.1. Donaciones efectuadas a universidades e institutos profesionales estatales y particulares, de acuerdo con el artículo 69 de la ley 18.681

Los beneficios contemplados en esta norma son para incentivar las donaciones en dinero con fines educacionales a universidades e institutos profesionales.

Sujetos

–Donantes: contribuyentes del impuesto de primera categoría que acrediten sus rentas mediante contabilidad completa o simplificada (normalmente empresas), y personas naturales que declaren sus ingresos bajo el sistema de renta efectiva (que lleven contabilidad).13

–Donatarios: universidades e institutos profesionales, estatales y/o particulares reconocidos por el Estado.

Beneficio tributario

–Podrá ser deducido del impuesto a la renta un 50% del monto de la donación, siempre y cuando se respeten los fines establecidos en la ley, los cuales se señalan más adelante.

letras; y e) fecha en que se efectúa la donación. Al recibir el SII una solicitud de timbraje de formulario de certificado, la Dirección Regional que corresponda remitirá al Ministerio de Justicia tal petición para que éste verifique en un plazo máximo de 90 días el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser donatario.

13 No contarán con este beneficio los contribuyentes que hayan optado por el beneficio de donaciones en conformidad a la ley 19.247 de 1993, sobre Donaciones con Fines Educacionales, o según el artículo 8 de la ley 18.985 de 1990, sobre Donaciones con Fines Culturales.

–Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito, podrá deducirse como gasto necesario para producir la renta, en conformidad con el artículo 31, número 7, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. –En caso de que el crédito sea mayor que la base imponible, el remanente podrá ser utilizado en el ejercicio siguiente (se posterga el uso de la parte del crédito no utilizada hasta el año siguiente).

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–El crédito disponible es un monto que no podrá exceder las 14.000 UTM, o el monto del impuesto menos las contribuciones de bienes raíces. –El total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la renta líquida imponible del donante que sea contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destino de los fondos

–Las donaciones deberán estar destinadas a: financiar la adquisición de inmuebles (por ejemplo, edificios o terrenos) y equipamiento (por ejemplo, muebles o computadores);14 la readecuación de infraestructura para apoyar el perfeccionamiento académico; financiar becas para académicos y estudiantes, y la realización de seminarios; y/o financiar proyectos de investigación de las instituciones de educación superior.

Acreditación

–La donación debe ser en dinero y estar registrada dentro del ejercicio en el cual se incurrió en el desembolso. Además, el Ministerio de Educación deberá otorgar una resolución exenta visando la donación dentro del plazo de 30 días desde su requerimiento.

–El donatario deberá entregar un certificado al donante en forma impresa.15

14 Los bienes muebles adquiridos con las donaciones quedarán afectados a los fines de docencia, investigación y extensión de la institución.

15 Este certificado deberá contener: a) la leyenda “Certificado que acredita donación artículo 69, Ley N° 18.681”; b) individualización de la institución donataria, y RUT, domicilio e identificación del representante legal; c) nombre o razón social del contribuyente donante y de su representante legal, y RUT, domicilio, giro comercial o actividad

2.2. Donaciones efectuadas con fines culturales de acuerdo con el artículo 8 de la ley 18.985

Esta ley –conocida como Ley Valdés– contempla importantes normas que otorgan beneficios tributarios para incentivar las donaciones con fines culturales a diversas entidades y actividades educacionales o culturales.

Sujetos

–Donantes: contribuyentes del impuesto de primera categoría que acrediten sus rentas mediante contabilidad completa (normalmente empresas); personas naturales que declaren sus ingresos en base a renta efectiva (que lleven contabilidad); y personas naturales afectas a los impuestos de segunda categoría, global complementario o adicional.16

