Claridad 3693

PUERTO RICO UN PAÍS A OSCURAS

PUERTO RICO ANTE EL MURO DE LA PRIVATIZACIÓN Y LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Ya casi nadie tiene duda en Puerto Rico que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) ha resultado un rotundo fracaso. Destruir la AEE para sustituirla por varias empresas privadas (LUMAEnergy, New Fortress y GeneraPR) y luego dejar a estas empresas operar por la libre, sin la debida supervisión, reglamentación y rendición de cuentas, ha sido quizás el peor legado que puede dejar a nuestro pueblo el bipartidismo incompetente y corrupto de los gobiernos y partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

Estaba claro desde hacía tiempo que la AEE tenía que ser reformada. Había caído presa del patrón de politización extrema y corrupción que ha ido carcomiendo desde adentro a los gobiernos coloniales de Puerto Rico durante los últimos 60 años. Pero la solución que se ha buscado como remedio ha sido peor que la enfermedad. Ni en los peores momentos de la AEE, Puerto Rico vivió la precariedad energética que se vive en estos momentos. Decir que no se puede confiar en nuestro sistema eléctrico no describe totalmente la magnitud del problema.

Al cierre de estas líneas, quedan todavía miles de abonados sin luz, luego de más de dos semanas de continuos apagones e interrupciones del servicio eléctrico, a todo lo largo y ancho de Puerto Rico. Aún nadie ha informado cómo ni cuándo se restaurará el servicio eléctrico a las poblaciones de Aibonito, Coamo y Santa Isabel que colapsó la semana pasada por un sopetazo que dejó sin luz a varios pueblos, barrios y sectores en varias regiones del país, causando múltiples problemas y ansiedad generalizada en la población.

LUMA Energy, subsidiaria de la unión entre la empresa estadounidense Quanta Services y la canadiense ATCO Energy, es la encargada de la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico desde 2021, con un contrato de 15 años, y es la principal responsable de la actual debacle eléctrica. Por eso, su gestión ha estado impugnada ante la opinión pública de todo el País, no solo desde su origen, producto de un contrato nebuloso, poco beneficioso e impuesto al pueblo de Puerto Rico, sino por su historial de prepotencia, impericia y falta de compromiso hacia la tarea que les fue asignada. No se trata solo de los continuos y prolongados apagones que martirizan a vastos sectores de nuestro pueblo. Es que LUMA sigue operando con una fuerza de trabajo principalmente importada y que no conoce como está conformado el sistema eléctrico de Puerto Rico, y mucho menos nuestra topografía ni las particularidades y dificultades de un sistema eléctrico que atraviesa nuestra isla por las montañas. Han tenido tres años para aprender y entender, pero no lo han hecho.

Con LUMA estamos peor que nunca en la estabilidad de nuestro sistema eléctrico. Decenas de miles de abonados quedan sin luz en sus casas, a cualquier hora y con cualquier pretexto banal. Las pérdidas económicas en las operaciones y estabilidad de comercios e industrias son incalculables. Los enseres electrodomésticos arruinados y las miles de libras de alimentos que se dañan en cada apagón, además de la congestión del tránsito vehicular, las interrupciones en servicios como citas y tratamientos médicos, trámites gubernamentales, clases en las escuelas y actividades en instalaciones deportivas y campamentos, en medio del calor sofocante del verano, convierten la vida en Puerto Rico en un desafío diario.

Pero LUMA no opera sola. La otra cara de la dupleta es GeneraPR, la advenediza compañía privada de que desde 2022 fue creada y contratada para atender y resolver el deterioro y desgaste de las plantas generatrices de energía y reorganizar el proceso de generar la electricidad. En su año de gestión, GeneraPR- que es una subsidiaria de New Fortress Energy, la compañía que desde 2021 opera un terminal de gas licuado ( metano) en la Bahía de San Juan- tampoco ha logrado mucho, que no sea mover su mollero político, económico e influencias para que, en lugar del petróleo, sea el gas natural la fuente principal de la “renovada” reconstrucción eléctrica en Puerto Rico.

De trasfondo hay una agenda que quedó muy clara desde la propia redacción y origen de la Ley PROMESA y el surgimiento de la Junta de Control Fiscal (JCF): el interés de la industria del gas natural de Estados Unidos por controlar el mercado de la energía en Puerto Rico. Recordemos que el principal redactor de la Ley PROMESA en 2016 fue el abogado Bill Cooper, principal asesor del Congresista Rob Bishop, de Utah, entonces presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos y gestor de la infame y colonial ley de restructuracion de la deuda pública de Puerto Rico que nos fue impuesta.

Antes de trabajar para Bishop, Cooper había sido director ejecutivo, portavoz y cabildero de la industria de gas licuado de Estados Unidos. Por eso Bishop lo impulsó para que fuera el primer Director Ejecutivo de la JCF. Pero cuando Donald Trump ganó la presidencia, Bill Cooper pasó a ser el jefe de la Oficina Legal del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ahora funge como director de la Oficina Legal de Golden Pass, LNG, uno de los mayores terminales de producción y exportación de gas natural licuado en Estados Unidos y el mundo.

A este historial se suma que en el 2023 Estados Unidos se convirtió en el principal exportador mundial de gas natural licuado, superando por primera vez a sus principales competidores, Qatar y Australia. No es de extrañar entonces que pretendan hacer realidad la intención original de Bishop y Cooper, creadores de la Ley PROMESA, y amigos y beneficiarios de la industria del gas natural.

Ya New Fortress Energy le.comunicó a sus inversionistas en una reunión reciente su intención de triplicar el uso de gas natural licuado ( metano) en Puerto Rico, y convertir dicho combustible en la principal fuente de energía para la Isla. Expresó que para ello cuenta con el aval del gobierno de Puerto Rico.

De ese modo, Luma Energy, New Fortress y Genera PR integrarán el conjunto de empresas con las que la industria de gas natural impulsará que nuestro pueblo se desvíe del rumbo ya emprendido hacia el 100 por ciento de energía de fuentes renovables para 2050. Intentarán seguir manteniendo a nuestro pueblo en perpetua dependencia del gas natural licuado ( metano), otro combustible fósil, importado y muy dañino al ambiente.

El pueblo puertorriqueño está advertido. En nuestras manos está defender el rumbo proyectado para seguir adelantando la agenda de alcanzar el 100 por ciento de nuestra energía de fuentes renovables dentro de 26 años. Ese es el único camino hacia un destino propio de independencia energética y sostenibilidad.

ESTA SEMANA EN LA HISTORIA

14 DE JUNIO DE 1928

NACE EL COMANDANTE ERNESTO “CHE” GUEVARRA

En Rosario, Argentina nació el combatiente revolucionario, marxista, escritor y médico argentino-cubano. Conoció a Fidel Castro en México en 1955 y formó parte de la expedición del yate Granma que originó el Movimiento 26 de Julio. En la Revolución Cubana fue designado Presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. En 1965 dirigió un frente guerrillero en el Congo contra la intervención de los mercenarios blancos y sus aliados locales. En Bolivia en 1967, tras una campaña de varios meses, cayó prisionero de las tropas bolivianas y la CIA en la quebrada del Yuro y al día siguiente de su captura fue asesinado

14 DE JUNIO DE 1959

DESEMBARCA GUERRILLA EN REPÚBLICA DOMINICANA

El 14 de junio de 1959, tropas del Movimiento de Liberación Dominicana, desembarcan en varios pueblos del norte de la República Dominicana bajo la dirección del comandante Enrique Jiménez Moya. El grupo de dominicanos exiliados por la dictadura trujillista, tras reunir fondos, equipos y personas, entrenaron militarmente en Cuba, apoyados por Fidel Castro.

15 DE JUNIO DE 1813

BOLÍVAR FIRMA DECRETO

Frente a la ejecución de soldados independentistas arrestados por tropas españolas, Bolíver proclama el Decreto de Guerra a Muerte. El mismo establecía que la lucha por independencia de Venezuela era una guerra entre dos países, no una rebelión de españoles en América.

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

15 DE JUNIO 1598

ATAQUE INGLÉS

Como parte de la guerra entre imperios, el corsario inglés Francis Drake había sido derrotado en 1595 y la reina inglesa Isabel I quería venganza. Envió casi inmediatamente una nueva expedición contra Puertor Rico, liderada por George Clifford de Cumberland, para que pudiera tomar San Juan. Cumberland invadió con 20 barcos y 1,700 soldados contra una guarnición de 350 soldados. Ocupó San Juan, pero la disentería diezmó sus tropas obligándolos a retirarse, saqueando todo lo que valía la pena.

15 DE JUNIO DE 1948

HIATO EN GENOCIDIO PALESTINO

16 DE JUNIO DE 1829

NATALICIO DE GERÓNIMO

El pueblo apache estaba ya asentado en Sonora, México, pero continuaba la llegada de poblaciones extranjeras a sus tierras. El líder apache Gerónimo saqueaba a estos invasores y desde el 1861 fue perseguido por el ejército mexicano y yanki sin éxito para los militares. Ya envejecido y cansado, fue atrapado al fin en el 1886.

16 DE JUNIO DE 1972

TERRORISMO DE DERECHA

Incendian propiedades del PIP y amenazan con quemar residencias de independentistas de Manatí.

19 DE JUNIO DE 1767

INGLESES INVADEN A TAHITÍ

Isla en el Pacífico, el primer europeo conocido en desembarcar en ella fue Samuel Wallis, que le dio el nombre imperial de Isla del Rey Jorge, en homenaje a su rey Jorge III de Inglaterra. Al momento sigue siendo colonia francesa

19 DE JUNIO DE 1992

GOLPE DE ESTADO EN HAITÍ

El 7 de febrero de 1991 Bertrand Aristide, tras elecciones, tomó posesión de la jefatura del Estado con un mandato de cinco años. Luego la derecha y los militares dan un golpe de estado, apoyado por el presidente Bush de los EUA. Cuando Clinton llega a la presidencia en 2013, la intervención yanki se hace en contra de los golpistas, pero con intenciones de control del sistema. Desencadenó en una invasión yanki en 1994 y un desenlace donde en elecciones del 1995 solo participó el 28% de la población hábil. Haití se sumió en luchas contra el FMI, contra los militares y pretensiones yankis de control, lo que al momento han creado una situación de emergencia humanitaria.

GRACIAS, ADÁN

Desde el 15 de mayo, israelitas apoyados por potencias europeas y EUA, en busca de tierras para los judíos, masacran unos 13 mil palestinos, expulsan a sobre 700 000 de sus hogares y destrozan a más de 500 pueblos. Oficialmente terminada el 15 de junio, esta catástrofe, -la Nakba- creó una masa de refugiados que hoy asciende a 6 millones de personas, repartidos por todo Oriente Próximo. Pese a ello, en su éxodo, los palestinos se llevaron con ellos las llaves de sus casas, las cuales han ido pasando de generación en generación con la esperanza de poder algún día expulsar a los israelíes y regresar al hogar, lo que ha convertido estas llaves en un símbolo de resistencia para activistas de todo tipo (nationalgeographic.com).

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Carlos Fraticelli

• Alida Millán Ferrer

Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria.com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic. com; canalhistoria.es/hoy-en-la-historia; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran.com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-62616853, rumboalterno.net, calendarz.com/ y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

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DENUNCIAN INACCIÓN DE LA EPA ANTE LA CONTAMINACIÓN CON CENIZAS DE LA CARBONERA AES

Por la Redacción/CLARIDAD

Representantes de diversas comunidades y organizaciones confrontaron a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) por su falta de acción ante el impacto de la planta de carbón de la corporación AES en la salud y la vida de miles de personas, especialmente en el área sur de Puerto Rico.

Los reclamos de los residentes afectados por la contaminación de AES fueron presentados durante una visita a Guayama y Salinas por parte de la subadministradora de la EPA, Janet McCabe; el director del Office of Land and Emergency Management (OLEM), Cliff Villa; y la directora de la Región 2, Lisa García.

“La EPA promovió y permitió hace casi 20 años el uso de las cenizas tóxicas de carbón en nuestras calles y sobre nuestro acuífero, y eso provocó contaminación, enfermedades y muertes en nuestra comunidad. Ahora la agencia arrastra los pies, quiere que esperemos hasta el año que viene por el resultado de varios análisis cruciales que solicitamos y sigue protegiendo a una empresa criminal como AES. La EPA es tan culpable como la carbonera y el Gobierno de Puerto Rico por el daño que nos han hecho”, expresó Alberto Colón del Valle, líder comunitario de la comunidad Miramar en Guayama.

Tras años de persistencia por parte de las comunidades y organizaciones en Puerto Rico, la EPA llevó a cabo muestreos de aire en las zonas adyacentes a la planta de carbón. A pesar de ello, los representantes de la agencia comunicaron que los resultados del análisis de las partículas recopiladas en los monitores serán publicados el próximo año.

“Eso es inaceptable y levanta dudas sobre la intención de la EPA. También llevamos meses esperando una reunión de seguimiento sobre los análisis de agua potable que realizó la agencia en los pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Tenemos cuestionamientos sobre el método utilizado y los resultados de uno de los pozos. La EPA no ha cumplido con nosotros”, recalcó Alberto Colón.

La agencia federal también realizó un muestreo del agua y peces de la Bahía Las Mareas, para determinar si la misma ha sido afectada por el transporte del carbón y los residuos de cenizas tóxicas. Esta bahía colinda al sur con la planta de carbón de AES.

El portavoz del Comité de Dialogo Ambiental, Víctor Alvarado Guzmán, confirmó a CLARIDAD que ante los planteamientos de las comunidades por la tardanza en la entrega de los resultados de los estudios sobre el agua, los funcionarios de la EPA trataron de justificarse en el sentido de que los residentes no están de acuerdo con los resultados. “Reiteramos que esperar por un año por un estudio donde ya tienen las muestras tomadas no se debe esperar tanto”. Señaló que reciente el Colegio de Químicos de Puerto Rico publicó los resultados de un estudio que reveló la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable de varias residencias de Guayama y Salinas en áreas afectadas por las cenizas de carbón de AES. Comentó que ante los cuestionamientos públicos, los funcionarios de la EPA se vieron en la necesidad de comprometerse con que se reunirán con el Colegio de Químicos.

