CRONOLOGÍA DE LA Resumir el quehacer organizativo de la OPMT durante treinta y nueve años ha sido divertido al mismo tiempo que nostálgico pues nuestras vidas individuales han estado estrechamente ligadas a la colectiva. Lo hemos hecho a base de documentos, libros, documentales, pero especialmente desde nuestras memorias. Veamos. 1982-En noviembre, luego de las Conferencias de la Mujer Trabajadora se constituyó la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Nuestro lema: Hacia el Futuro Organizadas. Nos proponíamos combatir el discrimen y la falta de equidad, sus raíces y causas; luchar por las reivindicaciones más urgentes e inmediatas. 1983- Publicamos por primera vez Mujeres en Marcha, el órgano informativo de la organización. Es el vehículo para exponer nuestra opinión sobre lo que ocurre en Puerto Rico, especialmente su impacto en las mujeres y resumir el trabajo que estamos realizando. 1983/1984 – Apoyamos a las obreras de la desaparecida industria RCA en Juncos quienes luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo. Se hicieron varias manifestaciones frente a la fábrica y las acompañamos en el proceso de denuncias penales que el patrono inició contra ellas. 1985- El 30 de agosto de 198l el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó docenas de independentistas en Puerto Rico, allanó sus residencias y los trasladó a cárceles en Estados Unidos. En el grupo había dos mujeres: Ivonne Meléndez y Lucy Berríos. También fue allanada la residencia de la compañera María Dolores (Tati) Fernós y arrestado su esposo entonces, el Lic. Jorge Farinacci. La OPMT participó en las múltiples y militantes protestas que se llevaron a cabo y formó parte del Comité de Apoyo a los Arrestados el 30 de agosto, durante el largo proceso de encarcelamiento y el juicio en Estados Unidos, con el consabido apoyo a las familias que quedaron en Puerto Rico. 1986- Se llevó a cabo un proceso de apoyo a las obreras de la Zona Industrial de Guanajibo en Mayagüez, en contra de la contaminación que afectaba directa y gravemente su salud. Participamos en foros educativos, marchas, programas radiales, entre otras actividades. 1987- A partir de este año y durante varios más, impulsamos cambios en la conocida como Ley de Madres Obreras, Ley 3 del 13 de marzo de 1942, enmendada, que ofrece protección laboral a las mujeres embarazadas. Era nuestro propósito lograr que se aumentara el número de semanas de licencia, entre otros aspectos. Comparecimos a la Legislatura a presentar ponencias. También tuvimos mucho activismo por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de la disposición del Código Penal que permitía la agresión sexual dentro del matrimonio. Del 18 al 22 de noviembre la compañera Marta Elsa Fernández Pabellón representó a la OPMT en el Segundo Encuentro de Mujeres en Las
MOVIMIENTOS CONSERVADORES, DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO
D
esde el resurgimiento de grupos feministas en Puerto Rico durante los 1970s, nos encontramos en un movimiento continuo, si bien con reveses y contradicciones, hacia una participación más amplia, justa y equitativa para las mujeres en nuestro país y por una sociedad más inclusiva y menos desigual. Aunque siempre hemos encontrado resistencia, en los periodos más recientes nos enfrentamos a una militancia agresiva de sectores conservadores, que pretenden frenar, si posible retrotraer, lo que han sido los logros hacia esa sociedad más justa, a partir de la oposición a la perspectiva de género, al aborto, así como en la defensa de la familia y la heterosexualidad, como discursos centrales de sus movilizaciones. Resulta irónico que como resistencia a los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas que no se definen de acuerdo a las expectativas de género dominantes, estos sectores conservadores se ubican como víctimas del Estado y reclaman libertad individual, de creencia, y como familias, para actuar de acuerdo a sus convicciones; convicciones que, no obstante, niegan los derechos de quienes no comparten sus visiones. Lo preocupante en estos momentos es cómo estas visiones se han insertado aún más abiertamente en las luchas político partidistas y en puestos de poder, recabando el apoyo de sectores que, por presión, ventaja electoralista, o por compartir sus posturas, negocian con los postulados de estos sectores. Lejos de ser víctimas del Estado, pretenden que éste imponga sus políticas al resto de la sociedad. A través de las pasadas décadas, las luchas feministas en Puerto Rico han logrado leyes y medidas contra el discrimen por razón de género en la educación y el ámbito laboral, reformas en el derecho de familia que equiparan los derechos de las mujeres y los hombres en el matrimonio, estatutos y políticas públicas contra el hostigamiento sexual y la violencia en la relación de pareja, centros de apoyo y albergues para las víctimas sobrevivientes de violencia, proyectos y certificaciones dirigidas a promover la equidad de género en la educación, tanto a nivel elemental y superior, como universitario, entre otros logros. Hoy sería muy difícil, al menos
4 - Mujeres en marcha edición especial OPMT 39 aniversario
abiertamente, plantear que las mujeres somos inferiores a los hombres, que tenemos menos capacidades en los ámbitos educativos o laborales, o que se justifica el discrimen o la violencia contra nosotras. Se mantienen más controvertibles los derechos sexuales y reproductivos, aunque desde el 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el derecho al aborto, sin restricciones de edad o tiempo de gestación- aún más amplio que lo establecido por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973 en Roe v. Wade. La lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ ha cobrado visibilidad y se han logrado decisiones judiciales y legislación que prohíbe el discrimen por razón de identidad de género y orientación sexual en instancias como el ámbito laboral, el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Aún así, hemos enfrentado reveses y resistencia. Ante la persistencia de la violencia de género debió presionarse al gobierno para que declarara un estado de emergencia para establecer medidas para atajarla; se mantiene bajo ataque la educación con perspectiva de género; el aborto permanece estigmatizado y prohibido en el Código Penal, además de que hay proyectos de legislación para restringirlo; y las personas LGBTQI+ todavía sufren discrimen y violencia, sin que se le reconozcan legalmente todos sus derechos. En el presente, las visiones retrógradas y conservadoras se coagulan en las políticas impulsadas por el Partido Proyecto Dignidad, en las que se ha hecho central la ofensiva contra la perspectiva de género, la imposición de la heterosexualidad, la oposición al aborto, la defensa de la familia y la complementariedad “natural” entre los sexos y la primacía de los derechos de padres y madres en la crianza de su prole, todo permeado por sus particulares creencias religiosas. Las legisladoras del Proyecto Dignidad han sido vocales en manifestaciones en contra de la perspectiva de género. Procuraron que se detuviera la extensión del proyecto piloto establecidos en la Ley 62 del 3 de agosto de 2017, dirigido a la equidad de género en el sistema de educación pública, aduciendo que esto no se había evaluado previo a implantarse a través de otras escuelas. La influencia de los conjuntos conservadores, por