–Donatarios: a) universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado; b) las bibliotecas abiertas al público general o las entidades que las administran; c) corporaciones, fundaciones o entidades sin fines de lucro; d) organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo a la ley 19.418 –que establece normas sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias–, y organizaciones de interés público –reguladas por la ley 20.500– cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte; e) los museos estatales y municipales y los museos privados que estén abiertos al público general, siempre que sean de propiedad de y estén administrados por entidades o personas jurídicas que no persigan fines de lucro; f) el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; g) los propietarios de inmuebles declarados monumento nacional y los propietarios de los inmuebles de conservación histórica, reconocidos en

económica que desarrolla; d) monto de la donación, en números y letras; e) fecha en que se efectúa la donación; f) numeración en forma impresa y correlativa. Debe estar debidamente timbrado y registrado en la Dirección Regional del SII que corresponda al domicilio de la destinataria; ser emitido en triplicado, señalando el destino de cada uno de los ejemplares en forma impresa en el margen inferior izquierdo del documento; y ser suscrito, con expresión del nombre, con la firma y el timbre del representante legal de la institución donataria o la persona habilitada para ello. Además, debe señalar el destino o afectación que se dará a la donación referida.

16 El impuesto adicional es el impuesto que grava las rentas de los no domiciliados ni residentes en Chile.

la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en su respectiva ordenanza; h) los propietarios de inmuebles ubicados en sectores publicados en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco; e i) los municipios y los demás órganos del Estado que administren bienes nacionales de uso público, en aquellos casos que el proyecto tenga como objeto restaurar y conservar zonas típicas y zonas de conservación histórica.

Beneficio tributario

–Podrá ser deducido del impuesto a la renta un 50% del monto de la donación. Para los contribuyentes del impuesto adicional, el crédito es de un 35% del monto de la donación.

–Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito, podrá reducirse como gasto hasta el monto de la renta líquida imponible del ejercicio en que se efectuó la donación, y, si hubiese un exceso, podrá deducirse como gasto hasta en los dos ejercicios siguientes en que se realizó la donación.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

–El 50% del monto donado por una persona natural puede ser imputado como crédito contra el impuesto a la herencia. El mismo crédito se otorga contra las donaciones en dinero o en especies efectuadas por las sucesiones hereditarias.17

Límite

–Para los contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren sus rentas mediante contabilidad completa, el monto de la donación no podrá ser superior –a su elección– al 5% de la base imponible (renta anual sobre la cual se aplica la tasa correspondiente) o al 1,6% del capital propio tributario del donante. En caso de optar por la segunda opción, los contribuyentes podrán donar aun cuando tengan pérdidas tributarias. El crédito, por su parte, no podrá exceder el 2% de la base imponible del contribuyente (renta anual sobre la cual declara) o las 20.000 UTM.

–Para los contribuyentes del impuesto global complementario, el crédito que otorga esta norma se aplica después de cualquier otro crédito que pudiera tener, y con el mismo límite para donar del 5% de la renta líquida imponible.

–Para los contribuyentes del impuesto adicional, el crédito no puede ser superior al 2% de la renta imponible anual y en ningún caso puede exceder las 20.000 UTM

–Las prestaciones efectuadas por el donatario o terceros relacionados (o contratados por éstos) en favor del donante, deberán tener un valor que no supere el 10% del monto donado, sin aplicación del tope máximo de 15 UTM

–El crédito contra el impuesto de herencia no puede exceder el 40% del impuesto que le habría correspondido a cada heredero.

Destino de los fondos

–Las donaciones deben ser destinadas al financiamiento de un determinado proyecto aprobado por el Comité Calificador de Donaciones Culturales Privadas.

Acreditación

–La donación puede ser en dinero efectivo o en especies. El donatario deberá emitir un certificado de donación, dando cuenta de la donación efectuada.

2.3. Donaciones efectuadas con fines educacionales de acuerdo con el artículo 3 de la ley 19.247

Según esta norma, se otorgan beneficios tributarios para incentivar las donaciones a establecimientos educacionales cuyos fondos estén destinados a financiar proyectos educativos.

Sujetos

–Donantes: contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva (normalmente empresas).

17 La ley 20.675, del año 2013, incorporó este importante beneficio tributario, permitiendo que lo donado por una persona natural también pueda constituir un crédito con el impuesto de herencia. Asimismo, permite a la sucesión donar parte de la herencia obteniendo un crédito contra el mismo impuesto de herencia.