“Con la anuencia del Gobierno estatal y federal, AES ha contaminado nuestro aire, suelo y acuíferos, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Sin embargo, no solo han evadido cualquier sanción relevante por sus violaciones a las leyes y su agresión contra la población, sino que, además, se les ha otorgado un rescate multimillonario”, comentó.

Los ciudadanos también llevaron a la atención de la EPA el tema de los proyectos solares a escala industrial de AES en terrenos agrícolas. Diana Santi Santiago, portavoz de la comunidad del Coquí en Salinas, advirtió sobre el riesgo que están enfrentando actualmente los residentes cercanos a las instalaciones de la empresa CIRO One Salinas.

“Mientras los gobiernos siguen indiferentes ante el atentado contra nuestra seguridad y las empresas como CIRO y AES están repartiendo dinero y donativos políticos en busca de comprar apoyo, nosotros seguimos en la incertidumbre de cómo podremos sobrevivir cuando venga el próximo huracán o alguna lluvia fuerte. Ya hay un impacto en nuestros hogares, que empeorará con el proyecto de AES durante los eventos de inundaciones, pero a nadie del Gobierno municipal, estatal o federal le interesa”, manifestó Santi Santiago.

En tanto, Alvarado Guzmán afirmó a CLARIDAD que la demanda de las comunidades es que la planta cierre. “No hay ninguna otra alternativa la acción del Gobierno de Pierluisi de haberle dado $7,500 millones para salvar económicamente a AES y se mantenga hasta el 2027 quemando carbón; es la más costosa y más peligrosa para el pueblo. Lo que tienen que estar viendo el Gobierno de Puerto Rico y federal es ver cómo llevar a AES a los tribunales para que pague por sus daños”. Observó que la única forma de lograr lo que las comunidades quieren es cambiar el gobierno. Ni el PPD ni el PNP van hacer nada por cerrar la planta.

La visita de los funcionarios de la EPA, que se dio a mediados de la primera semana de junio en ocasión de su participación en la Cumbre Anual de Justicia Ambiental y Energética, fue organizada por el proyecto EAGLE, un proyecto del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con el apoyo de la EPA, que busca apoyar a diversas entidades a solicitar y obtener fondos para sus proyectos energéticos o ambientales.

“LA FALTA DE LUZ ES UNA CRISIS INTENCIONAL”

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio del expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, la continua falta de servicio de la energía eléctrica es una crisis intencional por parte de las privatizadoras interesadas en aumentar el uso del gas, contrario a la política pública de movernos hacia fuentes renovables.

Figueroa Jaramillo apuntó que la falta de energía eléctrica el día de las primarias y la vaguada que pasó sobre el país hicieron que la noticia fuera una relevante; pero que desde que llegó LUMA Energy (LE), en una forma mayor o menor, diariamente hay miles de consumidores sin el servicio. De esa falta de servicio hay una parte que no se discute ni se habla, que es el daño que esto causa a los equipos y enseres eléctricos.

“De ordinario, Puerto Rico está viviendo una crisis en su sistema eléctrico a raíz del fracaso de la privatización”.

En un intento por explicar qué puede estar pasando, este observó que la capacidad de generación sigue siendo la misma de antes de que entraran LE y Genera PR. No obstante, atribuyó a la llegada a la AEE del grupo dirigido por Jorge Ortiz y Daniel Hernández —a quienes describió como ineptos— una crisis de generación donde se perdieron mil y pico de megavatios por falta de mantenimiento. “Por las diferencias que podamos tener y tenemos, cuando llegó Josué Colón, la realidad objetiva es que en el año en que este estuvo, se recuperaron los mil megavatios”, reconoció.

Prosiguió con que cuando sale Colón y se privatiza la generación con la empresa Genera, “ahora están los mismos que llevaron a la crisis de generación cuando estaban en la AEE, y mira lo que estamos viviendo. Cabe destacar que la crisis que han creado, desde mi punto de vista, es intencional, lo que conlleva que el país tuviera que comprar unos generadores”. Se refiere a los generadores comprados por la AEE con dinero de FEMA para la Central de Palo Seco. Expuso que, en términos técnicos, con los generadores se tiene más capacidad de la que había antes, por lo que cuestionó por qué entonces es más frecuente la falta de servicio. Denunció que estos generadores se están usando a diario.

Al examinar el proceder tanto de Genera como de LE, Figueroa Jaramillo expresó

creer que como estos están cómodos, no hay fiscalización y tienen un monopolio privado. Para ellos es inconsecuente la falta de servicio debido a que el contrato no tiene garras para imponer penalidades. “Tenemos un Negociado y un gobernador aliados. Se sienten un poco presionados por la opinión pública, pero mientras tanto, creo que su objetivo principal es operar con gas”. Recordó y catalogó de escándalo las expresiones de ejecutivos de Genera de que estaban haciendo en Puerto Rico ‘lo que les da la gana’. “Por eso es que digo que su objetivo principal es ese, y en la medida en que aparezcan plantas nuevas, todas las plantas que se van a construir son de gas”. El expresidente de la unión trajo a la atención que aunque el Negociado le negó a la planta de carbón AES el permiso para cambiar su operación a gas natural el año pasado, porque la política pública es hacia el uso de energía renovable, al escuchar al presidente de Genera decir que ellos están cumpliendo y van a cumplir con la política pública, “tengo que asumir que la política pública se va a cambiar a lo que ellos quieren. Por lo tanto, AES va a lograr eventualmente que se le apruebe la transición a gas natural y, lo más seguro, es que quien le va a proveer gas va a ser News Fortress Energy, la cual es la compañía matriz de Genera.

Ante la expectativa de que la situación pueda mejorar en el caso de la generación, Figueroa Jaramillo indicó creer que el primer reto es que estos no tienen el conocimiento y la experiencia; el segundo es la filosofía de negocios, ya que no lo están viendo como un modelo público, en el que no se escatima en recursos. Afirmó que dejar a la gente sin luz era algo que no pasaba antes como está ocurriendo ahora, por lo que todo estriba en el modelo privado. Reconoció que es posible que mejore algo, ya que después de que se gasten los $12 billones de dólares que se tienen para mejoras sería absurdo que no mejorase. No obstante, apuntó que la pregunta es si lo que se invirtió o se está invirtiendo va a la par con los objetivos de mejorar el sistema eléctrico y si de haberse hecho bajo el modelo público por esa misma cantidad se hubiese logrado más.

En tanto, indicó que por parte de LE, encargada de la transmisión y distribución, el problema no es el reclutamiento, sino el

que en la industria eléctrica sus trabajadores se preparan dentro de la propia industria. “Se puede reclutar, pero no tienen el conocimiento ni la experiencia. Numéricamente no es cantidad, es calidad. No pongo en juicio la capacidad intelectual de los que se reclutan. Ese es el reto. Los celadores de línea de las escuelas que hacen no son celadores, son aprendices. Ellos lo saben porque así está estructurado”. Reveló que sabe que muchos celadores de línea de la AEE que se mantuvieron con LUMA han renunciado, otros están por renunciar debido a las condiciones y presiones de trabajo. El expresidente de la UTIER observó, además, que en todos los procesos de privatización han permitido, al menos en teoría, que el dueño de la propiedad mantenga la supervisión del contrato. Eso ha ocurrido con la privatización del aeropuerto, la Autoridad de Puertos, la privatización de las autopistas, la Autoridad de Carreteras; pero en una acto inexplicable, la AEE no tiene facultad alguna para supervisar los contratos de LUMA y Genera. Eso quedó en manos del Negociado de Energía y en la Autoridad de Alianzas Público Privadas.

“ES HORA DE QUE SE REEVALÚE TODO NUESTRO ANDAMIAJE PENITENCIARIO”

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

El director Legal del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Fermín Arraiza Navas, coincidió con el planteamiento de que causa preocupación el que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), amparada en la Ley 85 del 2022, tenga ante su consideración personas que han cometido delitos como el asesinato y no se estén tomando en consideración también los derechos civiles de las otras personas, en particular las víctimas.

El experto en Derechos Civiles expuso sobre el privilegio de la libertad bajo palabra que esta es una discusión que se viene dando no solo en Puerto Rico, sino en todo Estados Unidos sobre el llamado movimiento abolicionista. Lo que se pretende, básicamente, es despenalizar múltiples delitos por los cuales la gran mayoría de la población penal se encuentra privada de la libertad. Pero distinguió que este no se refiere a asesinatos, sino a los delitos de uso y abuso de sustancias controladas, en primer lugar y, segundo, a los delitos contra la propiedad donde no se causa daño corporal, grave daño corporal ni la muerte a un ser humano. Son delitos que se deberían reclasificar para transar la responsabilidad con la sociedad; que no sea meramente privar a la persona de libertad.

No obstante, resaltó que cuando se tienen casos de psicópatas y personas que sí han cometido delito grave, un grave daño corporal o incluso la muerte a otro ser humano, en que se afecta la integridad física y emocional de la persona, como en los casos de delitos de índole sexual, la responsabilidad del Estado debe ir un poco más allá cuando aborda el tema de la rehabilitación.

“Nos preocupa grandemente que no se estén tomando en consideración, además del derecho a la rehabilitación, el derecho de las víctimas del delito. En ese sentido, nos hemos manifestado porque hemos vivido en carne propia lo que es eso y yo en mi carácter de director legal de la ACLU, siempre voy a defender lo que son los derechos civiles de las personas privadas de la libertad; pero también tenemos que pensar que los que estamos fuera de las cárceles también tenemos derechos civiles”.

Arraiza Navas enfrenta la situación de que la persona que asesinó a su esposa, la fiscal Francelis Ortiz Pagán, en el 2016,

acudió a la JLBP bajo la Ley 85 del 2022.

El director legal de ACLU apuntó que hay que analizar la legislación de dicha ley, la cual le concede el derecho a la bonificación a personas que han cometido delitos graves en las que se ha utilizado un arma de fuego. Antes de esa enmienda, las personas que salían convictas de un delito cometido con un arma de fuego no tenían el privilegio de bonificación ni cualificaban para la libertad bajo palabra. Todo esto cambió con la Ley 85. Aun cuando reconoció que la Legislatura puede cambiar la ley, censuró el que se aplique a este tipo de delito y con carácter retroactivo. Denunció que al presente se están considerando, en específico, varios casos para la libertad bajo palabra y otros programas de desvío que antes del 2022 no hubiesen cualificado.

Compartió que en el caso particular de su familia, se accedió a un preacuerdo bajo un supuesto de que a la persona a ser convicta se le iban a imponer 35 años naturales de prisión. Añadió que cuando se transó el juicio, se hizo bajo el entendimiento de que hay un contrato entre las partes. “Entonces,

Al igual que otras voces, el experto en Derechos Civiles denunció las limitaciones de la JLBP en que muchas veces lo que tiene es un mínimo de información, un expediente muy pequeño donde básicamente se hace una marca con lo que se ha cumplido y no se ha cumplido y las decisiones se toman con muy poca información.

luego de que ya la persona se encuentra convicta y está cumpliendo sentencia, te cambian las reglas del juego. A mí me parece que eso es un asunto que debe ser considerado seriamente sobre todo en el tipo de asesinato de índole sexual. Y en ese sentido, mi llamado es a que haya un poco más de empatía no solo en la persona que está privada de libertad, cuyos derechos deben ser respetados. Pero eso fue una decisión que la persona tomó libre y voluntariamente antes de ser sentenciado”.

En tono enfático el director legal de ACLU afirmó que le parecía que este tipo de legislación se utiliza para comprar votos en los procesos eleccionarios y que, aunque defiende el derecho al voto de las personas que están privadas de libertad, apuntó que Puerto Rico es de las jurisdicciones más liberales en cuanto a eso.

“Nos parece que los legisladores deben estar un poco más atentos a cuál debe ser el fin último de nuestro sistema penal, cuál es la deuda que tienen estas personas que están privadas de libertad con la sociedad y cuál es la mejor manera en que el Estado puede perseguir que ese fin último, que es reparar ese daño social se cumpla. De esta manera no es”.

Al igual que otras voces, el experto en Derechos Civiles denunció las limitaciones de la JLBP en que muchas veces lo que

tiene es un mínimo de información, un expediente muy pequeño donde básicamente se hace una marca con lo que se ha cumplido y no se ha cumplido y las decisiones se toman con muy poca información. Abogó por que en caso de estos delitos graves que son aberraciones se tome en consideración todo el expediente del confinado, incluyendo si hay investigaciones criminales contra ellos dentro de la misma institución. Reveló que en su caso personal, ha solicitado esta información y todavía la Administración de Corrección no ha producido esos expedientes.

Arraiza Navas reconoció que el derecho de las víctimas familiares a ser notificados y a participar de la vista ante la JLBP son derechos que se adquirieron gracias a las batallas de personas que han sido víctimas. Por ejemplo, dijo que casi todos los derechos que tienen las víctimas de conocer de estos procesos de rehabilitación de confinados y los que se tiene en términos de acceso a información, que por lo regular es confidencial y al que las víctimas tienen derecho a tener acceso, se le debe al caso de Katherine Angüiera que estuvo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Al planteamiento de si los beneficios de la ley son retroactivos y cuánto es la media de sentencia que están cumpliendo las personas convictas de asesinato dijo que

era muy difícil saberlo porque anterior a la enmienda a la ley para cualificar a la JLBP en un caso de asesinato, con 25 años de prisión ya la persona cualificaba. Aunque eso cambió y se aumentó a un por ciento bastante alto, el hecho de que se pueda bonificar es uno que se tiene que evaluar caso a caso porque se supone que se tome en consideración si la persona ha estado estudiando, si está trabajando, el buen comportamiento y los ajustes. Para eso hay una hoja de cómputos de sentencia a la cual se le va añadiendo a la hora de computar la sentencia, lo que es un trabajo que se debe hacer de manera individual.

