LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

CRONOLOGÍA DE LA

Resumir el quehacer organizativo de la OPMT durante treinta y nueve años ha sido divertido al mismo tiempo que nostálgico pues nuestras vidas individuales han estado estrechamente ligadas a la colectiva. Lo hemos hecho a base de documentos, libros, documentales, pero especialmente desde nuestras memorias. Veamos. 1982-En noviembre, luego de las Conferencias de la Mujer Trabajadora se constituyó la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Nuestro lema: Hacia el Futuro Organizadas. Nos proponíamos combatir el discrimen y la falta de equidad, sus raíces y causas; luchar por las reivindicaciones más urgentes e inmediatas. 1983- Publicamos por primera vez Mujeres en Marcha, el órgano informativo de la organización. Es el vehículo para exponer nuestra opinión sobre lo que ocurre en Puerto Rico, especialmente su impacto en las mujeres y resumir el trabajo que estamos realizando. 1983/1984 – Apoyamos a las obreras de la desaparecida industria RCA en Juncos quienes luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo. Se hicieron varias manifestaciones frente a la fábrica y las acompañamos en el proceso de denuncias penales que el patrono inició contra ellas. 1985- El 30 de agosto de 198l el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó docenas de independentistas en Puerto Rico, allanó sus residencias y los trasladó a cárceles en Estados Unidos. En el grupo había dos mujeres: Ivonne Meléndez y Lucy Berríos. También fue allanada la residencia de la compañera María Dolores (Tati) Fernós y arrestado su esposo entonces, el Lic. Jorge Farinacci. La OPMT participó en las múltiples y militantes protestas que se llevaron a cabo y formó parte del Comité de Apoyo a los Arrestados el 30 de agosto, durante el largo proceso de encarcelamiento y el juicio en Estados Unidos, con el consabido apoyo a las familias que quedaron en Puerto Rico. 1986- Se llevó a cabo un proceso de apoyo a las obreras de la Zona Industrial de Guanajibo en Mayagüez, en contra de la contaminación que afectaba directa y gravemente su salud. Participamos en foros educativos, marchas, programas radiales, entre otras actividades. 1987- A partir de este año y durante varios más, impulsamos cambios en la conocida como Ley de Madres Obreras, Ley 3 del 13 de marzo de 1942, enmendada, que ofrece protección laboral a las mujeres embarazadas. Era nuestro propósito lograr que se aumentara el número de semanas de licencia, entre otros aspectos. Comparecimos a la Legislatura a presentar ponencias. También tuvimos mucho activismo por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de la disposición del Código Penal que permitía la agresión sexual dentro del matrimonio. Del 18 al 22 de noviembre la compañera Marta Elsa Fernández Pabellón representó a la OPMT en el Segundo Encuentro de Mujeres en Las

MOVIMIENTOS CONSERVADORES, DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

Desde el resurgimiento de grupos feministas en Puerto Rico durante los 1970s, nos encontramos en un movimiento continuo, si bien con reveses y contradicciones, hacia una participación más amplia, justa y equitativa para las mujeres en nuestro país y por una sociedad más inclusiva y menos desigual. Aunque siempre hemos encontrado resistencia, en los periodos más recientes nos enfrentamos a una militancia agresiva de sectores conservadores, que pretenden frenar, si posible retrotraer, lo que han sido los logros hacia esa sociedad más justa, a partir de la oposición a la perspectiva de género, al aborto, así como en la defensa de la familia y la heterosexualidad, como discursos centrales de sus movilizaciones. Resulta irónico que como resistencia a los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas que no se definen de acuerdo a las expectativas de género dominantes, estos sectores conservadores se ubican como víctimas del Estado y reclaman libertad individual, de creencia, y como familias, para actuar de acuerdo a sus convicciones; convicciones que, no obstante, niegan los derechos de quienes no comparten sus visiones. Lo preocupante en estos momentos es cómo estas visiones se han insertado aún más abiertamente en las luchas político partidistas y en puestos de poder, recabando el apoyo de sectores que, por presión, ventaja electoralista, o por compartir sus posturas, negocian con los postulados de estos sectores. Lejos de ser víctimas del Estado, pretenden que éste imponga sus políticas al resto de la sociedad.

A través de las pasadas décadas, las luchas feministas en Puerto Rico han logrado leyes y medidas contra el discrimen por razón de género en la educación y el ámbito laboral, reformas en el derecho de familia que equiparan los derechos de las mujeres y los hombres en el matrimonio, estatutos y políticas públicas contra el hostigamiento sexual y la violencia en la relación de pareja, centros de apoyo y albergues para las víctimas sobrevivientes de violencia, proyectos y certificaciones dirigidas a promover la equidad de género en la educación, tanto a nivel elemental y superior, como universitario, entre otros logros. Hoy sería muy difícil, al menos abiertamente, plantear que las mujeres somos inferiores a los hombres, que tenemos menos capacidades en los ámbitos educativos o laborales, o que se justifica el discrimen o la violencia contra nosotras. Se mantienen más controvertibles los derechos sexuales y reproductivos, aunque desde el 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el derecho al aborto, sin restricciones de edad o tiempo de gestación- aún más amplio que lo establecido por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973 en Roe v. Wade. La lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ ha cobrado visibilidad y se han logrado decisiones judiciales y legislación que prohíbe el discrimen por razón de identidad de género y orientación sexual en instancias como el ámbito laboral, el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Aún así, hemos enfrentado reveses y resistencia. Ante la persistencia de la violencia de género debió presionarse al gobierno para que declarara un estado de emergencia para establecer medidas para atajarla; se mantiene bajo ataque la educación con perspectiva de género; el aborto permanece estigmatizado y prohibido en el Código Penal, además de que hay proyectos de legislación para restringirlo; y las personas LGBTQI+ todavía sufren discrimen y violencia, sin que se le reconozcan legalmente todos sus derechos. En el presente, las visiones retrógradas y conservadoras se coagulan en las políticas impulsadas por el Partido Proyecto Dignidad, en las que se ha hecho central la ofensiva contra la perspectiva de género, la imposición de la heterosexualidad, la oposición al aborto, la defensa de la familia y la complementariedad “natural” entre los sexos y la primacía de los derechos de padres y madres en la crianza de su prole, todo permeado por sus particulares creencias religiosas.