–Donatarios: a) establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades o corporaciones; b) establecimientos de educación media técnico-profesional administrados por entidades

educacionales privadas sin fines de lucro, según el decreto ley 3.166 de 1980; c) instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores que no tengan fines de lucro; d) establecimientos de educación prebásica gratuitos, de propiedad de las municipalidades, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o de corporaciones o fundaciones privadas sin fines de lucro con fines educacionales; y e) establecimientos de educación subvencionados, mantenidos por corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Beneficio tributario

–Podrá ser deducido del impuesto a la renta un 50% del monto de la donación, siempre y cuando se respeten los fines establecidos en la ley señalados más adelante.

–Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito, podrá deducirse como gasto necesario para producir la renta.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–El crédito no podrá exceder el 2% de la base imponible del contribuyente (renta anual sobre la cual se declara) o las 14.000 UTM.

–El total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la renta líquida imponible del donante que sea contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destino de la donación

–Las donaciones deben ser destinadas a financiar un proyecto educativo aprobado por el intendente de la región, y deben indicar si se financia directamente con la donación o se entrega en comisión de confianza a un banco para que administre o invierta los fondos. Los fondos donados deberán ser utilizados para: construir, instalar, reponer, poner en marcha o mejorar la infraestructura o el equipamiento de un establecimiento educacional; capacitación y perfeccionamiento de profesores; y/o gastos operacionales administrados por comisiones de confianza.

Acreditación

–La donación debe ser en dinero y registrarse en el ejercicio correspondiente.

–El donatario debe contar con la aprobación del proyecto educativo por parte del intendente de la región correspondiente.

–El donante deberá entregar los fondos en comisión de confianza bancaria en todos aquellos casos en que la donación tenga por destino gastos operacionales. Esto no es necesario en caso de proyectos de al menos cuatro años, totalmente financiados con donantes que no hubieren donado más del 10% del proyecto y con informe favorable del secretario regional de planificación.

–El donatario deberá acreditar la donación, su monto y su destino, mediante un certificado debidamente timbrado por el SII.18 Se debe incluir una copia del certificado para el SII y otra para la intendencia regional.

–El donatario deberá preparar anualmente un estado de los ingresos y el detalle de los recursos usados, el cual deberá ser remitido dentro de los primeros tres meses de cada año a la dirección regional del SII.

2.4.

Donaciones

efectuadas con fines deportivos de acuerdo al artículo 62 y siguientes de la ley 19.712 (Ley del Deporte)

La Ley del Deporte contempla beneficios tributarios para incentivar las donaciones que fomenten el deporte nacional, otorgando franquicias a quienes donen a determinadas instituciones deportivas y proyectos deportivos.

Sujetos

–Donantes: contribuyentes del impuesto de primera categoría que acrediten sus rentas mediante contabilidad completa (normalmente empresas) y personas naturales que declaren sus ingresos bajo el sistema de renta efectiva (que lleven contabilidad).

–Donatarios: Instituto Nacional de Deportes de Chile, en beneficio de la cuota nacional o de una o más cuotas regionales del Fondo Nacional para

18

Dicho certificado deberá contemplarse en un formulario numerado en forma correlativa, timbrado y registrado por el SII, el cual deberá contener la individualización completa del donante y del donatario, monto y fecha de la donación, destino (si financia directamente gastos o inversiones o se constituye una comisión de confianza), número y fecha de la resolución emitida por la intendencia regional aprobando el proyecto educativo por el donante. Además, debe llevar impresa la referencia al artículo 3 de la ley 19.247.

el Fomento del Deporte; organizaciones deportivas;19 y corporaciones de alto rendimiento, o una corporación municipal de deportes.

Beneficio tributario

–Podrá ser imputado como un crédito contra el impuesto a la renta del donante un 50% del monto de la donación en aquellos casos en que la donación sea efectuada para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley y no supere las 1.000 UTM, o bien sea efectuada para adquirir, construir, reparar o ampliar recintos deportivos y no supere las 8.000 UTM.

–Igualmente, podrá ser imputado como un crédito contra el impuesto a la renta un 50% del monto de la donación en aquellos casos en que, pese a superar las 1.000 u 8.000 UTM, según corresponda, la donación sea efectuada para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley, y al menos un 30% de la donación esté destinada a otro proyecto de los contemplados en un registro especial llevado al efecto, o a la cuota nacional o a una o más cuotas regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

–Podrá ser imputado como un crédito contra el impuesto a la renta un 35% del monto de la donación en aquellos casos en que la donación no cumpla con alguno de los requisitos señalados en los párrafos precedentes.

–Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito podrá reducirse como gasto necesario para producir la renta.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–El crédito no podrá exceder el 2% de la base imponible del contribuyente (renta anual sobre la cual se declara), o las 14.000 UTM al mes de diciembre del año en que se efectuó la donación.

–El total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la renta líquida imponible del donante que sea contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destino de la donación

–Financiar la cuota nacional o una o más cuotas regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

–Financiar un proyecto aprobado por el Instituto Nacional de Deportes, que puede incluir la adquisición de bienes corporales (muebles o inmuebles) que sean destinados permanentemente a las actividades deportivas del donatario, o a la realización de gastos para actividades determinadas o el funcionamiento de la institución donataria.

–Las donaciones no pueden usarse para financiar competiciones en las que participen deportistas profesionales, ni tampoco pueden beneficiar a organizaciones formadas por personas o empresas con vínculos patrimoniales con el donante o formadas mayoritariamente por personas con vínculos de parentesco con éste.

Acreditación

–El donatario debe procurar que el proyecto se encuentre en el registro que contempla la ley 19.712.20

–La donación debe ser en dinero y contabilizada por el donante en el ejercicio correspondiente.

–El donatario debe suscribir con el donante un convenio de ejecución del proyecto, el cual debe cumplir con las especificaciones y formalidades que señale la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes.

–El donatario deberá dar cuenta de haber recibido la donación mediante un certificado, el cual deberá ser otorgado en al menos tres ejemplares, debiendo el donatario conservar dos de ellos.21

–El donante deberá entregar los fondos en comisión de confianza bancaria en todos aquellos casos en que la donación tenga por destino gastos operacionales.

–Entre otras limitaciones y regulaciones al destino de los fondos recibidos, se indica que en toda publicación o propaganda en que se mencione al donante debe especificarse que se encuentra acogido a la Ley del Deporte.

20 Proyectos incluidos en el registro que se indica en el artículo 68 de la ley 19.712, aprobados en conformidad con lo contemplado en su artículo 64.

19 Se refiere a las organizaciones deportivas tratadas en el artículo 32 de la ley 19.712.

21 El certificado deberá ser emitido en formulario impreso, numerado en forma correlativa, timbrado y registrado por el SII, y deberá contener, al menos, la individualización completa del donante y del donatario, monto y fecha de la donación, y el destino de ésta, indicando el proyecto, su objetivo y su costo. Además, debe llevar impresa la referencia al artículo 62 de la ley 19.712.

2.5. Donaciones efectuadas con fines sociales de acuerdo con la ley 19.885

Esta ley, del año 2003, establece el beneficio de rebajar como crédito con los montos donados a instituciones que presenten servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas, y al Fondo Mixto de Apoyo Social.22

Sujetos

–Donantes: contribuyentes del impuesto de primera categoría (normalmente empresas) y personas naturales contribuyentes de los impuestos global complementario y de segunda categoría.

–Donatarios: a) corporaciones o fundaciones que tengan la finalidad de proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o discapacitadas, y que estén debidamente incorporadas o inscritas en el registro que debe llevar el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan);23

b) establecimientos educacionales que tengan proyectos destinados a la prevención o rehabilitación de adicciones de alcohol o drogas para sus alumnos y/o apoderados; y c) el Fondo Mixto de Apoyo Social.

Beneficio

tributario

El beneficio o franquicia tributaria dependerá del tipo de donante: –Empresas: en términos generales, podrá ser imputado como un crédito contra el impuesto a la renta un 50% del monto de la donación. Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada como crédito podrá reducirse como gasto necesario para producir la renta. Al respecto, es importante tener presente que el porcentaje indicado puede estar sujeto a un aporte al Fondo Mixto de Apoyo Social.24

22 Es un fondo creado por la Ley sobre Donaciones con Fines Sociales para apoyar iniciativas que presenten organizaciones de la sociedad civil y que beneficien directamente a personas en situación de pobreza y/o a personas con discapacidad. Los recursos del fondo provienen de donaciones de empresas y personas.