Trajo a la luz que valía aclarar que la población correccional, cuando empezó el caso Morales Feliciano (1979), estaba sobre los 15 mil confinados, hoy hay menos de la mitad. “Es decir, que si el objetivo de aprobar este tipo de leyes es seguir vaciando las cárceles, me parece que se debe hacer con sumo cuidado porque hay reclusos que tienen este derecho y lo tienen bien merecido por la labor que han estado haciendo y cómo han trabajado con ellos mismos. Pero hay otros que requieren medidas serias antes de cometer los errores que ha cometido la Administración de Corrección en los últimos años. Hay personas que sabemos que son psicópatas que van a salir a seguir delinquiendo y haciendo daño a la sociedad, en especial a mujeres”.

A la luz de las denuncias, el director legal de ACLU Puerto Rico expresó que le parece que por parte de la ACR ha habido un mal manejo de lo que son las evaluaciones, no solo por trabajadores sociales dentro de las instituciones, sino también por el personal médico, es por eso que le preocupa qué papel está jugando la privatización de los servicios médicos dentro de los penales.

“Sabemos que la privatización de los servicios de comida es pésimo, los servicios de salud de evaluaciones psiquiátricas para saber si cualifican o no para este tipo de programa no están dando resultado. Es hora de que se reevalúe todo nuestro andamiaje penitenciario para que propenda hacia una reparación efectiva del daño social que han causado a las personas y que propenda a la rehabilitación de aquellos que sí tienen la capacidad de rehabilitarse. En ese sentido, la Administración de Corrección está fallando de manera grave”.

EL PRESUPUESTO DE 2024: ¿QUÉ LES DICE A LAS NUEVAS GENERACIONES?

Por Martha Quiñones Domínguez Especial para CLARIDAD

En el debate del presupuesto público se ha perdido de perspectiva su función principal: el Presupuesto como una herramienta de desarrollo. Como la Junta de Control Fiscal (JCF) domina el debate del presupuesto, este se ha enfocado en la situación financiera del gobierno de Puerto Rico, pagar y refinanciar la deuda, el plan de ajuste, las privatizaciones, la eliminación de derechos y servicios esenciales. Esta importante herramienta no está en nuestras manos la determina la Junta de Control Fiscal (JCF) y no tenemos claro sus objetivos pues no son discutidos con el pueblo. Entonces ¿qué pretende la JCF al manejar los recursos financieros y cuáles son las prioridades que ofrece para el gobierno? ¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo social de los mismos? El pueblo no participa en determinar el presupuesto y lo único que dicen es que hay para pagar la deuda y comprometernos con más deuda al futuro, vivir de la dependencia de fondos externos y recortar todos los servicios que provee el gobierno para privatizarlos, además de recortes a la educación en especial a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La JCF nos lleva por la ruta equivocada con el presupuesto. En ese presupuesto no existe un plan de desarrollo y se proyecta más crisis. Además, es preocupante que el presupuesto público no ofrece alternativa de futuro para los y las jóvenes de Puerto Rico. En el presupuesto los/las jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, educación universitaria, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, empleos dignos, derechos laborales y otros recortes que afectan su desarrollo.

La teoría económica define el presupuesto público como la herramienta clave del Gobierno para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población. En este contexto, el presupuesto es la descripción de los planes de los gastos y de los ingresos en un periodo de tiempo (la asignación de recursos a través del presupuesto) para encaminar los objetivos fundamentales de

política económica y social, antes mencionados. Es importante entenderlo como una herramienta de desarrollo que debe diseñarse para poder ejecutar un gasto responsable, compatible con la estabilidad macroeconómica, fortalecer el gobierno y lograr crecimiento económico. El presupuesto público debe ser un instrumento que genere bienestar y equidad social y una herramienta económica que muestre las prioridades económicas del gobierno que quedan plasmadas en el mismo. A través del presupuesto se impulsan áreas prioritarias que a la vez reflejan el compromiso ideológico del gobierno, su plataforma política y objetivos de economía fiscal con el fin de evitar desequilibrios fiscales.

Los presupuestos públicos de los últimos años expresan una historia en la gestión financiera pública de mal uso de fondos año tras año (corrupción de diversas formas) con la excusa de estar balanceados. Los mismos muestran la incapacidad del gobierno y de la JCF para diseñar e implantar una política económica que fomente desarrollo. Además no continen partidas para los diversos grupos sociales de forma transversal que existen en la sociedad. Esta situación se ha agravado por la extrema politización de la gestión pública, tanto de la

administración y la JCF, acumulando malas decisiones, fomentando la corrupción y administrando sin la adecuada racionalidad económica, desviando fondos en contratos y actividades que no son prioridad.

El presupuesto público de Puerto Rico aún no prioriza a las juventudes y no provee un respiro para poder ver un futuro mejor. El futuro de mejorar su condición laboral, los/las jóvenes sólo ven desocupación, bajos ingresos, participación en empleos de baja productividad y sin derechos. No ven mejoras en la salud para poder tener hijos/ as, o en la vivienda y en la educación universitaria. No existe una inversión pública suficiente y de calidad que mejore sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales, fomentando la emigración.

Si tomamos control del presupuesto y definimos los objetivos sociales se puede contribuir a cerrar las brechas existentes en las asignaciones presupuestales de modo que se pueda asegurar que los/las jóvenes alcancen plenamente su potencial, así como el desarrollo sostenible para todas las generaciones, en especial poder hacer frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

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El amor que se atreve a decir su nombre

MAX CHÁRRIEZ

LA LITERATURA LGBTQ+ EN PUERTO RICO

ESPECIAL PARA EN ROJO

La literatura LGBTQ+ ha sido un vehículo poderoso para la expresión y la visibilidad de las comunidades en Puerto Rico, reflejando tanto los avances como los desafíos en la aceptación social. A lo largo de las décadas, la literatura ha servido como un espejo de la sociedad puertorriqueña, capturando las tensiones entre la tradición y el cambio. En los años 50 y 60, los escritores LGBTQ+ enfrentaron discriminación y censura por parte de la academia y editoriales, pero persistieron en su lucha por la expresión auténtica desde la diáspora forzada. El cuento “¡Jum!”, del autor Luis Rafael Sánchez, publicado en 1966, constituye un emblemático ejemplo de la homofobia y la violencia antihomosexual colectiva previas a los movimientos de liberación. Con el tiempo, la literatura LGBTQ+ en Puerto Rico ha ganado prominencia y aceptación, como se evidencia en la antología pionera “Los Otros Cuerpos” (2009), la reedición y estudio de la obra de figuras literarias como Manuel Ramos Otero y Abniel Marat, y la visibilidad local y en el exterior de importantes autoras y autores queer en diferentes géneros literarios.

La censura y la reacción pública a esta literatura siempre han sido complejas en nuestra sociedad colonial. La literatura LGBTQ+ puertorriqueña no solo se enfrenta al rechazo de los lectores con servadores, sino que también le afectan los pro blemas sociales adyacentes al colonialismo, como

el elitismo académico y literario, el clasismo, el machismo y el eurocentrismo que han predominado en el ambiente literario creando un canon constituido por escritores de género masculino, cristiano, blanco, de alcurnia, que gira alrededor de un imaginario patriótico y nostálgico que dejó poco espacio para otros sectores como las mujeres, afrodescendientes, la clase obrera y otras marginalidades.

Ya para la década de los setenta hay voces muy fuertes que simplemente no pueden ser ahogadas. “Concierto de metal para un recuerdo y otras orgías de soledad” (1971) de Manuel Ramos Otero abre un periodo fundacional que continúa hasta los años noventa: “Las mujeres no hablan así” (1981) de Nemir Matos Cintrón; “Las voces del asedio” (1988) de Armindo Núñez Miranda; “Poemas de lógica inmune” (1991) de Joey Pons y Moisés Agosto Rosario; “Cabronerías: historia de tres cuerpos” (1995) de Daniel Torres; “La patografía” (1996) de Ángel Lozada; “Sirena Serena vestida de pena” (2000) de Mayra Santos Febres y “De buena tinta” (2000) de Osvaldo Luis Cintrón.

El “Boom” de la literatura LGBTQ+ puertorriqueña se dio tardío, si lo comparamos con el resto de Hispanoamérica, en la segunda década del siglo veintiuno, como consecuencia de la publicación de la antología “Los otros cuerpos” (2009), el proceso de liberación de la literatura fuera de los círculos lite-

do Corazón y el auge de las redes sociales. Un junte de nuevas voces lideradas por los veteranos Abniel Marat, Daniel Torres y Aixa Ardín Pauneto crean el colectivo literario Homoerótica y toman por asalto la actividad literaria en la capital. Autoras como Yolanda Arroyo Pizarro, Ana María Fuster Lavín, Luis Negrón, Eirïc R Durandal Stonecrow, Carlos Vázquez Cruz, Max Chárriez y Xavier Valcárcel son un ejemplo de este movimiento que todavía sigue activo en el quehacer literario 10 años después. Como consecuencia surgen nuevas marcas editoriales y una gestión cultural sin precedente.

En términos de recepción, la literatura LGBTQ+ ha provocado una variedad de respuestas. Por un lado, hay una aceptación creciente y un reconocimiento de la riqueza cultural que aporta esta literatura. Por otro lado, persisten las actitudes conservadoras y la resistencia, en especial de la academia. En Puerto Rico, la literatura LGBTQ+ no solo es un reflejo de la lucha por la igualdad y la aceptación, sino también un catalizador para el diálogo y el cambio social, político y económico.

El panorama actual en Puerto Rico muestra una dualidad: un movimiento LGBTQ+ imparable y una sociedad que aún está aprendiendo a abrazar plenamente la diversidad. La literatura LGBTQ+ sigue siendo un campo de batalla simbólico y real para los derechos y la representación, y su evolución continuará siendo un barómetro crítico del progre-

A LAS CRIOLLAS NO LES GUSTAN LOS BESOS A LA FRANCESA, REPORTA MONSIEUR DE SAINT-MÉRY

ANA TERESA PÉREZ- LEROUX ESPECIAL PARA EN ROJO

Andaba por ahí buscando información sobre las enfermedades en el Santo Domingo de la época colonial, y allí, en el estante, paradita, estaba la Descripción de la isla de Santo Domingo, de Monsieur Mederic Louis Élie Moreau de Saint-Méry (1796-1798).

Lo conocía de antes, ya que es un documento fundamental en la historia colonial nuestra. Cubre descripción (topográfica, física, civil, política e histórica) de ambos lados de la isla. Pero no creo que lo había leído con atención. Al igual que “La idea del valor de la isla española” de Sánchez Valverde, y probablemente por los mismos motivos, el volumen de Saint-Méry contiene sobre todo mucha geografía. Las historias sobre los duelos entre los corsarios y los colonos del lado español resultan de mayor interés, ya que completan la narrativa del sismo que dividió la isla en dos. En nuestra media isla, solo se escucha la mitad de la historia.

Sobre las enfermedades de la época en el Santo Domingo español, no había mucho. Según SaintMéry, eran pocos los males circulantes, y esto se debía a la sobriedad general de la gente. Apunta como las enfermedades más corrientes las fiebres malignas y las pleuresías, y cuenta que, como no se practicaba la inoculación, las viruelas malas hacían verdaderos estragos. También apunta que había lepra, y que los españoles, en despliegue de apabullante ahistoricidad, la atribuían a América.

Hay que señalar que Moreau de Saint-Méry era, además de francés, caribeño. Proveniente de familia martiniquense de medianos medios, se casó bien y logró convertir una pequeña herencia familiar en una carrera legal y política espectacular en París. Llevaba sus simpatías por la ilustración en la mano derecha, y en la izquierda, profundo desdén hacia los derechos naturales del hombre. Como abogado, arguyó que el código francés estaba bien para Francia, pero no era aplicable a las realidades de las colonias y al contexto de la esclavitud, y ciertamente, nada aplicable a los esclavos que su familia poseía. Se posicionó como miembro del parlamento francés, eventualmente fue nombrado presidente del Museo de París. Viajaba mucho entre Francia y el Caribe, hasta que le tocó salir huyendo durante la revolución francesa. A su regre-

so a Francia, entró como historiador del ejército. Napoleón lo nombró administrador en la campaña de Parma, pero lo despidió por una revuelta mal manejada, y solo cierto parentesco con Josefina le protegió el pescuezo. En una ocasión, Napoleón regañó a Saint-Méry con aspereza, mientras trataba de argumentar que otros lo habían hecho quedar mal por su excesiva rectitud: “Sire, no pido que se recompense mi rectitud; sólo suplico que sea tolerada”. Cuentan que Napoleón le contestó que se despreocupara: “Esa enfermedad no es contagiosa”.

Una sale a buscar una cosa, y se encuentra con otra

En el tomo sobre la parte francesa de la isla, Monsieur Mederic Louis Elie, fiel a su postura legal sobre la esclavitud, se dedica a fundamentar la llamada aristocracia de la epidermis, proponiendo ciento veinte y ocho divisiones raciales de mestizaje, incluyendo la distinción, hoy en día olvidada, entre un grifo y un sacatrá. No le interesaban ni la igualdad, ni las semejanzas. Solo las diferencias. El tomo sobre la parte española de la isla está enfocado en contrastar el Santo Domingo español con el Saint Domingue Français.