Las legisladoras del Proyecto Dignidad han sido vocales en manifestaciones en contra de la perspectiva de género. Procuraron que se detuviera la extensión del proyecto piloto establecidos en la Ley 62 del 3 de agosto de 2017, dirigido a la equidad de género en el sistema de educación pública, aduciendo que esto no se había evaluado previo a implantarse a través de otras escuelas. La influencia de los conjuntos conservadores, por

“no podemos dejar que las fuerzas retrógradas echen para atrás nuestras grandes victorias.” – tati Fernós

su parte, logró que no se estableciera por ley la perspectiva de género en las escuelas. Así también, reconociendo lo contundente de la defensa de la perspectiva de género en la educación como medio de lidiar con la violencia hacia las mujeres, han argumentado que no son éstas las únicas víctimas, obliterando la particularidad de la violencia de género. Bajo el argumento de que se violentaba el derecho de las familias en la crianza y la libertad en la consejería religiosa, consiguieron el apoyo para descarrilar la prohibición en la niñez de las mal llamadas terapias de conversión, que pretenden cambiar la orientación sexual e identidad de género de las personas, introduciendo en la propuesta legislativa la prohibición a tratamientos hormonales que son parte de la transición para algunas personas transexuales, algo ajeno al objetivo de la medida. Y, contrario al discurso del respeto a todas las personas, escuchamos ataques virulentos en contra de las personas trans, y hasta algunas justificaciones de la violencia hacia éstas.

Siguiendo decisiones judiciales que en Estados Unidos han ido restringiendo el derecho al aborto a través de condiciones que lo hacen menos accesible, integrantes de la Legislatura de corte conservador y fundamentalista, han participado en la propuesta que pretende- bajo el presunto interés de proteger los derechos y la salud de las mujeres- reglamentar la práctica del aborto en el Código Penal de Puerto Rico, imponiendo límites a su ejercicio. Y en días más recientes han denunciado presuntas fallas en las clínicas que ofrecen este servicio, sin presentar evidencia alguna sobre la existencia de complicaciones de salud debido a los procedimientos de salud reproductiva que llevan a cabo.

En las discusiones en contra de la perspectiva de género, los grupos retardatarios han argumentado que ésta es una ideología- entiéndase una visión engañosa- que presuntamente sugiere que la autopercepción es el criterio que rige la identidad sexual, con lo que se niega la complementariedad sexual “natural” entre los sexos, fundamento de la familia “natural”. Se pretende imponer así una identidad de género y sexualidad definidas no sólo a partir de lo biológico, sino de lo genital, ignorando la complejidad de la constitución de la identidad, la personalidad y el comportamiento humano y cómo estas se conforman a través de nuestra inmersión en las relaciones sociales. Plantear una sexualidad “natural” ignora la diversidad humana que incluye la intersexualidad, o la diversidad genética y la hormonal, pero además, el impacto de las estructuras sociales en las cuales interactuamos y nos conformamos como personas. Si bien en esta complejidad, ciertamente no son arbitrarias nuestras identidades de género o sexualidades, y no se cambian a voluntad, tampoco quedan definidas de forma similar para todas las personas de acuerdo a su sexo atribuido genitalmente. Hoy reconocemos la diversidad de formas de ser hombre, de ser mujer e incluso de quienes no se identifican con estas definiciones de género.

La perspectiva de género es precisamente la mirada que hace visible cómo nuestras estructuras, definiciones y prácticas sociales y culturales establecen lo que se espera- lo que se considera normal y apropiado- en cuanto a las identidades, relaciones y comportamientos de hombres y mujeres. Negar este reconocimiento y “naturalizar” las diferencias sexuales, contribuye a perpetuar estas estructuras y definiciones de la masculinidad y feminidad como únicas e inmutables y con ello la desigualdad entre los géneros, así como la inferiorización y violencia hacia las mujeres y hacia quienes no encajan con las identidades y prácticas consideradas normales. Es lo que identificamos como ideología patriarcal.

Uno de los componentes más fuertes de las definiciones de género “naturalizadas” es la heterosexualidad, parte de la defensa de la familia “natural”. De ahí que se justifique que las personas que se desvían de esa definición ajusten sus identidades y prácticas a lo que es considerado “natural”. Pero estas definiciones no son naturales; no es necesario cambiar o tratar lo que no está mal, lo que no es una enfermedad, sino una expresión de la diversidad humana. Los intentos de cambiar la identidad de género y orientación sexual de su prole por parte de familias, consejeros, o terapistas niegan su ser, su valía personal, y les hacen sentir inferiores; que sus sentimientos y su persona, no son aceptables, que son negativos, lo que constituye una forma de maltrato. Es así como numerosas organizaciones profesionales e incluso religiosas, catalogan las mal llamadas terapias de conversión como perjudiciales a la salud emocional y como tortura.

Los derechos sexuales, el disfrute pleno de la sexualidad sin coacción o violencia, son parte del bienestar personal. Para las mujeres ese derecho y el de una vida plena tiene como base el respeto a sus derechos reproductivos. Es decir, la capacidad de decidir sobre si quiere procrear y cuándo. Es a ella a quien corresponde no sólo la gestación, sino, en las actuales estructuras sociales, la responsabili-