23 Para incorporarse a dicho registro, la correspondiente institución debe acreditar que se encuentra en funcionamiento y que ha dado cumplimiento efectivo e ininterrumpido a sus fines estatutarios al menos durante el año inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de inscripción al registro.

24 En caso de donaciones superiores a 1.000 UTM en que no se haya donado al menos un 33% al Fondo Mixto de Apoyo Social, podrá ser imputado como crédito sólo un 35%

–Personas naturales: tendrán derecho a imputar como crédito contra el impuesto a la renta un 50% del monto de la donación. Aquellos contribuyentes que llevan contabilidad en base a gasto efectivo y que declaran sus impuestos en base a dicha contabilidad podrán, además, utilizar como gasto necesario para producir la renta el 50% restante, al igual que las empresas.

–Las donaciones estarán exentas del impuesto a las herencias y donaciones establecido en la ley 16.271, y se liberarán del trámite judicial de la insinuación.

Límite

–Empresas: el total de las donaciones no podrá exceder el monto equivalente al 5% de la base imponible, tomando en conjunto todas las donaciones efectuadas que se encuentren beneficiadas con alguna franquicia. En caso de donaciones irrevocables a largo plazo (mínimo 4 años, por escritura pública y en UF), se tendrá por límite un 1,6% del capital propio tributario del donante, por lo que podrá rebajar como gasto aquella parte que exceda el 5% de la base imponible hasta el límite señalado, el cual no podrá ser superior a 14.000 UTM anuales.

–Personas naturales: el total de las donaciones no podrá exceder el 20% de su renta imponible o la suma equivalente a 320 UTM.

Destino de la donación

–Las donaciones deben estar dirigidas a financiar programas de entidades que en sus estatutos acuerden proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o discapacitadas. Dichos servicios podrán corresponder a necesidades inmediatas de las personas (como vivienda o salud); servicios orientados a aumentar la capacidad de las personas de mejorar sus oportunidades de vida (como la habilitación para el trabajo), a la nivelación de estudios o al apoyo a personas discapacitadas para mejorar sus condiciones de empleabilidad; y a servicios tendientes a prevenir la realización de conductas que marginen socialmente a las personas

del monto de la donación. El Fondo Mixto de Apoyo Social se encuentra administrado por un Consejo que tiene por funciones: calificar las entidades que podrán recibir recursos por concepto de las donaciones a las que se refiere la ley 19.885, aprobar la incorporación al registro que lleva el Mideplan, y aprobar los criterios y requisitos para la postulación de proyectos o programas a ser financiados por las donaciones por parte de las instituciones incorporadas al registro.

–como alcoholismo, drogadicción o violencia intrafamiliar, entre otras–, o que atiendan o mitiguen las consecuencias de tales conductas. Estos servicios deberán ser entregados a personas distintas a los asociados a la institución, en forma gratuita o contra el pago de tarifas que no excluyan a potenciales beneficiarios de escasos recursos.

Acreditación

–Los donatarios deberán entregar al donante un certificado denominado “Certificado Nº 25. Acredita Donaciones Efectuadas Para Fines Sociales”, el cual deberá señalar, entre otros aspectos, la identidad del donante y el monto y la fecha de la donación. Los certificados, antes de ser extendidos, deben ser debidamente timbrados por la dirección regional del SII que corresponda al domicilio del donatario.

–Los donatarios deberán informar al SII el monto de las donaciones, e identidad, domicilio y RUT del donante y del donatario.

¿Cómo avanzamos?

La realidad está a la vista. Culturalmente, los chilenos no somos una nación de grandes donantes, como sí es la sociedad estadounidense. Históricamente, hemos creído que, pagando nuestros impuestos, es el Estado quien debe preocuparse de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos (aunque, paradójicamente, muchas veces se intenta pagar lo menos posible en impuestos). Por años, los chilenos hemos estado más preocupados de nuestros propios retornos que de contribuir a la sociedad que nos ha permitido desarrollarnos. Pero se ve que esta realidad está cambiando lentamente. Hoy, las empresas están cada día más conscientes del rol social que desempeñan. Ya no se concibe una gran empresa sin políticas de “responsabilidad social”. Los chilenos estamos con mayor disposición a donar. Si es suficiente o no, queda a juicio de cada donante. Asimismo, las personas están entendiendo la importancia de retribuir a la sociedad lo que ésta les ha dado. Pese a esta mayor disposición a donar, el Estado está al debe.