Encuentra la parte francesa superior en todo rubro, incluyendo la vivienda, los caminos, la moda, la comida, el empleo de los días, y el que las leyes sobre la esclavitud estuvieran muy descuidadas en la parte española. A los criollos españoles los juzga religiosos, pero concluye que solo por hipocresía, y declara que su hábito de siesta es “costumbre favorita de una nación perezosa”. Saint-Méry rechaza tajantemente la idea de que los criollos de pelo lacio tuvieran sangre indígena, ya que, como se sabe, esa raza desapareció por completo de la isla. Lo más notable, notorio y espectacularmente trasnochado de la crítica de Saint-Méry al Santo Domingo español es su descripción de las mujeres criollas. Comienza por contar que en Santo Domingo las mujeres no vivían recluidas, como en España, y solo usaban velo o mantilla cuando iban a misa. Si las mujeres eran distinguidas comme il faut, es decir, como dios manda, la mantilla era de estameña negra y seda. Luego se dispara: “Las criollas españolas no deben sus encantos sino a la naturaleza, que parece ser avara con ellos, como si temiera prodigarlas inútilmente. Todo lo que la sociedad de las mujeres amables tiene de delicioso, es cosa ignorada por los criollos de Santo Domingo. El amor solo aproxima allá a los dos

sexos, pero no ese dote o amor delicado que es herencia de otro pueblo”. Traducido al dominicano, dice que las criollas son feas, sin gracia, y que solo sirven para la cama. Fiel a su interés en las ciencias naturales, pasa a la descripción física: “son generalmente muy gruesas […] la elegancia y la esbeltez del talle es una gracia que ellas ignoran, así como los del tocador”. Se escandaliza con su hábito de mascar tabaco, que amarillea la blancura de los dientes: “Las criollas españolas pretenden que esa costumbre les evita contraer el escorbuto”. Para Saint-Méry, habían dos clases de mujeres, las deliciosas, y las otras, no deliciosas ni delicadas.

Aun dentro del tono general del texto, me sorprende la vehemencia de su crítica a nuestras criollas. No soy hombre, y poco entiendo la lógica de la mirada masculina, pero mis hijos, cuando los llevaba a Santo Domingo de chiquitos, me preguntaban que por qué las mujeres allá eran tan bonitas. ¿Qué mosca le habrá picado a Mederic Louis Elie?

Sigo leyendo y me encuentro con la siguiente línea: “Las criollas españolas no se dejan ni besar ni abrazar a la francesa, y encuentran que nuestra costumbre es poco delicada.” ¡Qué personaje este, Moreau de St. Méry! Lo busco en Wikipedia, y veo que tenía una cara de sapo blancucho y los pelos en retirada, y una panza que le amenazaba los botones de la chaqueta. Mi método carece del celo empírico y la modestia interpretativa del historiador. Yo indago por la ruta de la curiosidad y la imaginación. El instinto telenovelesco se dispara, y visualizo en technicolor y sensurround full una escena de seducción fallida: Saint-Méry acercándose a una criolla del campo, vestida de amarillo y sin corset, de piel canela clara y sin velo, hermosa y sin afeites, que no se impresiona con su pedigrí de funcionario, ni le acepta besos a la francesa. La descripción entera de una media isla, flotando en un archipiélago alucinante, hecha por un escritor alucinado, se ilumina con el áspero relámpago del rechazo de una mujer que no era una de las damas comme il faut.

El amor que se atreve a decir su nombre...

RUBÉN RÍOS ÁVILA ESPECIAL PARA EN ROJO

Armindo Nuñez Miranda escribe con la urgencia y el aplomo que da la madurez. “Las Voces del Asedio” parece ser su primer libro, pero no es en forma alguna un libro primerizo. Los poemas, veintidós en total, se instalan con febril comodidad en la conciencia del lector, creándose un espacio a fuerza de ser contundentes y certeros. A veces son huraños y caprichosos, pero nunca pasiva o fácilmente correctos. El poeta ha eliminado las comas, y el lector escribe las pausas. En una segunda lectura, una vez este minúsculo escollo gramatical es superado, la selección del ritmo por la disposición de las pausas le ofrece al proceso de la lectura una peculiar intimidad.

Y la intimidad es el rumbo de este libro. Sin embargo, no se trata de la intimidad por vía del sentimentalismo, ni de la emotividad expresiva del desnudamiento interior. Todo lo contrario; el libro abunda en exteriores: los parques nocturnos y prohibidos de la ciudad, la calle Loíza con sus mendigos o sus borrachos, Nueva York, San Francisco. El poeta es el transeúnte de la ciudad, sobre todo la ciudad nocturna, que se convierte en aliada de sus secretos, y los que se aventuran a compartir su odisea uterina se arriesgan a ser sus cómplices: “también tú/respirando la noche/lamiendo las esquinas del viento/caminante en deseo/observando cada bulto/que se mueve cuerpo/cada luz/ que parece sonrisa/cada guiño/que atenta perfil/ solapado entre las sombras”. Ese “también tú” tiene la carga del desengaño del que encuentra al otro, que pensó distinto y quizás ajeno a las peripecias

del deseo, también víctima, también presa de la ciudad nocturna.

El linaje de esta poesía es de fácil identificación, porque se trata de una poesía moderna en un sentido ejemplar. Armindo Núñez es hijo del flaneur baudeleriano , compañero de juergas de Verlaine, hermano de Walt Whitman, de Lorca y heredero del Neruda que se cansa de ser hombre. El poeta de la ciudad es aquí también el poeta de las pasiones prohibidas, el de las miradas furtivas por encima del hombro, el poeta del deseo homosexual.

Otro poeta que aborda el tema es Manuel Ramos Otero en su estupendo Libro de la muerte , pero el tono es muy distinto. Para Manuel Ramos Otero el deseo homosexual está emparentado con las experiencias exóticas de la otredad, y su apología

tiene mucho de bandera, de atentado, de provocación. Su homosexual tiene, como en el poema “Pueblo” de Palés, algo de canalla desatado en la ciudad para violar las conciencias hipócritamente castas del pueblo que dormita en la nada. Armindo Núñez penetra un espacio más íntimo de esta experiencia y también más desmitificado y desilusionado. En el fondo, su amor se atreve a decir su nombre para conjurar un deseo que no tiene otro nombre que deseo, con una dinámica idéntica en todas sus posibles manifestaciones u orientaciones. En este sentido, el libro aspira a conjurar desde su especificidad, la dialéctica elemental del yo y del tú, con sus juegos de ilusión y despecho, con su ritual de asedios y entregas.

La vastedad del espacio urbano que invoca el libro no importa por su expansión o por su apertura, sino por su infinita oferta de satisfacciones posibles. La ciudad es el laberinto del deseo, el vientre que le sirve al poeta de refugio y de cárcel. La ciudad es el espejo de su predio más íntimo, el de sus pasiones inconfesadas. Toda ella está eróticamente cargada, pero de un erotismo fugaz y transitorio, que tiene más de invitación a la soledad que de invitación a la solidaridad. Uno de los poemas más sobrecogedores del libro, DesdeSaint VincentHospitaldice así: “Me gusta Nueva York en sus viernes nocturnos/porque la gente despide un olor/quizás la palabra sea dolor/a viejas nostalgias enfermas/casi inefables/casi equilibrio de imágenes/que se multiplican espejo tras espejo/que se repiten idénticas/en multitud de soledades”.

El lector se siente invitado veladamente desde el principio a este espacio, a veces por un “tú” que parece invocarlo, un tú urgentemente interpelado que a veces se increpa, o a veces se desea y siempre se necesita. Pero el tú, claro, no es tan difuso para que se confunda con el lector abstracto. Es mortalmente concreto, ese tú: “Tus palabras ahítas/mutilantes tiernas/tímidas heridas/porque puede más el rencor/en su ejercicio de muralla/ que los puentes extendidos por la gracia”. Ese tú “en su ejercicio de muralla” que le devuelve al poeta su malherida soledad, es, naturalmente, el objeto del deseo, y el lector, del otro lado de la orilla, no se siente aludido por él, sino por el yo que lo invoca. Los poemas nos invitan a compartir la malherida soledad del que desea, para que de alguna forma la observemos o la compartamos y veamos en la fugacidad del placer furtivo una “arrugada deshecha/terca imagen del amor/y sus fantasmas/apenas mirada”.

“Bestia coleóptera”, le llama el poeta a esta criatura del deseo, y la ciudad nocturna es el espacio donde su voz silenciada por la sociedad represora amenaza con hacerse audible: “Tu voz/maltrecha y lastimada/desatada en la mudez/aislada en epíteto/precedida epítome/tu voz/tensa violada/en el rincón simulado/del que calla/marica/bestia coleóptera”. Son muchas las voces del asedio: las voces de la mayoría rectora asedian la voz débil del coleóptero y lo silencian, violando su derecho a la voz y arrinconándolo en su propio silencio. Pero también hay otras: la de los objetos del deseo, que

se hacen sordas e inaccesibles hasta el cansancio: “Ahora delicado cuerpo/que me llenas de amor/ dócil afable/perversamente abrazas mi cansancio”. Y finalmente, la voz del poeta también quiere ser voz del asedio: ser incómoda para los que amenazan con silenciarla y seductora para los que lo tientan con desearla. Pero el poeta está al tanto de sus coartadas, viene de vuelta de sus ilusiones, y sabe “rescate puro del amor” que el libro se propone como máxima búsqueda desde el primer poema está condenado al fracaso, y el libro todo está transido por el peso de la desilusión, y al tanto de que no es sino un “elaborado cuento/del sueño y sus miserias”.

Armindo Núñez no busca en las palabras un mundo sustituto que le permita escapar del que describe en sus poemas. Las palabras le sirven para agudizar el ojo que observa, y la mirada descarnada termina siempre venciendo al gesto idealizador. Las palabras no son platónicas, sino “bestias negras” lanzadas al vacío del otro, en espera de la interlocución alentadora o salvadora. La intimidad no funciona aquí como una fuerza aislante, sino como el espacio húmedo de una voz que llama. “Las bestias negras” quizás el más elocuente de todos los poemas, describe este riesgo del siguiente modo: “Heme aquí completo/a pesar de las piezas torcidas/mis palabras bestias/fugadas furtivas furiosas/gratuitas esforzadas/buscándose equivalentes objetivas/con disposición autoritarias/¿quién las anuncia/y quién las aguarda?”.

REPRESENTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO 19 PUERTORRIQUEÑO: CAMINOS DEL 1868

MARIO R. CANCEL- SEPÚLVEDA

La discursividad respecto a Estados Unidos y los usos de su imagen por los proponentes del Informe sobre la abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico de 1867 presenta problemas interpretativos. Una alianza entre los abolicionistas radicales procedentes del separatismo y los del liberalismo reformista gradualista no podía ser duradera. La Junta Informativa había sido convocada para, en lo social, discutir la situación laboral y no la abolición. Desde mi punto de vista había algo de maniobra en el reclamo común. Es posible que los representantes imaginaran que exigiendo lo máximo podrían conseguir lo mínimo. En realidad, la proposición esperaba colocar al

esclavismo español y a su institucionalidad contra la pared a sabiendas de que su objetivo no se cumpliría.

FRAGILIDADES: ¿CÓMO

ALCANZAMOS LA MODERNIDAD?

La alianza entre los liberales reformistas y los separatistas planteaba una serie de contradicciones. Utilizaban a Estados Unidos como modelo modernizador a la vez que lo esgrimían como un arma para chantajear a España al mostrarlo como una amenaza a la permanencia de aquella en el hemisferio. Suponer que al abolir la esclavitud en Puerto Rico se evitaría la intervención de aquel país en los asuntos españoles no era creíble. No fue la úni-

ca ocasión que se recurrió a ese argumento trivial. La situación recuerda la de 1897 cuando muchos autonomistas y conservadores imaginaban que, imponiendo a toda costa y sin el debido proceso parlamentario una carta de derechos, una ley electoral y una autonomía colonial moderada, se evitaría la intervención de aquel país en el conflicto cubano.

La alianza táctica de 1867 era tan quebradiza como las bases en las cuale se sostenía. El afán modernidad de unos y otros era el mismo. Los abolicionistas liberales reformistas o especialistas confiaban en alcanzarla al lado de la España liberal monárquica o republicana, y en que esta nueva entidad, una vez consolidada, reconocería la igual-

dad con la que aquel sector ideológico fantaseaba.

Los abolicionistas separatistas independentistas sostenían que, al lado de España, monárquica o republicana, nunca seríamos modernos y por eso confluían en invocar la amenaza estadounidense para espolear el cambio. No empece, reconocían al menos dos cosas. Por un lado, que la abolición no era todo el contenido de lo “moderno”; y, por otro lado, que esa y cualquier otra reforma sería más accesible fuera del control de España.

La representación que cada sector se había elaborado sobre España estaba en los extremos opuestos. El contraste entre españolizar (asimilar) o desespañolizar (separar) era el núcleo del diferendo y un dilema sin solución.

Betances Alacán apostaba a la “desespañolización”, una metáfora razonablemente parecida a la “descolonización”, como respuesta a la incapacidad de España de adelantar el progreso de Puerto Rico [1]. En cierto modo, la “desespañolización” material y espiritual, ante el fracaso de los proyectos rebeldes de 1868 en Lares y Yara, acabó por vincularse a la confederación antillana, un proyecto compartido por separatistas independentistas y anexionistas que apenas germinaba en 1867. Para los independentistas, aquella meta se garantizaría intensificando las relaciones con la Europa avanzada. Para los anexionistas, intensificando las relaciones con Estados Unidos. La representación de aquel país en uno y otro territorio era disímil.

RUPTURAS DE UN PROYECTO DE LIBERACIÓN

La convergencia ideológica entre reformistas liberales y separatistas terminó poco después del fin de la Junta Informativa de Reformas por cuestiones que no se circunscribían a la cuestión de la esclavitud y su abolición. Las porfías tuvieron que ver con un desacuerdo en cuanto a la táctica y la estrategia a seguir a la hora de adelantar ese y otros cambios. En cuanto al asunto de la esclavitud, los separatistas acabaron por asumir que la abolición solo sería posible de la mano de la independencia. En cuanto al cambio político, se consideró que, para concretar el rompimiento con España, habría que recurrir a la lucha armada. Como era de suponerse, usaron el fracaso de la Junta para estimular, sin éxito, la radicalización de los liberales reformistas. Aquel era un sector resiliente que confiaba en la España liberal y cuyos postulantes no estaban dispuestos a confrontarla fuera del marco de la legalidad. La mítica reunión en la finca “El Cacao”, propiedad de Luis Gustavo, hermano de José Julián Acosta en el verano de 1867, fue el escenario de una ruptura que dejó a los separatistas aislados de un importante segmento de los liberales [2] .

