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MIRADA AL PAÍS LAS TRIBULACIONES DE SALINAS Y GUAYAMA CON LAS CENIZAS DE LA CARBONERA
Por Félix Aponte Especial para CLARIDAD
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Desde hace semanas los medios de comunicación comercial han reseñado los reclamos de múltiples residentes de la comunidad Ranchos Guayama, en Salinas; por las condiciones de las calles de acceso en el sector. Los vecinos están afectados por la condición de deterioro de las calles producto de la acción de la lluvia y complicado por la presencia de cenizas de carbón depositadas como sustrato de esos caminos. Algunas calles, como la Luís Llorens Torres, están prácticamente intransitables por los vehículos de motor. El material superficial de asfalto y grava de estas calles ha ido erosionando por la acción de las lluvias de los huracanes María y Fiona dejando expuestas las cenizas tóxicas que se depositaron cuando se desarrolló esta comunidad y sus calles en el año 2006. Las cenizas se desplazan en el aire por la acción del viento y son transportadas por la escorrentía pluvial hacia una quebrada que discurre por el sector. Con toda seguridad los metales peligrosos contenidos en estas cenizas, diluidos por la acción de la lluvia, migran a través del suelo hacia los acuíferos del sector. Pero el problema se complica porque muchos vecinos denuncian que la presencia de las cenizas está afectando la salud respiratoria de la población. La solución al problema vecinal se ha complicado por la estrategia propuesta por el gobierno municipal de Salinas que suponía la remoción del material tóxico depositado junto al residual de asfalto y tierra para depositar estos materiales en el vertedero industrial en Peñuelas. La acción promovida por el municipio desde hace varios años contaba con la financiación de FEMA como parte de los fondos asignados de reconstrucción del desastre provocado por el huracán María en el 2017. La situación de Ranchos Guayama es demostrativa del serio problema de salud ambiental, salud pública y gestión gubernamental que plantea la deposición, sobre y bajo el terreno, de cientos de miles de toneladas de cenizas tóxicas provenientes de la operación de la carbonera termoeléctrica AES (Applied Energy Systems) desde el año 2002.
Después de 20 años la complejidad de la problemática comienza a manifestarse de forma aguda en ese espacio geográfico. En el caso de Ranchos Guayama, el municipio solicitó y recibió cerca de $3 millones, administrados por FEMA, dirigidos a remover el material depositado en las calles deterioradas, incluyendo las cenizas, y disponer de esos materiales en el vertedero industrial de Peñuelas para luego repavimentar las vías. Ni el municipio ni FEMA ponderaron el problema de toxicidad de las cenizas, y la prohibición expresa por la Ley 40 de 2017 que impide disponer esos residuos peligrosos en cualquier vertedero en Puerto Rico. El DNRA denegó la autorización para el depósito de las cenizas tóxicas en el vertedero, y, según requiere la Ley 40, esos materiales deben disponerse en una instalación adecuada en los EE.UU.. Realizar esa ges-
Rico como requiere la ley. La empresa sigue operando y, diariamente emite gran cantidad de contaminantes al aire y genera, a su vez, cientos de toneladas de cenizas. La alegada necesidad operacional de AES como suplidor de electricidad al sistema que pronto dejará de manejar la AEE (cerca de 15% de la demanda total del país) ha servido a modo de chantaje para que esta operación contaminante y ambientalmente agravante tión en cumplimiento de la ley, dice el municipio que puede costar sobre $8 millones de manera que han articulado una petición a FEMA de enmiendas a la solicitud previa con la esperanza de que la agencia federal autorice esa erogación de fondos. Predeciblemente esa gestión ante FEMA tomará meses, sino años en autorizarse, y si así ocurre, podrá tomar años en la articulación del proyecto de remoción y disposición correcta de los residuos tóxicos y, eventualmente, la reconstrucción de las calles. Mientras este drama gerencial ocurre, los residentes de Ranchos Guayama seguirán expuestos al potencial contaminante de las cenizas, los cuerpos de agua superficiales y subterráneos seguirán contaminándose y la comunidad seguirá sufriendo las limitaciones de acceso vehicular.
La problemática de las cenizas tóxicas en el aire y en las aguas subterráneas ha sido documentada objetivamente en diversas iniciativas, públicas y privadas. Los requerimientos reglamentarios que se han establecido para las instalaciones termoeléctricas a base de la quema de carbón mineral, han demostrado la presencia de múltiples contaminantes asociados a las cenizas residuales en las agua subterráneas y en el aire bajo y cerca de las instalaciones de la empresa AES. La contaminación por AES continúa, puesto que en las instalaciones de la carbonera se mantiene un depósito superficial de cientos de miles de toneladas de estos residuos que no han sido removidos y transportados fuera de Puerto desista de forma definitiva. Mientras el gobierno central sigue posponiendo las determinaciones para transformar la producción de electricidad a fuentes renovables y limpias de energía, se nos plantea que Salinas y Guayama deben seguir tolerando esta agresión a la salud ambiental y a la salud pública. En este proceso, deliberadamente lento de la transformación del sistema energético han colaborado y colaboran los gobiernos electos en Puerto Rico durante los últimos 20 años.
En septiembre de 2021 el Colegio de Químicos de Puerto Rico hizo público unos datos altamente preocupantes sobre el impacto de las cenizas de quema de carbón mineral sobre los acuíferos del sur y sobre la salud de las comunidades en Salinas y Guayama. Esta entidad, desde su iniciativa privada, coordinó la realización de muestras de agua potable tomadas en plumas de varias residencias que demostraron analíticamente la presencia en concentraciones medibles de arsénico, cadmio, cobalto, cromo, molibdeno, plomo, selenio y vanadio. Según la metodología de análisis de este estudio, las muestras de agua se tomaron en residencias que están servidas mediante pozos donde, en su área de influencia de recarga, se depositaron miles de toneladas de cenizas tóxicas sobre y a pocos metros bajo la superficie del suelo entre los años 2004 y 2009, aproximadamente. En las muestras de agua tomadas, estos contaminantes se encontraron, a esa
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