Como sociedad, debemos avanzar y crear conciencia de la importancia que tiene aportar a diversas actividades sociales, culturales, educacionales y deportivas, entre otras. Existen cientos de fundaciones y organizaciones que realizan grandes obras y que buscan desesperadamente aportes para

el cumplimiento de sus fines. Debemos crear una cultura de la donación, cultura que debe venir del propio Estado, entendiendo que la filantropía se autorregula, ya que se basa en la confianza entre los que donan y quienes reciben las donaciones. Hay múltiples actividades en donde el Estado no puede llegar, y es ahí donde estas instituciones cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad. Es tarea del Estado fomentar el funcionamiento de tales entidades. En Chile, existen muchas instituciones sociales, culturales, deportivas y de salud que claman por mayores aportes para funcionar.

Cuesta entender que no se reactive el proyecto de ley que actualmente “duerme” en el Congreso Nacional.25 Un proyecto que aumenta los beneficios a las donaciones con un sistema único, transparente y abierto a todas las instituciones, donde las donaciones que se les hagan puedan optar a beneficios por el solo hecho de ser aportadas a ciertas instituciones y no según el tipo de proyecto que financian, es del todo beneficioso para Chile, pero lamentablemente no es prioridad.

Asimismo, las donaciones deben incentivarse. ¿Cómo? Eliminando las trabas actuales mencionadas anteriormente, pero también simplificando la forma de donar y eliminando las sanciones a las empresas por donar a proyectos que no gozan de beneficios tributarios.

El Estado debe asumir su incapacidad para solucionar todos los problemas, dejando a las organizaciones intermedias aquellas labores que no puede realizar. Para esto, debe propender a incentivar la creación de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, dándoles garantías en su funcionamiento pero a la vez exigiendo transparencia en sus cuentas y fiscalizando su actuar. Debemos abrir una discusión sobre en qué áreas es importante que existan organizaciones sociales, y fomentarlas. Por ejemplo, ¿no sería bueno fomentar organizaciones que se dediquen a la prevención del consumo de drogas; organizaciones dedicadas a la rehabilitación de jóvenes; organizaciones que trabajen en los sectores vulnerables, en temas como deporte y vida sana? El primer fomento debe ser eximirlas de todo impuesto a la renta mientras cumplan sus fines. Hoy, la legislación tributaria faculta al Presidente de la República para eximir del pago de impuestos a la renta a instituciones de beneficencia que no persigan fines de lucro y que tengan por objeto principal proporcionar

ayuda material o de otra índole a personas de escasos recursos económicos. Esta facultad del Presidente ha sido muy poco utilizada en los últimos años y queda al arbitrio de las políticas de las autoridades de turno. Este beneficio debería ser políticamente desinteresado y darse a toda institución que cumpla con criterios objetivos, y ser destinado a sectores que queramos priorizar como sociedad.

Ojalá que, en el futuro, cuando una fundación o corporación recurra a obtener fondos, las dudas del posible donatario ya no tengan que ver con si tienen certificado de donaciones, sino que la discusión tenga que ver con el proyecto que recibirá el aporte y el monto de la donación.

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niños en su dormitorio en la protectora de la infancia, hacia 1927. Sara Guerín de Elgueta (compiladora): Actividades femeninas en Chile: obra publicada con motivo del cincuentenario del decreto que concedió a la mujer chilena el derecho de validar sus exámenes secundarios (datos hasta diciembre de 1927), Santiago, Imprenta y Litografía La Ilustración, 1928. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

Niños JuGando en el patio de la protectora de la infancia. Archivo de imágenes de La Protectora de la Infancia.

afiche del comité nacional de navidad, que hacía reGalos a niños pobres, 1944. Alejandro Godoy: Historia del afiche chileno, Santiago, Universidad Arcis, 1992, p. 134. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

afiche de un sorteo de la polla chilena de beneficencia en favor del comité nacional de navidad, 1971. Alejandro Godoy: Historia del afiche chileno, Santiago, Universidad Arcis, 1992, p. 130. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

una visitadora social recorre un sector pobre de santiaGo en la primera mitad del siGlo XX. Junta Beneficencia de Santiago: Servicio social / Órgano de la Escuela de Servicio Social de la Junta de Beneficencia de Santiago, Santiago, La Escuela, 1927-1969, año 2, número 1 (1928), p. 60. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

un doctor baña a un niño en la sociedad pro-ayuda del niño lisiado, hacia 1964. Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado: Memoria 1964, Santiago, Stanley, 1965. Colección Biblioteca Nacional de Chile.