La vigilancia sobre los firmantes del Informe… y el hecho de que Ruiz Belvis tomase la decisión de evadirse del país a fin de articular con Betances Alacán una conjura separatista independentista, opción de la que hicieron depender la abolición radical de la esclavitud en adelante, abrió un abismo entre ambos sectores. El nacionalismo político

de la década de 1920 y 1930, ante el imperialismo estadounidense, trató sin éxito de subsanar aquella fisura.

Tras el rompimiento, cuando los separatistas llamaban la atención sobre la esclavitud, lo hacían con el propósito de adelantar la independencia y, de paso, confirmar la distancia que los separaba de los liberales reformistas. Ese sector acabó por rechazar cualquier colaboración con los separatistas por su disposición a apelar a la violencia y no porque estuviesen menos comprometidos con la abolición.

En cierto modo, la abolición de la esclavitud en 1873 desmintió a los separatistas al demostrar que una abolición gradual y conservadora era posible. El acto estimuló la reanimación de la fe en la España liberal y su capacidad para conducir a la colonia por la ruta del progreso y los moderó aún más, redirigiéndolos del asimilismo al autonomismo. La diferencia de estas tendencias en el seno del liberalismo no eran muchas. Una y otra asegurarían que Puerto Rico seguiría siendo español y mantendría una distancia segura de Estados Unidos, considerado un excelente socio económico del cual había que mantener cierta distancia política. El “autonomismo asimilista”, que fue lo que se impuso en 1897, fue una expresión política más del integrismo de buena fe que caracterizó al liberalismo en general [3] .

El hecho de que el Informe… de 1867 se hiciera público en 1870 en Madrid en un impreso del Establecimiento Tipográfico de R. Vicente y que circulara entre el exilio antillano confirma su transformación en una pieza de carácter propagandístico [4]. El volumen, que fue producido por un editor respetable, demuestra que la abolición radical era un eje fundamental para la cohesión del separatismo en general, fuese este defensor de la independencia o de la anexión. La presencia de dos voces liberales reformistas en la portada solo servía para recordar que la alianza con aquellos había terminado.

Otro punto de disenso entre los abolicionistas liberales reformistas y separatistas entre el 1867 y el 1873 fue el asunto de la indemnización. Dentro del lenguaje liberal, la “indemnización” no era otra cosa que una compensación por la pérdida de una propiedad reconocida como “legítima” por un orden que procedería a “ilegitimarla”. Desde la perspectiva del derecho, la abolición no era más que una expropiación forzosa. Dado que se asumía que la retribución por la pérdida de un bien de capital (el esclavo) se reinvertiría en la modernización de la industria para hacerla más competitiva en un mercado en el cual los azucareros iban en retroceso, el estado debía estar dispuesto a concederla y los ex-esclavistas dispuestos a recibirla. Es probable que, incluso los abolicionistas más convencidos de que la emancipación era un acto humanitario o filantrópico, estuviesen tan ansiosos por obtenerla como los conservadores. Pero la “indemnización” equivalía a aceptar que el esclavo era una res o cosa, un bien de capital más. La compensación serviría para comprar tecnología, adelantar la centralización de la producción cam-

biando las condiciones del mercado y mitigar los costos de la mano de obra en el marco del trabajo libre, plazas que habrían de ocupar los libertos, un nuevo jugador en el entramado de la sociedad puertorriqueña.

Al recorrer aquel proceso, dos asuntos han sido pasados por alto una y otra vez. Primero, la tendencia de los liberales reformistas y separatistas en 1867 a idealizar la mano de obra libre como signo de progreso de carácter igualador y benefactor. Segundo, la propensión a edulcorar las condiciones de vida social de los trabajadores libres en el contexto de Estados Unidos, así como a celebrar su vida económica y social. En cierto modo, daban crédito a un tipo de “sueño americano” propio de su tiempo.

Este no es el lugar para discutir la situación de la clase obrera en aquel país en el último tercio del siglo 19. Solo haré un par de observaciones al respecto. En un valioso estudio sobre la historia del terrorismo, el historiador alemán Walter Laqueur (1921-2018), al comentar la evolución de la violencia y su relación con el anarcosindicalismo y los conflictos laborales en aquel país, no vacilaba en afirmar que “casi desde sus inicios, las disputas laborales en Estados Unidos fueron más violentas que en Europa” [5]. El apunte se hacía a la luz de la experiencia de los Molly Maguires irlandeses en la década de 1870 vinculados a la industria minera y la bomba de Haymarket en 1886 en Chicago. De otra parte, la movilización de las fuerzas armadas contra trabajadores en huelga era común. Ya se sabe la tarea que en ese ámbito cumplió el General Nelson A. Miles (1839-1925) entre mayo y junio de 1894, en medio de un conflicto en la industria ferroviaria Pulmann a las afueras de Illinois que tanto afectó el tráfico ferroviario en el medio oeste de Estados Unidos [6]. En general, la utopía moderna, en lo que al trabajo y los trabajadores se refería, poseía dos rostros. El autor es historiador

NOTAS

[1] Adriana María Arpini (2008-2009). “Abolición, independencia y confederación. Los escritos de Ramón Emeterio Betances, El Antillano” en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 25-26: 189. He discutido el tema de la desespañolización en Mario R. Cancel-Sepúlveda (2023), “Otros Betances: intersecciones y fronteras”, en Puerto Rico entre siglos. URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2023/06/15/ otros-betances-intersecciones-y-fronteras/.

[2] Germán Delgado Pasapera (1984) Puerto Rico sus luchas emancipadoras (Río Piedras: Cultural): 118.

[3] Sobre este asunto puede consultarse Manuel Elzaburu Vizcarrondo (1971), Prosas, poemas y conferencias (San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña): 7, 274-306. Aquí, “autonomía” y “armonía”, en el sentido que le adjudicó Auguste Comte (1798-1857) a ese concepto, son considerados sinónimos.

[4] Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco M. Quiñones (1870) Informe sobre la abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico (Madrid: Establecimiento Tipográfico de R. Vicente).

[5] Walter Laqueur (2003) Una historia del terrorismo (Barcelona: Paidós): 48, 96-98.

[6] Remito al interesado al breve relato de Nieve de los Ángeles Vázquez (2023) El Jefe: populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898 (Edición de la autora): 67-68.

MARÍA CRISTINA EN ROJO

CFILMES FLOTANTES 5: WICKED LITTLE LETTERS, SCOOP Y TRUTH

omo me encantan las asociaciones que hace Juan Ramón Recondo con filmes del pasado reciente y remoto con estrenos del año en curso, intento en esta serie de ‘filmes flotantes’ comentar lo visto y experimentado en las salas de cine, el streaming continuo al que tengo acceso y un segundo vistazo a algo escrito en el pasado. Wicked Little Letters estuvo en Fine Arts por muy poco tiempo y se consigue ahora en Prime, Scoop pertenece al ofrecimiento de Netflix y el rescate del pasado de Truth complementa el tema periodístico de Scoop

WICKED LITTLE LETTERS

Directora:Thea Sharrock; autor :Jonny Sweet; cinematógrafo Ben Davis; elenco: Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall, Gemma Jones, Malachi Kirby, Alisha Weir, Anjana Vasan, Hugh Skinner.

No lo llamamos “cine minimalista” como los proyectos latinoamericanos que logran contar una historia en un mínimo de espacio, tiempo y diálogo, pero en el caso del Reino Unido, es un cine que enfoca en lo pequeño de un pueblo, una situación familiar o comunal con historias muy domésticas.

Es algo que se rige por el espacio creado en un escenario teatral. Todo esto lo presento para situar esta comedia muy seria de cartas ofensivas a miembrxs “decentes” de la comunidad por alguien que todxs sospechan.

Con actores tan versátiles como Olivia Colman en el personaje de Edith Swan, la solterona religiosa convertida en la eterna hija ejemplar de Edward (Timothy Spall) y Victoria (Gemma Jones), y Jessie Buckley como Rose Gooding, la joven irlandesa como madre soltera que no se queda callada y enfrenta cualquier desagravio con una retahíla de insultos, el filme se engrandece a pesar de su pequeñez. Es 1920 en Littlehampton y el escándalo recurrente es que Edith ha recibido 19 cartas ofensivas a su moralidad de mujer casta. Al recibirlas, Edith las lee en voz alta a su padre y madre con gran énfasis en cada palabra que alude a su sexualidad y a lo que debe hacer con ella.

Como Rose habla precisamente como las cartas recibidas por Edith, es arrestada, aunque no haya ninguna prueba, ni siquiera de que es su letra. Los veladores de la justicia y la moral arrestan a Rose y poco les importa que su hija, Nancy, quede a la deriva mientras está en la cárcel por no poder pagar fianza. Aquí entra en juego una mujer policía, Gladys Moss (Anjana Vasan), recién nombrada a

un puesto que se han visto obligados a aceptar por ley (todavía la mujer no ejercía el voto-será ley en 1928, pero algunas leyes le abrían puertas después de su gran trabajo durante la 1era guerra mundial, 1914-18). Será ella, desafiando las órdenes de sus superiores, la que investigará y exonerará a Rose. Es una comedia pícara que, como nos dice Manuel Martínez Maldonado en 80 Grados, no debemos perder.

SCOOP

Director: Philip Martin; guionistas: Peter Moffat y Geoff Bussetil; autora: Samantha McAlister; cinematógrafa: Nanu Segal; elenco: Rufus Sewell, Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper, Romola Garai

Porque tengo un interés muy particular en cómo el periodismo se presenta en el cine, y aunque Scoop es muy británica en la importancia que le da a todo lo concerniente a la realeza, es un excelente episodio de cómo se logra encontrar evidencia suficiente para confrontar a alguien para revelar la verdad. El caso central es el historial y el arresto en julio 2019 en Nueva York de Jeffrey Epstein, seguido por su aparente suicidio un mes después. La conexión que busca la BBC es con el segundo hijo de la Reina Isabel, el príncipe Andrew. Y aunque la prensa amarilla de Gran Bretaña vive de los chismes de palacio, ellos mismos se ponen sus límites para evitar el rechazo oficial de la realeza.

Como sabemos, esto no aplica a Meghan Markel, ya que ella es considerada una intrusa (estadounidense, divorciada, actora, “plebeya”, negra) y no hay barreras para sus ataques. La BBC tiene todavía mas que perder porque es una corporación que depende de sus subscriptores en su producción de noticiarios y programas, aunque siga siendo muy prestigiosa por la calidad de sus producciones y su equipo creativo e investigativo. Así que el desafío no es solamente encontrar un vínculo directo entre Epstein y Andrew, sino conseguir una entrevista con él donde admita ese enlace.

El equipo lo componen Sam McAlister (Billie Piper) como la joven investigadora que quiere acelerar todo, no importa el riesgo; Emily Maitlis (Gillian Anderson), la veterana periodista que estará a cargo de la entrevista a base de la evidencia que McAlister ha suministrado y Esme Wren (Romola Garai),

quien intenta mantener el balance y a la misma vez llegar a una confesión pública de Andrew. Amanda Thirsk (Keeley Hawes), como la secretaria personal de Andrew es clave para que la entrevista se logre sin manchar demasiado la imagen del príncipe. Todxs lxs actorxs son maravillosos y se lucen en este escenario público y tras bastidores. Rufus Sewell, como Andrew, es irreconocible por lo bien que se transforma en este papel creado para el público y la realeza.

RESCATE DEL PASADO (2016) TRUTH

Director y guionista: James Vanderbilt; autora: Mary Mapes; cinematógrafo: Mandy Walker; elenco: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Dennis Quaid, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, Dermot Mulroney, Noni Hazlehurst, John Benjamin Hickey

Sin duda el caso que investiga 60 Minutes II en Truth es más directamente político porque es 2004, año de elecciones, y su tema es el récord militar del entonces presidente, George Bush, durante los años en que estuvo en la Guardia Nacional de Texas. Lo que se rumoraba y se convirtió en chiste es que Bush consiguió, por la influencia de su padre, no tener que ir a Vietnam al ser aceptado en la Guardia Nacional Aérea. Una vez ahí, iba y venía según le parecía, sin cumplir con los pocos requisitos que le exigían.

Mary Mapes propone hacer un segmento de este programa, que se transmitía los miércoles (los domingos estaba reservado para 60 Minutes original), para exponer la verdad detrás de la retórica ‘patriótica’ de un presidente que llevó a los Estados Unidos a guerras interminables en Irak y Afganistán. Ya la agresiva campaña para reelegir a Bush revelaba, sin datos, la supuesta no heroicidad en Vietnam de John Kerry, el candidato demócrata. Hay que recordar que Mapes tenía a su haber una investigación de las detenciones y torturas en la prisión de Abu Ghraib por la que había ganado un premio Peabody y había trabajado con CBS desde

1989 en Texas y luego con 60 Minutes y el periodista y ancla de noticias, Dan Rather.

Su grupo de trabajo incluía a Mike Smith (Topher Grace), el teniente coronel Roger Charles (Dennis Quaid) y la ex reportera y profesora de comunicaciones Lucy Scott (Elisabeth Moss). Son ellos los que consiguen los documentos, testigos dispuestos a dar sus nombres y aparecer frente a las cámaras.

Es Mapes la encargada de verificar todas las fuentes para asegurarse que la información que usan no puede ser atacada como falsa. Dan Rather recibe el producto final para revisarlo, aclarar dudas y poner las partes juntas. Somos testigos de todo ese procedimiento, pero también de las llamadas no contestadas, de conversaciones a medio decir y de versiones diferentes del mismo tema por la misma persona. Aún más importante, el apuro por tener el segmento listo para llevarlo al aire en fechas adelantadas, porque otros miércoles ya estaban llenos o porque tendrían entonces que esperar

hasta después de las elecciones. Las noticias en la televisión nunca pueden ser como en el periódico, porque no hay espacio ni tiempo para ello. En un segmento de 10, 15 o 30 minutos 60 Minutes tiene que incluir todo el material de manera que amenice al televidente. No tiene la ventaja de la palabra escrita.

Los que inmediatamente responden al programa sobre Bush son los manejadores y blogueros del Internet donde se puede hacer cualquier acusación sin pruebas: decir que los documentos usados son falsos porque un signo que aparece en una carta no era parte del teclado de esa época solamente se puede refutar después de haber hecho nuevamente otra investigación y responder... ¿dónde?. Tanto aquí como en Spotlight, las presiones políticas o de grupos o instituciones poderosas se hace sentir y, en el caso de CBS, todavía más seriamente.

Nuevamente, las actuaciones son excelentes (Cate Blanchett convertida en Mary Mapes) y la ambientación de la presión para producir algo de impacto para la TV reflejan ese mundo de noticias que intentan revelar información importante, pero usando estrategias que atraigan a un grupo amplio poco interesado en el contenido.

EN RESERVA LA JUSTICIA QUE NOS TOCA ADJUDICAR

EDGARTO TORMOS BIGLES ESPECIAL PARA EN ROJO

Era de esperarse. El lunes 10 de junio de 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió descalificar a los aspirantes por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la Representante Mariana Nogales Molinelli, Gladys Myrna Conty, el Senador Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón. La decisión del más alto foro judicial de Puerto Rico revierte el fallo del Tribunal de Apelaciones, que a su vez había revocado la decisión de descalificar a los candidatos del Juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia.

Hace tiempo que la cultura política de Puerto Rico se vale de instrumentos jurídicos para limitar las alternativas democráticas que amenazan con desestabilizar el régimen de partido único que suponen las administraciones clientelistas del PNP y el PPD. La persecución política de la Representante Mariana Nogales por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) es tan sólo el más reciente y burdo ejemplo de cómo se hace uso de la ley para hacerle la guerra jurídica (lawfare) a personas que representen amenazas para la hegemonía clientelista del país y sus representantes en el bipartidismo.

El argumento de quienes regocijan con la noticia varía levemente en grado de sofisticación, pero, para sorpresa de nadie, el raciocinio de lxs jueces (en su mayoría nominadxs por el PNP) no se distingue en sustancia de las tautologías que se escuchan en la calle. Esencialmente gira en torno a la máxima “la ley debe aplicársele a todos por igual”. Ahí precisamente radica el meollo del asunto.

Según se ha visto en los tribunales, lxs candidatxs que se acogieron al método alterno que permite el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 recibieron una notificación del sistema electrónico que indicaba que la alternativa de no recoger endosos era válida: “Si su partido ha sido acogido por el método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de endosos”. Así lo reconoce la opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez. Vale preguntarse cómo es posible aplicar la ley a todos por igual si el mismo sistema mediante el cual se tramitan las candidaturas (SIEN) le provee información que contradice la ley a algunxs candidatxs. Además, vale preguntarse cómo el Artículo 7.11 del Código no se presta para malinterpretar la ley, ya que da la impresión de proveer una alternativa al Artículo 7.15 del mismo Código. Ni mencionarse la

extralimitación de añadirles requisitos a candidatxs que no están explícitamente delimitados en el Código. Ni pensar en los antecedentes históricos que han avalado métodos alternos.

Es crucial que reflexionemos más allá de la ardua tarea estratégica que tiene la Alianza de cara a las elecciones generales, más allá de la reorganización estructural necesaria para acogerse a la nueva imperativa de los endosos y aún más allá de las interpretaciones del gremio “letrado”. Se nos va la vida en ello, porque ya hemos visto adónde nos ha acorralado un país pensado por nuestrxs ilustres licenciadxs. La oración que abre la opinión del Juez Asociado Kolthoff Caraballo, “Justicia es aplicar la ley de la misma forma a todos aquellos que se encuentren en las mismas circunstancias” es particularmente risible, ya que resalta la deshonestidad y la irónica estrechez intelectual que aqueja a la claque togada del país.

Es obvio que, por una parte, si se tratara de aplicar la ley de la misma forma a todo el mundo, el Departamento de Justicia, el PFEI, los tribunales nacionales y extranjeros y toda la clase jurídica se ahogarían en una marejada de casos criminales por la ineptitud y corrupción de los políticos y funcionarios del bipartidismo.

Resulta cómicamente claro que quienes claman justicia a los pies de una rama de gobierno nominada por sus colegas no se encuentran “en las mismas circunstancias” que quienes no tienen el privilegio de representación ante lxs finales e infalibles. No somos iguales ante la ley ni los mecanismos jurídicos o policiales del país, y cada puertorriqueñx es

agudamente consciente de esa realidad: desde las víctimas de violencia de género, a las comunidades que sufren desproporcionadamente los embates de la corrupción y la ausencia del Estado, a quienes no tienen los recursos para resistir el desplazamiento ilegal, hasta las destrucciones del medio ambiente de las que dependemos para subsistir. Siguiendo la definición miope de Kolthoff Caraballo, debe concluirse que en Puerto Rico no existe la justicia.

Por otra parte, la determinación menoscaba aún más la ya erosionada confianza en el sistema electoral de la colonia. Por vía jurídica, en nombre de nuestras virtuosas leyes, no habrá que tomar ninguna decisión en noviembre, porque nuestrxs ilustres ya la tomaron por nosotrxs. Evidentemente, en Puerto Rico no existe otra justicia política que no sea aquella que se adjudica desde la calle.

Mientras más se insiste en celebrar una tradición de ley y orden, más se evoca nuestra atropellada historia jurídica. Mientras más se martilla con el mazo, más se resquebraja la frágil construcción de que nuestra clase gobernante es capaz de emitir justicia. Retumba el mazo y se propaga la desposesión de las masas y sus posibilidades de incidir en el simulacro de democracia. Resuena el mazo como sonó a nombre del ELA. Truena el mazo como ha tronado en defensa de PROMESA. Se nos taladra en la memoria colectiva el mazo del Partido Único, el que ordena que sigamos por el buen camino que llevamos, en el que todxs somos iguales.

¿Qué martillo forjaremos para reventar este espejismo? ¿Qué estruendo será capaz de acabar con la tranquilidad de la tiranía?

Pero para que las juventudes puedan desarrollar su pleno potencial, es necesario velar por el pleno ejercicio de sus derechos, promover una transición saludable hacia la vida adulta y realizar inversiones estratégicas y específicas para el grupo. La mayoría debe estar orientados en la educación, la salud, en protección social, vivienda y servicios a la comunidad y ciencia, tecnología e innovación. Es hora de que Puerto Rico cuente con presupuestos específicos para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses. Algunas de sus aspiraciones se encuentran:

• El gasto en educación técnica, tecnológica y universitaria que mejores sus destrezas profesionales y provean para que puedan acceder a empleos dignos y productivos con altos salarios. Educación universitaria que se concentre en investigación, tecnología, desarrollo e innovación para crear mayor conocimiento, para mejorar la producción y productividad.

• El gasto en salud tiene una alta participación de jóvenes de 18 años a más, lo que se relaciona con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para quienes han iniciado actividad sexual, y salud materno-neonatal para adolescentes y jóvenes gestantes o que ya son madres

• La inversión social en trabajo que se concentra también en los/las jóvenes mayores de 18 años, edades en las que se intensifica la participación en el mercado laboral. Mejoras en sus derechos laborales.

• La inversión en viviendas dignas y accesibles, con rentas apropiadas.

• Inversión en protección social, en especial para mujeres, minusválidos, con pensiones que asegure su vejez.

En el presupuesto lo que existen son recortes en la mayoría de los programas en educación, salud, trabajo, protección social y vivienda mostrando que los/las jóvenes no son prioridad para la JCF y el Estado. Es imposible mejorar las condiciones de vida de los/las adolescentes y jóvenes que demandan la atención del Estado y la garantía de sus derechos. Puerto Rico debe reconocer su deuda con las juventudes y avanzar hacia una mejor planificación, diseño, financiamiento y ejecución de políticas públicas orientadas al bienestar de las y los jóvenes. Se requiere de acciones estratégicas en materia de inversión en el grupo poblacional comprendido entre los 12 y 29 años, para retener los mismos en la Isla.

En conclusión se obliga mejorar la distribución del gasto específico para atender las necesidades de adolescentes y jóvenes en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva; en educación, incluyendo la

Los presupuestos públicos de los últimos años expresan una historia en la gestión financiera pública de mal uso de fondos año tras año (corrupción de diversas formas) con la excusa de estar balanceados.

educación sexual integral, educación en ciencia y tecnología, educación universitaria; en empleos dignos, con buenos salarios y con derechos laborales; en viviendas accesibles con rentas apropiadas; y en protección social incluyendo seguro de salud y pensiones, considerando las demandas específicas de cada subgrupo etario, así como las brechas de desigualdad por género, pobreza, área de residencia y condición de discapacidad. Además, en infraestructura como energía, agua potable, comunicaciones, otros servicios, cultura, mejoras en la producción y productividad.

Para tener un buen presupuesto es necesario articular políticas públicas como instrumentos de desarrollo con acciones transparentes y con objetivos medibles en todas las ejecuciones gubernamentales. El presupuesto debe ser una herramienta que esté atado a objetivos medibles previamente planificados que generen las riquezas, mejore la protección de servicios, planifique y asigne recursos. Debemos aspirar a que se elimine el gasto público que no responde a los objetivos sociales, ese gasto que no genera bienestar social y elaborar indicadores

de desempeño que midan el logro de estos objetivos sociales.

Perdemos las oportunidades para la transformación económica, con los fondos de reconstrucción, pero debemos cambiar nuestro enfoque hacia el desarrollo, crecimiento y la inversión. Si nos quedamos atrás, la oportunidad de una nueva generación de empleos y prosperidad se nos escapará y, como consecuencia, continuaremos con la dependencia de fondos donde nos condena a ser más pobres y vulnerables. Por eso el presupuesto público debe prioriza en la juventud debido a que genera una oportunidad para el desarrollo inclusivo y sostenible e impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso. Esto se logra solo si se realizan inversiones en capital humano, sobre todo en educación, educación universitaria, tecnología, salud, empleo productivo, entre otros. Creando sociedades más incluyentes, con mayor participación de los jóvenes, que serán más exitosas frente a los desafíos del envejecimiento de la población y el financiamiento de pensiones para una población progresivamente envejecida.

CANDIDATA DEL PIP PARA ISABELA APUESTA AL AMBIENTALISMO

Por Adrián Rodríguez Alicea CLARIAD

En entrevista con CLARIDAD, la aspirante a la poltrona municipal compartió su trasfondo, proyectos y visiones.

Hace muchos años, a la orilla del río

Guajataca, existía un salón de actividades dentro del antiguo túnel del Tren de Circunvalación, con quioscos y negocios en sus zonas aledañas.

Allí, donde el cuerpo de agua dulce divide Isabela de Quebradillas, se daban bailes, fiestas y encuentros de la comunidad frente al bramido del mar y bajo un sol que teñía de esmeralda el río desembocante. Ahora, tras múltiples cambios de mando, cunden los grafitis, musgos y muestras de abandono frente a un pueblo donde las inversiones extranjeras —en lugar de los intereses coSIGUE EN LA PÁGINA 20

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munitarios— cobran fuerza. Así lo afirmó a CLARIDAD Bitita Plumey Banuchi, candidata a la alcaldía isabelina por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Mira las condiciones en que lo tienen [el túnel]. Yo no sé hasta qué punto, ambientalmente, hay que dejar ciertos aspectos, pero esto se puede limpiar para mantener el área. Aquí bailaba la gente”, denunció Plumey Banuchi, quien ha residido en Isabela toda la vida.

La candidata por Isabela, quien figura como parte de una “competencia fraternal” dentro de la Alianza de País, aseguró que este espacio público e histórico tiene la capacidad de ser transformado en un lugar turístico, “con una pequeña oficina de turismo isabelino”. Incluso, la pipiola opina que los predios pueden servir de inicio para una ruta de senderismo.

“Esto es para que la gente pueda pasar, caminar, correr, venir por la playa y volver. Yo quiero rescatar a Isabela para los isabelinos y para Puerto Rico. Que todos lo puedan utilizar, pero de una manera segura y que no se lo regalen a los inversionistas”, declaró Plumey Banuchi, quien distingue la protección ambiental como uno de los pilares de su campaña por el municipio.

Según las denuncias de la candidata, los desarrolladores del Royal Isabela, una hospedería y parque de golf que queda en uno de los farallones isabelinos, han invadido otras partes de la costa contigua, en la playa del Pastillo. De hecho, un recorrido por el paso del antiguo tren devela unos pedruscos ingentes colocados como un muro a mitad de la vía.

“Las pusieron para impedir el paso. Fíjate en esas plantas espinosas al lado. Todo ha sido acomodado a propósito”, advirtió la también activista. “Colocaron esta muralla de rocas inmensas que obstaculizan la vía del tren. Esto es patrimonio nacional”.

TRASFONDO

Bitita Plumey Banuchi comenzó su militancia dentro del PIP hace más de 40 años, cuando estudiaba en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esos espacios académicos, conoció a Eduardo Tuto Villanueva y, por influencias del abogado, ingresó al partido.

“Esto era un tabú para mi generación. Ser independentista no era bueno. O sea, te tildaban de pelú, socialista; todas esas connotaciones, y más si eres una mujer. De un tiempo para acá es que uno ha podido liberarse”, compartió Plumey Banuchi respecto a su relación con la colectividad histórica. Asimismo, atribuyó este aumento reciente de tolerancia a la juventud y su “conciencia clara”.

Además de ambientalista e independentista, la pipiola reveló su carrera como sonografista médico, trabajo que ejerce desde que se graduó del Recinto de Ciencias de Médicas de la UPR.

“A mí me han llamado para trabajar afuera por tres o cuatro veces de lo que gano aquí, pero yo no me voy. Me quedo aunque no trabaje”, afirmó la activista, cuyo uniforme consiste en una camiseta de “PE ERRE”, un broche de Palestina y banderas patrias, de azules celestes.

En 2019, durante las protestas en contra de la gobernación Ricardo Rosselló Nevares, nació la compañera de protestas y denuncias de Plumey Banuchi, la marioneta Yayita. Una muñeca vestida de una camisa negra que lee “Soy boricua”. “Yayita Mi Isla”, nombre de pila del personaje, ha estado presente en el Campamento Pelícano, el “abrazo solidario por Ramona” y otros flancos de la justicia social.

UN ISABELA PARA LOS ISABELINOS

Si bien Plumey Banuchi lucha contra el abuso ambiental, también contempla la conservación de los activos locales como una posible fuente de actividad comunitaria y económica, como en el caso de Ermita San Antonia de la Tuna.

Cercado por su propio deterioro y unas vallas despintadas, el templo bicentenario sirve de ícono para el barrio San Antonio; un poblado de promontorios tupidos y casas pintorescas. No obstante, las vallas, aunque inconexas, se extienden hasta las entradas montunas del río, adonde acudía la comunidad para aprovechar las aguas.

“¿A qué se te parece ese portón? Al mismo que está ubicado por la playa. Todo por no darle acceso a los residentes de esta comunidad, que tienen el derecho de aprovechar estos recursos”, alertó la candidata por la alcaldía isabelina.

A pocas millas del poblado, más portones idénticos impiden el acceso a los terre-

nos baldíos de la playa Pastillo.

De acuerdo con El Nuevo Día, la compañía dueña del Royal Isabela —Costa Isabela LLC— tiene aproximadamente 960 cuerdas de terreno, incluyendo el litoral que recorre del río Guajataca hasta la Cueva de las Golondrinas, justo debajo de la hospedería.

“Hicieron lo mismo que allá [en el túnel]. Colocaron las mismas rocas en el mismo medio para que produzca un desagüe, un boquete que obstaculiza el acceso a esta playa”, agregó Plumey Banuchi.

Para la pipiola, el Municipio de Isabela ha estado “de brazos cruzados” para atender el asunto de los inversores. Previo a su candidatura, Plumey Banuchi se comunicó con el alcalde actual, Miguel Méndez Pérez (PPD), de quien recibió una respuesta ambigua que no esclareció la postura del municipio.

“El alcalde había dicho que estaba en contra. Le puso un papel [en el área] diciendo eso mismo, pero no hace ninguna gestión. Con ese cargo de poder no se puede esperar que, con una carta, todos hagan caso. Hay que presionar”, mencionó la sonografista médico.

En esa línea, recordó los tres cuatrienios del exalcalde Carlos Delgado Altieri, también del Partido Popular Democrático (PPD). Según Plumey Banuchi, esa administración de la pava propició, en un principio, una actividad socioeconómica en gran parte de la comarca isabelina. Con el tiempo, los “elefantes blancos” y los equipos desusados se convirtieron en la norma, como sucedió con el picadero municipal.

“¿Cómo le vas a exigir a un centro cultural que pida permisos para realizar actividades en la plaza? Eso es lo que están haciendo con la Casa de la Cultura Isabelina. Una institución que existe para promover la cultura del pueblo”, reclamó.

En ese sentido, la candidata planteó que los proyectos de las pasadas administraciones han servido para alimentar “el baile, la botella y la baraja”, las inversiones multimillonarias y nada en pro del aprovechamiento ciudadano.

Actualmente, la candidatura de Biotita Plumey Banuchi conversa, de forma amistosa, con la de contraparte del Movimiento Victoria Ciudadana. Incluso, ambas han dialogado sobre la posibilidad de unir fuerzas con los trabajadores del colegio electoral de cada campaña. Igualmente, Plumey Banuchi cuenta con un equipo municipal que incluye activistas, artistas y otros personajes sociales de Isabela.

A cinco meses de las elecciones, Isabela cuenta con una candidatura ambientalista, activista y dedicada al rescate de las comunidades.

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Bitita Plumey Banuchi

CUESTIONAN PROCESO DE LIBERTAD BAJO PALABRA

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Familiares víctimas de feminicidio y organizaciones feministas urgieron a la Legislatura a que consideren los derechos de las víctimas y se revise la Ley 85 de octubre del 2022, que redujo el tiempo de sentencia que tiene que cumplir un confinado para solicitar libertad bajo palabra.

En conferencia de prensa, familiares de Ivonne Negrón Cintrón, junto a la portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) y presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas (CA), licenciada Josefina Pantoja Oquendo, denunciaron que la JLBP atenderá una solicitud de libertad bajo palabra de Juan Ramos Álamo, quien asesinó a Negrón Cintrón en noviembre del 2013, con tan solo haber cumplido 10 años en prisión. El feminicida asesinó a la victima de 26 puñaladas, luego dejó el cuerpo desangrarse, escondió el cadáver durante cuatro días, lo desmembró y dispuso de él en bolsas plásticas.

“Entendemos que hay mucho riesgo para nosotros como familia. Vivimos en el mismo pueblo sus padres, su hermano y los hijos de sus hermanos. Yo vivo en un pueblo cercano a Gurabo y tenemos mucha preocupación por la falta de información respecto a los riesgos y seguridad que podríamos enfrentar como familia, incluso los riesgos para la comunidad en términos generales”, expresó Leila Negrón Cintrón junto a su hermano Manuel y la madre de estos, Carmen Cintrón Cruz, todos presentes en la conferencia de prensa.

Con voz entrecortada por momentos, Leila contó que su madre recibió una carta de la JLBP en la que le notificaban que el 22 de julio atenderán una vista de solicitud de libertad bajo palabra de Ramos Álamo, al amparo de la Ley 85 del 2022. Luego de varios intentos de obtener información vía telefónica, Leila y su madre acudieron a la JLBP, donde se les entregó copia del expediente. Denunció que el expediente no está completo y solo dice que la persona tomó dos talleres como parte de su proceso de rehabilitación, uno llamado Aprendiendo a vivir sin violencia y el otro, Transformación de patrones adictivos. “Tenemos muchas dudas de la información del contenido de esos talleres y de la repercusión, si alguna,

que han tenido”, expresó.

Denunció que de los documentos que pudieron examinar no surge una evaluación sobre el nivel de peligrosidad del convicto ni sobre el potencial de riesgo a la seguridad que puede enfrentar el círculo familiar, además de grandes contradicciones en documentos que fueron considerados por el DC. Dio como ejemplo los hallazgos de la evaluación psicológica y las conclusiones en los informes sobre el aprovechamiento del convicto por los talleres tomados. Tampoco tiene un informe comunitario sobre indagaciones en la comunidad en la cual residirá el convicto.

Respecto a la vista en la JLBP, dijo que aunque la familia asistirá, no podrán testificar ni hacer ninguna expresión, solo verán al convicto por cámara; este participará desde la prisión. No obstante, denunció que por el contrario, la JLBP recibirá la opinión de la familia a través de una funcionaria que se reuniría con ellos luego de la vista.

“Nuestra familia es firme defensora de derechos humanos, incluyendo los que corresponden a la población penal. Repudiamos la pena de muerte y no abogamos por la prisión perpetua, pero si creemos que es muy difícil que en 10 años una persona que cometió un crimen tan atroz como el feminicidio de Ivonne esté rehabilitada o lista para salir a la comunidad”, expresó su hermana Leila.

En tanto, la licenciada Pantoja Oquendo fue enfática en señalar que algunos de los talleres que tomó el feminicida, por los cuales recibió bonificaciones con los que redujo el tiempo para cualificar para la JLBP, fueron provistos por personal contratado por Physician Correctional, la misma empresa privada que junto con la negligencia de el DCR permitió que un feminicida y agresor sexual burlara el sistema para salir de prisión y cometiera otro feminicidio, el de Ivette Joan Meléndez.

“Nuestra desconfianza en cuanto a las evaluaciones e informes relacionados con las áreas psicológicas y conductales de Ramón Álamo llevadas a cabo por Physician Corretional se justifica a las luz del precedente de Hermes Ávila Vázquez”, denunció la también presidenta de la Comisión de la Mujer del CA. Censuró el que la Ley 85 del 2022 y la Ley 87 del 2020 han abierto la puerta para el privilegio de libertad bajo palabra sin que se tome en cuenta el que la JLBP, el organismo que tiene la discreción para concederla,

De izquierda a derecha, Carmen Cintrón Cruz, Lic. Josefina Pantoja, Leila y Manuel Negrón Cintrón Foto suministrada

no cuenta con los recursos ni el peritaje necesarios para verificar de manera independiente y fiscalizar la información que provee el DCR. La portavoz de la OPMT trajo a la atención que así lo reconoció la propia presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, en una entrevista con la periodista de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo.

En la conferencia de prensa se señaló que durante el fin de semana se divulgó por algunos periodistas que la vista señalada para el 22 de julio había sido cancelada. La hermana de la víctima dijo que su familia no ha recibido ninguna llamada, ni correo electrónico ni una carta que certifique que la vista haya sido cancelada y reparó en que ella misma le dio a la JLBP la dirección postal, el número telefónico y el correo electrónico de todos los familiares.

Por su parte, Pantoja Oquendo reaccionó que quisieran pensar que por la por la ola que ha levantado la familia la JLBP va a posponer la vista para buscar más información, “pero nos tememos que lo que están tratando es mantener el polvo debajo de la alfombra”. En esa línea, advirtió que, por el alegato de la JLBP de que la Ley 85 reduce los términos, se va a seguir aplicando a menos que no se hagan cuestionamientos y que el activismo logre una nueva modificación.

La activista feminista reparó en que no están diciendo a la JLBP que no pueda aplicar la ley, sino que esta ejerza de manera correcta su discreción de verificar y fiscalizar y que, además, se cumpla con el término para referir a la Junta. Tiene que ver los criterios relacionados con peligrosidad, con que verdaderamente la persona se haya rehabilitado con las evaluaciones psicológicas, que se verifique en la comunidad cuál es la disposición de las personas sobre la peligrosidad los riesgos, que no sea una puerta que le conceda ese privilegio en perjuicio de las víctimas secundarias.

En su opinión, la ley es demasiado amplia en términos de aplicarla a todos los delitos por igual, por lo que debió haber sido un discernimiento mucho más cuidadoso. Reconoció que no se percataron de la ley cuando se estaba discutiendo, pero, una vez están viendo los resultados que está teniendo, no ve porqué la Legislatura no pueda corregir lo que se hizo mal. Como presidenta de la Comisión de la Mujer del CA, indicó que como parte del trabajo de la Comisión se proponen revisar la ley y presentar sus memoriales a la Legislatura.

CABO ROJO OTRO PUEBLO QUE ESTA EN LOS PLANES DE LOS EXTRANJEROS

Por Cándida Cotto ccotto@claridadpuertorico.com

Son muchas las dudas que levanta el anunciado proyecto turístico, Esencia, que se pretende construir en 2,000 cuerdas de terrenos sobre tres millas de la zona costanera en Cabo Rojo.

Según dieron a conocer los propios desarrolladores, la corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital Esencia, el proyecto constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y supropio aeropuerto privado, entre otras instalaciones. La inversión superará los $2,000 millones. De acuerdo con la información del Single Business Portal de OGPe, el dueño del proyecto y de los solares es Cabo Rojo Land Acquisition LLC.

La divulgación de la información del proyecto levanta dudas sobre el proceso de permisos, alarmas respecto a las consecuencias de la privatización que suelen representar este tipo de construcciones que impactan la zona marítimo terrestre (ZMT) y hace cuestionarse una vez más dónde queda el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y cuánto interviene la Junta de Planificación (JP) en este tipo de proyecto.

Sobre esa premisa, en entrevista el exmiembro de la JP, el planificador Félix Aponte Ortiz, señaló que ahí es que está el primer problema: la conducta reiterada de la JP de desmontar las conceptualizaciones de planificación, los compromisos, porque el PUT es un compromiso de política pública, una ley que a su vez reconoce la responsabilidad de ley de los planes territoriales de los municipios, por lo que hay que ver si el proyecto incide tanto sobre el Plan Territorial de Cabo Rojo, como en el PUT, aunque sea de manera mínima.

Además, hay que mirar también por el impacto económico que tendría una intervención de esa magnitud y si incide sobre los otros municipios. Otros planteamientos recurrentes en este tipo de proyecto es si hay agua suficiente, si hay capacidad para tratar las aguas usadas, si hay acceso a la red vial y si en términos regionales la inversión pública puede sostener esa operación sin perjuicio a los que ya están en el área, tanto residentes como los empresarios que tienen actividades de turismo que están adaptadas a las condiciones a una escala distinta. El exprofesor de planificación puso en duda que el proyecto sea uno que vaya a vistas públicas, lo que derrota los instrumentos de planificación que se han formalizado con consentimiento público, fueron a vista públicas, se validaron y se adoptaron —se refiere al PUT y al PMT—, pero que luego con una intervención particular, individualizada, sin análisis se dejan sin efecto. “Ya eso, de por sí, se descalifica; se adoptan los planes para los intereses particulares

de un proyecto”. Aun cuando indicó que el proyecto debiera tener vistas públicas, por lo que ha visto, lo probable es que se pretenda darle seguimiento por Internet “como si fuera proyectito”.

Aponte Ortiz trajo a la atención que hay un componente que cree que la JP no sabe, ni tiene idea. Recordó que en el 1978 se adoptó como política pública un Plan de Manejo de la Zona Costanera en compromiso con la NOAA (siglas en inglés de la Oficina Nacional de Administración Oceánica), el cual designó varias áreas de planificación especial en Puerto Rico, una de ellas es el suroeste, precisamente para proteger el litoral desde el bosque de Guánica hasta los manglares de Joyuda. “Que conozca, ese plan no ha sido derogado; que conozca, el Gobierno federal hace donativos anuales para que Recursos Naturales y la Junta de Planificación administren ese programa de manejo y esas reservas naturales”.

Observó que cuando se hizo el plan no se tenía idea de algo como el calentamiento del

La divulgación de la información del proyecto levanta dudas sobre el proceso de permisos, alarmas respecto a las consecuencias de la privatización que suelen representar este tipo de construcciones que impactan la zona marítimo terrestre (ZMT) y hace cuestionarse una vez más dónde queda el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y cuánto interviene la Junta de Planificación (JP) en este tipo de proyecto.

COMUNIDADES

“El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable.,,”

planeta y el cambio del climático. Ante estos aspectos, explicó, la JP tiene la función de validar que cualquier iniciativa o proyectos con fondos federales sean compatibles con ese programa y la ley federal de la zona costanera. En esa línea, apuntó a que hay un desfase debido a que, por ejemplo, todos los proyectos de agua, sanitarios, de comunicaciones y de manejo de desperdicios sólidos se atienden con donativos federales que da FEMA. Cuestionó entonces que cómo sería ese proyecto a la luz del manejo de la zona costanera, que no es discrecional: “Noso-

tros, voluntariamente, como pueblo dijimos queremos participar física y financieramente de ese programa”.

Otro elemento que trajo a la consideración es que la zona es susceptible a terremotos y que ahora mismo hay tres fallas geológicas activas, frente a la costa de Cabo Rojo, que siguen activas continuamente. Eso significa que las estructuras requieren una construcción más rigurosa, lo que resulta también más costoso, incluida la estructura pública. Aponte Ortiz planteó que hay que cuestionarse si se quiere favorecer un turismo de alto costo o un turismo de naturaleza, de acceso a las playas, a la contemplación del litoral y los recursos costeros, a la observación de mamíferos marinos, de todas los recursos naturales que ofrece el área.

También trajo la interrogante sobre el uso del agua. Debido a que Cabo Rojo está casi en el límite del distrito de riego del Valle de Lajas, eso quiere decir que ese Cañón de Boquerón es el punto del sistema del drenaje del riego del valle y ese canal de riego llega a Cabo Rojo y descarga en la playa. Ese espacio, en principio, da servicio y hace que funcione el sistema de riego del Valle de Lajas, que es una reserva agrícola de casi 50 mil cuerdas. Aponte afirmó que fue durante su participación en la JP que se designó dicha reserva agrícola.

Frente a este hecho, planteó el conflicto que representa el decidir si utilizar el agua para producir alimento o usar esa agua para proveer a unos turistas que no aportan a Puerto Rico. Apeló al criterio de seguridad alimentaria vis a vis a una actividad empresarial que deja dinero a unas pocas personas. “Ese escenario tiene todos esos ingredientes. Un proyecto de esa magnitud requeriría ver cómo armoniza, si es compatible, y si es una incompatibilidad, el pueblo tendría que decidir ya no queremos sembrar en el Valle de Lajas, el agua y la tierra que se use para otra cosa. Esa decisión requiere acción legislativa”, puntualizó.

Sobre el uso del agua añadió y explicó que ese sistema de riego es uno que está bien subsidiado. El costo de la producción de un volumen de agua de 126 mil galones se mide como acres-pies. Ese sistema lo administra la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual se la vende a la Autoridad de Acueductos en $135 .00 por acre-pie y al agricultor se le vende a $5.00 el acre-pie. La diferencia se concibe como un subsidio social porque es importante tener alimentos. Observó que esa región es una de las más secas de Puerto Rico. “Me gustaría que alguien me explicara y me convenciera de que todos estas señalamientos, ya todo eso, puede ser superado”, concluyó.

SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN

En tanto, el Senado de Puerto Rico aprobó el 5 de junio una Petición de Información 2024-0060, presentada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón. En esta se le exige a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que entregue el expediente del controvertido proyecto Esencia así como cualquier otra documentación que se haya sometido bajo los números de trámite que aparecen en el portal digital de la agencia.

“El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable. Debe además considerarse cómo la proliferación de espacios diseñados para extranjeros con alto poder adquisitivo, que además son beneficiarios de generosos incentivos, provoca cambios en el mercado de bienes raíces, que hacen cada vez más difícil que las familias puertorriqueñas puedan alquilar o comprar viviendas”, puntualizó Santiago Negrón, en comunicado de prensa.

La resolución dispone que la OGPe tendrá un término de cinco días laborables para contestar la solicitud presentada. De no hacerlo, el Senado podrá acudir a los tribunales para obligar a que se cumpla con lo solicitado.

TRAMPA CAZABOBOS

La administración Biden ha anunciado nuevas medidas para Cuba que eminentes analistas internacionales, usualmente en babia respecto al bloqueo estadounidense, han interpretado como un regalo al gobierno cubano. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, solo el sector privado de la isla puede “abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias en Estado Unidos”.

Significa que esos ciudadanos, después de demostrar que no son comunistas ni tienen vínculos con el gobierno cubano, pueden usar plataformas de pago en línea de Estados Unidos, servicios en la nube y aplicaciones de Internet. Lo que no dice el Departamento del Tesoro es la verdad. Las nuevas medidas evidencian, como ninguna otra, el férreo bloqueo al ciberespacio para una Cuba acusada por décadas como “enemigo de Internet”.

Estados Unidos tiene la llave de los truenos de Internet y quiere aparecer ahora como una suerte de perdonavidas a cuentagotas sobre el cacareado derecho al libre flujo de información.

El “experto” estadounidense Larry Press acuñó en 2011 la frase el “dilema del dictador” para criminalizar a La Habana, acusándola de necesitar el acceso a la red, pero padecer un miedo ancestral al libre flujo de la información. “El dilema del dictador”, en síntesis, no es arriesgar cierto vínculo político con la esperanza de que el sector privado acabe con Troya utilizando internet, y luego llegue la solución: los marines desembarcando en el Malecón de La Habana. Un juego de bobos con Internet. Por tanto, la única solución de los halcones del Norte para exorcizar ese mantra es dar acceso a red de redes en Cuba, tipo Glasnot digital, sin que se revierta en beneficio a la “dictadura cubana”.

La receta de Washington no es nada fácil cuando se le aplica a esta isla y la sagrada escritura de Larry Press se ha convertido en un bumerán para Washington, que no tiene cómo liberar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para Cuba con el mayor beneficio posible para el Norte y sin daño colateral a la politiquería interna. Es decir, el administrador de turno en la Casa Blanca, aunque no quiera, tiene que levantar al menos un ápice del enjambre de medidas coercitivas del bloqueo. Por ejemplo, Facebook, X, Apple y etcéteras tienen que desbloquear sus sistemas de anuncios para los cubanos y adivinar quién es miembro del Partido y quién trabaja en una funeraria, que es un servicio público.

Por tanto, el anuncio reciente del Departamento del Tesoro de la administración Biden es un informe “cazabobos”. Hasta el plan de Trump conocido como “Cuba Internet Task Force”, de 2019, irónicamente reconocía las inconsistencias de la política de Internet para Cuba debido a la incertidumbre causada por los continuos cambios del sistema regulatorio de Estados Unidos para Cuba. Es muy difícil que cualquier anuncio sea creíble debido a que está sometido a los vaivenes políticos de la Casa Blanca en su relación incestuosa con la Florida para lograr el objetivo estratégico de derrotar la Revolución iniciada en 1959. No hay que ser un experto para darse cuenta de que la hoja de ruta ciberespacial del gobierno sigue el camino trillado de mantener su estrategia para Cuba en el juego siniestro del bloqueo digital y de la guerra cognitiva, que busca resetear el cerebro de los cubanos para que la isla se derrumbe por sus propios pies.

El gobierno de Estados Unidos no ha comprendido todavía que el desarrollo de las TICs en Cuba no le debe absolutamente nada a Obama, ni a las rendijas del bloqueo

en más de 60 años. Ha sido fruto de la Revolución y un triunfo de su política de soberanía digital y del talento extraordinario del pueblo de Fidel Castro. Y eso ha sido posible gracias al acceso pleno a la educación y a la cultura, a pesar de las múltiples carencias, limitaciones y hasta errores propios, con el añadido imperdonable de las sanciones estadounidenses.

Un vocero del Departamento de Estado, recientemente, se asombró del alcance tan amplio de las medidas de lo que ellos llaman “embargo”, cuando le preguntaron por el amplio régimen de sanciones contra la nación caribeña. Él se refería a la trama leyes casi blindadas en miles de artificios para cercar a Cuba, cuando decidieron sacar a la isla de la lista de países que no cooperan con el terrorismo, pero sigue en la otra, la lista de los que patrocinan el terrorismo. Puro circo.

Esa increíble lista de sanciones convierte en puro humo cualquier “medida” para “mejorar” la vida y dar permiso a los cubanos (léase aquellos del sector privado) a las tecnologías autorizadas ahora por el Departamento del Tesoro. Lo que acaban de descubrir los políticos amnésicos de Washington es la cantidad de restricciones y prohibiciones a herramientas, servicios y aplicaciones de todo tipo en el ámbito digital accesibles, incluso para países también incluidos en la lista de naciones que apoyan el terrorismo. La pregunta lógica, en caso de que una pudiera estar en la conferencia de prensa del vocero departamental, sería simple: ¿Cuánto más estarán prohibiendo que desconocemos?

Es infinita la capacidad que tienen los hacedores del bloqueo para determinar milimétricamente qué tecnología impedirle a Cuba para su desarrollo. Lo han hecho muchas veces: anuncios que han sido imposibles de cumplir por las restrictivas sanciones. Por ejemplo, Oracle puede decidir vender supercomputadoras al sector privado a más tardar mañana, pero sus abogados le dirán que hay otras diez leyes que lo impiden, además de mantener a la nación caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En la práctica, Oracle no arriesga su mega-negocio por un señor dueño de una mipyme (micro, pequeña y mediana empresa en Cuba).

Nadie se va a arriesgar a hacer nada que después sea interrumpido, con el consecuente daño de tiempo, dinero y politiquería. Es decir, sean serios señores de la Casa Blanca y demás agencias, ¡hasta cuándo la trampa cazabobos!

Reproducido de www.cubadebate.cu

Por Rosa Miriam Elizalde

VIGILIA POR PALESTINA EN SEMINARIO EVANGÉLICO

Por Adrián Rodríguez Alicea Especial para CLARIDAD

La actividad contó con poemas, canciones y oraciones en solidaridad con el pueblo aguerrido.

El pasado jueves, 6 de junio, la Red de Solidaridad con Palestina, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr., Madres Contra la Guerra y Reconpaz Puerto Rico prepararon una vigilia ecuménica a favor del pueblo palestino, que lleva bajo el asedio del Estado de Israel desde el pasado octubre de 2023. Hubo guitarras, pianos, coros y otras muestras de apoyo al pueblo invadido desde 1948.

“La importancia y la relevancia de esta actividad ecuménica es que une a los movimientos sociales y políticos que están a favor del pueblo de Palestina con el sector ecuménico, que se une a este grito solidario por todas las vidas de nuestros hermanos y hermanas”, expresó la directora de la Red, Solimar Ortiz Jusino.

El maestro de ceremonia, Jadiel Noguera, ofreció unas palabras introductorias y, también, marcó los plazos de medio minuto que se separaron “para recordar” aquellas vidas perdidas en la Palestina acechada.

“La vida tiene un valor, y queremos honrarles, recordarles y llevárnosles en nuestras conciencias, corazones y guardar en su honor medio minuto de silencio. El otro medio minuto es para quienes han resistido el genocidio y la guerra”, afirmó Nogueras, acompañado por un piano-órgano que tocó una pieza solemne.

Por otro lado, y acompañado de Carlos Vega, su director musical, el cantante Danny Rivera presentó una pieza que compuso para el pueblo de medio oriente “La primera vez que escuché el nombre de Palestina fue de mi madre [...] ella decía una frase que siempre se me quedó de niño. ‘Mira, mijo, ese muchacho es oro de la Palestina’. Me llevé esa frase toda la vida”, admitió el veterano cantante.

Además, Rivera comparó la frase con viajar directamente a “la tierra donde nació

Jesús”. La pieza, titulada Palestina, busca representar la universalidad humana y no la parcialidad individualista “para convertirnos en una gotita de agua que es parte del océano”.

Parte de esta lucha por la justicia social en Palestina incluye, desde siempre, a la poesía como herramienta de “llevar la resistencia y la solidaridad”, contó Ortiz Jusino al presentar al grupo Poetas en Marcha.

La colectiva de poetas y artistas aliados se incluye en múltiples luchas de justicia en todo el país. Para esta ocasión, el integrante Luis Torres declamó los versos de Palestina, mi voz en ti, un texto que reflexiona la descarnada realidad del pueblo hermano.

De igual forma, personas en el Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR) cantaron “Somos un pueblo que camina” y “Nosotros venceremos”, que reflejaron la integración del sector religioso al rechazo contundente de la situación palestina. Entre los asistentes, un coro de improviso se formó para afinar los coros clásicos.

“Cuando tenía apenas 20 años, vi cómo el pueblo de Palestina sufría la destrucción, el abuso del ejército israelí. Vi los desplazamientos. Vi cuando nos trataron de mover, en vehículos, e inmediatamente pedían las identificaciones”, narró Maritza Miranda, de la organización Madres Contra la Guerra. La portavoz tiene familia directa con lazos palestinos.

Paralelamente, la denuncia de Miranda reiteró los orígenes del conflicto, cuyo epicentro más reciente está en Gaza. “Basta mencionar los intereses de unos sionistas adinerados que utilizaron el Gobierno de Inglaterra para usurpar los terrenos de Palestina y el desplazamiento de sus habitantes después de la Primera Guerra Mundial”, recordó Miranda.

“Ciertamente, las actuaciones de Hamás el 7 de octubre de 2023 no pueden ser celebradas, pero la reacción desmesuradamente violenta contra el pueblo palestino no tiene justificación. Hemos visto cómo el Gobierno de Israel aprovechó su vergüenza política para proyectarse como víctima y reclamar el derecho a protegerse mediante un brutal e inmisericorde exterminio del pueblo gazatí”, agregó la integrante de Madres Contra la Guerra.

A la voz de Miranda se sumaron las de: Agustina Luvis, del Seminario Evangélico de Puerto Rico; Sonia Santiago, de la Red de Solidaridad con Palestina; Felícita Burgos, de Reconpaz Puerto Rico; y Kelmadis Pérez, de la Mesa de Diálogo de Martin Luther King, Jr.

El cántico final —Tenemos Esperanza— concluyó el evento solidario al son de oraciones y exaltaciones por la tierra en que nació el mesías de la fe cristiana. Una consolidación contrastante entre el rezo y la querella.

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