una enfermera sanitaria controla la salud de una muJer embarazada en su hoGar, 1948. Eva 174, 3 de diciembre de 1948, p. 39. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

Gestión y financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro filantrópicas en Chile

el padre alberto hurtado recoGiendo niños de la calle en su camioneta, 1945. Fundación Padre Hurtado. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

Filantropía y donaciones en tiempos del gran Estado chileno, 1930-1970

muJeres cocinando en ollas comunes para alimentar cesantes, 1932 Zig-Zag 1428, 2 de julio de 1932, p. 30. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

afiche de promoción de las ollas infantiles, 1929. Las ollas infantiles de Chile, Santiago, Imprenta Arturo Prat, 1929. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

afiche publicitario del hoGar de cristo, 1949. Hogar de Cristo: El Hogar de Cristo: una mirada al servicio de los más pobres. Lo que está haciendo. Lo que quiere hacer, Santiago, Imprenta Stanley, 1949, p. 30. Archivo Biblioteca Nacional de Chile.

familias cesantes durante la crisis económica de la década de 1930. Zig-Zag 1428, 2 de julio de 1932, p. 30. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

interior de un conventillo de santiaGo, 1920. Luces de modernidad: Archivo Fotográfico de Chilectra, Santiago, Gerencia Corporativa de Comunicación Enersis, 2001, p. 260. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena.

Voluntarios de techo-chile trabaJando. Archivo de imágenes de Techo-Chile. afiche de la plataforma web de financiamiento colectivo ideame. Plataforma Ideame.

Sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y valor compartido en Chile, 1980-2010

cisnes de cuello neGro en el santuario de la naturaleza carlos anwandter, valdivia, 2014. Fotógrafo: Sebastián Roldán Páez. lavandería comunitaria en el alto loa, emprendimiento desarrollado en conJunto por la minera el abra y la comunidad indíGena de chiu chiu. Minera El Abra.

Catástrofes, paradigmas, familias y ciudadanía: nuevas tendencias de la filantropía en Chile

el empresario leonardo farkas apoyando a las víctimas del terremoto de febrero de 2010 El Mercurio.

la presidenta michelle bachelet y el presidente electo sebastián piñera durante la campaña chile ayuda chile 2010, que recolectó ayuda para las víctimas del terremoto de 2010 El Mercurio

douGlas tompkins con su esposa, kristine mcdivitt tompkins, en diciembre de 2014. Tompkins Conservation. Fotógrafo: Dave Henson. felipe cubillos, fundador de desafío levantemos chile El Mercurio proyecto de iluminación pública hecho por techo en la comunidad Gariche prince, haití, 2013. Archivo de imágenes de Techo. la banda uruGuaya cuarteto de nos en el festival internacional de innovación social, 2015. Archivo de imágenes FIIS 2015. Fotógrafo: Sergio García Pardo. en 2012, la empresa de reciclaJe triciclos, de oriGen chileno, se convirtió en la primera empresa b certificada fuera de norteamérica. TriCiclos. escuela de las artes del teatro del laGo en frutillar, fundada en 2007. Teatro del Lago.

Fotógrafa: María José Catalán. teatro del laGo de frutillar Teatro del Lago. Fotógrafo: Pedro Valenzuela un niño en la marcha contra hidroaysén del 20 de mayo de 2011 en santiaGo Agencia

Uno S. A.

SOBRE LOS AUTORES

XIMENA ABOGABIR SCOTT

Periodista de la Universidad de Chile con amplia trayectoria en asuntos de participación ciudadana, gestión local participativa y construcción de acuerdos multisectoriales. Es cofundadora de Casa de la Paz, institución que promueve la sustentabilidad, y participa en distintos consejos, como el Panel de Acceso a la Información del BID y la Red Global del Consensus Building Institute. Ha publicado el libro de memorias Sueños y semillas: 25 años de Casa de la Paz (2008) y es columnista habitual en distintos medios de prensa. Actualmente ejerce como secretaria del directorio de Casa de la Paz.

MAGDALENA ANINAT SAHLI

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con estudios de diplomado en las universidades de Barcelona y Harvard. Entre 2010 y 2014 fue directora de contenidos y proyectos estratégicos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, donde estuvo a cargo de la reforma a la Ley de Donaciones con Fines Culturales y del proyecto de ley para la creación del Ministerio de Cultura. Entre sus publicaciones destacan diversos estudios sobre la filantropía, el mundo empresarial, las donaciones y el desarrollo cultural en Chile. Es fundadora y directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, primer centro académico dedicado a promover y fortalecer la filantropía en el país.

JOSEFINA ARAOS BRALIC

Licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue becaria de Conicyt entre los años 2011 y 2013, y asistente de investigación en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Sus líneas de investigación giran en torno a la expansión de la cultura escrita en Chile y América Latina, así como al proceso de construcción del Estado. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad.

IGNACIO IRARRÁZAVAL LLONA

Licenciado en Geografía por la Universidad de Chile y doctorado en Política Social por la London School of Economics. Dirigió el “Estudio comparativo del sector sin fines de lucro: Chile” (2006) y ha investigado sobre las organizaciones de la sociedad civil y los incentivos tributarios a las donaciones. Es director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor en el Instituto de Sociología de la misma universidad.

MARICELA GONZÁLEZ MOYA

Asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Filosofía por la Universidad de Santiago y magíster en Ciencias Sociales por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Sus áreas de investigación han sido la asistencia y el trabajo social y las políticas sociales y sanitarias en la historia de Chile, temas sobre los que ha publicado variados artículos en revistas nacionales y extranjeras. Fue editora del libro Historias del trabajo social en Chile, 1925-2008 (2010). Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás.

SEBASTIÁN GUERRERO VALENZUELA

Abogado, socio de Guerrero Valle Garcés Abogados. Es magíster en Derecho por la Universidad Duke (Carolina del Norte) y en Gestión y Planificación Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha dedicado al derecho tributario como profesor universitario, como panelista en seminarios en Chile y en el extranjero, y como autor de diversos artículos sobre la materia. Forma parte del Consejo Consultivo de la Fundación Pro Bono y del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile. Además, es presidente de la Fundación Federico Carvallo Pérez, la cual, a través del programa “Con deporte, ganémosle a la calle”, promueve el deporte en sectores vulnerables por medio de talleres deportivos.

FELIPE MACHADO PINHEIRO

Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía

Solidaria del Institut Catholique de París. En ambas casas de estudio, además, se ha desempeñado como docente. Ha trabajado, ya sea como evaluador, investigador o asesor metodológico, en Unesco y Cepal. Tiene larga experiencia como consultor en asuntos de responsabilidad social empresarial, tema sobre el que ha publicado investigaciones en diversas revistas especializadas. Actualmente es encargado de los estudios de impacto social de la UCPA, empresa solidaria de origen francés cuya misión es fomentar y democratizar la práctica deportiva.

MACARENA PONCE DE LEÓN ATRIA

Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde se desempeña como profesora asistente del Instituto de Historia. En 2007, la Academia Chilena de la Historia le otorgó el premio Miguel Cruchaga Tocornal a su tesis doctoral sobre las prácticas de la caridad en el Santiago del siglo XIX. Sus estudios de posdoctorado los realizó bajo el patrocinio del Instituto de Economía de la Universidad Chile, especializándose en la historia social de la educación. Es autora de Gobernar la pobreza: prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890 (2011) y coautora de los dos tomos de Historia de la educación en Chile (2012), entre otras publicaciones.

MARÍA SOLEDAD ZÁRATE CAMPOS

Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en la historia de Chile de los siglos XIX y XX, focalizándose en la historia de las relaciones de género, de la medicina asistencial y de la salud pública. Es autora de Dar a luz en Chile, siglo XIX (2007) y compiladora de Por la salud del cuerpo: historia y políticas sanitarias en Chile (2008). También ha publicado diversos artículos en libros y revistas en Chile y el extranjero. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado.